Potencial reforma judicial y uso progresista del derecho en Costa Rica (página 13)

El uruguayo Eduardo Galeano bautiza la introducción de su libro con el más que representativo "Ciento veinte millones de niños en el centro de la tormenta" un hecho en la que grandes empresas adquieran el dominio de la economía en el ámbito internacional; traerá como consecuencia que las empresas netamente nacionales no puedan competir y que eso, a su vez, provoque un declive en cuanto a los gastos en desarrollo social o cualquier apoyo "altruista" a la gente.

Ese vendaje eterno de una actualidad ciega, de miles de cosas que nunca se ven; que son ininteligibles, algo así como ver un Wall Mart desprendiendo la magnificencia de sus instalaciones, presumiendo los autos último modelo de los concesionarios y, en el otro lado de la calle, ver un "tianguis" de un estilo enajenante, donde la gente se empuja, magulla, grita, ofrece, compra y demás etcéteras. (Tianguis (del náhuatl tianquiztli 'mercado') es el mercado tradicional que ha existido en Mesoamérica desde época prehispánica, y que ha ido evolucionando en forma y contexto social a lo largo de los siglos. En otros países ha recibido diversos nombres, por ejemplo en España (muy en particular en Andalucía por la influencia del zoco) se le conoce como mercadillo; y en Estados Unidos adopta el nombre de pulga o flea market y se encuentran estos establecimientos principalmente en Texas, Nuevo México y California. Son comunes también en otros estados.

La herencia de los tianguis es una mezcla de las tradiciones mercantiles de los pueblos prehispánicos de Mesoamérica, incluyendo el azteca y de los bazares del Medio Oriente llegados a América vía España. Este establecimiento difiere en mucho del comercio ambulante, es de gran tradición, se realiza en un día específico y la oferta de productos es mayor y se adquieren principalmente artículos de suma necesidad). (Citas del autor de la tesis).

En el análisis se desprende el hecho de que aquello que se intercambie económicamente en el tianguis quedará en nuestras tierras; pero a pasar de que en el tal Wall Mart se den "ofertas increíbles" que se supone amparan al comprador bien sabemos que gran parte del capital que se intercambia en esa tienda obedece a intereses extranjeros; sólo se sangra al pueblo para alimentar a los sanguijuelas del poder del mercado.

El Doctor Galeano explica que es: "América Latina, la región de las venas abiertas. Desde el descubrimiento hasta nuestros días, todo se ha transformado constantemente en utilidad del poder europeo y, más tarde, en capital norteamericano, y como tal se ha acumulado y se acumula en los lejanos centros de poder. Todo: la tierra, sus frutos y sus profundidades ricas en minerales, los hombres y su capacidad de trabajo y de consumo, los recursos naturales y los recursos humanos.

El modelo de producción y el esquema de clases de cada lugar han sido continuamente determinados, desde fuera, por su inscripción al dispositivo universal del capitalismo. A cada cual se le ha asignado una función, siempre en beneficio del desarrollo de la metrópoli extranjera de turno, y se ha hecho infinito el vínculo de las subordinaciones sucesivas, que tiene mucho más de dos articulaciones de relación vertical, y que por cierto también comprende, dentro de América Latina, el absolutismo de los países pequeños por sus vecinos mayores."

La expectativa tangible de una gran cantidad de infantes, los cuales deben resignarse a mirar su pobreza o tienen que salir a las calles a ganar los alimentos del día, si es que se puede. Si estudian o no, poco importará lo más relevante será cubrir una necesidad primordial: es satisfacer al estómago y cuando no salga ni para eso, pues tendrán el refugio pasajero del pegamento, el resistol, para olerlo y hasta consumirlo, o, si alcanza el dinero, marihuana, o piedra.

Esta cotidianeidad es una realidad que no escapa a nuestra permanencia en esta estancia de la tierra de un subcontinente, y con la cual los grandes consorcios comerciales lucran, pues sólo pretenden ayudar al problema con la donación de diez centavos por cada producto que vendan, en unos casos, o con la construcción de albergues, en otros casos. Por oro lado se ha originado en la realidad latina, el consorcio de los mercaderes de estupefacientes, que se lucran convirtiendo en escoria indigna de la humanidad a los niños de América.

El problema fundamental, persiste, sólo dan migajas al que les ha creado todo el pan;una necesidad de los capitalistas, que sí les preocupa y que tiene que ver con las clases populares es la de buscar la forma en la que ya no se reproduzcan, pues si bien es cierto que muchos de ellos participan activamente en el proceso de producción de su dinero a bajos costos, también los hay que su vida gire en torno a "las malas costumbres."

Significa que, quienes se dediquen al crimen por falta de dinero y como una forma fácil para conseguirlo; tendrán como gratificación la condena y la pena de un tribunal, dirigido desde otras latitudes. Claro, todo su mundo sería perfecto si no existieran esas generaciones de miserables, derruidos por el tiempo y la realidad de una sociedad vencida a partir del ingreso de los invasores; que crearon un modelo o cultura de muerte y destrucción.

Eduardo Galeano explicaba en su escrito (recuérdese que fue escrito en 1971) que los:"Estados Unidos no sufren, fronteras adentro, el problema de la explosión de la natalidad, pero se preocupan como nadie por difundir e imponer, en los cuatro puntos cardinales, la planificación familiar. No sólo el gobierno; también Rockefeller y la Fundación Ford padecen pesadillas con millones de niños que avanzan, como langostas, desde los horizontes del Tercer Mundo. Platón y Aristóteles se habían ocupado del tema antes que Malthus y McNamara; sin embargo, en nuestros tiempos, toda esta ofensiva universal cumple una función bien definida: se propone justificar la muy desigual distribución de la renta entre los países y entre las clases sociales, convencer a los pobres de que la pobreza es el resultado de los hijos que no se evitan y poner un dique al avance de la furia de las masas en movimiento y rebelión. Los dispositivos intrauterinos compiten con las bombas y la metralla, en el sudeste asiático, en el esfuerzo por detener el crecimiento de la población de Vietnam. En América Latina resulta más higiénico y eficaz matar a los guerrilleros en los úteros que en las sierras o en las calles."

Se observará que se incluido el escudo de la USAID; es porque el autor de esta tesis, siendo niño, conoció el programa de la Alianza para el Progreso, programa puesto en marcha por el Presidente Kennedy, quien era conocedor de que en los alimentos que se regalaba a los ciudadanos de América Latina, estaban revueltos con químicos, esterilizantes; y el escudo de esa Alianza, que surge, como la ayuda del pueblo de Estados Unidos, a la pobreza de los grupos sociales de las naciones de América Latina.

Se entiende, entonces, que toda subversión que trastoca la tranquilidad del sistema que implantó el hambre y la crisis, resulta que debe ser resuelta mediante la violencia y la represión, de ahí que esos años (1960-1980) se hayan caracterizado por las desapariciones, encarcelamientos y asesinatos de jóvenes, trabajadores, intelectuales y hasta de amas de casa que se identificaban con los movimientos anti capitalistas, lo que hoy se conoce como crímenes de lesa humanidad.

El problema es serio cuando uno se pone a pensar que no por mucho tiempo la gente, la sociedad, seguirá viendo a la expectativa cómo terminan con un país intereses ajenos a él en cuanto al compromiso social, ecológico e histórico. Eduardo Galeano habla algo al respecto, no obstante, hacer aquí un comentario condenatorio sería como pelear contra una realidad, pues los documentos obedecen a un tiempo, por lo que no todo lo que contienen tendrá que ser trascendente al correr del tiempo.

Eduardo Galeano en forma irónica expresa con convicción: "¿Tenemos todo prohibido, salvo cruzarnos de brazos?" La miseria no está escrita en las estrellas; el subdesarrollo no es el fruto de un oscuro destino, que ha conformado del Creador; en la introducción del libro del libro de Eduardo Galeano, encontramos la siguiente disertación: "La división internacional del trabajo consiste en que unos países se especializan en ganar y otros en perder. Nuestra comarca del mundo, que hoy llamamos América Latina, fue precoz: se especializó en perder desde los remotos tiempos en que los europeos del Renacimiento se abalanzaron a través del mar y le hundieron los dientes en la garganta. Pasaron los siglos y América Latina perfeccionó sus funciones. Este ya no es el reino de las maravillas donde la realidad derrotaba a la fábula y la imaginación era humillada por los trofeos de la conquista, los yacimientos de oro y las montañas de plata. Pero la región sigue trabajando de sirvienta. Continúa existiendo al servicio de las necesidades ajenas, como fuente y reserva del petróleo y el hierro, el cobre y la carne, las frutas y el café, las materias primas y los alimentos con destino a los países ricos que ganan consumiéndolos, mucho más de lo que América Latina gana produciéndolos. Son mucho más altos los impuestos que cobran los compradores que los precios que reciben los vendedores; y al fin y al cabo, como declaró en julio de 1968 Covey T. Oliver, coordinador de la Alianza para el Progreso, «hablar de precios justos en la actualidad es un concepto medieval. Estamos en plena época de la libre comercialización … » (Eduardo Galeano (1940- ), escritor uruguayo, nacido en Montevideo, que desde muy joven se inició en el periodismo en el semanario socialista El Sol, publicando dibujos y caricaturas políticas que firmaba con el seudónimo de Gius; fue además director del diario Época. En 1973, se exilió en la Argentina —cuando el presidente Bordaberry cedió parte del poder político a las Fuerzas Armadas— y allí fundó y dirigió la revista Crisis; en 1976, debió continuar su exilio en España y regresó a su país en 1985, cuando Julio María Sanguinetti asumió la presidencia del país en elecciones democráticas). A los 14 años vendió su primera caricatura política al semanario "El Sol" del Partido Socialista. Comenzó su carrera de periodista a inicios de 1960 como editor de "Marcha", un semanario influyente que tuvo como colaboradores a Mario Vargas Llosa, Mario Benedetti, Manuel Maldonado, Denis y Roberto Fernández Retamar. Editó durante dos años el diario "Época". Durante sus estudios, con una beca en París, supo que Juan Domingo Perón había dicho que "si ese muchacho anda por acá, me gustaría verlo". Galeano aprovechó un viaje para llamar al teléfono que le habían dado, aún cuando no terminaba de creer que fuese cierto. Lo era, y fue recibido muy bien. Tuvo una larga charla con el ex presidente argentino en el exilio, donde le preguntó por qué no emitía señales más seguidas. "Perón me contestó: El prestigio de Dios está en que se hace ver muy poco". En el Golpe de Estado del 27 de junio de 1973, Galeano fue encarcelado y obligado a dejar Uruguay. Su libro Las venas abiertas de América Latina fue censurado por las dictaduras militares de Uruguay, Argentina y Chile. Se fue a vivir a Argentina donde fundó el magazín cultural "Crisis".

Sobre la base de este análisis del Doctor Galeano, ¿Cómo no poder entender el interés de los poderosos, para lograr uniformizar los sistemas judiciales, en pro de un mercado consolidado, y protegido, por la mayoría de los sistemas judiciales del mundo? obviamente, es una lucha en contra de un poder de toda la historia humana, en la cual, siempre habrá ganadores y perdedores…

De Souza Santos asegura que "la inversión de la USAID en programas jurídicos se remonta a los años sesenta, lo que se conoció como la primera ola de ´derecho y desarrollo, ´ el actual resurgimiento de actividades en esta área se inició a mediados de la década de los ochenta, con el Programa de Administración de Justicia en Latino América, que dio inicio a la segunda ola, donde el énfasis recayó sobre la reforma judicial. Una de las evaluaciones de esos programas estima que América Latina era el campo de prueba para los programas jurídicos que, desde los años noventa, se han extendido a Asia, África, Europa Oriental y a los países recientemente independizados (USAID, 1994: VII).

La USAID, distingue cuatro generaciones de programas en el ámbito jurídico desde comienzos de la década delos sesenta. La primera generación se centró en la educación jurídica y la reforma delas leyes; la segunda en necesidades básicas de apoyo jurídico; la tercera en la reforma de los juzgados y tribunales. La cuarta generación, la actual, es la más ambiciosa y la más política para esta agencia de cooperación, puesto que cubre todas las preocupaciones de los programas de las tres generaciones anteriores y amplía su espectro, al incluir todos esos programas simultáneamente en el diseño e implementación de programas para la democracia en cada país (USAID), 1994: 4). En esta última generación, a diferencia de los períodos anteriores, la ayuda es concebida como política y no meramente técnica. Su objetivo es promover la democracia, incluso frente a la resistencia del país huésped. En este caso, la resistencia debe superarse a través de coaliciones locales y de una estrategia de construcción de opinión pública favorable (constituency-bulding strategy), para forjar un compromiso de las élites con la reforma jurídica (USAID 1994: VII). Según la jerga de la agencia, tal estrategia ´facilitará la demanda del país huésped. ` En una evaluación de seis programas sobre consolidación del Estado de derecho, cuatro de ellos en América Latina, la institución admite que esta estrategia sólo tuvo éxito en uno de ellos Colombia.

La estrategia de construcción de opiniones es considerada como la más importante de todas las que se utilizan, justamente por ser la más política. En efecto, los enfoques adoptados en períodos anteriores fueron criticados por estar estrechamente definidos como asistencia técnica, prestada por ´planificadores acostumbrados a pensar en términos burocráticos, más que políticos. ` (USAID, 1994: 19). No obstante, la agencia reconoce que el enfoque técnico se ajustaba a las condiciones políticas de la Guerra Fría, al responder a la siguiente motivación:

[…] la preocupación de que movilizar grupos de presión ciudadana a favor de la reforma pudiera encender sentimientos nacionalistas debido a la participación de los Estados Unidos en un área políticamente sensible […] y, en algunos casos, existía el temor (especialmente durante la época dela Guerra Fría) de que apoyar las exigencias de reforma de origen popular pudiera superar la capacidad de las frágiles instituciones democráticas y abrir el camino para el predominio de movimientos políticos antidemocráticos de izquierda o de derecha (USAID, 1994.18).

Esta preocupación por los peligros provenientes de la derecho a resulta completamente cínica dado que la USAID cooperó con todas las Juntas Miliares. En cualquier caso la conclusión es que las estrategias de la agencia, en el período posterior a la Guerra Fría, deben ser abiertamente políticas, con lo cual se quiere decir que las reformas jurídicas deben ser comprendidas como parte de un proyecto político para la consolidación de la democracia.

Los programas de ROL (iníciales de rule of law: Estado de derecho o primacía de la ley, según los casos) son de amplia cobertura e incluyen las siguientes estrategias: las coaliciones y la construcción de bases políticas que ya hemos mencionado; la reforma jurídica estructural; la creación del acceso y el fortalecimiento del sistema jurídico. Un examen más detenido del desarrollo de estas estrategias muestra que su alcance y su énfasis varían de país a país. En Latinoamérica, los países en que la USAID invirtió más fondos de `asistencia jurídica´ fueron Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, y Panamá, según el informe de agosto de 1999 de la General Accounting Office. Desde los inicios de la década delos noventa, los Estados Unidos, a través de la USAID y el Departamento de Justicia, concedieron a estos países más de 160 millones de dólares en programas de asistencia jurídica. En todos estos países con excepción de Colombia, hubo transición de un régimen militar a uno democrático y todos ellos pasaron por períodos de intensos conflictos políticos armados, si vienen Colombia esos conflictos no sólo no cesaron, sino que se incrementaron en los últimos años. No sorprende que la gran mayoría de los fondos de asistencia jurídica se hayan concentrado en la justicia criminal (investigación, acusación, policía y fiscalía).

Los Programas de asistencia en América Latina y el Caribe estuvieron prioritariamente centrados en la cuestión de la justicia criminal (57% de los fondos), incluyendo la asistencia a la policía, a los fiscales, a los operaciones de investigación y otras actividades propias de la lucha antidrogas y antiterrorista. Los programas restantes e dirigieron a la infraestructura judicial (21,3% de los fondos), a la reforma del Gobierno y de las fuerzas armadas (13,6% de los fondos) y en menor grado, a la promoción de la democracia y de los derechos humanos (6,3% de los fondos).

Aunque hoy en día el USAID proclama el carácter político de sus programas de reformas jurídicas y judicial, el Banco Mundial prefiere poner énfasis en la necesidad de propiciar un ambiente judicial y jurídico conducente al comercio, la financiación y la inversión, justificando esta posición en los estatutos del Banco, que definen la promoción del desarrollo económico como el mandato principal de esta institución, y que no incluye la reforma política; este mandato es en realidad, muy amplio:

Incluye todo desde la redacción de los códigos de comerciales o las leyes sobre quiebra de sociedades comerciales hasta la creación de organismos administrativos reguladores o capacitación de funcionarios del Ministerio de Justicia para que sepan redactar leyes que promuevan la inversión privada.

El creciente interés del Banco Mundial en la reforma judicial se justifica porque ´la experiencia ha mostrado que tal reforma no puede ignorarse en el proceso de desarrollo o de ajuste económico. ` Que ese interés por el papel por la justicia es sólo apolítico o despolitizado en apariencia puede observarse claramente en la filosofía implícita de uno de los campos de intervención que en períodos anteriores era considerado más político, el campo del acceso ala justicia. En un seminario organizado por el Banco Brian Garth defendió la tesis de que la constitucionalización de los derechos humanos ha hecho posible una posición más neutral sobre el acceso a la justicia y, por ende, una ayuda jurídica ´despolitizada`: En lugar de ver la ayuda jurídica como el filo de un movimiento político, puede verse ahora como un ´derecho fundamental del ciudadano en el Estado de Derecho. `

La intervención del Banco en este campo se extiende a cualquier lugar del mundo y puede ser muy amplia en su cobertura. En América Latina el Banco Mundial ha suministrado, entre otras ayudas, donaciones o empréstitos para la reforma jurídica y judicial, 78,9 millones de dólares distribuidos entre Venezuela, Bolivia, Ecuador y Perú.

El peso político de la USAID aumenta con el nombramiento de Jaime Giraldo Ángel ´Principal vocero delas propuestas de reforma judicial impulsadas por la USAID desde la FES` (Arenas, 1998: 16), como ministro de Justicia. En los términos del General Accounting Office de 192, ´los representantes de la FES se convirtieron en expertos en reforma judicial y, en reconocimiento de su compromiso con el cambio, el Presidente Gaviria nombró a alguno de ellos en su Gobierno. De esta manera se establece un puente que hace posible la transición hacia un programa de reformas a gran escala. `

Desde entonces, los programas de reforma financiados por el USAID crecieron. E concentraron en dos áreas principales: la creación de jurisdicciones especiales de orden público y el apoyo al Gobierno en la elaboración de una propuesta de reforma constitucional. En relación con la primera área, entre otras iniciativas, la FES envió a Italia un grupo de estudios para que analizara las medidas tomadas para reprimir el crimen organizado.

La intervención de los Estados Unidos ha dominado de tal manera la reforma del sistema judicial colombiano que podría ser más correcto hablar en este caso de la norteamericanización que de globalización. Sin embargo, tiene sentido seguir hablando de globalización porque las concepciones estadounidenses en esta área han dominado las intervenciones de otros países (algunos países de la Unión Europea y la misma Unión Europea) y de las instituciones multilaterales (como por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo. Estamos pues, en presencia de una globalización de alta intensidad o incluso de una globalización, incluso de una globalización de altísima intensidad, como muestra la descripción que acabo de hacer en el caso colombiano. Esta fortísima presión sobre el sistema judicial colombiano está legitimada por una concepción hegemónica, cuyo protagonista es también Estados Unidos, sobre la prohibición incondicional y represiva de la producción, tráfico y consumo de ciertas drogas. Por tratarse de de una concepción norteamericana que progresivamente se globaliza, se puede designar como un localismo globalizado, en términos de la tipología de la globalización.

Esta concepción ha dominado enteramente en los últimos años la política criminal de los Estados Unidos en América Latina y de manera particular en Colombia. Eta globalización hegemónica ha impedido que Colombia, ante el fracaso del prohibición, experimente otras alternativas y promuévala cooperación internacional necesaria para hacerlas viables. Entre tales alternativas podría pensarse en las que los propios Estados Unidos han adoptado en el caso de otras sustancias susceptibles de producir dependencia. Así, en el caso del tabaco, que, al contrario que la cocaína y la heroína, se produce en los Estados Unidos, ese país ha privilegiado estrategias que operan por la vía del control del consumo. En teoría, no hay ninguna razón para que esta estrategia no pueda ser igualmente adoptada en el caso de otras drogas. No obstante a toda esa estrategia y esfuerzos de Estados Unidos, el sistema judicial colombiano sigue siendo débil e ineficiente en la lucha contra el crimen organizado. Los problemas señalados son las detenciones arbitrarias, la congestión judicial, la intimidación, el soborno y la corrupción de jueces y funcionarios de justicia, y la impunidad. Según cálculos dela USAID, serán necesarios entre tres o cinco años para hacer eficaz el nuevo Código de Procedimientos Penales en toda Colombia, pero que debido a la ausencia de una clara división de funciones entre los organismos estatales encargados de desarrollar esta transformación, la nueva legislación podría también terminar siendo ineficaz.

El Estado de derecho y el sistema judicial se concibe entonces como principio de ordenamiento social como instrumento de una concepción despolitizada de la transformación social. En términos del argumento que estoy desarrollando en este libro sobre el derecho moderno, esto significa reducir al mínimo el potencial emancipatorio del Estado de derecho y transformar este último en una técnica más de regulación social.

Sin embargo, la despolitización de la transformación social puede ser una tarea muy problemática. Conjuntamente con ella, se da el dramático crecimiento de la pobreza y dela desigualdad social en todo el mundo, así como la erosión gradual de las frágiles redes de seguridad que anteriormente proporcionaba el Estado de bienestar así fuesen incompletas o embrionarias. Manejar ese problema con una combinación entre el Estado de derecho propio de la democracia liberal ye l activismo judicial parece a todas luces insuficiente. En contraste con la experiencia europea a todas luces insuficiente. En contra con la experiencia europea, donde la democracia siempre ha florecido a costa del liberalismo económico, actualmente la democracia se presenta como la contraparte política del liberalismo económico tanto en los países periféricos como en los semi-periféricos. No sorprende entonces la perplejidad de la USAID cuando sostiene, en relación con la construcción de la democracia, que uno delos principales problemas a los que están dirigidos sus programas son ´las percepciones cerradas de la democracia y del capitalismo de libre mercado. ` (USAID, 1996).

Cuando comparamos estas tendencias en los países semi-periféricos con las tendencias análogas en los países periféricos el primer contraste en que, en estos últimos, el impulso interno hacia la transformación de la justicia y la dinámica del Estado de derecho y el activismo judicial son muy débiles. En estos países las reformas son casi exclusivamente productos de la presión ejercida por la globalización de alta intensidad.

Más aún, a pesar de las diferencias regionales, posiciones de poder y vínculos que veían de país a país todo el desarrollo económico que la globalización de la economía ha hecho posible en estos países se ha llevado a cabo, de hecho, a costa de tremendas desigualdades sociales y de la exclusión social efectiva de la mayor parte de la población." (DE SOUZA Santos Boaventura, opcit. Cap. 7, pp.454-489).

Respecto a la perspectiva para la democracia en los diversos estados, que se derivan de la confianza global, De Souza Santos hace dos advertencias: "En primer lugar, en un mundo cada vez más dominado por localismos globalizados y globalismos localizados, la perspectivas para la democracia dependerán, en gran medida, de la posibilidad de democratizar las interacciones globales y las relaciones sociales. La democracia ha sido concebida siempre como una forma política nacional, compatible tanto con la economía nacional como la cultura nacional. Por consiguiente, la teoría democrática, en su formulación de David Held, asume ´una relación simétrica y congruente entre quienes adopten las decisiones políticas y las personas afectadas por esas decisiones` (1993: 25). Por ende, la responsabilidad política, la transparencia, la protección y la participación han sido siempre primordialmente problemas nacionales. La globalización económica y cultural ha destruido esa simetría y congruencia, y mientras no se restauren ambas a nivel global, la democracia nacional será una especie de peligro.

La segunda advertencia es que no pueden identificarse cuáles son las perspectivas para la democracia sin especificar qué es lo que queremos decir cuando hablamos de ella. Hay diferentes modelos de democracia. Incluso la democracia liberal se presta a diferentes definiciones. Distinguiré entre dos tipos de democracia, que denominaré la democracia representativa y la democracia participativa. Ambas suscriben en abstracto, los rasgos básicos de la democracia señalados al comienzo de este capítulo, pero mientras que la democracia representativa los jerarquiza técnicamente según su capacidad de generar gobernabilidad en so sociedad abierta basada en los mercados libres transnacionales, la democracia participativa los jerarquiza políticamente, según su capacidad e conferir un mayor poder de gobierno a los ciudadanos y de conseguir la justicia social, buscando con ello un equilibrio dinámico entre libertad y la igualdad.

Ambas formas de democracia conciben a las sociedades nacionales como sociedades abiertas. Sin embargo, para la democracia representativa esa apertura se basa e los mercados libres y en la globalización económica neoliberal, mientras que para la democracia participativa el destino de la sociedad abierta está ligado a los resultados finales, los riesgos y las oportunidades que surgen del conflicto entre la globalización hegemónica y la globalización contra-hegemónica. Mientras que la democracia representativa acepta el capitalismo mundial como el criterio último y más elevado de la vida social moderna y, en consecuencia, acepta que se le debe dar preferencia al capitalismo cuando quiera que éste pudiera verse amenazado por las ´disfunciones` democráticas, la democracia participativa, por el contrario, se concibe en sí misma como el criterio último y más elevado de la vida social moderna frente al capitalismo y, en consecuencia, se ve a sí misma como preponderante ante el capitalismo cuando quiera que esté amenazada por este último." (DE SOUZA Santos Boaventura, opcit. Cap. 7, pp.4490-492).

El profesor de la Universidad de Cohimbra considera que ninguna de las dos interpretaciones de democracia, "nunca está presente en sus formas ideales en los procesos políticos concretos. Las versiones recortadas, las combinaciones laxas de elementos heterogéneos, la forma híbrida de la democracia representativa y de la democracia participativa, son todas ellas manifestaciones reales de nuestra organización político-sociales." (DE SOUZA Santos Boaventura, opcit. Cap. 7, pp.493).

Visión particular de la democracia:

Cuando el filósofo sabe dónde están sus pies y su cabeza y dónde deambulan sus fantasías, no puede apartarse de una realidad tangible. Cuántas veces siendo críos, estudiantes de aulas universitarias, escuchamos decir que la democracia es el poder del pueblo y montón de pamplinas que se les ocurría a los que discernían al respecto; surge una pregunta en este apartado tan relevante para el desarrollo de los grupos sociales del mundo, en un momento, en que las comunicaciones están al centro de un monitor en el instante en que ocurren las cosas en vivo, igual que la televisión y la radio lo lograron en otros tiempos.

Preguntarnos si en el mundo actual ¿existe un concepto perfecto de lo que es la democracia, no importa cuántas clasificaciones quieran hacer los filósofos y los científicos sociales al respecto? Particularmente considero que existe una sola posibilidad de idealizar este concepto y vale la pena atrasar el resto del trabajo, para ubicarnos en una idea codificada lingüísticamente de lo que deberíamos entender como democracia.

Muchas veces pregunto a los estudiantes ¿qué entienden por democracia? y empiezan a surgir conceptos individuales, sin una idea concreta, ni integral para establecer el concepto en una forma congruente, dentro de esa pragmática, semiológica; la pregunta se hace a noveles estudiantes y en varias circunstancias se ha hecho a profesionales de la educación y el concepto no se concreta. (La pragmática o pragma-lingüística es una rama de la lingüística, también estudiado por la filosofía del lenguaje  y la psicolingüística o psicología del lenguaje, que se interesa por el modo en que el contexto influye en la interpretación del significado. En este caso, la idea fluye por la necesidad de una signición y una necesidad de un contenido, para ser utilizado en un código lingüístico, que se entienda por las mayorías, encontrar esa signición y su significado semiológico, permitirá elaborar una conceptualización que se acepte en forma intersubjetivamente, en la gramática política actual. El contexto debe entenderse como situación, ya que puede incluir cualquier aspecto extralingüístico: situación comunicativa, conocimiento compartido por los hablantes, relaciones interpersonales, etc. La pragmática toma en consideración los factores extralingüísticos que condicionan el uso del lenguaje, esto es, todos aquellos factores a los que no se hace referencia en un estudio puramente formal. SILVA Acevedo Augusto, "Notas Semiológicas para la Tesis," San José, 29 febrero 2012).

Entonces, surgen ideas, "democracia es el derecho a votar" […] "es la libertad" […] "libertad de expresión." "el derecho a elegir…" "el derecho a comunicarse." Etc. Se encuentran un gran número de definiciones, que de aplicarse en varias sociedades, no tendrían validez para cada cual. No podemos quedarnos mucho en esta idea, porque también merece un análisis como para una tesis, conjuguemos las siguientes ideas:

El término democracia tiene su origen en el antiguo griego y se forma a partir de los vocablos demos ("pueblo") y kratós ("poder", "gobierno"). El concepto comenzó a utilizarse en el siglo V A.C., en Atenas Grecia.

"En la actualidad, se entiende que la democracia es una forma de organización de un grupo de personas, donde la titularidad del poder reside en la totalidad de sus miembros. Por lo tanto, la toma de decisiones responde a la voluntad general."

"En la práctica, la democracia es una forma de gobierno y de organización de un Estado. Por medio de mecanismos de participación directa o indirecta, el pueblo elige a sus representantes. Se dice que la democracia es una forma de convivencia social donde todos los habitantes son libres e iguales ante la ley, y las relaciones sociales se establecen según mecanismos contractuales."

Para la definición necesaria, que se ubique en el siglo XXI, todo lo que se dice queda incompleto, no se puede decir que es una forma de organización, definitivamente tiene que ser un solo modelo, conceptual, no puede haber democracia para cada organización social conceptualizada en una cultura política determinada, si definimos y asignamos una connotación lingüística, tal modelo pragmático debe responder a un paradigma semiológico definido para el mundo entero.

Con el respeto del Maestro Souza Santos no es posible que haya un paradigma para los neoliberales y otro para el capitalismo y otro para las sociedades que se creen democráticas, como la sociedad de Fidel Castro o la de Hugo Chávez, que cada cual por su lado denomina democracia ejemplar y paradigmática. De tal forma que es necesario una sola perspectiva de la idea singular de democracia.

Esta idea se fundamenta esencialmente en la conceptualización de participación social; el comparecer ante un grupo social, organizado, en lo que los juristas determinan como Estado y no como organización, sino en un modelo político sistémico, con todo lo que ya conocen los juristas, en esa determinación y conminación de lo que es un Estado Social de Derecho moderno en el siglo XXI.

Esa posibilidad de participación que tenga cada cual para coadyuvar al desarrollo de su grupo social, desde la más humilde aportación, para que se integre armónicamente esa estructura y superestructura del Estado Social de Derecho, se debe entender como democracia y deberá servirle a todos, no es idealismo, sino funciona de esa forma, el concepto se degenerará, porque el aporte de los que se aventajan o se disminuyen en la participación, no permitirá la conformación del modelo.

Esto quiere decir, que la democracia no surge como un modelo social para favorecer la idea de necesidad de consolidar un mercado y darle fuerza política, o económica para que se mantenga como un modelo ideológico de los diversos estados. La democracia deberá complementarse e integrarse como un modelo, para que se entienda que hace falta la consolidación de todos los rubros necesarios, para darle fuerza a la idea de protección, que tenga cualquier estructura social, sin que haya abusos de ninguna índole para ninguno de los participantes.

No nos aparta esta idea de la necesidad, de que sí hace falta un esquema de protección para cada cosa, para cada rubro que permita la interrelación humana, en todas las latitudes geográficas; y desde cualquier perspectiva ideada por la mente humana, y para eso se debe de instaurar un grupo de organizaciones, de ordenamientos jurídicos y de rubros socioeconómicos y políticos; sistémicos, que hagan posible que esa participación, como elemento esencial de la democracia se pueda poner en práctica, con el respeto de todos y con el interés de que todos puedan tener el beneficio apropiado de acuerdo a su aporte o participación práctica que la misma democracia le permitirá. (SILVA Acevedo Augusto, "Aporte Particular sobre una Conceptualización de Democracia," San José, 29 febrero 2012).

El Doctor De Souza Santos estima que "Diferentes grupos políticos luchan por controlar la naturaleza y orientación política del activismo judicial. El intento delos grupos dominantes de mantener el activismo judicial dentro de los límites de la democracia representativa –restringida a la promoción de la gobernabilidad y la efectividad de las transnacionales económicas—se enfrentará a la resistencia de los grupos políticos subordinados interesados en ampliar el activismo judicial para que se ocupe de la justicia social y de conceder a una mayor participación activa a la ciudadanía dentro de la sociedad. La fuerza relativa de los grupos en conflicto determinará el perfil político de las actividades delos tribunales en la sociedad.

El alcance, el marco temporal y el contexto de las luchas políticas condicionan también la naturaleza de las intervenciones judiciales." (DE SOUZA Santos Boaventura, opcit. Cap. 7, pp.495-502).

Concluye el capítulo siete de su libro el Doctor De Souza Santos, manifestando que "La atención primordial que se ha prestado durante la última década al Estado de Derecho y al sistema judicial en todo el mundo es uno de los fenómenos políticos transnacionales más importantes de nuestra época. Esta tendencia en ocasiones producto de una dinámica interna, en otras de una presión globalizadora de alta intensidad, y a veces, y con mayor frecuencia, producto de una combinación de ambas, y que se conoce como judicialización de la política o expansión del poder judicial, está estrechamente vinculada con la construcción de una nueva forma de Estado, que puede ser caracterizado como pos-benefactor (en los países centrales) o pos-desarrollistas (en los países semi-periféricos), pero que en cualquier caso es un Estado eficiente y débil adecuado para complementar la eficaz regulación de la vida social y económica efectuada por los mercados y el sector privado. Este nuevo modelo de desarrollo que, al parecer, goza de un consenso global –aunque cuán fuerte o bien informado sea tal consenso es una incógnita—parte de la premisa de quela transformación social ha dejado de ser un asunto político.2

Termina diciendo en esta conclusión Boaventura Souza Santos, que "Dentro de este proyecto el Estado de derecho y el sistema judicial tienen tata importancia como en la democracia representativa. Son, sin embargo, menos fundamentales porque debe concebirse como parte de un conjunto mucho más amplio de instituciones participativas y movimientos sociales, organizados de manera pluralista y conectados en torno a un principio sencillo, pero crucial: primero la democracia, después el capitalismo." (DE SOUZA Santos Boaventura, opcit. Cap. 7, pp.503-505).

Capítulo X.

Centro América como subregión y la globalización

Concluimos también con esas etapas claves para la demostración de la hipótesis de este trabajo, y con la información, de cómo las agencias y entidades mencionadas; se encuentran involucradas en las innovaciones propuestas para variar la forma y estructura de los sistemas judiciales de Europa y América Latina, lo que nos permitirá ingresar en los siguientes temas de lo que ocurre en los Poderes judiciales y en los sistema económicos y políticos de Centro América y específicamente de Costa Rica y las reformas propuestas para estos pequeños países del Istmo.

El Sistema de Integración Centroamericana – SICA

Esta subregión latinoamericana se caracteriza por no pertenecer a la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), al no ser un acuerdo de alcance parcial suscrito en el marco jurídico de la ALADI, por cuanto sus Estados miembros (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua) no han suscrito esta convención para adherirse a la ALADI.

Recientemente, el pasado 2 de febrero del 2012, el Secretario General de ALADI, Chacho Álvarez dio a conocer la noticia, de que Panamá, se integró a la Asociación y en su momento manifestó que "ALADI tiene dos objetivos: el primero, construir un gran mercado latinoamericano aspirando a la libre circulación de las personas, bienes y servicios. Y el otro, ser un organismo-puente a favor de acelerar el proceso hacia la consolidación de la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe) punto de arribo de las tantas veces postergada unidad latinoamericana.

Por su parte, el Vicecanciller panameño, Francisco Álvarez de Soto, destacó la vocación de Panamá para adherirse activamente en la región y consolidar el gran crecimiento que está teniendo la economía panameña. La extraordinaria condición bi-oceánica de Panamá le da un importante valor estratégico a este país y en ese sentido su aporte a la ALADI y a la región es fundamental.

Como subregión Centro América muestra perceptibles complicaciones de eficacia en sus normas, cuenta con una institucionalidad importante conformada por la Reunión de Presidentes de esas Repúblicas, el Consejo de Ministros, el Comité Ejecutivo, la Secretaría General, el Parlamento Centroamericano (el cual ya es elegido directamente por el pueblo) y la Corte Centroamericana de Justicia. (Parlamento Centroamericano (también conocido como Parlacen) es una institución política consagrada a la integración de los países de Centroamérica. Tiene su central en la Ciudad de Guatemala.

Los orígenes del Parlacen se remontan al Grupo Contadora, un proyecto de los años ochenta que pretendía contribuir a resolver las guerras civiles de El Salvador, Guatemala y Nicaragua. Aunque el grupo Contadora fue disuelto en 1986, la idea de una mayor integración centroamericana permaneció, dando lugar al Acuerdo de Esquípalas II, que entre otros aspectos, decidió la creación del Parlamento Centroamericano. El Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano y otras Instancias Políticas fue suscrito en 1987, efectuándose su primera sesión solemne el 28 de octubre de 1991 en Ciudad Guatemala.

El Parlacen como órgano político de la región, forma parte del Sistema de la Integración Centroamericana SICA constituido por el Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos (Odeca), suscrito el 13 de diciembre de 1991, el cual tiene como objetivo fundamental realizar la integración representatividad política e ideológica, en un sistema democrático pluralista que garantice elecciones libres y participativas, en condiciones de igualdad de los partidos políticos.

Es sabido que Costa Rica no ha ratificado su presencia en el Parlamento Centro Americano, no obstante, el Estado tienen miembros presenciales en la institución. Costa Rica se niega a integrar el Parlacen y la Corte Centroamericana de Justicia, aunque participó en los años 80 en las negociaciones que condujeron a su creación, dentro de los acuerdos para poner fin a las guerras civiles y estimular la integración.

"Para Costa Rica, sería inaceptable verse obligada a ser parte del Parlacen, irrespetando el acuerdo pactado en Viena hace tres años, donde precisamente se marcó el punto de partida del interés en negociar el Acuerdo de Asociación, dejando claras las reglas básicas para ese momento cuando se dio el campanazo de salida", Así se pronunciaba el canciller costarricense Bruno Stagno, en su momento.

Stagno admitía que la Unión Europea, (UE) prefiere que Costa Rica se sume al Parlacen, pero insistió en que San José tiene descartado dar tal paso."Creo que tenemos una posición jurídicamente muy sólida, política no hay duda de nuestra posición. Vamos a tener que acordar un mecanismo para resolver las diferencias en jurisdicción", dentro de las negociaciones del acuerdo con la UE, insistió.

El ingreso al Parlacen fue descartado por el Congreso de la República y la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, por considerar que eso implicaría entregar parte de la soberanía. Además, los líderes políticos costarricenses consideran que ese Parlamento no presta utilidad, pese a los altos salarios de sus miembros. (SILVA Acevedo Augusto, "Archivos periodísticos personales", noticias de febrero 2009).

Retiro temporal de Panamá…

Panamá anunció su retiro del PARLACEN pero 12 diputados electos en 2009 seguirán hasta 2014.  El Presidente del PARLACEN del período 2010-2011 fue el diputado por Panamá Dorindo Cortez y 12 diputados electos en 2009 se mantendrán como diputados electos de Panamá hasta 2014. La Corte Centroamericana de Justicia afirma en una resolución sobre el Tratado Constitutivo del PARLACEN, que no existe mecanismo para renunciar al PARLACEN, por lo que Panamá no puede salirse de ese ente parlamentario regional.

Costa Rica tampoco ha ratificado la integración de la Corte Centroamericana de Justicia, pese a que esta entidad nació en Cartago, como Corte de Justicia Centroamericana, o corte de Cartago, entre 1908 y 1918. La Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) es el órgano judicial principal y permanente del "Sistema de la Integración Centroamericana". Inició sus funciones el 12 de octubre de1994 en el Reparto Bolonia No. 1804 de la ciudad de Managua, ciudad que ya es su sede permanente.

La Corte Centroamericana de Justicia, es el órgano judicial del Sistema de Integración Centroamericana. La jurisdicción y competencia regional de la corte son de carácter obligatorio para los Estados. La Normativa Jurídica de La Corte Centroamericana de Justicia, forma parte del derecho comunitario Centroamericano.

Fue creado en la interpretación y ejecución del Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de los Estados Centroamericanos (ODECA) y sus instrumentos complementarios o actos derivados del mismo. El Protocolo de Tegucigalpa crea La Corte Centroamericana de Justicia en el artículo 12, y además remite a su Estatuto para regular la integración, funcionamiento y atribuciones de ese Órgano Judicial Supranacional.

En el Convenio de Estatuto de la Corte se amplían sus facultades y competencia y se la convierte además en Tribunal Internacional, en Tribunal de Arbitraje, Tribunal de Consulta y (con algunas restricciones) en Tribunal Constitucional. El artículo 1 del referido Convenio de Estatuto establece que ésta queda constituida y funcionará conforme a las disposiciones de dicho Estatuto, Ordenanza, Reglamentos y Resoluciones que emita ella misma.

Costa Rica y Guatemala no son parte del convenio constitutivo de la Corte Centroamericana de Justicia. Hasta el momento los conflictos entre la Corte regional y las altas cortes nacionales han sido uno de los obstáculos principales a la ejecución de sus decisiones a nivel nacional. Hay que aclarar que Guatemala en el año 2008 finalizó el proceso de integración a la Corte Centroamericana de Justicia, quedando pendiente solamente Panamá, República Dominicana y Costa Rica.

Entre los varios tratados vigentes podemos citar el Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos ODECA (1991), los Estatutos de la Corte Centroamericana de Justicia (1992), el Tercer Protocolo al Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano y otras instancias políticas (1994).

El Tratado de la Integración Social Centroamericana (1995). En 1997 se suscribió por los presidentes de Costa Rica, El Salvador, Honduras y Nicaragua una Declaración manifestando la intención política de constituir la Unión Centroamericana, conocida como la Declaración de Managua, la cual plasma una gran tendencia de la integración en Centroamérica que es la tendencia federalista presente en multiplicidad de normas en las que se observa la intención de llegar a constituir un Estado Federal entre los países centroamericanos.

Dicho proyecto cuenta con el antecedente histórico de la fallida federación centroamericana. Panamá ha sido un tanto lejana a esta tendencia, lo que se reafirma con la no suscripción de la Declaración de Managua. República Dominicana ha iniciado un proceso de aproximación al SICA. Pero también siempre ha sido refractario a participar de estas integraciones de entidades de nivel de la región en Centro América y por ejemplo nunca ha apoyado la idea de que participar y ratificar el Parlamento Centroamericano, por ejemplo.

A nivel centroamericano encontramos que en el Sistema de Integración Centroamericano se ha creado la Corte Centroamericana de Justicia la cual se define como supranacional y tiene, entre otras muchas funciones, la atribución de "resolver toda consulta prejudicial requerida por todo Juez o Tribunal Judicial que estuviere conociendo de un caso pendiente de fallo encaminada a obtener la aplicación o interpretación uniforme de las normas que conforman el ordenamiento jurídico del "Sistema de la Integración Centroamericana"…" (Ver el art. 22 Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia)

No obstante, en un sucinto análisis de las normas permanece la impresión de que el único órgano que eventualmente podría producir normas "comunitarias" es la Reunión de Presidentes pues las decisiones del Consejo de Ministros sólo son obligatorias para los Estados si no son contrarias a sus respectivas leyes (norma ésta que hace desaparecer las características supranacionales del derecho comunitario y en consecuencia este mismo). (Ver art. 22 Protocolo de Tegucigalpa, norma ésta que ayuda a su vez a interpretar otra atribución de la Corte Centroamericana de Justicia cual es la de elaborar estudios comparados de las diversas legislaciones centroamericanas y presentar proyectos de leyes uniformes "para realizar la integración jurídica de Centroamérica").

Debe entenderse entonces, que en Centroamérica no hay un derecho comunitario sino más bien una suerte de acoplamiento legislativo para buscar una gradual y parcial homogenización legislativa (piénsese que la unificación en una sola ley requeriría que todos y cada uno de los Congresos Nacionales aprobaran en una forma exactamente igual todo el proyecto).

Muchos juristas y políticos de la región sugieren que la mejor vía para que Centroamérica inicie su convergencia hacia la Comunidad Latinoamericana de Naciones CLAN se daría con el ingreso de todos los países centroamericanos a la ALADI, participando así del patrimonio histórico de la integración latinoamericana y siendo miembros también de la CLAN, al transformarse la ALADI y unirse con el Parlamento Latinoamericano, del cual sí son miembros en la actualidad los Estados centroamericanos; la subregión del SICA, al igual que el MERCOSUR y la Comunidad Andina, habrían de converger en la ALADI en un único nivel regional que sería el de la CLAN y su institucionalidad sería también subsumida en los órganos de la Comunidad Latinoamericana."

La dimensión regional puede considerarse como una situación intermedia entre lo nacional y lo global, cuando se habla de modelos de composición regional, y entre lo particular y lo nacional cuando se trata de regiones sub-nacionales. Dentro de la nueva economía política cosmopolita, la comercialización planetaria de los movimientos adquiere relevancia como resultado de transcursos complejos y cíclicos.

Mientras que la informatización de la economía y la rapidez de las comunicaciones disminuyen las ventajas geográficas de algunas regiones, otras adquieren renovado vigor debido a una actuación política concertada de su gobierno y sector privado, que negocian acuerdos institucionales favorables.

Se produce así un transición de rango, en la política, en el que las regiones, constituidas mediante acuerdos de integración, y las sub-nacionales, conectadas entre sí por este mismo fenómeno, llevan a cabo acciones políticas a nivel internacional o transnacional para beneficiar su economía y, en última instancia, el bienestar de sus respectivas poblaciones.

No se trata de un juego matemático en el que las regiones ganan y los estados naciones pierden, sino de un proceso en el cual los gobiernos –representación del Estado nación— usan las instituciones de integración para lograr fines económicos y de bienestar generales, mientras que el sector privado incide a nivel de las regiones sub-nacionales para obtener medidas específicas y presentes que faciliten la cooperación entre ellas.

Tal reciprocidad entre regiones puede ser bilateral o multilateral, transfronteriza o transnacional sin aproximación territorial. Dentro de ese proceso vuelven a discutirse las llamadas economías de abundancia, que permiten disminuir el costo de las transacciones al aumentar el número de usuarios o al racionalizar las actividades económicas.

En el contexto de la Unión Europea, experiencias de este tipo están bien documentadas. De esta manera, la integración territorial ofrece a comarcas periféricas dentro de sus respectivas naciones, usualmente adyacentes a las fronteras, la posibilidad de ubicarse en una posición central dentro del nuevo espacio integrado.

El inconveniente radica, sin embargo, en que si no existe conciencia de las posibilidades positivas que abre la integración para esas regiones ni hay voluntad política para desarrollarlas, la interdependencia económica con los vecinos puede generar un comportamiento más competitivo que cooperativo, con lo cual todos pierden.

Son muchos los elementos precisos y necesarios par aponer en práctica estas integraciones regionales, en las cuales todos los estados puedan sentirse satisfechos por la participación en un mercado benéfico para las mayorías, pero no puede haber satisfacción de ninguna índole, cuando se producen imposiciones demarcadas y limitadas en rubros como lo es la normatividad, que deben ponerse en práctica de parte de los que integran una fusión que de por sí refiere a un negocio jurídico, donde hay obligaciones para cumplir.

Desde esta perspectiva se siente que los conflictos, no son solo organizacionales y de paradigmas, sino de advenimientos y consenso en la materia jurídica y judicial que debe ponerse en juego para que no haya distorsiones en el momento de la realidad de los negocios regionales, o de tratados comerciales, en donde el interés primordial de cada nación es encontrar el mercado apropiado para sus productos de exportación.

En un mundo en el cual los contactos internacionales son determinados por agentes económicos y los intercambios pueden ser infinitos, las regiones introducen el orden al seleccionar metas, informaciones y socios para la cooperación. Siempre ha sido así, desde el inicio de las relaciones mínimas humanas, los usos y las costumbres, conformaron un tipo de reglamentaciones, que en la práctica hacia funcionar a las diversas comunidades que se relacionaban en forma comercial.

Este orden debe contar con el consenso generalizado y apropiado de las regiones que convergen para regionalizar el comercio, la globalización se entiende desde la perspectiva democrática, y de participación en los mercados internacionales, no obstante, no significa que pueda haber imposiciones y limitaciones, y mucho menos expansión de parte de los que prodigan un poder económico más sustancial.

En la actual etapa de la economía global, la economía regional ha alcanzado una nueva y doble relevancia. Por una parte se asocia con la formación de bloques de países según distintos esquemas de integración, pero también por otra parte exige tomar en consideración las capacidades económicas de distintas áreas nacionales de sus países miembros dentro de esas estructuras.

El caso que demuestra con mayor claridad este doble fenómeno asentado sobre una base tanto económica como geográfica, como ejemplo puede ser el Tratado de Libre Comercio del Norte (TLCAN), en México. Puede señalarse al respecto que la conformación de bloques de libre comercio como el del TLCAN no abarca a los países en su conjunto, sino que los segmenta en regiones.

Así, la zona fronteriza de México con Estados Unidos muestra un alto nivel de integración económica a lo largo de los corredores Tijuana-San Diego y Ciudad Juárez-El Paso. Se conforman así regiones transfronterizas que concentran recursos financieros, productivos, humanos. Cuando se transita por estas regiones, se siente un ámbito extraordinario, cuando se está del lado estadounidense, parece que se encuentra uno en la civilización de la tecnología, las edificaciones son diferentes e incluso el cuido de todo es mejor. (El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN, conocido también como TLC o como NAFTA, siglas en inglés deNorth American Free Trade Agreement, o ALÉNA, del francés Accord de libre-échange nord-américain ) es un Bloque comercial de ámbito regional, lo conforman Estados Unidos, Canadá y México que fue creado por el presidente en el aquel entonces de México, Carlos Salinas de Gortari que entró en vigor el 1 de enero de 1994 y establece una zona de libre comercio. A diferencia de tratados o convenios similares (como el de la Unión Europea), no determina organismos centrales de coordinación política o social. Existe sólo una secretaría para administrar, y tres secciones: la sección canadiense, ubicada en Ottawa; la sección mexicana, ubicada en la Ciudad de México, y la sección estadounidense, ubicada en Washington, DC).

Cuando cruzas la línea fronteriza hacia el norte, varía en metros, la idea de civilización, sin embargo, lo relevante en estas regiones, es quién tiene la capacidad económica de adquirir, lo que deba comprarse y en los precios establecidos en ambas culturas; el mercado, no tiene una clasificación, sino por el contenido económico de cada ciudadano a la hora de transar un negocio.

Ni siquiera el aspecto jurídico, ni judicial, tienen relevancia en estas relaciones humanas, en donde priva el interés por un producto y por otra parte el interés de recibir el importe del valor que tiene dicho producto, desde cualquier región, que provenga.es un toma y daca, o simplemente una compra y venta, en el cual no interviene ninguna otra organización, sino el vendedor y el comprador; cada cual se responsabilizará por las obligaciones jurídicas, que surgen, como efecto de esta interrelación que no es más que comercial en todos los aspectos.

Todo eso en materia jurídica y judicial, adquiere un valor diverso, porque habrá que legislar en materia internacional sobre todos esos bordes, de igual forma que ocurre, por ejemplo en América del Sur, donde abundan las fronteras y los comercios, donde fluyen por todos lados productos de todos los países, que conforman esa comunidad internacionalizada y regulada únicamente por controles migratorios, que no son eficientes ni eficaces.

La idea de una Centroamérica unida se puede encontrar ya a comienzos del siglo XIX. Después de la independencia de México de España, cinco naciones centroamericanas, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua formaron la Federación Centroamericana en 1824. A pesar de que la Federación se desintegró en 1838, la aspiración de unidad en el istmo persistió dando lugar a una serie de proyectos parciales de asociación regional.

Uno de estos proyectos fue la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA) establecida en 1951 como un foro político para promover la cooperación e integración entre sus miembros. A comienzos de los años 50, la CEPAL participó en el proyecto de integración aportando un argumento económico, profundamente influenciado por el paradigma de la industrialización por sustitución de importaciones.

Los esfuerzos iníciales de integración fueron lentos a través de una serie de acuerdos bilaterales debido a la ausencia de una estructura formal para lograr las metas trazadas. El Tratado Multilateral de Libre Comercio e Integración Centroamericana,  firmado en 1958, brindó una perspectiva común centroamericana y ordenó el establecimiento de un área de libre comercio en un plazo de diez años.

Dos años después, en diciembre de 1960, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua firmaron el Tratado General de Integración Económica Centroamericano por el cual se crea el marco básico para la integración económica y se establece el Mercado Común Centroamericano –MCCA. El Tratado General previó el establecimiento de un mercado común y una unión aduanera en el plazo de cinco años. Costa Rica se adhirió al tratado en 1962.Durante las dos primeras décadas de existencia del MCCA, el comercio intra-regional y la IED contribuyeron a la industrialización de la región. Sin embargo, a fines de los años sesenta, problemas políticos provocaron que Honduras saliera del MCCA. Además, las muestras de agotamiento del modelo ISI y la devaluación unilateral de la moneda como respuesta a la crisis petrolera provocaron el restablecimiento de restricciones comerciales entre los miembros. En los años ochenta, guerras civiles y problemas con la deuda externa causaron grandes dificultades en materia de pagos en los países y, como consecuencia, el comercio interregional se contrajo más del 50% entre 1980 y 1986.

Luis Guillermo Solís Rivera dice en su libro: "CENTROAMÉRICA 2020: LA INTEGRACIÓN REGIONAL Y LOS DESAFÍOS DE SUS RELACIONES EXTERNAS", que "La integración no es una opción -es imprescindible- para el futuro de Centroamérica. No es concebible que Centroamérica pueda ser exitosa en el nuevo siglo si carece de unidad.

Esta unidad debe calificarse y en todo caso obtenerse como ya se dijo, de una manera "gradual y progresiva" que no implique, como temen algunos, una integración "política" repentina que termine por lesionar los intereses de los países del área. Sin embargo, independientemente de cuánto y cómo se matice, el hecho incontrovertible permanece: ubicada entre un agresivo y exitoso mercado integrado de Norteamérica, y un MERCOSUR en expansión, Centroamérica debe integrarse como bloque regional si quiere aprovechar con ventaja las oportunidades de la globalización de los mercados y sobrevivir en un mundo de creciente competencia geopolítica. En ese contexto, la propuesta de Björne Hettne al abogar por un "nuevo regionalismo" tiene mucho sentido si se aplica a Centroamérica. Al repensar la integración en la perspectiva de las primeras décadas del siglo XXI es necesario aceptar la premisa de que dicha integración futura tendrá perfiles muy diferentes a los que dominaron la de los últimos cuarenta años. En efecto, si bien en un sentido económico la integración regional centroamericana desde 1962 podría calificarse como exitosa o en todo caso, más exitosa que deficitaria, durante todo el período anterior a 1991 la experiencia regional estuvo muy limitada por un factor preponderante: la ausencia de gobiernos democráticos en la mayoría de los países miembros del Mercado Común Centroamericano."

Más adelante en su libro Solis Rivera asegura que: "Las instituciones de la integración se quedaron rezagadas con respecto a las condiciones cambiantes de la región y del mundo en los años noventa. Pese a la reformas introducidas en el Protocolo de Tegucigalpa en 1991, el marco conceptual en que dichas reformas se basaron fue prácticamente el mismo utilizado en los años del Tratado de San Salvador, el cual sometía a la Secretaría General y sus órganos especializados a una clara subordinación a los Estados miembros, al tiempo que no las dotaba de los recursos suficientes para desempeñar su labor.

Sin embargo, lo más negativo de este proceso fue que, debido a la inercia burocrática con que funcionó el sistema de integración entre 1969 y 1991, se produjo un gran desorden en el crecimiento de las instituciones. Ello tuvo como resultado innumerables ineficiencias y

Duplicaciones de funciones que volvieron al sistema no sólo muy caro desde el punto de vista de sus costos de operación, sino también muy incapaz para enfrentar los nuevos desafíos de una región que despertaba a la democracia y al desarrollo sostenible por primera vez en su historia. Sumisa ante los Estados nacionales, desfinanciada, institucionalmente anquilosada y sin disponer de un personal verdaderamente especializado en las funciones de integración (con la posible excepción de la Secretaría de Integración Económica – SIECA -, la cual siempre se mantuvo en la punta del proceso), la Secretaría General del SICA y los órganos del Sistema pronto se vieron superados por la realidad. De allí que pese a la reforma, el SICA no mejorara y se volviera imperativo adaptarlo a los nuevos tiempos y al nuevo marco conceptual de la agenda regional: la ALIDES. En las primeras décadas del siglo XXI el SICA en su conjunto continuará enfrentando este problema de manera dramática. No sólo se interrumpió la reforma anunciada en la XV Cumbre de Presidentes de Guácimo en 1994 completada en Panamá en 1997. Tampoco pareciera posible la realización de otra reforma integral en el futuro próximo.

El problema es que sin reforma institucional y burocrática, el Sistema siempre será incapaz de generar más integración por medio de una práctica regional más dinámica. En este sentido, no pareciera haber una correspondencia entre el discurso oficial y la realidad institucional. Por el contrario, lo que se presenta es una disfunción grave entre la retórica y los instrumentos institucionales imprescindibles para hacerla realidad."

Se produce un grave conflicto entre las administraciones de gobiernos de los diferente estados centroamericanos yeso ha sido el problema para lograr una integración con mejor armonía, al respecto dice Luis Guillermo Solis Rivera: "Para que esta oportunidad se produzca, sin embargo, es indispensable que los propios gobiernos tomen la iniciativa de incorporar cada vez de manera más frecuente y significativa, a las organizaciones de la sociedad civil en los procesos de toma de decisiones.

De lo contrario, lo que se produce es el establecimiento de canales separados y mutuamente excluyentes para dirigir la cooperación al desarrollo, los cuales terminan por perjudicar tanto al donante (debido a que el impacto de los recursos se diluye) como a los beneficiarios (cuyos objetivos sólo se alcanzan de manera parcial debido a que los montos que se otorgan son insuficientes).

A futuro, esto podría evitarse por medio de negociaciones tripartitas en las que participen los donantes, los gobiernos centroamericanos y las organizaciones de la sociedad civil regional, en el entendimiento de que tanto los gobiernos como la sociedad civil convergerían en un programa mínimo de cooperación al desarrollo. Dichas negociaciones, cuando involucren programas regionales, deberían ser convocadas por la Secretaría General del SICA y dirigidas por la instancia que dentro de ésta se cree con el fin de coordinar los esfuerzos conjuntos de los países del Istmo."

Solis Rivera, Politólogo e Historiador, considera que si hubiese esfuerzos armónicos e integrales la unificación dela región tendría mucho éxito y respaldo a nivel global: "Uno de los elementos claves para que ello sea posible es la refundación del Estado, cuya modernización es imperiosa.

Modernización sin debilidad debería ser la consigna en Centroamérica, pues ninguna propuesta de integración o desarrollo puede ser exitosa sin un Estado fuerte, regulador y estratégico, que tenga posibilidad de corregir e incluso neutralizar los excesos del mercado. Semejante visión, sin embargo, no está en boga. Muy por el contrario, los esfuerzos nacionales en todo el Istmo se han estado encaminando desde hace ya más de una década al debilitamiento del Estado incluso en aquellos países en dónde éste tradicionalmente había tenido un mayor – y más exitoso – protagonismo: Costa Rica y Panamá.

El debate todavía inconcluso en torno al papel del Estado en las democracias posmodernas, sin embargo, no debería ser, en sí mismo, un obstáculo para llevar adelante la necesaria reforma del SICA y, como consecuencia, el fortalecimiento de la integración. De hecho, se

Debería evitar la trampa de caer en una posposición de las responsabilidades regionales alegando la necesidad, previa de completar la todavía inconclusa "reforma estructural" iniciada desde la década de los años ochenta. De hecho, la lógica en este asunto debería ser la inversa, valga decir, así como el Estado se reforma y descentraliza a lo interno, así también la configuración regional de ese Estado reformado debería ser ampliada y se fortalecida. Resulta difícil no concluir que, en materia de relaciones externas, Centroamérica tendrá un menú relativamente corto de opciones en las próximas dos décadas. Es decir, carecerá del ámbito de maniobra del que dispuso en la década de los años ochenta, pero adicionalmente deberá enfrentar de manera creciente la competencia de otras regiones del mundo también urgidas de contar con los recursos de la Cooperación Internacional. En cuanto a lo primero, resulta obvio que dicho margen de maniobra se ha estrechado como fruto de dos fenómenos confluyentes: el fin de la Guerra Fría y la normalización política regional por una parte, y la falta de propuestas, credibilidad y visión de futuro de los países del área, por la otra

El problema mayor al que se enfrenta Centroamérica desde el punto de vista de sus relaciones externas en tanto región pareciera ser, entonces, más político que económico. Valga decir, en estos momentos el dinamismo económico de la región – si bien no está garantizado al menos posee una lógica propia que pareciera estar más determinada por las condiciones objetivas del mercado mundial y sus derivaciones, que por la voluntad (o falta de ella) de las élites políticas del Istmo centroamericano.

En otras palabras, pocos son los sectores que en Centroamérica podrían, en la actualidad y en el futuro predecible, adversar con credibilidad y éxito las tendencias globales, cuyo impacto en los sectores estratégicos de las economías es, a estas alturas, casi total. Ello independientemente del signo ideológico de quienes gobiernen o aspiren a gobernar, incluidos los movimientos de la izquierda más tradicional.

En todo caso, está claro que el factor externo, al igual que lo ha sido en el pasado, continuará siendo una variable de importancia estratégica para Centroamérica en cualquiera de los escenarios de futuro imaginables. Esa significación obligará a los países del área a adoptar esquemas de vinculación que sólo pueden ser de dos tipos: de subordinación – como los que prevalecieron desde los años de dominación cultural de la época precolombina hasta la Era Reagan – o de asociación como los que auguran los nuevos tiempos de globalidad y democracia. Esa asociación, que deberá estar signada por la construcción de agendas e instituciones capaces de darle continuidad a las relaciones de Centroamérica con el resto del mundo, deberá tener como referente interno un sistema regional de integración cada vez más perfecto y eficiente." (SOLÍS Rivera Luis Guillermo "Centroamérica 2020: La integración regional y los desafíos de sus relaciones externas"; Hamburg: Institut für Iberoamerika-Kunde 2000 (CA 2020: Documento de trabajo # 3) ISBN 3-926446-72-2). Luis Guillermo Solís Rivera; Profesor de Historia y Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica. Actualmente es Vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales de esa Universidad y Gerente Técnico del Proyecto Cooperación Transfronteriza en Centroamérica de FUNPADEM. Fue Jefe de Gabinete de la Administración Arias (1986-1990), Embajador para Asuntos Centroamericanos y Director General de Política Exterior de la Administración Figueres (1994-1998). En los últimos tiempos se le ha visto haciendo proselitismo en el Partido Acción Ciudadana, y se especula, que aspira a una precandidatura dentro de esa organización, para aspirar a la Casa Presidencial en las próximas elecciones de Costa Rica).

Con estas aportaciones e informaciones de los antecedente de América Latina y de la región del Centro de América, queda clara, la posición de las diversas entidades; algunas en punga, otras en resoluciones de integración, proyecciones diversas en diferentes materias y rubros, económicos, jurídicos y judiciales, culturales, educativas, científicas; otras con intereses demarcados, con deseos de imponer sus hegemonías, modelos y metodologías, porque todo eso lo hemos considerado en este documento, que nos lleva a observar toda una gama de proposiciones en muchos niveles políticos y económicos.

Se ha enfocado un panorama general del protagonismo de cada cual en la mayor parte del mundo, en materia comercial, cultural, jurídica y judicial, que es el tema relevante del trabajo. Las reformas en los aparatos judiciales del mundo, para consolidar un mercado demarcado, con raíces embrionarias inmensamente poderosas, "de alta intensidad", como dice el Profesor de la Universidad de Coímbra, en Portugal Boaventura Suza Santos.

No obstante, para que no se sienta que estamos elaborando una conclusión estructural en esta investigación, porque aún hace falta retomar la idea estructural de lo que ocurre en Costa Rica, dentro del ceno del Poder Judicial y las reformas que se le han planteado para variar un grupo de modelos, en los procedimientos y procesos que se efectúan cotidianamente dentro de la institución.

Capítulo XI.

Reformas Judiciales en Costa Rica

En medio de una circunstancia, necesitada de transiciones, específicamente en el Ordenamiento Jurídico y en la judicialización del Poder Judicial, Costa Rica desde 1990, inició un proceso de modernización, mostrando hasta la fecha una serie de innovaciones, que se consideran necesarias para el modernismo del mismo Poder Judicial; A pesar de ello, su eficiencia, se ha visto restringida, debido a problemas claros de planificación, organizacional, sistémica y gestión gerencial en el Poder Judicial, amén de dificultades relacionadas con la situación presupuestaria del Estado y el engorroso procedimiento legislativo para la aprobación de proyectos de reforma legal, tanto relativos a códigos procesales, como a la propia estructura del Poder Judicial.

Entre los logros obtenidos se puede citar, tan sólo a manera de ejemplo, la Sala Constitucional (Ley de Reforma Constitucional 7128 del 18 de agosto de 1989), la Ley Orgánica del Poder Judicial, (Ley 7333 del 5 de mayo de 1993), la Ley de Carrera Judicial (Ley 7338 del 5 de mayo de 1993), la Ley de Justicia Penal Juvenil (Ley 7576 del 8 de marzo de 1996), la Ley contra la Violencia Doméstica (Ley 7586 del 10 de abril de 1996), así como la suscripción de un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la modernización del Poder Judicial. En 2002 se formalizó un nuevo contrato con el BID para continuar tal proceso y, de esta forma, mejorar su eficiencia y sus capacidades gerenciales, así como fortalecer al Ministerio Público, la Defensa Pública y la prevención del delito.

La Corte nombró en propiedad a 154 jueces que se encontraban en condición de interinos (cerca del 25 por ciento del total de jueces) y además avanzó en la apertura al escrutinio público, poniendo a funcionar la Contraloría de Servicios y creando una página web para ofrecer información al público como, por ejemplo, la jurisprudencia de las Salas y Tribunales Superiores y toda la legislación vigente.

Se ha criticado en el interior del Poder Judicial, que los problemas de administración contribuyen al retraso de la modernización del mismo. Al respecto, en un ensayo sobre el tema se señala que "la reforma judicial se ha caracterizado por ser de corto plazo, dirigida a resolver problemas circunstanciales, sin un enfoque sistémico ni de planificación de sus actividades organizacionales; supra mencionábamos los intentos de reformas en materia administrativa, que no han surtido el efecto, ni la eficacia buscada por las autoridades de la institución.

Los intentos de reforma se han venido haciendo a muy lentamente, con una visión aislada, dependiendo de iniciativas personales de los Magistrados o de los Presidentes de la Corte de turno. Si se trabajaba en la reforma penal, posiblemente no se hablaba de los problemas de la jurisdicción civil y viceversa. O bien, si se trabaja en áreas de perfeccionamiento de los códigos penales, no se ven con la misma intensidad las reformas administrativas, ni la inversión tecnológica.

El Lic. Elías Muñoz Jiménez, Jefe de la Sección Control y Evaluación del Poder Judicial, en una información para el Sistema, manifestó, muy enfáticamente, que las reformas y los procesos de modernización en el Poder Judicial, respecto a la modernización de la justicia son exitosa, desde la perspectiva de una administración organizacional sistémica, esto es lo que expresa en un informe generalizado de las obras puestas en prácticas dentro del Poder Judicial: