Potencial reforma judicial y uso progresista del derecho en Costa Rica (página 10)

De la misma manera, a nuestros países se les exige abrir su economía, sin restricción alguna, al flujo de mercancías y capitales extranjeros; además de privatizar las empresas públicas, los recursos nacionales y, con el argumento de evitar presiones inflacionarias, procurar dogmáticamente la reducción del déficit fiscal, lo que lleva a reducir el gasto público en el renglón social y, finalmente, flexibilizar las relaciones laborales, además de privatizar todos los bienes y servicios públicos, pues "todos deben ser privados y mercantiles."

La experiencia de los países "reformados" siguiendo las pautas establecidas por el BM y el FMI, tal como es el caso de México, muestra que las contradicciones propias del capitalismo, sus crisis recurrentes y la creciente polarización social, han obstaculizado la expansión del neoliberalismo económico, aunque no su difusión e imposición ideológica y cultural, especialmente entre los sectores dirigentes políticos e intelectuales.

En todo caso no sólo en los países del capitalismo desarrollado, sino también en los dependientes, la reestructuración neoliberal se ha hecho a expensas de los pobres y de las clases explotadas; las desigualdades económicas y sociales se acentuaron y la prosperidad no alcanzó a derramarse hacia abajo, como aseguraba la reconfortante "teoría del derrame", que plantea primero crear la riqueza para luego distribuirla, lo cual en los hechos ha significado anular toda política de desarrollo por impulsar el crecimiento de la economía en beneficio exclusivo del capital.

Por decirlo de manera breve y concreta: las sociedades que el neoliberalismo construyó en las dos últimas décadas, son peores que sus precedentes, más divididas, polarizadas e injustas. Los hombres y mujeres del mundo viven hoy bajo renovadas amenazas bélicas, económicas, laborales, sociales y ecológicas. De hecho, la humanidad sobrevive hoy en un mundo lleno de temores, zozobra y desesperanza. 

Finalmente, de las vicisitudes históricas de la imposición del neoliberalismo como ideología hegemónica en la mayor parte del planeta es posible extraer algunas experiencias. Sin duda alguna, las fuerzas y movimientos sociales que aspiran al cambio y que se expresan en contra de la globalización neoliberal, existen y crecen a contracorriente del consenso político de la era neoliberal. Sin embargo, desde el poder se trata a los portadores de las propuestas alternativas como excéntricos, o románticos incurables y fuera de lugar en la sociedad actual.

Pero asumir el cambio como opción, significa empezar dejar de aceptar a la sociedad capitalista y sus instituciones como inmutables y eternas. Es más, la historia demuestra que lo que parecía una locura en los años cincuenta, por ejemplo la creación de millones de desocupados, la reconcentración del ingreso, el desmantelamiento de los programas sociales, la privatización del petróleo, el agua y la electricidad, la educación, la salud y hasta las cárceles, sólo pudo ser posible, incluso con un bajísimo costo político para los gobiernos que las aplicaron, una vez que el neoliberalismo alcanzó su "victoria ideológica" sobre la sociedad y las otras opciones políticas, tanto capitalistas como anticapitalistas.

En consecuencia, debe tenerse la seguridad de que es posible un proyecto no capitalista pensado de cara al siglo XXI, que reivindique la posibilidad de establecer un sistema economía y social, capaz de unir armónicamente la igualdad social con la democracia. Alguna vez, Max Weber escribió que "en este mundo no se consigue nunca lo posible si no se intenta lo imposible una y otra vez", y exhortaba al mismo tiempo a soportar con audacia y lucidez la destrucción de todas las esperanzas porque, de lo contrario, seríamos incapaces de realizar incluso lo que hoy es posible.

Esas palabras sugieren una actitud fundamental, que no deberán abandonar quienes ya no se resignan ante un orden social intrínsecamente injusto como el capitalismo, y que pese al hostigamiento intelectual, la exclusión, la incomprensión, cuando no la persecución, siguen creyendo que una sociedad diferente tiene cabida en esta centuria. (Maximilian Carl Emil Weber, Erfurt, 21 de abril de 1864 – Múnich, 14 de junio de 1920 filósofo, economista, jurista, historiador, politólogo y sociólogo alemán, considerado uno de los fundadores del estudio moderno, anti-positivista, de la sociología y la administración pública. Sus trabajos más importantes se relacionan con la sociología de la religión y el gobierno, pero también escribió mucho en el campo de la economía. Su obra más reconocida es el ensayo La ética protestante y el espíritu del capitalismo, que fue el inicio de un trabajo sobre la sociología de la religión)

Weber argumentó que la religión fue uno de los aspectos más importantes que influyeron en el desarrollo de las culturas occidental y oriental. En otra de sus obras famosas, La ciencia como vocación, la política como vocación, Weber definió el Estado como una entidad que detenta el monopolio de la violencia y los medios de coacción, una definición que fue fundamental en el estudio de la ciencia política moderna en Occidente. Su teoría fue ampliamente conocida a posteriori como la Tesis de Weber).

Una sociedad diferente, ¿qué tan diferente y desde que perspectiva? ¿En que podría consistir esa diferencia? ¿Cuál sería el costo de poder implementar un nuevo modelo, que sea funcional y eficaz para las mayorías? La perspicacia surge y se origina en esta proposición, cuando sea podido observar la historia desde diferentes perspectivas; ¿Cómo es que los tataranietos de los dueños del poder en el umbral del siglo XXI, pueden realizar esos cambios? Pero, entiéndase, de esos cambios, que las mayorías han sufrido a través de toda la historia.

Entonces para concordar con Boaventura De Souza Santos, haríamos una interpretación sub-paradigmática, del desarrollo del período actual, del capitalismo; hacemos una división de este concepto, para que los lectores puedan entenderlo de mejor forma, en la perspectiva crítica sobre el antagonismo crónico; de toda la historia, la reproducción rutinaria y el expansionismo, que es lo único que la humanidad ha sostenido en materia de organización social en la vida.

En esta tesitura se ha tratado de no repetir concepciones y razonamientos hartamente repetidos, porque los modelos socioeconómicos impuestos durante la vida humana, no han variado en algunos sentidos: invasiones, explotación expansionismo y sangre; significado, guerra en diversas estructuras de la humanidad, donde siempre salen perdiendo los que menos posibilidades tienen para la subsistencia.

En el momento en que los gobiernos de las sociedades latinas, supongan un conjunto de instituciones organizadas y acepten pactos sociales que garanticen, además de la producción, y la puesta física de los diversos productos en el mercado internacional, pero también el modelo de regulación que proponen el grupo disminuido que tiene el poder económico del mundo, estarían regresando, al génesis del siglo XVI, y poniéndose en manos de nuevo del poder de toda la historia.

Souza Santos señala la idea de que desde los años sesenta los países centrales han vivido una crisis tanto del régimen de acumulación como del modo de regulación; arriba se apuntaba la idea de que por falta de explotación directa y por las independencia de las diversas naciones latinas, pues el flujo de ingreso de riquezas, se frenó rotundamente y eso aqueja a esas sociedades, que por mucho tiempo vivieron de esas utilidades de producción de los pueblos de América.

Es por eso que la proposición de cambios de modelos, no solo va orientada la expansión psicológica, tecnológica, científica, de producción y de consolidación de mercados globales, sino también en el sentido de poder manejar ideológicamente sistemas dentro de las cortes de justicia de América Latina, cómo ya se ha logrado en los países de Europa Occidental.

Dice Boaventura De Souza Santos: "El papel regulador del Estado-nación tiende a ser más decisivo en crisis ´de la` que en crisis ´en la`, pero la manera en que actúa el Estado depende en gran medida del ambiente internacional, de la inserción de la economía nacional en la división internacional del trabajo y de las capacidades y recursos institucionales específico del Estado para unir, bajo condiciones críticas hostiles, estrategias de acumulación con estrategias y estrategias de creación de confianza." ? (DE SOUZA Santos Boaventura,"Sociología Jurídica Crítica, opcit. cap. 6, pp, 304).

Definitivamente ha habido yerros relevantes, como los que se han producido en Estados Unidos en los últimos tiempos, no es solo falta de regulación en los niveles globales, muchos conflictos radica en la falta de sistemas organizacionales, eso se ha dicho hasta la saciedad en los ámbitos de la ciencia de la administración; falta de capacidad para dirigir la organización en países de América Latina es más importante la energía de la juventud que la experticia de los adultos.

Esto hace interpretar el paradigma de Occidente, como erróneo, y entender las crisis del régimen de acumulación económica de toda la historia, pero también la crisis en las regulaciones, que siempre tendieron a controlar las actividades diversas económicas de las naciones latinas, eso es lo que Souza Santos critica como "una crisis más profunda." Porque se entiende que seles fue de las manos dicho control y la regulación de esas actividades, que el mismo tiempo les ha cobrado, por la independencia de los pueblos nuevos, o pueblos colonizados en el siglo XVI.

El mismo autor también señala que "las soluciones a la crisis sub-paradigmática," serían el producto de los mecanismos de ajuste estructural del sistema y, hace la advertencia de que el sistema se está debilitando irreversiblemente, esas soluciones, asegura Souza Santos, serán crecientemente ¿provisionales e insatisfactorias? El autor estima y así lo expresa, que la visión sub-paradigmática, no tiene preocupación por los cambios a largo plazo o desecha sus bases cognitivas, por considerar que no son científicas.

Es normal que haya ese sentimiento y esa experiencia, los gobernantes de estas sociedades, son nietos, descendientes de esos poderes de otros tiempos, consideran, que si algo han aprendido, es que el capitalismo, siempre soluciona con éxito sus crisis y siempre dentro de un marco de tiempo relativamente corto. Debería ser así, pero cuando hay acuciosidad de las causas de los fenómenos de crisis, como la que padecido Estados Unidos, en estos primeros años del siglo XXI; el panorama ha variado y por más súper nación, que sea, se ha vuelto vulnerable en muchos rubros que son clave para el desarrollo del futuro.

Los gastos en guerras y en publicidades subliminales para convencer y justificar acciones bélicas, además de yerros en la administración de los recursos económicos, han golpeado la estructura sustancial del capital; la crisis ha durado más de un mediano plazo, administrativo y las soluciones aún no se ven, entonces aquí el pasado del capitalismo, está fallando, el impacto social lamentablemente, se sacude, las financieras, resienten en su estructura de capital, porque los errores han sido drásticos.

Souza Santos dice: "La audiencia transformativa es probablemente más apocalíptica en la evaluación de los temores, riesgos y colapsos que se observan en nuestro tiempo, pero también tendería a ser más ambiciosa en relación con la gama de posibilidades y opciones históricas que se están abriendo. De acuerdo con lo temas y las circunstancias, el proceso de globalización puede entonces verse algo altamente destructivo de identidades y de equilibrio irremplazables, o como la inauguración de una nueva era de igualdad solidaria a nivel global, o aún cósmico.

Agrega Souza que "Por el contrario, para la audiencia adaptativa, las transformaciones globales, actuales en la economía, la política y la cultura deben rechazarse o alentarse según las circunstancias. Sin embargo, a pesar de su indudable relevancia, las circunstancias no están forjando ni una distopía del tipo de, "En mundo feliz" de Aldous Huxley, ni una utopía. Expresan simplemente la turbulencia transitoria y el caos parcial que acompañan usualmente a cualquier cambio en sistemas que han caído en la ruina." (DE SOUZA Santos Boaventura, "Sociología Jurídica Crítica", opci. Cap. 6, pp, 303).

(Una distopía, llamada también anti-utopía, es una utopía perversa donde la realidad transcurre en términos opuestos a los de una sociedad ideal. El término fue acuñado como antónimo de «utopía» y se usa principalmente para hacer referencia a una sociedad ficticia, frecuentemente emplazada en el futuro cercano, donde las consecuencias de la manipulación y el adoctrinamiento masivo —generalmente a cargo de un Estado autoritario o totalitario— llevan al control absoluto, condicionamiento o exterminio de sus miembros bajo una fachada de benevolencia. El término fue acuñado a finales del siglo XIX por John Stuart Mill, quien también empleaba el sinónimo creado por Bentham «cacotopía», al mismo tiempo. Ambas palabras se basaron en el término «utopía» acuñada por Tomás Moro como «ou-topía» o «lugar que no existe», normalmente descrito en términos de una sociedad perfecta o ideal. De ahí, entonces, se deriva «distopía» como una «utopía negativa» donde la realidad transcurre en términos antitéticos a los de una sociedad ideal. Comúnmente, la diferencia entre «utopía» y «distopía» depende del punto de vista del autor de la obra o, en algunos casos, de la percepción del propio lector, que juzgue el contexto descrito como deseable o indeseable. Diccionario Inglés de Oxford). (Cita del autor de la tesis).

A manera de conclusión sobre esta fase del trabajo se puede determinar que:

• La globalización es uno de los procesos humanos que más ha influido en la vida del hombre, pero también es uno de los que más discusión ha tenido, en los últimos tiempos.

• Los procesos de globalización afectan a todo la población y en todos los ámbitos (económico, político, social, jurídico, cultural, educativo, etc.).

• La globalización ha traído como consecuencia la apertura económica, la internacionalización de las leyes, la intervención internacional en la política y el origen de la llamada sociedad planetaria.

• La globalización ha traído consigo un sin número de inconvenientes, pero también ha aportado cosa buenas tales como la ampliación del conocimiento y la integración comercial entre los países.

Nos encontramos entonces en la parte dispositiva de la hipótesis y la realidad estudiada e investigada en los diversos foros y en fuentes sustanciales reales, de las sociedades del mundo, específicamente de América Latina y de Costa Rica, como objetivo particular del trabajo. Entonces para recordar, citaremos parte por parte cada uno de los puntos que debieron ser demostrados en esta investigación:

5-. Que estas agencias que financian las reformas de estructuras han sido el blanco de críticas de académicos y activistas tanto en los países en desarrollo como en los países desarrollados. Que se ha podido demostrar, a pesar del discurso técnico de neutralidad del que se valen las teorías y los programas que proponen reformas al derecho para facilitar la expansión de la globalización que pueden ser altamente conflictivo, e incluso pueden ser un obstáculo serio para el uso progresista del derecho.

Esto se ha podido demostrar con todas las críticas expresadas arriba y con las diversas denuncias que hemos recogido, en este documento. No obstante, quedan algunas premisas para dar a conocer y para comprobar lo dicho en el punto cinco de la hipótesis general:

Causas, objetivos y naturaleza de la reforma del Estado.

6-. Los gobiernos de la región han emprendido el camino de la reforma del Estado. Lo hacen en función de sus particulares necesidades y circunstancias. Pero coinciden en adoptar la estrategia de que es necesario reformar el Estado y fortalecer sus instituciones para mejorar el bienestar de toda la población.

Fueron llevados a este camino por varias causas. La primera fue la crisis fiscal de los años ochenta, vinculada con la crisis de la deuda, que exigió a los gobiernos una reevaluación de las instituciones del Estado en función del presupuesto fiscal y de un manejo más sofisticado de la macroeconomía.

La segunda fue la necesidad de que las economías sean más competitivas para que las empresas de la región puedan tener éxito en un mercado internacional caracterizado por la libertad de comercio y el libre movimiento de capitales que resultan de la globalización de la economía.

La tercera fue el incremento de la pobreza, la desigualdad y la violencia social en la región, que el Estado tiene la responsabilidad de aliviar y reducir.

La cuarta causa responde a las nuevas inquietudes acerca del medio ambiente. Estas incluyen la necesidad de preservar la biodiversidad, que constituye un activo excepcional de la región cuyo valor económico aumenta cada vez más, y superar el círculo vicioso que se crea entre la degradación del medio ambiente y la pobreza.

La quinta causa responde a la necesidad de incorporar los nuevos conocimientos económicos y utilizar las enseñanzas recogidas de la experiencia económica internacional de estos últimos años.

Por último, pero no menos importante, la consolidación y la profundización de la democracia por medio de los procesos de descentralización impulsan la reforma del Estado y afectan a todos sus objetivos.

De hecho, tal como es presentado en el discurso dominante, el Estado de derecho consiste en un conjunto de normas e instituciones que garantizan la inviolabilidad de los contratos y de la propiedad privada. En este sentido, dicha versión del Estado de derecho y las reformas judiciales implementadas para reforzarlo hacen parte de lo que se ha llamado de forma adecuada "democracia de baja intensidad", esto es, un conjunto de estándares formales que facilitan la acumulación de capital y que no proveen oportunidades para una amplia participación política y para la protección efectiva de los derechos de los marginados. Así comprobado por sendas investigaciones de Crítica Sociológica Jurídica, por teóricos, como Souza Santos y otros que se citarán en el trabajo conforme avance…

Tal fenomenología impuesta por dichas agencias internacionales, por intereses de USA, afectan directamente la soberanía estructural del derecho nacional, o el mismo Estado de Derecho Social.

El Estado y el crecimiento económico.

La experiencia de las economías regionales y los estudios internacionales recientes demuestran la importancia que revisten para el crecimiento la estabilidad macroeconómica, la apertura comercial y financiera, la inversión en capital humano e infraestructura, y un marco reglamentario apropiado que facilite el desarrollo del sector privado y del sistema financiero. En todos estos campos el Estado desempeña un papel central.

Pero esa misma experiencia demuestra que en todos estos aspectos existen hechos y conceptos nuevos que exigen modificar la manera tradicional en que el Estado ha intervenido en las economías latinoamericanas. Para consolidar la estabilidad macroeconómica no basta con adoptar políticas sanas, sino que éstas deben ser percibidas como estables y "creíbles" por parte de los inversionistas nacionales e internacionales.

La apertura comercial unilateral y las negociaciones multilaterales en el seno de la Organización Mundial de Comercio (OMC), se complementan con los nuevos esquemas de integración económica, en lo que se ha dado en llamar "regionalismo abierto". Para superar el atraso en la cobertura y la calidad de la infraestructura y en el capital humano, y al mismo tiempo, mantener los equilibrios fiscales, se requiere la participación activa del sector privado bajo la dirección del Estado, que debe ahora diseñar y regular nuevos mercados y cuasi-mercados, de modo tal que se asegure una inversión suficiente, la eficiencia y se garanticen los derechos de los usuarios.

El sector privado necesita la ayuda del Estado para reducir el costo de las transacciones, para fortalecer los derechos de propiedad y la vigencia de los contratos y para agilizar la solución de las disputas comerciales. La rápida integración y el vertiginoso desarrollo tecnológico del sector financiero imponen nuevas demandas al Estado en materia de regulación y supervisión.

Estos nuevos hechos y conceptos -credibilidad de la política macroeconómica, regionalismo abierto, cuasi-mercados para los bienes públicos, reducción de los gastos de transacción, integración y desarrollo tecnológico del sector financiero, descentralización- determinan en buena medida las características de la reforma del Estado. A continuación se analizan cada uno de estos puntos.

7-. Se demostrará que por lo tanto, el potencial emancipatorio del Estado de derecho –representado, por ejemplo, por disposiciones constitucionales que garanticen derechos y mecanismos de protección que permitan a la ciudadanía combatir los abusos del Estado y las desigualdades económicas, y por un poder judicial activista en la protección de dichos derechos– tiende a ser marginalizado y eventualmente excluido de las teorías y programas de reforma del derecho.

La estabilidad macroeconómica

La estabilidad macroeconómica, en especial el equilibrio fiscal, importa más que nunca en economías abiertas y afectadas por la volatilidad de los flujos de capital. También sabemos que la estabilidad macroeconómica atrae la inversión a largo plazo y favorece el crecimiento.

La región ha experimentado avances significativos en materia de estabilización. Pero la crisis del peso mexicano a fines de 1994 y el impacto que esa crisis tuvo en otros países de la región han hecho ver que aún falta mucho para consolidar la estabilidad. Y que en ocasiones no basta con adoptar una política macroeconómica sana: para que se consolide la estabilidad macroeconómica los inversionistas tienen que creer en la estabilidad y la fortaleza de la política económica y de las instituciones financieras de los países.

La credibilidad importa y el Estado y sus instituciones tienen el papel insustituible de crearla y mantenerla. Así lo piensan en el ceno del Banco Mundial y así lo dan a conocer abiertamente en diferentes documentos que publican en diversos foros y medios de comunicación.

Algunos hechos particulares que caracterizan a América Latina y el Caribe. La volatilidad macroeconómica en la región ha sido más alta que en los países de Asia Oriental, y aun cuando los gobiernos encaran reformas económicas y mantienen una sana política macroeconómica, no siempre pueden afianzar, en el corto plazo, la credibilidad de sus instituciones financieras. Esto es significativamente verdad, pero los recursos de la región, son deficitarios e ineficientes.

Y ellos en la integración del Banco mundial consideran que por eso el Estado debe mejorar la capacidad técnica y la credibilidad de las instituciones que formulan y aplican su política macroeconómica creando nuevas instituciones o cambiando la naturaleza de las instituciones existentes cuando sea necesario, por ejemplo, estableciendo un alto grado de independencia del banco central.

La credibilidad también exige modernizar la gestión financiera del Estado, alejándola de las prácticas clientelistas y de corto plazo que han caracterizado el manejo del Estado en nuestra región. La integración de la gestión financiera, la modernización del manejo de la deuda pública y de las instituciones que administran el presupuesto y el sistema impositivo, son reformas del Estado necesarias para garantizar la estabilidad y la credibilidad de la política fiscal. En varios países de la región este proceso de reforma está bastante adelantado.

Consideran en el Banco Mundial, y así lo exponen en un documento denominado Itinerario del Banco Mundial, que:

"La experiencia europea nos enseña que cuando el Estado monopoliza la producción y la distribución de bienes públicos, es necesario elevar la carga tributaria de un país a niveles cercanos al 40% o el 50% del producto interno bruto para poder suministrar esos servicios en forma eficaz. Los gobiernos de la región no tienen por lo general la capacidad administrativa ni la fuerza política para recaudar por medio de sus sistemas impositivos recursos de esta magnitud, y el resultado es que el suministro de bienes públicos es deficiente.

Una solución es que el Estado establezca instituciones autónomas que reglamenten y supervisen la provisión de bienes públicos producidos por el sector privado; de esta manera se puede incrementar la inversión, mejorar la eficiencia y la calidad, y preservar el equilibrio fiscal. Esta solución ha requerido crear mercados, o cuasi-mercados, antes inexistentes, a través de nuevos marcos legislativos y reguladores. También ha exigido la reglamentación de los monopolios naturales, cuando éstos son inevitables, como por ejemplo en el suministro de agua y en el acceso a los caminos de peaje.

Como parte de esta estrategia, el Estado debe reformar la instituciones existentes para trasladar parte de sus funciones a los gobiernos sub-nacionales, provincias, municipalidades y otras subdivisiones, (véase el capítulo 2), privatizar las empresas del Estado y corporeizar las que no pueden o no desea privatizar.

En lo que hace a las instituciones del sector social, es indispensable introducir incentivos que favorezcan la calidad y la eficiencia.

En la actualidad, en América Latina y el Caribe el proceso de reforma del Estado está relativamente avanzado en materia de creación de marcos reguladores, infraestructura y en el campo de la reforma de la seguridad social, pero aun queda mucho por hacerse en financiación, asignación de riesgos entre el sector público y el sector privado, en el manejo de los riesgos y las garantías estatales, el presupuesto de las contingencias fiscales, etc. En el campo de la salud, algunos países han iniciado procesos de reforma en esta dirección. Paradójicamente, la educación es el campo más importante y en el que menos ha avanzado el proceso de reforma en la región."

Agregan los técnicos del Banco Mundial que en materia de Creación de un medio propicio para el desarrollo del sector privado:

Los altos costos de transacción relacionados con la protección de los derechos de propiedad, el respeto de los contratos y los sistemas de resolución de disputas comerciales constituyen una barrera para el desarrollo y el mejoramiento del sector privado en América Latina y el Caribe, y es función del Estado reducir esos costos. En algunos países el reconocimiento del derecho de propiedad no se ha desarrollado uniformemente, y es difícil lograr que los contratos se cumplan, mientras que los sistemas para resolver las disputas son costosos, demorados y poco confiables.

Para mejorar esta situación se requiere reformar la justicia para hacerla más autónoma y eficiente, tomando en cuenta los criterios modernos de desarrollo económico. Además, buena parte de la población posee bienes raíces sin títulos jurídicamente definidos y que, por lo tanto, no pueden vincularse de manera efectiva al proceso productivo ni servir de garantía para acceder al crédito. Muchos negocios se mantienen, por estas razones, en la informalidad. Por último, corresponde al Estado el establecimiento de normas que promuevan la competencia y su decidida aplicación.

Para crear un medio propicio para el desarrollo del sector privado debe descartarse una falacia muy arraigada en la región: que el Estado y los mercados son antagónicos por naturaleza. Esta falacia ha originado dos actitudes opuestas y equivocadas con respecto a la relación del Estado con el mercado. Por un lado está la actitud tradicional que frente a una falla del mercado busca una solución estatista al problema, postulando al Estado como el agente económico perfecto que lo resuelve todo. Por el otro está la actitud neoliberal que frente a una falla del Estado postula que el problema se debe dejar en la mano invisible que dirige un mercado espontáneo y perfecto. Ninguna de estas actitudes promueve un entorno favorable al desarrollo del sector privado y ambas postulan un estéril y falso antagonismo entre Estado y mercado.

En última instancia, los mercados son criaturas del Estado, y el papel de éste es promover y proteger la competencia en los mercados para que crezcan y se desarrollen adecuadamente. En otras palabras, los mercados competitivos son un bien público más, y el Estado es responsable de suministrar este bien a la población."

En un mensaje subliminal y directo a la vez, los técnicos del Banco Mundial influyen, para que se realicen reformas sustanciales institucionales, que permitirían la idea de modificar los sistemas judiciales y reformarlos a favor de la proyección de uniformar al mundo en materia de obligaciones jurídicas, en pro del mercado mundial:

"El Estado como gestor de instituciones y espacios económicos en el mundo. Una función del Estado que suele olvidarse cuando se analizan sus funciones como determinante del crecimiento económico en su papel como gestor y participante en instituciones y espacios de la economía internacional. En esta función el papel del Estado es insustituible.

Únicamente los Estados pudieron crear las instituciones de Bretton Woods, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, y el Banco Interamericano de Desarrollo. Únicamente los Estados pudieron crear y mantener el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), el Convenio de la Organización Mundial de Comercio (OMC), la Comunidad Europea, la Asociación de Cooperación Económica del Pacífico, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC), Mercosur, Caricom y el Pacto Andino. Y únicamente los Estados pueden integrar los mercados de capitales a través de medidas que fomenten el desarrollo de empresas y la competitividad y desarrollen la credibilidad. Estas instituciones y espacios económicos y financieros son hitos en el proceso de globalización de la economía, y el papel que desempeña el Estado en su creación y mantenimiento también puede ser eficiente o ineficiente, eficaz o ineficaz. Consideramos que la reforma del Estado en América Latina tiene que abarcar la capacitación de los Estados para ejercitar este papel lo mejor posible." (PERRY Guillermo Rubio, Jefe del Banco Mundial, para América Latina y el Caribe. Este itinerario de las actividades, estudios e investigaciones que realiza el Banco Mundial sobre la importancia y el papel del Estado en la economía moderna fueron preparados con trabajos realizados por funcionarios del Banco. Se utilizaron notas y seminarios del economista jefe del Banco para América Latina y el Caribe, Guillermo Perry, para prestar los motivos, los objetivos y la naturaleza de la reforma del Estado en la región. El ensayo de Malcolm Rowat El nuevo papel del Estado en América Latina y el Caribe aportó valiosos datos. El capítulo sobre gobiernos "subnacionales" se basa en el sumario ejecutivo y las conclusiones del trabajo de George E. Peterson Decentralization in Latin America: Learning through Experience. Los capítulos sobre la modernización de la administración pública y la reforma judicial están basados en los trabajos de Geoffrey Shepherd y Sofía Valencia, Modernizing the Public Administration in Latin America: Common Problems, No Easy Solutions, el trabajo de María Dakolias, Judicial Reform in Latin America and the Caribbean, y el trabajo de Waleed Haider Malik, El Desarrollo Económico y la Reforma Judicial, Vr documento en la Internet). Guillermo Perry Rubio (n. Samacá, Boyacá, Colombia; 1945) es un economista y político colombiano. Fue ministro de hacienda en el gobierno del presidente Ernesto Samper y ha sido elegido por elección popular para integrar el Senado de Colombia como miembro del Partido Liberal. Perry realizó sus estudios en la Universidad de los Andes de y luego viajó a Estados Unidos donde realizó estudios doctorales en economía en el Massachussets Institute of Technology. Se ha desempeñado como director de Fedesarrollo y del CEDE de la Universidad de los Andes, director de crédito público, profesor universitario, y ministro de Minas durante el gobierno de Virgilio Barco. En 1991 hizo parte de la Asamblea Nacional Constituyente y fue senador por el Partido Liberal Colombiano. Después de haber sido Ministro de Hacienda, Guillermo Perry ingresa al Banco Mundial donde se desempeña como economista en jefe de la región de América Latina y el Caribe de esta institución. Perry será profesor visitante en la escuela de gobierno (JKF) de la Universidad de Harvard entre el segundo semestre de 2009 y el primer semestre de 2010). (Cita del autor de la tesis).

América Latina se esfuerza por lograr mejores instituciones que se caractericen por una mayor eficiencia y autonomía y mejora en el suministro de servicio. A su vez, ello requiere un esfuerzo importante de reforma del Estado concentrado en áreas tales como gestión del sector público, transparencia y responsabilidad, elaboración de un marco legal para el desarrollo, y velar por el cumplimiento del imperio de la ley. Así lo estiman los técnicos economistas del Banco Mundial, quiénes según estiman, esas reformas se han venido dando efectivamente en la mayoría de las naciones de la región.

Entendiendo estas premisas podemos ubicarnos en la parte número ocho de la hipótesis general, que en relación con los cambios del campo jurídico en forma transnacional, tienden a la imposición de reformas en materia jurídica, como la comercial por ejemplo. El ordenamiento jurídico de un país establece los principios básicos esenciales para que la economía funcione bien. La capacidad de hacer cumplir dichas leyes, a su vez, es crítica para el desarrollo económico y social sostenible.

Ello requiere un Poder Judicial que preste servicios de primera calidad de una forma puntual, equitativa, efectiva y transparente. La cantidad y la complejidad de las querellas relacionadas con las empresas aumentan, en la medida en que lo hace la actividad del mercado. La capacidad del sistema judicial y jurídico de manejar el volumen de disputas cada vez más complicadas afecta el nivel de la inversión empresarial privada; la eficiencia de los mecanismos de mercado; la percepción del riesgo inherente a las actividades mercantiles; el grado de competencia, y la equidad y la transparencia de las transacciones mercantiles.

Cuando es necesaria, la reforma judicial beneficia a todo el mundo. Beneficia al sector privado al hacer las transacciones mercantiles más predecibles para bajarles el costo; al sector público, al establecer mejores reglamentaciones y responsabilidad, y al público en general, al aumentar el acceso a los programas y servicios de asistencia jurídica, así como en crear confianza en la sociedad civil.

Sorprendentemente, se ha realizado muy poca investigación acerca de la cuantificación de los costos económicos de un sistema judicial y jurídico que funciona mal. La evidencia fundamentalmente es anecdótica o en la forma de monografías aisladas.

8-. Establecer un manifiesto consensual, de los teóricos latinos y costarricenses, tomando en cuenta a los líderes de los Poderes del Estado, contra este telón de fondo, poner en tela de juicio dichas reformas se vuelve una tarea necesaria. En el contexto latinoamericano dicha tarea es urgente, dada la proliferación de reformas de los ordenamientos jurídicos encaminadas a transformar instituciones de todo tipo –v.gr., las fiscalías, los consejos superiores de la judicatura, los juzgados y las facultades de derecho–. Como explicaré más adelante, estas reformas han sido implementadas en las dos últimas décadas por los gobiernos de la región con el auspicio y asesoría de instituciones tales como el Banco Mundial, USAID, la AID, FMI y el BID.

Las experiencias de otros países con la reforma judicial presentan varias lecciones para los responsables de formular las decisiones políticas en los países que están en vías de desarrollo y en transición. Estas experiencias son de importancia especial para los responsables en tomar decisiones en América Latina, quienes necesitan responder urgentemente a los cambios en el medio externo.

Tales como el nuevo Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) y el Convenio de la Organización Mundial de Comercio (WTO), las implicaciones del TLC y la integración de los mercados de capital a través de medidas que fomentan el desarrollo empresarial y la competitividad (por ejemplo, la República de Venezuela está a la vanguardia de la modernización del Poder Judicial en América Latina con el apoyo del Banco Mundial).

La familiarización con las mejores prácticas internacionales es de gran utilidad para los responsables de tomar decisiones en los países de Europa central y oriental y en otros Estados independientes de la antigua Unión Soviética que enfrentan la pregunta fundamental de cómo construir una infraestructura jurídica que garantice el cumplimiento de las leyes y establezca los cimientos legales para una gestión económica sólida en el marco de un sistema orientado hacia el mercado.

La reforma judicial también es un proceso a largo plazo y requiere la participación del sector judicial íntegro. Aún más, el papel del juez, o del personal administrativo judicial es crítico para el éxito de la reforma, y las medidas de incentivos, tales como mejores salarios y la clara definición en la carrera judicial u otras actividades que fortalezcan la independencia.

Son fundamentales para los países que desean mejorar el sistema judicial. La experiencia internacional sugiere que no sólo es importante crear el consenso entre los niveles más altos de las diferentes ramas del gobierno y la sociedad civil, sino que es esencial que los jueces mantengan liderazgo y trabajen conjuntamente con profesionales multidisciplinarios y otros actores del sector para poner en práctica dichas reformas.

Las reformas judiciales exitosas han hecho que el Poder Judicial sea más independiente; que los procedimientos jurídicos y las leyes sean actualizados y simplificados; que la administración de los tribunales haya mejorado; que brinden mecanismos alternativos para la resolución de diferendos; que hayan mejorado la educación y la capacitación jurídica; ampliado el acceso a la justicia; mejorado la infraestructura física y la calidad de la profesión jurídica.

Estos elementos están interrelacionados y deben tener una secuencia temporal. El éxito de esas reformas generalmente se mide siguiendo indicadores tales como la reducción en los atrasos y las demoras, el aumento de la efectividad en el acceso a los tribunales, y una mayor confianza del usuario. Por ejemplo, para beneficio de la comunidad empresarial nacional e internacional, el Informe sobre la Competitividad Mundial pública una comparación internacional de la confianza del usuario en el sistema jurídico comercial. Sin embargo, es importante notar que las comparaciones en todo el país tienen una utilidad limitada, dado que las metodologías de clasificación varían con las características institucionales nacionales.

Para hacer todavía más difícil las comparaciones, se añaden las diferencias en las características jurídicas (los procedimientos, la clasificación y la complejidad de los casos, y la jurisdicción de los tribunales) entre los países. A pesar de estos obstáculos, los países desarrollados (incluyendo algunos Estados de Europa oriental, por ejemplo Polonia y Eslovenia) utilizan varios indicadores de calidad y de eficiencia que surgen como resultado del trabajo de los sistemas de justicia.

Cuando se habla de globalización de la regulación jurídica, andamos entendiendo a esas situaciones que son creadas, para que el sistema judicial de un país, cambie por influencia o presiones internacionales, las afirmaciones de Guillermo Perry Rubio en el documento denominado "Itinerario del Banco Mundial, expresan esa influencia, no solo del Banco Mundial, sino de otras entidades financieras internacionales, que tienen intereses para esas reformas.

Las presiones se ejercen de manera similar o con propósitos similares en diferentes partes del sistema interestatal; así lo señala Boaventura De Souza Santos, cuando dice: "El impacto del contexto internacional en la regulación jurídica del Estado-nación, en lugar d ser un fenómeno nuevo, es inherente al sistema interestatal y sus orígenes pueden ser rastreados hasta el Tratado de Westfalia (1648). Tampoco es nuevo que el contexto internacional tienda a ejercer una influencia particularmente fuerte en los campos de la regulación jurídica y de la economía y la vida comercial, como lo confirman los muchos proyectos de unificación del derecho, las reformulaciones de las leyes y la propuesta de modelos jurídicos realizados por comparatistas del derecho y llevados a cabo por organizaciones internacionales y gobiernos nacionales.

Como lo indican los mismos nombres de los proyectos el efecto de arrastre internacional se ha dado de manera tradicional en dirección a la uniformización y la estandarización, ilustrada ejemplarmente por los proyectos pioneros de Ernest Rabel, al comienzo de los años treinta, y por el establecimiento del Instituto Internacional para la unificación del Derecho Privado (Unidroit), con el objeto de unificar el derecho sobre la formación de contratos internacionales, lo que llevó, por ejemplo, al Derecho uniforme sobre la Formación de Contratos Internacionales de Compraventas (1949) (Van der Velden, 1984: 233)."

Agrega De Souza Santos que "El actual proceso de globalización de la regulación jurídica estatal parece ser un fenómeno cualitativamente nuevo. En primer lugar, es un fenómeno bastante general y de largo alcance, que cubre un rango amplio de intervención estatal y requiere cambios drásticos en el patrón de intervención. A presión proveniente del centro es relativamente monolítica, tal como emerge del consenso de Washington, de acuerdo con el cual el modelo de desarrollo orientado hacia el mercado es el único factible para el logro de un nuevo régimen global de acumulación y, por tanto, el ajuste estructural que requiere debe llevarse a cabo en todo el mundo. Combinadas con esta presión del centro, existen otras que en algún sentido, la refuerzan, tales como el fin de la Guerra Fría, las innovaciones espectaculares en las tecnologías de información y comunicación, los nuevos sistemas de producción flexible, el surgimiento de bloques regionales y una mezcla ideológica recién diseñada del liberalismo económico y democracia liberal. El alcance de estas presiones es todavía mayor si se compara con procesos interiores de globalización, porque el actual tiene lugar tras décadas de regulación estatales activa dentro de la economía en los países centrales, periféricos y semi-periféricos. La creación de los requisitos normativos e institucionales de operación del modelo centrado en el mercado implica, por tanto, una destrucción normativa e institucional tal que es posible que afecte no sólo a las estrategias de acumulación del Estado, sino también a su hegemonía y a sus estrategias de creación de confianza." (DE SOUZA Santos Boaventura, opcit. Cap. 6, pp. 330).

De Souza Santos asegura que "el segundo factor de la novedad de la globalización jurídica actual es el hecho de que las asimetrías del poder transnacional, entre el Norte y el Sur, son hoy más brutales que nunca. En realidad la soberanía de los países más débiles está ahora directamente amenazada no tanto por los Estados más poderosos, como solía suceder, sino más bien por las agencias financieras internacionales y otros actores transnacionales privados, como las ETN. La presión es, por ende, respaldada por una coalición transnacional relativamente cohesionada, alimentada por recursos poderosos y de repercusión mundial." (DE SOUZA Santos Boaventura, opcit. Cap. 6, pp. 331).

De uniformidad deseada por estas transnacionales, saltamos a las asimetrías contra la soberanía de estos pueblos de América; no habla de cosa nueva Boaventura, no obstante, en la actualidad se entiende que hay mejor capacidad para cuidar las hegemonías y soberanías de cada grupo social y evitar la invasión, la expansión, que va más allá de la territorialidad de los estados y bloquear la enajenación, que pueden producirse por medio de la producción de mensajes subliminales, que llegarían a los cerebros débiles de los gobernantes y los políticos de turno, a través de los medios de comunicación y la Intra-Net.

El mundo entero está librando una guerra campal generalizada, por el dominio de la raza humana, esta guerra presenta la particularidad de que en ella las batallas no se ganan tanto enrolando a ejércitos humanos directamente en los campos de batalla, la guerra se libra a nivel de convencimiento a los más débiles para que acéptenlas prerrogativas de los poderosos del capitalismo mundial.

Buscan la forma de dividir las naciones de la región, para así tener mejor resultado en la aplicación de reformas que ellos necesitan para alimentar su propio poder de ambición por la riqueza material, cuanto más crece el capital y la producción que les compete en materia económica, más se extiende la división de los pueblos, mientras más se extiende el divisionismo regional, más fácil se hace para los poderosos del mundo doblegar las soberanía de las naciones.

En la fase de producción, no actúan solamente sobre la naturaleza, sino que también interactúan los unos sobre los otros. No obstante, nunca han logrado entender que no pueden desarrollar una actividad organizacional sin la interacción humana, sin asociarse de un cierto modo, para actuar en común, con modelos sistémicos, que permite armonía, para que la superestructura de las empresas funcione adecuadamente y lograr un intercambio de diversas actividades, económicas, sociales, culturales, de educación más que de otras cosas, porque las experiencias no son iguales en ninguna latitud del mundo.

Esos vínculos que de toda forma deben contraer los seres humanos para la existencia global, son relaciones, que deberían tener equidad, armonía, fórmulas organizacionales efectivas, sin imposiciones de ninguna índole, sino manejar un Ordenamiento Jurídico, en el cual todo ser humano con capacidad de producción pueda participar en el determinado mercado del mundo, con los mismos derechos.

Las relaciones sociales que contraen los productores entre sí, las condiciones en que intercambian sus actividades y toman parte e el proceso conjunto de la producción variarán, sobre la base de las características de los medios de producción. Las armas, n pueden ser nunca más el elemento sustancial para obligar a los débiles a contraer responsabilidades, del tipo de los señores feudales. Las relaciones humanas de producción, tienen que cambiar, por tanto se transforman, al cambiar y desarrollar los medios materiales de producción, las fuerzas productivas, esto permitirá un determinado desarrollo histórico humano para bien del planeta.

Los medios de vida, los instrumentos de trabajo, las materias primas que componen el capital, han sido producidos y acumulados bajo condiciones sociales dadas, en determinadas relaciones sociales y realmente es esa característica social determinado el que convierte en capital los productos destinados a la nueva producción. De tal forma que el capital no se compone únicamente de medios de vida, instrumentos de trabajo y materia prima, no se compone solamente de productos materiales, se compone igualmente de valores de cambio, es esa evolución, que permite la democracia, la participación de todos los que pueden estar en el campo de la producción en general, científica, sociológica, cultural y educativa.

Debe entenderse en esta perspectiva de la búsqueda de un mercado global, que hay que respetar ciertos principios de magnitud social, en el cual debe tomarse en cuenta el género humano, que es uno solo en el mundo entero. Hay que recordar que por sí, en su estructura el capital, es susceptible d cambiar constantemente, sin que por eso sufra en sí de menores alteraciones. La proporción concreta en que pueden cambiarse constituye su valor de cambio o, si se expresa en dinero, su precio.

Esa denominación económica, es lo que viene a establecer la balanza comercial, cuando se intercambian los productos, este cambio, o trueque, significa que la sociedad como organismo vivo y estructurado, pueda evolucionar para beneficio de las mayorías y no solo para los que ostentan el poder. Significa que por el hecho de que, en cuanto a fuerza social independiente, es decir, en cuanto a fuerza en poder de una parte de la sociedad global, no importa, porque también puede ser internamente dentro de cada Estado, se conserva y aumenta por medio del intercambio, esa interrelación, con la fuerza de trabajo inmediata, que no puede faltar, esa fuerza viva, que muchos creen que no tiene valor. La existencia de una clase que no posee nada más que su capital de trabajo es una premisa necesaria para que exista el capital integral.

Para entenderlo en forma real y tangible, significa que sólo el dominio del trabajo acumulado, pretérito, materializado sobre el trabajo inmediato, vivo, presente y real, convierte esa labor acumulada en capital acumulado, para bien del globo entero; ningún mercado del mundo se abastecerá sin la fuerza real y tangible de ese trabajo, de los que tiene capacidad para realizarlo materialmente y pretéritamente…

Representémonos esta agitación febril proyectada al mismo tiempo sobre todo el mercado mundial, y habrá una idea de cómo el incremento, la acumulación y concentración del capital trae consigo una división de sociedades, una aplicación de maquinaria nueva y un perfeccionamiento de la antigua en una carrera atropellada e ininterrumpida, en escala cada vez más gigantesca.

De esta forma la presión y la influencia de los capitalistas, por medio de cada instrumento organizacional, estudiado y calculado, como son las transnacionales y las agencias financieras internacionales, con sendos intereses, para proponer los cambios en todos los niveles paradigmáticos de los estados nación de América latina.

Señala Boaventura De Souza: "Aunque la globalización del derecho estatal no está restringida al campo económico, es ahí donde logra su mayor relevancia. Las políticas de ajuste estructural afectan especialmente a una enorme gama de intervenciones del Estado en los ámbitos económico, comercial y social, provocando turbulencias en numerosos campos jurídicos y en escenarios institucionales. Son rasgos intencionales y no intencionales del consenso de Washington, que requieren a menudo cambios jurídicos masivos: la liberación del comercio; la privatización de las industrias y de los servicios; la liberación agrícola, el desmantelamiento de agencias reguladoras y mecanismos de licencias; la desregulación del mercado laboral y la "flexibilización" de la relación salarial, la reducción y comercialización de los servicios sociales (tales como los mecanismos para compartir costes, los criterios más estrictos para e otorgamiento de provisiones sociales, la exclusión social de los grupos más vulnerables, la competencia comercial entre instituciones estatales como los hospitales públicos); la menor preocupación por los asuntos ambientales; la reforma educativa dirigida a la formación profesional y laboral más que a la construcción de ciudadanía; las políticas familiares que agravan más la condición de las mujeres y los niños. Debido a que todos estos cambios tienen lugar al final de largos períodos de intervención estatal en la vida social y económica (a pesar de las diferencias considerables existentes a lo largo del sistema mundo), la reducción del Estado no puede conseguirse sino a través de una profunda intervención estatal. El estado debe intervenir para no intervenir. Por eso la desregulación implica re-regulación." (DE SOUZA Santos Boaventura, opcit. Cap. 6, pp. 331).

Quiere decir que el intervencionismo del Estado, únicamente será operante y efectivo en la medida en que ofrezca en la regulación, garantía y seguridad para las empresas transnacionales, que realizan actividades de producción y comercio dentro y fuera de las naciones; de tal forma, que ningún estado podrá competir con la organización privada, quién será privilegiada en todos sus alcances, sin discusión; los monopolios de los estados, desaparecerían, por medio de convenciones comerciales, en las cuales se impondrán las políticas de las transnacionales, para proteger, su acción productiva y comercial global.

Los estados de brazos cruzados, únicamente avalarán las acciones comerciales y de producción, de las empresas privadas, pero en Estados Unidos, las diversas oficinas: Secretarios para los diversos rubros definen toda la actividad estructural y súper-estructural de la producción y el comercio; de tal forma, que de ese país, no sale, ni ingresa ningún producto, que no esté planificado en los esquemas que el Gobierno dedica para esos menesteres.

Muchos comerciantes que han intentado ingresar a esos mercados de cincuenta y dos estados, se han frustrado y han denunciado, que para poder tener una cuota, hay que negociar un tipo de mafia, que maneja los mercados en cada producto; este es otro sistema en donde los reglamentos son impuestos por los que tienen el poder de esos mercados tan poderosos; obstante, los países de la región, podrían negociar y planificar la producción de ciertos bienes, que no se producen en Estados Unidos y que son necesarios para las mesas, u hogares de los ciudadanos.

Boaventura Souza expresa el hecho de que "el ejemplo más importante de la globalización ha ocurrido en el campo de las telecomunicaciones. Éste es un terreno en el que, hasta mediados de la década de los setenta, el campo jurídico estaba dominado totalmente por e principio del Estado. La mayoría de los países adoptaron la idea del monopolio natural sobre las telecomunicaciones, que operaban como una extensión de la perspectiva entidad gubernamental. El monopolio de los servicios y del equipamiento, según se creía, era la vía más eficiente y equitativa parra prestar el servicio público, tanto en el nivel doméstico como en el internacional. Se creía también que serviría mejor a la seguridad nacional a través de tales monopolios controlados. Además los políticos vieron en los monopolios y en el correspondiente control sobre las burocracias nacionales una fuente virtual infinita de retribuciones políticas."

Agrega De Souza que ese modo de regulación que duro más de cien años comenzó a cambiar en la década de los setenta, hay que recordar que las telecomunicaciones fueron bastante bien administradas por el Gobierno de Estados Unidos y otros países con poder satelital en el espacio. En este momento, de acuerdo con De Souza Santos, "todavía no existe un modo de regulación unificada que haya reemplazado al anterior y el campo de las telecomunicaciones está atravesando un período de turbulencia. La tendencia general consiste en el fortalecimiento del principio del mercado, frente al principio del Estado."

Según el jurista todo esto lleva presiones muy fuertes de parte de los países centrales y las transnacionales sobre los países periféricos y semi-periféricos, para que adopten o se adapten a las trasformaciones jurídicas que ocurren en el centro.

Globalización y mercado por todos lados:

El "Libro Azul".

En 1992, la Organización de Estados Americanos celebra una reunión a nivel de América, que se denomina Políticas de Telecomunicaciones para las Américas, Con la rectoría de Comisión Interamericana de Telecomunicaciones, Organización de los Estados Americanos. Unión Internacional de Telecomunicaciones. Comisión Interamericana de Telecomunicaciones Organización de los Estados Americanos.

En esta convención se produce el Libro Azul: "Políticas de Telecomunicaciones para las Américas." Que en su preámbulo establece las orientaciones, de lo que serán las regulaciones delas Telecomunicaciones en América:

"El Libro Azul es una herramienta de referencia para proporcionar a los países de la región de las Américas descripciones e información objetivas sobre políticas de telecomunicaciones y asuntos relativos a la regulación, incluidas las dificultades y oportunidades que presenta el desarrollo de nuevas tecnologías de telecomunicaciones. Las descripciones de las circunstancias en materia de políticas y de regulación que se dan en ciertos países de la región, según se describen en esta versión del Libro Azul, no reflejan la situación preponderante en todos los países de las Américas."

 En la Conferencia Regional de Desarrollo de las Telecomunicaciones de la Región América (AM-CMDT-92) de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT),celebrada en Acapulco en 1992, se encuentran los primeros antecedentes del "Libro Azul: Políticas de Telecomunicaciones para las Américas". En esa ocasión se hizo hincapié sobre la necesidad de asistir y asesorar a los países miembros de la región en el proceso de cambio que ya había comenzado. La Conferencia adoptó recomendaciones orientadas a impulsar el sector de las telecomunicaciones en toda la región. Seguidamente se organizaron varias reuniones de la Comisión Interamericana de Comunicaciones (CITEL) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) destinadas a poner en práctica dichas recomendaciones.

El resultado de los esfuerzos de la UIT y de la CITEL para colaborar con sus Estados miembros a adaptarse a la evolución del entorno de las telecomunicaciones fue la primera edición del "Libro Azul". El proyecto inicial, elaborado en 1993, suscitó sugerencias y comentarios por parte de expertos de diversa procedencia, siendo objeto de varias revisiones hasta su publicación en marzo de1996 después de que el Comité Directivo Permanente (COM/CITEL) de 1995 resolviera que los Estados miembros de la CITEL deberían fomentar y apoyar la utilización del Libro Azul.

La década de los noventa estuvo marcada por una visión sobre el mundo global, de impulso a la privatización y desregulación de los servicios de telecomunicaciones, lo que implicó un crecimiento de la infraestructura y de los servicios, y el Libro Azul contuvo las primeras recomendaciones en esta materia. El 2000 fue el momento para considerar las transformaciones del sector en función de la evolución tecnológica, la convergencia, el crecimiento de la Internet y el nuevo escenario por el estímulo de la competencia y sus nuevos actores.

Hoy se puede seguir afirmando, como en la edición de 2000, que el Libro Azul, sirvió de guía útil en el proceso de reforma del sector, incluyendo la privatización y la liberalización del mercado de telecomunicaciones en las Américas y que fue y debería continuar siendo el producto del consenso y de una visión compartida a nivel regional.1.1.5 Asimismo continúa vigente el criterio de considerar al Libro Azul un "instrumento dinámico, un punto de partida para estudios ulteriores, que se revisaría y actualizaría periódicamente con objeto de que siga siendo una referencia valiosa para los países de la región americana."

Globalización, aspectos y consecuencias en la región.

El desarrollo de la industria y del transporte que comenzó durante la segunda mitad del siglo XX ha marcado el comienzo de un proceso de globalización de la economía. Este proceso se ha intensificado en la década de los noventa por el desarrollo de las telecomunicaciones y su infraestructura, y en tiempos recientes, por el auge de la Internet y el surgimiento de nuevas tecnologías y servicios. En ese marco las telecomunicaciones se han constituido en un sector estratégico para el desarrollo político, social, económico, financiero y cultural de cada nación.

Algunas Administraciones entienden que así como las telecomunicaciones tuvieron y tienen un rol central en el proceso de globalización, los Gobiernos y los actores involucrados deberían procurar consensuar medidas destinadas a contribuir al acceso universal de los servicios de telecomunicaciones y al fortalecimiento de la capacitación de los recursos humanos para la producción, y el necesario crecimiento económico con inclusión social.

En este marco, cada país podría procurar, en función de sus políticas de Gobierno, las modificaciones adecuadas en la regulación de los servicios de telecomunicaciones. En la experiencia de algunos países, esta revisión no debería implicar retrocesos a sistemas regulatorios que han demostrado sus deficiencias. Por el contrario, los Gobiernos podrían promover acciones que faciliten la articulación entre la prestación de los servicios y las industrias complementarias a través de modelos de gestión que optimicen la relación entre el bienestar general y la libertad de comercio.

Estados Unidos no ratifica esta convención.

Extrañamente Estados Unidos, como parte integrante de la Organización de Estados Americanos, no se adhiere a estas convenciones, como no se ha adherido a otras de interés común con los demás países de América. "Estados Unidos no se adhiere a este capítulo porque no representa un consenso de las Américas; véase el Preámbulo. Además, Estados Unidos no se adhiere porque objeta a la intervención del Estado nación en la gestión de las industrias y mercados de telecomunicaciones, especialmente en lo tocante a: la imposición de regulaciones excesivamente restrictivas; y la obligatoriedad de las inversiones privadas en la fabricación local." (Ver preámbulo del Libro Azul, Políticas de Telecomunicaciones para las Américas). (Cita del autor de la tesis).

Capítulo VII.

Hipótesis.

Legislación y reglamentación a nivel nacional

Necesidad de una legislación nacional para el sector de telecomunicaciones e información.

"Existe una legislación que rige los servicios de telecomunicaciones y la propiedad de su infraestructura, y se ha creado un sistema regulador o administrativo para hacer cumplir esta legislación. En el caso que se introdujeran cambios importantes en la estructura del sector de las telecomunicaciones, tal como ha ocurrido en muchos países de la región, los mismos deben estar formalizados en el marco legal. 

También convendría examinar y revisar la legislación conexa, por ejemplo con referencia a inversiones, capital extranjero y competencia, entre otros."

Se produce sin duda alguna, una directriz, para establecer, cómo deben funcionar las diversas regulaciones jurídicas, que se deben implementar en los sistemas judiciales de esta materia de telecomunicaciones, en pro del mercado global. Todo gira alrededor del mercado global, y en la posibilidad de quitarles participación a los gobiernos de cada país; eso significa el nuevo concepto de desregulación, que es la participación del Estado, con el propósito de consolidar las proyecciones de las transnacionales y evitar el monopolio de ciertos gobiernos en el mercadeo y comercialización de las telecomunicaciones.

El objetivo global de una nueva legislación sobre telecomunicaciones debe ser orientada a fomentar el desarrollo del sector y cuidar el interés público. Esto puede producirse como resultado directo, que es lo que ocurrirá si los servicios de telecomunicaciones se ponen al alcance general de los usuarios, o como resultado indirecto, cuando el sector contribuye al crecimiento social o económico general del país. Cada país decidirá sobre sus propias metas específicas y los mecanismos que empleará para alcanzarlas.

En la mayoría de los países de la región, la operación de las telecomunicaciones, que durante años había estado en manos de monopolios nacionales, generalmente de titularidad y control estatal, en los últimos tiempos, se ha caracterizado por importantes cambios y reformas, incluyendo la privatización parcial o total de la provisión de servicios básicos y la liberalización del mercado. La revisión de los modelos tradicionales se ha hecho bajo la presión de sectores económicos y sociales que necesitaban servicios más modernos, eficaces y asequibles, de mejor calidad y a menor  precio.

Generalmente, en las naciones de América, el Poder Legislativo (Congreso, Parlamento, Asamblea, etc.) tiene la potestad de legislar en materia de telecomunicaciones. La Constitución y las leyes pueden contener disposiciones sobre las telecomunicaciones. Esta legislación puede encontrarse bajo la tutela de un órgano dependiente del Poder Ejecutivo (como el Ministerio de Comunicaciones) o de un órgano independiente o autónomo habilitado para promulgar normas o reglamentos de aplicación general.

El sector de las telecomunicaciones está sujeto a constantes cambios. Esta característica implica que la legislación sobre telecomunicaciones debería redactarse de manera que refleje principios y criterios amplios para la acción futura, sin profundizar en disposiciones pormenorizadas sobre los servicios y tecnologías actuales. Una flexibilidad apropiada impedirá que la legislación quede pronto superada por la evolución del sector y permitirá la adaptación de los principios generales a las nuevas circunstancias. Por ejemplo, si en cada ocasión fuera necesario modificar formalmente la ley, la oferta de nuevos servicios y tecnologías sufriría retrasos indebidos en detrimento de los usuarios y de los proveedores.

"Principios a considerar en la legislación de telecomunicaciones.

Resulta necesario elaborar la normativa de telecomunicaciones a través de marcos regulatorios claros, efectivos y transparentes" La legislación nacional debería ser elaborada a la luz de la experiencia de los últimos años y de los correctos diagnósticos de carácter mundial, regional y nacional que comprendan las condiciones sociales, económicas, industriales y tecnológicas de cada país. De acuerdo a sus experiencias, algunos países entienden que resultaría conveniente que la legislación y reglamentación de telecomunicaciones, por su naturaleza sectorial, se articule con las políticas generales y constituyan instrumentos idóneos para la aplicación de modelos productivos, de crecimiento, de generación de empleo y de promoción de la industria y la tecnología nacional.

Además, y a efectos que el sector de las telecomunicaciones contribuya al crecimiento social y económico general del país, los objetivos de la legislación nacional podrían contemplar, entre otros los siguientes principios generales:

a) Garantizar el cumplimiento de las obligaciones de servicio público en la operación de redes y en la prestación deservicios; 

b) Proteger a los usuarios;

c) Garantizar el acceso universal de la comunidad

d) Promover el desarrollo de la infraestructura, facilitando las inversiones productivas;

e) Facilitar la producción de equipamiento en el país y una red de proveedores locales;

f) Promover la investigación y el desarrollo tecnológico;

g) Preservar la competencia sostenible, leal y efectiva en los mercados;

h) Procurar que las actividades de producción y servicios generen empleo;

i) Promover la utilización de las telecomunicaciones para facilitar la integración de las regiones y el crecimiento del mercado regional. j) Promover el acceso de todos los habitantes a la Sociedad de la Información.

La legislación debe resguardar, respetar y garantizar los derechos de los usuarios. En la prestación del servicio se incide en el interés y bienestar de la ciudadanía en su conjunto, siendo cada integrante de la comunidad mucho más que un usuario o consumidor. En muchos casos requieren de medidas específicas que faciliten el acceso universal a los servicios." (Ver preámbulo del Libro Azul, Políticas de Telecomunicaciones para las Américas, OEA/Ser.LXVII.6.515 agosto 2005Original: español).

Se consolida la denuncia de De Souza Santos, al advertir todas estas imposiciones, que se pueden encontrar en el Libro Azul de la Organización de Estados Americanos, en donde se dictan las orientaciones para reformar, o consolidar la legislación de cada país de América; incluso e dictan los principios, que deberán estar sobre leyes elementales, sin que se redacten oficialmente en forma definitiva, por si varían los intereses comerciales del mercado mundial.

Expresa De Souza: "No debe sorprender que esta transformación, haya comenzado en los Estados Unidos y se haya venido expandiéndose a través del globo. Habiendo ganado la batalla en casa, las ETN e telecomunicaciones norteamericanas se convirtieron en las exponentes más prominentes de la reforma de la regulación de muchos países, usando el poder negociador de los Estados Unidos para hacer posible la reforma global." (DE SOUZA Santos Boaventura, opcit. Cap. 6, pp. 333).

Es irónico la posición de este país, con tanto poder, de establecer regulaciones y reformas sustanciales en la estructura judicial de cada nación del Hemisferio, y quedarse por fuera, Estados Unidos, no ha ratificado la mayoría de los convenios, de las diversas entidades internacionales para modificaciones de leyes y ordenamientos jurídicos internacionales. Dice Souza que se trata de una "gran explosión" (big bang), seguido por Estados Unidos, el Reino Unido y Japón, que" conjuntamente constituyen el sesenta por ciento del mercado mundial de las telecomunicaciones. Consiste en la liberación general y unilateral de las telecomunicaciones que incluye la de los servicios básicos y avanzados, los equipos y las instalaciones." (DE SOUZA Santos Boaventura, opcit. Cap. 6, pp. 333).

El otro sistema es el llamado de la pequeña explosión (Little bang), seguido por los países centrales, principalmente los europeos. Consiste en la liberación parcial a través de mecanismos tales como la separación entre los servicios postales y los servicios de telefonía, tiene este sistema reducir los subsidios cruzados. De Souza Santos considera que "Basta tener en cuenta que, a pesar de sus diferencias, los caminos tienen mucho en común y que sus rasgos comunes se están difundiendo al lo largo del sistema mundo." (DE SOUZA Santos Boaventura, opcit. Cap. 6, pp. 333).

La demostración de la hipótesis, va ligada con el punto ocho del trabajo, con el cual se pone en tela de juicio las reformas que se proponen a los diferentes sistemas judiciales de América Latina, se vuelve una tarea necesaria. En el contexto latinoamericano dicha tarea es urgente, dada la proliferación de reformas de los ordenamientos jurídicos encaminadas a transformar instituciones de todo tipo –v.gr., las fiscalías, los consejos superiores de la judicatura, los juzgados y las facultades de derecho–. Como se indicó arriba estas reformas han sido implementadas en las dos últimas décadas por los gobiernos de la región con el auspicio y asesoría de instituciones tales como el Banco Mundial, USAID, la AID y el BID, OEA y otros organismos internacionales.

El énfasis no se sitúa entre sistemas jurídicos estatales diferentes, lo que sería el campo tradicional, del Derecho Internacional Público. La afectación, la encontramos en a) las formas jurídicas, (regulaciones, instituciones, culturas, y estructuras), que tienen características transnacionales en todo su origen y esquema básico generalizado. Lo relevante es que aunque tengan su génesis en la localidad o nacionalidad de un Estado específico, su producto surge en una característica de sistema globalizado, mediante mecanismos diferentes a las normales relaciones interestatales. b) Los campos jurídicos nacionales, igual que los ordenamientos jurídicos estatales e infra-estatales, o locales, persiguen una determinada estrategia jurídica, en la medida en que son transformados por los intereses sociales transnacionales.

La hipótesis es que los campos jurídicos nacionales de las sociedades de América Latina, se encuentran cada vez más filtrados, y lo mismo pasa en Costa Rica, e influenciados, por estructuras jurídicas de organizaciones extrañas a los esquemas nacionales, como son las transnacionales, que se desarrollan a través de complejas relaciones con el orden jurídico estatal y además local.

Sobre la base del desarrollo y la intensificación espectacular de la interacción de organizaciones transnacionales en las últimas tres décadas, se puede concebir una globalización del campo jurídico; como un fenómeno radicalmente nuevo, sin ninguna raíz en el pasado. No obstante, hay que determinar, que el bloque estructural de imposición global, tiene su base en los mismos intereses del poder ideológico y político en el mundo.

Se podría hablar más bien de una evolución cualitativamente nueva, tómese en cuenta que el sistema mundo moderno, en el cual se producen interacciones sociales, ha existido desde el siglo XVI y que las raíces de la transformación, proviene de ese siglo y de los mismos intereses.

La cultura, el fenómeno social, económico, ideológico, político y económico tiene un mismo paradigma y un mismo génesis de desarrollo humano, enclavado en la visión de algunos científicos de la Administración y de la política, como lo fueron Adam Smith, Montesquieu, Rouseau, Voltaire, Carl Marx, Fredrick Engels, Max Weber, por mencionar a algunos.

Se habla de un proceso que en este momento, cuando apenas inicia una centuria, parece tener un gran resultado determinante con la existencia de una cultura jurídica transnacional, que antecede al sistema Mundo Moderno, como muestra extraordinariamente la recepción del Derecho Romano en el siglo XII y posteriores.

Aún a finales del siglo XIX, en una época en la que la teoría política liberal había impuesto la equivalencia entre nación, Estado y Derecho, la idea de un derecho globalizado florecía como una subcultura jurídica, que en la actualidad es parte de una todo integrado, esquematizado y estructurado, para nacer como un sistema nuevo de regulación global.

Significa que en los primeros once años del siglo XXI, se busca la homogenización continua, e irreversible de las condiciones de vida social en todo el Mundo, como producto del capitalismo y del progreso asociado con el desarrollo científico y tecnológico. Las comunicaciones globales, la reingeniería de los sistemas educativos, y el mensaje de mercadotecnia, taladrando las mentes nuevas y los sistemas judiciales, han logrado un gran avance en este afán de unificar ordenamientos judiciales del Mundo.

No es nada más que el Droit commun de l`humanitè, (Edouard Lambert), 1990. (Edouard Lambert pública El gobierno de los jueces (1921), obra en la que lleva a cabo un análisis crítico de la justicia constitucional en los Estados Unidos. Haciéndose eco de las principales aportaciones de la literatura jurídica estadounidense del momento, Lambert pone de manifiesto los inconvenientes que conlleva la atribución a un órgano judicial de la facultad de revisar la obra del legislador. En particular, subraya sus efectos retardatarios para una necesaria evolución del Derecho norteamericano que supiera dar respuesta a las demandas crecientes de protección expresadas por los sectores sociales desfavorecidos, y su propensión a amparar los intereses de los grandes conglomerados industriales y financieros). (Cita del autor de la tesis).