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Alimentos Sanos Libres de Plaguicidas y Transgénicos

     

     

     

    En la práctica, la OMC ha servido como un instrumento de las corporaciones transnacionales y unos cuantos gobiernos ricos para impulsar e imponer un conjunto cada vez más amplio de políticas neoliberales a nivel mundial que permiten una mayor penetración extranjera a recursos nacionales estratégicos, y mayor control de las economías nacionales.

     

    La OMC en Cancún, México

    En Cancún, México, del 10 al 14 de septiembre, se reunieron, por quinta vez, los 148 países que integran la Organización Mundial del Comercio (OMC). Este organismo, con sede en Ginebra, Suiza, nace desde 1995 como un foro donde se negocian acuerdos para bajar tarifas y aranceles (impuestos a los productos importados) que permitan un mayor intercambio comercial en el mundo, pero cuyos efectos van más allá del comercio. Actualmente la OMC hace cumplir una veintena de acuerdos comerciales en áreas como los textiles, la agricultura, los servicios y los derechos de propiedad intelectual. Los países que violen estos acuerdos son sujetos a presiones muy fuertes y llevados ante paneles de arbitraje comercial antidemocráticos donde son sancionados.

    En la práctica, la OMC ha servido como un instrumento de las corporaciones transnacionales y unos cuantos gobiernos ricos para impulsar e imponer un conjunto cada vez más amplio de políticas neoliberales a nivel mundial que permiten una mayor penetración extranjera a recursos nacionales estratégicos, y mayor control de las economías nacionales lo que afecta la satisfacción de necesidades y derechos básicos del ser humano en materia de empleo, alimentación, salud, educación, derecho a un ambiente sano, y que provoca una mayor desigualdad entre los países del Norte y del Sur.

    Los temas identificados desde 1996 en la Conferencia de la OMC en Singapur para iniciar una nueva ronda de negociaciones y llegar a nuevos acuerdos de liberalización comercial son: Inversiones, Política de Competencia, las Compras del Sector Público y facilitación del Comercio. De igual modo, se pretende ampliar aún más la liberalización comercial de la agricultura, cuyas negociaciones se iniciaron desde el 2000 y que no han culminado, con el objetivo de reducir los subsidios a las exportaciones agrícolas, el acceso a los mercados por medio de la baja de aranceles, y la reducción de las medidas internas que distorsionen la producción o el comercio.

    Un sistema alimentario bajo el dominio de las corporaciones transnacionales (1)

    Las políticas neoliberales de ajuste estructural promovidas por los organismos financieros multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) debilitaron la intervención de los Estados Nacionales en la agricultura y reorientaron las políticas agrícolas para privilegiar las necesidades del mercado externo, sobre las necesidades de la población nacional, fomentando los cultivos de agroexportación y sacrificando las políticas de apoyo a la producción de granos básicos que aseguran la autosuficiencia alimentaria.

    Estados Unidos y la Unión Europea predican el libre comercio pero no lo practican; presionan a los demás países para que bajen sus aranceles y subsidios al campo mientras ellos sí elevan sus subsidios. El ejemplo más escandaloso lo presenta Estados Unidos que en su Ley Agrícola del 2002, elevó en un 80% los subsidios agrícolas -comparados con 1986- especialmente en ocho cultivos: algodón, trigo, maíz, soya, arroz, cebada, avena y sorgo. Estos subsidios benefician principalmente a los grandes agricultores y a las corporaciones transnacionales que han desplazado y expulsado a la mayoría de los granjeros familiares. Se calcula que los países ricos de la OCDE gastan más de 300 mil millones de dólares al año en subsidios agrícolas, seis veces más que la asistencia a los países en desarrollo (2).

    Estos subsidios permiten que los Estados Unidos exporten sus productos por debajo del costo real de producción, en una práctica conocida como "dumping". El precio artificialmente bajo producto del "dumping" destruye los mercados regionales abiertos a la competencia global y afecta a los pequeños agricultores y las economías rurales campesinas.

    La sobreproducción de los alimentos a precios "dumping" que impulsa Estados Unidos es parte de una estrategia de dominación por la hegemonía mundial alimentaria, en competencia con la Unión Europea, para expandir su control a los demás países del planeta. Beneficia a las grandes corporaciones agroalimentarias, tanto a las comercializadoras de cereales y granos como a las transformadoras de alimentos elaborados. Tan sólo dos empresas estadounidenses, la Cargill y Archer Daniel Midland (ADM) controlan la mitad del comercio mundial de granos en el mundo. Las diez empresas de semillas más grandes del planeta controlan la tercera parte del comercio mundial de semillas.

    La concentración del poder de las corporaciones se acelera con la globalización de los acuerdos de libre comercio y la lucha por el mercado mundial. Unas cuantas empresas dominan el mercado de la semillas, los plaguicidas, los farmacéuticos, los productos veterinarios y han apostado a la expansión de los cultivos modificados genéticamente para consolidar su control. Syngenta, Bayer – que compró Aventis Crop Science-, Monsanto, Basf, Dupont y Dow son los gigantes genéticos que se disputan el mercado mundial de las patentes agrobiotecnológicas, y son estas mismas transnacionales las que controlan casi el 80% del mercado mundial de plaguicidas.

    Las presiones de Estados Unidos y Europa para una mayor liberalización del comercio agropecuario en el ámbito del Acuerdo sobre Agricultura de la OMC tendrían como consecuencia consolidar el poder transnacional sobre el sistema alimentario.

    El modelo de la agricultura industrial envenena a la naturaleza, a las y los trabajadores y las comunidades rurales (3)

    La agricultura que promueven los tratados de libre comercio y la OMC es una agricultura industrializada que somete la naturaleza a los procesos de especialización productiva y acumulación de capital. Esta agricultura industrializada sacrifica la diversidad biológica en monocultivos especializados dependientes de paquetes tecnológicos bajo el control de corporaciones transnacionales especialmente en semillas -antes híbridas y ahora modificadas genéticamente- y fertilizantes y plaguicidas químicos.

    El sistema alimentario que promueve la OMC tiene un alto gasto en energía, por el procesamiento, las grandes distancias que recorren los alimentos y la infraestructura en transporte y refrigeración, lo que contribuye a la emisión de los gases invernadero que afectan el clima del planeta.

    Los plaguicidas químicos son por definición sustancias tóxicas, son las armas de la industria química que se ofrecen para el combate de las plagas, como insecticidas, herbicidas y funguicidas; y afectan sistemas biológicos fundamentales que son compartidos también por el hombre. El uso intensivo de estos agrotóxicos provoca el envenenamiento a corto y largo plazo de la naturaleza, los trabajadores, las comunidades rurales y los consumidores.

    Cada año en América Latina y el Caribe se envenenan cientos de miles de personas. Los secretarios de salud de los países de Centroamérica estiman en casi 400,000 los envenenamientos causados por los plaguicidas cada año en esa región, que cuenta con el mejor sistema de registro. En Brasil se estima que 300,000; en México, las autoridades registraron 2,800 casos en el 2002, en Chile se registraron 1 000; pero en la mayoría de los países la mayor parte de las intoxicaciones no se reportan a las autoridades, por lo que las cifras reales totales son mucho mayores. Estos son casos registrados de intoxicación inmediata, a corto plazo, pero los efectos crónicos, a largo plazo causados por los plaguicidas no se lleva una estadística.

    La mayoría de los plaguicidas entraron al mercado mundial antes de que se exigieran pruebas que demostraran no tener efectos crónicos sobre la salud de la población. Hay ya identificados cientos de plaguicidas que se sabe o sospecha pueden provocar cáncer, malformaciones, afectar la fertilidad de hombres y mujeres, dañar su sistema natural de defensas contra infecciones y enfermedades, provocar abortos espontáneos y otros males reproductivos. Los daños a la salud no son siempre inmediatos, ni se presentan a corto plazo, sino que pueden manifestarse años después, sobre todo en las mujeres embarazadas que se exponen a estos agrotóxicos.

    Aunque los trabajadores y trabajadoras agrícolas y sus familias son el sector más expuesto también lo están las comunidades rurales donde se aplican y todos los consumidores de alimentos a los que se aplicaron estos venenos. Los plaguicidas son biocidas matan no sólo a las plagas sino a los insectos benéficos que las controlan de manera natural, es así, que entre más se usan aparecen nuevas plagas, que además, pueden desarrollar resistencia, una capacidad biológica hereditaria a esta sustancias tóxicas por la que ya no se mueren a las dosis que se aplicaban anteriormente. Los plaguicidas contaminan el agua de los ríos, manantiales y pozos, y afectan los ecosistemas costeros donde descargan los distritos de riego, además de afectar a la flora y fauna silvestre en los lugares donde se aplican.

    El uso de plaguicidas ha creado una enorme deuda ambiental, y de daño a la salud, en los países de América Latina y del Caribe, y del resto del mundo beneficiando principalmente a las corporaciones transnacionales.

    El mito de la calidad de los alimentos producidos en Estados Unidos y la imposición de riesgos a los países importadores (4)

    Una de las consecuencias de las políticas neoliberales al dar prioridad a los cultivos de exportación es que los gobiernos ponen más atención para asegurar la calidad de los productos que se exportan que los que se importan y consumen a nivel nacional.

    La inundación de alimentos de Estados Unidos en los grandes supermercados de América Latina, cada vez más en manos de empresas multinacionales estadounidenses como Wallmart, puede crear la ilusión a los consumidores de que los alimentos importados deben ser mas seguros que los del país de origen. Sin embargo, la calidad de los productos "Made in USA" es más un mito que una realidad, dado el intenso uso de plaguicidas, hormonas, antibióticos y aditivos usados en la producción agropecuaria estadounidense que se ofrece como "modelo" a los empresarios y campesinos de todo el mundo. Estados Unidos es el país que usa más plaguicidas químicos en el mundo – 20 % del total mundial- con cientos de miles de toneladas aplicados cada año, y con productos que aunque estén registrados no son inofensivos sino conocidos o sospechosos de causar cáncer, afectar el desarrollo reproductivo, provocar altercaciones hormonales o dañar el desarrollo cerebral y el sistema nervioso.

    Cada año miles de trabajadores agrícolas son envenenados y hay un grave problema de contaminación del agua. Además se calcula que un 20% de los alimentos que se consumen en Estados Unidos están contaminados con residuos de insecticidas organoclorados – especialmente dieldrín y DDE, un metabolito del DDT- que han sido prohibidos en ese país y con dioxinas, un contaminante muy tóxico que se acumula en las grasas del cuerpo. La presencia de estos contaminantes se ha encontrado en frutas, hortalizas, carne, pollo y productos lácteos como leche, yogurt y queso. Los residuos de plaguicidas organoclorados y las dioxinas presentes en los alimentos en cantidades muy bajas, aunque no lo percibamos se van acumulando en el cuerpo humano, van formando la carga corporal de contaminantes que se excretan en la leche materna y pasan a las futuras generaciones.

    El 70% del total de antibióticos usados en Estados Unidos -unas 11 mil ton- son usados para promover el crecimiento y engorda de cerdos, pollos y ganado, lo que puede provocar bacterias resistentes a estos medicamentos, poniendo en riesgo la salud animal y la de los consumidores. En los Estados Unidos a más del 90% del ganado para engorda se le implantan hormonas en las orejas o se les proporcionan hormonas en sus alimentos para incrementar su peso en el menor tiempo posible. Para aumentar la producción lechera se usa la Hormona

    Recombinada de Crecimiento Bovino (rBGH por sus siglas en inglés o somatropina en español) que produce principalmente la transnacional Monsanto y puede poner en riesgo la salud del consumidor pues aumenta el riesgo de reacciones alérgicas y cáncer de próstata, colon y de pecho.

    La promoción de cultivos y organismos modificados genéticamente (OGM) crean nuevos riesgos e incertidumbres para la salud de los consumidores por no hablar de los riesgos ambientales de contaminación genética, como sucede con las variedades de maíces nativos de las comunidades indígenas de México, centro de origen mundial del máíz. Hay evidencias de que el consumo de transgénicos puede aumentar el riesgo de alergias, resistencia a antibióticos, y posibles afectaciones del sistema inmunológico.

    Aunque las evidencias no son concluyentes si son suficientes para exigir mayores estudios antes de liberar estos productos para la siembra y consumo humano y animal. Las poderosas empresas transnacionales han logrado que Estados Unidos -a diferencia de Europa- no obligue a informar en la etiqueta si se usaron organismos transgénicos en alimentos frescos o elaborados. De este modo, cuando la industria alimenticia de los países de América Latina y del Caribe importan soya o maíz de Estados Unidos, están importando una gran parte de soya y maíz modificados genéticamente que es usada para la elaboración de una gran variedad de alimentos: tortillas, harinas, aceites, dulces, botanas chatarra muy consumida por niños y adultos. Sin el etiquetado de los alimentos importados transgénicos el consumidor está comiendo a ciegas(5).

    Los gobiernos deben establecer un programa nacional de prevención, control y monitoreo de plaguicidas, hormonas, antibióticos y contaminantes orgánicos persistentes en los alimentos importados y en los producidos a nivel nacional. Informar si se usaron antibióticos u hormonas. Los gobiernos deben exigir que los alimentos importados indiquen en su etiqueta si contienen productos transgénicos y prohibir la siembra de cultivos modificados genéticamente como una medida preventiva.

    El Codex Alimentario y las ilusiones de la llamada "inocuidad o sanidad alimentaria" con el libre comercio (6)

    Las medidas de protección a la salud de los alimentos, de las plantas, de los animales, del ser humano y del medio ambiente son consideradas por la OMC como barreras técnicas al libre comercio que deben ser reducidas al mínimo para incrementar el flujo comercial; y de este modo evitar inspecciones aduanales, detenciones temporales o medidas cuarentenarias.

    El Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC estableció, desde 1994, que un organismo internacional, la Comisión del Codex Alimentario es el referente internacional en la resolución de disputas comerciales para determinar los "niveles apropiados" de protección en materia de sanidad alimentaria, que son tolerados y no interferir en el libre comercio. Las diferencias existentes entre los países de las medidas de protección deben ser "armonizadas" globalmente, para eliminar lo que se considere como obstáculos innecesarios y restricciones encubiertas, tomando en la práctica como techo límite las normas internacionales establecidas por el Codex.

    La OMC espera que los países que acuerden tratados de libre comercio, reconozcan como equivalentes las medidas adoptadas por otro miembro sobre todo si se fundamentan en estas recomendaciones internacionales. La Comisión del Codex Alimentario fue creada desde 1962 para ejecutar el Programa Conjunto de la Organización Mundial de la Salud y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) sobre Normas Alimentarias. Originalmente el Codex asesoraba técnicamente a los países en desarrollo en materia sanitaria y fitosanitaria, con el objetivo de establecer directrices mínimas globales con base en las cuales los países pudieran elaborar sus propias normas, que podían ser más estrictas; pero la OMC ha transformado al Codex en el referente internacional para la elaboración de las normas de sanidad alimentaria mundial, estableciendo límites máximos globales en materia de residuos de plaguicidas y medicamentos veterinarios, de aditivos alimenticios, y de contaminantes, así como las medidas de higiene de los alimentos; y en los últimos años el uso de hormonas en el ganado y leche, y sobre etiquetado y rastreabilidad de alimentos que contengan organismos modificados genéticamente. El Codex también es el referente internacional del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio en materia de etiquetado de alimentos, disposiciones sobre calidad, requisitos nutricionales y métodos de análisis y muestreo.

    Los comités que elaboran las normas del Codex están fuertemente influenciados por las corporaciones transnacionales de los plaguicidas y la industria de la alimentación. Dice la OMC, en teoría, que un país puede mantener o introducir normas más estrictas que las del Codex para proteger la salud o el ambiente solamente si hay una justificación científica basada en una evaluación de riesgos, aunque en la práctica, cuando esto se ha realizado el país afectado puede cuestionar esta decisión y demandar una compensación, llevando el caso a un panel especial para su estudio y recomendación.

    Cuando se habla de que los tratados de libre comercio garantizan la "inocuidad alimentaria" no significa que los alimentos sean realmente "inocuos" o estén libres de plaguicidas o de otras sustancias tóxicos sino que cumplen con los límites aceptables de residuos de estas sustancias establecidos por el Codex Alimentarius o con medidas equivalentes acordadas entre los países.

    La OMC exige a los países que establezcan sus medidas de sanidad alimentaria sobre la base de las evaluaciones de riesgos, como los define el Codex Alimentarius. La evaluación de riesgo parte del supuesto de que los riesgos del consumo de alimentos donde se han empleado plaguicidas químicos, hormonas y antibióticos pueden ser evaluados y manejados para fijar límites máximos permisibles que garanticen su seguridad o inocuidad. Se trata de fijar niveles de riesgo aceptable en lugar de promover prácticas agropecuarias alternativas que sustituyan o eliminen estas sustancias tóxicas y los eviten. Tener como techo límite a las recomendaciones del Codex significa que aceptemos en nuestra dieta el ingerir alimentos que tienen residuos de plaguicidas que pueden provocar cáncer o afectar nuestro sistema hormonal u otros efectos crónicos aunque se nos diga que como las cantidades permitidas son muy pequeñas, el consumirlas no representa un peligro a la salud.

    Científicos independientes han señalado que las llamadas evaluaciones de riesgo tal como se practican actualmente en el Codex no proporcionan límites de seguridad confiables pues no consideran la exposición crónica y múltiple de las sustancias tóxicas, los efectos acumulados y su interacción en el organismo, ni las sensibilidades especiales de los niños o personas enfermas, sólo evalúan de manera parcial los riesgos de sustancia por sustancia estableciendo para cada uno su límite máximo permisible en cada alimento considerando las características de un adulto sano. La evaluación de riesgos no debe ser la camisa de fuerza para la política pública en sanidad alimentaria sino deben desarrollarse otras opciones especialmente para la evaluación de alternativas para la sustitución y eliminación de sustancias tóxicas en la producción agropecuaria(7).

    La OMC pervierte el Principio de Precaución que establece que los gobiernos pueden intervenir tomando medidas preventivas en los casos de presunción de daños irreversibles a la salud o el medio ambiente aunque las evidencias científicas no sean absolutas, por lo que el que promueve una práctica o introduce una sustancia al mercado es el responsable de presentar la prueba de que no es dañino. Con la OMC se invierte la responsabilidad, es el país cuestionado sobre sus medidas de protección, el que debe defenderse y demostrar que el producto que no permite entrar en su mercado representa un riesgo inaceptable; el beneficio de la incertidumbre beneficia al país demandante ante los paneles de disputa comercial.

    Las reglas de la OMC han permitido, en dicho contexto, que Estados Unidos haya demandado a la Unión Europea por no permitir la entrada de carne o leche con residuos de hormonas no autorizadas en el viejo continente, y por la moratoria de facto contra la entrada de alimentos transgénicos que no estén etiquetados, como lo exige la legislación europea. De manera similar, se ha cuestionado la cuarentena de Australia sobre las importaciones de salmón, para proteger la salud de su población nativa, o las cuarentena de Japón para proteger su fruta de ciertas plagas(8).

    La desregulación en la armonización global y regional del etiquetado de plaguicidas (9)

    La armonización de un sistema global de etiquetado y clasificación de sustancias químicas, promovida inicialmente por los países ricos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la Comisión Económica Europea de las Naciones Unidas, trae como consecuencia una disminución en el nivel de comunicación de los riesgos en el caso de los plaguicidas. Dicho sistema global elaboró una nueva clasificación de la toxicidad aguda de los plaguicidas inferior a la elaborada por la Organización Mundial de la Salud, teniendo como consecuencia que plaguicidas en cuya etiqueta debe inscribirse la leyenda de extremadamente peligroso o muy peligroso pase a ser reetiquetado como "peligroso" con una banda de color distinto.

    La armonización del etiquetado de plaguicidas en el mercado común centroamericano, ha forzado a la reclasificación del herbicida paraquat en Guatemala que de tener una etiqueta con una banda de color rojo correspondiente al "extremadamente tóxico" pasó a una categoría inferior con una banda de color azul de "ligeramente tóxico" a pesar de ser la misma fórmula. De igual forma en el caso de El Salvador diversos plaguicidas pasaron a reclasificarse de extremadamente o altamente tóxicos a ser moderadamente y ligeramente tóxicos. Esta armonización representa en la práctica una desregulación que flexibiliza las medidas de control y seguridad y repercutirá en mayores casos de intoxicación.

    A diferencia de Estados Unidos las etiquetas de los plaguicidas en Europa deben de incluir frases de advertencia sobre sus efectos crónicos, esta información debería ser también exigida en otros países y con mayo razón en América Latina, donde las empresas de origen europeo dominan el mercado. Conocer no sólo los efectos agudos como se encuentran actualmente en bandas de color y leyendas de advertencia como recomienda la OMS, sino también los efectos crónicos y los ingredientes inertes con propiedades tóxicas son parte del derecho a conocer de los usuarios que deben ser defendidos en los proyectos de armonización global del etiquetado de plaguicidas.

    En México las propuestas de este tipo, se han enfrentado a la feroz oposición de las transnacionales. Las empresas transnacionales también buscan armonizar o declarar equivalentes los reglamentos de plaguicidas en los bloques económicos regionales de libre comercio y de este modo minimizar los controles sobre plaguicidas, Por ejemplo, las transnacionales han propuesto el Registro Unificado de los Plaguicidas de la Unión Aduanera de Centroamérica, que se está negociando actualmente, por la que un plaguicida que ha sido aprobado en un país, debe registrarse automáticamente por los otros. Esta propuesta ha sido adoptada ya por el Salvador en su legislación mediante la firma de protocolos de equivalencia con todos los países de Centroamérica. Se espera que este registro fortalezca la inversión del Plan Puebla Panamá, y la integración comercial con México y Estados Unidos.

    Acuerdo sobre inversiones de la OMC:

    amenaza para la soberanía de los gobiernos locales y la protección a la salud y el ambiente (10) Estados Unidos y Europa presionan a los países de la OMC para que se abran las negociaciones sobre un acuerdo global sobre inversiones. Esto reforzaría a nivel mundial las cláusulas de protección a los inversionistas que ya se han venido estableciendo en diversos acuerdos regionales y bilaterales de libre comercio.

    Por ejemplo, el capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, permite que un inversionista extranjero demande a un país el pago de millones de dólares como indemnización si considera que ha sido tratado de manera discriminatoria o que se han tomado medidas similares a una expropiación indirecta del valor presente o futuro de su inversión. El tribunal comercial que recibe y resuelve este tipo de demandas realiza Las audiencias que no son abiertas al público, los gobiernos locales o provinciales no pueden participar directamente sino a través del gobierno federal, y los miembros del panel son expertos en disputas comerciales pero no se requiere que lo sean en materia del derecho ambiental o de protección a la salud de la población. El capítulo de protección de inversiones del TLC ha sido tomado como modelo para el Acuerdo de Libre comercio e las Américas (ALCA) y contiene.

    Con este tipo de acuerdos las empresas extranjeras tienen una arma poderosa para chantajear a gobiernos locales o provinciales que tratan de impedir la operación de actividades o la entrada de productos que pongan en riesgo la salud de su población. Esto ha ocasionado, por ejemplo que Metalclad, una empresa norteamericana, haya recibido del gobierno mexicano más de 16 millones de dólares en compensación por que un municipio pobre no le otorgó el permiso de construcción para reabrir un basurero tóxico, y por haberse creado un área de protección natural estatal debido a la gran diversidad biológica en cactáceas en la región.

    De igual modo, ha servido para impedir que una provincia de Canadá prohíba el uso de lindano, un insecticida organoclorado tóxico prohibido en muchos países y que se acumula en grasas y leche materna.

    PROPUESTAS Por la defensa de la soberanía alimentaria y el apoyo a los movimientos de resistencia campesina e indígena (11)

    RAPAL se solidariza con la lucha de los movimientos campesinos e indígenas en defensa de la soberanía alimentaria. Preservar la soberanía alimentaria significa garantizar el derecho de los pueblos a producir sus propios alimentos; a definir sus propias políticas agrícolas y alimentarias, dar apoyos a los campesinos para fortalecer la producción nacional y el mercado interno, protegerse de las importaciones a bajo precio, y garantizar la estabilidad de los precios agrícolas a escala internacional mediante unos acuerdos internacionales de control de la producción. Frente a un sistema mundial alimentario homogéneo en poder de unas cuantas transnacionales, es necesario reconstruir desde abajo sistemas alimentarios sustentables que conserven la diversidad cultural y biológica de los campesinos y pueblos indígenas, dando prioridad a la producción local y regional frente a la exportación.

    RAPAL apoya la demanda de Vía Campesina y de otras organizaciones por sacar a la agricultura de las negociaciones de la OMC y se solidariza con los grupos y organizaciones que proponen un comercio justo y relaciones comerciales más equitativas, condiciones laborales dignas y sistemas de producción sostenibles ecológicamente con un respeto que garanticen calidad a los consumidores y eleven el nivel de vida de las comunidades rurales.

    Por la producción y consumo de alimentos sanos libres de agrotóxicos y transgénicos

    El derecho a producir y consumir alimentos sanos libres de plaguicidas, transgénicos, hormonas y antibióticos que puedan poner en riesgo la salud o el medio ambiente es parte de la lucha por la soberanía alimentaria. Comer alimentos sanos es un derecho humano fundamental.

    Los gobiernos deben aplicar el Principio Precautorio como guía en la toma de decisiones gubernamentales frente a los peligros potenciales de daños a la salud irreversibles por contaminación bacteriana, química o transgénica de los alimentos producidos en el país o importados. La adopción del principio precautorio debe llevar a promover las prácticas productivas alternativas que previenen dichos riesgos en lugar de tratar de normar límites tolerables de estos contaminantes en los alimentos.

    Hay un conjunto de técnicas de manejo agroecológico de plagas que permiten eliminar el uso de plaguicidas químicos y hacen innecesario el empleo de cultivos modificados genéticamente. Incluyen los métodos de fertilización biológica del suelo que crean una nutrición equilibrada de las plantas menos susceptibles al ataque de insectos y hongos; la rotación y asociación de cultivos, la conservación y aumento de los insectos benéficos que controlan biológicamente a las plagas, el empleo de variedades resistentes, el empleo de trampas y cebos, así como el uso de plantas – como el tabaco, chile, ajo y muchas más- como insecticidas naturales.

    La expansión de la llamada agricultura orgánica o biológica -que no usa fertilizantes ni plaguicidas químicos- demuestra que los principales obstáculos no son técnicos sino políticos o económicos para la eliminación de los agrotóxicos. Se debe apoyar la producción orgánica no tanto para abrir una nueva ventana de exportación sino para garantizar que sea destinada y accesibles al consumo nacional, mediante subsidios, estímulos financieros, fiscales y apoyos en la investigación y servicios de extensión agrícola.

    Por el mejoramiento y libre circulación de las semillas nativas

    La lucha por la soberanía alimentaria comienza recuperando el control campesino de las semillas nativas y su derecho a cultivarlas, mejorarlas e intercambiarlas recuperando la diversidad biológica y cultural en la producción de alimentos, sin tener que pagar patentes a corporaciones transnacionales. La semillas estériles modificadas genéticamente y las regalías que se paga a las transnacionales gracias a los derechos de propiedad intelectual impiden el ejercicio de este derecho campesino.

    Se debe apoyar el desarrollo de alternativas al uso de plaguicidas tóxicos para la conservación de las semillas. RAPAL apoya la campaña de Vía Campesina de las semillas nativas como patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad.

    Por el respeto a los derechos de los trabajadores, las mujeres y los niños

    Se debe respetar la dignidad del trabajador y trabajadora agrícola y no poner en riesgo su salud por el uso de plaguicidas tóxicos en el lugar de trabajo.

    Los gobiernos deben cumplir con sus compromisos con la Organización Internacional del Trabajo e informar a los trabajadores de los riesgos a la salud y el ambiente por el uso de plaguicidas y otras sustancias tóxicas en la producción agrícola; así como el Convenio 169 que establece que los trabajadores, hombres y mujeres, pertenecientes a los pueblos indígenas no deben estar sometidos a condiciones de trabajo peligrosas para su salud, en particular como consecuencia del uso de plaguicidas u otras sustancias tóxicas.

    No se debe permitir que niños o mujeres embarazadas se empleen para la aplicación de plaguicidas. Las mujeres deben defender sus derechos reproductivos para tener un embarazo y crianza infantil libres de plaguicidas que puedan poner en peligro su salud y la de sus hijos. Las mujeres organizadas pueden luchar contra el uso de plaguicidas químicos en su casa, barrio, lugar de trabajo y por el derecho a consumir alimentos libres de estos agrotóxicos.

    Los gobiernos deben de cumplir con los compromisos establecidos en el Convenio sobre los Derechos del Niño aprobada por la Asamblea de las Naciones Unidas para crear las condiciones que permitan que la población infantil disfrute plenamente su derecho a la vida, a la salud, a su pleno desarrollo físico, mental y espiritual, y a que no desarrolle actividades que pongan en peligro su salud.

    Por la eliminación prioritaria de los plaguicidas especialmente peligrosos

    Los plaguicidas extremadamente tóxicos o altamente tóxicos deben de ser eliminados de manera progresiva para prevenir mayores intoxicaciones de productores y trabajadores agrícolas.

    De igual modo, se deben reducir hasta lograr la eliminación los plaguicidas que incluyan un riesgo crónico para la salud, especialmente la de los niños y afecte los derechos reproductivos de las mujeres. No es aceptable que se permita el uso de plaguicidas y se toleren sus residuos en nuestra dieta en el caso de productos que puedan provocar cáncer, malformaciones, alteraciones hormonales, daños reproductivos u otros efectos crónicos irreversibles.

    El objetivo de las políticas ambientales o de protección a la salud no debe reducirse al llamado "manejo seguro de los plaguicidas" como pretende la industria química; sino que debe prevenir los riesgos y tender a eliminar su uso, sobre todo cuando los riesgos se pueden evitar porque existen alternativas viables.

    Por la firma y ratificación de los convenios ambientales multilaterales y su prioridad sobre los acuerdos comerciales

    Los acuerdos comerciales no deben tener prioridad sobre los convenios ambientales multilaterales que tengan como objetivo una mayor protección a la salud humana o el medio ambiente. En ocasiones la firma o ratificación de estos convenios se ha obstaculizado por los defensores a ultranza del libre comercio. Los gobiernos deben firmar y ratificar los convenios ambientales multilaterales y contar con planes nacionales de aplicación de estos convenios con mecanismos amplios de participación ciudadana.

    Es así, que se debe eliminar el bromuro de metilo destructor de la capa de ozono, como indica el Protocolo de Montreal. Aplicar el Procedimiento de Consentimiento Fundamentado Previo (PIC) en el intercambio comercial de plaguicidas prohibidos o formulaciones especialmente peligrosos del Convenio de Rótterdam. Eliminar los plaguicidas organoclorados y las fuentes de producción no intencional de dioxinas y furanos según lo establece el Convenio de Estocolmo sobre los Contaminantes Orgánicos Persistentes e ir eliminando otros plaguicidas organoclorados que aún se usan en nuestros países como el lindano, endosulfán, pentaclorofenol por ser dañinos a la salud y medio ambiente. 12

    No permitir que el Protocolo de Bioseguridad -Cartagena- del Convenio de Diversidad Biológica se subordine a la OMC, como pretende Estados Unidos, e instituir el Principio Precautorio en las leyes de bioseguridad nacionales. EcoPortal.net

     

    NOTAS

    1. El sitio de la OMC es http://www.wto.org/, para una crítica véase : www.tradewatch/ftaa/ALCA_Espanol/, http://www.ourworldisnotforsale.org/

    2. Ver artículos de Silvia Ribeiro, Blanca Rubio y Ana de Ita en Fernando Bejarano y Bernardino Mata (editores) Impactos del Libre Comercio Plaguicidas y Transgénicos en la Agricultura de América Latina. México, RAPAL, RAPAM, UACH, SOMAS, SEGE, 2003. Sobre la crítica a la Ley Agrícola de Estados Unidos, véase de Peter Rosset de Food First http://foodfirst.org/wto/espanol/

    3. " Making Global Trade Work for People" UNDP Kamal Malthora, et. al. 2003, en Greenpeace. A guide to 5th Ministerial Conference of WTO Cancun, México. 2003.

    4. Fernando Bejarano, La Espiral del Veneno, Guía crítica ciudadana sobre plaguicidas. México, RAPAM, 2002.

    5. Fernando Bejarano, Contaminación alimentaria de Estados Unidos, Un Mito la Calidad del Norte, en Masiosare, La Jornada 26 de enero del 2003.

    6. No te dejes engañar, folleto de Greenpeace, RAPAM, GEA y otros grupos ambientalistas México 2003.

    7. La página de la Comisión del Codex Alimentarius es .www.codexalimentarius.net Las normativas alimentarias en América Latina en http://www.panalimentos.org/. Para una crítica del Codex ver Lori Wallach and Michelle Sforza, Whose Trade Organization? Corporate Globalization and the erosion of Democracy. Washington. Public Citizen, 1999. "Chapter 2. pp 52-85.

    8. Ver de Fernando Bejarano, La Espiral del Veneno, op. cit., pp 82-88, y de Mary O´Brien Making better environmental decissions. An alternative to risk assessment, Cambridge, London, MIT Press, 2000.

    9. El Parlamento Europeo aprobó en julio del 2003 dos propuestas sobre etiquetado y trazabilidad de OGM que permitirá exentar de etiquetado al alimento que contenga menos del 0.9% de OGM y 0.5% de presencia accidental de OGM no autorizados y considerados sin riesgo.

    10. Erika Rosenthal "Los acuerdos de libre comercio y la desregulación de los plaguicidas. El caso de América Central" en Fernando Bejarano y Bernardino Mata op. cit pp 105-116.

    11. Fernando Bejarano, "Metalclad y el capítulo 11 del TLCAN" en Confrontando la Globalización, Laura Carlsen, Hilda Salazar y Timothy Wise, México, Ed. Porrúa, 2003.

    12. Ver los planteamientos de Vía Campesina en http://www.viacampesina.org/

    13. Para una perspectiva ambientalista global del Convenio de Estocolmo ver http://www.ipen.org/

    *Fernando Bejarano G.

     

    Red de Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en México (RAPAM). Amado Nervo, 23-2, Col. San Juanito, Texcoco, Edo. de México, México 56121 Tel. y Fax. (595) 954 7744. Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina (RAP-AL) http://www.rap-al.org/ Coordinadora General: Maria Elena Rozas, Alianza por una Mejor Calidad de Vida, Chile. rap-al[arroba]terra.cl,http://www.rap-chile.com./ Subcoordinador de Mesoamérica y el Caribe: Fernando Bejarano, Red de Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en México (RAPAM) rapam[arroba]prodigy.net.mx Subcoordinador de la región Andina, Luis Gomero, Red de Acción en Alternativas al uso de Agroquímicos (RAAA) rapalpe[arroba]terra.com.pe, http://www.raaa.org/