La Privatización

1. Introducción

Existe una gran confusión con los conceptos capitalización y privatización. La Privatización es un proceso mediante el cual las tareas son transferidas del sector público al sector privado. Este proceso permite a los actores no gubernamentales intervenir cada vez más en la financiación y prestación de servicios asistenciales, y conlleva la introducción de cambios en las funciones y responsabilidades públicas y privadas. Mientras que la Capitalización la podriamos definir como un proceso en el cual se vende a inversionistas privados una parte de las acciones, que no esta definido cuanto debe ser pero en la mayoría de los casos oscila entre 40% a 60% de las acciones, puede ser más, puede ser menos, ya que no existe un patrón fijo.

2. ¿Cómo se privatiza?

La primera fase para la privatización de una empresa es la preparación de la venta, aún cuando la presión de la situación puede considerarse como uno de los factores más importantes que incide en la celeridad con la que se trata de vender la empresa también existen elementos de política determinantes para la preparación de la venta. La reestructuración es un paso previo a la privatización, en algunos casos la reestructuración es absolutamente necesaria para promover la competencia o facilitar la venta, pero la reestructuración tiene riesgos y plantea problemas importantes. En primer lugar, puede resultar una operación que consuma demasiado tiempo, dando lugar a que se pierda la oportunidad de privatizar. En segundo lugar, puede demandar recursos importantes de los cuales carece el estado. En tercer lugar, puede ocurrir que la reestructuración disminuya el número de potenciales interesados si ella no coincide con los programas de inversión que estos últimos tienen.

Por estas razones es posible concluir que la reestructuración de las empresas públicas como paso previo a su privatización sólo debe ejecutarse cuando se cumple alguna de las tres siguientes condiciones.

Cuando se requiere para permitir o promover la competencia
Cuando es absolutamente necesaria para hacer posible la venta
Cuando el estado tiene claras ventajas comparativas para el sector privado para adelantar la reestructuración de que se trate.

Reestructurar por estas razones, tales como la posibilidad de mejorar el precio de venta final de la empresa, implica suponer que el Estado tiene mayor capacidad de agregar valor que el sector privado, esta es una actividad de la cual precisamente se esta retirando el estado. En este sentido cabe decir que las mismas razones que conllevan a la privatización, deben conllevar a dejar que sea del sector privado la tarea de la reestructuración de las empresas a privatizar.

La segunda fase de la privatización es el método de venta, hasta ahora se han experimentado una amplia gama de esquemas o modalidades de privatización y se sigue innovando en este campo. Por lo que no existe un patrón fijo, obviamente la modalidad de privatización ha estado en alto grado determinada por el tipo de empresa o actividad que se privatiza, pero en general, la fórmula que ha predominado es la de la búsqueda de un inversionista estratégico al cual se le vende un porcentaje de acciones con el control de la empresa. Otro porcentaje de las acciones, que suele estar entre el 4% y el 20%, se le vende a los trabajadores de la empresa privatizada y el resto lo lleva el gobierno al mercado de capitales. Este ha sido el esquema utilizado en la venta de empresas de telecomunicaciones, eléctricas y muchas otras. Podríamos decir que este ha sido el esquema predominante en las grandes empresas.

El objetivo de conseguir un inversionista estratégico para las grandes empresas que se privatizan ha predominado claramente sobre otros objetivos de política como el desarrollo del mercado de capitales. En la venta del bloque accionario al inversionista estratégico ha predominado ampliamente la licitación pública.

Ello a contribuido de manera notable a darle transparencia a los procesos de privatización, lo que a su vez ha contribuido a darle a ésta viabilidad política. En este sentido es digno destacar que, siendo la privatización un proceso en el cual están involucradas continuas y cuantiosas operaciones mercantiles, no se ha convertido dicho proceso -como se pronostico en algunos casos- en un centro de escándalos o de corrupción en ningún país de América Latina.

Luego de haber desarrollado el esquema sobre el método de venta se procede con el tercer paso, el criterio de selección de los compradores, al igual que con el método de venta no ha existido un único método ni siquiera en el interior de cada país para seleccionar los compradores finales de las empresas públicas a privatizar. Sin embargo, es posible apreciar un hecho y una tendencia dominante:

El precio ofertado ha sido el elemento más importante para la selección de nuevos inversionistas.
El precio ofertado tiende a ser el único elemento para decidir la selección del nuevo propietario.

En numerosos casos de privatización en América Latina, el precio ofertado por los inversionistas interesados ha tenido una ponderación alta o dominante en la selección final; pero ese no ha sido el único elemento. Se le ha dado alguna ponderación también a los planes de inversión de los competidores. Sin embargo, en los casos de privatización más reciente, el programa de inversión mínimo lo defiende el gobierno y se convierte este en una exigencia igual para todos los inversionistas. Estos, habiendo sido ya precalificados, compiten estrictamente sobre la base del precio ofertado.

La utilización de un único criterio (especialmente el precio) para la selección de los compradores de la empresa tiene dos grandes ventajas. Simplifica enormemente el proceso de selección, al remitirlo a un único indicador cuantificable y, por lo mismo, le dan gran transparencia al proceso. Habiendo sido previamente precalificados los potenciales inversionistas y habiendo sido igualmente definido el plan mínimo de inversión (cuando ello procede) por el estado, se asegura que cualquiera sea el que gane de entre los compradores, se habrá hecho una buena decisión.

3.¿Quiénes compran?

La pregunta sobre quienes compran las empresas públicas, ha sido un tema de debate en toda América Latina y en general, en todos los países con programas importantes de privatización. Tres tipos de preocupaciones han emergido fuerza:

Preocupación por la "extranjerización"
Preocupación por la "monopolización"
Preocupación por la "calidad del sector privado comprador"

Con respecto al tema de la "extranjerización" es evidente que la privatización ha servido para captar y traer la región volúmenes importantes de inversión extranjera. Pero eso ha sido un objetivo expresamente deseado de la política. Más aún, la privatización (como se refirió en otra parte) generalmente se ha desarrollado con el contexto de un marco de políticas mucho más amplio que, entre otras cosas, ha liberalizado de manera importante los códigos de inversión extranjera. Pero la presencia de mayores montos de capital extranjero (que la nación necesita) no puede confundirse con la "extranjerización" de la economía en el sentido de que el estado o los nacionales pierden el control sobre su economía. Tal cosa no es verdad por dos razones:

En primer lugar porque al mirar la forma como nacionales y extranjeros han participado en procesos de privatización en distintos países, se constata que en general los nacionales han tenido un rol protagónico mucho mas fuerte.
En segundo lugar porque al lado de los procesos de privatización se ha producido una renovación del aparato estatal, medido al menos en su capacidad regulatoria, que lejos de debilitarlo lo ha fortalecido.

4.¿Quiénes Ganan? ¿Quiénes Pierden?

Un estudio reciente (Galal 94) discute las consecuencias de la privatización sobre el bienestar social . El trabajo analiza los casos del Reino Unido, Chile, Malasia y México. Se evalúa el comportamiento de un total de 12 empresas y se compara el desempeño de la empresas en el período post-privatización con el comportamiento que se presume hubiesen tenido estas empresas de haber continuado en manos del Estado. El trabajo intenta cuantificar los efectos de la privatización sobre los distintos actores económicos (compradores de la empresa, consumidores, gobierno, competidores y trabajadores). Las empresas latinoamericanas evaluadas son Chilgener y Enersis (electricidad) y Compañía de teléfonos en el caso de Chile; y Aeroméxico, Mexicana de Aviación y Compañía de teléfonos, en el caso de México. La síntesis de los diferentes casos indica lo siguiente en relación a los diferentes actores económicos:

Trabajadores: de los doce casos estudiados, los autores encuentran que en ninguno los trabajadores pierden como resultado de la privatización; mientras que en diez de los casos resultan ganadores. Los trabajadores resultan beneficiados de la revalorización de sus acciones en varios casos que incluyen Teléfonos de Mexico y Enersis, la distribuidora eléctrica chilena.

Consumidores: Los autores encuentran que los consumidores pierden en cinco de los casos estudiados, como consecuencia del aumento en los precios de los bienes producidos por las empresas privatizadas. Sin embargo, esta consideración no evalúa -tal como los propios autores lo reconocen- si el incremento de precios se requería para hacer viable la empresa en cuestión o si se trató de un ejercicio de poder monopólico de la empresa en perjuicio de los consumidores.

Gobierno y compradores: En todos los casos, las ganancias de las empresas se incrementaron. Por otra parte, el impacto fiscal fue positivo en nueve de los doce casos.

Extranjeros y nacionales: A los inversionistas extranjeros les va bien en los procesos de privatización, pero a los nacionales les va aún mejor. Los grupos nacionales aparecen ganando en todos los casos, excepto en Mexicana de Aviación. Los inversionistas extranjeros aparecen perdiendo en tres casos: British Airways, Mexicana de Aviación y Aeroméxico. Aun cuando no se expresan explícitamente en las declaraciones de política oficial, emergen en el discurso de quienes tienen la responsabilidad directa de impulsar la privatización dos objetivos adicionales a los anteriores:

Al sumar estos cuatro objetivos que usualmente se proponen los gobiernos mediante los programas de participación de los trabajadores en el proceso de privatización, resulta claro que si resultan bien ejecutados, tales programas, además de facilitar la venta de las empresas, pueden incrementar igualmente su valor.

Aún no existe mucha información sobre cómo se han desenvuelto los programas de participación laboral en los procesos de privatización de la región. Generalmente estos son anunciados al inicio del proceso, pero luego toma tiempo para que se concreten. Por lo tanto, poco se sabe sobre el verdadero impacto de esta política en términos de número de trabajadores que hoy son accionistas de las empresas o transferencia real de riqueza que se produjo a su favor. Por su trascendencia, este tema debería formar parte de la agenda de investigación de aquellas instituciones preocupadas por el bienestar de los trabajadores.

5. El Fenómeno De La Privatización Se Fortalece

Mundialmente

La ola privatizadora que comenzó a desarrollarse en la economía mundial hacia finales de los setenta y principios de los ochenta, continúa fortaleciéndose hoy en día. En el año de 1994, las ventas de activos públicos en el mundo entero alcanzaron una cifra récord cercana a los 60 mil millones de dólares. En Europa, la política de privatización ha tomado un nuevo auge con la decisión del Gobierno francés de privatizar total o parcialmente unas 21 empresas, incluyendo Elf Aquitaine, la empresa petrolera y la famosa compañía de carros Renault. En Inglaterra, la empresa y la industria del carbón –privatizaciones sobre cuya viabilidad existían muchas dudas- han sido transferidos al sector privado exitosamente. En Alemania se prepara la venta de Deutsche Telekom, la gigantesca empresa estatal de teléfonos, luego de la reducción de la participación estatal en Lufthansa del 52% al 35%. En España el gobierno continúa reduciendo progresivamente su participación en las empresas públicas habiendo exitosamente hecho la segunda colocación de acciones de Endesa, la empresa eléctrica, por 1000 millones de dólares. Portugal y Grecia se preparan también para privatizar sus compañías de teléfonos entre 1995 y 1996.

En Asia, la política de privatización cobra también nueva fuerza. Pakistán ha puesto en marcha un novedoso esquema de venta de vouchers que en un plazo máximo de dos años deberán ser convertidos en acciones de la compañía de teléfonos. El sector eléctrico está siendo igualmente reestructurado y los marcos regulatorios actualizados a fin de permitir la inversión privada tanto nacional como extranjera. La India está viviendo un período de gran auge de inversión y flujos de capital externo como consecuencia de sus reformas económicas que incluyen, como un componente muy importante, la privatización de numerosas empresas públicas, incluyendo la compañía de teléfonos. Sri Lanka se encuentra en proceso de relanzamiento de su programa de privatización, el cual incluye entre otras muchas empresas, la línea aérea, la compañía de teléfonos y las tradicionales plantaciones de té.

En Europa Oriental, la llamada "privatización masiva" sigue su curso, siempre sujeta a las turbulencias políticas propias de una transición de las magnitudes de las que se están viendo en esa región. Polonia, Rumania, Hungría, los países bálticos, comienzan a desplazarse de manera más significativa hacia las áreas de infraestructura, incluyendo agua, electricidad y aeropuertos entre otros sectores. En Africa, países como Marruecos, Camerún, Egipto, Túnez y Ghana se encuentran adelantando ambiciosos programas de privatización que incluyen líneas aéreas, minas, telecomunicaciones, turismo y otros servicios.

En Estados Unidos, la privatización ha cobrado la forma de contratación a empresas privadas de distintos servicios que hasta ahora venían prestando los gobiernos locales ("contracting out"). La ciudad de Filadelfia ahorra actualmente cerca de 25 millones de dólares anuales, como consecuencia de las privatizaciones realizadas durante los dos últimos años. De la misma manera, Washington D.C., atrapada en una severa crisis fiscal, está considerando hoy -bajo el gobierno del alcalde Marion Barry, uno de sus más connotados oponentes hasta tiempos recientes- la privatización de hasta 25 servicios que incluyen, entre otros, guarderías infantiles, control del tráfico en la ciudad y programas para los minusválidos. "La privatización cruza todo lo que estamos considerando ahora" ha dicho recientemente un funcionario de la alcaldía.

América Latina y el Caribe no sólo no ha escapado a esta tendencia sino que en algunas áreas -como telecomunicaciones- se ha convertido en una referencia internacional importante.

6. El Proceso De Privatización En América Latina

Es necesario hacer un esfuerzo para clarificar el concepto de privatización ya que el término ha sido altamente mistificado, se maneja con diferentes concepciones en el marco del debate político y está cargado de diferentes significados que obstaculizan la visualización de fenómenos diversos, a veces complementarios y otras veces contradictorios, que están ocurriendo en los países de la Región.

Las proposiciones de privatización que se debaten en la década de los ochenta están inscritas e inspiradas básicamente, en el modelo neoliberal y en la teoría económica neoclásica que se fundamentan en la creencia en que las fuerzas del mercado distribuyen los recursos, salarios, bienes y servicios más efectivamente y eficientemente que las fuerzas interventoras del Estado. Estas proposiciones están principalmente, referidas a la reducción de la intervención económica del Estado en la sociedad. Por privatización se designa, en términos generales, aquellas políticas diseñadas para establecer los principios del mercado en la provisión y distribución de los servicios públicos. Es esta última, la dirección más controversial de la privatización ya que tiene que ver directamente con la distribución social de los recursos (Pulkingham: 1989).

Las orientaciones doctrinarias tuvieron su desarrollo más acabado, bajo las administraciones de Margaret Thatcher en Inglaterra y Ronald Reagan en Estados Unidos. Estas experiencias se extendieron a un grupo de países del primer mundo, como Españaa, Italia, Francia, Canadá y Alemania. Para la mayoría de los analistas de la privatización ésta refiere a la transferencia de funciones y actividades del sector gubernamental al sector no directamente controlado por el Gobierno. Dentro esta lógica el sector público redefine su intervención en la sociedad fundamentalmente a través de las empresas estatales, lo que trae como consecuencia un rediseño en el gasto público. La privatización en el área social funciona como una extensión de un proceso que tiene su origen en el ámbito económico.

De una revisión de la literatura más reciente sobre el tema, se pueden inferir por lo menos tres enfoques que ayudan a comprender este proceso. El primer enfoque, considera a la privatización como un fin en sí mismo y enfatiza sus aspectos económicos. Estos estudios analizan los procesos de privatización en términos comparativos, utilizando básicamente las experiencias de los países desarrollados, como Estados Unidos, Francia, España, Inglaterra e Italia. También hay referencias sobre algunos países del Tercer Mundo como Chile, Brasil, Corea del Sur, Bangladesh, South Africa, entre otros. Los autores representantes de este enfoque, realizan una evaluación de las experiencias anteriores en términos de los éxitos alcanzados y/o fracasos, destacando los primeros sobre los obstáculos o dificultades. En la literatura perteneciente a este enfoque, también se encuentran referencias a las modalidades que se adoptaron para cada caso y sus resultados en cuanto al ahorro del gasto fiscal del Estado y al nuevo estilo de gerencia orientado hacia la búsqueda de eficacia y eficiencia en los entes una vez privatizados.

Desde esta perspectiva, la sociedad civil es el empresariado organizado y se coloca por encima del Estado. Se podría inferir que este sector sería el instrumento para aumentar la eficacia de los aparatos del Estado. Los exponentes de este enfoque, comparten la idea de disminuir la presencia del Estado en la economía y de redimensionarlo, no solamente en las áreas económicas sino también en las sociales. Aquí el objetivo explícito es fomentar una nueva división del trabajo entre los sectores público y privado con el fin de aumentar la eficacia y eficiencia de ambos. Sin embargo, una derivación de este objetivo es el de mantener separados estos sectores. El primero, en el ámbito estricta y tradicionalmente social y el segundo, en el ámbito económico. Los autores considerados en este primer grupo sostienen que lo anterior es una condición necesaria para que una sociedad alcance el desarrollo medido en términos de crecimiento económico.

El segundo enfoque destaca los aspectos sociales y políticos del proceso de privatización. Este enfoque trata de vincular la privatización, básicamente a los aspectos político-sociales de una sociedad determinada y argumenta que sus posibilidades de surgimiento y modalidades de expresión deberían estar relacionadas con la tradición sociopolítica y cultural que le es propia a cada país. De allí que los procesos de privatización devienen de decisiones políticas que se toman asociadas, principalmente a un forma específica de Estado.

Quienes suscriben este punto de vista sostienen que las condiciones socioeconómicas en las cuales se sucedieron los procesos de privatización en los países europeos, divergen sustancialmente de las condiciones que presentan hoy en día los países latinoamericanos, así como también hay diferencias substanciales sociohistóricas entre los propios países latinoamericanos; por lo tanto los resultados esperados variarían puesto que el surgimiento y desarrollo del Estado Latinoamericano es diferente al de cualquier Estado Europeo. Podría concluirse que un proceso de privatización tendría que vincularse a las características socioculturales propias de cada sociedad y asumirse como uno de los medios para lograr un fin mucho más complejo como es el desarrollo de la sociedad.

Como parte de este enfoque, es importante destacar el análisis que sobre este punto hace Scarpaci (1989), quien, básicamente argumenta que los procesos de privatización en general, y la tendencia hacia la privatización de los servicios de salud en particular, no pueden estudiarse o interpretarse simplemente explicándolos como productos o respuestas a la crisis fiscal del Estado, al elevado monto de la deuda externa y el déficit presupuestal que presentan los gobiernos. Como tampoco podrían ser interpretados como productos de una conspiración para acabar con el Welfare State. Específicamente este autor argumenta que la privatización de los servicios de salud depende de la naturaleza específica del conflicto entre el Estado, el sector privado, los consumidores y el capital (nacional o internacional).Si bien los aspectos económicos de la reestructuración de los programas sociales son importantes para entender los procesos de privatización, ellos sin embargo, no dan cuenta de cómo tal reestructuración se manifiesta dentro de los diferentes sectores (social, económico, político y cultural).

Pareciera que para los exponentes de este enfoque, la política de privatización trata de establecer los límites a la intervención estatal, principalmente en las áreas productivas e industriales, al mismo tiempo que dicta las pautas para una redefinición de la intervención pública y privada en el área social. El tercer enfoque, estudia la privatización desde el punto de vista teórico-conceptual, es decir discute el contenido del concepto analizando los problemas de carácter metodológico que podría acarrear su instrumentación, ya no en la sociedad como un todo, sino en sus diferentes subsectores. Aquí hay un esfuerzo por separar, conceptual y metodológicamente, las tendencias hacia el aumento de la participación del sector privado en las esferas públicas, incluyendo en éstas la social, sucedidas antes de los ochenta y los llamados ‘procesos privatizadores’ posteriores a esta década. Los cuales son el resultado de una decisión política de alto nivel que involucra negociaciones y transacciones entre los diferentes intereses que se articulan en torno a determinados procesos productivos. Por otro lado, estos procesos privatizadores, sobre todo en los países latinoamericanos, son resultado también de las negociaciones sobre el pago de la deuda externa con las agencias internacionales, las cuales la incluyen como uno de los requisitos principales.

Los procesos de privatización, es decir la invasión de lo público por lo privado, delimitan un determinado tipo de acción: aquélla mediante la cual las relaciones de propiedad, control o usufructo, o todas ellas según sea la modalidad del convenio, pasan a manos de entidades jurídicas o personas naturales privadas. Ello es importante porque por esta vía quedan excluidos de la consideración de privatización, los procesos y tendencias de crecimiento de lo privado anteriormente existentes a la "firma" de un convenio o transacción, es decir de lo que se identificaba como tal antes del cumplimiento del "pacto".

Tanto el segundo como el tercer enfoque estudian los procesos de privatización desde un punto de vista crítico y comparten el análisis según el cual las especificidades políticas, sociales y económicas que presentan los países y los sectores sujetos a ser privatizados son elementos que necesariamente deben ser tomados en cuenta. Es importante destacar que las tres perspectivas mencionadas no son puras en sí mismas, en donde los análisis que privilegian lo económico y el corto plazo no consideran los aspectos sociales y políticos y viceversa. De allí que la diferenciación que se establece tiene fines exclusivamente analítico-metodológicos para ubicar las diversas posiciones sobre el proceso de privatización a partir del énfasis en los rasgos sobresalientes que cada uno de estos enfoques privilegia en el análisis.

Sintetizando, la privatización definida en un sentido amplio abarcaría todas aquellas acciones que tienen como meta reducir la intervención del Estado en la economía. En consecuencia, comprendería no sólo una transferencia de bienes públicos al sector privado, sino también la desregulación de determinadas actividades públicas o privadas, al igual que la concesión de la prestación de servicios públicos al ámbito privado. Definida en un sentido estricto, la privatización se circunscribiría al cambio de titularidad o gestión del sector público al privado lo cual implica la asunción, por los particulares de bienes o actividades económicas anteriormente bajo la titularidad o gestión pública. Por consiguiente, en este sentido la privatización y desregulación son conceptos distintos, que implican y refieren acciones y procesos diferentes. La desregulación remite a un conjunto de acciones conducidas con el ánimo de dinamizar la vida económica y que consisten básicamente en la eliminación, por parte de las instancias públicas competentes, de restricciones y constricciones que afectan a las decisiones empresariales (De La Serna:1991).

En la primera definición, la desregulación es una condición necesaria para un proceso exitoso de privatización y en la segunda acepción, pareciera que independientemente de la desregulación, el proceso de privatización podría ser exitoso. En el marco de la recesión económica de los ochenta, en favor de los procesos de privatización se ofrecen cuatro argumentos principales:

Es determinante para la superación de la distorsión económica creada por la intervención estatal improductiva en áreas donde la rentabilidad es posible
Profundiza el modelo exportador definido como la llave del éxito del desarrollo económico

– Libera los mercados internos y las importaciones necesarias para garantizar la competitividad requerida para el crecimiento de las exportaciones

Aumenta la eficacia y la eficiencia de las empresas y servicios públicos partiendo de la base de que el sector privado es más eficiente que el sector público.

Estos y otros argumentos de orden económico han sido subrayados por los autores que definen a la privatización como un fin en sí mismo. Al mismo tiempo, en su mayoría, estos son los argumentos que se han venido usando en América Latina como soluciones para enfrentar los problemas económico-financieros del Estado.

En los análisis de los dos casos considerados como las experiencias más exitosas de privatización en países desarrollados (Inglaterra y Estados Unidos) encontramos que tienen en común, tres condiciones.

Una combinación entre limitaciones presupuestarias, el fracaso del sector público en la prestación de los servicios y un compromiso político fuerte en favor de la participación del sector privado.

La existencia de un sector privado fuerte y de un mercado de capitales desarrollado.

Presencia de autonomía en la administración pública frente al control político, así como también la presencia de capacidad y flexibilidad en el terreno del diseño y formulación de políticas estatales.

Tomando como referencia los condicionantes anteriores se puede percibir que con excepción de la primera condición, las demás que se anotan no están presentes o se dan con cierta dificultad en América Latina y el Caribe. La inexistencia en los países de la Región de un sector privado fuerte y un mercado de capitales desarrollado se explica por el nacimiento y desarrollo del empresariado, que en la mayoría de los países de América Latina, estuvo protegido por el propio Estado. Por otro lado, la estructuración típica de la administración pública y la práctica tan extendida del clientelismo político impiden que se cumpla la tercera de las condiciones apuntada por los defensores de la privatización.

Como se desprende de lo anterior, la política de privatización, tiene acuñado un alto contenido económico en su fundamentación y una preconcepción bastante firme sobre la superioridad de la eficiencia del sector privado sobre la del sector público. Por último, los procesos de privatización fueron diseñados para el sector productivo y sólo por extensión se incluyeron los sectores sociales; ello implicó un grado menor de reflexión y análisis para el caso de estos últimos.

En esta discusión es importante destacar que en los análisis sobre los procesos de privatización no siempre se tiene en cuenta que estos responden fundamentalmente a la dinámica resultante de las relaciones económicas y políticas que se dan entre el Estado y los diferentes grupos de interés en el contexto específico de cada sociedad. Por otro lado, la privatización no refiere a un proceso único ni a una decisión que se ejecuta en un período breve. De hecho, la privatización implica no solamente un proceso sino la articulación de varios procesos simultáneos que se originan en los distintos sectores de la sociedad y que resultan de decisiones diferentes en cuanto a políticas económicas y sociales. Cada una de ellas adopta distintas modalidades las cuales dependen de la correlación de fuerzas entre los distintos actores y las características propias del sector.

Por último, la privatización debe ser vista en el marco de las transformaciones globales de la naturaleza del Estado porque, en definitiva lo que se propugna es un papel diferente del Estado que se adecue al nuevo modelo de acumulación y desarrollo el cual incluye como uno de sus elementos principales la globalización y transnacionalización de la economía.

7. La Reforma De Las Empresas Publicas En Nuestro Pais

Cuando asumió la Presidencia de la República, en agosto de 1996, el Presidente Leonel Fernández encontró las empresas del Estado deterioradas, con deudas millonarias y en peligro de cierre, lo cual amenazaba seriamente el empleo de miles de familias que llevaban años trabajando en esas empresas.

El Estado no disponía de los recursos para rehabilitarlas y ponerlas a trabajar con eficiencia, razón por la cual tenía que buscar capitales frescos del sector privado, sin entregar el patrimonio estatal a particulares.

El Presidente Fernández elaboró un proyecto de ley con la finalidad de sacar de la crisis a la Corporación Dominicana de Electricidad (CDE), el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE) y la Corporación de Fomento de la Industria Hotelera (CORPHOTEL).

El proyecto se convirtió en la Ley General de Reforma de la Empresa Pública, con el apoyo de los legisladores de todos los partidos representados en el Congreso Nacional y de distintas organizaciones de la sociedad civil que asistieron a las vistas públicas que se convocaron antes de ser aprobado.

8. Como Se Esta Haciendo La Reforma De Las Empresas

La ley ofrece varias vías para hacer la reforma. Esas vías son: capitalización, concesión, transferencia de acciones y venta de activos. Sin embargo, la ley privilegia la capitalización e impone mayores requisitos para que se puedan aplicar las otras modalidades .

La capitalización consiste en buscar socios del sector privado que puedan aportar una suma de dinero igual o mayor al valor de las empresas que se van a capitalizar, para formar una nueva compañía, con capital duplicado, en la cual el Estado será dueño de un 50 por ciento y el socio privado será dueño del otro 50 por ciento..

Para garantizar la rehabilitación y el desarrollo de la empresa capitalizada, se contratará la administración del socio privado, pero éste realizará su trabajo sin salirse de los contratos y estatutos elaborados por el Estado, los cuales debe firmar antes de que se realice la negociación. Para capitalizar las empresas, la Comisión ha establecido una serie de pasos, ajustada a los mandatos de la ley, entre los cuales señalamos los siguientes:

Realizar un diagnóstico de la empresa
Contratar un experto para realizar la asesoría estratégica del proceso.
Contratar a una firma internacional, mediante licitación pública, para realizar una auditoría del patrimonio y una tasación del valor de mercado de la empresa que se va a capitalizar.
Publicar los resultados de la auditoría en los periódicos, para que la población conozca cuál es el patrimonio de la empresa antes de la capitalización.
Contratar una banca de inversión para promover el proceso y atraer la inversión de capitales a nivel nacional e internacional.
Elaborar Términos de Referencia claros, donde se definen las características básicas del tipo de socio que está buscando el Estado, para garantizar que tenga solvencia moral y financiera, experiencia técnica e historia en la prestación de servicios, entre otros elementos.
Invitar a los interesados, mediante un aviso en la prensa nacional e internacional, a comunicar a la Comisión de Reforma de la Empresa Pública su deseo de participar en la capitalización de la empresa.
Realizar un acto público, en presencia de notarios y de representantes de los medios de comunicación, para recibir las credenciales de las empresas interesadas en participar en la capitalización.
Analizar minuciosamente la documentación presentada por los interesados, para determinar si llenan los requisitos establecidos en los Términos de Referencia. Después de ese análisis, se elabora una lista de pre-calificados con los proponentes que hayan llenado los requisitos.
Los proponentes pre-calificados deben firmar los contratos y demás documentos aceptando las condiciones que requiere el Estado Dominicano para que un inversionista privado pueda convertirse en socio de la empresa a capitalizar.
Mediante una licitación internacional, y en un acto público, se escoge de la lista de pre-calificados a los proponentes que hagan las mejores ofertas para convertirse en socios del Estado.
Luego de escogido el socio, se traspasará la administración de la nueva sociedad capitalizada, la cual debe administrarse de acuerdo a los estatutos previamente elaborados por la Comisión de Reforma de la Empresa Pública.
Los recursos que aportará el socio privado serán invertidos exclusivamente en la rehabilitación y desarrollo de la nueva empresa.
Los beneficios que genere la nueva sociedad capitalizada se colocarán en un Fondo Patrimonial y se usarán de acuerdo a lo que establezca la ley que se votará al respecto.

9. Algunas Precisiones Sobre Las Acciones De La Crep

La decisión de reformar la Corporación Dominicana de Electricidad (CDE), el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE) y la Corporación de Fomento de la Industria Hotelera (CORPHOTEL) no fue tomada de manera unilateral por el Poder Ejecutivo.

La Ley General de Reforma de la Empresa Pública (141-97), en la cual se dispone el proceso y se crea la Comisión de Reforma de la Empresa Pública, fue aprobada por consenso de todas las organizaciones políticas representadas en el Congreso Nacional, luego de escuchar la opinión de muchas organizaciones de la sociedad civil que acudieron a las vistas públicas que se realizaron para ventilar el contenido del proyecto.

Los miembros de la CREP, a diferencia de los demás funcionarios del Estado Dominicano, son los únicos cuyos nombramientos, luego de ser decretados por el Poder Ejecutivo, deben ser ratificados por el Senado y la Cámara de Diputados para tener validez, lo cual agrega solidez y credibilidad al proceso ante la sociedad. No hay la más mínima duda de que la ley 141-97 es un instrumento eficaz para garantizar un manejo pulcro de todo lo relacionado con el proceso de reforma, donde el legislador tomó en cuenta todos los detalles para evitar que se pueda lesionar los intereses del Estado.

En lo que se refiere a la Comisión, sus mayores esfuerzos se han encaminado a desarrollar una labor de absoluta transparencia, con estricto apego a los mandatos de la ley, donde ni siquiera los grupos cuyos intereses particulares han sido afectados, han podido esgrimir un solo argumento serio de cuestionamiento a la rectitud de cada acto.

10. Como Se Hace La Capitalizacion

Con frecuencia se hacen circular especulaciones sobre supuestas maniobras de supuestos grupos de poder económico para sacar ventajas del proceso de reforma de las empresas públicas.

Es importante aclarar que esas especulaciones no tienen la más mínima certidumbre, pues el procedimiento que se lleva a cabo para seleccionar a un socio del Estado en la capitalización no permite privilegios.

Para que un inversionista pueda participar como socio en la capitalización de una empresa, en primer lugar, debe de reunir una serie de exigencias técnicas, morales y económicas, y pasar por una rigurosa evaluación de sus antecedentes y experiencias. Pero luego de llenar esos requisitos, la selección final del socio se hace mediante una licitación pública internacional, donde se escoge, dentro de los pre-seleccionados, el que haga la mejor oferta económica.

En conclusión, todas y cada una de las actividades realizadas por la CREP, desde que inició sus operaciones, resisten cualquier experticio, con la plena seguridad de que la pulcritud ha estado presente en cada detalle.

11. Ley General De Reforma De La Empresa Pública (141-97)

La Ley General de Reforma de la Empresa Pública (141-97) fue promulgada el 24 de junio de 1997. No obstante, fue el día 30 de noviembre cuando los miembros de la Comisión de Reforma de la Empresa Pública fueron confirmados, con la promulgación por parte del Poder Ejecutivo de la resolución número 257-97, aprobada por el Congreso Nacional el día 5 de ese mismo mes.

La ley 141-97 declara de interés nacional la reforma de la Corporación Dominicana de Electricidad, la Corporación Dominicana de Empresas Estatales, el Consejo Estatal del Azúcar y la Corporación de Fomento de la Industria Hotelera. En su artículo dos (2) la ley establece la creación de la Comisión "como la entidad responsable de la conducción y dirección del proceso de reforma y transformación de la empresa pública con poder jurisdiccional sobre todas las entidades sujetas a transformación".

12. Objetivos De La Ley

Como lo establecen algunos de los considerandos, al concebir y aprobar la Ley General de la Empresa Pública, en el gobierno y en el Congreso dominicanos se pensó que el patrimonio que constituyen las empresas del Estado debe ser utilizado con mayor eficiencia, para enfrentar la pobreza y devolver parte de la deuda social contraída con el pueblo dominicano desde una óptica de desarrollo sostenible.

Partiendo de que el manejo que se ha dado a las empresas públicas afecta el crecimiento y equilibrio de la economía y la capacidad del Estado para atender necesidades básicas de la población, el gobierno y el Congreso buscaron en esta ley un instrumento que garantice una gestión eficiente y transparente de esas empresas, así como la participación de manera pulcra del sector privado en un nuevo proceso productivo que permita al Estado un desarrollo oportuno de la oferta de bienes tangibles e intangibles de la nación y la protección de los derechos de los consumidores y de las empresas.

13. El Rol De Los Comisionados

Como lo establece la ley, los miembros de la Comisión de Reforma de la Empresa Pública son responsables de conducir y dirigir el proceso de transformación de las entidades incluídas.

Pero para los comisionados no se trata solamente de los preceptos establecidos de manera expresa en el texto de la ley. Se trata de un compromiso con todos los dominicanos, desde el más encumbrado hasta el más humilde, de llevar a cabo un proceso diáfano, decente, transparente y apegado en lo más estricto a los mejores intereses del pueblo. No habrá en el accionar de la Comisión el más mínimo ahorro de esfuerzos para conseguir los socios más calificados para las empresas del Estado, desde todos los puntos de vista.

Tampoco se escatimaran esfuerzos para ofrecer al pueblo dominicano todos los detalles del proceso de reforma, pues los comisionados están plenamente conscientes de que el éxito de esta iniciativa dependerá, en gran medida, del aporte sincero de todos los sectores de buena voluntad.

Como se señala en la primera parte de ese documento, los miembros de la Comisión de Reforma de la Empresa Pública fueron ratificados el 30 de noviembre pasado, lo cual implica que sólo ha transcurrido algo más de un mes desde el inicio formal de las actividades.

Sin embargo, antes de que se produjera la formalidad de la ratificación, los comisionados habían logrado importantes avances en el proceso de acopio y revisión de información sobre las empresas incluídas en la ley, primordialmente en el caso de la Corporación Dominicana de Electricidad.

El énfasis en la Corporación Dominicana de Electricidad no sólo se debe a la urgencia que tiene el país en buscar soluciones adecuadas a las deficiencias del servicio energético, sino también a que en dicha empresa se había logrado los mayores adelantos en los trabajos relativos al proceso de reforma.

Desde el mes de noviembre, los comisionados se han reunido en varias ocasiones con el equipo técnico y con los asesores internacionales del proceso de reforma de la Corporación Dominicana de Electricidad, y han recibido toda la documentación acumulada hasta la fecha, los trabajos técnicos e informes realizados, los cuales han sido evaluados y validados en su casi totalidad, dada su actualidad y adecuación al marco legal y técnico actual.

Para la Corporación Dominicana de Electricidad, la Comisión de Reforma de la Empresa Pública contrató al equipo que laboraba en la Comisión de Reestructuración, quienes continuarán trabajando en el proceso y confirmó la selección de los asesores internacionales. La Comisión también estructuró los e quipos locales que se encargarán de los trabajos técnicos relacionados con el proceso de reforma del Consejo Estatal del Azúcar y la Corporación Dominicana de Empresas Estatales, y está conformando el equipo que trabajará con la Corporación de Fomento de la Industria Hotelera.

En el caso del Consejo Estatal del Azúcar, se había logrado algún avance en el acopio y selección de información, que ha servido a los comisionados como referencia para el inicio del proceso.

14. Capitalizacion De La Corporacion Dominicana De Electricidad

Amparada en el mandato de la ley 141-97, la Comisión de Reforma de la Empresa Pública (CREP) inició el proceso de capitalización de la Corporación Dominicana de Electricidad.

Luego de numerosos estudios técnicos realizados durante varios años por especialistas nacionales e internacionales y de una evaluación exhaustiva, se determinó la conveniencia de subdividir la empresa en varias sociedades diferentes.

Se decidió crear dos empresas de generación térmica y tres de distribución. Las de generación son ITABO y HAINA, con una capacidad instalada de 575 y 670 megavatios, respectivamente. Las de distribución son NORTE, SUR y ESTE, que sirven a unos 379,000, 396,000 y 359,000 clientes, respectivamente. Esas son las cinco empresas cuyo proceso de capitalización inició la CREP. Como establece la ley, las unidades de generación hidroeléctrica y la transmisión quedarán en manos del Estado.

15. Requisitos Para Realizar La Capitalizacion

Para garantizar la transparencia del proceso y asegurar que el Estado consiga los mejores socios, la ley establece una serie de requisitos que norman el procedimiento, entre los cuales citamos los siguientes:

Realización de auditoría del patrimonio de la empresa y una valuación de las unidades a capitalizar.
La firma auditora debe tener reconocimiento internacional y debe contratarse mediante licitación pública internacional.
Los resultados de la auditoría deben ser publicados en la prensa nacional en menos de 30 días después de ser entregada a la CREP.
La pre-calificación y selección de los potenciales socios del Estado debe realizarse mediante el procedimiento de licitación internacional.
La Comisión debe rendir un informe detallado de sus actividades cada tres meses al Presidente de la República y enviar copias a los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados.

16. Que Ha Hecho La Crep Hasta Ahora Con La Cde

Se elaboró un documento denominado Términos de Referencia de la Fase de Pre-calificación, en el cual se define el perfil de los socios que el Estado Dominicano busca para participar en la capitalización de CDE.
El día 19 de enero se publicó un aviso en la prensa nacional e internacional, invitando a los interesados en participar en el proceso a comunicar su interés a la Comisión.
En el período hábil, un total de 46 empresas adquirieron los Términos de Referencia.
En un acto público celebrado el 26 de marzo, con la presencia del Presidente de la República y representantes de los medios de comunicación y de las organizaciones de la Sociedad Civil, 21 de las 46 empresas que adquirieron los Términos de Referencia presentaron sus credenciales.
El 18 de abril, luego de un examen minucioso de la documentación presentada por los interesados, la Comisión pre-seleccionó a 19 de las 21 empresas que presentaron credenciales.
Desde el día cinco de mayo se inició el envío de los Términos de Referencia, los contratos y demás documentos de la segunda fase a los pre-calificados .

17. Auditoria Patrimonial

El día 25 de enero se publicó un aviso en la prensa, invitando a las empresas auditoras nacionales con representación internacional y/o internacionales con representación nacional a presentar sus credenciales para participar en la licitación para contratar la auditoría patrimonial y la tasación de la CDE.
Un total de 10 empresas presentaron credenciales, de las cuales tres fueron pre-calificadas por reunir las condiciones requeridas.
El día tres de marzo se seleccionó la firma ganadora, que fue Arthur Andersen, cuya representante local es Ortega y Asociados.
El trabajo contratado consiste en una auditoría patrimonial al 31 de enero y una valuación de las cinco compañías que se van a constituir.
Actualmente se trabaja en la auditoría patrimonial de la CDE, la cual se publicará cuando sea entregada a la CREP.
Cuando se concluya dicha auditoría y sea recibida por la Comisión, será publicada en la prensa, lo cual permitirá a la población conocer en detalles la situación patrimonial de la CDE, como manda la ley.

18. Fase De Adjudicacion

Una vez concluida la primera etapa, los pre-calificados firmaron un contrato de confidencialidad con la Comisión, para recibir la información necesaria sobre el sector energético nacional y el marco regulatorio, y para visitar la sala de datos habilitada para el proceso y las instalaciones de la CDE.
Entre el 26 de mayo y el cinco de junio, los comisionados y los técnicos del equipo CREP-CDE visitaron la sede de 14 de las empresas pre-calificadas, en seis países y tres continentes.
En la actualidad, las empresas pre-calificadas realizan sus visitas y reuniones en las distintas instancias relacionadas con el proceso en la República Dominicana.
Luego de que se concluya el proceso de intercambio de información y se discutan los contratos y demás documentos en los cuales el Estado Dominicano establece las reglas del juego para participar en la capitalización de las nuevas unidades, los pre-calificados firmarán toda esa documentación, donde se obligan al cumplimiento de lo establecido.
Una vez firmados esos documentos, las empresas que lo hayan hecho, participarán en un acto público y solemne, en el cual harán sus propuestas, y la Comisión escogerá a las que hagan las mejores ofertas económicas para convertirse en socios del Estado.
Las empresas que resulten escogidas aportarán una suma de dinero igual o mayor al valor de las empresas que se van a capitalizar y serán propietarios del 50 por ciento de las nuevas sociedades, al igual que el Estado Dominicano.
La administración de esas nuevas empresas estará a cargo de los inversionistas privados, que se regirá de acuerdo con lo establecido en los contratos firmados antes de la selección de los socios.
Los recursos que aportarán los nuevos socios se destinarán a la rehabilitación, desarrollo y modernización del sector eléctrico nacional.

Los beneficios que generen las nuevas empresas serán depositados en un fondo patrimonial para el desarrollo, cuyo uso se determinará mediante una ley que se votará.

19. La Reforma Del Consejo Estatal Del Azucar (Cea)

El Consejo Estatal del Azúcar (CEA) es una de las entidades incluidas en la ley 141-97, cuya transformación está a cargo de la Comisión de Reforma de la Empresa Pública (CREP).

El emporio azucarero estatal tiene diez ingenios, tres divisiones de apoyo y dos parques industriales de zona franca. Los ingenios del CEA son: Haina, Barahona, Ozama, Consuelo, Porvenir, Santa Fe, Boca Chica, Quisqueya, Montellano y Amistad.

Las divisiones de apoyo son: Transportación, Melazas Dominicanas y Ganadería y Boyada. Los dos parques de zona franca están ubicados en Esperanza, provincia Valverde, y Villa Altagracia, provincia de San Cristóbal.

Las condiciones de operación de los ingenios han sido muy precarias en los últimos años, debido al gran deterioro que acusan, tanto en sus campos como en sus instalaciones fabriles. Incluso, Santa Fe y Quisqueya han quedado fuera de operación en las últimas zafras.

El CEA llegó a superar las 800 mil toneladas de azúcar crudo a mitad de la década de los ochenta, y en la actualidad se espera que no llegue a las 200 mil toneladas en la presente zafra. El emporio ha venido sufriendo un declive continuo en sus capacidades y en las condiciones de sus factores productivos, y acumulando pasivos de gran magnitud que involucran prácticamente a todas las instancias laborales y económicas vinculadas con el sector, tales como los colonos azucareros, proveedores de productos y servicios, el Banco de Reservas y el Plan de Pensiones y Jubilaciones.

20. Avances Del Proceso De Reforma En El Cea

En enero de este año, el equipo técnico CREP-CEA inició la elaboración de los diagnósticos internos del CEA, para obtener las informaciones indispensables que soportarán las distintas etapas del proceso. Se completó un análisis preliminar de las modalidades de reforma previstas en la ley 141-97, para elegir la que más se ajuste a las condiciones de la empresa y a los intereses del Estado Dominicano.

El equipo técnico CREP-CEA ha definido, en principio, la modalidad de arrendamiento como la mas adecuada, y continúa analizando nuevos factores que permitan confirmar la elección de manera definitiva. Actualmente se realizan diagnósticos-monografías de cada uno de los ingenios, para obtener un perfil lo más exacto posible de las condiciones individuales de cada uno de esos centros productivos.

La Comisión contrató a un asesor internacional para que preste sus servicios en el diseño y ejecución de la estrategia de reforma del CEA, el cual se incorporará a las actividades antes de finalizar el presente mes. El 16 del mes pasado publicamos un aviso en la prensa nacional e internacional, llamando a una licitación para seleccionar la firma que realizará la auditoría del patrimonio del CEA, según manda la ley. Actualmente estamos recibiendo las credenciales de los interesados.

Se concluyeron los términos de referencia que servirán de base para la contratación de la valuación de mercado de los ingenios del CEA, cuya licitación se publicará en la prensa en los próximos días. Tenemos listo el documento que servirá de base para la licitación internacional a través de la cual contrataremos la banca de inversión que nos asesorará en el proceso de negociación con los inversionistas interesados.

Está a punto de concluir un pre-diagnóstico de la situación de los bateyes, así como los términos de referencia para realizar la auditoría social que deberá arrojar información sobre las poblaciones y las condiciones de vida de dichos bateyes y de su infraestructura. La Comisión tiene listo el documento base para la contratación de un consultor para realizar una auditoría ambiental en los ingenios del CEA. Dicha auditoría permitirá establecer los requisitos que, en materia ambiental, regirá a los socios que resulten elegidos.

21. Los Proximos Pasos Del Proceso

Una vez definida la conveniencia de la modalidad de arrendamiento, la CREP someterá la propuesta al Presidente de la República, quien la ponderará y dará su aprobación oficial. Luego de aprobada, se celebrará un acto solemne, abierto a los medios de comunicación, donde se explicará a la población sobre la modalidad escogida y las razones por las cuales se prefirió el arrendamiento.

El Ejecutivo elaborará un reglamento de arrendamiento, en el cual se establecerá el procedimiento que debe aplicarse, enmarcado en los requisitos que exige la ley. Cuando se hayan dado esos pasos, se precalificará a los inversionistas y se escogerá mediante licitación internacional a los socios, observando todos los pasos requeridos.

22. La Reforma De La Corporacion Dominicana De Empresas Estatales (Corde)

La Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE) es una de las entidades incluidas en la Ley General de Reforma de la Empresa Pública (141-97). Según los datos aportados por el Presidente Leonel Fernández, cuando compareció ante los miembros Congreso Nacional para presentar el proyecto de reforma, la situación de CORDE era la siguiente:

Doce las empresas pertenecientes al grupo estaban cerradas y la mayoría de las restantes operaban con grandes problemas de liquidez, arrastrando una deuda total de RD$1,000 millones.
Las empresas cerradas eran: Compañía Dominicana de Aviación, Tecnometal, Planta de Recauchado, Fábrica de Baterías, Pinturas Dominicanas, Fábrica de Clavos Enriquillo, La Cementera, Fábrica de Aceites Ambar, Chocolatera Industrial, Dominicana Industrial de Calzados, Tenería FA-2 y Tejidos Antillanos.

Molinos Dominicanos estaba intervenida por el Banco de Reservas, por las grandes deudas acumuladas con la entidad bancaria estatal. En ese momento, 1996, la nómina de las empresas del grupo CORDE era de 6,500 empleados. En la década de los 80 tuvo una planilla cercana a los 10 mil empleados.

Ante ese cuadro, y ante un Estado con grandes problemas y escasos recursos para atender una serie de necesidades perentorias de la población, se consideró la reforma como una respuesta para atraer capitales frescos, que pudieran contribuir al relanzamiento de ese grupo de empresas.

23. Pasos Para La Capitalizacion De Las Empresas (Corde)

Es necesario realizar un diagnóstico preliminar.
Contratar los servicios de consultoría estratégica.
Realizar auditoría del patrimonio y determinar el valor de mercado de las empresas.
Contratar los servicios de un banco de inversión.
Definir el perfil del socio que el Estado busca.
Realizar, sobre la base de los requisitos establecidos en el perfil previamente definido, la precalificación de los potenciales socios, cuya selección final se hará mediante una licitación internacional.

24. Qué Ha Hecho La Comisión En El Grupo Corde

Luego de realizar un diagnóstico preliminar, la Comisión decidió manejar en forma diferenciada las empresas de CORDE, conformando grupos de acuerdo a sus características básicas. Entre esas características podemos señalar: la situación financiera, la posición en el mercado, la situación legal y el atractivo que puede tener cada empresa para los fines de la reforma.

Basados en el diagnóstico preliminar, se escogió un primer grupo de empresas para ser reformadas, compuesto por Molinos Dominicanos, C x A, Molinos del Norte, C x A, Compañía Anónima Tabacalera, C x A, Compañía Tabacalera Santiaguense, S.A., La Habanera, S.A. y la Compañía Dominicana de Aviación, C x A..

25. Avances Del Proceso

En el mes de mayo se contrató el servicio de asesoría estratégica.
Mediante una licitación pública, se contrataron las firmas Genaro y Asociados/RSM y Díaz Hatton y Asociados/INPROAVAL, para realizar las auditorías patrimoniales y la tasación del valor de mercado de Molinos Dominicanos y Molinos del Norte. Ambos trabajos están en proceso de ejecución.
El día cinco se publicó un aviso en la prensa nacional invitando a los interesados en participar en la capitalización de ambas empresas a comunicar su interés a la Comisión.
En estos momentos estamos en el proceso de conformación de un registro de los inversionistas que están interesados en el proceso.

Se está preparando un documento informativo, el cual se hará llegar a los inscritos en el registro, donde se les informará sobre los requisitos que el Estado Dominicano exige para participar en el proceso de capitalización de las empresas molineras.
Como se trata de empresas industriales, se está trabajando en la preparación de los Términos de Referencia para la contratación de una auditoría ambiental de ambas empresas, la cual se espera esté concluida en la misma fecha que las auditorías de patrimonio.
En este período se están recibiendo las propuestas para la contratación del banco de inversión que se encargará de promover el proceso de capitalización de los molinos.
También se trabaja en la preparación de borradores de los contratos y estatutos que regirán la participación de los inversionistas en las nuevas sociedades que se formarán con la capitalización de los molinos.

26. El Caso De Los Molinos

Recientemente han circulado en algunos medios de comunicación diversos rumores y especulaciones sobre una supuesta conspiración de supuestos sectores interesados para traspasar a Molinos Dominicanos y Molinos del Norte a manos privadas, tomando como base una suma por debajo de su valor.

Sobre ese aspecto, lo que ha hecho la Comisión, cumpliendo con lo establecido en la ley, es contratar a dos firmas auditoras, ambas con reconocimiento internacional, mediante licitación pública, para realizar la auditoría patrimonial y la tasación del valor de mercado de los molinos, y publicar en la prensa nacional los resultados de la auditoría. Al parecer, algunos sectores han confundido los valores reflejados por la auditoría, y eso ha sido suficiente para que se haya tejido toda una madeja de comentarios aviesos sobre una supuesta intención de disminuir el valor de los molinos.

Aunque la ley no lo exige, la Comisión ha decidido hacer públicos los datos contenidos en la tasación del valor de mercado de los molinos, porque consideramos que nuestro mejor aliado es la transparencia.

27. Puntos De Vista

Antonio Isa Conde "Tratan de boicotear la capitalización de

las empresas públicas"

Leonel Fernández "Nada debe quedar oculto en la

capitalización de las empresas"

Celso Marranzini "Quieren boicotear la capitalización, apoyo

a la CREP"

Hipólito Mejía "Voy a salvar el prestigio del CEA"

Hatuey DeCamps "Ha sido mal manejada esta

capitalización"

Danilo Medina "La capitalización de las empresas es

irreversible"

Ramón Albuquerque "La capitalización de la CDE es un

desastre"

Jhony Jones "Hay que hablar de esta capitalización"

28. Beneficios De La Reforma De Las Empresas Publicas

La reforma de las empresas públicas constituye una de las iniciativas de mayor trascendencia social tomada por gobierno alguno en las últimas décadas. Su aplicación permitirá al Estado eliminar el desperdicio de miles de millones de pesos que hoy se utilizan en subsidios improductivos para crear nuevos empleos y servicios, en beneficio de las Sociedad Dominicana.

Tanto el gobierno como la Comisión de Reforma de la Empresa Pública han puesto particular interés en que el proceso contribuya a una verdadera reconversión laboral, garantizando que los trabajadores de las empresas incluidas, no sólo reciban todos los beneficios contenmplados en el Código de Trabajo y convenios colectivos, sino que puedan tener acceso a una gama de servicios y facilidades para mantener sus actividades productivas.

Por considerarlo de interés para la opinión pública, y muy particular para los trabajadores de las empresas en proceso de reforma, pasamos a ofrecer detalles del programa desarrollado por la CREP para contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población dominicana, con lo cual ponemos de manifiesto el inter de gobierno en hacer aportes sociales, en el marco de la capitalización de las empresas públicas.

29. Opinion Personal

Nosotros estamos de acuerdo con la capitalización de las Empresas del Estado Dominicano. Esta capitalización debería ayudar a salvar el patrimonio de las Empresas del Estado y los servicios públicos.
Estamos de acuerdo siempre y cuando esta se maneje concorde a la ley (141-97) y no se abuse de las debilidades de esta.
Como en toda transición, el inicio siempre es tortuoso y difícil y por ende trae mucho caos y desacuerdo entre las personas.
Si ninguna preferencia política, a nuestro entender, este proceso a sido un poco mal manejado y por esto debemos apoyarlo ya que representa un beneficio a la economía del pueblo dominicano.

Autor:

Alberto Polanco fco.polanco[arroba]codetel.net.do