El español como lengua de poder en el fallido proceso de paz colombiano (página 6)

La persona creada en el texto retórico aparece desde la primera frase del discurso "Los suscritos comisionados". Esto posibilita que su presencia se vaya configurando con un tono impersonal que aparece con la ausencia de de referencias personales significadas por el uso de verbos en plural como designados, hemos tenido, nos permitimos formular que, y que sirven para dar forma a un discurso emitido por un hablante-escritor colectivo. Esta persona retórica se refuerza con la frase proposicional de "plenamente conscientes" que no solo le da fuerza al mensaje sino que le posibilita una enorme credibilidad, ya que el discurso la muestra como sabedora de la historia de un país que trata de dirimir un conflicto en medio de los horrores de la guerra.

Este discurso no cuenta con un orador personal, pero la elección de las personas que formaron la Comisión de Notables significó desde un comienzo un acierto para los dominadores, quienes en contraste con los grupos oprimidos cuyos oradores tienen que negociar una persona retórica aceptable a la opinión a fin de que sus expresiones sean reconocidas como legitimas, no necesitaron de este tipo de negociación de la persona retórica, ya que esta no solo contaba con el acceso al discurso público sino que lo determinó en la medida en que la Comisión de Notables obtuvo con antelación cierto grado de autoridad para que su discurso fuera leído y escuchado por todo el país.

5.4.2.2 El auditorio implícito

Este auditorio implícito es ficticio porque se crea a partir del texto y solo existe dentro del mundo ficticio que este propone. Es así como se puede considerar que las personas a las que se dirigió el discurso de la Comisión de Notables son perceptivas, pacientes, poderosas y ansiosas por conocer unas consideraciones que servirían para determinar qué hacer con un conflicto que crecía cada vez más y con los grupos paramilitares que se hacían cada vez más violentos y numerosos.

5.4.2.3 La ausencia

Como ya se dijo antes, la ausencia se refiere a aquello que está ausente o ha sido silenciado en el texto. Al utilizarse un lenguaje que privilegia a un determinado aspecto del conocimiento, los otros aspectos quedan excluidos. El discurso de la Comisión de Notables se limita a trabajar los dos temas definidos desde un comienzo por el Acuerdo de Los Pozos: la intensidad del conflicto y los paramilitares. Por eso, no se refieren a otros problemas como la pobreza, los préstamos con el Fondo Monetario Internacional, el problema agrario, el reparto de tierras en pocas manos, etc., ya que están ausentes porque no responden al propósito por el cual fue creada la Comisión.

Anexos

6.1 Discurso completo del Doctor Andrés Pastrana,expresidente de Colombia

Saludo del Presidente de la República, Andrés Pastrana Arango, al Cuerpo Diplomático acreditado en Colombia

(Bogotá, D. C., 6 de febrero de 2001)

"Soy feliz en mis amigos', decía Shakespeare, y eso mismo puedo decir hoy, cuando tengo el placer de darles la bienvenida a esta Casa de Nariño, -que es también la casa de todos ustedes-, a los distinguidos representantes de las naciones y de los organismos internacionales que han hecho de nuestras relaciones, mucho más que una simple rutina diplomática, un intercambio enriquecedor y promisorio.

En este ya tradicional saludo de comienzos de año al Cuerpo Diplomático quiero aprovechar para extender a todos ustedes y a sus respectivos pueblos los más sinceros y afectuosos deseos por su bienestar y felicidad en esta nueva era que comienza. Que el destino nos depare a todos un porvenir de armonía, justicia social y prosperidad, en el que podamos seguir afianzando e incrementando los lazos del afecto y la amistad.

Son tiempos de esperanza, retos y realizaciones, que exigen lo mejor de nosotros. Por eso, Colombia valora y agradece especialmente el papel respetuoso, constructivo y cooperador que ha tenido la Comunidad Internacional en su conjunto frente a las particulares y complejas circunstancias que se presentan en el país.

Estamos afrontando con decisión y con audacia la búsqueda de la paz a través del diálogo y la negociación política. Estamos fortaleciendo nuestras instituciones e incrementando la presencia del Estado en todo el territorio. Estamos ejecutando ambiciosos proyectos de inversión social para mejorar las condiciones de vida de los más necesitados a través de la creación de oportunidades de trabajo. Y en todos estos desafíos hemos encontrado, como nunca antes en la historia, el unánime respaldo de la comunidad internacional, y la firme decisión de cooperar en este empeño de hacer de Colombia un país que progresa en un entorno de paz.

En los últimos doce meses ha existido una constante que marca el devenir histórico del proceso en paz en Colombia: el acompañamiento firme de los países amigos y de los organismos internacionales, impulsando, todos a una, nuestras legítimas aspiraciones. Las naciones del mundo y los principales organismos internacionales se han hecho presentes, con verdadera vocación de cooperación, en el Grupo de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, que tuvo el año pasado una reunión preliminar en Londres, una reunión formal en Madrid y otra en Bogotá, y que continuará su trabajo durante este primer semestre en Bruselas. De este Grupo de Apoyo hemos obtenido importantes aportes para programas sociales, de desarrollo alternativo, de derechos humanos, de asistencia humanitaria, de fortalecimiento institucional y de protección al medio ambiente, que se verán enriquecidos con las decisiones que tomen las naciones participantes una vez estudiados y analizados en detalle los diferentes programas de inversión. En este sentido destaco la visita que actualmente realiza una Misión Técnica de la Unión Europea para la identificación de los proyectos sociales en que mejor pueden colaborar, así como la reciente resolución del Parlamento Europeo apoyando los programas de desarrollo social e institucional en nuestro país. La importante cooperación directa de los Estados Unidos de América, por otra parte, es también motivo de gratitud para el pueblo colombiano, que reconoce su decisión responsable, no sólo por la necesaria colaboración en la lucha antinarcóticos, sino también porque incluye el mayor aporte para inversión social en la historia de nuestras relaciones bilaterales.

En la aplicación del concepto de responsabilidad compartida en la lucha contra el problema mundial de las drogas, estamos pasando definitivamente de la retórica de las palabras y las buenas intenciones a la acción concreta y efectiva. Hemos transitado, por fortuna, de un acompañamiento declarativo por parte de la comunidad internacional a uno concreto y efectivo, que se traduce en programas sociales y en apoyo al proceso de paz. Colombia no puede sola en esta lucha, que tanto nos ha costado. Ustedes, que nos acompañan día a día, lo saben, señores Embajadores, y por eso podemos decir que lo que pedimos al mundo, más que ayuda, es responsabilidad. Si bien en nuestro camino hacia la construcción de la paz hemos tenido un año difícil, no hay duda de que la vinculación de la comunidad internacional a la reconciliación entre los colombianos quedó definitivamente consolidada: Suecia, Noruega, Italia, El Vaticano, Suiza, España y Francia fueron hace un año los amables anfitriones de una gira histórica y sin precedentes de los negociadores del Gobierno y de las FARC por sus países, donde tuvieron oportunidad de conocer de primera mano sus modelos políticos y económicos, así como de intercambiar opiniones sobre diversos tópicos. También Alemania, Costa Rica, Cuba y Venezuela han sido escenarios de diálogo en diversas etapas de las negociaciones del gobierno y de la sociedad civil con los insurgentes. Además, veintiún naciones asistieron a la Audiencia Pública sobre Cultivos Ilícitos y Medio Ambiente en San Vicente del Caguán, y cinco Estados Francia, España, Noruega, Suiza y Cuba- nos están acompañando, con ejemplar prudencia y compromiso, como países amigos en el proceso de conversaciones con el ELN. ¡Cómo no valorar y agradecer todo este esfuerzo internacional por cooperar con la paz de Colombia! Nuestro conflicto interno, la sangre derramada, son fenómenos que le quitan la esperanza y la alegría a un país enamorado de la vida. Por eso valoro tanto los gestos de apoyo que continuamente recibimos de ustedes, de sus naciones y de las entidades que representan, tales como los que recientemente se produjeron de parte de los embajadores europeos; de los Secretarios Generales de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos, y de otras naciones del planeta. Nos sentimos acompañados, queridos amigos. Los sabemos cercanos más que nunca. Y en esa cercanía entendemos que su papel, que el papel de la comunidad internacional, en la humanización de este doloroso conflicto es fundamental. Como ustedes saben, mi gobierno se ha comprometido con énfasis en la defensa y protección de los Derechos Humanos y en la aplicación del Derecho Internacional Humanitario, temas que se hacen aún más complejos en medio de la degradación del conflicto causada por la acción intolerante e indiscriminada de todos los grupos al margen de la ley. Yo estoy seguro de que el clamor internacional para que cesen estos actos es de gran ayuda para que estos grupos acepten al fin humanizar el conflicto, salvaguardar a la población civil y a los niños, y detener la confrontación para que no sigamos obligados a negociar en medio de la guerra. Posiciones como la asumida por la Unión Europea frente a representantes de las FARC en París, o la de la Iglesia católica, o la de tantas otras naciones y organismos internacionales que denuncian las atrocidades y hacen un llamado por la humanización del conflicto, son un gran aporte del mundo hacia la paz de Colombia. Pero para cooperar mejor hay que conocer mejor, y por eso es tan importante la labor que ustedes, señores Embajadores, hacen, al enterarse de primera mano de la situación de nuestro país, procurando comprenderla en su difícil complejidad. Por ejemplo, en el caso de la lucha continua que libra el Estado contra los grupos ilegales de autodefensa, que asolan con masacres y actos de crueldad el territorio nacional, nos llenan de satisfacción declaraciones como la que hicieron la semana pasada los embajadores europeos, al afirmar que "la Unión Europea es consciente de los esfuerzos que realiza el Gobierno para reducir las actividades de los paramilitares". Como hemos expuesto ante la comunidad nacional e internacional, estamos atacando con todos los medios logísticos y legales a nuestro alcance todos los factores de violencia, incluyendo, por supuesto, los grupos de autodefensa. En la lucha contra estos delincuentes, en particular, estamos llevando a cabo un Plan de Acción que incluye seis puntos principales: en primer lugar, la creación de un Centro Nacional de Coordinación de la lucha contra las Autodefensas, donde participan el Gobierno, la Fuerza Pública, la Procuraduría, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo; en segundo lugar, la puesta en marcha de una Brigada Financiera para combatir sus finanzas y la de aquellos que los patrocinan; en tercer término, el incremento de operaciones militares, las cuales aumentaron el año pasado frente a 1999 en un 123%, dando como resultado más de 400 miembros de estos grupos detenidos o dados de baja de hecho: prácticamente el 10% de los miembros de grupos de autodefensa se encuentran presos en las cárceles del país-; en cuarto lugar, estamos obrando con acciones penales y administrativas contra los integrantes de estos grupos o contra cualquier funcionario o uniformado que los patrocine o tolere es más: contra los autodefensas hay tres veces más acciones penales en la Fiscalía que contra miembros de la subversión-; en quinto término, concedimos facultades discrecionales al comandante de las Fuerzas Militares para desvincular discrecionalmente y sin juicio previo a cualquier militar de quien se tengan indicios de violaciones a los derechos humanos o vinculación con grupos de autodefensa, y, en sexto lugar, estamos adelantando acciones de fumigación de cultivos ilícitos y de destrucción de laboratorios de droga en zonas de mayor presencia de autodefensas, desvertebrando así su apoyo financiero.

Nadie puede dudar en el mundo de la voluntad del Gobierno de combatir este flagelo, así como cualquier otra forma de violencia que atente contra los colombianos. Infortunadamente, hay quienes, en el concierto internacional, pretenden que Colombia luche contra el narcotráfico y controle a los grupos de autodefensas y otras manifestaciones delincuenciales, pero, al mismo tiempo, critican cualquier acción destinada a fortalecer nuestro ejército y nuestra policía. El absurdo de este postulado no puede ser mayor. Si Colombia quiere salir adelante, lo primero que tiene que hacer es fortalecer sus instituciones legítimas, incluyendo por supuesto a la Fuerza Pública, para combatir las actividades ilícitas y llevar mayor bienestar y seguridad a la población. Nada haría crecer más a las autodefensas y a la funesta actividad del narcotráfico que unas Fuerzas Armadas débiles, condenadas al fracaso y presas de la corrupción. Por el contrario, unas Fuerzas Armadas modernas, profesionales, bien dotadas, capacitadas y entrenadas, son la mejor garantía en Colombia y en cualquier país del mundo- del imperio de la ley y de los derechos humanos, y del marchitamiento de las fuerzas marginales que crecen, justamente, donde hay menor presencia del Estado. También es muy importante que la prensa internacional, genuinamente preocupada por el caso de Colombia, nos observe con una mirada serena, objetiva y abarcante, libre de prejuicios y estereotipos. Especialmente en momentos como éste, es necesario respetar la enorme complejidad del proceso de paz y de la situación colombiana, cuando se informa acerca de estos temas, como ustedes bien lo hacen en su labor diplomática. Es necesario que seamos precisos con la información, y aún más con las cifras que difundimos. La violencia trae consigo la distorsión de la verdad. Esto es lo que debemos evitar. Quiero resaltar, eso sí, que cada día se supera más esta etapa de aproximación superficial, y se profundiza con mayor seriedad en los distintos matices de nuestra realidad. Las oportunidades que hemos tenido de visitar durante los últimos doce meses naciones y escenarios de América y de Europa han sido una forma ideal para mostrar al mundo, con nuestra presencia directa, en foros y diálogos con los medios de comunicación, el rostro verdadero de un país que ha sido muchas veces incomprendido y que hoy mira con dignidad a la comunidad internacional.

A todos nuestros amables anfitriones, ¡muchas gracias! Apreciados amigos: Colombia ha regresado al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, por sexta ocasión, y estamos ejerciendo esta gran responsabilidad desde el pasado 1o. De enero. Trabajaremos de la mano con los demás países miembros, en la certeza de que la inquebrantable vocación de paz que anima a mi Gobierno será la misma voluntad que guiará nuestra participación en ese importante órgano. En él promoveremos de manera constante el diálogo, las soluciones negociadas, las salidas políticas y diplomáticas, como único camino para darle a la paz y la seguridad internacional bases verdaderamente estables y perdurables. Tenemos una firme confianza en el papel que pueden jugar las Naciones Unidas para prevenir las confrontaciones. Para controlar y evitar el tráfico de armas pequeñas y ligeras que tantas tragedias causan en nuestros pueblos; para promover la plena vigencia y observancia del Derecho Internacional Humanitario; para aliviar el sufrimiento de los grupos más vulnerables que resultan víctimas de los conflictos; para promover el desarrollo económico y social, la justicia y la democracia, como condiciones esenciales para el afianzamiento de la paz y la estabilidad internacional. No ahorraremos esfuerzos para contribuir al logro de esos objetivos.

También quiero destacar en este recuento la realización el año pasado en nuestro suelo de dos eventos de primordial importancia: la Cumbre Ministerial del Movimiento de Países No Alineados y la Cumbre Presidencial del Grupo de Río. En la primera, pudimos concertar con los 115 países miembros del NOAL una posición común frente a muchos puntos de la agenda global, como un mensaje claro de los países en desarrollo al resto del mundo. Igualmente, en la Cumbre del Grupo de Río, que fue la primera en incluir a los países centroamericanos como miembros individuales y de pleno derecho del Grupo, logramos la suscripción de la trascendental "Declaración de Cartagena", en la cual se plasmó una posición común de los países de América Latina y el Caribe para presentar en los más destacados foros internacionales. Como resultado de esta reunión, tuve el honor y la responsabilidad de exponer ante la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas, en mi calidad de Secretario Pro Tempore del Grupo de Río, la visión latinoamericana y caribeña sobre los desafíos de la humanidad en el Siglo XXI. Queridos embajadores: Inicié este saludo afirmando, con las palabras del gran bardo inglés, que "soy feliz en mis amigos". Permítanme decirles ahora, en nombre de 40 millones de corazones que agradecen el respaldo de las naciones del mundo y de las entidades internacionales en la búsqueda de la paz y la justicia social en nuestro país, que Colombia también es feliz en sus amigos. Y que ustedes, señoras y señores, son los mejores amigos que un país puede desear.

Muchas gracias.

(Departamento de comunicaciones. Oficina del Alto Comisionado de Paz. Webpaz[arroba]presidnecia.gov.co © 2001. Santafé de Bogotá, Colombia)

6.2 Discurso completo del las FARC-EP

Al reiterarles el saludo cálido de todos los guerrilleros y Mandos de las FARC-EP y expresarles agradecimientos por su presencia en Los Pozos, también les queremos compartir algunas de nuestras reflexiones sobre la situación actual.

Es especialmente importante reafirmar hoy y aquí, ante todos ustedes representantes de la comunidad internacional, nuestro compromiso con el éxito de este proceso inédito, que busca solucionar por las vías políticas el conflicto social y armado que desangra a Colombia y afecta la estabilidad de la región. Se trata de reconstruir democráticamente una patria soberana, respetuosa de la opinión ajena y con justicia social.

Pero, crear las bases de esta tarea luego de 53 años de violencia oficial ininterrumpida es difícil, porque los obstáculos erigidos son serios y muy poderosos los enemigos de la reconciliación ya que están en juego intereses geoestratégicos, importantes negocia-dos alrededor de las armas, del narcotráfico, del petróleo, de las privatizaciones, de la tenencia de la tierra, de la biodiversidad y macroproyectos interoceánicos que hacen del proceso algo especialmente sensible.

Sin embargo, en estos dos últimos años hemos logrado cimentar caminos a través de la Mesa, abrir espacios y crear nuevas posibilidades en una verdadera labor de orfebrería, de la cual este encuentro con todos ustedes, es otra feliz evidencia y un estímulo para continuar adelante.

Pero los enemigos de la paz no cesan en su accionar: sin escatimar medios ni escrúpulos han mantenido su ofensiva contra la zona del despeje, contra la Mesa, contra el ritmo de las conversaciones, etc. No fue casual entonces, que a partir del inicio de estos diálogos entre el gobierno y las FARC, se incrementara la criminal estrategia paramilitar de guerra sucia, que intenta a través del terror acallar las alternativas políticas democráticas o revolucionarias, así como amedrentar a la nación entera y sabotear cualquier posibilidad de acuerdos hacia la paz duradera.

Recordemos que para ese entonces no existía la guerrilla revolucionaria, que se formó y consolidó tan solo muchos años después, primero como respuesta a esa criminal estrategia del Estado y posteriormente con el objetivo de alcanzar el poder político en procura del cambio estructural de la sociedad.

Sirva esta fugaz digresión histórica, para adicionar elementos a las reflexiones de hoy, para refrendar un aserto que a veces tiende a escamotearse: el paramilitarismo es una estrategia nacida de la doctrina de la Seguridad Nacional, enseñada y transmitida en las escuelas de formación militar continentales, que en Colombia pretende erigirse como tabla de salvación de unas instituciones incapaces de prospectar un futuro digno para nuestra nación.

Las diversas lecturas que sobre el paramilitarismo gravitan alrededor de la mesa de Diálogos, han generado dificultades adicionales al proceso, porque los hilos entrecruzados de la Fuerza Pública con los ejecutores de las masacres, de las expropiaciones de fincas, de los asesinatos selectivos de líderes populares y del terror generalizado, son cada vez más evidentes sin que parezca existir la fortaleza institucional que lo pueda derrotar internamente.

Tras la mampara de enfrentar a la guerrilla revolucionaria con la guerra sucia, se esconden grandes negociados del narcotráfico, turbias aspiraciones politiqueras, corruptelas de los gamonales de siempre y la maleable moral de la diplomacia estadounidense, que como todos sabemos no tiene amigos sino intereses.

El paramilitarismo es hijo ilegítimo y vergonzante del Estado Colombiano. Su negativa a reconocerlo como tal ha resquebraja-do aún más su capacidad y por momentos lo ha colocado cerca del colapso.

De no adelantarse una ofensiva seria contra la estrategia paramilitar para enfrentarla y derrotarla como se concluyó tanto en El Acuerdo de los Pozos como en el encuentro con la dirigencia política nacional el pasado 28 de febrero, será bastante difícil avanzar hacia los acuerdos duraderos.

Pero si bien es cierto que el paramilitarismo representa un peligro para el proceso de reconciliación, también debemos señalar que la solución a los retos planteados por la siembra de coca, amapola y marihuana se torna cada día más crítica por su incidencia en la economía y la política mundiales.

En ese gran reto de la humanidad por borrar el narcotráfico de la faz de la tierra, atacando todos y cada uno de los eslabones que conforman la cadena, ningún país, por poderoso que sea, puede arrogarse el derecho exclusivo de combatirlo o la posesión monopólica de las estrategias para derrotarlo. Mucho menos puede pretender pasar por sobre la soberanía de ninguno otro país so pretexto de su prestancia moral o su grado de afectación.

Colombia, atribulada por las dificultades, necesita resolver su tarea de erradicación de cultivos ilegales por la vía de la persuasión y los acuerdos con las comunidades. Los planes unilaterales de fumigación y de violencia tanto química como biológica, lesionan el suelo patrio, nuestra dignidad nacional y solo logran desplazar el problema.

Son una agresión contra más de 350 mil familias pobres, que no tienen alternativa; contra el equilibrio ecológico en tanto afectan irreversiblemente la vida humana, animal y vegetal vale decir la biodiversidad, pilar de nuestro futuro; y porque impele al campesino a profundizarse y a ejecutar nuevas tumbas de montaña, acelera el proceso de recalentamiento de la tierra por la disminución en la producción de oxígeno en la cuenca amazónica.

Mucho menos funcionarán esos diseños, si están sustentados en la guerra para ponerlos en marcha. La legítima resistencia interna que ello crea, se añade al desequilibrio militar que empieza a darse en la región y a los interrogantes lógicos que surgen en nuestras fronteras.

Si nos atenemos a las dramáticas cifras proporcionadas por la Oficina de Naciones Unidas para el Control de Drogas y la Prevención del Crimen (Unodccp) -Global Ilicit Drug Trends 2000- la guerra contra las drogas declarada hace 30 años por el presidente Nixon ha sido un completo fracaso: más drogadictos, más volumen de sustancias sicotrópicas consumidas, más hectáreas cultivadas, más corrupción, más dinero del narcotráfico en el torrente del sistema financiero internacional, aumento de las fábricas de insumos químicos, más guerras y crecientes tensiones en las fronteras.

Un verdadero desastre, manejado con la doble moral de la gran potencia.

Nos sentimos identificados con las voces que desde la comunidad europea señalan que la erradicación de cultivos ilegales no es un problema continental, sino un gran problema hemisférico y mundial, que requiere de políticas sociales, por eso su éxito depende de una planificación colectiva, de un compromiso común y del apoyo de los más solventes a las comunidades sumidas en la obligatoriedad de tales cultivos para su sobrevivencia.

Las FARC-EP reiteran su propuesta de implementar un plan piloto de sustitución de cultivos en Cartagena del Chairá, también en el criterio de soluciones acordadas con las comunidades, en planes que propendan por la preservación de la biodiversidad y la reforestación y, por supuesto, en la legalización del consumo de sicotrópicos en el mundo entero.

Señores delegados: Colombia está ahogándose en las miserias ocasionadas por sus compromisos financieros con la banca internacional. La tercera parte del presupuesto nacional, debe ser entregada cada año, puntualmente, como pago por los servicios de la deuda, a pesar de lo cual ésta continúa creciendo transformándose en amenaza para nuestro futuro como nación soberana.

Con la deuda externa nos está sucediendo lo mismo que con la vivienda financiada por el sistema UPAC: se recurre a los préstamos por necesidad, la banca impone sus condiciones y a pesar de cumplírsele con los compromisos adquiridos y de cancelarse varias veces el valor del préstamo inicial con sus intereses, al final todo queda en manos de ese capital usurero. Lo absurdo de esta comparación es que aludimos no a una casa de habitación sino a todo el patrimonio económico de una nación.

Y más grave aún, que cada préstamo implique onerosos condicionamientos por parte del Fondo Monetario Internacional, sometiendo a nuestros necesitados países a políticas definidas desde los centros mundiales del poder elaboradas no precisa-mente para favorecer a los débiles.

Será imposible construir un proyecto de nación viable, de no hacerse un replanteamiento serio sobre la deuda, sus intereses, sus amortizaciones y su destino final.

Planteamos a la comunidad internacional la necesidad de una moratoria de 5 años del pago de los servicios de la deuda, de forma tal, que podamos durante un lustro disponer para la INVERSIÓN de esa TERCERA PARTE DEL PRESUPUESTO NACIONAL, dándole a Colombia el oxígeno requerido para avanzar en la reconstrucción de su tejido social. Sería un aporte concreto al proceso. La disponibilidad y control de esos recursos deben quedar a disposición de la Mesa, dados los altísimos grados de corrupción de la llamada clase política colombiana.

Para finalizar, queremos reclamar su atención sobre nuestra problemática agraria ubicada en el centro del conflicto. La tenencia de la tierra en Colombia, es una monstruosa criatura semifeudal que retrasó y trancó el desarrollo económico de todo nuestro sistema productivo y generó una república señorial, asentada en el gamonalismo como forma esencial de las relaciones políticas.

La acrecentada tendencia de concentración de las tierras fértiles con las mejores vías de comunicación en unas pocas manos y la expulsión de más de 2 millones de campesinos de sus parcelas en los últimos 5 años, grafican la tragedia que invade a nuestros campos.

Los megaproyectos que suponen los canales interoceánicos en marcha, las fuentes de agua dulce, la amazonía con su riqueza genética, biológica y de recursos naturales no renovables han sumado nuevos elementos a una problemática de por sí compleja y sensibilizada aún más por el ejercicio del narcotráfico en procura de legalizar sus sucios capitales con la compra de tierras.

Si a esto agregamos el desastre que para nuestra economía agraria significó la neoliberal e infame Apertura Económica del gobierno de César Gaviria, tendremos una visión más completa de la situación que atraviesan nuestros campos. La verdad, es que anualmente estamos importando 8 millones de toneladas de alimentos que producíamos acá, antes del desastroso gobierno del señor Gaviria.

Esta situación, reclama actitudes positivas de la comunidad internacional, particularmente de aquellas naciones de economías poderosas, que pueden abrir fronteras a muchos productos nuestros y eliminar aranceles aduaneros para facilitar la realización de las mercancías colombianas. Es evidente que necesitamos unos pactos internacionales de comercio más generosos con nuestros marginados países.

Proponemos a este encuentro, la programación y realización de TRES EVENTOS especializados, para abocar en cada uno de ellos los temas enunciados anteriormente, a saber: Sustitución de Cultivos Ilegales, Deuda Externa y Política Agraria. La comunidad internacional, el gobierno nacional, las FARC-EP y las organizaciones sociales colombianas nos encontraríamos acá, en Los Pozos, para aportar salidas concretas y avanzar en la consecución de la paz.

Agradecemos a todos los asistentes a esta reunión una vez más, por su presencia. Creemos que esta modalidad de encuentros para informar sobre el estado de los diálogos y recibir sus apreciaciones sobre ellos, son una modalidad de acompaña-miento político positiva, que debe realizarse cada vez que las circunstancias nos lo faciliten.

Estado Mayor Central de las FARC-EPMarzo 8 del 2001, Los Pozos, San Vicente del Caguán

6.3 Discurso completo de la Comisión de Notables

RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN DE PERSONALIDADES A LA MESA DE DIÁLOGO Y NEGOCIACIÓN

Los suscritos comisionados, designados por la Mesa Nacional de Diálogo y Negociación para el proceso de paz en virtud del numeral 3o del Acuerdo de Los Pozos suscrito entre el señor Presidente de la República, Andrés Pastrana Arango, y el comandante de las FARC-EP, Manuel Marulanda Vélez, después de una intensa y concienzuda labor durante la cual hemos tenido oportunidad de analizar y evaluar los distintos factores que han conducido a la situación de conflicto armado que, desde hace ya varias décadas, vive la nación y cuyas implicaciones sociales son insoslayables, la incidencia que este conflicto ha tenido y sigue teniendo en la sociedad colombiana, la gravedad que reviste el fenómeno del paramilitarismo surgido dentro del marco del enfrentamiento, y plenamente conscientes del hecho notorio de que el esquema de negociación bajo la guerra que se ha venido utilizando desde la iniciación del presente proceso de paz se encuentra agotado, en cumplimiento de nuestro cometido nos permitimos, formular:

La experiencia histórica, tanto en Colombia como en el mundo, demuestra que el esquema de la negociación bajo el fuego no produce resultados satisfactorios, al menos en el corto y mediano plazo, en el objetivo de lograr la paz. Porque, entre otras cosas, supone mantener la aspiración de cada una de las partes en conflicto de imponerse por la fuerza de las armas a la parte contraria, hasta derrotarla militarmente, con todo lo que ello implica en pérdida de vidas humanas, en destrucción material, en gasto económico y en ruina física y moral para millones de personas. Y creemos firmemente que en el caso colombiano, por diversas circunstancias que no es del caso entrar a detallar pero que no escapan a ningún observador desprevenido, no es dable contemplar tal posibilidad, a riesgo de agudizar aún más el conflicto y generalizarlo, con posibles graves implicaciones de carácter internacional en el orden económico, político o militar, situación ésta que ningún colombiano verdaderamente patriota y a

Por el contrario, lo que constatamos, con viva preocupación, es que en estos tres anos que lleva de iniciado el proceso, bajo el esquema de la negociación bajo la guerra, el conflicto lejos de amainarse se ha intensificado, y el paramilitarismo no ha cesado de aumentar su accionar ilegal. Como consecuencia de ello, cada día aumentan el número de masacres y de víctimas inocentes y las violaciones más aberrantes al Derecho Internacional Humanitario (DIH).

Para nosotros es claro que el carácter de esta negociación debe ser eminentemente político y no militar. Por ello nos parece un contrasentido que los diálogos se desarrollen bajo el fuego de las armas. Y que mientras en Villa Nueva Colombia se prolongan las conversaciones entre las partes, animadas, sin duda, de la mejor buena voluntad y patriotismo, a lo largo y ancho del resto del territorio nacional se adelantan, a diario, acciones militares de todos lados, con su inevitable secuela de muertos y heridos, no sólo de las partes en conflicto sino de la población civil -principalmente rural-, ajena a éste, así como de destrucción material y por ende de pérdidas incalculables para la economía nacional. Y a ello se agrega el alarmante fenómeno del desplazamiento humano, que reviste hoy dimensiones gravísimas, hasta el punto de figurar Colombia como uno de los países del mundo con mayor número de desplazados.

Ese carácter político de los diálogos y la negociación, que por cierto ha sido reconocido explícitamente por las dos partes, conduce Ese carácter político de los diálogos y la negociación, que por cierto ha sido reconocido explícitamente por las dos partes, conduce obviamente a que sea en un clima político y no militar -es decir de enfrentamiento armado-, como se adelanten dichas negociaciones de paz. No tenemos duda de que es aquél el marco propicio para que las negociaciones avancen y para que se obtengan resultados concretos, prácticos y efectivos, en un plazo razonable, como lo esperan todo el pueblo colombiano y la comunidad internacional.

Creemos firmemente que mantener la negociación bajo el marco de la guerra, no sólo dilatará indefinidamente el proceso, sino que hará cada vez más difícil llegar a los acuerdos con tanto anhelo esperados.

Por las anteriores razones, los comisionados, en forma unánime, en cumplimiento de la misión a nosotros encomendada por la Mesa de Diálogo y Negociación con el objeto de proponer fórmulas para disminuir la intensidad del conflicto y acabar con el fenómeno del paramilitarismo, animados del más sincero sentimiento patriótico y como una contribución positiva al logro de la paz para Colombia, nos permitimos formular a la Mesa las siguientes recomendaciones:

1. Que se pacte una tregua bilateral entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, en principio de seis (6) meses, en las acciones armadas, término que puede ser prorrogado por acuerdo entre las partes. Dicha tregua implica que las partes, es decir el Gobierno Nacional y las FARC-EP, adquieran, por lo menos, durante este lapso, los siguientes COMPROMISOS:

A) No habrá acciones militares por parte de las Fuerzas Armadas y de Policía contra las FARC-EP en ningún lugar del territorio nacional.

B) No habrá acciones militares por parte de las FARC-EP contra las Fuerzas Armadas y de Policía en ningún lugar del territorio nacional.

C) Lo anterior no impide que las Fuerzas Armadas y de Policía continúen sus acciones, conforme a los mandatos de la Constitución y la ley, en contra de otras agrupaciones o individuos que sigan actuando de manera ilegal.

D) El Estado reitera su compromiso de respetar todas las normas universales que regulan los conflictos armados no internacionales, recopiladas en el Derecho Internacional Humanitario (Convención de Ginebra y protocolos adicionales) y las FARC-EP se comprometen igualmente a respetar dichas normas. Ambas partes se abstendrán, en particular, de la utilización de armas no convencionales, como las minas antipersonales, los cilindros de gas y bombas de aspersión, del reclutamiento y mantenimiento en filas de menores de edad, así como del asalto y toma de poblaciones.

E) Las FARC-EP no efectuarán actos de hostilidad contra particulares, tales como retención de personas, secuestro, cobro forzado de contribuciones pecuniarias o de cualquier otra especie, atentados contra la infraestructura energética y petrolera del país o contra la infraestructura vial.

F) El Gobierno Nacional, de común acuerdo con las FARC-EP, estudiará mecanismos de financiación que permitan atender a las necesidades de subsistencia de los combatientes de la insurgencia durante el período de tregua.

G) Que, conforme al punto 10 del Acuerdo de los Pozos, el Estado se comprometa a la sustitución de cultivos ilícitos en las pequeñas parcelas mediante el procedimiento de erradicación manual, y ambas partes a la protección y recuperación del medio ambiente y la ecología.

2. Que durante el período de la tregua bilateral de paz, la Mesa Nacional de diálogo y negociación estudie, con base en la Agenda Común de doce puntos acordada por las partes en La Machaca, y llegue a acuerdos sobre las materias específicas que conformen un temario definido de proyectos de reforma constitucional, así como aquellas que deban ser posteriormente objeto de desarrollo legislativo por parte del Congreso, o de implementación por parte del Ejecutivo. Lo anterior, sin perjuicio de llegar, durante ese lapso, a acuerdos parciales de ejecución inmediata.

3. Que durante este período se intensifiquen las reuniones de la Mesa, al menos a tres días completos por semana, y que se invite a sus deliberaciones, además de las autoridades públicas, civiles o militares, pertinentes, a voceros o representantes de los diferentes estamentos o sectores de la sociedad colombiana que puedan contribuir con sus opiniones y experiencia a la determinación de los temas concretos a incluir en el temario, a fin de que se obtengan los avances esperados por la sociedad colombiana.

4. Que, con base en los acuerdos logrados por la Mesa referidos en el punto 3, se defina el temario de propuestas concretas de reforma constitucional, a ser discutido y decidido, en principio, por una Asamblea Constituyente, cuya convocatoria el Gobierno Nacional se compromete a impulsar. Esta Asamblea deberá quedar integrada por representantes de los distintos partidos y movimientos políticos y sindicales, de los sectores de la producción, de los sectores independientes de la sociedad civil y de las FARC-EP y demás grupos de la insurgencia que decidan comprometerse con este proceso. La forma de integración de esta Asamblea Constituyente, su conformación, así como su lugar de reunión, agenda, término de duración y demás aspectos relacionados con su funcionamiento y logística, serán acordados por las partes durante el período de la tregua bilateral que proponemos.

5. Que, sin perjuicio de lo anterior, la Mesa estudie la posibilidad de optar por la alternativa de convocar la Asamblea Constituyente o la de convocar, en su defecto, un referendo popular. Recomendamos que el Gobierno, de común acuerdo con la Mesa, analice, a la luz de la Constitución, de la ley y de las circunstancias políticas del país, cual de estas dos alternativas resulta más conveniente y expedita para el trámite de los proyectos de reforma constitucional que hayan sido definidos en los términos del punto 3 de este documento.

6. Que las partes se comprometan, de manera formal y solemne, a respetar y acatar las decisiones que se adopten por la Asamblea Constituyente y/o por la vía del referendo, y, en general, todas aquellas que emanen de las diferentes instancias que constitucionalmente tengan que ver en el trámite de las reformas previsto en estas recomendaciones.

7. Que una vez acordado el temario de proyectos de reforma constitucional, éstos sean sometidos a un proceso intenso de difusión y de pedagogía ante el pueblo colombiano, a fin de que éste tenga la suficiente información sobre ellos, como parte del proceso de discusión de los mismos, y, llegado el caso, antes de su refrendación en la instancia correspondiente.

8. Que, en caso de convocarla, el término de duración de la Asamblea Constituyente sea máximo de seis (6) meses, y que entre la convocatoria y la reunión de la misma no transcurran más de tres (3) meses.

9. Que se entienda el acto de convocatoria de la Asamblea Constituyente o, si es del caso, el del referendo, como la culminación del actual proceso de diálogo y negociación.

10. Que, en caso de convocarla, la mayoría de la Asamblea Constituyente sea conformada mediante la libre y democrática elección de sus miembros, sin perjuicio de que se adopten otros procedimientos especiales para la escogencia de quienes han de representar en ella a la insurgencia.

11. Que durante el período de tregua bilateral y, en general, durante el lapso de este proceso democrático de reforma constitucional, se mantenga la zona de distensión.

12. Que, en el entendido de que la convocatoria a la Asamblea Constituyente, o al referendo si se opta por esta vía, significan -como se señala en el punto 9 de este documento- la culminación del proceso de diálogo y negociación, una vez acordada aquella e iniciado el proceso para su conformación, las FARC-EP depongan las armas.

13. Que, en este mismo sentido, una vez se pacte la paz, la Fuerza Pública se ajustará a los parámetros acordados en el ordenamiento constitucional que se establezca en orden al cumplimiento de su finalidad primordial, cual es, en términos del artículo 217 de la Carta Política vigente, "la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio y del orden constitucional".

14. Que, de común acuerdo, la Mesa determine el mecanismo que permita garantizar el cabal cumplimiento de los compromisos adquiridos por las partes para el período de tregua y, en general, para todo el proceso de solución política al conflicto que se propone en estas recomendaciones, y para que aquellos sean verificables. Sugerimos, por ejemplo, que se designe entre los países amigos del proceso a representantes de alta investidura que, en calidad de observadores, sirvan como garantes, ante la comunidad nacional e internacional, del cumplimiento de estos compromisos; entre tales observadores podría figurar, por ejemplo, un representante de las Naciones Unidas. Lo anterior no excluye que la Mesa acuerde que los garantes, o algunos de ellos, sean también personalidades nacionales dignas de toda credibilidad.

15. Que si al vencimiento del período de seis meses de tregua no se han logrado concretar los acuerdos de que tratan los numerales anteriores, las partes lo prorroguen por el término que consideren prudente para tal efecto.

16. Que se invite al Ejército de Liberación Nacional ELN a hacer parte de este proceso y a aceptar la tregua de paz que estamos proponiendo a la Mesa de Negociación y Diálogo, con las mismas garantías y compromisos aquí señalados.

17. Que el movimiento político que formalicen las FARC-EP como consecuencia lógica de este proceso, goce de todas las garantías y derechos y asuma todas las responsabilidades que ello implica.

18. Que en caso de peligro de romperse la tregua por incumplimiento de los compromisos señalados en el punto 1o de esta propuesta por cualquiera de las partes, de inmediato se reúna la Mesa de Diálogo y Negociación, en presencia de los garantes nacionales y/o internacionales y de los altos funcionarios del Estado que se considere pertinente invitar, a fin de buscarle una pronta solución al asunto.

19. Respecto del fenómeno del paramilitarismo nos permitimos formular las siguientes recomendaciones:

A) Que durante todo este proceso el Gobierno nacional, a través de la Fuerza Pública y los organismos de seguridad, continúe adelantando las acciones encaminadas a combatir el paramilitarismo en sus diversas modalidades.

B) Que sin perjuicio de ello, con arreglo a las leyes pertinentes, el Gobierno adelante gestiones tendientes al sometimiento a la justicia de quienes se hayan implicado en actividades paramilitares.

C) Que se implementen por las partes las recomendaciones que sobre el conflicto colombiano y sobre este tema en particular han formulado las Naciones Unidas -presentadas en la 57 Comisión de DD.HH.- y la Organización de Estados Americanos (OEA).

D) Que se designe una instancia gubernamental que se encargue de coordinar las acciones contra el paramilitarismo, sin perjuicio de las que correspondan a otras entidades públicas.

E) Que, de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, se someta a la justicia ordinaria a cualquier persona, civil o militar, que resulte implicada en actos de colaboración, complicidad y, si es del caso, omisión frente a los crímenes del paramilitarismo.

F) Que se continúe, al interior de las Fuerzas Armadas y de Policía el proceso de desvinculación de todos aquellos individuos que hayan resultado comprometidos en actividades de tipo paramilitar o sobre los cuales haya serios indicios de estarlo, sin perjuicio de que contra ellos se adelanten los procesos judiciales y disciplinarios correspondientes, con el propósito de evitar que tales conductas queden en la impunidad.

G) Que se apoye desde todas las instancias del Estado la acción de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación para que capture y judicialice a los promotores y partícipes de grupos paramilitares y demás grupos de justicia privada.

H) Que se recopilen en un solo cuerpo todas las leyes y demás normas jurídicas vigentes que tengan relación con el tema del paramilitarismo.

I) Que se fortalezcan los programas de protección y seguridad de los activistas de derechos humanos, dirigentes de partidos y movimientos políticos, jueces, organizaciones sindicales, agrarias, juveniles y populares, periodistas y demás potenciales objetivos del accionar del paramilitarismo y de otros grupos de justicia privada.

J) Que, con la cooperación internacional, se fortalezcan los controles tendientes a impedir, por todos los medios, el ingreso a Colombia de cualquier tipo de agentes extranjeros que, a cualquier título, actúen como promotores, asesores, adiestradores o entrenadores de grupos paramilitares o de cualquiera otra clase de grupos de justicia privada.

K) Que se organice un gran encuentro nacional en el cual se debata a la luz pública el fenómeno del paramilitarismo, con amplia participación de voceros de los distintos partidos y movimientos políticos, gremios de la producción, sectores sociales y populares, la Iglesia, las ONG y ciudadanos que de una manera u otra se hayan visto afectados por ese fenómeno.

L) Creemos, por lo demás, que si son consecuentes con su reiterada afirmación de que su accionar ilícito es una respuesta al de los grupos insurgentes, en particular al de las FARC-EP, ante la tregua pactada los grupos paramilitares habrán de abstenerse de perpetrar actos criminales, al menos mientras ella se mantenga. Y que si, como lo esperamos todos los colombianos de buena voluntad, se logra la tan anhelada paz, por la vía del entendimiento y la negociación política y por mecanismos como los que estamos recomendando, el fenómeno del paramilitarismo tendrá necesariamente que desaparecer en forma definitiva de nuestra patria.

20. Que el Estado, como política de largo alcance y con la decidida cooperación de la comunidad internacional, redoble sus esfuerzos en la lucha contra el flagelo del narcotráfico, que, aparte del inconmensurable daño que ha venido ocasionando a Colombia y, en general, a la humanidad, del grave deterioro causado al tejido social y el daño irreparable infligido al medio ambiente y a nuestro ecosistema, en lo que bien puede calificarse como un verdadero ecocidio, ha contribuido de manera insoslayable a agudizar la violencia, la corrupción, la delincuencia común y también nuestro conflicto interno. En este orden de ideas, es necesario que la comunidad internacional, particularmente los países más desarrollados, asuman frente a Colombia y demás países productores y exportadores de drogas sicotrópicas, el compromiso de combatir y sancionar, a su turno, a quienes incentivan esa producción, a través del suministro de insumos químicos y otros elementos, al igual que a los importadores y distribuido

21. Que, de acuerdo con el numeral anterior, se solicite a la comunidad internacional, particularmente los países más desarrollados, se comprometan a apoyar los programas o proyectos integrales de sustitución de cultivos ilícitos y de erradicación de los mismos, a través de medios o sistemas que no conlleven daño ecológico ni peligro letal para la salud humana.

22. Que el cumplimiento de las etapas previstas en estas recomendaciones, a saber la tregua de paz de seis meses y su eventual prórroga, la reunión de la Asamblea Nacional Constituyente y la eventual refrendación popular de las reformas constitucionales, no implique interrupción o suspensión del proceso electoral a celebrarse, en los términos de la actual Constitución, el próximo ano, y que las FARC-EP se comprometan a no interferirlo con acciones de fuerza de ningún tipo.

23. Que, como se puede constatar con alarma, este conflicto se ha degradado hasta llevarlo por debajo de los límites mínimos de humanidad, incurriendo en insospechados actos de crueldad, el Estado se comprometa a seguir respetando y las FARC-EP lo hagan de igual manera ante la Nación y ante la comunidad internacional, los Principios mínimos humanitarios, y a que éstos no se queden en mera retórica. Este compromiso implica, entre otras cosas, redoblar esfuerzos para que no haya en adelante, ni dentro ni fuera del período de tregua, más desapariciones forzosas ni privaciones ilegales de la libertad de personas, sean ellas civiles, combatientes o militares, ni se causen más desplazamientos de población civil de sus lugares de residencia y trabajo por causa de la intimidación y la violencia.

24. Que el Gobierno Nacional, con el apoyo financiero de la comunidad internacional y con el concurso de todos los estamentos académicos y educativos, inicie desde ahora mismo una intensiva campana pedagógica para que los colombianos de todos los estratos y condición aprendan a convivir en paz, tolerancia y respeto por los derechos de todos, y se rescaten las virtudes que, como la honestidad, el amor al trabajo y al estudio, se han venido perdiendo a lo largo de los últimos tiempos, en vastos sectores de nuestra población y en los diferentes estratos sociales.

25. Que, en desarrollo de lo establecido en el artículo 22 de la Constitución Nacional, la paz se considere en adelante como una política de Estado, tendiente a darle continuidad y solidez a la estabilidad que aspiramos a lograr con este proceso, entendiendo la paz no simplemente como el silencio de los fusiles, sino como la solución no armada de los conflictos internos y la búsqueda e implementación de la justicia social y la tolerancia entre los colombianos.

26. Que a fin de aclimatar la tregua y el proceso de paz, el Estado se comprometa a considerar las demandas de los sindicatos y sectores populares tendientes a la solución de sus inquietudes sobre sus difíciles condiciones de existencia, agravadas por el desempleo, la informalidad, las alzas en los servicios públicos y, en general, la miseria en que se debaten amplios sectores de la población colombiana.

27. Que las recomendaciones que aquí se formulan se consideren por la Mesa en un sentido integral, ya que sus diferentes partes están concatenadas, tienen un mismo hilo conductor, y representan, por tanto, una unidad de propuesta.

28. Que la Mesa haga públicas estas recomendaciones, a fin de auscultar también el sentir de la opinión nacional sobre las mismas, teniendo en cuenta que este proceso debe involucrar a la totalidad de la nación colombiana. Con ello se evitaría que la opinión caiga en el terreno de las distorsiones y las especulaciones, que sólo generan confusión e incertidumbre.

En la esperanza patriótica de que las anteriores recomendaciones sean acogidas por la Mesa en su propósito de conseguir una paz integral y duradera, nos suscribimos de los señores integrantes de la Mesa de Diálogo y Negociación,

Muy atentamente, Compatriotas y amigos,

CARLOS LOZANO GUILLÉN, VLADIMIRO NARANJO MESA, ALBERTO PINZÓN SÁNCHEZ.

Bogotá D. C., 19 de septiembre de 2001

(Departamento de comunicaciones. Oficina del Alto Comisionado de Paz. Webpaz[arroba]presidnecia.gov.co © 2001. Santafé de Bogotá, Colombia

Conclusiones

El discurso, al igual que otras prácticas sociales, ha permitido la existencia de asimetrías de poder en la sociedad colombiana. Dichas asimetrías le han proporcionado a las elites los recursos necesarios para manipular, controlar y dominar a la gente por medio de un discurso que utiliza los canales orales y los escritos que están a su servicio. De esta forma, la interacción social se ha vuelto compleja porque los excluidos necesitan hacerse escuchar, así sea por medio de la violencia.

Esta investigación se sustenta en los principios que rigen tanto el análisis del discurso (A. del D.) como el análisis crítico del discurso (A.C.D.) que tienen por objeto el estudio del lenguaje, y ambas disciplinas estudian las formas lingüísticas y las estrategias discursivas en situación o contextualización mediante una metodología básicamente cualitativa. Lo que las diferencia es el claro interés del A.C.D. por las problemáticas sociales desde una óptica crítica, especialmente las problemáticas relacionadas con la discriminación (Martín – Whittaker, 1998:23).

Así mismo, ha retomado algunos principios del Análisis del Discurso Ideológico – A.D.I – y la ha entendido como un tipo específico del análisis del discurso sociopolítico que intenta relacionar las estructuras del discurso con las estructuras sociales, en cuanto a que "las relaciones entre sociedad en interacción, y por tanto entre sociedad y discurso, son necesariamente indirectas y están mediadas por representaciones mentales compartidas de los actores sociales en tanto miembros de grupos" (Van Dijk, 1996 (a): 18).

Teniendo como base estos principios, se ha tratado de dar respuesta a la siguientes preguntas:

• ¿Cuáles fueron, desde el discurso, las asimetrías de poder que intervinieron para que cesaran los diálogos de paz en Colombia?

• ¿Estamos preparados los colombianos para escuchar, entender y aceptar los diferentes discursos que intervienen en un proceso de paz?

• ¿Existe una verdadera intencionalidad de paz en ambos bandos del conflicto?

• ¿A quién le interesa la paz en Colombia?

Las respuestas se pueden encontrar en el manejo de las estrategias discursivas de los tres discursos analizados. Sobre todo, se debe mirar que en el proceso de paz, el modelo contextual colectivo quedó plasmado en el comunicado No 6, titulado para la ocasión como que "La paz es de todos". Pero, cuando se analiza el sujeto de la enunciación, se puede observar que en los tres discursos hay una total ausencia del sujeto empírico, es decir de aquel que se designa como el productor del texto. Esto se debe, en parte, a que durante el tiempo que duró el proceso de paz, los receptores de los discursos daban por hecho que el discurso era producido por el locutor. Así mismo, el carácter colectivo de dicho proceso impidió que los discursos más trascendentales tomaran un carácter individual. De ahí, la total ausencia del pronombre yo y de otras marcas de primera persona, sobre todo en el discurso de las FARC-EP y en el de la Comisión de Notables.

En el discurso del presidente Andrés Pastrana se puede identificar al locutor, pues él se presentó ante los Embajadores como la persona responsable del enunciado y a él se le remite toda la responsabilidad cuando utiliza el pronombre yo y las otras marcas de primera persona. En cambio, en el discurso de Las FARC- EP es más clara la figura del enunciador, pues como dice Ducrot, en este discurso la enunciación expresa su punto de vista, su posición, su actitud, pero no en el sentido material del término, sus manifestaciones concretas. Igual sucede en el discurso de la comisión de notables en el que hay una total ausencia del sujeto empírico así como del locutor, más funciona con la figura del enunciador, ya que el objetivo del discurso de la Comisión de Notables era precisamente expresar su punto de vista, su posición y su actitud sobre el proceso de paz y el problema de los paramilitares que, para la fecha, acrecentaron sus actos violentos por todo el territorio nacional con el propósito de impedir la reconciliación entre las partes.

El sujeto de la enunciación se distingue en una colectivo que se ha denominado como de una sola persona moral (Ducrot, 1986) que se puede distinguir fácilmente en la medida en que el emisor se designa dentro del discurso escrito, tal y como ocurre en la Mesa Nacional de Diálogo y Negociación que recoge, entre otros asuntos, el sentir de las partes implicadas en el proceso de paz. Así mismo, cuando es la sociedad civil la que emite el discurso, se puede distinguir esa sola persona moral que habla por medio de la Comisión de Notables o Comisión de Personalidades.

En cuanto a las voces que representan al presidente de la república se hace evidente al comienzo del discurso la aparición de la primera persona del singular, para luego diluirse en una sola persona moral que habla desde un nosotros colectivizado por el término "Colombia".

El emisor político de las FARC- EP es complejo de por sí, ya que posee una naturaleza polifónica. Esto se debe a que en el enunciado producido por un único emisor –un individuo – un partido- una institución política, existen otros sujetos u otras voces atribuibles a otros enunciadores – de ahí su carácter polifónico -, que se filtran a través de diversos recursos lingüísticos como son las distintas formas del discurso reproducido, y retóricas como las metáforas, juegos de palabras, etc., y que constituyen marcas de subjetividad que revelan la presencia del sujeto de la enunciación política.

Durante el proceso de paz no sólo hubo interrupciones y procesos largos que fueron utilizados por las partes para dilatar las negociaciones, durante una de las cuales se nombró la Comisión de Personalidades para que analizara y diera por escrito su opinión sobre los avances e impedimentos de la negociación y que luego fue utilizada para continuar con el proceso, sino que dicho proceso generó una serie de discursos que sirvieron para poner de manifiesto las diversas ideologías circunscritas dentro de las políticas de estado y de los grupos al margen de la ley. Por eso, hay que partir de la idea de que más que un único discurso que representara una sola ideología, este proceso produjo una secuencia de discursos diferentes que generaron debates de todo tipo como declaraciones de políticos, debates en el Congreso, la Cámara de representantes, las Asambleas departamentales, los Consejos Municipales. Así mismo, dieron origen a discursos parlamentarios tanto en el ámbito nacional como internacional, y en los cuales se vieron reflejadas las más diversas posiciones ideológicas. Es tanto así que se podría hablar de la existencia de un complejo discursivo que dio cuenta del proceso de paz colombiano en todos los medios de comunicación, orales y escritos, el mismo que sirvió para generar una serie de debates a escala nacional e internacional.

En cuanto al análisis sobre las posibles ideologías que mueven estos discursos, cabría decir que las conclusiones inferidas dependen de la sintonía del receptor con lo dicho, o mejor, del topos que maneja y en el que se halla inmerso el lector, Así, en la inferencia, al no estar dicho, puede haber interpretaciones que dependen de las características del receptor y del marco argumentativo en que se sitúa (Fuentes y Alcaide:38). Estos dos aspectos del discurso permiten, entre otras cosas, determinar las marcas ideológicas correspondientes porque si el receptor es de "derechas" puede rechazar el marco argumentativo aduciendo que todo lo que se dice ahí son calumnias, o justificarlo arguyendo que el proceso de paz se hará efectivo en la medida en que la guerrilla cumpla con sus exigencias. En cambio, un receptor de "izquierdas" le daría la razón a la tesis de Marulanda Vélez y de las FARC-EP y aceptaría que "solo es posible salvar los Diálogos y la Negociación sí la clase política bipartidista y el Congreso tienen en cuenta las exigencias de las FARC-EP". Así mismo, las conclusiones afirmadas por el hablante –escritor tienen no solo la forma de expresiones de certeza sino de propuestas que recogen los temas trabajados en el discurso: sustitución de cultivos ilegales, paramilitarismo, deuda externa y política agraria. Los enunciados conclusivos se inician con un verbo conjugado en primera persona del plural "proponemos", con lo cual se deja claro que los enunciados siguientes son las tesis aprobadas por el hablante – escritor y por la comunidad "para aportar salidas concretas y avanzar en la consecución de la paz".

Este análisis ha servido para mostrar como el léxico en el discurso de las FARC-EP se eligió teniendo en cuenta los principios marcados por el cuadrado valórico/ideológico propuesto por Van Dijk:

-Resaltar lo bueno del nosotros.

Resaltar todo lo malo de ellos.

Mitigar todo lo bueno de ellos.

Mitigar todo lo malo del nosotros.

El léxico se expresa por parte del hablante –escritor colectivo para resaltar, en orden de importancia, las malas propiedades de ellos, así como sus malas acciones y necesidades básicas. También ha servido para resaltar las buenas acciones y necesidades del nosotros. En caso contrario, el léxico marca la disminución de las buenas acciones y necesidades de ellos, mientras opaca las malas propiedades y acciones del nosotros. Así mismo, La elección y uso del léxico posibilitó no solo la justificación de creencias valorativas, opiniones e ideologías que el hablante – escritor comparte con su grupo social, sino que justifica los resultados históricos en virtud de conflictos ideológicos de culturas asimétricas, como es el caso de Colombia. Dichas asimetrías se encargan de justificar por medio del discurso las relaciones de rebelión, oposición y no sometimiento por parte del nosotros, así como las causas de dominación y sometimiento ejercido por ellos.

En este análisis se han ofrecido varios ejemplos de léxico polémico utilizado por el hablante – escritor. Pero, hay que destacar la utilización de la palabra "guerrilleros" que tiene un valor semántico en si misma, es decir que hace referencia a un determinado grupo que al ser designado por el otro grupo, sufre variaciones semánticas: no es lo mismo que las FARC-EP se designen así mismas como guerrilleros porque la palabra se reviste con un significado positivo, de resistencia y lucha frente a un Estado arbitrario, mientras que cuando es pronunciada por el "ellos", la palabra se recarga de una connotación negativa que lleva irremediablemente a pensar en la violencia. La designación misma plantea una controversia valórica, pues en la palabra "guerrilleros" está presupuesto un valor semántico que el hablante escritor pretende compartir con el lector. En este sentido podemos considerar cada palabra polémica como una marca lingüístico –ideológica que presupone en si misma distintas valoraciones.

No es de extrañar que el discurso de las FARC-EP se cierre con la palabra paz que está casi ausente en el transcurso del mismo. Esto se debe a que en el lenguaje político actual, palabras como paz se hallan dotadas de un valor excelso. Estas palabras aunque no denotan conceptos políticos estrictos, poseen en la lengua común una connotación positiva indiscutible que es explotada en el discurso. La singularidad de estos términos en el discurso político es el resultado de una fuerte carga afectiva que, dado su grado máximo, los llena completamente en cuanto al significado, y de la presencia de una serie de rasgos léxico sintácticos (su condición de sustantivos abstractos y su empleo frecuente en contextos sintácticos definidos) que presuponen un referente conocido por todos.

Para concluir, en Colombia, el valor político de la palabra "paz" se ha convertido en los últimos años en la palabra clave de todo discurso político porque su valor semántico especial se hace más evidente en la medida en que se opone positivamente al otro término que se ha vuelto atávico para la sociedad colombiana y que es el de "violencia". Estos dos términos hacen referencia a una misma realidad que se pretendió cambiar con el fallido proceso de paz, pero que para desgracia de un conglomerado de cuarenta y dos millones de colombianos, las asimetrías de poder se hicieron cada vez más profundas en la medida en que fueron avanzando las conversaciones e hicieron imposible cualquier intento de reconciliación entre las partes en conflicto.

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