El cambio estructural del sistema socioeconómico costarricense (página 18)

Por otro lado, la determinación de los salarios de las empresas privadas se realiza en función de la productividad, en lugar de hacerse en función de las necesidades de consumo de los trabajadores, fijándose los salarios mínimos en el Consejo Nacional de Salarios (con la aprobación del Gobierno y los empresarios y sin necesidad de la aprobación sindical) mientras que el resto de los salarios son determinados en el mercado.

A todo ello hay que unir la reducción del llamado salario complementario (la provisión de bienes y servicios por parte del Estado, a la que podían acceder los trabajadores de forma gratuita o previo pago de precio subvencionado o la fijación de precios máximos de servicios públicos de provisión privada) ya que el Estado ha acercado los precios de los servicios públicos a los precios de mercado o a renunciado a determinadas actividades que desempeñaba en sectores como educación, salud, vivienda, pensiones, transporte, electricidad, suministro de agua, alimentos básicos…

El Gobierno también permite la existencia de jornadas laborales de doce horas diarias compensadas con más días de descanso a la semana, así como de la movilidad geográfica y funcional de los trabajadores por parte de la empresa sin necesidad del beneplácito de éstos. A ello hay que unir la extraterritorialidad de las empresas de las zonas francas, que sólo están obligadas a cumplir un determinado volumen de empleo, pero a las que no se sanciona si no cumplen la legislación laboral.

Por último, debemos señalar la desaparición de la negociación colectiva en el seno del sector público al sujetarse las relaciones laborales del sector público al derecho administrativo tras la Lay General de la Administración Pública de 1979.

5.5.- La liberalización del sector financiero.

El sector financiero fue uno de los sectores más controlados bajo el creodo intervencionista como consecuencia de la nacionalización bancaria de 1948. El Sistema Bancario Nacional (SBN) quedó constituido tras la nacionalización por el Banco Central de Costa Rica (BCCR) y cuatro bancos estatales, que eran el Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), el Banco de Costa Rica (BCR), el Banco de Crédito Agrícola de Cartago (BCAC) y el Banco Anglo-Costarricense (BAC).

Con posterioridad, 1969, surgió el Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC), que no formó parte del SBN pero si del sistema financiero costarricense y cuya propiedad corresponde a los trabajadores asalariados que mantienen sus depósitos de forma obligatoria en él durante un año (Vargas y López, 1994, pp. 224-225).

Durante los años setenta comenzaron a proliferar las entidades financiaras privadas, que al amparo de una definición restrictiva del concepto de depósito (dinero a la vista y ahorro colocado en una entidad financiera a plazo inferior a seis meses) comenzaron a captar inversiones a plazo (dinero colocado en una entidad financiera a plazo superior a seis meses). Así cuando estas financieras privadas crecieron más, fueron autorizadas por el BCCR para constituirse en bancos privados que podían llevar a cabo todas las funciones bancarias, salvo la movilización de depósitos a la vista y de ahorro. Estos bancos privados crearon filiales en Panamá y el Caribe de forma que podían así evadir las limitaciones de las tasas de interés, de los impuestos, de los encajes y de los controles de cambio (González y Mesalles, 1993, pp. 17-18). Los bancos privados, a diferencia del BPDC sí pertenecen al SBN.

La liberalización financiera que se ha producido en Costa Rica desde principio de los años ochenta ha intentado equiparar a los bancos privados con los bancos estatales, aunque no sin reticencias sociales, ya que el dogma de la nacionalización bancaria era un elemento del genotipo intervencionista difícil de remover.

El proceso de liberalización financiera en Costa Rica se ha basado en el fomento de la actividad de la banca privada por medio de la reducción de regulaciones que limitaban su funcionamiento, con la intención de generar un sistema financiero competitivo donde los bancos estatales se viesen obligados a modernizarse y mejorar su gestión.

Las principales medidas de fomento de la banca privada han sido la liberalización de la captación de recursos externos, la liberalización del crédito y la liberalización de la captación de depósitos.

El primer paso de la liberalización fue la autorización a los bancos privados para que pudieran captar fondos procedentes del exterior de país; esto se consiguió en 1984 tras la polémica aprobación de la Ley de la Moneda y de la modificación del artículo 62 de la LOBC (véase apartado 4.2.2). Por medio de la Ley de la Moneda se autorizó a los bancos privados a acudir al redescuento del BCCR cuando el origen del recursos prestables fuese externo. La modificación de la LOBC permitió a dichos bancos privados contratar créditos externos con instituciones nacionales y multilaterales de cooperación económica. Estas medidas sirvieron para que la banca privada pudiese participar en el negocio de la movilización de la AOD recibida por Costa Rica durante los años ochenta, generando así una importante competencia con los bancos estatales, que se vieron obligados a replantearse sus funciones y incorporar innovaciones (González y Mesalles, 1993, p. 19; Espinosa, 1996, p. 21).

Por lo que se refiere a la eliminación de la represión financiera a través de control del crédito (veáse apartado 5.2.1), conviene señalar que la misma ha sido fundamental para la expansión del crédito y el desarrollo del sistema financiero costarricense. La liberalización del crédito ha permitido financiar las actividades más rentables en lugar de las actividades más interesantes desde el punto de vista político.

Los bancos privados no pudieron captar depósitos a la vista y de ahorro hasta 1995. Con la aprobación de la nueva LOBC se puso fin al monopolio que tenían los bancos estatales sobre la captación de los depósitos; este hecho, junto con el acceso al encaje bancario, también contemplado en la nueva LOBC, han situado a la banca privada en igualdad de condiciones para competir con una banca estatal en proceso de reestructuración y privatización.

Para que los bancos privados pudieran captar depósitos a la vista y de ahorro de vencimiento inferior a seis meses, se les impuso una serie de condiciones, destinadas a promover objetivos distintos de la liberalización financiera. Dichas condiciones eran que estos bancos deberían mantener un saldo mínimo de préstamos a la banca estatal equivalente al 17% de sus captaciones totales a treinta días o menos, una vez descontado el encaje, o en su lugar, deberían abrir al menos cuatro sucursales en las regiones que la LOBC declaró preferentes (Chorotega, Pacífico Central, Brunca, Huetar Atlántica y Huetar Norte), destinando además al menos el 10% de sus captaciones totales, al plazo anterior, a financiar los programas que determinase el Gobierno (MIDEPLAN, 1998-a, p. 177).

La privatización de los bancos estatales ha sido una reivindicación de los sectores neoliberales del país, que ven en ella un pasó más en la liberalización financiera y en la democratización económica de Costa Rica. La propuesta se basa en la devolución a la iniciativa privada de aquello que le fue expropiado en 1948. Durante el año 1997 fue muy discutido el proyecto de privatizar el BICSA y el BCR, para con los ingresos de su venta poder recapitalizar el BNCR, sin embargo, la falta de acuerdo en un contexto de precampaña electoral, dejó esta tarea pendiente para ser ejecutada bajo la Administración Rodríguez (MIDEPLAN, 1998-a, p. 194).

6.- La nueva estructura socioeconómica costarricense.

A la hora de identificar la actual estructura socioeconómica de Costa Rica es preciso detenerse en el estudio de los elementos estructurales, por un lado, y en el de la leyes estructurales, por otro. Si se constata que tantos los unos como las otras son hoy suficientemente diferentes de los existentes en 1980, podremos afirmar que se ha producido un cambio estructural y que realmente estamos ante una nueva estructura socioeconómica. En este estudio del cambio estructural lo realmente importante es la determinación de la modificación de las leyes estructurales, ya que los elementos pueden cambiar sin que aquéllas se alteren y, en ese caso, no estaríamos ante un cambio estructural; sin embargo, difícilmente existirá un cambio estructural si, además de la modificación de las citadas leyes, no se ha producido también una transformación de los elementos estructurales.

No obstante, antes de adentrarnos en el estudio de la nueva estructura socioeconómica costarricense, conviene que nos detengamos en revisar distintos estudios que se refieren al cambio estructural en Costa Rica.

6.1.- La constatación del cambio estructural.

Que las políticas reformistas han generado un cambio estructural en Costa Rica es algo comúnmente aceptado que ha sido demostrado por muchos investigadores costarricenses; no obstante, el concepto de cambio estructural que dichos autores manejan es diferente del que hemos empleado en esta investigación. A pesar de ello merece la pena detenerse en los distintos estudios realizados sobre el tema.

Los econometras Sáenz y Vargas (1999, pp. 41-57), aplicando la Prueba de Chow a las ecuaciones del modelo MACRO de Costa Rica para los periodos 1966-1997 y 1966-1985, obtienen que, como consecuencia de las políticas reformistas, se ha producido un cambio estructural en las ecuaciones que representan la producción, la inversión, las importaciones, las exportaciones (tradicionales y no tradicionales), el desempleo y los precios, mientras que no puede afirmarse lo mismo para el caso del consumo y de los ingresos tributarios.

El sociólogo Sojo (1999, pp. 168-178), en un estudio más amplio sobre Centroamérica, sostiene que, en la región en general y en Costa Rica en particular, se ha producido un cambio en la estructura económica por cuanto ha habido importantes modificaciones en la distribución por sectores de la producción, de las exportaciones (tradicionales y no tradicionales) y del crédito, así como en los mercados de destino de las exportaciones (MCCA y resto del mundo) y en el ritmo de crecimiento de la producción por sectores.

En la misma línea, los economistas Jiménez y Céspedes (1990, pp. 133-151) sostenían la existencia de un cambio estructural de la economía costarricense entre 1982 y 1989, como consecuencia de las políticas reformistas y de las condiciones económicas internacionales, y lo hacían basándose en la mayor apertura de la economía, el incremento y diversificación de las exportaciones, el crecimiento de la inversión privada, el aumento del ahorro interno y el mejor uso del ahorro externo.

Pero tal vez la obra que mejor ha captado no sólo el cambio estructural, sino incluso el salto creódico del sistema socioeconómico costarricense ha sido El nuevo rostro de Costa Rica, una compilación de artículos de intelectuales y académicos de distintas disciplinas sociales realizada en 1991 y editada por Villasuso (1992-a), economista y Ministro de Planificación con Monge. En el prólogo de dicha obra Villasuso habla de transformación, de metamorfosis, de mutación de los valores sociales, de las organizaciones sociales, de la estructura económica, del marco institucional, del entorno político, de los medios de comunicación y de las relaciones internacionales; Villasuso incardina de esta forma el cambio de la estructura económica dentro de un cambio global de la sociedad costarricense y los distintos autores que participan en la obra se encargan de mostrar los cambios que se han producido en la economía, tanto a nivel global como sectorial, y como dichos cambios son el resultado de las políticas reformistas. El nuevo rostro de Costa Rica que se perfilaba en 1991 hoy puede apreciarse con nitidez.

Todas estas aproximaciones al estudio del cambio estructural del sistema socioeconómico costarricense, sin duda de extraordinario valor o bien son de carácter parcial o no se encuentran adecuadamente sistematizadas. A dicha tarea dedicamos por tanto los siguientes apartados, pero antes conviene aclarar la relación entre las políticas reformistas y el cambio estructural.

En el citado trabajo de Sáenz y Vargas (1999, pp. 41-57) se da también un repaso a las distintas metodologías utilizadas para relacionar las políticas reformistas con el cambio estructural; éstas son el enfoque del cambio de parámetros, el enfoque antes-después y el enfoque de grupos de control. El primero es el empleado por ellos, ya mencionado, pero que no demuestra la relación directa de las políticas reformistas en el cambio estructural.

Lo mismo ocurre con el enfoque antes-después, consistente en comparar indicadores antes y después de la implementación de las políticas reformistas, enfoque básico que vamos a emplear en nuestra investigación, aunque no sólo en sus vertientes cuantitativas; no obstante, este enfoque adolece de la misma deficiencia que el anterior.

La tercera opción es el enfoque de los grupos de control, consistente en comparar la evolución de dos grupos de países, uno que aplica políticas reformistas y otro que no lo hace; la debilidad del enfoque reside en que habitualmente dichas políticas vienen acompañadas de flujos financieros de los organismos que las recomiendan, no quedando claro en qué medida el cambio es responsabilidad de las políticas o de los recursos financieros, aunque en cualquier caso se trata de paquetes completos en cuya elección influyen los dos componentes. No creemos necesario demostrar la relación entre las políticas reformistas y el cambio estructural, ya que dicho aspecto ha quedado demostrado en distintos trabajos del Banco Mundial, tales como los recogidos en Corbo et al. (1992), en particular, Corbo y Rojas (1992).

6.2.- La evolución de los elementos estructurales entre 1980 y 1998.

Aunque lo que realmente determina la existencia de un cambio de una estructura socioeconómica es la modificación sustancial de las leyes estructurales, todo cambio estructural lleva aparejado también la modificación de los elementos de la estructura; así pues antes de estudiar las nuevas leyes estructurales conviene detenernos en el estudio de los elementos estructurales.

Antes de detenernos en cada uno es interesante observar las tendencias de la composición de la producción. Las políticas reformistas y en especial las de apertura comercial, ha incidido decididamente en la estructura productiva del país permitiendo que la producción creciera en unos sectores a más velocidad que en otros y convirtiendo actividades que eran rentables en actividades extramarginales y otras que no lo eran en intramarginales. La reestructuración sectorial producida hace que podamos hablar de un nuevo sector primario, de un nuevo sector secundario y de una nuevo sector terciario, aunque en algunos casos las auténticas novedades no están en los elementos más destacados y sí en otros de carácter secundario.

El periodo de crisis (1980-1984) se caracterizó por un claro aumento del peso del sector primario en la producción total, mientras que el sector secundario se contrajo hasta 1983; el sector terciario, sin embargo, fluctuó (Tabla 6.1).

TABLA 6.1

COMPOSICIÓN SECTORIAL DEL PIB (1980-1998).

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Vargas y Sáenz (1994), MIDEPLAN (1998-b) y CEFSA (1999).

Datos en porcentajes del PIB; SECTOR PRIMARIO: agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca; SECTOR SECUNDARIO: industria, minería y construcción; SECTOR TERCIARIO: Gobierno, comercio, hostelería y restauración, electricidad y agua, transporte, almacenamiento y comunicaciones, establecimientos financieros, seguros y servicios a empresas, bienes inmuebles y otros servicios personales.

A partir de la implementación de la política de promoción de exportaciones no tradicionales, el sector terciario inició una tendencia ascendente, frente a la irregular evolución de los otros dos sectores. La industria registró una recuperación de su participación en la producción total entre 1983 y 1987, volvió a caer hasta 1991 y se recuperó hasta 1993, para volver a caer y de nuevo recuperarse desde 1997. El caso de la agricultura es parecido; cae entre 1984 y 1987 y se recupera hasta 1991, para iniciar una tendencia descendente, sólo interrumpida durante 1994 y 1995.

No obstante, estas fluctuaciones son bastante suaves y tan sólo puede concluirse que mientras el sector terciario, con valores en torno al 57% del PIB, presenta una suave tendencia a la expansión relativa, los sectores primario y secundario, con valores en torno al 18% y al 25% del PIB, respectivamente, presentan la tendencia contraria (Tabla 6.1).

Así pues, el mayor peso y el mayor dinamismo económico estaría en el sector terciario, donde se encuentran las actividades del Estado, los servicios financieros, las actividades dirigidas al turismo y los servicios a empresas. Este excesivo peso del sector terciario nos permite hablar de una cierta hipertrofia del mismo, que encierra, sin duda, elevadas tasas de subempleo y escasa productividad.

6.2.1.- El sector primario y los nuevos cultivos.

El sector primario costarricense ha sufrido una importante reestructuración desde principios de los ochenta, debido fundamentalmente a la aplicación de las políticas reformistas. En especial cinco grupos de medidas han influido significativamente sobre el sector agropecuario, la liberalización financiera, la desregulación de los precios, la apertura comercial, los incentivos a la exportación y determinadas reformas institucionales.

La liberalización financiera ha tenido como efecto directo la contracción del crédito dedicado al sector agropecuario, que ha pasado de representar el 50% del total del crédito en 1983 al 10% en 1997, además de redistribuirse internamente en función de la rentabilidad de las explotaciones, ya que la mayor parte del crédito agropecuario fue suministrada por la banca privada. La desregulación de los precios por su parte ha afectado particularmente a la producción de granos básicos y tan sólo tres productos mantienen aún sus precios regulados, el arroz, la leche y la manteca. La apertura comercial, la integración al GATT y a la OMC y los acuerdos preferenciales y de libre comercio con distintos países (Estados Unidos, México, Centroamérica…) han supuesto la reducción de la protección efectiva que gozaba la producción agropecuaria. Los incentivos a la exportación, en particular los CATs, han beneficiado sobre todo a los llamados productos no tradicionales, cuya expansión ha sido generada por el aumento de sus exportaciones. Por último, las reformas institucionales, tales como la reducción de personal del MAG y del CNP o la transformación de este último en un organismo de asesoramiento técnico, han puesto de manifiesto la reducción de la intervención del Estado en el sector, dejando que éste se rija por las leyes del mercado (González Mejía, 1999, pp. 112-132).

Si agrupamos la producción agropecuaria en cuatro categorías, productos agrícolas tradicionales de exportación (café, banano, caña de azúcar y cacao), granos básicos (arroz, frijoles y maíz), producción pecuaria (carne de bovino, porcino y aves, leche y huevos) y otros productos agrícolas (los productos agrícolas no tradicionales, más la pesca, la madera y la mejoras agrícolas) podemos ver cómo ha variado su participación en la producción agropecuaria (Tabla 6.2).

TABLA 6.2

VALOR AGREGADO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA POR PRODUCTOS (1980-1997).

Fuente: elaboración propia a partir de datos suministrados por el BCCR y de MIDEPLAN (1998-b).

Datos en porcentajes del total de la producción agropecuaria; PAT: productos agrícolas tradicionales (café, banano, caña de azúcar y cacao); GB: granos básicos (arroz, maíz y frijoles); OPA: otros productos agrícolas (algodón, tabaco, papa, yuca, plátano, cebolla, pesca, madera, piña, flores y plantas ornamentales, raíces y tubérculos, otros productos varios y mejoras agrícolas); PP: productos pecuarios (carne de vacuno, de porcino y de ave, leche y huevos de ave).

Los productos agrícolas tradicionales de exportación han mantenido, con altibajos, su participación en la producción agropecuaria desde principios de los ochenta, representando algo más del 50% del total. Sin embargo, esta estabilidad es el resultado de la evolución de los cuatro productos; mientras la caña de azúcar se mantiene y el cacao van perdiendo peso, el banano ha ido ganando importancia en la producción total en detrimento del café. El comportamiento de esta producción ha estado muy marcada por las variaciones de los precios internacionales de estos productos (caída de los precios del cacao y del azúcar desde principios de los ochenta, aumento del precio del banano a durante los noventa y disminución, primero, y el aumento, después, de los precios del café durante los noventa).

Para el caso del café la política agrícola se centró en el fomento de la productividad y de la calidad, para lo cual se incidió en el cambio de variedades de plantas y en la lucha contra las enfermedades que suelen afectar a los cafetales (roya). La caída de los precios en los noventa se explica por la extinción del Convenio Internacional del Café, que puso fin al sistema de cuotas, hasta que en 1995 un nuevo acuerdo entre Brasil, Colombia, Costa Rica, Honduras, Nicaragua y El Salvador volvió a elevar los precios del café (Chinchilla, 1992, p. 459).

El aumento en la participación del banano estuvo impulsado por un Plan de Fomento Bananero desde 1985 que, por medio de una ampliación del área de cultivo, generó un importante crecimiento de la producción a partir de 1988, coincidiendo con periodo de alza en los precios. El acuerdo marco de exportación de banano a la Unión Europea suscrito por Venezuela, Colombia, Nicaragua y Costa Rica en 1994 ha contribuido también a la expansión de la producción bananera (MIDEPLAN, 1998-a, pp. 167-168).

La producción de cacao se ha reducido hasta niveles marginales, a pesar de los esfuerzos realizados a mediados de los ochenta por establecer plantaciones comerciales; la aparición de problemas de carácter biotecnológico junto con la caída de los precios han propiciado el abandono o la sustitución de los cacaotales por cultivos más rentables (Chinchilla, 1992, p. 460).

El cultivo de la caña de azúcar ha sufrido importantes modificaciones con un desplazamiento de la producción desde el Valle Central hacia Guanacaste, donde se han podido aplicar técnicas de riego y mecanización más eficientes, con el consiguiente aumento de la productividad; este hecho ha permitido que a pesar de la caída de los precios, la participación de la producción se mantenga por encima del 4% del total agropecuario (Chinchilla, 1992, p. 460).

La producción pecuaria, por otro lado, fue perdiendo peso lentamente durante los años ochenta, debido esencialmente a la caída en la producción de carne de vacuno. Los esfuerzos realizados por el programa de reactivación ganadera propiciaron una recuperación del vacuno entre 1987 y 1990, pero la competencia internacional y el fuerte endeudamiento del subsector han provocado la caída de su participación desde 1990, coincidiendo con una quiebra en la tendencia alcista de los precios que había comenzado a mediados de los ochenta. La producción porcina y avícola, por el contrario, han experimentado un importante crecimiento que ha servido para compensar la caída del vacuno, en su variedad de carne, porque la producción de leche también ha aumentado (Chinchilla, 1992, p. 460).

El fuerte descenso en la participación de los granos básicos tiene en este caso una clara explicación política, la modificación de la política de precios al amparo de los PAEs. En primer lugar, se eliminaron los subsidios directos del CNP al arroz, al maíz y al frijol; en segundo lugar, se redujeron paulatinamente los precios de sustentación de la producción de granos básicos, de forma tal que se produjo una convergencia con los precios internacionales; en tercer lugar, se autorizó la importación privada de granos en caso de existir demanda interna insatisfecha. La reducción de la participación de la producción de granos básicos en el total ha sido bastante significativa, explicada esencialmente por la reducción de la producción de maíz y de arroz, mientras que la producción de frijol se mantuvo en torno al 1% hasta 1996 en que comenzó a disminuir.

Destaca, por otro lado, el fuerte aumento de la producción de otros productos agropecuarios, donde se incluyen la mayoría de los productos no tradicionales de exportación, favorecidos por la política comercial aplicada desde mediados de los ochenta. Entre los productos más relevantes podemos citar la piña, el melón, el marisco y el pescado fresco, congelado y en conserva, las raíces y tubérculos y las flores y plantas ornamentales. Este grupo de otros productos ha aumentado su participación desde el 14% de 1984 hasta el 22,1% de 1997.

Lo que resulta evidente es que la expansión relativa de la producción no tradicional de exportación se ha realizado a costa de la contracción de la producción de granos básicos y, en menor medida, de la producción pecuaria, mientras que los productos tradicionales de exportación (esencialmente café y banano) siguen siendo los productos que caracterizan la producción agropecuaria. Esto es coherente con la teoría de la ventaja comparativa, ya que Costa Rica goza de dicha ventaja en café y banano por sus condiciones climáticas y orográficas; pero aun así ha sabido crear nuevas ventajas competitivas al diversificar su producción agropecuaria aprovechando esas mismas características climatológicas y orográficas.

6.2.2.- El sector secundario y el aumento de la competitividad.

La transformación que ha sufrido el sector industrial costarricense desde principios de los años ochenta es el resultado de la aplicación de las políticas reformistas, en especial de la liberalización de las importaciones, de la promoción de las exportaciones y de la atracción de inversiones extranjeras, mientras que las políticas sectoriales (política de reconversión industrial -PRI, 1989-, programa de modernización agroindustrial e industrial -PROMAI, 1992- y programa de modernización industrial -PMI, 1994-) resultaron ser un fracaso por falta de voluntad política (Muñoz y Pacheco, 1999, pp. 68-85).

La liberalización de las importaciones supuso una reducción de la protección arancelaria nominal y efectiva de que gozaba la industria, mientras que la política de promoción de exportaciones por medio de los incentivos (contrato de exportación -CATs incluidos-, régimen de zonas francas y régimen de admisión temporal) y de las devaluaciones contribuyeron a generar una protección implícita de la industria; así gran parte de las empresas acogidas durante la sustitución de importaciones al contrato de industria reorientaron su producción hacia la exportación a terceros mercados, beneficiándose de este modo de las ventajas del contrato de exportación; por ello la eliminación de la protección a la industria no fue tal.

En el sector industrial la reestructuración productiva no ha sido muy fuerte y sigue predominando el esquema de producción característico de la industrialización de primera fase (predominio de bienes finales y de consumo masivo). Los cinco grandes sectores siguen siendo la industria agroalimentaria (con valores entre el 45% y el 50% de la producción manufacturera), la industria petroquímica (con valores en torno al 20%), la industria textil (con valores entre el 6% y 10%), la industrial metalmecánica (con valores entre el 7% y el 11%) y la industria papelera (con valores entre el 7% y el 8%); aunque estas tres han alterado su posición en la clasificación, pasando el sector textil al último lugar (Tabla 6.3). Descendiendo en el plano sectorial nos encontramos con que la industria costarricense se encuentra especializada en alimentación, bebidas, ropa, productos de papel e imprentas, productos químicos y plásticos, y maquinaria eléctrica.

Conviene señalar que, salvo la caída relativa de la industria textil en favor de la agroalimentaria y la metalmecánica, las políticas reformistas a penas sí han incidido en la modificación de la estructura interna del sector industrial, al contrario de lo que ocurrió con el sector agropecuario donde la transformación productiva fue mayor.

TABLA 6.3

VALOR AGREGADO DE LA PRODUCCIÓN MANUFACTURERA POR SECTORES (1982-1997).

Fuente: elaboración propia a partir de datos suministrados por el BCCR.

Datos en porcentajes de la producción manufacturera total; AB: productos alimenticios, bebidas y tabaco; TC: textiles, prendas de vestir e industria del cuero; MM: industria de la madera y productos de madera incluido muebles; PE: fabricación de papel y productos de papel, imprenta y editoriales; QP: fabricación de sustancias químicas, de productos químicos, derivados del petróleo y del carbón, de caucho y de plástico; NM: fabricación de productos minerales no metálicos, exceptuando los derivados del petróleo y del carbón; MB: industrias metálicas básicas; PM: fabricación de productos metálicos, maquinaria y equipos; OI: otras industrias manufactureras.