El cambio estructural del sistema socioeconómico costarricense (página 6)

h) Los costos sociales del ajuste suelen ser optativos y no coercitivos; ante una reducción de los recursos públicos disponibles, el ajuste presupuestario podría recaer sobre distintas partidas, permitiendo salvaguardar los programas de desarrollo humano a costa de otros sectores de la sociedad menos necesitados.

i) Sería indispensable contar con un entorno externo favorable que respaldase las estrategias de desarrollo humano; se haría necesaria una inversión de la transferencia neta de recursos Sur-Norte en Norte-Sur, lo que requeriría de una efectiva solución al problema de la deuda.

j) Algunos países en desarrollo, especialmente África, necesitarían más asistencia externa que otros; el alto grado de privación humana que padecen determinados países, sobre todo africanos, los convierte en prioritarios de la ayuda externa que contribuya a la reestructuración del desarrollo a largo plazo.

k) Si la cooperación técnica tiene como propósito ayudar a consolidar aptitudes humanas y capacidades nacionales en los países en desarrollo sería preciso someterla a un proceso de reestructuración; la cooperación técnica habría de medir su éxito por la velocidad de desmantelamiento de sus programas.

l) Un enfoque participativo, incluida la participación de las organizaciones no gubernamentales (ONGs), resultaría vital en cualquier estrategia tendente a lograr un desarrollo humano exitoso; el Estado habría de ceder competencias a la sociedad civil, donde destaca la labor de las ONGs, que suelen ser pequeñas, flexibles, eficientes, funcionan con costes reducidos y promueven un desarrollo autosuficiente.

m) Sería imperativo reducir drásticamente las tasas de crecimiento demográfico a fin de lograr mejoras apreciables en los niveles de desarrollo humano; las tasas de crecimiento de la población de los países en desarrollo desbordan la capacidad de estos países para satisfacer sus necesidades básicas y generan migraciones masivas, por lo que resultaría necesario fortalecer los programas de planificación familiar, alfabetización femenina, reducción de la fertilidad y atención médica materno-infantil.

n) El crecimiento acelerado de la población en los países en desarrollo se estaría concentrando en las ciudades; dada la inevitable urbanización de los países en desarrollo, los urbanistas habrían de solventar problemas como la descentralización del poder y los recursos, la movilización de los ingresos locales de origen local, la construcción de viviendas e infraestructuras (incluida la asistencia a los más débiles) y la mejora del entorno urbano con especial incidencia en los suburbios.

ñ) Las estrategias de desarrollo sostenido deberían satisfacer las necesidades de la presente generación sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones de satisfacer sus propios requerimientos; debería tenerse en cuenta que cualquier tipo de deuda (financiera, de negligencia humana o de deterioro medioambiental) afectaría a las generaciones futuras y que la pobreza es el primer contaminante.

Los informes posteriores han seguido utilizando la misma metodología que el de 1990, aunque se han centrado en temáticas concretas (1992, desigualdad; 1993, sociedad civil; 1994, Cumbre Social; 1995, género; 1996, crecimiento; 1997, pobreza; 1998, consumo; 1999, mundialización).

El informe de 1997 merecería una especial atención por cuanto identificaba el desarrollo humano como la negación de la pobreza, enlazando de forma inequívoca con el mensaje del Relatorio de Uppsala. Este informe definía la pobreza como la denegación de opciones y oportunidades básica para el desarrollo humano, vivir una vida larga, sana, creativa y disfrutar de un nivel decente de vida, libertad, dignidad y respeto por sí mismo y de los demás (PNUD, 1997, pp. 2-14). Además, señalaba la multidimensionalidad de la pobreza, destacando entre las principales dimensiones, la vida breve, el analfabetismo, la exclusión social y la falta de medios materiales.

2.2.4.- Hacia una convergencia de las corrientes.

Las aportaciones de la estrategia orientada al mercado y de la consolidación de las reformas, vienen a significar una cierta convergencia del pensamiento neoliberal hacia las recomendaciones neoestructuralistas y alternativas, donde el papel activo del Estado es incuestionable y donde la reforma de las instituciones es un elemento imprescindible, sin el cual la estrategia de desarrollo neoliberal es inviable; por tanto, se observa una cierta convergencia moderadora y homogeneizadora entre las diferentes Economías del Desarrollo.

El debate que se ha producido en la Economía del Desarrollo en los años noventa ha servido para limar diferencias entre las diferentes corrientes de pensamiento. Los neoliberales han conseguido que se acepte de forma generalizada la necesidad de una estabilización y de un ajuste estructural que oriente las economías hacia el exterior con el fin de aprovechar las ventajas que ofrece un entorno internacional globalizado.

Los neoestructuralistas han conseguido que se acepte que el papel del Estado es esencial en el proceso de desarrollo y que éste debe seguir interviniendo en la economía, aunque si bien con un nuevo enfoque. Los alternativos han conseguido que las cuestiones sociales y, particularmente, la lucha contra la pobreza ocupen un lugar prioritario en las estrategias de desarrollo, evitando que dichas cuestionen queden reducidas al efecto cascada del crecimiento económico.

Pero además de esta homogeneización de la Economía del Desarrollo, lejos aún de la homogeneidad de la Economía del Desarrollo de posguerra, también es indiscutible la moderación ideológica del debate; han pasado los tiempos del radicalismo dependentista y defensor de la desconexión y de los experimentos neoliberales de los Chicago Boys en regímenes autoritarios; y, aunque la situación de subdesarrollo y sus correspondientes lacras perduran y aun los diagnósticos de dicha situación difieren bastante, términos como competitividad, equidad y democracia parecen ser consustanciales a una nueva concepción del desarrollo.

Parece que se abren las puertas a la refundación de una nueva Economía del Desarrollo en el seno de la Economía Política, donde factores externos e internos, económicos y no económicos, estructurales y coyunturales, históricos y corrientes, otorguen de nuevo a la subdisciplina la categoría de especialidad abierta y la conduzcan a lo que Seers (1979) llamó Estudios de Desarrollo, para referirse a la comunión de las distintas disciplinas que se ocupan del desarrollo. En el campo de la economía se hace necesaria la constitución de una Economía Política del Desarrollo, donde el análisis económico y la economía aplicada se complementen y favorezcan el acercamiento a otras disciplinas.

SEGUNDA PARTE

Análisis del cambio estructural en Costa Rica

3.- El contexto espacio-temporal de Costa Rica.

A la hora de estudiar el cambio estructural que se produce en un sistema socioeconómico, dos son los elementos contextuales relevantes, su entorno y su pasado; ellos van ser a fin de cuentas el origen de las distintas perturbaciones y contradicciones internas que dicho sistema sufre. El estudio del contexto regional y del contexto histórico del sistema debe ser en nuestra opinión el punto de partida de cualquier investigación acerca de la evolución del mismo.

Así pues, dedicamos este capítulo a estudiar el entorno y la historia de Costa Rica, de forma que ello nos sirva como referencia a la hora de explicar el cambio estructural que se ha producido en dicho sistema en los últimos años.

3.1.- Costa Rica y su entorno.

Al ser Costa Rica un país pequeño, se ha visto obligada a ser también un país abierto si deseaba aprovechar las economías de escala que podían surgir dentro de su aparato productivo; por ello, Costa Rica, a pesar de su idiosincrasia, ha sido un país que históricamente ha participado de muchas de las ideas y los procesos dominantes tanto en el mundo como en América Latina y Centroamérica.

Los cambios que en las últimas dos décadas se han producido en la economía mundial y en la economía latinoamericana y centroamericana han tenido importantes repercusiones en la evolución reciente del sistema socioeconómico costarricense, de forma que éste no puede ser entendido sin considerar su contexto regional.

Por lo que se refiere a la economía mundial, los cambios producidos en las últimas décadas son en su mayoría consecuencia del proceso de globalización. No nos detendremos en estudiar dicho proceso, ya que ha sido bien definido y difundido en un sin número de trabajos (p. ej., Estefanía, 1996).

Por lo que se refiere a las economías latinoamericanas, los cambios producidos en las últimas dos décadas han venido marcados por la crisis de los años ochenta y por el ajuste estructural aplicado en los noventa. Este tema también ha sido muy estudiado y difundido por distintos autores (p. ej., Bulmer-Thomas, 1996, o Edwards, 1997)[4].

Los cambios producidos en Centroamérica, como entorno más cercano, aunque también han sido muy estudiados, creemos que merecen unas líneas en esta memoria por tratarse de una realidad menos conocida que las dos anteriores.

No obstante, consideramos que, antes detenernos en estudiar su entorno, debemos hacer una breve presentación de Costa Rica.

3.1.1.- Costa Rica. Una breve presentación.

Situado en el istmo centroamericano, entre Nicaragua (al norte) y Panamá (al sureste), Costa Rica es un pequeño país de escasamente 50.900 kilómetros cuadrados, bañado al este y nordeste por el Mar Caribe y al oeste y al sur por el Océano Pacífico. A pesar de su escaso territorio, la diversidad climática es favorecida por la existencia de un sistema montañoso que atraviesa el país, confiriéndole una considerable altitud en su zona central. Este hecho permite el mantenimiento de unas temperaturas bastante suaves y estables en torno a los 20 grados centígrados, en el Valle Central del país, y a los 26 grados, en las zonas costeras. La actividad volcánica y la conservación del bosque tropical y de sus costas confieren a este país una belleza paisajística que ha sabido ser aprovechada para actividades turísticas.

La población es de unos 3.560.500 habitantes, con una densidad de 69,9 habitantes por kilómetro cuadrado, lo cual no dice mucho debido a la concentración demográfica en el Valle Central en cuatro grandes núcleos urbanos, San José (la capital), Heredia, Cartago y Alajuela. Territorialmente el país se distribuye en siete provincias San José, Heredia, Alajuela, Cartago, Limón, Puntarenas y Guanacaste, siendo las tres ciudades periféricas más importantes, Limón, Puntarenas y Liberia. Aunque la población es mayoritariamente blanca, conviven en el país importantes minorías étnicas tales como la negra y la oriental, que se concentran en el litoral caribeño, y un importante contingente de población inmigrante procedente de Nicaragua. La religión es mayoritariamente católica (86,8% de la población), aunque existe libertad de culto.

Con una tasa de crecimiento del 5,5% en 1998, del 4% de media anual del periodo entre 1990 y 1997 y una renta per cápita de 3.124 dólares, Costa Rica distribuye su producción sectorialmente de la siguiente forma, 18,0% para el sector primario, 25,1% para el sector secundario y 56,8% para el sector terciario. Los principales productos de exportación son el banano, el café, la carne, los textiles, las plantas ornamentales y las flores, las frutas, el pescado y el marisco, y el turismo. Su moneda es el colón costarricense que cotizaba a finales de 1999 alrededor de los 300 colones por dólar, con tendencia permanente a la depreciación.

En el plano político, la República de Costa Rica disfruta de un sistema democrático desde la guerra civil de 1948, que dio paso entre otras muchas cosas a la nacionalización de la banca, a la abolición del ejército y la promulgación de la Constitución de 1949. Con un sistema político de república presidencialista, el poder ejecutivo lo ostenta el Presidente de la República, electo cada cuatro años, sin posibilidad de reelección; el poder legislativo recae en la Asamblea Legislativa compuesta por 57 diputados, los cuales, durante la última legislatura (1998-2002), se reparten casi por igual entre el Partido de Unidad Social Cristiana, de corte socialcristiano, (27 diputados en las elecciones de 1998) y el Partido de Liberación Nacional, de corte socialdemócrata, (23 diputados), existiendo además un grupo muy variable de partidos minoritarios que obtienen algunos escaños, que en la actual Asamblea viene representado por Fuerza Democrática (3 diputados), Movimiento Libertario (1 diputado), Partido de Acción Laborista Alajuelense (1 diputado), Partido de Integración Nacional (1 diputado), Partido Reformista Costarricense (1 diputado); el poder judicial lo constituye la Corte Suprema y los Tribunales Superiores y Juzgados; además de estos tres poderes y de forma independiente, en Costa Rica existe el Tribunal Supremo de Elecciones, como organismo encargado de velar por la legitimidad democrática de los comicios.

Con un Estado tradicionalmente intervencionista, Costa Rica ha logrado alcanzar a lo largo de su historia reciente parámetros de equidad social y desarrollo inusuales en sus vecinos centroamericanos. La aplicación de políticas de ajuste estructural a partir de mediados de los años ochenta ha permitido que estos niveles de equidad y desarrollo no se deterioren.

3.1.2.- Centroamérica. Del conflicto a la pacificación.

Los últimos veinte años han supuesto para Centroamérica el paso de regímenes dictatoriales a regímenes democráticos, aún frágiles; aunque atravesando para ello unos periodos de revoluciones, guerras civiles y pacificación. La coincidencia de la situación de grave conflicto en la región hizo que la crisis económica fuese más profunda y la recuperación más tardía.

Pero antes de continuar conviene hacer una distinción entre los términos Centroamérica y América Central. A pesar de su coincidencia etimológica, suelen utilizarse con un contenido semántico diferente; mientras que América Central hace referencia a todos los países que geográficamente se encuentran en el continente americano entre México y Colombia, es decir, Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, el término Centroamérica se usa con una importante carga política para hacer referencia a los países que un día formaron la Federación de Repúblicas Centroamericanas y que en la actualidad constituyen el Mercado Común Centroamericano (MCCA), es decir, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. La creación de Panamá en 1903, consecuencia de una intervención militar norteamericana, y la independencia de Belice, antigua Honduras Británica, del Reino Unido en 1981, hacen que estos dos países de América Central tengan una trayectoria histórica muy alejada de la de sus vecinos centroamericanos.

Así pues, aquí sólo vamos a tratar la evolución reciente de Centroamérica, como el contexto regional más inmediato de Costa Rica y cuya influencia en este país han sido muy relevante.

Lo primero que conviene señalar es la aparente homogeneidad de los países que forman Centroamérica, la cual esconde una profunda heterogeneidad que ha ido aumentando con el paso del tiempo. Los intentos por conformar la Federación de Repúblicas Centroamericanas tras la independencia de la España se enfrentaron con un fuerte sentimiento nacionalista, más acusado si cabe en el caso de Costa Rica, que dio al traste con el proyecto en los primeros años de su ejecución.

En la base de este nacionalismo, que hoy perdura, se encuentran unas estructuras socioeconómicas muy diferentes de la que son muestras los siguientes ejemplos (Fonseca, 1996, pp. 109-303):

a) Mientras en Guatemala la población indígena ha representado un grupo étnico y social importante, sometido a una histórica explotación, en Costa Rica y Honduras éste es casi inexistente, con una presencia destacada en el caso de Nicaragua y El Salvador.

b) Mientras en Costa Rica y Nicaragua la propiedad de la tierra ha estado poco concentrada, sobre todo en la primera, la concentración de la tierra en el caso de El Salvador y Guatemala es muy alta.

c) Mientras que el café ha sido el principal producto de exportación en Costa Rica, El Salvador y Guatemala, en Nicaragua tiene un peso marginal y Honduras prácticamente ni produce ni exporta café.

d) Mientras el banano ha sido el otro gran producto de exportación, sobre todo para Honduras y Costa Rica y en menor medida para Nicaragua y Guatemala, en El Salvador no hay producción de banano para la exportación.

e) Mientras en Honduras el papel de la oligarquía lo han desempeñado históricamente las empresas bananeras, en El Salvador y Guatemala la oligarquía estaba formada por los terratenientes caficultores y en Nicaragua y Costa Rica junto a la oligarquía cafetalera existía una clase media de pequeños propietarios.

f) Mientras Costa Rica tiene una larga tradición democrática y abolió el ejército en 1948, los otros cuatro países tienen una historia salpicada de golpes de estado y largos periodos de autoritarismo y en ellos el papel del ejército ha sido muy destacado.

g) Mientras que Nicaragua, El Salvador y Guatemala han soportado en las últimas décadas guerras civiles, Honduras y Costa Rica han conseguido mantener su estabilidad política.

h) Mientras en Nicaragua, el sandinismo intentó implantar un sistema socialista, en el resto de los países la economía de mercado con mayor o menor intervención, según el periodo, ha sido el sistema bajo el que se han movido las economías.

i) Mientras en Costa Rica los niveles de pobreza y de indigencia han sido y siguen siendo los más bajos de América Latina, los otros cuatro países poseen niveles de los más altos, por lo que la equidad de los mismos es mucho menor que en Costa Rica.

Todo lo anterior justifica, además, la especificidad histórica de todos y cada uno de los países de la región, de forma que resulta difícil explicar la evolución de los sistemas socioeconómicos centroamericanos bajo un mismo patrón.

Aún así, existen elementos estructurales que permiten caracterizar a los sistemas socioeconómicos centroamericanos dentro de unos mismos modelos histórico-estructurales. De esta forma entre 1821 y 1950 las estructuras socioeconómicas respondían al modelo primario-exportador, basado en la producción del café y/o del banano; entre 1950 y 1989, al modelo primario-exportador doméstico-industrial (o de industrialización por sustitución de importaciones); y a partir de principios de los noventa parece que se está conformando un nuevo modelo basado en la exportación de productos muy diversos.

Pero lo que realmente nos interesa del estudio de la región son los acontecimientos que han podido influir sobre Costa Rica y éstos son esencialmente los conflictos y la pacificación de la región en las últimas dos décadas.

Con la excepción de Costa Rica, los países de Centroamérica llegaron a finales de los años setenta bajo regímenes autoritarios; en Nicaragua, la familia Somoza venía detentando el poder desde 1936, en El Salvador existía una democracia pretoriana desde la revolución de 1948 y el ejército sustituía a los presidentes según la facción dominante en cada momento; en Guatemala se mantenía una democracia de fachada tras la invasión de Estados Unidos en 1954 y los militares eran quienes detentaban realmente el poder interviniendo con frecuentes golpes de estado; y en Honduras, tras la dictadura de Carías, entre 1933 y 1948, se inició un proceso de democratización del país, frecuentemente interrumpido por golpes de estado que denotan el peso del ejército durante este periodo. Todo este autoritarismo militar confirió a la región la suficiente estabilidad como para que en todos los países se aplicase la política de industrialización por sustitución de importaciones y se conformase con relativo éxito el MCCA. En el caso de Costa Rica la estabilidad no vino de la mano del ejército, ya abolido, sino de la coincidencia programática entre los dos grupos políticos dominantes, los socialdemócratas y los socialcristianos. Sin embargo, el autoritarismo militar terminó por pasar factura a estos países (Alcántara, 1990, v. 2, pp. 149-228; Skidmore y Smith, 1996 [1984], pp. 339-377; Rouquié, 1994 [1991]).

Bajo el somocismo, el malestar social se extendió por toda Nicaragua, afectando a la propia burguesía, a la iglesia católica y a los sectores populares; de estos últimos surgió hacia 1963 el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que inició una guerra de guerrillas que terminó con el derrocamiento de Anastasio Somoza, Tachito, en 1979.

En El Salvador, tras la Guerra del Futbol con Honduras en 1969, el militarismo se extendió por el país generando un malestar social que a afectó a la iglesia católica, a los sindicatos y a los sectores populares; estos últimos apostaron por una respuesta político-militar al autoritarismo y se organizaron en un sin fin de movimientos guerrilleros que terminaron por confluir a principios de los ochenta en el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) y en el Frente Democrático Revolucionario (FDR). Como reacción a los movimientos guerrilleros, el ejército y los grupos paramilitares iniciaron un proceso de dura represión.

En Guatemala, el militarismo reinante tras la invasión de 1954 terminó por generar a principios de los sesenta la respuesta político-militar de los sectores populares, particularmente indígenas, que constituyeron las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR), de la que se escindirían posteriormente el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) y la Organización del Pueblo en Armas (ORPA). También en este caso la represión del ejército y de los grupos paramilitares fue muy dura.

En Honduras, no terminaron por consolidarse movimientos guerrilleros debido a la existencia de una serie de derechos sociales y sindicales que fueron respetados por las intervenciones del ejército; por tanto, la represión militar y los grupos paramilitares no tuvieron tampoco una gran repercusión.

La situación económica del MCCA a finales de los años setenta era insostenible. Tras la retirada de Honduras en 1970, después de la Guerra del Futbol con El Salvador, comenzaron las dificultades; la desigual distribución de la renta en la región propició que la demanda de bienes industriales de consumo se estancase, erosionando así el comercio en el interior de la región al tiempo que aumentaban las importaciones de productos del resto del mundo; las exportaciones de productos primarios hacia los países industriales se resintieron ante la crisis del petróleo y la inversión extranjera en la región se detuvo; por todo ello que los distintos países centroamericanos se vieron abocados a recurrir al endeudamiento externo como forma de reactivar sus economías.

Hacia finales de los setenta la tensión en la región había aumentado tanto que los militares fueron perdiendo el control de los diferentes países. La insurrección multiclasista surgida en Nicaragua a mediados de la década desembocó en el derrocamiento de Somoza en 1979; en El Salvador la insurrección popular tuvo lugar entre 1978 y 1979 desencadenando una guerra civil; en Guatemala, aunque no puede hablarse de guerra civil, la intensificación de las acciones guerrilleras tuvieron como respuesta el terrorismo de Estado (Fonseca, 1996, pp. 264-281).

Tras el derrocamiento de Somoza en Nicaragua, los sandinistas se hicieron con el poder y tras disolver la Guardia Nacional crearon el Ejército Popular Sandinista. En el plano político abandonaron el discurso moderado que había permitido aglutinar a toda la oposición antisomocista y se propusieron satisfacer muchas de las reivindicaciones populares con la instauración de un sistema económico de corte socialista. Este hecho no gustó a una parte de sus aliados en la insurrección y propició la salida de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional de los representantes de los empresarios y de los conservadores en 1980. Tampoco sentó bien en Washington la extensión del comunismo por la región y enseguida se dispusieron a apoyar a la oposición antisandinista; el resultado fue la creación de la Fuerza Democrática Nicaragüense en 1981, transformada en Resistencia Nicaragüense en 1987 y conocida como la Contra.

Con el apoyo económico y militar de los Estados Unidos, la Contra consiguió aglutinar unos quince mil hombres en 1983, de los cuales la mitad eran antiguos miembros de la Guardia Nacional, e iniciaron una importante ofensiva militar que les permitió controlar la zona nororiental del país, iniciándose así una guerra civil en Nicaragua.

Los sandinistas, con Daniel Ortega a la cabeza del FSLN, convocaron y ganaron unas elecciones en 1984, pero a pesar de la limpieza del proceso electoral, reconocida internacionalmente, los Estados Unidos decretaron un embargo económico. Así, la guerra civil por un lado y el embargo por otro impidieron el relanzamiento de una economía que terminó por volverse caótica; aun así y gracias al apoyo de la ayuda externa, sobre todo de la Unión Soviética y de Cuba, hubo durante los años ochenta importantes logros sociales, como la distribución de la tierra por medio de una reforma agraria, la reducción del analfabetismo, la reducción de las epidemias y de la mortalidad infantil, la construcción de viviendas sociales o la reducción del precio de los alquileres.

El conflicto nicaragüense llegó a su fin tras un largo proceso de negociación iniciado en 1983 por el Grupo de Contadora (México, Venezuela, Colombia y Panamá), continuado en 1985 por el Grupo de Apoyo (Argentina, Brasil, Perú y Uruguay) y concluido por el Proceso de Esquipulas, en 1986 y 1987, auspiciado por Vinicio Cerezo y liderado por Óscar Arias y en el que participaron Guatemala, Costa Rica, Honduras, El Salvador y Nicaragua; aunque este proceso se refería a la pacificación de la región en su conjunto, su impacto fue más evidente sobre la pacificación de Nicaragua, ya que los conflictos salvadoreño y guatemalteco requirieron de una negociación más larga. Fruto de este proceso de negociación, la Contra cesó sus hostilidades y se pudieron celebrar en 1990 unas elecciones presidenciales en las que los sandinistas fueron derrotados por Violeta Chamorro, al frente de una coalición antisandinista denominada Unidad Nacional Opositora (UNO). Ya bajo el Gobierno de Chamorro, la Contra entregó las armas poniendo fin al conflicto civil. La UNO pronto se fragmentó y Chamorro necesitó del apoyo de un FSLN también fragmentado para gobernar hasta las elecciones de 1996, donde de nuevo los sandinistas fueron derrotados por el conservador Arnaldo Alemán, del Partido Liberal Constitucionalista (Fonseca, 1996, pp. 278-280; Torres Rivas, 1994 [1993], p. 16-26; Skidmore y Smith, 1996 [1984], pp. 358-363).

Pero el conflicto civil nicaragüense tuvo importantes efectos sobre el resto de la región; de hecho fue uno de los elementos determinantes de la evolución política y económica de toda Centroamérica durante los años ochenta.

En un primer momento, el triunfo del sandinismo estimuló los procesos subversivos de El Salvador y Guatemala y la revitalización de la guerra contrarrevolucionaria apoyada por los Estados Unidos en estos países. Posteriormente y tras la creación de la Contra, tanto Honduras como Costa Rica se vieron envueltas en la guerra civil nicaragüense, al prestar sus territorios para la instalación de campamentos contrarrevolucionarios desde los que hostigar al ejército sandinista; esta cooperación, fue más evidente en Honduras, pues Costa Rica se desmarcó pronto, apostando por dar la imagen de la posibilidad de una economía de mercado, democrática y equitativa en la región; no obstante, estos dos países obtuvieron una serie de ayudas financieras por parte de la Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos.

Pero no quedaron aquí los efectos. El temor de que el comunismo se extendiera por la región como una alternativa al autoritarismo militar y las dictaduras existentes, llevó a los Estados Unidos a fomentar el desarrollo de procesos de democratización que condujeron en los distintos países a diferentes reformas constitucionales, en las cuales la tónica dominante fue la reducción del protagonismo político del ejército y la instauración de procesos electorales multipartidistas, limpios y competitivos; dichos procesos han llevado al poder en la mayoría de los casos a los conservadores (Torres Rivas, 1994 [1993], p 20).

Sin embargo, en El Salvador y Guatemala, la democratización ha coexistido con la guerra civil en el primer caso y con las acciones guerrilleras y la represión gubernamental y paramilitar en el segundo.

En El Salvador, en 1979, un heterogéneo grupo de fuerzas políticas, con el apoyo de un sector del ejército, derrocó al general Carlos Humberto Romero e inició un proceso de transición democrática, contando para esto último con el apoyo de los Estados Unidos. Sin embargo, esta alianza era muy endeble y el ejército seguía controlando el poder, lo que propició que parte de las fuerzas que participaron en la insurrección abandonaran el Gobierno en 1980.

La oposición al nuevo Gobierno se articuló entonces en torno a dos movimientos guerrilleros, el Frente Democrático Revolucionario (FDR) y el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN), que iniciaron una guerra civil y en 1982 ya controlaban amplias zonas del norte y el nordeste del país. Los conservadores se aglutinaron en torno a dos partidos, la Democracia Cristiana y la Alianza Republicana Nacional (ARENA), que se sucedieron en el poder por medio de elecciones libres y competitivas celebradas en plena guerra civil; la Democracia Cristiana ganó las elecciones de 1982 a la Asamblea Constituyente y su líder, José Napoleón Duarte, las presidenciales de 1984; tras el desgaste de este partido que no consiguió acabar con la guerra, en 1989, Alfredo Cristiani de la ARENA ganó las segundas elecciones presidenciales e inició la aplicación de políticas de ajuste estructural.

Para esas fechas resultaba ya evidente que ni el FDR-FMLN podían ganar la guerra, ni el Gobierno podía derrotarlos militarmente, por lo que el fin negociado del conflicto aparecía ya como una pragmática necesidad; el proceso de negociación fue auspiciado por las Naciones Unidas y en 1992 el FMLN firmó un acuerdo con el Gobierno de Cristiani; tras desarmarse, el FMLN se presentó a las elecciones en 1994 convirtiéndose en la segunda fuerza del país tras la ARENA, que colocó a Armando Calderón en la Presidencia. En las elecciones presidenciales de 1999 la ARENA volvió a ganar colocando en la Presidencia a Francisco Flores (Fonseca, 1996, pp. 268-270; Torres Rivas, 1994 [1993], pp. 18-19; Skidmore y Smith, 1996 [1984], pp. 366-371).

En el caso de Guatemala, la guerrilla no consiguió presentar un frente unificado ni tener alcance nacional, aunque sí consiguió desestabilizar al Estado; esta circunstancia fue aprovechada en 1982 por el general Efraín Ríos Montt para hacerse con el poder tras un golpe de Estado. El nuevo Gobierno inició un proceso de institucionalización democrática y al mismo tiempo desató una durísima represión de la guerrilla practicando un verdadero terrorismo de Estado por medio de la creación de la Patrullas de Autodefensa Civil, constituidas por quinientos mil hombres. Sin embargo, el malestar provocado en el seno del ejército por la gestión de Ríos Montt, propició un nuevo golpe de Estado por parte de Humberto Mejía Víctores, en 1983, que sí supuso realmente el comienzo de la transición democrática.

En las elecciones de 1986, el líder de la Democracia Cristiana, Vinicio Cerezo, alcanzó la Presidencia de la República y bajo su mandato se le fue restando poder al ejército y se fomentó la pluralidad política y la limpieza en los procesos electorales; sin embargo y a pesar de sus esfuerzos de diálogo, la presión del ejército no le permitió terminar de forma negociada con el movimiento guerrilleros ni controlar a los grupos paramilitares que seguían actuando en el país.

El desgaste de la Democracia Cristiana se notó en las elecciones presidenciales de 1991, que dieron la victoria al candidato del Movimiento de Acción Solidaria (MAS), de centro derecha, Jorge Serrano, quien inició las políticas de ajuste estructural. Dos años después de las elecciones dio un autogolpe de Estado disolviendo el Congreso; sin embargo, el rechazo popular le obligó a abandonar el Gobierno dejando en manos del ex Defensor del Pueblo para los derechos humanos Ramiro de León Carpio.

En todo este periodo la guerrilla, aglutinada ya en torno a la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), tomó conciencia de la imposibilidad de una victoria militar y sus acciones estuvieron encaminadas a la obtención de posiciones de fuerza para una eventual negociación, que se desarrolló bajo el auspicio de las Naciones Unidas y que concluyeron a finales de 1996 con un acuerdo entre le Gobierno y los grupos guerrilleros, ya bajo el Gobierno del conservador Álvaro Enrique Arzú Irigoyen, del Partido de Avance Nacional (PAN), vencedor en las elecciones de 1995. (Fonseca, 1996, pp. 270-273; Torres Rivas, 1994 [1993], p. 19; Skidmore y Smith, 1996 [1984], pp. 371-377).

En el caso de Honduras, aunque no hubo conflicto civil, sí tuvo lugar un proceso de disminución del autoritarismo y de reducción del papel del ejército. Desde que en 1981 Roberto Suazo, del Partido Liberal, alcanzase la Presidencia de la República, el ejército ha respetado el resultado de las urnas, aunque con alguna que otra demostración de fuerza. En 1981 había en el país tres ejércitos diferentes, el hondureño, el norteamericano y la Contra nicaragüense, y fruto de la aceptación de esta situación el Gobierno de Honduras recibió una cuantiosa ayuda económica y militar que le permitió retrasar la aplicación las medidas de estabilización y ajuste estructural hasta la presidencia de Callejas.

Suazo fue sustituido por su correligionario José Azcona en 1985 y éste a su vez por Rafael Leonardo Callejas, del Partido Nacional en 1990, tras el debilitamiento del Partido Liberal, que volvería de nuevo al poder en 1994 con la presidencia de Carlos Roberto Reina. A pesar de que el ejército ha ido perdiendo peso en la vida política hondureña, éste no dudó en enviar los tanques a las calles de Tegucigalpa en 1995 para protestar por una investigación sobre las violaciones de los derechos humanos en el país. El Partido Liberal volvió a ganar las elecciones en 1997 con Carlos Roberto Flores como candidato (Fonseca, 1996, pp. 273-274; Skidmore y Smith, 1996 [1984], pp. 364-365).

A diferencia de sus vecinos, Costa Rica no ha vivido ni conflictos civiles ni autoritarismo militar, aunque en 1984 el Gobierno de Monge tuvo que soportar momentos de fuerte inestabilidad. Algunos sectores del país y del propio Gobierno presionaban para que Costa Rica participase de forma activa en el conflicto nicaragüense, mientras otros sectores políticos, también dentro del Gobierno, presionaban para que no se aprobasen una serie de medidas de corte neoliberal que el FMI, el Banco Mundial y la AID norteamericana imponían como condición para otorgar su ayuda. La situación se hizo más tensa cuando un numeroso grupo de hombres armados, partidarios de la intervención en Nicaragua, inició una marcha desde la frontera norte hacia el Valle Central. La amenaza de un derrocamiento armado llevó al Presidente Monge a destituir a una parte importante de su gabinete, sustituyendo a los ministros más radicales de uno y otro bando por otros más moderados; tras el cambio de gabinete, interpretado por algunos como un autogolpe de Estado, Costa Rica aprobó las medidas legislativas cuestionadas y proclamó su neutralidad en relación con el conflicto nicaragüense (Gutiérrez y Vargas, 1986).

Lo cierto de todo este proceso de conflicto y posterior pacificación en la región, es que junto con las víctimas (más de 30.000 en Nicaragua, entre 70.000 y 80.000 en El Salvador, y unos 100.000 en Guatemala), las economías de la región sufrieron un importante deterioro entre 1981 y 1990 (Torres Rivas, 1994 [1993], pp. 18-19). Costa Rica y Honduras fueron las menos perjudicadas, gracias a la ayuda exterior y a que no soportaron una guerra civil, con decrecimientos anuales medios del 0,6% y el 0,8%, respectivamente; les siguen El Salvador y Guatemala con decrecimientos del 1,4% y del 2%; y, en último lugar, aparece Nicaragua con un decrecimiento anual medio del 3,9%, aunque en este caso junto a la crisis y la guerra hay que considerar el embargo comercial norteamericano como explicación.

Sin embargo, los años noventa han significado el retorno de la esperanza a la región, ya que tras aplicar políticas de estabilización y ajuste estructural (Costa Rica – 1983, Honduras – 1989, El Salvador – 1989, Nicaragua – 1990, Guatemala – 1992) las economías de la región han iniciado una senda de crecimiento encabezada por El Salvador, que entre 1991 y 1997 ha crecido a una media anual del 3,2%, seguido por Costa Rica y Guatemala con crecimientos del 1,3% y del 1,2%, respectivamente, y en cuarto lugar por Honduras, con el 0,4%; Nicaragua por el contrario sigue decreciendo al ritmo del 0,5% anual entre 1991 y 1996, lo que puede explicarse por la crítica situación de partida. Lo cierto es que la nueva estabilidad política y económica de la región ha permitido el retorno de la inversión a estos países devolviendo la esperanza de un futuro mejor.

La catástrofe del Huracán Mitch que en 1998 asoló la región, castigando sobre todo Honduras y Nicaragua, ha afectado seriamente a las economías centroamericanas; según los países se habla de un retroceso en los niveles de desarrollo de las infraestructuras físicas, económicas sociales y ambientales de entre treinta y cincuenta años, de 9.937 muertos y de pérdidas valoradas en 3.484.662 millones de dólares. Los efectos sobre cada país centroamericano han sido muy diferentes y mientras Honduras ha sido el más afectado en Costa Rica el Mitch apenas si dejó huella (Tabla 3.1). Pero el caso del Mitch no ha hecho más que poner de manifiesto una realidad, que la azarosa naturaleza apenas si ha afectado a Costa Rica en las últimas décadas mientras que ha descargado su furia en el resto de la región (Tabla 3.2).

TABLA 3.1

IMPACTO SOCIAL DEL HURACÁN MITCH EN CENTROAMÉRICA (1998).

Fuente: Gutiérrez et al. (1999-b, p. 261).

HO: Honduras; NI: Nicaragua; GU: Guatemala; ES: El Salvador; CR: Costa Rica; M: número de muertos; D: número de desaparecidos; H: número de heridos; S: número de damnificados; E: número de evacuados; V: número de viviendas afectadas; P: número de puentes afectados; A: número de acueductos dañados.

TABLA 3.2

EFECTOS PROMEDIO ANUALES DE DESASTRES NATURALES EN CENTROAMÉRICA (1970-1994).

Fuente: Gutiérrez et al. (1999-b, p. 258).

HO: Honduras; NI: Nicaragua; GU: Guatemala; ES: El Salvador; CR: Costa Rica; M: número de muertos; S: número de damnificados.

3.2.- Costa Rica y su historia.

El sistema socioeconómico costarricense ha atravesado, antes de la crisis de los años ochenta, diferentes etapas autopoiéticas y distintos saltos creódicos.

La formación de este sistema arranca de la conquista y colonización de un territorio escasamente poblado en el istmo centroamericano por parte de otro sistema, la Corona Española; los sistemas socioeconómicos indígenas preexistentes desaparecieron o fueron absorbidos por uno nuevo, la Audiencia de Guatemala, posteriormente Reino de Guatemala. Costa Rica era entonces una provincia de dicha audiencia y, por tanto, no constituía un sistema socioeconómico independiente en sentido estricto; sin embargo, dado su aislamiento y sus peculiaridades puede ser estudiado, y de hecho así se hace, como un sistema socioeconómico.

La historia de Costa Rica puede ser entonces interpretada por la sucesión de las siguientes etapas autopoiéticas, separadas por periodos de fuerte inestabilidad donde se produjeron los saltos creódicos. Dichas etapas serían las siguientes[5]

a) El periodo de inestabilidad que va desde la llegada de los primeros conquistadores a Costa Rica en 1560 hasta la pacificación y colonización del Valle Central.

b) La etapa colonial, que iría desde la colonización del Valle Central iniciada en 1580 hasta la independencia en 1821, caracterizada por una economía casi de subsistencia y un Estado colonial casi inexistente[6]

c) El periodo de inestabilidad que va desde la independencia hasta 1838 en que Costa Rica consolida su nuevo creodo, declarándose como estado libre y soberano.

d) La etapa patriarcal, que iría desde la declaración de soberanía hasta el golpe de estado de 1870, caracterizada por el Estado patriarcal bajo el que se configura una economía agro-exportadora basada en el monocultivo del café.

e) El periodo de inestabilidad que va desde el golpe de Estado hasta la promulgación de la Constitución de 1871, a partir de la cual se desarrolló un creodo político-institucional diferente.

f) La etapa liberal, que iría desde la promulgación de dicha Constitución hasta las elecciones de 1940, caracterizada por un Estado liberal y una economía agro-exportadora basada en el bicultivo café-banano.

g) El periodo de inestabilidad que va desde las elecciones hasta la aprobación de la reforma constitucional de 1942, que constituye el punto de partida de un nuevo creodo.

h) La etapa socioliberal, que iría desde la reforma constitucional hasta la guerra civil de 1948, caracterizada por el intervencionismo del liberalismo tardío, que rompe con el Estado liberal, y el desarrollo de una serie de reformas sociales importantes.

i) El periodo de inestabilidad que va desde la guerra civil hasta la promulgación de la Constitución de 1949, punto de partida de un nuevo desarrollo creódico.