El cambio estructural del sistema socioeconómico costarricense (página 25)

La contrapartida financiera del moderado déficit comercial ha sido durante todos estos años la entrada de capitales, en un primer momento, en forma de créditos blandos de ayuda al desarrollo y, posteriormente, en forma de inversión extranjera directa (véase apartado 6.2.4). No obstante, dichas entradas de capital han tenido una importancia mayor en términos cualitativos que en términos cuantitativos; ello ha sido así por la influencia de la ayuda internacional en el diseño de las políticas reformistas y por la conformación de enclaves industriales en las zonas francas. Esto pone de manifiesto que pese a ser Costa Rica un país multiexportador, la competitividad de sus productos no es lo suficientemente grande como para que la acumulación de capital a nivel nacional baste para financiar el desarrollo del país, y por ello sigue necesitando la financiación procedente del ahorro externo, aunque en menor medida que bajo el creodo intervencionista.

Las entradas de capital, junto con los ingresos de las actividades agro-exportadoras, los ingresos de la exportaciones industriales y los ingresos del turismo, aportan las divisas necesarias para pagar las importaciones de materias primas, bienes de capital y bienes de consumo (véase apartado 6.2.4). Al haber Costa Rica renunciado a destinar su producción hacia el mercado interno y dada la limitada dotación de materias primas del país, el consumo doméstico y las distintas actividades productivas y, en particular, las industriales, tienen que ser abastecidos con bienes de consumo, materias primas y bienes de capital importados, y ello puede hacerse gracias a la capacidad de la economía para generar divisas vía exportaciones y vía captación del ahorro externo.

Las exportaciones costarricenses están diversificadas en un grupo relativamente amplio de productos, entre los que destacan el turismo (no tradicional), el café y el banano (tradicionales). Los llamados productos tradicionales (café, banano, esencialmente, ya que carne, azúcar, cacao y fertilizantes ocupan ahora posiciones marginales) representan en torno al 20% de las exportaciones totales de bienes del país. El resto de las exportaciones de bienes, los llamados productos no tradicionales, entre los que se encuentran los productos procedentes de los regímenes especiales de exportaciones (bienes industriales, en su mayoría) representan en torno al 80% de las exportaciones totales. Por otro lado, el turismo como servicio de exportación no tradicional y no incluido en los valores anteriores equivale a más del 20% de las exportaciones de bienes (véanse apartados 6.2.3 y 6.2.4).

El MCCA ha perdido la importancia que tenía como mercado de destino, ya que a él se dirigen ahora en torno al 10% de las exportaciones totales de bienes y algo más del 15% de las exportaciones no tradicionales de bienes, cuando a principios de los ochenta se dirigían al mismo más del 20% de las exportaciones totales y más del 60% de las no tradicionales (véase apartado 6.2.4). El destino de las exportaciones costarricense es ahora muy diverso aunque destaca el peso que tiene el mercado norteamericano. Si a esto le sumamos las exportaciones de los servicios turísticos, la diversificación de los mercados de destino es aun mayor (véase apartado 6.2.3).

Vinculado con las entradas de capital en el país destacan las inversiones extranjeras directas, que se concentran en los sectores industriales más dinámicos, acogidos a los regímenes especiales de exportación (metal-mecánica, equipo eléctrico, textil…), en determinados sectores agrícolas (banano y ciertos productos agropecuarios no tradicionales) y en el turismo (véase apartado 6.2.4). Estas inversiones extranjeras se encuentran en su mayoría en forma de enclaves (plantaciones bananeras, complejos hoteleros todo incluido e industrias maquiladoras) y si bien tienen efecto sobre la demanda agregada por la vía del empleo, no ocurre lo mismo respecto de la demanda directa de estos sectores que en su mayoría se dirige hacia el exterior en forma de importaciones.

La demanda externa de los distintos productos (agropecuarios, industriales y servicios) es el principal motor del crecimiento económico de Costa Rica. La configuración de este país como una economía multiexportadora hace recaer el dinamismo económico en el sector exterior, lo cual lo convierte en un país muy dependiente del ciclo económico internacional, pero no de los precios de determinados productos tradicionales (café, banano, esencialmente) ni de la demanda de un mercado regional concreto (MCCA) (véase apartado 6.2.4).

c) La intervención pública.

El grado de intervención del Estado en la economía costarricense es moderado con tendencia a la reducción, en la medida en que persisten algunas regulaciones en los mercados y sigue existiendo cierta provisión de servicios públicos que podrían estar en manos privadas, algunos de ellos en situaciones de monopolio u oligopolio. Las regulaciones de precios se realizan ahora como forma de defensa de la competencia y de protección de los consumidores, mientras que la provisión de bienes y servicios por parte del Estado ha quedado reducida a un pequeño número de sectores (producción de licores, refinado de petróleo, producción y suministro de energía eléctrica, telecomunicaciones, suministro de agua, editorial, seguros, banca, educación, sanidad, pensiones…). Muchas de las empresas e instituciones encargadas de dicha provisión tienen perspectivas de privatización en los próximos años (FANAL, ICE, INS, RACSA, BCR, RECOPE…) al igual que de pérdida de su posición de monopolios (INS, ICE, FANAL, RECOPE…) (véanse apartados 6.2.6 y 6.2.7).

Las actuaciones del Estado como promotor de las exportaciones generan un sesgo proexportador en distintos sectores y un sesgo proimportador de materias primas y bienes de capital. Las devaluaciones permanentes, los contratos de exportación y de turismo, los CATs, las exoneraciones de impuestos a las empresas acogidas a los regímenes especiales de exportación, etc… hacen más rentables la producción de bienes y servicios destinados a los mercados exteriores frente a la producción destinada al mercado doméstico. Por otro lado, las exoneraciones de impuestos de importación a las empresas acogidas a regímenes especiales y contratos de exportación y de turismo y la práctica eliminación de los aranceles hacen que las diferentes empresas que se benefician de ellos opten por adquirir en los mercados internacionales las materias primas y los bienes intermedios y de capital, aunque ello suponga la incorporación de un menor valor añadido dentro del país. Esto fuerza a las empresas nacionales suministradoras de los insumos necesarios para el proceso productivo a especializarse sólo en aquellos productivos para los que tienen ventajas comparativas, renunciando así a una mayor diversificación que podría redundar en una mayor articulación productiva interna (véanse apartados 5.1 y 6.2.4).

La intermediación financiera se encuentra en su mayor parte en manos la banca privada y se rige por criterios de rentabilidad financiera a la hora de conceder sus créditos. La liberalización financiera ha desmantelado progresivamente el monopolio público de la intermediación existente desde la nacionalización bancaria de 1948; en la actualidad los bancos públicos y privados compiten en igualdad de condiciones en los mercados financieros, habiendo conseguido estos últimos hacerse con la mayor parte del crédito nacional. Todos estos cambios han hecho que el sector financiero deje de estar al servicio de las decisiones políticas que pretendían fomentar unos sectores en detrimento de otros, en función de criterios políticos y sociales más que económicos, y pase a depender de criterios de rentabilidad financiera (véanse apartados 5.5 y 6.2.5).

Frente a la política de regulación de precios y mercados del creodo intervencionista, destacan ahora las escasas regulaciones de precios existentes, que son usadas con objeto de promover la competencia y proteger al consumidor en aquellas situaciones en que en el mercado existan monopolios u oligopolios. Estas regulaciones provienen de la ARESEP y de algunos ministerios (MAG, MEIC, Ministerio de Hacienda…), y se encuentran todas amparadas en la Ley de Defensa de la Competencia y Protección Efectiva del Consumidor, por lo que su vocación es la de evitar la conformación de monopolios u oligopolios y en los casos en que éstos existan, amparados por la ley, evitar las prácticas abusivas (véase apartado 5.2.6).

La estructura impositiva se basa en el predominio de los impuestos indirectos, particularmente en los de que recaen sobre el comercio exterior y el consumo, que representaban alrededor del 75% de los impuestos totales; esto denota el mantenimiento del carácter regresivo de la estructura impositiva en el que el impuesto directo sobre la renta tiene escasa importancia y, por tanto, mínima repercusión en redistribución personal de la renta (véase apartado 5.2.2).

La inestabilidad es la tónica general de las finanzas públicas costarricenses, muy dependientes del ciclo político (aumento del gasto público previo a las elecciones y recortes posteriores) y de los vaivenes de los mercados internacionales (por la dependencia de los ingresos públicos de los impuestos vinculados con el comercio exterior). El aumento errático de los ingresos públicos, junto con la disminución también errática de los gastos públicos, explican la moderación del déficit público con algunos repuntes ocasionales, los cuales son responsables de un fuerte endeudamiento interno (véanse apartados 5.2.2, 5.2.3 y 5.2.7).

d) La composición social.

La distribución del ingreso en Costa Rica presenta una tendencia al empeoramiento que se acentúa en los momentos de recesión[25]Aunque durante los años ochenta mejoró ligeramente la distribución de la renta pasando el índice de Gini del 0,45 de 1980 al 0,43 de 1990, en los noventa, cuando las políticas reformistas han alcanzado un mayor grado de implementación, dicha distribución presenta una suave, pero clara, tendencia al empeoramiento (el índice de Gini -medido con diferente metodología– pasó del 0,373 de 1989 al 0,380 de 1997) que se acentúa en momentos de recesión (en 1991 el índice de Gini alcanzó el 0,393 y en 1996 el 0,394) (véase apartado 6.2.9).

Las beneficiadas por la evolución en la distribución del ingreso fueron las clases alta y baja, en perjuicio, de una clase media cada vez más amplia. La clase baja se ha beneficiado de la creación de empleo, de la mejora de las retribuciones y de las políticas de compensación social, en particular, durante los años ochenta, estancándose sus mejoras en los noventa, justo cuando la clase alta ha comenzado a enriquecerse apropiándose de los frutos del crecimiento económico. La clase media por el contrario se ha empobrecido durante todo el periodo (véase apartado 6.2.9).

Los niveles de pobreza se reducen significativamente gracias al aumento del empleo de baja cualificación, aunque su evolución es también muy dependiente del ciclo económico. El dinamismo económico que ha experimentado Costa Rica se ha traducido en un aumento del empleo de baja cualificación tanto en la industria como en los servicios (turismo), esto ha hecho que un importante volumen de mano de obra no cualificada dedicada a la agricultura abandonase dicha actividad, obteniendo empleo en los otros sectores donde los niveles de retribución son mayores. La elevación de los salarios agrícolas junto con la política social compensatoria, como la de vivienda, han sido también importantes elementos que han contribuido a la reducción de la pobreza. Se aprecia, sin embargo, como la pobreza aumenta cuando la economía pierde su dinamismo, debido a que en esos casos la destrucción de empleo y la contención de salarios repercuten directamente sobre los trabajadores de escasa cualificación (véase apartado 6.2.9).

El rápido enriquecimiento de la clase alta del país durante los años noventa, junto con el empobrecimiento relativo de la clase media durante los ochenta y noventa, han generado un ambiente de desconfianza hacia la clase política que se refleja en una menor participación democrática y hace perder legitimidad a los gobiernos electos. El enriquecimiento de la clase alta es consecuencia directa del funcionamiento del modelo reformista, sin embargo, a dicho enriquecimiento no es ajeno, como se constata por los diferentes escándalos que han salto a los medios de comunicación durante los años noventa, aspectos tales como la evasión fiscal, la corrupción política, el blanqueo de dinero procedente del narcotráfico y la especulación inmobiliaria. Por otro lado, el empobrecimiento relativo de la clase media está también muy vinculado con la reforma del Estado (reducción del empleo público y del gasto público social), por lo que se percibe como consecuencia de las actuaciones de la clase política del país, que es una parte importante de la clase alta y con fuertes vinculaciones con otros sectores de dicho estrato social. Si tenemos en cuenta que el funcionamiento del sistema electoral costarricense favorece el bipartidismo e impide en la práctica la posibilidad de optar por una alternativa de gobierno distinta de la propuesta por el PLN y el PUSC y que las élites de ambos partidos han sido salpicadas por las acusaciones de corrupción, generando un ambiente de desconfianza, el resultado es que gran parte del electorado opta por no participar en las elecciones, elevando el grado de abstencionismo y restándole legitimidad a los gobiernos. Esta menor legitimidad puede llegar provocar, si se dan otras condiciones necesarias, una crisis política de imprevisibles consecuencias[26]

Existe una moderada tendencia hacia la concentración de la población en zonas urbanas. Si bien la política de industrialización por sustitución de importaciones y el desarrollo de la burocracia del Estado propiciaron la concentración de la población en las zonas urbanas durante el creodo intervencionista, en la actualidad dicha tendencia se ha moderado. A ello han contribuido la reducción del empleo público, eminentemente urbano, la reducción del empleo industrial, también de naturaleza urbana, y el aumento del empleo en sector turístico, con gran impacto en las zonas rurales. Gran parte de la mano de obra excedente de la agricultura, de naturaleza rural, ha encontrado una alternativa laboral en el turismo sin necesidad de emigrar a las ciudades.

El papel de élites dominantes lo ocupan hoy de las burguesías comercial y financiera, en detrimento de las burguesías agro-exportadora, industrial y del Estado. Las claras perdedoras bajo el nuevo creodo han sido las élites industrial y de la burocracia del Estado, que ocupaban la posición dominante bajo el credo intervencionista. La burguesía agro-exportadora sigue manteniendo bajo el creodo neoliberal una posición secundaria después de que perdiera su papel dominante con el desarrollo del creodo intervencionista. Las que sí pasan a convertirse en élites dominantes son las burguesías comercial (esencialmente importadora) y financiera, vinculadas con dos sectores de fuerte dinamismo económico tras la implementación de las políticas reformistas.

El progresivo desmantelamiento del Estado benefactor y la reducción del empleo público ha terminado provocando el empobrecimiento de la clase media. La reducción del gasto público social, como requisito de equilibrio financiero, y los esfuerzos por paliar la pobreza con dichos gastos, como requisito de paz social, han forzado al cierre de una serie de programas sociales cuyo principal beneficiario no era la clase baja sino la clase media, reduciéndose así lo que se denomina salario complementario. Por otro lado, la reducción del empleo público ha forzado a que gran parte de la clase media deba buscar empleo en el sector privado, donde las condiciones laborales y, en particular, las salariales son bastante inferiores. Estos dos elementos han sido determinantes en el empobrecimiento de la clase media (véanse apartados 6.2.8, 6.2.9 y 5.4).

Las clases populares se benefician del dinamismo económico, por la vía del empleo, lo que repercute en la mejora de sus niveles de vida, aunque se resienten mucho con las recesiones. La reducción de la intervención del Estado en favor de la clase baja no ha perjudicado la situación de éstas, debido a que el dinamismo económico ha permitido una importante creación de empleo poco cualificado y con niveles de retribución más altos. Esta dependencia del empleo que tienen los ingresos de la clase baja, si bien mejora el nivel de vida de misma durante los periodos de expansión, donde empleos y salarios crecen, también hace recaer sobre dicha clase gran parte del coste de las recesiones, ya que ante un mercado de trabajo tan flexible cuando cae la demanda externa o los precios de los productos exportados, el empleo se reduce drásticamente y los salarios se congelan, cuando no se reducen por la eliminación de los distintos complementos (véanse apartados 6.2.8, 6.2.9 y 5.4).

• Comparación.

Si procedemos a comparar las veintiocho leyes estructurales del sistema socioeconómico costarricense existentes antes de la crisis de principios de los ochenta con las que encontramos en la actualidad podemos observar como una de las de 1980 ha desaparecido (la tendencia al deterioro de los términos de intercambio), ha surgido una nueva (la articulación productiva dual), persiste otra (el predominio de los impuestos indirectos) y se han modificado, en mayor o menor medida, las veintiséis leyes restantes. Luego según el metodología empleada estamos ante un claro cambio estructural del sistema socioeconómico costarricense.

TABLA 6.33

LEYES ESTRUCTURALES DEL SISTEMA SOCIOECONÓMICO COSTARRICENSE (1980-1998).

6.3.2.- El modelo multiexportador.

La aplicación de políticas reformistas en Costa Rica desde 1984 ha tenido como consecuencia la conformación de una nueva estructura socioeconómica que puede clasificarse de forma tipológica como un ejemplo de lo que podríamos llamar el modelo multiexportador; dicho modelo sería común a muchas economías latinoamericanas que han seguido políticas reformistas y, en particular, a economías pequeñas como las centroamericanas y caribeñas. No obstante, aquí no se pretende demostrar la validez de este modelo estructural para dichas economías, sino plantear un modelo abstracto que defina la nueva estructura socioeconómica costarricense y que, eventualmente, pueda servir para definir las estructuras socioeconómicas de otros países que han seguido trayectorias similares.

La denominación de multiexportador obedece a que los motores del modelo son las exportaciones de diversa naturaleza, tanto agropecuarias como industriales o de servicios. Algunos autores hablan de modelo de promoción de exportaciones no tradicionales, tomando el nombre de la política de desarrollo implementada para salir de la crisis; sin embargo, esta expresión se refiere fundamentalmente al modelo de desarrollo y no al modelo estructural que explica el funcionamiento del sistema socioeconómico costarricense.

A continuación vamos a presentar las características estructurales básicas de un sistema socioeconómico para que pueda ser interpretado por medio del modelo multiexportador, para lo cual seguiremos el mismo esquema utilizado en el capítulo 3 y propuesto por Talavera (1987 [1986], pp. 280-319), basado en el estudio de nueve aspectos de la estructura socioeconómica y en el funcionamiento del sistema bajo este modelo. Dichos aspectos son la propiedad de los medios de producción, la producción, la articulación económica, el destino de la producción, la financiación de la producción, el papel del Estado, el uso de los factores productivos, la distribución de la renta y la estructura social. Por lo que se refiere al funcionamiento, lo relevante es el resultado de la interrelación entre los distintos aspectos anteriores, así como las etapas de auge y crisis propias del modelo.

Las características estructurales del modelo multiexportador, serían pues las siguientes:

a) La propiedad de las diferentes empresas agropecuarias, industriales y de servicios está repartida entre empresarios nacionales y extranjeros, aunque los sectores más dinámicos se encuentran en manos del capital extranjero.

b) Los sectores tradicionales, con excepción de los monocultivos de exportación, caracterizados por una baja productividad, destinan la mayoría de su producción hacia el mercado interno (productos industriales de consumo no duradero, granos básicos…), mientras que los sectores modernos, con alta productividad e intensivos en mano de obra, lo hacen hacia el mercado exterior (turismo, textiles, ensamblajes de manufacturas, productos agropecuarios no tradicionales…).

c) Existe una escasa articulación entre los dos sectores, tradicional y moderno, mientras que el sector moderno sí presenta una importante articulación con otros sectores de terceros países; un ejemplo de articulación externa son las llamadas zonas francas, que funcionan como auténticos enclaves.

d) La mayor parte de la producción, tanto agropecuaria como industrial, se destina hacia el mercado externo, satisfaciéndose la demanda interna con algo de producción nacional tradicional y, sobre todo, con importaciones.

e) El excedente generado por la exportaciones agropecuarias, industriales y de servicios, se lo apropian la burguesía comercial (exportadora e importadora), la burguesía financiera, los distribuidores extranjeros y el Estado; éste último utiliza su porción del excedente redistribuyéndola entre la sociedad por medio del gasto público.

f) Las funciones del Estado son por este orden, garantizar las condiciones necesarias para el adecuado funcionamiento del mercado, eliminar las distorsiones internas y externas, liberalizar la economía y redistribuir el excedente que se apropia para garantizar la paz social.

g) El aprovechamiento de las ventajas competitivas supone la explotación intensiva de los recursos naturales del país, de su mano de obra y de su capacidad instalada, a la hora de elegir las actividades económicas más rentables.

h) La distribución de la renta es ahora menos equitativa que bajo modelos anteriores y, pese al aumento de la renta per cápita y la reducción de los niveles de indigencia y de pobreza, el deterioro de los niveles de vida de las clases medias, junto con el enriquecimiento acelerado de algunos sectores de la burguesía (financiera y comercial, esencialmente), hacen que la desigualdad aumente progresivamente.

i) Bajo este modelo surge el fenómeno de la exclusión social, que va más allá de la simple pobreza y que es consecuencia del abandono de determinadas funciones sociales que antes realizaba el Estado. Destaca también el aumento de la informalidad laboral y la reducción del número de empleados públicos como consecuencia de las restricciones presupuestarias. El mercado de trabajo se encuentra dualizado entre nuevos profesionales altamente cualificados y con elevados niveles de retribución y trabajadores precarios sin cualificación y con escasos ingresos. El proceso de pauperización de las clases medias amenaza con generar una fractura social importante.

El funcionamiento de este modelo se basa en el tirón del mercado internacional. Al ser la estructura socioeconómica muy dependiente del sector exterior, como único motor de la economía, la expansión de la economía internacional explica la expansión interna, mientras que las recesiones internacionales se traducen en profundas crisis económicas nacionales; sin embargo, este motor externo puede caracterizarse como un motor multiválvulas, ya que los riesgos están diversificados en un gran número de producciones exportables, por lo que las coyunturas sectoriales tienen menos influencias en el funcionamiento de este modelo que en el caso del primario-exportador basado en el monocultivo. La estabilidad del crecimiento bajo este modelo depende de una adecuada combinación de productos exportables.

Aún así se corre el riesgo de basar toda la estrategia en una competitividad espuria, que es aquélla en la que la cuota de mercado que se consigue depende de la explotación de los recursos naturales (no sustentable ecológicamente) y/o de los bajos salarios con que se retribuye a la mano de obra (no sustentable socialmente) (CEPAL, 1990-c).

Bajo este modelo el sistema puede ir evolucionando dentro del creodo neoliberal siguiendo una serie de etapas como las descritas por Porter (1991, pp. 674-701). La primera fase de este modelo sería la de la economía impulsada por los factores (mano de obra y recursos naturales); dicha fase debe servir de base para una acumulación de capital que dé paso a una segunda etapa donde la economía estaría impulsada por la inversión, basada en ventajas competitivas creadas y donde se realice la asimilación de tecnología extranjera; esta asimilación es necesaria para pasar a una tercera fase donde la economía estaría impulsada por la innovación y algunos sectores productivos del país se convertirían en líderes a nivel internacional.

6.4.- El cambio estructural y el desarrollo del sistema socioeconómico costarricense.

Hasta aquí hemos comprobado la existencia de un cambio estructural en el sistema socioeconómico costarricense, pero nos queda aún determinar si dicho cambio equivale a desarrollo, si se ha producido un proceso de evolución como consecuencia del salto creódico o si por el contrario estamos en un proceso de involución.

La interpretación del cambio estructural como desarrollo dependerá de si la situación actual supone una mejora o un empeoramiento respecto de la existente en 1980, lo cual a su vez depende del criterio de valoración que adoptemos.

Podemos basarnos en criterios de la teoría neomarxista del desarrollo, que, a pesar de haber entrado en decadencia a juzgar por los escasos trabajos teóricos publicados durante los noventa, sigue teniendo un gran potencial analítico como muestran algunos trabajos interpretativos de la realidad. Un ejemplo de ello es el estudio de las transformaciones estructurales de la economía chilena bajo una perspectiva neomarxista realizado por Arrizabalo (1995); este autor utiliza tres criterios de valoración para determinar si en Chile se produjo o no desarrollo durante la dictadura; dichos criterios son el grado de concentración del capital, el nivel de dependencia externa de la economía y la distribución del ingreso. Si interpretamos el cambio estructural costarricense bajo estos tres criterios tendríamos que ha aumentado el grado de concentración del capital, como muestra Sojo (1995, pp. 63-86), que el nivel de dependencia externa es hoy mayor que 1980, como vimos en los apartados 6.2.4 y 6.3.2 y que la distribución del ingreso ha empeorado, como se expuso en el apartado 6.2.9; luego Costa Rica tendría hoy un nivel de desarrollo menor que antes de la crisis de los ochenta y, por tanto, se habría producido un proceso involutivo.

Bajo otros criterios la interpretación es diferente; así si nos basamos en las teorías alternativas del desarrollo y, en particular, en el desarrollo humano, existiría un mayor nivel de desarrollo si se ha producido un aumento de las oportunidades de los costarricenses, en concreto la de disfrutar de una vida larga y saludable, la de tener acceso a los conocimientos y la disponer de recursos suficientes para tener un nivel de vida decente, y esto se mediría mediante el IDH. Tal y como vimos en el apartado 6.2.9, el IDH de 1980 era del 0,766 y el de 1997 fue del 0,801, luego en Costa Rica se habría producido un proceso de desarrollo.

Si nos basamos en criterios procedentes de la teoría neoestructuralista del desarrollo, tendríamos que comprobar si en Costa Rica se ha producido una transformación productiva con equidad que haya generado un cierto dinamismo económico. La transformación productiva costarricense ha quedado sobradamente demostrada a lo largo del presente capítulo. Respecto del dinamismo económico baste decir que la economía costarricense creció entre 1985 y 1998 a un ritmo medio anual del 5,4%. No queda tan claro si en Costa Rica la transformación productiva se produjo con equidad; si atendemos al índice de Gini como criterio de equidad, vimos en el apartado 6.2.9 como éste perdió valor durante el periodo; pero si atendemos a los niveles de pobreza vimos en el mismo apartado como éstos se redujeron durante dicho periodo. Sin embargo, consideramos que el criterio de equidad que debe tenerse en cuenta es el que utilizó Fajnzylber (1990) en su análisis del casillero vacío; para este autor la equidad debía medirse como el cociente entre nivel de renta del 40% más pobre de la población y el nivel de ingresos del 10% más rico. Para el caso de Costa Rica y atendiendo a los datos disponibles (Céspedes y Jiménez, 1995, p. 102) dicho indicador sólo puede calcularse para los años 1977, en que valdría 0,495, 1983, en que valdría 0,452, 1986, en que valdría 0,443, y 1988, en que valdría 0,552; luego, con dichos datos, entre 1977 y 1988 se produjo una mejora de la equidad pese al empeoramiento durante los años de la crisis y los inmediatamente posteriores. Para el resto del periodo no se disponen de datos desagregados del último decil (Céspedes, 1999, pp. 216-217), sin embargo, si atendemos a la evolución de los ingresos de los dos primeros quintiles, ésta pasó de representar el 16% en 1988 al 16,7% en 1997, mientras que los ingresos del último quintil, del que forma parte el último decil, se mantuvieron en torno al 45%; luego puede concluirse que en todo el periodo el valor del indicador de equidad empleado por Fajnzylber, aplicado al caso de Costa Rica, experimentó una ligera mejoría y, por tanto, puede afirmarse que la transformación productiva costarricense se hizo con equidad, con lo que se produjo un proceso de desarrollo. De hecho, suponiendo que los límites del casillero vacío pudieran considerarse estables, lo cual tendría que ser demostrado, Costa Rica se encontraría ahora dentro de dicho casillero, pues su nivel de equidad supera el 0,4 y su crecimiento medio el 2,5%.

Nos quedaría por comprobar si en Costa Rica ha habido desarrollo bajo los criterios de la teoría neoliberal; de ser así en Costa Rica tendría que haberse generado un proceso de crecimiento sostenido fruto del libre funcionamiento del mercado, cuyos beneficios se hubiesen distribuido por goteo a todo el sistema. La tesis del crecimiento sostenido puede defenderse basándose en la tasa media de crecimiento del 5,4%, aunque se trata de un crecimiento inestable como lo demuestran las recesiones de 1991 y 1996. El que dicho crecimiento es fruto del libre funcionamiento del mercado ha quedado demostrado a lo largo tanto del presente capítulo como del capítulo 5. Por otro lado, la tesis de la distribución por goteo de los beneficios de dicho crecimiento puede ser aceptada basándonos en la reducción de la pobreza y en su relación con el crecimiento económico, como se vio en el apartado 6.2.9. Luego Costa Rica habría experimentado un proceso de desarrollo económico bajo la perspectiva neoliberal.

Pese a que Costa Rica califica como un país con mayor nivel de desarrollo según tres de los cuatro criterios empleados en su valoración conviene hacer tres aclaración que matizan una visión optimista. En primer lugar, en cuanto al desarrollo humano Costa Rica presenta tendencias preocupantes en materia de salud y educación. En segundo lugar, la equidad que acompañó a la transformación productiva sólo se obtiene con un indicador muy determinado, pero no así con el índice de Gini, luego se trata de una equidad relativa. Y, en tercer lugar, la sostenibilidad del crecimiento parece ser bastante inestable y el efecto goteo está dejando fuera del reparto de los beneficios de dicho crecimiento a las clases medias.

Así pues el modelo reformista como modelo de desarrollo, al menos en la aplicación que ha tenido en Costa Rica hasta 1998, ha tenido un éxito tímido y relativo y está lejos de poderse presentar como un modelo a seguir, pese a que parece presentar mejores resultados que en otros países de la región.

6.5.- Perspectivas de futuro: las reformas pendientes.

La percepción de este éxito relativo por parte de muchos autores próximos a la corriente neoliberal como, por ejemplo, los vinculados a la Academia de Centroamérica, sirve de base para proponer nuevas reformas, como se constata en palabras de Jiménez (1998-b, p. 566):

"Se logró reactivar el crecimiento, pero en los últimos tres años se ha entrado en un relativo estancamiento. Se logró ampliar y diversificar la base exportadora, pero ésta ha dependido de los subsidios. Se logró reducir la inflación, pero no se ha logrado abatirla totalmente. El país contaba con una amplia y excelente infraestructura, pero ésta se ha deteriorado fuertemente. El país que era excepcional en su inversión en capital humano, en los últimos años se ha acercado al país promedio en América Latina. Se resolvió el problema de la deuda externa, pero se creó un problema de deuda interna. (…) Si se miran sólo los éxitos podríamos caer en un optimismo sin sentido si se miran sólo las debilidades podríamos caer en un fuerte pesimismo. No se trata de tomar ninguno de los dos extremos, pues los dos llevarían a la parálisis; se trata de aprovechar las fortalezas y abatir las debilidades. De ahí surge la necesidad de avanzar en una agenda nacional…"

En coherencia con la perspectiva evolutiva que hemos adoptado en nuestro análisis nos permitimos sostener que la políticas que se apliquen en el futuro necesariamente deberán estar inspiradas en el pensamiento neoliberal. Al encontrarse Costa Rica en una fase autopoiética de su desarrollo, las opciones de política económica quedan reducidas a aquellas compatibles con el creodo neoliberal; en este sentido cabe esperar más privatizaciones, pero no nacionalizaciones, más libertad de precios, pero no más precios regulados, más liberalización externa, pero no elevación de aranceles… No obstante, el Gobierno sigue teniendo un amplio margen de actuación, pudiendo aún optar entre una economía social de mercado o un neoliberalismo radical.

Si atendemos a las reformas que han sido propuestas por intelectuales y políticos neoliberales (Jiménez, 1998-a), se trataría de reformas de tercera generación, como las sugeridas por Edwards (1995), tanto en el fondo como en la forma. Dichas propuestas ha sido sintetizadas en una agenda nacional por Jiménez (1998-b) agrupándolas en distintas áreas:

a) Aprovechamiento de las oportunidades de la economía mundial, con medidas como una nueva reducción de aranceles y de otras restricciones al comercio internacional (transportes, regulaciones ambientales y sanitarias…), la eliminación de subsidios y exoneraciones (contratos de exportación, de turismo y régimen de zona franca), la apertura de los servicios a la competencia (seguros, telecomunicaciones, transporte aéreo, servicios profesionales…), la continuidad de la política de atracción de inversiones extranjeras y de negociaciones comerciales internacionales (ALCA, Iniciativa para la Cuenca del Caribe, MCCA, Tratado de Libre Comercio con México, tratados bilaterales de libre comercio con países de la región, OMC…)

b) Mayor estabilidad y ahorro para fomentar el crecimiento, con medidas que mejoren el funcionamiento del sistema financiero como la eliminación de las pérdidas del BCCR, la dotación al BCCR de una mayor autonomía, la reducción del encaje bancario, la homogeneización y el fortalecimiento de las regulaciones financieras, una mayor apertura a la banca extranjera y la reforma de la banca estatal, de forma que se facilite el acceso a los servicios financieros.