Los grandes banqueros, a quienes Obama ha criticado por recibir grandes bonos al mismo tiempo que les instaba a promover el crédito, dijeron que no hubo acuerdo en todos los asuntos.
Dimon comentó que Obama realizó muchas preguntas, pero que no les solicitó una devolución rápida de los fondos de rescate gubernamental. Además, agregó que "sabemos que se cometieron errores" en los bonos a los ejecutivos, un asunto que generó una ola de rabia en todo Estados Unidos.
Ken Lewis, de Bank of America, apuntó que todos han entendido que la "era dorada" de las compensaciones bancarias se acabó.
– Acusado el secretario de Estado de Finanzas en el Reino Unido de utilizar paraísos fiscales (Expansión – 29/3/09) (Relacionar este titular con el siguiente artículo)
– Con carácter voluntario – Reino Unido prepara un código que prohíbe a los bancos usar paraísos fiscales (El Mundo – 30/3/09)
No se sanciona el paso por Luxemburgo, Holanda, Suiza o Delaware (EEUU).
Londres.- El Gobierno británico prepara un código de buenas prácticas dirigido a los bancos que operan en el país con el que se prohibirá que utilicen los llamados paraísos fiscales a las entidades que suscriban este documento.
De esta forma se ilegalizará el uso de jurisdicciones offshore -de nula o baja tributación- como por ejemplo las Islas Caimán, según publica el diario Financial Times.
El borrador, cuya creación fue anunciada el pasado mes por el ministro de Economía, Alistair Darling, no sanciona, sin embargo, el uso de centros como Luxemburgo, Holanda, Suiza o Delaware (EEUU).
Asimismo, podría dejar la puerta abierta a seguir utilizando jurisdicciones como las de Jersey o la Isla de Man en el caso de "razones comerciales exentas de impuestos".
Según el rotativo británico, algunos de los directivos de entidades bancarias que operan en el país y que han tenido acceso al borrador lamentaron el énfasis que hace el documento en el pago de impuestos de acuerdo al "espíritu y a la letra de la ley", y lo consideran más radical de lo previsto.
La clave para que este acuerdo tenga éxito será que las entidades bancarias -incluidos los bancos extranjeros que operan en el Reino Unido- suscriban el documento, una opción que será voluntaria.
El ejecutivo presidido por Gordon Brown confía en que los bancos aceptarán la nueva norma para evitar ser acusados de favorecer la evasión fiscal de impuestos, algo que dañaría profundamente su imagen ante la opinión pública sobre todo en un momento en que los contribuyentes están pagando más para sostener la economía.
– Uruguay, Costa Rica, Malasia y Filipinas, en la "lista negra" de paraísos fiscales de la OCDE (El Confidencial – 3/4/09)
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) publicó en su página web la nueva lista de paraísos fiscales, en la que se incluyen tres categorías distintas, y en la que entran dentro de la "lista negra" Uruguay, Costa Rica, Malasia y Filipinas.
En la lista, cuya publicación anunciaron horas antes los líderes del G-20, reunidos en Londres, figuran los países que, según la OCDE, no respetan las normas internacionales. Tras la lista negra, hay dos listas grises de países que, aunque cumplen algunos acuerdos internacionales, no han implementado las suficientes normas internacionales como para entrar en la "lista blanca".
En la lista "gris oscura" se encuentran 32 estados que se han comprometido a suscribir acuerdos sobre el intercambio de información financiera, aunque aún no lo han hecho, incluidos Andorra, Gibraltar, Países Bajos, Liechtenstein, Barbados, Liberia, Bahamas, Bahrein, Belize, Bermudas, Islas Cayman y Panamá. Por último, en la "gris clara" se situarían Austria, Bélgica, Brunei, Chile, Guatemala, Luxemburgo, Singapur y Suiza.
Por su parte, el secretario general del organismo, Angel Gurría, afirmó que "los acontecimientos recientes refuerzan la situación de la OCDE como referencia internacional y representan importantes pasos hacia la igualdad de condiciones". "Estoy seguro de que podemos convertir estos nuevos compromisos en acciones concretas para fortalecer la integridad y la transparencia del sistema financiero", añadió.
En cuanto a los futuros retos de la organización, destacó la necesidad de lograr una rápida y efectiva aplicación de las reglas. Muchos de estos compromisos requerirá cambios legislativos y la negociación de acuerdos bilaterales específicos con el fin de ser eficaces, y la OCDE está dispuesta a ayudar a las jurisdicciones en su aplicación, indica el comunicado.
Además, indicó que los pequeños paraísos fiscales carecen de recursos para entablar negociaciones con un gran número de países, por lo que recomiendan la aplicación de opciones multilaterales más que bilaterales.
– La OCDE acaba con la "lista negra" de los paraísos fiscales (Expansión – 7/4/09)
Poco ha durado la famosa "lista negra" de paraísos fiscales publicada el pasado 2 de abril por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Ángel Gurría, secretario general de este organismo, ha anunciado hoy que los cuatro países que integraban ese documento se han comprometido a aplicar los estándares de la OCDE.
Costa Rica, Uruguay, Filipinas y Malasia. Esos eran los nombres que integraban la denominada "lista negra" publicada a principios de este mes. A partir de hoy estos cuatro países ya no están en el punto de mira de la OCDE ya que todos ellos se han comprometido a acatar y respetar los estándares internacionales de lucha contra la evasión fiscal.
A partir de ahora, el objetivo de la OCDE es lograr que los 42 centros financieros catalogados como poco colaboradores cumplan en la práctica sus compromisos. En palabras de Gurría, el compromiso de Costa Rica, Uruguay, Filipinas y Malasia a este respecto es "un progreso muy importante".
Durante una conferencia de prensa en la que el secretario general de la OCDE ha hablado sobre que la movilización internacional contra los paraísos fiscales, Gurría ha destacado la repercusión que ha tenido el acuerdo alcanzado durante la cumbre del G-20 en Londres. En esa cita los líderes mundiales acordaron combatir conjuntamente las irregularidades respecto a los estándares internacionales de lucha contra la evasión fiscal.
Para Gurría, "ahora la cuestión es cómo implementar" efectivamente esas declaraciones. Laszlo Kovács, comisario europeo de Fiscalidad, ha coincidido con el secretario general de la OCDE y ha celebrado que la extinción de la "lista negra" supone que "el intercambio de información de acuerdo con los estándares de la OCDE será la norma", añadió que "ahora lo que nos preocupa es cómo se aplican".
Gurría ha reconocido que su organización no aplicará sanciones a los que no cumplan con el intercambio de información fiscal, una hipótesis difícil de concebir cuando podría tener que aplicarse a algunos de los Estados miembros de la propia OCDE -Austria, Bélgica, Luxemburgo y Suiza- o a Chile, que está en proceso de adhesión. El secretario general ha señalado que espera que la presión internacional actual sirva para "incitar" a los 42 centros financieros que están en observación a atenerse a sus compromisos porque su objetivo es "no utilizar nunca" las sanciones.
– Cifras que escandalizan (Negocios – 8/4/09)
100.000
Son los millones de dólares que se estima pierde Estados Unidos cada año en forma de evasión de impuestos en paraísos fiscales. En España, el fraude fiscal total ronda los 90.000 millones de euros.
80
En todo el mundo existen 80 paraísos fiscales, cuando hace diez años no llegaban a 50. En total, atesoran entre cinco y siete billones de dólares, que representan el 13% del PIB mundial.
570
Las Islas Caimán son la quinta plaza financiera mundial. En ellas están radicados más de 570 bancos con depósitos superiores a los 500.000 millones de dólares.
– La SEC acepta debatir de manera abierta las nuevas restricciones para los "cortos" (El Economista – 8/4/09)
La Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) ha aprobado este miércoles el inicio de un nuevo debate abierto para restringir las posiciones cortas en la venta de acciones, un tipo de inversión especulativa a la que legisladores y ejecutivos culpan de acentuar la crisis financiera y llevar al desplome del mercado bursátil.
En concreto, el regulador estadounidense se plantea la posibilidad de reinstaurar la norma uptick, que permitía las ventas cortas sólo cuando el último precio de venta era mayor que el precio anterior.
La venta en corto consiste en que un inversor pide prestadas acciones y las vende esperando que el precio caiga. Si el valor efectivamente cae, el vendedor se beneficia al recomprar las acciones en el precio más bajo al devolver los títulos prestados.
Sin pistas sobre la postura oficial
La presidenta de la SEC, Mary Schapiro, inició la reunión de hoy sin dar pistas respecto de si está a favor de las restricciones, pero reconoció los temores de los inversores al respecto.
"Los inversores confían menos en poner su dinero en los mercados sin las restricciones adicionales a las posiciones cortas", manifestó. Agregó que el tema había generado más cartas y comentarios en su corto tiempo como presidenta que ningún otro.
La SEC había concluido previamente que los avances en el mercado harían inútil la norma uptick, por lo que la abolió en el verano de 2007.
Kathleen Casey, una de los cinco integrantes de la SEC que votaron por abolir la norma hace dos años, comentó que aún no estaba segura si su revocación tenía algo que ver con las condiciones del mercado y de la economía en los últimos 18 meses. En todo caso, Casey dijo que apoyaría la moción de dar a conocer las propuestas para ser debatidas públicamente.
Los miembros del consejo de la SEC también considerarán la denominada prueba de oferta, que sólo permitiría las ventas cortas si el mejor precio disponible fuera más alto que el de la última oferta, según personal de la SEC.
Otra posible medida sería la utilización de un corte automático o cortocircuito, que aplicaría una suspensión temporal de las ventas cortas sobre una acción particular o una aplicación temporal del uptick o de la prueba de oferta sobre un valor.
Un debate abierto
Ahora se espera la publicación de las propuestas en un período de 60 días. También habrá una discusión pública de los temas el 5 de mayo. Cualquier decisión final probablemente se adopte en varios meses.
Según una propuesta, si un título cae más de un 10%, entraría a funcionar el cortocircuito que aplicaría la prueba de oferta. Esta propuesta tiene el apoyo de las mayores bolsas estadounidenses: la Bolsa de Valores de Nueva York, el Nasdaq y el mercado BATS.
Otra propuesta de cortocircuito prohibiría las ventas cortas de un título en particular durante el resto de la jornada una vez aplicado. Una tercera generaría la aplicación del uptick por el resto de la sesión.
Menor presión bajista
La regla uptick, adoptada inicialmente después del derrumbe del mercado de 1929, es vista por algunos como una manera de restarle presión bajista a una acción que ha caído estrepitosamente.
Con la bajada de casi un 45% del índice Standard & Poor's 500 desde inicios del 2008 y de más del 40% del promedio industrial Dow Jones, miembros del Congreso han demandado la reincorporación de la norma.
El magnate George Soros indicó el lunes que apoyaba la reintroducción de algún tipo de norma que restrinja las ventas cortas. "Se necesita algo de protección contra las olas bajistas, efectivamente", argumentó.
– Desvelará nuevos agujeros – EEUU retrasa el resultado del test bancario para evitar el pánico (Libertad Digital – 8/4/09)
El Tesoro de EEUU retrasará la publicación del test de solvencia aplicado a los 19 bancos más importantes del país para cuantificar sus necesidades de capital (agujeros financieros). El objetivo es evitar un nuevo desplome bursátil y el pánico entre los inversores.
LD (M. Llamas) El Gobierno de EEUU tiene previsto retrasar la publicación de los resultados que se obtengan de las pruebas de solvencia (stress test) que se viene aplicando sobre las grandes instituciones financieras de EEUU. El Tesoro prefiere esperar a que salgan a la luz los resultados de la banca correspondientes al primer trimestre para evitar un nuevo desplome bursátil, según fuentes del Departamento.
El Tesoro sigue discutiendo cómo revelar los resultados del citado test, cuyo objetivo consiste en cuantificar los agujeros (necesidad de capital) que acumulan en sus balances los 19 bancos más importantes de EEUU. Una señal de que las pruebas no son favorables a las grandes instituciones financieras. Y es que, los grandes bancos de EEUU son insolventes, tal y como avanzó LD y recientemente ha reiterado el famoso inversor George Soros.
Las fuentes del Departamento consultadas por la cadena CNBC señalan que el Tesoro todavía no ha adoptado una decisión al respecto sobre cuándo y qué revelar al público, aunque no se ofrecerá ningún dato antes de la publicación de los resultados bancarios correspondientes al primer trimestre, que se prevé para el próximo 24 de abril. Los últimos datos financieros, que reflejan beneficios por parte de algunas entidades, han levantado el ánimo de los inversores y, en general, de la bolsa de Nueva York.
Sin embargo, el temor que manifiesta el Tesoro apunta a que tales resultados no se ajustan a la situación real de la banca de EEUU. En este sentido, la prestigiosa analista Meredith Whitney calificaba de mera "ilusión" los supuestos beneficios de la banca. Por su parte, los analistas de SeekingAlpha advertían de que tales resultados procedían directamente de los pagos realizados por la aseguradora AIG a los productos garantizados que posee la gran banca del país. Cabe recordar que AIG ha evitado la quiebra gracias al rescate público del Gobierno.
Una vez que se completen los test de solvencia, identificando así sus necesidades de capital, los grandes bancos dispondrán de un plazo próximo a los 6 meses para tratar de tapar sus agujeros mediante la captación de nuevos fondos. En caso contrario, las entidades deberán aceptar las inyecciones públicas del Gobierno, que pasaría así a nacionalizar parcialmente el sistema financiero de EEUU.
El Tesoro teme el pánico
Sin embargo, los funcionarios del Tesoro no ocultan su preocupación y temen que el cuadro asuste a los inversores. Y es que, si la necesidad de capital revela grandes agujeros -lo que se traduce en insolvencia bancaria y, por lo tanto, quiebras- el mercado podría provocar un nuevo desplome bursátil, y lo último que desea en estos momentos el Tesoro es alimentar el pánico, según la fuente.
El martes, el Fondo Monetario Internacional duplicaba la cuantía de los activos tóxicos que acumula la banca internacional, hasta los cerca de 4 billones de dólares. Pero, más allá de los denominados activos tóxicos, la banca de EEUU en concreto está sufriendo con dureza la avalancha de impagos crediticios.
Así, la morosidad hipotecaria casi se ha duplicado en EEUU durante el último año, según los últimos datos de la compañía especializada en crédito Equifax. El pasado febrero, los impagos se dispararon hasta el 7% (retraso superior a 30 días), un aumento del 50% interanual. En el caso de las hipotecas subprime, el volumen de impagos subió hasta el 39,8% frente al 23,7% del pasado año. Es decir, cuatro de cada diez hipotecas de este tipo sufren retrasos en el pago. De ahí que Dann Adams, directivo de Equifax en EEUU, advierta de nuevas bajadas de precios en el mercado inmobiliario pese a las recientes señales de recuperación que presentaba el sector.
Avalancha de impagos
Por otro lado, también se está disparando la morosidad en el crédito al consumo, debido a la subida del desempleo. Así, en febrero se cancelaron 8 millones de tarjetas de crédito y los bancos optan por reducir los límites de endeudamiento de sus clientes. No obstante, la morosidad en las tarjetas ha alcanzando su máximo nivel en los últimos 5 años (4,5% en febrero), un 32,7% más que hace un año, según el informe de dicha compañía.
En definitiva, los impagos se extienden por otros productos crediticios y no sólo afectan a las conocidas subprime, tal y como avanzó el pasado año LD. Este tsunami amenaza con provocar nuevas pérdidas bancarias e, incluso, importantes quiebras. Ante tal perspectiva, el Tesoro de EEUU pretende inyectar al Fondo de Garantía de Depósitos de EEUU (FDIC) 500.000 millones de dólares, a través de un proyecto de ley presentado en el Senado por los demócratas.
Hace escasa fechas, el FDIC advertía que podría ser insolvente este mismo año en caso de tener que afrontar nuevas caídas bancarias, tal y como adelantó LD. El FDIC apenas dispone de entre 20.000 y 30.000 millones de dólares en fondos propios para garantizar los depósitos de los ahorradores en caso de quiebras de entidades financieras.
– Aunque el BCE infló la burbuja – Trichet elude su responsabilidad en la crisis y carga contra los gobiernos (Libertad Digital – 9/4/09)
El presidente del Banco Central Europeo (BCE), Jean Claude Trichet, culpa a los gobiernos de no haber actuado a tiempo contra la crisis, a pesar de que él es uno de los principales culpables de la recesión, al haber mantenido los tipos de interés artificialmente bajos.
LD (L. Ramírez) El presidente del BCE continúa echando balones fuera, eludiendo su enorme responsabilidad en la génesis de la crisis financiera. Aunque Trichet no ha sido tan culpable como sus "colegas" de la Reserva Federal, Alan Greenspan y Ben Bernanke, todos ellos manipularon los tipos de interés, reduciéndolos de forma artificial y manteniéndolos por debajo de la inflación.
De esta forma se creaba dinero de la nada muy barato y se fomentaban las inversiones no rentables. Es decir, se penalizaba el ahorro y se fomentaba el crédito, lo que sentó las bases para el incremento masivo del endeudamiento, alimentando las burbujas de precios de los activos (fundamentalmente los inmobiliarios y financieros) y generando en último término la crisis.
Pues bien, este jueves, el máximo responsable del BCE decidió culpar a los gobiernos de la crisis. Aunque es cierto que los presidentes y jefes de Estado de la Unión asistieron impasibles a la gestación de la tormenta financiera, Trichet utiliza estas acusaciones para que las críticas no se centren en su figura.
En concreto, el presidente del BCE considera que, a nivel global, los gobiernos no han sido lo suficientemente rápidos en su reacción ante la crisis como para convencer a los agentes económicos.
Trichet dice que los gobiernos "no han sido rápidos"
"No diría que hayan sido lentos, sino que a un nivel global, que incluye también a la zona euro, no han sido lo suficientemente rápidos como para convencer enteramente a los agentes económicos. Se ha acordado una gran ayuda, pero no siempre se ha puesto en práctica de manera efectiva", señala el banquero francés en una entrevista concedida al diario italiano Il Sole 24 Ore, recogida por Europa Press.
Por este motivo, Trichet subraya la necesidad de que las medidas acordadas en la última cumbre del G-20, que a su juicio representó un "punto de inflexión muy importante en el ámbito de la cooperación internacional", sean introducidas "rápidamente y de la manera más profesional posible".
Asimismo, el máximo responsable de política monetaria de la eurozona precisa que es necesaria también la introducción "progresiva" de medidas de carácter anticíclico, especialmente en el área regulatoria.
Por otro lado, Trichet marca distancias con los comentarios realizados por el consejero del BCE, Juergen Stark, quien recientemente afirmó que las medidas acordadas en Londres, especialmente las referidas a la ampliación de los derechos especiales de giro del FMI, representan una "mera creación de dinero" que no tiene en cuenta los potenciales riesgos inflacionistas, y señala que estos comentarios fueron realizados a "título personal" por Stark.
Nacionalizar bancos es "inevitable" y recesión hasta 2010
El presidente del BCE reconoce que en ciertos casos "excepcionales" puede resultar "necesario e inevitable" que los Estados asuman el control de entidades crediticias.
"Desde mi punto de vista, si fuera necesario que el Estado asuma el control, sería preferible que se efectuara bajo la opción que permite tomar el control del banco sin cambiar el marco legal", lo que mantendría a la entidad dentro del ámbito privado y el Gobierno sería un accionista más.
El Banco Central Europeo (BCE) constata que la tanto la economía mundial como la de la zona euro experimentan una "desaceleración severa" de la que no se producirá una recuperación "gradual" hasta 2010.
La última edición del boletín mensual de la institución presidida por Jean Claude Trichet afirma que la demanda a nivel global, tanto en la economía mundial como en la de la eurozona, se mantendrá muy débil en 2009.
El consejo de gobierno del BCE decidió por consenso en su reunión de política monetaria del pasado 2 de abril recortar los tipos de interés en un cuarto de punto porcentual, hasta el 1,25%, su nivel más bajo en la historia de la institución.
En este sentido, el presidente de la institución señaló en la rueda de prensa posterior que el BCE no excluye acometer nuevas reducciones de los tipos en las próximas reuniones y anunció que en el próximo encuentro se darán a conocer nuevas medidas "no convencionales" para afrontar la crisis económica.
– Obama encargará el TARP al jefe de Fannie Mae, según la prensa (El Confidencial – 14/4/09)
El Gobierno de Estados Unidos tiene previsto nombrar al consejero delegado de Fannie Mae, Herb Allison, para que dirija el programa de rescate financiero de 700.000 millones de dólares (unos 530.000 millones de euros), según una fuente familiarizada con el asunto.
Según la fuente, citada por el Wall Street Journal, el anuncio tendrá lugar "en los próximos días" y avanzó también que Michael Williams, el director de operaciones de Fannie Mae, sería nombrado sucesor de Allison.
La noticia se conoció tras publicar el diario en su web que el presidente de EEUU, Barack Obama, podría anunciar esta semana su intención de nominar a Allison como secretario adjunto de la Oficina de Estabilidad Financiera. Allison figuraba desde el principio en la lista de favoritos para situarse al frente del Programa de Alivio para Activos con Problemas (TARP, en sus siglas en inglés), según el diario, que cita gente familiarizada con la materia.
Sin embargo, varios factores complicaron su designación, entre ellos la necesidad de buscarle un reemplazante en Fannie Mae, indicó el periódico. Allison, un veterano banquero y ex presidente de Merrill Lynch, dirigió el fondo de pensiones TIAA-Cref antes de ser nombrado responsable de Fannie Mae en septiembre.
Reuters señala que los representantes de Fannie Mae no quisieron hacer comentarios sobre esta información.
Correlación histórica con el "caso" argentino (Alarmantes coincidencias)
(1976) A poco de iniciado 1976, los empresarios de la APEGE impulsaron con agresividad nunca vista, el "lock out" con el que venían amenazando. El 2 de febrero la CGE no se quedó atrás y sus adherentes decidieron la resistencia al pago de los impuestos y planearon apagones y cierre de negocios.
El 3 de febrero de 1976, Antonio Cafiero se alejó del gobierno. A su partida también contribuyó una campaña de hostigamiento del entorno de Isabel Perón.
Veinticuatro horas después, el sillón ministerial fue ocupado por Emilio Mondelli, quien lideraba el Directorio del Banco Central desde la gestión de Bonanni. Al llegar, se encontró con que los ingresos eran muy inferiores a las erogaciones y declaró: "Sin que yo diga que los argentinos somos los que tenemos la culpa de lo que pasa, sin buscar culpas ni hacer imputaciones, reconozcamos que no viene todo de una actitud del exterior. Estos hechos argentinos han destruido el crédito".
Mondelli procuró poner en marcha un "Programa de Emergencia" que incluía un menú clásico: aumento de salarios, devaluación, aumento de tarifas. Nadie lo tomó seriamente.
La inflación se realimentaba y convalidaba con una emisión monetaria imparable, única manera de hacer frente a las obligaciones internas de un Estado impotente, vacío de poder e incapaz de aplicar una política económica que tuviera mínima coherencia y cuya deuda externa seguía creciendo.
El golpe se venía planeando desde comienzos de 1975. Martínez de Hoz en persona reconocería más tarde que su programa de económico fue elaborado por miembros de la APEGE desde ese momento.
Seguramente Isabel Perón no se asombró cuando en la noche de marzo de 1976, le informaron que había dejado de ser presidenta. Para la sociedad éste era un final previsto, que nuevamente fue recibido con extraordinaria indiferencia.
Una gran parte de los argentinos aceptó y saludó el golpe militar de 1976. Esta vez sus actores no se habían apresurado, por el contrario, esperaron hasta que la situación de desgobierno, violencia y crisis económica fuera de tal magnitud que su llegada se recibiera casi con alivio.
Para comandar esta etapa los líderes militares eligieron al general Jorge Rafael Videla, ex Comandante en Jefe del Ejército, que gozaba de gran predicamento entre sus pares. Lo acompañaban en la Junta Militar el almirante Emilio Massera y el brigadier Orlando Agosti.
Con la dinámica acostumbrada, el gobierno disolvió el Congreso Nacional e intervino las empresas del Estado, provincias, universidades, gremios y organizaciones empresariales. Numerosos dirigentes políticos y sindicales fueron encarcelados y sus bienes confiscados.
En 1976 la represión se cobró 4.000 vidas y un número hasta entonces desconocido de "desaparecidos". Una gran cantidad de argentinos marchó también al exilio.
Sobre ese escenario de disciplinamiento de la sociedad, el ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, abogado especializado en Derecho Agrario, desarrolló el Programa de Recuperación, Saneamiento y Expansión de la Economía.
Las Fuerzas Armadas se habían identificado tradicionalmente con una orientación económica nacionalista y estatista. Pero esta vez las cosas serían diferentes, el programa que se ponía en marcha se asentaba sobre dos ejes rectores: la acción subsidiaria del Estado y la apertura de la economía.
Varios de los integrantes del equipo de Martínez de Hoz adherían a una corriente económica conocida como Escuela de Chicago, por tener su base en la universidad del mismo nombre. Esta escuela data de la década de 1930 y -sintéticamente- se basa en tres pilares: confía en la teoría neoclásica de los precios para explicar las conductas económicas; cree en la eficacia del mercado libre para asignar recursos y distribuir el ingreso, y propugna minimizar el rol del Estado en la actividad económica.
En su profundo antiperonismo, los sectores hegemónicos de las Fuerzas Armadas echaban por la borda viejas convicciones y las sustituían por un nuevo credo de destino incierto.
Frente al descalabro económico del gobierno de Isabel Martínez de Perón, no era difícil elaborar un diagnóstico económico con consenso. La ocasión fue aprovechada para introducir un discurso teñido de un profundo ideologismo que, con gran simplicidad, propugnaba que si el Estado dejaba de interferir con la actividad privada y la economía era sometida a una "sana" competencia externa, la Argentina tenía por delante un destino de grandeza. Debían mediar, además, naturalmente, criterios elementales de equilibrada administración fiscal que -dicho sea de paso- jamás habrían de imponerse.
Una vez más, se trataba sencillamente de descorrer el velo que impedía disfrutar de un país rico.
El plan que puso en marcha Martínez de Hoz había sido elaborado por la APEGE y fue expuesto a la población a través de un extenso discurso de dos horas y media de duración, que atravesó la medianoche del 2 de abril de 1976.
Las medidas inmediatas incluían básicamente: liberación de precios, aumento de tarifas de servicios públicos y combustibles, reforma impositiva y la anulación de las negociaciones salariales, reemplazándolas por un sistema de fijación de remuneraciones por decisión del gobierno. También se disponía una importante devaluación -que llevó al doble el tipo de cambio– y un proceso de unificación del mercado cambiario.
En el corto plazo, la principal preocupación seguía siendo la inflación; que en el mes de marzo había llegado al 38% y su principal causa era el enorme déficit fiscal, financiado básicamente con emisión monetaria. El alza de precios resultante inducía aumentos salariales, generando una incontrolable espiral ascendente.
La elevada inflación impulsaba también una fuente adicional de desequilibrio fiscal, dado que los ingresos percibidos por el Estado no se actualizaban instantáneamente, en su totalidad, debido a la tasa de inflación y, en cambio, se debía hacer frente a gastos que eran mucho más sensibles a los ajustes de precios y salarios. Además, los contribuyentes tendían a atrasarse en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, dado que el régimen de castigos era débil y encontraban aplicaciones financieras sumamente rentables a corto plazo para tales recursos.
Frente a esta situación, el gobierno puso en marcha de manera inmediata una reforma tributaria que gravó la transferencia de activos financieros (acciones, etc.), los créditos bancarios, el patrimonio y la propiedad inmobiliaria. También se aumentó del 13% al 16% la tasa del impuesto al valor agregado y se establecieron ajustes periódicos de las tarifas de los servicios públicos.
Unos meses después, en agosto de 1976, se sancionó una nueva Ley de Inversiones Extranjeras, de dirección opuesta a la establecida en 1973, que facilitaba y promovía el ingreso de capital externo. Una vez más, en el corto plazo de tres años, el país daba un giro completo en un tema crucial.
Paulatinamente, las medidas impulsaron un descenso de la inflación. En abril los precios se incrementaron un 33% y en los meses siguientes hasta fin de año el promedio de aumento fue del 8% mensual. Pero el año cerró con un 444% de inflación, un nivel hasta entonces nunca registrado en la historia argentina. La variable de ajuste de este proceso fue el salario, que en sólo doce meses perdió el 40% de su capacidad adquisitiva. Es difícil encontrar asidero teórico a un esquema de política económica que propugnaba la libertad de mercado y liberaba los precios, pero mantenía congelados los salarios. No sería la única inconsistencia.
No obstante, en junio de 1976 los esfuerzos de ordenamiento recibieron el apoyo del FMI, que otorgó un financiamiento de 300 millones de dólares, la mayor suma asignada hasta ese momento a un país latinoamericano. A eso se sumaron 1.000 millones adicionales aportados por bancos privados.
A pesar de los logros iniciales, la inflación seguía mostrándose indómita. El gobierno tenía la tesis de que una amplia conexión comercial y financiera de la Argentina con el mundo daría como resultado una "convergencia" de la inflación interna con la internacional y progresivamente fue dando pasos en esa dirección.
Así, a fines de 1976 se anunció una primera regla de devaluación, que consistía en que la misma tendía un ritmo igual a la tasa de inflación interna menos la tasa de inflación internacional.
Más allá de que se basaba en supuestos incorrectos, como habría de quedar demostrado por la realidad, el mecanismo, de carácter gradualista, no perecía muy propio de un gobierno autoritario. Sin embargo, el tremendo ajuste inflacionario de medidos de 1975 había dejado una lección de prudencia en este terreno. Además, concentradas en la represión, las autoridades pretendían el acompañamiento de un frente económico calmo.
Simultáneamente, el gobierno se decidió a poner en práctica lo que sería luego la primera etapa de apertura de la economía: una rebaja generalizada de los aranceles de importación del 94% al 53%. La medida fue acompañada también de la liberación de otras restricciones cambiarias y financieras sobre las compras en el exterior.
Muy sutilmente se produjo un cambio conceptual de importancia en el uso de los aranceles del comercio exterior, que son naturalmente una herramienta para el desarrollo económico. Esto es lo más relevante.
Como se recordará, hasta bien entrado el siglo XX, las tarifas aduaneras tenían como propósito principal proveer de ingresos al gobierno y poco atendían a la cuestión de la protección a la producción nacional. Ése fue el tema primordial en los alegatos de Carlos Pellegrini a favor de la industria.
Ahora, nuevamente, el nivel de los aranceles pasaba a estar vinculado a consideraciones ajenas al desarrollo productivo y se definía exclusivamente por el objetivo de abatir la inflación.
Al terminar 1976, algunas de las variables de la economía mostraban una inflexión positiva respecto de los resultados de 1975. El producto bruto interno cayó un 0,4% -menos que el año anterior- en lo que influyó el deterioro de la industria, mientras que el sector agropecuario protagonizaba una recuperación. La caída de la industria era producto de la contracción del 12% en el consumo privado que el congelamiento de salarios había producido, pero, a cambio, la inversión privada comenzaba a recuperarse de la mano de la confianza que el programa económico inspiraba en el sector empresarial.
La reducción del consumo también influyó en la caída del 23% en las importaciones. Las exportaciones, en cambio aumentaron un 44%. Buenas condiciones climáticas y un mejor ánimo de los productores agropecuarios habían generado en 1976-1977 una cosecha de cereales 40% superior al promedio de los siete años anteriores. El "milagro argentino" había vuelto a producirse y el saldo de la balanza comercial fue positivo en 883 millones de dólares. Con ese impulso y los préstamos externos recibidos, las reservas internacionales del país se fortalecieron sustantivamente. En materia fiscal, en cambio, el déficit fue de casi el 14% del PBI.
Desde un primer momento, el gobierno recibió un creciente cuestionamiento internacional por sus prácticas represivas. Se diseñó así una estrategia en dos tiempos, que consistía en acelerar lo más posible la "lucha antisubversiva" para luego entonces proceder a una profundización del programa económico.
La reciente aparición de documentos reservados del Departamento de Estado de los Estados Unidos refleja bien ese proceso. A principios de octubre de 1976 el canciller Guzzetti se entrevistó con el secretario de Estado Henry Kissinger que literalmente le dijo:
Nuestra actitud básica es que queremos que tengan éxito (.) Lo que no se entiende en los Estados Unidos es que Uds. tienen una guerra civil. Leemos acerca de los problemas de derechos humanos, pero no sobre el contexto. Cuanto más rápido Uds. triunfen será mejor (.) El problema de los derechos humanos está creciendo. Si pueden terminar antes que el Congreso regrese de vacaciones, mejor. Si pueden restablecer algunas libertades eso también ayudaría.
(1977) A pesar del clima represivo, el brutal deterioro en el poder adquisitivo de los salarios iba generando un caldo de cultivo para que creciera el descontento social. Para evitar éste, en marzo de 1977 el gobierno decidió conceder un aumento salarial del 30%, seguido de una suerte de congelamiento de precios -una "tregua" en el bélico lenguaje oficial- por 120 días, medida que incluyó a las 700 empresas más importantes del país. Naturalmente, ésta fue recibida con asombro y no poca crítica por los sectores más ortodoxos del pensamiento económico, en especial cuando el ministro de Economía pidió a los empresarios que "absorbieran" el aumento sin trasladarlo a los precios.
Casi simultáneamente se sancionó una de las piezas clave del programa económico, una nueva Ley de Entidades Financieras, en cuyo trámite participó la Comisión de Asesoramiento Legislativo (CAL), un organismo integrado por civiles, creado para dar legitimidad jurídico-legal a las normas dictadas por el gobierno. La reforma comenzó a aplicarse a mediados de 1977.
La nueva ley preveía la liberalización progresiva del mercado de capitales y facilitaba la instalación de nuevas entidades financieras. Asimismo. En este campo estaba presente la idea de la "convergencia", Se suponía que, liberado el sistema de ataduras, con el tiempo las tasas de interés, interna e internacional sólo se distanciarían en la magnitud de una prima de riesgo, por la diferencia de seguridad que ofrecía un país como la Argentina frente al resto del mundo.
Pero el centro de gravedad del nuevo régimen era que, aunque se liberaran las tasas de interés, se mantenía la garantía estatal de los depósitos. Entonces comenzó a generarse una fantástica crisis financiera que tuvo como base el simple mecanismo de una competencia de tasas en el mercado por parte de un amplio número de entidades. Para pagar estas elevadas tasas, los bancos y empresas financieras que entraban en la "bicicleta" debían prestar estos fondos a un igualmente elevado nivel de tasas, de modo que abundaron entre los candidatos a tomar crédito las empresas y proyectos de alto riesgo o escasa solvencia, las cuales, finalmente, no pudieron afrontar sus compromisos.
De esta manera, como los depósitos estaban garantizados, cualquier quebranto privado sería afrontado por el Estado. La única forma de evitar o limitar este riesgo hubiera sido un fuerte sistema de control de la actividad por parte del Banco Central. Pero esto no ocurrió.
Como consecuencia inmediata del nuevo régimen, las tasas de interés pasaron de ser negativas (es decir, menores a la inflación) a fuertemente positivas, con los consiguientes efectos adversos sobre la actividad productiva genuina, cuyas ganancias no permitían afrontar los astronómicos intereses que el mercado exigía.
Martínez de Hoz sustenta la decisión de mantener la garantía irrestricta de los depósitos con tasa libres en que ". la banca nacional tenía la competencia de la banca oficial que por sus propios estatutos contaba con el respaldo del Estado, así como las sucursales de bancos extranjeros que gozaban del respaldo de sus casa matrices".
Y reflexionando más ampliamente sobre el controvertido tema, el ex ministro dice también. "Eran muchos los sectores y las personas que consideraban el mantenimiento de la garantía como un requisito indispensable para la entrada en vigencia del nuevo sistema financiero".
Ésta es, sin dudas, una sutil descripción del "lobby" sectorial o lo que más tarde sería conocido como la "patria financiera".
Como había ocurrido y seguiría ocurriendo, un sector de la economía se convertía en centro hegemónico de las decisiones en desmedro de los intereses del resto y del conjunto de la sociedad.
(1978) Bajo estas condiciones, el sistema financiero argentino alcanzó una dimensión hipertrófica con relación al resto de la economía. Entre 1978 y 1979 se autorizó la apertura de 1.197 sucursales financieras y la Argentina se convirtió en el reino de la especulación. Algunos empresarios vendieron sus instalaciones y fábricas para hacerse del dinero y subirse a la "bicicleta financiera", de la que se salía airoso si uno se bajaba antes de que colapsara.
A su vez, la combinación entre el ritmo de la devaluación y las ganancias financieras que se podían obtener con la tasa de interés local impulsó un fuerte ingreso de capitales del exterior en busca de ganancias rápidas en moneda extranjera. Con el correr del tiempo, este proceso se profundizaría merced al ingenioso mecanismo que la mitología popular denominó "la tablita".
Como parte del esquema de reformas "estructurales", también a mediados de 1977 se promulgaron nuevas leyes de Promoción Industrial y de Transferencia de Tecnología. A partir de ese momento la promoción alcanzó por igual a empresas nacionales y extranjeras, utilizándose los tradicionales instrumentos de exención, suspensión, reducción o diferimiento de impuestos. Como parte de las medidas promocionales, la legislación introducía un grado importante de discrecionalidad en el manejo de los aranceles de importación.
Aunque al final del camino el programa de Martínez de Hoz ni siquiera satisfizo al sector agropecuario, el ministro cifraba allí sus mayores expectativas. En sus palabras:
Desde 1930 a 1975 ese sector casi constantemente, salvo algunos períodos de excepción, había sido obligado a subsidiar el consumo y a otros sectores de la industria (.) Todo esto llevó a un crecimiento inarmónico (.) la variante fundamental introducida por el programa de 1976 fue la decisión de que si había un sector de la economía que necesitaba o requería para su crecimiento de un subsidio o de una protección, y esto era aceptado y decidido por la comunidad, no era otro el que debía pagar sino la comunidad entera.
Siguiendo estos principios, se produjo la eliminación progresiva de las retenciones a las exportaciones agropecuarias y la desregulación estatal de la venta de granos. Los grandes propietarios se vieron favorecidos por una nueva ley de arrendamientos que liberaba los precios y plazos y -al cabo del tiempo- por una disminución especial de aranceles para los insumos agrícolas, incluyendo los tractores, cuya importación hasta entonces estaba prohibida.
La actividad ganadera también recibió apoyo a través de la puesta en marcha de un plan de control y erradicación de la fiebre aftosa que buscaba correr hacia el norte la frontera de la zona libre de este mal.
Pero, más allá de las preferencias y fidelidades sectoriales, la cuestión central de la inflación se mantenía indómita. El gobierno apeló entonces a un mecanismo especial para restringir la cantidad de dinero, que en realidad crecía desmesuradamente a causa del déficit fiscal y del ingreso de capitales del exterior, que se cambiaban por moneda nacional para aprovechar la enorme renta financiera.
A fines de 1977 se estableció lo que dio en llamarse la Cuenta de Regulación Monetaria. Se impuso entonces un efectivo mínimo sumamente elevado (45%) sobre todos los depósitos en los bancos, sobre el cual el Banco Central pagaba una tasa de interés, erogación que se suponía sería compensada mediante el cobro de intereses sobre algunos de los depósitos en los bancos. Como tal compensación no ocurrió, la Cuenta acumuló un déficit enorme, que fue sufragado con fondos públicos. Schvarzer estima que en 1978 este artificio insumió el equivalente a una vez y media, el déficit del sector público y entre 1977 y 1982 acumuló pagos por un 5% del producto bruto interno.
Pero en lo inmediato, esos desajustes no se notaban. Al culminar 1977 la economía había crecido un 7%. De este crecimiento participaron todos los sectores productivos y la industria y la construcción lideraron la expansión, ubicándose incluso por encima del sector agropecuario. Los grandes motores de la economía fueron el aumento extraordinario de la inversión y las exportaciones. El aumento de la inversión -principalmente la industrial- reflejaba la confianza del sector privado en el gobierno y también la necesidad de crear nueva capacidad productiva después de varios años de bajo dinamismo. Las exportaciones -con un crecimiento del 44%- mostraban también los resultados de las buenas cosechas, mientras que en el aumento de las importaciones descollaban las de bienes de capital, signo inequívoco del proceso de inversión.
El consumo interno permanecía casi estancado merced a la contención salarial, aunque el empleo privado había crecido y -por primera vez desde 1963- la cantidad de empleados públicos se había reducido. Los nubarrones rebeldes seguían siendo un déficit fiscal del 8% del PBI y, muy vinculado al mismo, una inflación del 176 por ciento.
El gobierno se mostraba satisfecho, no sólo en este campo. La guerrilla estaba virtualmente exterminada y en septiembre Videla pudo darse el gusto de viajar a Estados Unidos y entrevistarse con el presidente Carter.
En los días posteriores el gobierno anunció que los detenidos políticos eran alrededor de 4.000 y comenzó a emitir listas de los mismos.
La Argentina era, entonces, "vestida de novia" para presentarse ante el mundo con ocasión del Campeonato Mundial de Fútbol.
El mito del país rico estaba restaurado. Quedaban "algunos problemas" por resolver, pero nada que impidiera invertir los 700 millones de dólares -o más- que la preparación del Mundial demandó, para asombro y protesta del mismísimo Martínez de Hoz.
El campeonato mundial de fútbol acaparó casi excluyentemente la atención de la opinión pública. Se generó, al mismo tiempo, un "barniz" de unidad nacional, debajo del cual existía una profunda división alrededor del eje de los derechos humanos.
El buen desempeño económico del año anterior se deterioraba en 1978. La inflación continuaba su ritmo ascendente, cierto escepticismo ganaba a los empresarios, el ritmo de inversión caía, las exportaciones ya no crecían tan vertiginosamente y el déficit fiscal se mantenía elevado.
Para colmo, la presión internacional por derechos humanos no cedía y amenazaba a la indispensable asistencia crediticia.
Finalmente, al concluir 1978, Martínez de Hoz se decidió a impulsar las tres medidas clave que terminarían precipitando la economía hacia un colapso: la liberación de la entrada y salida de capitales, un nuevo programa de reducciones arancelarias y la instrumentación de la "tablita".
En materia arancelaria, una reducción inmediata llevaba el promedio de aranceles desde el 53% en que habían quedado en 1976 hasta un 29% en diciembre de 1978. El programa continuaba hasta 1984, año en que el arancel debía quedar en una media del 15 por ciento.
Por si esto no alcanzara, unos días después la Secretaría de Comercio estableció un sistema automático de disminución especial de aranceles para el caso de aumentos de precios no justificados.
Simultáneamente con estas medidas, se puso en funcionamiento lo que en términos técnicos se conoce como el enfoque monetario del balance de pagos. Para la gente, la expresión práctica fue una tablita que preanunciaba, para un horizonte de ocho meses, un cierto ritmo descendente de devaluación, el cual estaba calculado en alrededor de la mitad de la inflación. En la medida que esta última -como ocurrió- fuera mayor de lo previsto, el tipo de cambio se atrasaba (es decir, los precios en dólares subían).
Por su propia naturaleza, el atraso cambiario tiende a dificultar las exportaciones e impulsar las importaciones y el endeudamiento externo. Si a ello se suma una rebaja importante de los aranceles de importación, se induce a un desequilibrio en el balance comercial. Éste fue el proceso que se desató en poco tiempo.
Todas estas medidas también impactaron en la composición del equipo ministerial, que experimentó el alejamiento de varios funcionarios vinculados a las áreas comercial, agropecuaria e industrial. Junto con ellos, aunque no de forma abierta, el empresariado nacional de los sectores productivos comenzó a tomar distancia de un programa que se tornaba amenazante.
(1979) En cuanto el gobierno logró estabilizar la situación internacional (el conflicto con Chile por el tema del Beagle), avanzó aún más en la apertura comercial externa con reducciones adicionales de los aranceles de los bienes de capital para "facilitar la modernización del sistema productivo". También el sector automotriz -hasta entonces excluido de la apertura- tuvo un régimen nuevo que habilitó la importación de vehículos y un mayor contenido de piezas importadas en los producidos localmente.
A lo largo de 1979 las medidas tomadas a fines del año anterior volvieron a poner fugazmente a la economía en un sendero de crecimiento. La tablita impulsó el ingreso de caso 5.000 millones de dólares de capitales predominantemente especulativos que se incorporaban al circuito financiero. El gobierno flexibilizó su política salarial y el consumo se expandió más de un 10%. Esta mayor capacidad de compra, el atraso cambiario y la rebaja de aranceles hicieron que las importaciones aumentaran un sideral 75%. La inflación y del déficit elevados pasaron a un segundo plano y lo mismo ocurrió con el extraordinario aumento de la deuda externa tanto pública como privada.
Era una ilusión, pero fue exhibida como un éxito y una porción creciente de la población se incorporó a la fiesta de la llamada "plata dulce".
Sin embargo, hacia fin de ese año la situación del sistema financiero y en particular de los bancos nacionales, era inestable. La tablita había exacerbado la especulación, impulsando también la proliferación de empresas o grupos que abrieron sus propios bancos o financieras con los que se hacían "autopréstamos".
(1980) En marzo de 1980 el Banco de Intercambio Regional -que había llegado a ser la primera entidad bancaria privada del país- fue intervenido por el Banco Central, tras una auditoría que comprobó lo que en la "city" era un secreto a voces: muchos de sus grandes tomadores de crédito ya se habían fundido y el banco estaba técnicamente quebrado. Pocas horas después de la presencia de los funcionarios del BCRA, todo el archivo del BIR se consumió en un incendio que borró muchas pruebas.
La medida de intervenir el banco, que en lo inmediato afectó a 350.000 ahorristas, desencadenó un pánico generalizado sobre los depositantes de otras entidades. Así comenzó un efecto dominó, que el Banco Central, como prestamista de última instancia, tuvo que afrontar en virtud de la garantía virtualmente irrestricta de los depósitos.
Por esa época el BCRA dictó una célebre norma, la Resolución 1.050, que permitía a los bancos acordar préstamos con una cláusula de actualización del valor del capital basada en un Índice de Ajuste Financiero. Con el tiempo, la potenciación de las deudas que este sistema originó llevó a la crisis a miles de deudores, en especial en el caso de los préstamos hipotecarios.
Al colapso del BIR se sumaron el Banco Oddone, el Banco de los Andes y el Banco Internacional, con lo que quedaron afectados el 20% de los depósitos privados en todo el sistema financiero. Para fines de 1980, el Banco Central había liquidado una treintena de instituciones financieras.
La crisis que se inició en ese momento se prolongó hasta 1982 y generó un costo fiscal estimado en el 55% del valor del producto interno bruto de un año de la Argentina.
Para contener la crisis, el Banco Central redujo los requisitos de reserva o efectivos mínimos de los bancos al 10%, a fin de liberarles la mayor cantidad de liquidez para atender los retiros de los ahorristas y los asistió con abundantes redescuentos, ratificando en todo momento la garantía hacia los depositantes con la esperanza, un tanto vana, de enderezar una situación de derrumbe generalizado.
Con la misma intención, en julio de 1980, Martínez de Hoz se embarcó en una nueva profundización de la apertura, mediante la eliminación de lo que se denominaban los gravámenes paraarancelarios, es decir aquellos cargos que se suman por otros conceptos al arancel de importación (tasa de estadística, derechos consulares, etc.) y nuevas rebajas de aranceles y cambios impositivos en productos seleccionados.
Esta vez al ministro le demandó seis meses obtener la sanción de la legislación respectiva. El nivel de confianza en su gestión se había deteriorado severamente. Por ese entonces los bancos cobraban a sus deudores una tasa real (es decir, deducida la inflación) del 4,2% mensual y le pagaban a los depositantes entre 2 % y 3% por mes.
En octubre de 1980 fue designado para suceder a Videla el general Roberto Viola a partir de marzo del año siguiente y por el período 1984-1987. Esta decisión corporizó la idea de que el poder político pronto cambiaría de manos.
Un síntoma de que el programa económico del Proceso estaba agotado fue el discurso crítico que pronunció el presidente de la Unión Industrial, Eduardo Oxenford, el 2 de noviembre de 1980. Videla salió al cruce de sus dichos declarando que su ministro llevaba adelante "el programa de las Fuerzas Armadas".
En diciembre de 1980 nadie creía en la permanencia del régimen cambiario y el gobierno decidió acelerar la pauta de devaluación. Dos meses después volvió a hacer lo mismo y agregó un escalón de devaluación del 10 por ciento.
(1981) Eran sólo parches para una estrategia que había fracasado y que también enfrentaba las inquietudes propias del cambio político derivado del vencimiento del mandato de Videla, en marzo de 1981.
Pero la plata dulce todavía estaba en funcionamiento. El gobierno trató de sostener el consumo mediante aumentos de salarios, que transitoriamente permitieron una importante recuperación. De esta manera, la demanda interna se sostuvo y eso permitió que la actividad económica creciera ligeramente. La sobrevaluación del peso alcanzó un 30% respecto de los niveles de un par de años atrás y las importaciones crecieron 57%. Ahora, el saldo de la balanza comercial había pasado a ser fuertemente negativo, mientras el ingreso de capitales primero se detenía y luego comenzaba a transformarse en fuga, empujando las reservas internacionales hacia abajo, en el marco de un aumento incesante de la deuda pública y privada.
Quizás avizorando que la fiesta no duraría mucho más, en la temporada de verano 1980-1981 miles de argentinos ocuparon todas las plazas disponibles en las líneas aéreas, ratificando que Miami era la meca del consumo de la clase media argentina, milagrosamente enriquecida, momentáneamente feliz y eufórica de su poder de compra.
Finalmente, tal como estaba previsto, asumió la presidencia el general Viola, aunque sin el apoyo unánime de la Fuerzas Armadas, que recelaban de su carácter aperturista en lo político y nacionalista en lo económico.
Sus nueve meses de mandato estarían signados por las críticas al modelo de Martínez de Hoz y un intento fallido d enderezar una situación económica caótica.
Viola desplazó a Martínez de Hoz y colocó a Lorenzo Sigaut, quien tendría la misión de abandonar formalmente la difunta tablita y sincerar la realidad, afrontando el fuerte desequilibrio externo mediante un proceso devaluatorio que puso fin al denominado "cepo cambiario".
Precisamente ése fue el mensaje que el nuevo presidente intentó transmitir al designar como ministro de Industria y Minería a Eduardo Oxenford, el dirigente industrial que había confrontado con Martínez de Hoz y Videla tan sólo unos meses atrás y quien también impulsó el abandono del programa de reducción de aranceles.
En un primer momento, la nueva devaluación alcanzó un 30% y se retornó a las retenciones al sector agroexportador para abastecer las arcas fiscales y amortiguar el impacto en los precios internos de los alimentos. Sigaut llevó adelante una reforma financiara inspirada por Domingo F. Cavallo, que establecía una tasa de interés de referencia y limitaba la cantidad de dólares que se podían comprar en casa de cambio.
A mediados de junio tuvo lugar otra devaluación del 30% y pocos días después se desdobló el mercado de cambios, creándose un mercado comercial con precio oficial para las transacciones del comercio exterior y otro financiero con cotización libre.
Inevitablemente, el panorama no era de conformidad para ningún sector. Los asalariados protestaban por el deterioro del poder adquisitivo de los ingresos y los empresarios, endeudados en dólares, por la incapacidad de cumplir con sus acreedores.
Para enfrentar la situación de las empresas endeudadas, Sigaut ofreció una serie de subsidios que serán el comienzo de la transformación en deuda pública de la deuda privada. Domingo Cavallo recordaría: "Entre los empresarios que más deambulaban por los pasillos oficiales se destacan paradojalmente, aquellos que más hablaron y hablan de liberalismo económico y eliminación de privilegios".
El deterior económico era -sin dudas- una gran fuente de tensión y se convirtió en una excelente excusa para que el ambicioso general Galtieri, interrumpiera el propio orden establecido por las Fuerzas Armadas y sustituyera al debilitado Viola. Bajo el argumento de que el presidente se encontraba enfermo, el 22 de diciembre de 1981, Leopoldo Fortunato Galtieri asumió la presidencia.
La "herencia" de Martínez de Hoz -cual una maldición- se cobró como víctima al segundo presidente del Proceso.
Ese año la economía se contrajo un 6%, el déficit fiscal trepó a un astronómico 16% del PBI y el salario real también declinó, en el marco de una inflación del 105%. El aumento de las tasas de interés internacionales se montó sobre el abultado endeudamiento público y privado, generando servicios financieros al exterior por 3.700 millones de dólares, que se sumaban a la fuga de capitales, lo que impulsó un "tobogán" devaluatorio. A lo largo del año el precio del dólar estadounidense se multiplicó por cinco, de $ 2 por unidad en enero a $ 10 por unidad en diciembre. En ese contexto, las reservas internacionales se redujeron a la mitad.
En medio de tantos males, las exportaciones subieron 14%, impulsadas fundamentalmente por las ventas externas de nueve millones de toneladas de maíz, el triple que el año anterior. Este nuevo y oportuno "milagro" agropecuario tenía una explicación: la cosecha récord del año anterior permanecía en gran parte en los silos, de donde ahora salía, alentada por el sinceramiento del tipo de cambio. Esa misma situación y la contracción de la economía, produjeron una caída considerable de las importaciones, con lo que el déficit comercial se redujo a casi la décima parte del año anterior.
(1982) Galtieri designó como ministro de economía a Roberto T. Alemann, quien procuró concentrar su política en el restablecimiento del equilibrio fiscal, algo de lo que casi no se hablaba desde hacía largos años.
En esa línea impuso un recorte del 10% en los enormes gastos de las Fuerzas Armadas, que en 1980 habían ascendido a los 4.000 millones de dólares. También se congelaron los salarios de la administración pública y las tarifas de las empresas públicas y se adoptaron diversas medidas para fortalecer los ingresos públicos.
A esas alturas, lo que dominaba la escena era la crisis de pagos externos, infinitamente agravada por el peso de una deuda difícil, si no imposible, de refinanciar desde un país inestable y con un mercado mundial de capitales cuyas condiciones habían cambiado drásticamente.
Es que la crisis del petróleo de la década anterior había traído como consecuencia la generación de los llamados "petrodólares", es decir los excedentes de capitales originados en los altos precios del petróleo que percibían los países productores. Esta abundancia de capitales -reciclados en los mercados europeos- había favorecido las políticas de endeudamiento fácil, no sólo en la Argentina, sino en todo el continente. Pero ese fenómeno había terminado y ahora esos mismos capitales se refugiaban en mercados donde la renta y la seguridad ofrecieran una combinación más atractiva.
Cuando estalló la Guerra de las Malvinas (2 de abril de 1982), Roberto Alemann se encontraba negociando la refinanciación de parte de la deuda externa y el equipo económico apenas si llegó a tiempo para trasladar las reservas internacionales del país al Banco de Pagos Internacionales, en Suiza.
En los dos meses que duró la guerra, Alemann, al igual que le ocurriría a uno de sus sucesores unos años más tarde, descubrió la diferencia que los argentinos establecen entre el corazón y el bolsillo. A pesar del apoyo público a la contienda, los depósitos en los bancos disminuían sin cesar y el dólar pasaba de $ 10 a $ 24 por unidad entre enero y junio.
En esos días, en un discurso, el ministro hizo una interesante radiografía del sistema financiero "modelo" ideado cinco años atrás:
El sistema de garantía oficial induce operaciones bancarias de signo inverso al normal (.) La experiencia recogida durante las últimas semanas ha sido aleccionadora. El Banco Central repuso la liquidez que faltaba por extracciones de depósitos inducidas por el terror y las tasas de interés no bajaron sustancialmente porque siempre hubo entidades financieras dispuestas a pagar altas tasas con la garantía oficial (.) La garantía oficial facilita negocios espurios, porque ciertos financistas sin escrúpulos pueden distraer los fondos de los depositantes para negocios particulares o incluso estafar a la entidad y fugar (.) El Banco Central ha sufrido por este concepto pérdidas billonarias por cuenta de la Tesorería Nacional y el país ha pagado esas pérdidas con inflación y empobrecimiento general (.) La salud económica y moral de la Nación reclama que este sistema cese hasta extinguirse.
La derrota en la guerra implicó una descomposición inmediata del Proceso, que también hizo eclosión por las cuentas pendientes del propio desempeño de las tres fuerzas en las Malvinas. La Marina y la Fuerza Aérea, con fuertes reproches, abandonaron el gobierno y el Ejército, en soledad, designó al general Reynaldo Bignone como presidente encargado de negociar la transición hacia la democracia.
Con Bignone volvió al Ministerio de Economía José María Dagnino Pastore, que había ocupado el cargo con la "Revolución Argentina". En el Banco Central asumió Domingo Cavallo.
El nuevo equipo económico ensayó un giro en medio de la tempestad y preparó un plan económico propio, con cierto corte nacionalista que hallaba eco en sectores militares afines, pero que finalmente no podría imponer en los escasos 52 días en la función.
Dagnino Pastores enfrentó un importante recrudecimiento de la inflación al que no pudo dominar. Al mismo tiempo, en el plano externo, además de los atrasos que se acumulaban en los pagos, existía la particularidad de que una parte importante de la deuda externa estaba contraída con la banca británica, lo que daba a la negociación un notable tinte político.
En el Banco Central, fiel a su estilo, Cavallo trabajó febrilmente y adoptó multitud de disposiciones, entre ellas un seguro de cambio para la deuda de las empresas privadas a un valor de $ 15,75 por dólar y, nuevamente, el desdoblamiento del mercado cambiario.
Este seguro de cambio fue ampliado por su sucesor -Lucio González del Solar- a través de una norma que permitió la licuación definitiva de los pasivos de las empresas endeudadas, sistema que operó hasta 1985.
A fines de agosto de 1982 Jorge Wehbe reemplazó a Pastore y llegó, por tercera vez, al Ministerio de Economía.
Las medidas se tornaron eminentemente coyunturales, en un contexto en que la crisis financiera regional se agravaba. Pocos días antes de asumir Wehbe, el 20 de agosto de 1982, México había anunciado la moratoria de su deuda externa desatando un efecto contagio a escala mundial.
Los países del Tercer Mundo y de Europa Oriental estaban comprometidos con deudas externas por 626.000 millones de dólares, cifra más de tres veces superior a la de seis años atrás. En los meses que siguieron, quince países -entre ellos el nuestro- procuraron renegociar vencimientos por más de 90.000 millones de dólares con la banca comercial.
Debido al estallido de la crisis de la deuda, el crédito internacional desapareció y los mayores acreedores -la banca internacional- formaron un "club" para hacer frente al problema. El FMI socorrió a los países endeudados para salvar, a su vez, el sistema financiero internacional. Esta decisión, adoptada durante la asamblea del FMI y el Banco Mundial en Toronto, en septiembre de 1982, implicó la posibilidad de que los países en crisis accedieran al salvataje bajo condiciones que determinarían el curso de futuras políticas económicas.
Como siempre, la Argentina requería un nuevo acuerdo con el FMI, pero el organismo ponía como requisito (al igual que veinte años más tarde) que antes la Argentina llegara a un arreglo con el resto de sus acreedores externos. Conforme al funcionamiento del sistema financiero internacional en esos años, las deudas habían sido contraídas fundamentalmente con bancos privados, que como actuaban de manera sindicada, formaban una gran red de alrededor de 600 entidades.
En medio de gran tensión, la negociación con los acreedores se cerró sobre fin del año y ello abrió las puertas para que en enero de 1983 se restableciera un acuerdo "stand-by" con el FMI.
Durante 1982 el desempeño de la economía fue catastrófico. El PBI se contrajo casi un 6%, la inflación alcanzó el 165% y el poder adquisitivo del salario cayó 20%. Las importaciones disminuyeron bruscamente, lo que facilitó un fuerte saldo comercial positivo, que junto a un endeudamiento externo adicional de 6.000 millones de dólares y la virtual cesación de pagos, permitieron mantener relativamente estables las reservas. Pero a lo largo del año el dólar pasó de $ 10 a $ 68 por unidad y en junio de 1983 nació el peso argentino, con cuatro ceros menos que su anterior y dos años de vida por delante. La aventura había costado cara.
Cuando concluyó la etapa del Proceso la economía había crecido un 0,8% sobre los niveles de 1975. La expansión inicial duró hasta 1980, con un acumulado del 10% que se perdió en los dos años posteriores. En el mismo lapso, la población creció casi 14%, de modo que el ingreso por habitante disminuyó en la misma proporción y, como la distribución del ingreso empeoró notablemente, para una gran parte de la población el descenso fue mucho mayor. Mientras el 1974 el 5% de la población más rica percibía el 17,2% del ingreso total, en 1982 concentraba el 22,2 por ciento.
Durante esos años el poder adquisitivo del salario estuvo -en promedio- 25% por debajo del trienio 1973-1975 y, como consecuencia, la participación de los asalariados en el PBI cayó desde un 47% en 1974-1975 hasta 36% en 1982.
Ese último año, el desempleo alcanzó un 6%, una cifra elevada para la época, aunque paradisíaca para la Argentina de comienzos del siglo XXI. Sin embargo, un fenómeno nuevo estaba en ascenso: el trabajo por cuenta propia. A mediados de 1970 en esa categoría ocupacional se registraba alrededor del 16% de los ocupados, en 1982 las cifras llegaban al 29% en el interior de la provincia de Buenos Aires, el 20% en el suburbano y el 18% en la ciudad de Buenos Aires. Junto con la pérdida en los empleos clásicos con relación de dependencia, se inició también una precarización importante de las condiciones laborales.
En buena medida eso obedeció al deterioro del sector industrial, cuya producción osciló en esos años alrededor de los mismos valores de 1975, para desplomarse luego un 20% al fin del período.
Un estudioso de estos temas, Bernardo Kosacoff, señala que "entre 1976 y 1982, la producción de textiles, ropa y calzado disminuyó 35%, la de madera y muebles 40% y la de productos metálicos, maquinarias eléctricas y material de transporte 30%.
Una observación del mismo autor es la ausencia de ingreso al mercado de nuevas firmas extranjeras y la reducida significación de las inversiones de las ya radicadas. Más aún, se registra la salida de un conjunto de importantes filiales, entre ellas cuatro pertenecientes al sector automotriz.
Nuevamente, estos resultados traen al análisis el abismo que suele mediar entre las formulaciones de política teñidas de ideologismo y la realidad del mundo de los negocios.
Paradójicamente, la propia apertura, finalmente abrupta, desordenada y agravada por el atraso cambiario, desalentaba la permanencia en el país de quienes tenían al mercado mundial como referencia. Para qué producir en un pequeño mercado de elevados costos si era posible enviarle productos de cualquier parte del mundo con bajos aranceles.
Reseñando su gestión es este campo, Martínez de Hoz expone un análisis sumamente interesante, que testimonia bien su pensamiento económico y cuán lejos se ubicaba de la realidad internacional:
La política de apertura en materia de comercio y de industria se llevó a cabo en una época durante la cual apareció en escena lo que se ha dado en llamar el neoproteccionismo internacional. Las naciones industriales, que en el pasado protegían a sus producciones agropecuarias (.) adoptaban la postura que las exportaciones de manufacturas de países en desarrollo tendrían acceso a su mercado, con lo cual se compensaría gradualmente la reducción de la importación de productos agropecuarios. Pero cuando tales exportaciones alcanzaron un determinado nivel de eficiencia y competitividad, se encontraron con limitaciones, prohibiciones, cuotas obligatorias o supuestamente voluntarias, impuestas por las naciones industrializadas (.)
En el curso de nuestra gestión luchamos permanentemente contra estas prácticas, en todos los ámbitos y foros internacionales, donde tuvimos una activa presencia. Proclamamos allí que estas restricciones eran absolutamente nocivas para la economía mundial (.) Consideramos que hubiera sido un grave error que por el hecho de que algunos países adoptaran prácticas inconvenientes, los imitásemos poniendo en vigencia políticas igualmente equivocadas (.) La apertura económica (.) es un instrumento de modernización interna, independientemente de lo que hagan otras naciones.
Como es conocido, una de las herencias más negativas del Proceso fue el crecimiento de la deuda externa. En 1975 el endeudamiento total del país (público y privado) era de 7.875 millones de dólares, en 1983 llegaba a los 44.781 millones de dólares. En el caso de la deuda pública, en ese lapso se pasó de 4.021 a 32.196 millones de dólares. En los años posteriores, merced a los seguros de cambio y las propias reestructuraciones empresarias, la deuda privada se contrajo sustantivamente. Pero no ocurrió lo mismo con el sector público.
La cuestión del endeudamiento público tuvo, algunos rasgos peculiares. Entre 1976 y 1981 las empresas del Estado incrementaron su deuda en 21.548 millones de dólares. Las "naves insignia" de ese fenómeno fueron YPF, que tomó impagables 7.763 millones de dólares de nueva deuda, y Agua y Energía con 3.814 millones de dólares.
En el dispendio sin límites, entre 1976 y 1983 el Estado emitió 306 avales o garantías para operaciones de crédito por 6.670 millones de dólares. El 43% de este monto, unos 119 avales, tuvieron como destinatario al sector privado. Seguramente se trató de un olvido del principio de subsidiariedad del Estado.
Es difícil pensar en otro país en el mundo donde la voluntad de un grupo de personas profundamente equivocadas sea capaz de imponerse mesiánicamente por sobre las evidencias de la realidad, transformarse en acción de gobierno y producir un proceso de destrucción económica tan grave.
Hoja de balance: ¿"Marx"-to-market? – De los activos de "legado" (?) a la relajación cuantitativa (quantitative easing) (?)
(Nacionalizaciones de deuda y contabilidad creativa)
– Llamémoslo simplemente "N" (El País – 7/3/09)
Los gobiernos nacionalizan bancos, pero la palabra es tabú – Este intervencionismo desata el miedo atávico a los totalitarismos
(Por Ariadna Trillas)
Hay palabras que significan cosas. Y luego existen las palabras con aura, que significan cosas y, además, sugieren otras. Las meras palabras se emplean y no ocurre nada. En cuanto a las otras, las del aura, a menudo sale caro mentarlas. El verbo "nacionalizar", por ejemplo. El diccionario de la Real Academia Española lo define así: "Hacer que pasen a depender del Gobierno de la nación propiedades industriales o servicios explotados por los particulares". Pero políticos con mando en plaza han recurrido a la palabra en las últimas semanas y, acto seguido, han visto cómo se hundían Wall Street y las contagiosas bolsas mundiales.
En el subconsciente de las principales economías occidentales, y especialmente en mecas del capitalismo como Estados Unidos y Reino Unido, hablar de "nacionalizar bancos" es recuperar algunos ecos de la ya enterrada Guerra Fría y de modelos políticos no democráticos como el comunismo o el fascismo. Y esa aura de la palabra explica el esmero de la nueva Administración Obama en evitar el término, que algunos comentaristas de la prensa económica internacional denominan ya con ironía la "palabra n".
"Es mejor no usar la palabra para evitar debates ideológicos: nacionalizar bancos suena a comunismo", resume Charles Wyplosz, economista del Graduate Institute of International Studies de Ginebra.
El experto en finanzas públicas y privadas del Brookings Institute de EEUU Douglas J. Elliott puntualiza que "en este país se duda en emplear la palabra nacionalización porque implica una fe en el Gobierno sobre los mercados que aquí es francamente impopular". Elliott acaba de publicar un estudio sobre pros y contras de nacionalizar bancos en el que concluye que la "plena nacionalización" puede revelarse necesaria sólo como último recurso para un par de gigantes bancarios. Ve, sin embargo, improbable una toma de control generalizada de bancos a menos que la economía empeore mucho más. Y sí ve venir más tomas de participaciones parciales de acciones. Ya se constata en Citigroup y Bank of America.
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