"La mayoría de los gestores saben desde hace tiempo que la inscripción se avecinaba", afirma David Nelson, de DC Nelson Asset Management, un pequeño fondo de cobertura que ya está registrado en la SEC. Los exámenes y los trámites necesarios son costosos, especialmente para las firmas más pequeñas sin mucho personal administrativo, "pero esta es la realidad, e ir en su contra es inútil", opina Nelson.
El plan también busca imponer más restricciones sobre las operaciones de los fondos de inversión que invierten en los mercados monetarios y controles más estrictos sobre el mercado de derivados que no se transan en bolsa, abogando por el uso de una cámara de compensación centralizada.
"Se terminaron los días de la regulación 'suave'", afirmó el representante demócrata Barney Frank, presidente del Comité de Servicios Financieros.
Múltiples aristas
El gobierno de Obama espera reemplazar o reformar las reglas en casi todos los rincones de los mercados financieros, desde las hipotecas hasta el sistema financiero en las sombras que opera principalmente fuera del control de las autoridades.
Sin mucho revuelo, Geithner ha ganado aliados clave, incluyendo al presidente de la Fed, Ben Bernanke, en su intento por aprobar los complejos cambios. Es probable que el presidente del Comité de Banca del Senado, el demócrata Christopher Dodd, haga avanzar el proceso a través del Senado de forma mucho más lenta.
La mayoría de los gestores de los fondos de cobertura, inversionistas, abogados y lobbistas afirmaron que la industria se está preparando para las nuevas reglas. Más que combatirlas, planean limitar las estipulaciones que consideran demasiado invasivas, como la idea de hacer públicos los registros de corretaje.
En apenas dos meses, Geithner ha propuesto una asombrosa cantidad de iniciativas cuyo objetivo es ampliar el acceso al crédito, estabilizar los bancos más débiles y apuntalar el mercado inmobiliario. La reforma regulatoria propuesta ayer es igual de ambiciosa.
Sus dos anuncios de esta semana -sobre la regulación financiera y la compra de los activos tóxicos que ahogan a los bancos- fueron diseñados en parte para allanar el camino hacia la cumbre del Grupo de los 20 que se realizará el 2 de abril en Londres. EE.UU. discrepa de la postura de países como Francia y Alemania, que buscan que los fondos de cobertura sean regulados de forma aún más estricta.
Algunos críticos no atacaron la propuesta, sino en el momento elegido para anunciarla, dado que la crisis financiera aún no ha amainado. "Los conceptos básicos de la reforma regulatoria me parecen sólidos", afirmó Frederic Mishkin, ex gobernador de la Reserva Federal que ahora es profesor de bancos e instituciones financieras en la Escuela de Negocios de la Universidad de Columbia. "Me preocupa, sin embargo, que lo que necesitamos hacer de inmediato es apagar el incendio, y ahora estamos discutiendo sobre rediseñar el sistema de combate de incendios".
– Durante un plazo máximo de 6 meses – Gran Bretaña propone ampliar el límite de garantía de depósitos a 500.000 libras (Libertad Digital – 1/4/09)
La Autoridad de Servicios Financieros (FSA) británica propone ampliar de 50.000 a 500.000 libras la cantidad máxima que garantiza el Estado en caso de quiebra bancaria para proporcionar una protección extra a los clientes con depósitos elevados, pero durante un período máximo de 6 meses.
(Libertad Digital) Hasta el momento, el régimen de garantía de depósitos en caso de quiebra financiera en Gran Bretaña establece un límite máximo de 50.000 libras (unos 550.000 euros) por individuo y entidad bancaria. Sin embargo, el regulador financiero británico (FSA) es consciente de que algunos clientes disponen de saldos que exceden en mucho esta cantidad de forma ocasional.
Esto podría ocurrir, por ejemplo, cuando alguien vende su casa, recibe una herencia, rescate un plan de pensiones o cobra una indemnización. El director de este organismo, Thomas Huertas, explica que dicha propuesta "protegerá a la gente que tiene poca o ninguna opción de mantener un saldo elevado (en la cuenta corriente) durante un periodo limitado de tiempo" por una cantidad superior al límite que fija el actual régimen de protección (50.000 libras).
Es decir, de este modo, el FSA pretende ampliar el plazo y el límite de garantía con el fin de que los ahorradores dispongan de tiempo suficiente para diversificar su dinero en diversas entidades, en caso de que exceda la cantidad límite que garantiza el Estado en caso de bancarrota. Una señal clara de la desconfianza que viven los ahorradores británicos.
La garantía de depósitos "no pretende proteger a los clientes que mantengan altos saldos en la cuenta durante un periodo largo de tiempo, así que la protección extra tendrá un periodo limitado", según Huertas. Las propuestas recomiendan un límite temporal de seis meses para la mayoría de circunstancias y un límite monetario de 500.000 libras.
Sin embargo, en el caso de indemnizaciones por daños personales, el regulador propone ofrecer protección ilimitada por encima de 18 meses. Y es que, este tipo de indemnizaciones o cobro de seguros con frecuencia pretenden proporcionar un ingreso vitalicio a la persona que ha resultado herida o lesionada y, por lo tanto, resulta más difícil valorar cómo invertir el dinero, informa Banking Times.
Pese a todo, no se espera que los reguladores británicos aprueben ningún cambio en cuanto a la garantía de depósitos hasta finales de 2010 como pronto. Además, tales modificaciones precisarían de la aprobación de las autoridades de la Unión Europea (UE).
– EEUU relajará la normativa contable que valora los activos de la banca (Cinco Días – 2/4/09)
El organismo que determina las reglas contables en EEUU, FASB, votará hoy la relajación de la controvertida norma mark to market, de valoración de los activos a precios reales de mercado, algo a lo que ha sido obligado por un Congreso aplaudido por la banca. Los cambios permitirán a las entidades reducir las pérdidas de valor de sus activos, pero restará eficacia al nuevo plan del Tesoro para eliminar estos de los balances.
(Por Ana B. Nieto – Nueva York)
La nueva normativa contable que prepara EEUU tendrá un fuerte impacto positivo en las cuentas de la banca, nace de una intensa presión política en Washington. Se trata de relajar la norma que obliga a valorar los activos financieros a precio de mercado, denominada regla mark to market. Los políticos, de ambos partidos, han sido muy receptivos al mensaje de una banca que no ha hecho más que quejarse de que se les está obligando a valorar unos activos a un precio de mercado cuando este es ilíquido o está dislocado. En estas circunstancias, el registro del valor que se hace de estos activos en los libros, obligatorio aunque no haya intención de vender, se ha desplomado y las entidades recogen fuertes pérdidas.
De hecho, los cambios en esta norma se han producido a una velocidad vertiginosa. Ayer se cerró el periodo de apenas 15 días de comentario público a los retoques de la norma mark to market, y hoy mismo, con apenas un día de debate, se votará en el organismo rector de la normativa contable, el FASB, la relajación en la aplicación de ésta.
Según la banca, la aplicación de la actual normativa mark to market para definir el valor justo, que empezó a implementarse en 2007, ha exacerbado la prociclicidad y exagerado la destrucción de valor de los balances de las entidades. Con los cambios se permitirá estimar si los activos cotizan en un mercado dislocado y, en tal caso, valorarlos con otros mecanismos. Las reglas se aplicarán a las cuentas del primer trimestre.
Para la American Banker Association, "es un paso adelante significativo en la dirección adecuada que ayuda a entender conceptos para estimar el valor justo en mercados ilíquidos". Pero no todo son aplausos para la FASB. Los críticos apuntan que con estos cambios se puede retrasar la asunción de las pérdidas de los activos hipotecarios y otros tóxicos. Además, se elimina la necesidad de los bancos de deshacerse de estos activos bajo el plan diseñado por el Tesoro de Tim Geithner, ya que pueden aparcarse en los libros hasta que se realicen las obligaciones crediticias titulizadas. En este caso, la incertidumbre sobre su valor real se puede ampliar.
Los analistas financieros, a través del CFA Institute (Centro para la Integridad de Mercados Financieros), han sido consistentemente críticos con la reforma o matización de la normativa contable, a la que eximen de culpabilidad en la actual crisis. 'Los estándares de valoración justa, críticas para la integridad de los mercados financieros, deben mantenerse', explican desde esta institución que desconfía de la falta de transparencia que acarreará la nueva acción de la FASB.
– ¡Magia! EEUU saca la varita para que desaparezcan las pérdidas de la banca (El Economista – 2/4/09)
(Por Cristina Triana)
¿Truco o trato? Lo decide hoy la Financial Accounting Standards Board (FASB), el organismo privado que se encarga de establecer los estándares contables de las empresas de EEUU. Y, tal vez, pueda ceder a la tentación de trucar el sistema para que por arte de magia desaparezcan las pérdidas generadas por la caída del valor de los activos de las entidades financieras.
Una de sus mayores fuentes de pérdidas en lo que llevamos de crisis. Y el efecto de la modificación, de producirse, será pan para hoy y hambre para mañana.
Algunos analistas creen que parte de la fuerte subida acumulada por la bolsa norteamericana en los últimos días de marzo, en la que el sector financiero tuvo un papel protagonista, está motivada justo por esa expectativa y que permitió al Dow Jones firmar su mejor mes desde octubre de 2002.
Y no es para menos porque en el caso de que los bancos dejen de realizar depreciaciones sus resultados pueden variar notablemente hacia el lado positivo porque no tendrán que declarar una serie de pérdidas en sus inversiones. Algo que puede ser una bomba para la bolsa a corto plazo.
Aunque en EEUU no las tienen todas consigo sobre si se abrirá la mano en lo que se conoce como la valoración de activos a precio de mercado (mark to market), la realidad es que son bastantes las voces que defienden que las circunstancias invitan a hacerlo.
Sin ir más lejos, lo ha pedido Warren Buffett, que ostenta una participación importante en Bank of America a través de Berkshire Hathaway. Otros explican que son las culpables de la crisis. Su argumentación es que el valorar a precios de mercado una serie de activos que por la crisis son ilíquidos no es justo para las entidades. La norma actual exige que las inversiones sean valoradas por lo que se obtendría al venderlas y, en un mercado sin contrapartidas, opinan que los precios no son reales.
¿Negativo a largo plazo?
En cualquier caso, el debate está muy encendido, porque se teme que el efecto sea muy negativo a largo plazo.
La explicación es que quita mucha visibilidad sobre las inversiones de los bancos, justo en un momento en el que se necesita transparencia, por lo que muchos profesionales se han posicionado en contra del cambio en la normativa contable, como CFA Institute, institución compuesta por los profesionales de la inversión que han logrado la calificación CFA, una de las más importantes de la industria.
Su argumentación es que la crisis no la ha provocado la valoración a mercado de los activos, sino las inversiones que han realizado las entidades y que habilitar a éstas para no tener que reconocer pérdidas es una gran limitación a la transparencia, que es justo lo que necesitan los inversores, los gestores y los propios bancos para recuperar la credibilidad.
El quid de la cuestión, no obstante, es que el coste de reconocer pérdidas crea una necesidad creciente de inyecciones de capital y las arcas de los estados no dan mucho más de sí.
De acuerdo con datos de BNP Paribas, la factura para rescates del sector financiero ya asciende a 3,94 billones de euros entre Europa y EEUU, sin tener en cuenta las líneas adicionales de liquidez. Y la máquina del dinero ya no da para mucho más.
El caso europeo
De hecho, Europa ya aprobó en otoño del año pasado un cambio contable que evita que algunas de las depreciaciones corran en contra de la cuenta de resultados. Habilitó a los bancos de la Unión Europea para mover activos de la cartera de negociación (donde se mantienen las inversiones a corto plazo que, por tanto, se deben valorar a precios de mercado) a la cartera de inversiones a vencimiento. En esta cartera se ubican las inversiones que la entidad considera que mantiene a largo plazo. Como no están disponibles para la venta, no es necesario que reconozcan lo que obtendrían si las vendieran en un momento determinado.
El requisito que colocaba la Unión Europa era que los activos que las entidades europeas cambiaran de lugar eran aquellos que tuvieran capacidad para mantener a vencimiento. Y esto afecta, por ejemplo, a los bonos, las titulizaciones o cualquier otra emisión con plazo. Justo los mercados que se vieron más damnificados tras la caída de Lehman Brothers. La explicación que se dio para la adaptación era que con ella se evitaba que la volatilidad que sufría este tipo de activos repercutiera negativamente en las entidades.
Aderezo previo a los resultados
La medida que tomó la Unión Europea se hizo con carácter retroactivo. Así, aunque se presentó en otoño, permitió que los bancos europeos se acogieran a ella para presentar sus resultados del segundo trimestre de 2008. En el caso de que se aprobara en EEUU una medida similar, esto podría repercutir en los beneficios de las entidades que comunican cifras a lo largo de este mes. Y son todas las principales norteamericanas.
Así, de acuerdo con el calendario previsto, el próximo 15 de abril inaugura la temporada Wells Fargo. Dos días después, se espera que se conozcan los números de Bank of America y Citigroup. El 21 de este mes los comunicará Goldman Sachs y Morgan Stanley.
– EEUU aprueba la flexibilización del "mark-to-market" por unanimidad (El Economista – 2/4/09)
El Financial Accounting Standards Board (FASB), organismo privado que emite los principios de contabilidad en EEUU, ha decidido hoy flexibilizar las normas contables sobre el cálculo del valor de los activos, conocidas como mark-to-market. Estas reglas han sido las que han provocado importantes depreciaciones de activos en las entidades financieras.
Este principio contable, conocido también como fair value o valor razonable, obliga a la valoración de los activos a precios reales de mercado.
En los casos de activos tóxicos, difícilmente intercambiables, este valor es muchas veces considerado como muy débil, causando importantes pérdidas para los bancos.
El FASB permitirá con la normativa aprobada hoy que las compañías valoren los activos a los precios que recibirían en una venta "ordenada" en vez de ajustarlos a los niveles de una venta forzada. Esta decisión podría limitar la cantidad de amortizaciones por la depreciación de los activos que ha causado la crisis.
Respaldo del mercado
Algunos analistas creen que parte de la fuerte subida acumulada por la bolsa norteamericana en los últimos días de marzo, en la que el sector financiero tuvo un papel protagonista, está motivada justo por esa expectativa y que permitió al Dow Jones firmar su mejor mes desde octubre de 2002.
Y no es para menos porque en el caso de que los bancos dejen de realizar depreciaciones sus resultados pueden variar notablemente hacia el lado positivo porque no tendrán que declarar una serie de pérdidas en sus inversiones.
– Las tres teorías sobre el cambio de la norma del "mark to market" (El Economista – 3/4/09)
(Por Ainhoa Giménez – Bolságora)
El cambio de la normativa contable respecto al famoso mark-to-market (obligación de los bancos de valorar sus activos al último precio cruzado en el mercado aunque éste esté cerrado y se trate de ventas a cualquier precio, fire sales) no fue tan grande como Wall Street deseaba: no soluciona el problema de golpe -no elimina la norma sino que permite un cierto grado de subjetividad en casos de activos ilíquidos- sino que proporciona un alivio a la banca hasta que el entorno económico y financiero mejore.
Jim Cramer, el polémico gurú de la CNBC y de RealMoney, piensa que su principal consecuencia es que va a mantener vivos a unos cuantos bancos, algunos que no deberían seguir vivos y otros que sí. Pero, a su juicio, conseguir lo segundo justifica el "daño colateral" de mantener algunos bancos zombies: los que sólo sobreviven gracias al rescate estatal. Por eso, cree que puede comenzar un círculo virtuoso en el sector que invita a comprar bancos en bolsa. Algo que no era difícil de adivinar siendo Cramer como es un "siemprealcista" impenitente.
Pero lo más interesante es el análisis que hace de las tres teorías que existen sobre la decisión de ayer. Son las siguientes:
1. La que asegura que la reforma contable no tiene importancia y que es mala porque da a los bancos una flexibilidad que no se merecen. Cramer les pone verdes porque da igual que lo merezcan o no ("estamos hablando de dinero, no de ética"), y además, porque, si la laxitud que se concede a los bancos no es merecida es porque es buena para ellos, luego no se puede sostener que "no importa". "Vivo en un mundo simple: ¿Los números van a ser más altos o más bajos en este nuevo entorno? La respuesta es, más altos. ¿Y qué pasa cuando los números son más altos? Que las acciones suben".
2. La que dice que esto es malo porque crea una situación a la japonesa en la que los activos malos nunca salen de los balances. También la rechaza. Primero, porque no se trata de inmuebles comerciales con valoraciones ridículas, sino de hipotecas residenciales que pueden no estar tan sobrevaloradas si la vivienda se estabiliza. El problema, recuerda Cramer, no es que los bancos tuvieran que vender activos, sino que tenían que apuntarse unas pérdidas enormes sin tocar esos activos -en muchos casos, triple A- sólo por el hundimiento de su mercado y la regla del mark-to-market. Por eso cree que la medida es sensata, ya que quita a las agencias de rating del proceso y lo pone en el "campo del sentido común". "Esto no es Japón", insiste.
3. La que afirma que hay que comprar acciones de los bancos gracias a este cambio normativo. Lógicamente, ésta es su postura, porque la mejora de los resultados de la banca provocará su subida en bolsa, aunque se hace necesario distinguir entre los bancos sólidos y los zombies. Además, piensa que la subida se retroalimentará por el cierre de las enormes posiciones cortas que existen sobre estos valores. Además, los buenos bancos podrán hacer ofertas en acciones para comprar los malos, y entonces venderán los activos tóxicos al famoso fondo público-privado de Geithner. Es verdad que los activos tóxicos no desaparecerán de inmediato, pero Cramer confía en que lo hagan cuando llegue la recuperación.
En resumen, Cramer dice que los moralistas no tienen sitio en el mundo del dinero, que los que rechazan la medida no han hecho los deberes y que los que defienden el círculo virtuoso son los que él apoya, aunque espera que unos bancos suban y otros no. Eso sí, admite que puede haber una toma de beneficios a corto plazo ya que la medida no es la supresión total del mark-to-market que muchos estaban esperando, empezando por él, sino sólo algo que permite ganar tiempo al sector hasta que pase lo peor.
– Los reguladores estadounidenses se alistan a analizar las pruebas de resistencia (The Wall Street Journal – 6/4/09)
(Por Damian Paletta)
Los principales reguladores federales del sector bancario planean reunirse a comienzos de esta semana para discutir cómo analizar los resultados de las pruebas de estrés que están realizando los 19 mayores bancos del país, señalaron fuentes familiarizadas con la situación.
Los reguladores anunciaron las pruebas hace dos meses como parte de una iniciativa para determinar cuánta ayuda podrían requerir los bancos para seguir otorgando créditos si la crisis económica empeora. El Gobierno está analizando cómo reforzar a las entidades de otorgamiento de préstamos sin parecer que está ayudando a bancos que no podrán mejorar su situación.
En las reuniones de esta semana, también se espera que los reguladores analicen cómo los nuevos cambios a la normativa contable podrían afectar el desempeño de cada banco en las pruebas.
Los reguladores diseñaron las pruebas de estrés para asegurar que los bancos puedan sobrevivir -y continuar otorgando créditos- aun si la tasa de desempleo creciera sobre el 10% y los precios de las viviendas se contrajeran en otro 25%. Las pruebas apuntan a determinar si un banco necesitaría más capital para continuar entregando préstamos en tales circunstancias.
– Tesoro de EEUU ajusta sus planes para los activos tóxicos (The Wall Street Journal – 6/4/09)
(Por Maya Jackson Randall)
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el lunes algunas modificaciones a su plan para reiniciar el mercado para activos tóxicos que pesan sobre los balances de los bancos, incluyendo una extensión de la fecha límite para aplicar su programa de valores y nuevas clarificaciones sobre los criterios de participación.
Entre la confusión expresada por algunos de los participantes del mercado, el Tesoro también clarificó que la parte de "valores de legado" de su programa de activos tóxicos es independiente del programa de préstamos a consumidores y negocios de la Reserva Federal, la Línea de Crédito para Valores Respaldados por Activos a Plazo o TALF por sus siglas en inglés. Aunque trabajan en conjunto "se mantienen separadas", clarificó el Tesoro en un comunicado.
El programa TALF, el cual está dirigido a impulsar el mercado para valores de legado, tendrá su propio conjunto de términos, condiciones y requerimientos. Sin embargo, la participación en el TALF no prohíbe a un inversionista el participar en el programa de valores de legado del Tesoro, dijo el Tesoro, agregando que la financiación de los activos de legado está disponible para una amplia gama de participantes del mercado.
Los cambios y clarificaciones están dirigidos a inversionistas potenciales y participantes del segmento de valores de legado del nuevo programa de inversión público-privado del Tesoro. En general, el programa de inversión apunta a lidiar con los préstamos en los balances de los bancos. Bajo la parte de "prestamos de legado" del programa, el Tesoro apoyará la compra de los préstamos tóxicos de los bancos mientras Federal Deposit Insurance Corp. provee una garantía para la financiación de la deuda.
El Tesoro agregó que está particularmente interesado en la participación en el programa por parte de negocios pequeños o en manos de minorías o mujeres.
Para acomodar el creciente número de aplicantes, el Tesoro también anunció que extenderá la fecha límite para las solicitudes por email hasta el 24 de abril. Adicionalmente, el Tesoro espera informarles a los solicitantes sobre su cualificación preliminar en o antes del 15 de mayo.
– Rescate automovilístico – Obama, presidente de General Motors (Libertad Digital – 6/4/09)
(Por George Will)
¿Ha considerado nuestro planificador automovilístico, alias presidente Obama, la posibilidad de que los "coches del futuro" sigan siendo los de siempre?
La Constitución enumera tres requisitos que deben cumplir los candidatos a la Presidencia: han de ser ciudadanos estadounidenses de nacimiento, tener 35 años y haber residido en el país por lo menos durante 14 años. Pero tras la intervención masiva del Gobierno en la economía, deberíamos añadir una cuarta: los presidentes deberían saber pronunciar las mayores tonterías con cara de póker, no sea que la población entienda lo que están haciendo. No tendría consecuencias demasiado positivas que la gente comprendiera que se prometió a FIAT un préstamo de 6.000 millones de dólares si se quedaba con Chrysler.
Barack Obama exhibía su mejor talante para negar la realidad cuando proclamaba que "el Gobierno de Estados Unidos no tiene ningún interés en General Motors" para al mismo tiempo: anunciar la destitución de su consejero delegado y nombrar a su sustituto, promover la reelección del Consejo de Administración, anunciar la renovación del plazo para que la compañía presente otro plan de viabilidad y seguir inyectando miles de millones de dólares para reflotarla.
Esencialmente, su Administración prefiere llevar a cabo todas esas actuaciones antes de tolerar que un concurso de acreedores enfurezca al sindicato del sector del automóvil, quien ya había mostrado su agradecimiento anticipado a Obama a través de numerosas donaciones para su candidatura. De momento, el presidente ha tenido el "coraje" de destituir a los directivos, esa minoría tan odiada por todos. Va a necesitar, sin embargo, más valor si, tal y como anuncian desde su Gobierno, su paciencia se está agotando, de modo que la compañía podría tener que enfrentarse a una quiebra "controlada" o "quirúrgica". Vamos, que se tratará de una bancarrota artificial que no incordie en lo más mínimo a los sindicatos.
El pasado mes de noviembre, hace cinco meses y 17.400 millones de dólares en rescates al automóvil, yo mismo comentaba que:
Algunos detractores de la no intervención dicen que no se debe permitir que GM quiebre antes de que termine de fabricar las baterías de su Volt eléctrico, ya que presuntamente estos modelos son la clave para que resucite la compañía. La firma comenzó a diseñar este vehículo para congraciarse con los pocos ingenieros obsesionados con el medio ambiente que hay en el Congreso. Este grupo de congresistas ya ha aprobado rebajas fiscales de hasta 7.500 dólares destinadas a los compradores de estos coches (vamos, sobornos que revelan las dudas que tienen los políticos sobre el entusiasmo que despiertan estos coches entre los consumidores).
En diciembre, General Motors, a modo de pedigüeño que acude al Congreso a mendigar dinero a sus amos, pagó un anuncio en prensa a toda página disculpándose por haber "decepcionado" a todo el mundo y prometiendo dejar de vender tantas "camionetas y todoterrenos" (11 de los 20 productos más rentables de la compañía en 2008) para pasar a ofrecer "nuevos y revolucionarios vehículos como el Chevrolet Volt". Otro anuncio, que se lanzó a finales de diciembre y que seguro que todavía anda por ahí, muestra un automóvil conectado a un enchufe eléctrico y dice que el Volt supone "la reinvención del coche".
La semana pasada, en un soporífero resumen sobre el plan de viabilidad de General Motors, la Administración Obama sentenciaba que:
La compañía obtiene una gran parte de sus beneficios por la venta de vehículos de gama alta y todoterreno, que son vulnerables al progresivo cambio de las preferencias de los consumidores hacia los coches más pequeños. Sin embargo, aunque el Chevy Volt resulte prometedor, todavía es demasiado caro como para que resulte viable a corto plazo.
El abrupto cambio en las preferencias de los consumidores que supuestamente volvía desaconsejables los coches de gama alta para los nuevos expertos en automóviles de la Casa Blanca, se ha materializado durante estos días en titulares como: "Caen como una piedra: se desploman las ventas de los coches híbridos". Sin precios de la gasolina a 4 dólares, el consumidor -ese engorro con gustos insufribles- no quiere aquellos vehículos que los políticos quieren que quiera, ni siquiera cuando se los ofrecen con varios incentivos como enormes descuentos.
Los dos superventas de Estados Unidos este año han sido los vehículos pesados (la Serie F de Ford y el Chevy Silverado). En febrero, Toyata vendió 13.600 camionetas Tundra y Tacoma y 7.232 Prius. Vende los Prius perdiendo dinero, pero se lo puede permitir porque gana montañas de billetes vendiendo turismos de carga. ¿Ha considerado nuestro planificador automovilístico, alias presidente Obama, la posibilidad de que los "coches del futuro" sigan siendo los de siempre?
No podemos acusar a su Administración de no hacer correctamente aquello que, de por sí, no puede hacerse correctamente. Y es que la clase política, con una nula experiencia en el mundo empresarial, tiende a fracasar de manera estrepitosa en este ámbito. Ahora bien, la Administración sí puede ser criticada por intentarlo. El pasteleo del actual Gobierno (y también de su predecesor) merece el juicio que hace un entrenador de hockey sobre su equipo: "Cada día estáis más mantas. Y hoy habéis jugado como mañana".
(© Washington Post Writers Group)
– Nuevo paquete de medidas contra la crisis de la vivienda – EEUU lanza un plan para combatir el fraude inmobiliario en las segundas hipotecas (El Mundo – 6/4/09)
El Departamento de Justicia estadounidense, el Departamento del Tesoro y otras oficinas gubernamentales han anunciado un nuevo esfuerzo conjunto para combatir el fraude inmobiliario, especialmente, a las empresas que comenzaron a ofrecer refinanciamiento de deudas y ayuda contra ejecuciones hipotecarias, los llamados créditos "pay day" y otro tipo de productos de reunificación de deudas surgidos tras el estallido de la crisis "subprime" en agosto de 2007.
Más de 3 millones de personas se vieron afectadas por estas ejecuciones en 2008, un récord que contribuyó a hacer bajar los precios de las viviendas estadounidenses y espolear la crisis financiera que llevó a la recesión global.
Muchas de las ejecuciones afectaron a titulares de préstamos hipotecarios "subprime" -con tasas iniciales bajas- que después de un tiempo se incrementaban estrepitosamente. Los abogados han criticado a los prestamistas por haber desorientado a los beneficiarios sobre las reales condiciones de los préstamos.
El secretario del Tesoro Timothy Geithner dijo que las nuevas medidas tienen por finalidad evitar que criminales se aprovechen de la situación de golpeados propietarios, mientras la Administración toma los pasos necesarios para ayudar a esa gente a conservar sus propiedades.
"Justo cuando esta Administración intensifica sus esfuerzos para ayudar a los propietarios estadounidenses, aquellos que buscan aprovecharse de los más vulnerables están intensificando sus tácticas también", dijo Geithner.
"Para cuatro millones de estadounidenses, el sueño de una casa propia se ha vuelto una pesadilla por las acciones inescrupulosas de individuos o empresas que explotan el infortunio de otros", dijo el fiscal general, Eric Holder.
Prestamistas estafadores
Las nuevas medidas están diseñadas para detectar a tiempo las posibles estafas y contemplan un trabajo conjunto con el sector financiero para ayudarlo a identificar a las empresas fraudulentas.
Los estafadores normalmente cobran a los atribulados deudores un honorario previo para ayudarlos a tener alivio en los pagos hipotecarios, pero luego no entregan ninguna ayuda.
La Comisión de Comercio Federal (FTC, por sus siglas en inglés), una agencia de protección de consumidores, ha visto a muchas empresas fraudulentas con nombres que suenan como si estuvieran afiliadas al Gobierno. Una compañía llamada "Centro Legal de Modificación de Créditos Federal", por ejemplo, ha sido acusada por la Comisión por abusar de deudores con problemas.
Según la FTC, el centro les cobraba a los consumidores hasta 3.000 dólares en efectivo, pero hacía muy poco en tratar de asegurar nuevas condiciones crediticias de parte del acreedor.
La investigación sobre fraudes de la unidad de investigación del Tesoro dijo que encontró casi 180.000 supuestos casos de fraude hipotecario entre julio de 2002 y julio del 2008.
Segundas hipotecas
Una de las medidas urgentes que prepara el Ejecutivo estadounidense es la eliminación o la mejora de las condiciones de las llamadas "segundas hipotecas" sobre un mismo bien.
Las segundas hipotecas -préstamos sobre vivienda que generalmente se contrataban junto a la hipoteca primaria del bien durante los años de auge inmobiliario- han sido un obstáculo para refinanciar y modificar los préstamos para que resulten más asequibles.
Según las autoridades norteamericanas, las medidas irán desde eliminar estas hipotecas hasta mantenerlas y cambiarlas, siempre dentro del programa de 75.000 millones de dólares que el Gobierno está implementando para hacer que los créditos hipotecarios sean más asequibles para los propietarios.
– Para mantenerlos bajo control – Obama no quiere que los bancos rescatados devuelvan el dinero público (Libertad Digital – 7/4/09)
El presidente de EEUU no quiere que los bancos rescatados a cuenta del erario público devuelvan el dinero prestado. Obama prefiere controlar a las entidades y rechaza las peticiones de los directivos financieros, que reclaman al Estado que salga de su accionariado.
LD (L. Ramírez / M. Llamas) El sector financiero es un oligopolio controlado y amparado por los bancos centrales. Es decir, que su sistema no responde a criterios estrictos de mercado y es el sector con más influencia de los estados, que son los que, al fin al cabo, solicitan préstamos para realizar sus políticas. Pero ahora, tras el estallido de la crisis internacional, no es necesario que se pongan una careta: las entidades financieras dependen completamente del departamento del Tesoro y de la Casa Blanca.
Según explica en un artículo Stuart Varney, editorialista del Wall Street Journal, el presidente de EEUU, Barack Obama, "quiere controlar los bancos". La intención del inquilino de la Casa Blanca ha quedado confirmada tras desvelarse que está negando a algunas entidades financieras rescatadas con dinero público la devolución de los fondos prestados a través del Plan Paulson o TARP (en sus siglas en inglés).
El periodista explica que se trata sólo de un primer paso en la lucha de Obama para controlar también la principal industria norteamericana (la del motor) y la sanitaria. En teoría, el presidente pretendería con ello diseñar una recuperación económica en la que el Estado sería el principal impulsor.
Como ejemplo cita el caso de un "importante banco" norteamericano que fue recapitalizado cuando el presidente del Gobierno era George W. Bush para paliar la depreciación de activos de su balance. Posteriormente, esta entidad ha querido devolver el dinero prestado para evitar que el Estado tome decisiones sobre su gestión.
Pero Varney afirma que "el equipo de Obama dice que no e, incluso, amenaza al presidente del banco con consecuencias adversas si sigue en sus trece: se trata de una decisión política no económica". Esta historia fue publicada por Andrew Napolitano (ex juez y analista) en el informativo de la cadena de televisión Fox News.
Detrás de este aumento del control estatal se encuentra, entre otras cuestiones, la intención de la Casa Blanca de controlar el crédito que dan las entidades financieras a las pymes. El Gobierno federal piensa dedicar 15.000 millones de dólares para reactivar el flujo crediticio, reducir comisiones y aumentar garantías de préstamo. Además, los 21 bancos más grandes de Estados Unidos que reciban dinero público tendrán la obligación de informar sobre sus préstamos a las pequeñas y medianas empresas.
Los directivos, atrapados en la tenaza de la Casa Blanca
Los directivos de los bancos ayudados por el Tesoro se están dando cuenta de que el rescate no ha resultado ser tan beneficioso para ellos. Con el Congreso mirando con lupa el caso de la aseguradora American International Group (AIG) y sus primas multimillonarias, las entidades se han percatado de que se encuentran bajo el control gubernamental.
El pasado mes de octubre los nueve mayores bancos del país no dudaron en recibir más de 100.000 millones de dólares (suma que ha ido aumentando con los sucesivos planes de rescate), pero no sabían la que se les avecinaba. Si hubieran sabido que el futuro Gobierno de Barack Obama iba a poner en marcha una serie de leyes con carácter retroactivo como está haciendo -el límite a los primas a directivos o un impuesto del 90% sobre éstos- quizá se hubieran negado.
Ahora, los bancos temen que, al igual que los legisladores han limitado los sueldos de los altos directivos, puedan hacerlo también en otros asuntos. La solución pasa por devolver los fondos del TARP antes de que sea tarde.
El coste de tener capital público es muy alto
Según la cadena norteamericana CNNMoney, las entidades IberiaBank, TCF Financial y el Singature Bank ya han anunciado formalmente a la Administración sus intenciones de devolver el dinero recibido hasta la fecha, que entre los tres suma un total de 571 millones de euros. Y no son los únicos. Varias entidades medianas siguen sus pasos y entre los grandes, PNC, US Bancorp, JPMorgan, Northern Trust y Goldman Sachs han transmitido su propósito de reembolsar hasta el último centavo lo más rápido que les sea posible.
Además del temor al control del Gobierno, a los directivos de las entidades les preocupa que el coste de contar con capital federal en sus balances sea muy elevado, cuando los bancos en general han cerrado el grifo del crédito. No desean reactivar los préstamos ante la evidencia de que muchas entidades son insolventes, tal y como afirma ahora el inversor George Soros y avanzó LD el pasado diciembre. Asimismo, algunas instituciones consideran que las restricciones a los sueldos de sus ejecutivos consideradas en el último plan de estímulo aprobado por el Gobierno dañan la imagen de las firmas.
Según informa Bloomberg.com, Goldman Sachs se encuentra en conversaciones con los reguladores de EEUU para liquidar con la Administración a mediados de abril los 10.000 millones que ha recibido del TARP. También Wells Fargo quiere quitarse de encima el dinero público. Una de las formas de poder hacerlo pasa por recortar su dividendo, lo que le ahorraría a la entidad 5.000 millones de dólares al año.
Otro que comparte este enfoque es Bank of America. Según su consejero delegado, Kenneth Lewis, el banco podría devolver los 45.000 millones recibidos a finales de 2009 y lo haría hoy mismo si no fuera por los requisitos de capitalización. Además reconoce que aceptaron demasiado dinero del TARP que no les hacía falta.
"Lo hicimos por un exceso de prudencia, porque no puedes saber cómo de mal pueden ponerse las cosas, pero fue un error y provocó que se nos considerara de una forma que no merecíamos" explica. El dinero del rescate no se devuelve de forma automática. Las entidades tienen que pasar el famoso test de solvencia (stress test) del secretario del Tesoro, Tim Geithner. Los fondos se devolverán cuando Obama lo desee, sólo entonces se permitirá a las entidades operar de forma autónoma.
– Alemania abre el proceso para nacionalizar Hypo Real Estate (ABC – 10/4/09)
(Por R. Villapadierna / Berlín)
El Estado alemán ha ofrecido formalmente comprar el hipotecario Hypo Real Estate (HRE) a fin de estabilizar el mercado financiero en medio de la peor crisis que se recuerda. De llevarse a término, ésta sería la primera nacionalización bancaria en Alemania en 60 años.
Berlín ofrece un total de 290 millones de euros por un 91,3% de las acciones del HRE, uno de los mayores bancos del país, convertido en símbolo de la crisis financiera en Alemania. El Estado ya poseía el otro 8,7% desde hace semanas.
El banco ha presentado pérdidas por valor de 5.460 millones de euros en 2008, cuando un año antes todavía obtenía beneficios. La oferta, de 1,39 euros por acción, ha sido un 10% superior al mínimo legal para la oferta de compra, según los analistas.
El HRE ha recibido ya ayudas públicas por valor de 102.000 millones de euros, entre inyecciones de capital y avales estatales. El ejecutivo había puesto como condición para proseguir las ayudas asumir el control completo de la institución. Berlín ha reiterado la necesidad de salvar el HRE pues, una eventual quiebra, podría desencadenar una catástrofe financiera internacional comparable a la de Lehman Brothers.
Según el fondo federal de ayuda al sector bancario (Soffin) ésta sería "la oportunidad para que los accionistas del HRE se deshagan de sus inversiones a un precio atractivo".
El Soffin indicó que desea lanzar la oferta "muy rápidamente" y que anunciaría la duración de la misma en los próximos días. Si la oferta recaba un respaldo del 100%, el estado pagará 290 millones de euros por la parte del banco aún en manos de accionistas privados.
El director del Soffin subraya la intención de "estabilizar el mercado financiero utilizando un acercamiento orientado hacia el mercado si es posible y adhiriéndose a prácticas de mercado existentes".
Flowers quiere quedarse
La nacionalización incluye la posibilidad de expropiar a aquellos accionistas no dispuestos a vender al precio ofrecido, como sucede con el fondo estadounidense J. C. Flowers (24%) pues ha perdido en un año casi 1.000 de los 1.100 millones invertidos. Portavoces de Flowers dicen que prefieren mantenerse como accionistas y funcionarios alemanes indican que la expropiación sólo sería un último recurso.
El presidente de HRE, Axel Wieandt, se congratuló por la decisión del gobierno de la canciller Angela Merkel, al asegurar que se trataba de "una buena noticia" para el rescate de su banco. "La estabilización y el rescate de HRE deben de ser exitosos por el interés de todos".
– Trichet: "La nacionalización de algunas entidades es necesaria e inevitable" (El Economista – 10/4/09)
(Por Beda Romano. Il Sole 24 Ore)
Dos años después de que se desencadenara la peor crisis desde la Gran Depresión, el presidente del Banco Central Europeo, Jean-Claude Trichet, a sus 66 años, está en primera línea de batalla y tiene varios frentes abiertos. "¿Está fatigado?", pregunta Il Sole 24 Ore. "No", responde. A pesar de que son tiempos difíciles, Trichet se siente vital para afrontar una situación que cree que aún tardará en resolverse y que puede reservar sorpresas.
En muchos países se discute sobre la posibilidad de nacionalizar bancos. ¿Cuál es su postura al respecto?
Cuando se habla de nacionalización, hay dos opciones. En la primera, el Estado toma el control del banco, pero sin modificar su planteamiento legal. La sociedad sigue siendo una entidad de derecho privado y el Gobierno es un simple accionista. En la segunda opción, el Estado cambia la naturaleza de la institución crediticia, que se convierte en una entidad de derecho público. Desde mi punto de vista, si el control estatal tuviera que revelarse necesario, sería preferible, con diferencia, que se hiciera sobre la base de la primera opción.
Por tanto, ¿se trataría de que la presencia del Estado en la sociedad sea temporal, dando al Gobierno la posibilidad de salir?
Exactamente. La credibilidad de las decisiones también depende de una estrategia de retorno a la vida normal (sin crisis). En el mismo modo en el que nosotros, como Banco Central Europeo, tenemos que encontrar una salida a nuestra política monetaria después de que se hayan superado estos tiempos excepcionales, los gobiernos tienen que pensar en hacer lo mismo con su política económica.
¿Cree que el control público de los bancos es inevitable para salir de esta crisis?
En estas circunstancias, es muy importante ser humildes. Mirar a los números y a los hechos caso por caso. Lo cierto es que no existe una sola solución para todos, sin embargo, en algunos casos el control de la entidad crediticia por parte del Estado podría revelarse necesario e inevitable.
Tras la reunión del G-20, ¿considera que se han adoptado acuerdos de calado en relación a la cooperación internacional?
Esta reunión representa un punto de inflexión muy importante en la cooperación internacional. El G-20 se ha convertido en un foro indispensable en la gestión de esta crisis. Cabe recordar que el G-20 no es una institución informal completamente nueva. Ha nacido a finales de los años 90, en una realidad como la crisis de los mercados asiáticos y entonces se reveló muy útil. Hoy, sin embargo, ha dado un evidente salto de calidad, convirtiéndose en un foro complementario al G-7 o al G-8. En resumen, la reunión de Londres ha sido una ocasión histórica muy importante.
Se han tomado muchas decisiones. ¿Cuáles son las más importantes?
No escogería una medida concreta. Son todas importantes y hay que considerarlas en su conjunto. Me parece que cubren todos los aspectos más significativos de esta crisis. Ahora lo más relevante es que se introduzcan en el modo más rápido, veloz y con la mayor profesionalidad posible. A estas alturas, será necesario introducir progresivamente medidas anticíclicas, en particular en el campo de la regulación.
¿Acaso quiere decir que han sido lentos al introducir medidas para aliviar las consecuencias de la crisis?
No diría que los gobiernos han sido lentos. Diría, en cambio, que a nivel mundial, y por tanto también en la eurozona, no han sido lo bastante rápidos como para convencer totalmente a los operadores económicos. Las medidas de apoyo decididas son muy significativas -representan un 23 por ciento del PIB-, pero no siempre han sido introducidas de modo eficaz.
Desde hace algunas semanas las bolsas están al alza. ¿Es la luz al final del túnel o es mejor ser cautos?
Desde hace 18 meses se me hace esta pregunta con una cierta regularidad, antes y después del 15 de septiembre de 2008, cuando la crisis empeoró a causa de la imprevista quiebra de Lehmann Brothers. Nos estamos enfrentando a una corrección del mercado muy importante, difícil y turbulenta. Es un proceso que todavía se está desarrollando. Tenemos que ser responsables tanto en el sector público como en el sector privado y debemos estar listos para enfrentarnos a eventos inesperados, que son una característica típica de esta crisis, como hemos podido constatar. En fin, tenemos que permanecer continuamente alerta.
La impresión generalizada es que la crisis financiera se haya trasvasado a la economía real para volver ahora a pesar sobre las finanzas, a causa de las quiebras de empresas.
Hasta mitad de septiembre del año pasado, la crisis era sobre todo de índole financiera. Le recuerdo que hasta la quiebra de una institución sistémica norteamericana los países emergentes casi no habían sido tocados por la ralentización económica. Con la bancarrota de Lehmann Brothers la crisis ha empeorado de repente, se ha generalizado al planeta entero, golpeando la economía real. Se ha creado un círculo vicioso, que ha caracterizado los últimos dos trimestres. Se lo repito: estamos en un periodo de corrección de los mercados que sigue en marcha y tiene una enorme magnitud.
Para mayo han anunciado algunas novedades, como una nueva rebaja de los tipos y otras medidas no convencionales.
En lo que se refiere al tipo de referencia he dicho, a través del Consejo Directivo, que no podemos excluir posteriores reducciones de los tipos de interés de modo muy moderado. Con respecto al tipo sobre los depósitos, he dicho que el nivel actual del 0,25 por ciento ya es extremadamente bajo y no me espero cambios en el futuro más próximo. Sobre las nuevas medidas no convencionales, he explicado que el Consejo Directivo del Banco Central Europeo no tomará decisiones en la reunión de mayo. Como es habitual, el Consejo no quiere anticipar de ninguna manera las decisiones que se tomarán.
– Y 200.000 millones en avales – Alemania aislará sus activos financieros "tóxicos" en un "banco malo" (Libertad Digital – 10/4/09)
El ministro alemán de Finanzas, Peer Steinbrück, está dispuesto a ayudar a los bancos alemanes castigados por la crisis económica internacional a librarse de sus fondos contaminados a través de bad banks (entidades que compren los activos con fondos públicos)
LD (EFE) El semanario "Der Spiegel" revela en su próxima edición que el fondo para la estabilización de los mercados financieros SoFFin creará para ello una partida de 200.000 millones de euros para un programa de avales bancarios.
Añade que el plan del titular germano de Finanzas contempla que cada banco afectado desvíe sus fondos contaminados y altamente depreciados a un "bad bank" propio.
De ese modo, los bancos podrían volver a la normalidad con el resto de su capital sano y reanudar la concesión de créditos.
"Der Spiegel" subraya que, como esos "bad Banks" no funcionarán como institutos bancarios, tendrán reglas distintas a la hora de hacer sus balances y podrán gestionar sus títulos "tóxicos" hasta su caducidad al valor nominal, lo que les libera de contabilizarlos al bajo precio actual.
En el caso de que a su vencimiento tuviesen un valor inferior al de su emisión, el SoFFin asumiría las pérdidas.
Finalmente, destaca que los expertos del ministerio alemán de Finanzas calculan que solamente tres o cuatro bancos privados alemanes se acogerán a esta solución, que Steinbrück ya ha presentado a la canciller federal, Angela Merkel.
– Según Roubini – El "escenario más adverso" del test bancario en EEUU se queda corto (Libertad Digital – 14/4/09)
El Tesoro de EEUU evalúa las necesidades de capital de los grandes bancos. El resultado del stress test, que se ha retrasado, incluye diversos escenarios para calcular las supuestas pérdidas bancarias. Según Nouriel Roubini, la recesión en EEUU ya supera al peor de estos escenarios oficiales.
LD (M. Llamas) Las bolsas de medio mundo se están viendo impulsadas por los inesperados beneficios que ha registrado Goldman Sachs en el primer trimestre de 2009. Sin embargo, es pronto para lanzar las campanas al vuelo. El Gobierno de EEUU está estudiando los balances de los 19 bancos más importantes del país con el fin de estimar los agujeros financieros que aún acumulan y así poder inyectar el capital necesario, ya sea público o privado, para evitar nuevas quiebras bancarias.
Se prevé que la publicación de los resultados del citado test se retrase hasta finales de abril para no detener la euforia que últimamente vive la banca. Y es que, dichas subidas bursátiles chocan con las previsiones de algunos destacados inversores, tales como George Soros, Jim Rogers o el profesor de la Universidad de Nueva York Nouriel Roubini. Todos ellos coinciden en que los grandes bancos del país son insolventes.
En este sentido, Roubini considera en su último análisis que la grave crisis económica que sufre la primera potencia mundial supera al peor escenario que contempla el stress test del Tesoro y la Agencia de Garantía de Depósitos (FDIC) a la banca del país. Así, los datos macro correspondientes al primer trimestre de 2009 superan las previsiones de referencia contempladas por el FDIC en para 2009 e, incluso, las más pesimistas.
El test bancario se centra en la posible evolución de tres variables básicas -crecimiento, desempleo y depreciación de activos inmobiliarios- para estimar las posibles necesidades de capital que precisará la gran banca de EEUU. Tal y como refleja Roubini, el escenario base que emplea el Gobierno ya no sirve como referencia. Es el "escenario más adverso" el que debe servir de base para evaluar la insolvencia real de las entidades a la vista del creciente deterioro económico que sufre el país.
La siguiente tabla muestra los datos trimestrales que se están empleando para estimar las necesidades de capital de la banca de EEUU:
Desempleo
La tasa de paro en EEUU ascendió al 8,1% en el primer trimestre de 2009 y, por tanto, supera al escenario base (7,8%) y al más adverso del test bancario (7,9%). El problema es que la mayoría de analistas coinciden en que el desempleo seguirá creciendo a lo largo del año, y se prevé que supere el 10% e, incluso, el 11% a finales de 2009. De hecho, este dato superaría el paro que contempla el peor escenario del FDIC para 2010 (10,5%).
Así, por ejemplo, en una reciente nota Standard & Poor´s prevé que la recuperación económica no se produzca hasta finales de 2010 con tasas de desempleo superiores al 10%. Un escenario mucho más realista que los contemplados por el Gobierno de EEUU para estimar la debilidad de la banca. Además, un desempleo superior al 12% pondría en aprietos aún más serios a la mayoría de entidades debido al creciente volumen de impagos crediticios.
Recesión económica
Algo similar ocurre con la evolución del PIB en EEUU. La realidad supera al "escenario más adverso" del FDIC. El consenso económico prevé una contracción del PIB próxima al 5% anual en el primer trimestre de 2009, en línea con el escenario base. Aunque otras estimaciones de organismos privados, como el de Goldman Sachs y el de Paul Kasriel, analista de Northern Trust, se aproximan al peor escenario del FDIC.
Precios inmobiliarios
Por último, el desplome que ha experimentado el precio de la vivienda en EEUU también supera al "escenario base", tras registrar caídas superiores al 14% interanual. En realidad, el precio de los activos inmobiliarios registra descensos próximos al 20%, y descensos acumulados superiores al 26% interanual, tal y como avanzó LD. Es decir, la depreciación de activos está ya en línea con el "escenario más adverso" del test bancario (-22%).
El siguiente gráfico compara la evolución real de precios con las previsiones del Tesoro en su escenario de referencia y en el más pesimista -la caída de precios en enero se situó en línea con el "escenario más adverso" del test oficial.
De este modo, Roubini advierte de que los "actuales datos macroeconómicos para 2009 son ya peores que el peor escenario que contempla el stress test". Por ello, es éste último y no el escenario base el que servirá de referencia para evaluar las necesidades de capital de la banca estadounidense. De ahí que los analistas e inversores no confíen demasiado en los buenos resultados que presentan algunas entidades en el primer trimestre del año, informa Bloomberg. No se descarta una tercera ronda de inyección pública a la banca e, incluso, la nacionalización parcial de entidades, tal y como alertó recientemente Roubini.
Correlación histórica con el "caso" argentino (Alarmantes coincidencias)
"Argentina, levántate y anda". Con esta mística invocación inició Carlos Saúl Menem su discurso inaugural ante la Asamblea Legislativa el 8 de julio de 1989.
En la campaña presidencial, Menem se presentó con una imagen que recordaba a Facundo Quiroga, el mítico caudillo de las luchas entre unitarios y federales en el siglo XIX. A su proyección nacionalista no le faltó la liturgia "antiyanqui" cuando pidió la ruptura de relaciones diplomáticas con los Estados Unidos frente al bombardeo de la residencia privada del presidente de Libia, Muhamar Khadafi. En su recorrido electoral también prometió recuperar las Islas Malvinas "por el medio que sea". a la vez que prometía el "salariazo" a una clase obrera empobrecida y la "revolución productiva" al conjunto de la sociedad.
Su larga cabellera y sus pobladas patillas, más un infaltable poncho completaban una presencia que infundía desconfianza en el "establishment" local y en más de una Embajada, convencidas de que de su mano la Argentina se encaminaba hacia otro ensayo populista.
Sin embargo, su breve discurso al asumir la presidencia pareció ir en otra dirección. Después de describir con crudeza la situación económica imperante prometía terminar con la corrupción y la cultura de la especulación y volver a poner en marcha la economía, pero advertía que "los resultados no serán todo lo urgente y rápido que nosotros deseamos".
También planteaba un proyecto de gestión que integrara al país a la comunidad internacional y el respeto a los compromisos contraídos en materia de deuda externa.
En los días previos al cambio de gobierno, el futuro plan económico se había tornado en un bullicioso campo de batalla. Distintos sectores del justicialismo se disputaban el liderazgo, de modo que el presidente electo decidió adelantar los nombramientos en el equipo económico, como forma de dirimir la disputa. El recurso no sirvió de mucho, pues el locuaz futuro secretario de Coordinación Económica Guido Di Tella, preanunciaba una política de dólar "recontraalto" que aceleraba aún más el proceso hiperinflacionario, mientras que, por otro lado, se hablaba de un acuerdo voluntario de precios y la derogación de la mítica Ley 20.680, que había sido la base legal de los controles de precios de la década de 1980. Miguel Roig, el ministro de Economía designado, guardaba silencio frente a un estilo que le resultaba bastante ajeno a la reserva que rodeaba las decisiones en los legendarios despachos de Bunge & Born (principal grupo empresarial argentino, con diversificados intereses en sectores agropecuarios e industriales a nivel nacional e internacional, del que provenía el ministro Roig).
En medio de ese clima fue abriéndose paso el denominado Plan B&B (por Bunge & Born). El Presidente había advertido que las primeras medidas serían duras y así ocurrió. El paquete inicial consistió en un meteórico ajuste del tipo de cambio, que pasó de 210 a 650 australes por dólar, y de aumentos entre 200% y 600% en los combustibles líquidos, el gas, la electricidad, el agua y los teléfonos, con el compromiso de mantener fijos los nuevos valores. De este modo se procuraba estabilizar las finanzas públicas y moderar la incontrolada emisión de moneda. El esquema incluía también como piezas centrales un acuerdo de precios y pautas para futuros aumentos de salarios.
Sólo un gobierno con alta legitimidad podía adoptar decisiones tan inquietantes para la vida cotidiana de los ciudadanos. En ese clima, el país, que oscilaba entre la parálisis, el temor y la esperanza, recibió desconcertado la noticia del repentino fallecimiento del ministro de Economía a pocos días de iniciada la gestión. El timón de la economía pasó entonces a manos de Néstor Rapanelli, también alto ejecutivo del grupo Bunge & Born.
Las medidas coyunturales de ajuste, aunque profundas, no denotaban ningún cambio de rumbo definido; más bien parecían más de lo mismo. Pero pronto en algunos medios esta sensación comenzó a modificarse. Con la paciencia de un pastor, el Presidente recorrió los más importantes ámbitos empresariales, llevando un mensaje que parecía hecho a la medida de cada sector.
Más allá de las palabras, el Congreso aprobó en tiempo récord dos leyes fundamentales para el rumbo del gobierno: la Ley de Emergencia Económica, que suspendió multitud de subsidios al sector privado que drenaban las arcas fiscales y la de Reforma del Estado, que habilitó los mecanismos para la privatización de las empresas públicas. Al gobierno le costó un poco más ponerse de acuerdo internamente en materia tributaria, pero finalmente impulsó y obtuvo legislación que, entre otras cuestiones, le permitió extender el impuesto al valor agregado a diversos bienes y servicios hasta entonces exceptuados.
Con este arsenal en la mano, en noviembre de 1989 se logró un nuevo acuerdo con el FMI por 1.500 millones de dólares. Los requisitos para los desembolsos terminaban de dar forma a un verdadero plan de gobierno: apertura comercial, libre movimiento de capitales, liberalización del sistema bancario, privatizaciones, desregulación de la economía, reducción del déficit fiscal, desregulación del mercado petrolero y compromiso de recortar la operatoria del Banco Hipotecario Nacional y del Banco Nacional de Desarrollo (BANADE) eran los puntos principales de la nueva agenda económica de la Argentina.
En sólo seis meses el gobierno había introducido un cambio copernicano en la orientación del país, sumiendo en la confusión a todo el espectro político. El Partido Justicialista no lograba asociar el rumbo del gobierno con los ejes más profundos de su doctrina y marchaba detrás de los acontecimientos, arrastrado por un fenómeno nuevo, el "menemismo". La conmoción interna se hizo sentir con fuerza en el sector sindical, culminando con la fractura de la CGT.
En el radicalismo las opiniones también estaban divididas; finalmente buena parte de las reformas parecían extraídas del programa de gobierno de su derrotado candidato, Eduardo Angeloz. Los liberales, por su parte, vacilaban en darle un apoyo definido al gobierno, con excepción de Álvaro Alsogaray, que desde un primer momento tuvo claro el horizonte.
En el corto plazo, sin embargo, las medidas adoptadas no lograban estabilizar la economía. Existía un abismo entre el programa de reformas estratégicas y la administración cotidiana. No se habían logrado ordenar las finanzas públicas, las demandas salariales iban en ascenso y la inflación comenzó a acelerarse. Pronto resultó evidente que el tipo de cambio no podría sostenerse y la compra de dólares aumentó, elevándose abruptamente su cotización en el mercado paralelo, mientras el gobierno intentaba retener a los tenedores de pesos tentándolos con astronómicas tasas de interés en los bancos.
Desbordado por la situación, el equipo económico intentó un nuevo programa de ajuste -el BB II- consistente en una devaluación del 54%, alzas de tarifas y de retenciones a las exportaciones, modificaciones en los salarios públicos y privados y una reprogramación de los vencimientos de la deuda interna.
Lejos de contener la situación, las nuevas medidas acentuaron la desconfianza, los ahorristas retiraron masivamente los depósitos de los bancos, las tasas de interés llegaron al 50% mensual y el dólar comenzó a trepar a un ritmo de más del 10% diario.
Inevitablemente la situación condujo a la renuncia del ministro Rapanelli en medio de fuertes discusiones sobre el rumbo de la economía al interior del gobierno y del Partido Justicialista. Sin muchos recursos a la mano y con el consabido período de feriados bancarios y cambiarios, el Presidente apeló a Erman González, un contador público muy cercano, que había sido ministro de Economía de La Rioja cuando Menem gobernaba esa provincia.
En un improvisado paquete de medidas, el nuevo ministro liberó el mercado de cambios, dejando flotar libremente el dólar, volvió atrás con el aumento de las retenciones, para incentivar la liquidación de divisas por parte de los exportadores agropecuarios y mantuvo el aumento de tarifas dispuesto por su antecesor.
Diciembre cerró con una inflación del 40%, acumulando casi un 5.000% en el año, una caída del poder de compra del salario del 33% y una contracción de la economía del 4,8%. Ese mes, el valor del dólar, que había sido fijado en 650 australes por unidad al inicio del gobierno, alcanzó un promedio de 1.137 australes. La hiperinflación se había instalado nuevamente.
El plan de reformas también tambaleaba. Pasado el impacto inicial, la resistencia a las privatizaciones estaba en ascenso, en especial por parte del sector sindical.
El acuerdo con el FMI, aprobado tan sólo algunos días atrás, parecía una delirante abstracción de la realidad. Sólo llegó a desembolsarse un primer pago, antes de quedar en suspenso.
(1990) La corrida sobre los bancos no se detenía, así que el 3 de enero de 1990 el gobierno decidió la conversión forzosa de los depósitos a plazo fijo por títulos en dólares a 10 años de plazo, los desde entonces célebres Bonex 1989. Quedaron exceptuados de esta medida todos los depósitos menores al equivalente a unos mil dólares y también los destinados al pago de salarios. Con el correr de los días las excepciones se ampliaron, excluyendo a entidades de bien público y a los fondos requeridos por particulares para pagar impuestos.
El clamor por la seguridad jurídica se alzó nuevamente entre los ahorristas atrapados por el Plan Bonex, aunque frente a las astronómicas tasas de interés que se pagaban y tras la enorme corrida bancaria, a muchos les resultaba difícil argumentar que no habían percibido el riesgo que corrían.
El Presidente apoyó a su ministro y defendió personalmente la medida. En un encuentro con representantes de la industria automotriz lo planteó en estos términos:
Vivimos hasta hace 45 días del plazo fijo. Era muy fácil hacer dinero en la República Argentina sin trabajar. Mientras el obrero quebraba su lomo todos los días (.) había otros que con esa cultura de la especulación (.) colocaban sus recursos a siete días y luego los volvían a colocar ya con los intereses agregados al capital (.)
El efecto inmediato de la transformación en bonos del 60% de la masa monetaria fue un enorme grado de iliquidez que acentuó el clima de recesión. Pero el efecto duró poco tiempo, tan sólo en enero de 1990 la emisión creció un 35%, alimentada por el déficit fiscal que seguía fuera de control. Los precios, por su parte, continuaban su ascendente carrera, 79% de inflación en enero, 62% en febrero y 95% en marzo.
Mientras la credibilidad del gobierno comenzaba a erosionarse, se discutían distintas alternativas para superar la situación. Los sectores más tradicionales de justicialismo proponían volver a los controles de cambios y precios, mientras que por otro lado cobraba fuerza la idea de establecer un régimen de convertibilidad de la moneda con el dólar. Pero el Presidente todavía se inclinaba por una salida más tradicional. Temía un salto al vacío que precipitara a su gobierno en una crisis sin retorno.
Su amigo, el ministro Erman González, tuvo entonces una tercera oportunidad y puso en marcha un nuevo paquete de ajuste que incluía más aumentos de tarifas e impuestos y un importante programa de reducción del gasto público.
Para Menem la nueva situación era clara: "hasta la Unión Soviética y los países socialistas se están alineando en este mundo moderno y capitalista, por más que a muchos no les guste". En su visión (palabras pronunciadas en su visita a la CGT en marzo de 1990):
No es liberalismo lo que estoy pregonando, es capitalismo social dentro de lo que es justicialismo, como bien lo quería el General Perón (.) Lo que estamos haciendo es peronismo, y peronismo de alta escuela, actualizando la doctrina Nacional Justicialista -no la ideología, porque los ideologismos ya no tienen vigencia en el mundo- para ponerla al servicio del país y del pueblo argentino.
Para ese momento, el debate tanto dentro como fuera del justicialismo era intenso. Todo el andamiaje ideológico edificado en los meses previos estaba amenazado y muy especialmente el proceso de privatizaciones. Además varios escándalos de corrupción en el manejo de los recursos públicos involucraban a altos funcionarios del gobierno.
Viendo peligrar el proceso de cambio, en abril de 1990 los sectores más liberales organizaron una marcha hacia la Plaza de Mayo por el "sí a las privatizaciones y el proceso de reforma del Estado". Menem optó por un cauteloso discurso frente a los manifestantes y desgranó un pensamiento que recorrió el país: "estamos mal, pero vamos bien".
La tensión sobre estos temas era fuerte, pero la voluntad estaba firme y, a pesar de los tropiezos en la administración cotidiana de la economía, logró avances sustantivos en el proceso de reforma del Estado, con la privatización de Aerolíneas Argentinas, la compañía de teléfonos, canales de televisión y radios, parte de las empresas petroquímicas y la concesión del 40% de la red caminera sujeta a peaje.
Después de las medidas económicas de marzo, la inflación volvió a ceder por unos meses y en mayo el gobierno logró restablecer el acuerdo con el FMI. Pero en agosto los precios se empinaron nuevamente y, una vez más, las consabidas medidas de ajuste fiscal pusieron paños fríos en una economía que seguía sin encontrar un rumbo.
Tras dieciocho meses de gestión no eran muchos los logros que podían mostrarse. En 1990 la economía había crecido un magro 0,4%, impulsada fundamentalmente por las exportaciones, mientras la inversión y el consumo seguían en descenso. La inflación había alcanzado el 1.344% y el poder adquisitivo del salario apenas si había recuperado los niveles de principios de 1989.
En cambio, el ajuste había permitido equilibrar las cuentas externas. Las exportaciones habían superado en casi 8.000 millones de dólares a las importaciones, lo que junto al retorno del financiamiento externo generó 2.700 millones de dólares de reservas. También comenzó a sentirse el efecto fiscal de las privatizaciones: los bienes transferidos produjeron 791 millones de dólares de ingresos en efectivo y 6.741 millones en títulos de la deuda pública. A pesar de estos resultados, en su meteórica carrera, el dólar había pasado de valer 1.316 australes por unidad en diciembre de 1989 a 5.130 australes un año después.
El último trimestre de 1990 estuvo altamente teñido por tres resonantes acontecimientos políticos. En septiembre el gobierno anunció que la Argentina participaría junto con Estados Unidos en la Guerra del Golfo. En noviembre la empresa Swift-Armour, perteneciente al grupo Campbell Soup, puso en conocimiento del embajador estadounidense que se le había exigido el pago de comisiones para agilizar trámites de radicación de una planta en Rosario. Como broche de oro, inesperadamente, el 3 de diciembre, se produjo un nuevo alzamiento militar encabezado por el coronel Mohamed Seineldín. Pero el Presidente actuó con rapidez y el ejército le respondió aplastando la rebelión. Poco tiempo después, Menem indultó a los ex jefes de las Juntas Militares y a los principales dirigentes de la Organización Montoneros.
(1991) Con un dólar imparable y la amenaza de un nuevo ascenso de la inflación, a fines de enero de 1991 el Presidente finalmente se decidió a nombrar a Domingo Cavallo como ministro de Economía en reemplazo de Erman González. El recambio ministerial también llevó a Guido Di Tella al Ministerio de Relaciones Exteriores.
Hacía tiempo que el hasta entonces Canciller venía proponiendo un nuevo rumbo de política económica, así que a poco días de asumir, el 19 de febrero de 1991, el gobierno envió al Congreso un proyecto de ley que establecía la convertibilidad fija del austral con el dólar estadounidense a una relación de 10.000 australes por dólar.
El esquema de la convertibilidad era sencillo. El Banco Central vendería al tipo de cambio establecido todas las divisas que le fueran demandadas y debería retirar de la circulación todos los australes recibidos en pago. A su vez, podía comprar a precios de mercado todas las divisas que se le ofrecieran, haciendo uso de la emisión si fuera necesario.
Simultáneamente, se establecía que las reservas internacionales en oro y divisas extranjeras debían ser por lo menos iguales a la base monetaria, que es la suma de la moneda en circulación más los depósitos de los bancos en el Banco Central como reservas de liquidez.
Llevó un poco de tiempo explicar a la opinión pública por qué un mecanismo en apariencia tan simple iba a resolver una tendencia recurrente a la hiperinflación que parecía sin solución. Tampoco los legisladores se mostraban al principio muy convencidos.
La clave era que el gobierno se comprometía a emitir moneda sólo en la medida que comprara divisas y debía retirar de la circulación todo el circulante que recibiera cuando las vendía. La piedra angular era que cesaba toda emisión monetaria con destino a financiar el gasto público y el Banco Central quedaba transformado en una simple Caja de Conversión.
En otros términos, se trataba de un mecanismo forzoso para que el Estado abandonara la emisión espuria de moneda. Algo que la abrumadora mayoría de los países del mundo había logrado sin llegar a situaciones ni decisiones tan extremas.
Completando el diseño y para evitar que la inercia de la inflación destruyera el nuevo modelo, la ley preveía el cese de todos los mecanismos de indexación existentes en la economía.
La sanción de la ley recién se logró al cabo de un mes y medio de trámite parlamentario y rigió desde el 1º de abril de 1991. A través del breve recorrido de 14 artículos se habían puesto las bases de una nueva etapa en la vida económica nacional.
Era la quinta vez que se ponía en marcha un mecanismo de este tipo en la Argentina y en el mundo se encontraba definitivamente en desuso. Los estudios e historia económica muestran que en su origen fue "un invento del Imperio Británico". La primera Caja de Conversión se puso en funcionamiento en 1849 en Mauricio -un minúsculo territorio de 2.000 kilómetros cuadrados ubicado en el Océano Índico- y rápidamente se extendió a alrededor de 70 colonias británicas en Asia, África, el Caribe y Medio Oriente. La idea subyacente era que estos estados eran demasiado pequeños para tener una moneda propia fuerte y necesitaban la referencia de la libra esterlina.
Algunos otros países -muy pocos- también adoptaron el sistema en diversas ocasiones, entre ellos la Argentina. El período más notable de vigencia en nuestro país fue entre 1902 y 1914. La Primera Guerra Mundial arrasó con el experimento, pero quedó viva una estela de nostalgia en los sectores que se enriquecieron durante esos años y, con frecuencia, se destacaron más los aspectos positivos de aquella "belle époque" que el descalabro financiero en que concluyó.
Para el momento en que Argentina puso en vigencia el sistema de la convertibilidad, en 1991, sólo siete gobiernos en el mundo aplicaban reglas similares: Bermuda, Islas Malvinas, Brunei, Islas Caimán, Islas Feroe, Gibraltar y Hong Kong. En los años posteriores, a pesar del éxito inicial de su aplicación en Argentina, el experimento tampoco incorporó muchos adeptos.
Con el tiempo las debilidades de la convertibilidad fueron imponiéndose sobre sus fortalezas, conduciendo al país a la mayor crisis de su historia contemporánea.
Pero en aquellos días fundacionales, la natural inclinación de gran parte de la sociedad argentina por toda fantasía económica que vuelva al país al lugar que "merece" en el mundo, velaba eficazmente cualquier reflexión sobre los peligros del camino que se iniciaba. Naturalmente el gobierno alentaba esta propensión.
A lo largo de 1991 multitud de normas terminaron de diseñar cómo operaría la economía bajo las nuevas reglas.
La apertura del comercio exterior volvió a ocupar un lugar destacado en la agenda mediante la simplificación de las escalas de los aranceles de importación y la rebaja de los mismos. La tesis era, una vez más, que para que la Argentina fuera competitiva había que profundizar la competencia externa.
En noviembre el gobierno emitió una suerte de "Biblia de la desregulación" que desmontaba virtualmente todo el enmarañado andamiaje de regulaciones, edificado a lo largo de los años por un Estado con alta vocación intervencionista y baja eficacia de gestión.
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