Los países emergentes hacia la Globalización en el contexto de una Economía Social de Mercado
RESUMEN EJECUTIVO
La globalización y liberalización económica implican que los procesos de formulación de las políticas internas y externas ya no pueden atenerse a los patrones ni a los actores tradicionales y que, en muchos aspectos o a nivel de varios instrumentos, ya no hay el mismo nivel de control nacional sobre decisiones que tienden a ser supranacionales. Por consiguiente, tanto en lo interno como en lo externo, una estrategia «post-ajuste» macroeconómico, basada en los elementos señalados, implica avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo para los países emergentes cuyos lineamientos apenas se empiezan a esbozar en términos conceptuales y a medida que la práctica produce enseñanzas.
La evolución económica y social que se ha registrado desde principios de la década parece indicar que conviene definir e instrumentar una «gobernabilidad económica» para países emergentes que reuniría dos condiciones simultáneas: por una parte, responder a los retos internos y externos planteados por la globalización; por otra, buscar los «puntos de anclaje» nacionales y regionales que puedan articularse con la apertura global, consolidarla y legitimarla.
En el ámbito interno, la gobernabilidad económica que los países de la región buscarían definir como marco global para sus estrategias nacionales de desarrollo incluiría, en primer lugar, la reducción de la pobreza y el desarrollo social, mediante políticas sociales de largo plazo y consistentes con las políticas macroeconómicas.
Otras prioridades indispensables en la visión global requerida por la gobernabilidad económica incluirían el desarrollo institucional (es decir, la capacidad del Estado de diseñar e instrumentar políticas adecuadas en todos los campos, mediante una administración pública profesional, confiable y capacitada), el apoyo a la competitividad de las empresas (que incluye las políticas de desarrollo tecnológico) y el desarrollo sostenible (es decir, la articulación del crecimiento económico con la equidad social y el uso racional de los recursos naturales.
En el ámbito externo, la gobernabilidad económica debería centrarse en un objetivo general: una adecuada inserción en la economía mundial como instrumento del desarrollo nacional y regional. Esa inserción implica lograr una apertura económica balanceada entre las presiones del contexto externo y las necesidades internas, y prepararse a negociar nuevos temas y nuevas alianzas. Como complemento, los países emergentes deberían participar activamente en la gestación de una gobernabilidad del sistema económico internacional.
Un elemento central que integraría el concepto de gobernabilidad económica internacional se refiere al buen manejo e los tres pilares de la economía mundial: moneda, finanzas y comercio. Introducir estabilidad y justicia en estas tres áreas y considerarlas como un todo, sería la mayor contribución que puedan realizar los países para apoyar sus estrategias de apertura y modernización. En efecto, la globalización maximiza los efectos de las turbulencias del sistema económico mundial. Por consiguiente, pone de relieve la necesidad de normas e instituciones que regulen el funcionamiento de dicho sistema, en beneficio de todas las economías del planeta. En otros términos, también debería poder generar gradualmente un consenso en torno a normas de conducta para la gestión de la economía mundial, que tengan en cuenta el necesario equilibrio entre los papeles respectivos de los Estados y del libre mercado.
Es evidente que, mientras más rápido se produce la integración en el proceso de globalización, mayor es el grado de vulnerabilidad de las economías en desarrollo frente al exterior si no han logrado consolidar su capacidad de adaptación. Por lo expuesto, los objetivos del desarrollo económico y social no deberían estar únicamente centrados en lograr acelerados niveles de crecimiento, sino más bien en obtener niveles de crecimiento estable e integral, que puedan mantenerse en el mediano y largo plazo.
Esto es particularmente importante si se reconoce la incertidumbre que está implícita en la globalización económica y si se recuerda que existe una marcada diferencia entre las condiciones y posibilidades que tienen los países industrializados y los países en desarrollo para aprovechar las oportunidades y manejar los riesgos de la globalización. No solamente es inequitativa la distribución geográfica de los beneficios atribuidos a la globalización -por razones estructurales-, sino que es muy variable según las coyunturas.
En la historia de la industrialización, y más específicamente, en la historia de países emergentes en las últimas décadas, los períodos de crecimiento con equidad y estabilidad han sido más la excepción que la norma. Mientras tanto, la globalización se ha acelerado e intensificado en todas sus manifestaciones, en particular, en cuanto a tres asimetrías que frenan el desarrollo y que requieren atención inmediata mediante políticas nacionales e internacionales eficientes y articuladas entre sí: (i) la pobreza y la creciente brecha entre pobres y ricos; (ii) el atraso tecnológico, informativo y educativo en comparación con las exigencias de siglo XXI; (iii) el acceso a fuentes de financiamiento productivas y estables
Para que pueda hablarse del éxito de un sistema económico, es requisito fundamental que se distribuya las funciones entre el Estado y el sector privado, en forma balanceada y con criterios convincentes.
De esta manera la interacción de la variable económica con la social y la ambiental posibilitará en el marco del Desarrollo Sostenible y dado el contexto de una Economía Social de Mercado un entorno propicio para el diseño de políticas de carácter global que contribuyan a la apertura de países emergentes, hacia un contexto globalizador donde las señales internas a través de la estabilidad y crecimiento repercutan en el impulso del desarrollo productivo y sobre todo social.
1. Los problemas actuales del desarrollo en una economía global
Los procesos de globalización y liberalización, que involucran a la vez la evolución de los Estados y del sistema mundial en su conjunto, han sido ampliamente comentados y analizados en todas sus vertientes y consecuencias (financieras, comerciales, tecnológicas, culturales, etc.). América Latina y el Caribe ha sido una de las regiones que más ha experimentado los efectos de dichos procesos en los últimos diez años, y que sigue avanzando en los ajustes internos y externos generados por la globalización.
A la complejidad de los cambios que se derivan de las transformaciones del sistema mundial se añaden los cambios que individualmente llevan a cabo los países latinoamericanos y caribeños: los procesos internos y externos se acumulan e interrelacionan, planteando una serie de ajustes en todos los niveles y sectores económicos y sociales, así como nuevos retos, simultáneos, para su gestión nacional e internacional.
En efecto, la experiencia de la región está demostrando que los esfuerzos de modernización y apertura emprendidos unilateralmente necesitan, para traducirse en beneficios amplios y permanentes, de ajustes paralelos en el contexto externo, para minimizar el riesgo de crisis o inestabilidades exógenas: la apertura comercial de cada uno de los países de la región requiere consolidar y, en algunos casos, profundizar los resultados de la Ronda Uruguay; asimismo, la apertura de los sistemas financieros nacionales requiere una mejor gestión de los flujos de capital a nivel internacional.
La mayoría de los análisis coincide en señalar que la incertidumbre y la inestabilidad seguirán caracterizando los procesos de globalización y su impacto. Hay también coincidencia en destacar que la principal consecuencia para los países emergentes, es la permeabilidad ante la amplitud de los cambios, la cual, a su vez, puede expresarse -en términos negativos- en un alto grado de vulnerabilidad.
Esto significa que el impacto de los cambios puede ser positivo o negativo, es decir, que la apertura puede traducirse, por ejemplo, en oportunidades de exportación o inversión, al igual que convertirse en riesgos, como lo demuestra la volatilidad de los flujos de capital, en particular en la experiencia de América Latina y el Caribe. Es la calidad de los ajustes -tanto a nivel nacional como internacional- la que determina la diferencia entre un balance positivo o negativo, entre el aprovechamiento de la oportunidad o el costo del riesgo.
Resulta difícil dar una definición satisfactoria de la globalización y liberalización, pero se pueden detectar tres tendencias principales que abarcan el conjunto de los procesos de cambio, y que inciden directamente sobre cualquier política o estrategia de desarrollo:
– la multidisciplinaridad e interrelación entre los temas que conforman la agenda económica y social;
– la importancia creciente de nuevos actores -además del Estado y de los organismos internacionales- y la tendencia a reforzar, a nivel internacional, las acciones de tipo supranacional;
– la aceleración de los cambios en todos los ámbitos de la actividad económica, y por ende la dificultad de diseñar políticas para el largo plazo.
2. Políticas y estrategias para el futuro
Esas tendencias implican políticas y estrategias de desarrollo internas y externas flexibles pero con objetivos claros, tanto en el plano microeconómico (es decir, a nivel de la gerencia de las empresas) como en el macroeconómico (cuya responsabilidad le incumbe al gobierno). Los elementos claves de dichas políticas y estrategias se comentan a continuación:
2.1. Políticas a nivel interno
La estabilidad macroeconómica es un requisito indispensable para el crecimiento económico, el desarrollo del sector privado, la atracción de la inversión nacional y extranjera, el control de la inflación, la eficiencia de las políticas sociales y la disminución de la pobreza. En otros términos, le corresponde al gobierno proporcionar el «telón de fondo» estable y apropiado para que las acciones sectoriales, públicas y privadas, se maximicen en pro de un desarrollo integral.
El Estado tiene un nuevo papel, que implica asumir plena y eficientemente su responsabilidad, en particular en materia del Desarrollo Sostenible que contextualiza al crecimiento económico la equidad social, la gobernabilidad y desarrollo institucional, e indudablemente lo que significa la transformación productiva hacia un mejor desarrollo tecnológico, según los lineamientos que se comentan a continuación:
2.2. Elementos sustanciales de la Economía Social de Mercado
La Economía Social de Mercado es un sistema abierto, en cuanto al resultado económico, al surgimiento de nuevos valores, a la solución de nuevos problemas, abierto en cuanto al horizonte del tiempo. Esta apertura del sistema, hace imposible definir específicamente "el" papel del Estado en este contexto y por ende, éste tiene que ser redefinido permanentemente.
Los elementos sustanciales de este sistema son:
– Libertad de decisión individual para empresarios, trabajadores y consumidores; concretamente, ello significa, por ejemplo, libertad contractual, decisión individual de inversiones empresariales, libre elección del lugar y puesto de trabajo, del lugar de educación y soberanía del consumidor.
– El mecanismo de precios y competencia, como el instrumento sobresaliente para coordinar y dirigir los planes y preferencias individuales. Los precios en los mercados de bienes, factores y capital, o sea el precio de los bienes, los salarios, intereses, alquileres y arrendamientos, son los indicadores primarios para las decisiones de los oferentes y demandantes.
– Una libre formación de los precios en los mercados, es decir, sin intervenciones del Estado. En el caso de la formación de los precios en el mercado laboral, se cuenta con una especial seguridad jurídica y la autonomía salarial.
– Propiedad privada sobre los bienes de consumo e inversión, como condición necesaria para la motivación individual, pero también para asumir la responsabilidad por decisiones equivocadas.
– Una política monetaria orientada a la estabilidad del nivel de precios, con el fin de crear las condiciones necesarias para realizar las decisiones a largo plazo de los participante del mercado, en especial el caso de las inversiones, y reducir las desventajas sociales que ocasiona la inflación.
– Una relación equilibrada entre la eficiencia económica de los mercados y la redistribución estatal.
– La política de ordenamiento del Estado, con la cual se establece el marco general para el accionar individual, empero, sin intervenir en el proceso de toma de decisiones de los individuos.
2.2.1. Lineamientos Macroeconómicos
Las políticas monetarias, financieras y fiscales deberían mantener su orientación a la consecución de la estabilidad macroeconómica sustentando la inflación dentro de un rango adecuado al crecimiento pero a la vez dirigidas a la promoción de la inversión de los sectores productivos y de servicios.
Debería ejecutarse un programa macroeconómico de mediano plazo que garantice una inflación de un dígito y la tendencia hacia la eliminación del déficit del sector público no financiero.
La estabilidad se manifestaría en la transformación productiva que reactive a la economía con un programa de reestructuración y financiamiento para lograr una economía sólida en el largo plazo, como forma de alcanzar un aumento permanente de los niveles de ingreso de los países.
Con el crecimiento del aparato productivo, la estrategia en su proceso perfectible, aspira a que las economías alcancen un crecimiento promedio de por lo menos un 5%, garantizando la seguridad alimentaria, una disminución continua de la desocupación e iniciando la superación de la profunda desigualdad en la distribución del ingreso.
Un tercer componente manifiesta la necesidad de introducir cambios en el orden institucional que particularmente está referido al impulso que debería darse a cambiar el marco institucional en el que se desarrolla la actividad económica, fundamentalmente en lo que se relaciona con las finanzas pública y el sector externo.
Las reformas en las finanzas públicas deberían estar orientadas a consolidar un adecuado nivel de ingresos a los Gobierno que les permitan financiar el programa de desarrollo, manteniendo el equilibrio fiscal para no provocar presiones inflacionarias y que garantice ingresos crecientes.
Asimismo, la modificación de la forma en que se elabora y ejecuta el presupuesto establecería vínculos mas estrechos entre el gasto
público y las prioridades de desarrollo en cuanto inversión pública, reestructuración y reactivación de los sectores productivos y el gasto en las áreas sociales, garantizando transparencias en el uso de los recursos.
En cuanto al sector externo, este, debería conducirse hacia importantes modificaciones en el régimen de aduanas, en las instituciones que se relaciones con la actividad de exportación y en el servicio exterior , para ponerlo a disposición de las promoción de las exportaciones en el contexto de la globalización.
El elemento central del contexto económico se vería conjuncionado con la articulación de la variable social a través de la equidad en el marco que establece una economía social de mercado. Los lineamientos macro señalan la priorización de la asignación de
recursos para cubrir los servicios que se prestan a través de las áreas sociales que como educación, salud, agua potable, alcantarillado y vivienda, entre otros, contribuirían a elevar el nivel de vida de la población.
De lo anterior se deduce que la prioridad de la consecución de la Estrategia (o Plan), sería elevar significativamente la participación del gasto social como porcentaje del PIB. Esta decisión tiene una importancia estratégica de largo plazo, pues
al incrementar las capacidades humanas y el bienestar personal se está asegurando un mayor nivel de desarrollo futuro.
2.2.2. Política Monetaria y Financiera
Las políticas monetaria y financiera complementarían, no sustituirían, las soluciones estructurales, y conducirían hacia la estabilidad monetaria y la disminución de las tasas de interés para dinamizar la inversión de los sectores productivos y los servicios, al tiempo que se requerirían medidas que incentiven la utilización del crédito de largo plazo. Para ello, entre las medidas monetarias y financieras, se buscaría la forma de:
Disminuir el encaje legal con el objetivo de disminuir la tasa de interés.
Promover y ordenar el mercado de capitales, que regule la emisión y comercialización de títulos de valores. El Estado sería el encargado de proveer de toda la normatividad jurídica para su expansión.
Implementar una política de inversión productiva estimulando el ahorro interno en el país.
Implementar una política de inversión extranjera, en la perspectiva de atraer capitales hacia la inversión productiva.
Comprar y vender la deuda en los mercados secundarios.
Emitir bonos de deuda por cuenta del Banco Central garantizados por los organismos internacionales.
Eliminar las distorsiones y las medidas discriminatorias hacia las exportaciones tradicionales.
Flexibilizar las normas que rigen las instituciones financieras de forma tal que los sectores productivos y la mediana y pequeña empresa puedan acceder a los créditos de la manera comercial.
Llevar a cabo la reforma institucional del sector financiero que implica por un lado, el fortalecimiento de la capacidad técnica de las instituciones supervisoras, para la eficiencia de su función de control del sistema bancario; y, por otro, la autonomía e independencia del Banco Central de las decisiones del Poder Ejecutivo.
2.2.3. Política Fiscal
En los últimos años los países han manifestado la necesidad de eliminar o disminuir el déficit fiscal, partiendo de la contracción de los gastos del gobierno hacia los servicios sociales y del aumento de la deuda interna.
El equilibrio presupuestario se ha logrado no sólo con el aumento de los gastos de salud, seguridad social y educación la disminución de las transferencias y la readecuación de la administración pública; sino manteniendo bajos los niveles salariales, en relación con la capacidad adquisitiva de la moneda y en todo caso a través del traspaso de las empresas del Estado al sector privado.
La política fiscal debería orientar a:
Mantener el equilibrio fiscal.
Aumentar los ingresos fiscales mediante una gestión diáfana y pulcra en el manejo de los recursos.
Evitar las evasiones fiscales, considerando que el impuesto es el instrumento redistributivo por excelencia, si se emplea juiciosamente.
Modificar la composición de los ingresos y gastos dentro del Presupuesto de la Nación y evitar el manejo discrecional que actualmente le permite ésta al Poder Ejecutivo en especial la gestión de los gastos reservados.
Reorientar el gasto público, hacia las áreas sociales de salud, seguridad social, educación, focalizando los servicios hacia los sectores sociales más vulnerables de la población, con lo cual se reducirán los niveles de pobreza de la población.
Instaurar la disciplina fiscal, mediante una administración eficiente de las recaudaciones y la reestructuración del gasto público.
Aplicar una firme política de austeridad y prudencia en el manejo de las finanzas del gobierno central.
Elaborar ajustes para hacer de la política tributaria el instrumento idóneo para desmotivar el consumo, e incentivar la inversión.
Implementar una política fiscal con criterio no solamente recaudador, sino de distribución del ingreso.
Compatibilizar la carga tributaria con la atención a los servicios que demandan los distintos grupos sociales.
Eliminar los regímenes impositivos de privilegio para que las ventajas competitivas no se sesguen en favor de ciertas actividades económicas y en desmedro de otras, cuando técnica ni económicamente así se justifiquen.
Deberán ser liberadas del pago de impuestos directos, las personas que se encuentren en niveles de pobreza.
2.2.4. Política de Inversión Extranjera
La falta de reglas claras, la burocracia estatal, la corrupción administrativa, están determinando un ambiente poco confiable para la inversión extranjera, por lo que es necesario entonces definir una política clara y precisa que estimule este tipo de inversión, por lo que se debería propugnar:
Incentivar la inversión extranjera, mediante la aplicación de la Leyes de Inversión Extranjera y garantizar reglas claras en cuanto a los derechos y obligaciones de los inversionistas en el país.
Estimular la inversión extranjera asociada a la transferencia de tecnología, la diversificación de la producción, la creación de nuevas fuentes de trabajo, la generación de divisas, la expansión y diversificación del mercado y salarios adecuados en el contexto del desarrollo sostenible.
Garantizar que la inversión extranjera sea compatible con las Leyes o reglamentos sobre el Medio Ambiente.
Requerir la información necesaria para el uso de financiamiento externo para fines de registro, control y seguimiento, independientemente de las condiciones del mercado financiero del país en el que se haya contratado el crédito.
Evitar la fuga de capitales nativos mediante el mantenimiento de tasas de interés ligeramente superiores a la tasa de interés externa nominal.
Evitar la incertidumbre de inestabilidad macroeconómica o perspectivas de depreciación en el tipo de cambio, con una política monetaria y fiscal coherente.
Evitar medidas económicas que puedan disminuir la tasa de retorno de sus activos financieros en el país.
Prohibir inversiones extranjeras en desechos tóxicos o sustancias radioactivas no producidas en el país, así como en actividades que afecten la salud, el agotamiento de los recursos naturales, el equilibrio ecológico y, en general, del medio ambiente y la calidad de vida.
2.2.5. Política de Fomento y Diversificación de las Exportaciones
A finales del siglo XX la globalización y las nuevas condiciones de producción masiva exigen una renovada y flexible división internacional del trabajo.
La competencia basada en la productividad del trabajo no sólo significa "saber cómo hacer", en el plano productivo, sino "cómo vender lo que se produce" en el mercado mundial y, sobre todo, "cómo buscar y conservar un mercado".
Los países emergentes están en la obligación de lograr un crecimiento significativo de sus exportaciones de bienes y servicios de forma tal que pueda financiar sus compras en el extranjero y lograr una mejor distribución del ingresos para los cual se propone:
Garantizar una política macroeconómica, que asegure estabilidad a la inversión de los sectores económicos nacionales.
Garantizar una política cambiaria que permita un mercado de tipos de cambio fluctuantes en el que el Banco Central intervenga periódicamente para evitar o prevenir oscilaciones desmedidas del tipo de cambio.
Aumentar y diversificar las exportaciones de bienes y servicios, mejorando los niveles de productividad y eficiencia.
Incorporar nuevos referentes tecnológicos tanto al proceso productivo como al proceso de comercialización, tomando en cuenta no sólo la demanda interna como sobre todo la externa, para evitar la disminución de los precios internacionales.
Afrontar la competencia internacional, estimulando el incremento de la productividad.
Definir un marco jurídico e institucional, que garantice seguridad y confianza a los inversionistas.
Aprobar Leyes o reglamentos de promoción de exportaciones, en los cuáles se revisen los mecanismos de importación vigentes, los trámites aduanales y portuarios.
Impulsar la aprobación de un leyes o normas en contra de las prácticas desleales del comercio en el comercio internacional
Establecer Fondos de financiamiento a la actividad exportadora.
Establecer un Seguro de Crédito a las exportaciones.
Establecer un régimen de exención temporal de los impuestos aduanales para la importación de materias primas, productos semielaborados, insumos y partes.
Implementar un esquema de reembolso tributario, para compensar las distorsiones que en el orden de los precios relativos introduce el régimen tributario y algunas medidas para-arancelarias que surten el efecto de impuestos que gravan a la actividad exportadora, socavando su competitividad.
Buscar fondos y canalizarlos hacia los sectores productivos.
Elevar la capacidad negociadora de los diferentes entes económicos y mantener un adecuado nivel de protección arancelaria, compatible con la necesidad de propiciar la inserción en los diferentes esquemas de integración.
2.2.6. Instrumentos Macroecónomicos para la Política Ambiental
Desde la perspectiva del sistema económico, los problemas ambientales se pueden interpretar convenientemente como resultado de fallas en los mercados, carencia de información, diseños institucionales y de política, que se traducen en la transferencia de costos de quienes los provocan hacia otros sectores de la sociedad o incluso, a las generaciones futuras. Dicho de otra forma, los problemas ambientales son externalidades que deben
corregirse.
La corrección de estas externalidades equivale a lograr que quienes generan costos a daños ambientales los asuman, lo cual puede lograrse a través de diferentes medios, como el establecimiento de regulaciones y su aplicación coercitiva, el convencimiento y la cooperación, o bien, a través de instrumentos económicos, o una combinación adecuada de ellos.
La promoción de la internalización de costos ambientales por medio de instrumentos económicos, tiene como propósito que los agentes reciban señales adecuadas desde el sistema de precios e incorporen entre sus objetivos o funciones de bienestar, motivaciones permanentes para hacer un manejo sustentable de los recursos naturales y para reducir la generación de contaminantes y residuos y con ello, los efectos ambientales negativos inherentes. El logro de ese propósito implica diseñar e instrumentar un mecanismo automático de corrección que puede operar con una intervención mínima de parte de la administración pública o de la autoridad reguladora.
Los instrumentos económicos pueden requerir, para su plena eficacia y eficiencia, valuar costos ambientales como premisa para la internalización, o bien, pueden operar a partir de umbrales, arrojando como resultado precios que incorporen plenamente costos sociales. De ahí, la importancia de adoptar y aplicar metodologías de evaluación económica para el ambiente, que han sido utilizadas con cierto éxito en otros países, así como desarrollar otras nuevas.
Los instrumentos económicos presentan ventajas que los hacen atractivos e indispensables en la confección de políticas públicas en materia ambiental.
- Permiten cumplir con objetivos ambientales a un costo social mínimo.
- Dan flexibilidad a los agentes económicos en la toma de decisiones.
- Reconocen y aprovechan las diferentes estructuras de costos incrementales que enfrentan distintas empresas, procesos y tecnologías.
- Promueven la innovación tecnológica y la minimización de impactos ambientales.
- Pueden significar un mecanismo automático para el financiamiento de la infraestructura, operación de sistemas y manejo de recursos comunes ambientales.
- Pueden generar ingresos fiscales que apoyen programas de protección ambiental.
- Generalmente implican bajos costos administrativos o de transacción, aprovechando las instituciones existentes sin necesidad de crear nuevas burocracias.
- Permiten compatibilizar objetivos de política económica con objetivos de política ambiental.
- Pueden ser un mecanismo indispensable para llevar a cabo un manejo eficiente de recursos comunes ambientales.
En un marco de estrecha colaboración con instituciones públicas y privadas se buscará promover el diseño de instrumentos económicos que apoyen y complementen la regulación ambiental, tales como:
- Impuestos y derechos ambientales.
- Mercados de derechos transferibles.
- Sobreprecios para generar fondos en fideicomiso.
- Sistemas de depósito-reembolso.
- Fianzas y seguros.
- Derechos de uso de recursos e infraestructura.
- Contratos privados.
- Licitaciones en el sector público.
- Derechos de propiedad.
- Concesiones.
Obviamente, ningún instrumento económico es útil en todo tiempo, proceso y lugar. Cada uno requiere ser utilizado de manera ponderada en diferentes etapas, mercados y sistemas de manejo, considerándolos siempre de manera complementaria o vinculada a un esquema regulatorio y normativo consecuente. La pertinencia en la aplicación de cada uno de los instrumentos va a depender de los costos administrativos, del monitoreo y control, de los objetivos específicos de política, del número de actores involucrados en cada proceso, la escala y el volumen de las operaciones, y de las condiciones biofísicas de los procesos.
2.3. Equidad Social y Crecimiento Económico
La alarmante brecha entre pobres y ricos, la creciente inequidad en la distribución del ingreso y la marginalidad de amplios sectores en los países emergentes, deben constituir la primera preocupación en el marco de una adecuada administración gubernamental, no sólo porque es parte de su razón de ser intrínseca, sino porque la calidad del capital humano es la que determina, en última instancia, tanto el desarrollo interno como la posición de un país en el escenario económico mundial.
Es indispensable la intervención estatal mediante políticas sociales adecuadas, tanto para corregir las asimetrías derivadas del funcionamiento del mercado, como para compensar las rigideces estructurales económicas y sociales.
Por eso es imperativo dinamizar el crecimiento económico mediante avances sustanciales en materia de productividad y competitividad. Esto significa que la equidad social ha de convertirse en un componente inseparable del proceso productivo mismo, pues el logro de la calidad del producto que se requiere para elevar los niveles de competitividad supone la integración de criterios sociales a la gestión microeconómica.
Las políticas sociales de largo plazo que se requieren en la fase «post-ajuste» macroeconómico (reformas de segunda generación) en particular, mediante la articulación entre políticas económicas y sociales requieren, además del apoyo técnico y financiero externo, recursos internos estables provenientes de medidas tributarias equitativas y de la reasignación de los recursos públicos liberados por los procesos privatizadores. En efecto, al definir el papel del Estado en la conducción de la política social para el largo plazo, es importante reorientar hacia sectores tales como educación y salud los recursos financieros.
El logro de un desarrollo integrador, con equidad social, único capaz de asegurar la gobernabilidad, un crecimiento económico sostenible y niveles crecientes de competitividad para una inserción creativa en la economía global, implica el diseño de políticas específicamente dirigidas a superar el grave rezago social del país.
2.4. Articulación de la política económica y la política social
La articulación de políticas económicas y sociales es necesaria tanto en la fase de diseño como en la de ejecución y evaluación. Esta articulación de políticas requiere, por otra parte, la incidencia creciente de grupos organizados de las poblaciones-objetivo a través de canales de participación que vayan convirtiéndolas en actores soberanos, condición sin la cual es impensable la superación de la pobreza.
La descentralización administrativa en el diseño y ejecución de políticas, dotada de los recursos necesarios, es otro instrumento fundamental para la articulación entre los objetivos macroeconómicos y las necesidades sociales: es importante tomar en cuenta y conciliar la tensión entre la indispensable continuidad de las políticas y el valor del enfoque de conjunto, propios de la gestión centralizada, y la riqueza de la diversidad, de la participación y el conocimiento inmediato de los problemas, propios de la gestión descentralizada.
Asimismo, las políticas internas deberían consolidar la apertura económica y comercial mediante la modernización de los sistemas financieros: el aprovechamiento de las nuevas oportunidades que brinda la globalización y la apertura implica disponer e sistemas financieros nacionales adecuados.
El objetivo de todos los procesos de reforma de los sistemas financieros es garantizar que los sistemas financieros nacionales alcancen el mayor grado de eficiencia posible. El sector financiero, con sus políticas e instituciones públicas y privadas, debería adaptarse al ritmo de apertura de la economía en su conjunto, constituirse en una herramienta de las políticas macroeconómicas y sectoriales y asumir su función de movilizador confiable de capitales dentro y fuera del país.
La experiencia de América Latina y el Caribe ha demostrado que la modernización de los sistemas financieros implica conciliar la apertura y la desregulación con la definición de normas y el establecimiento de eficientes mecanismos de supervisión para paliar los efectos negativos de la volatilidad de los flujos de capital.
En efecto, a la luz de los resultados en distintas latitudes, la primera lección «universal» de los procesos de apertura financiera se refiere a la necesidad de un contexto macroeconómico estable: es indispensable controlar los déficit fiscales y la tasa de inflación antes de proceder a la apertura de los mercados de capital.
La segunda lección fundamental se refiere a la calidad de los mecanismos de supervisión del sector financiero en el contexto de una liberalización. Si bien la modernización del sistema financiero generalmente implica atracción de capital foráneo, hay que tomar en cuenta el revés de la medalla: la apertura puede también ser fuente de una mayor deuda externa privada, al facilitar el acceso directo a las fuentes de financiamiento externo en divisas, y sobre todo, fuente de capitales especulativos de corto plazo que no generan inversiones productivas para los países emergentes.
El manejo de las transacciones especulativas y el fomento del ahorro interno y de la inversión productiva (nacional y extranjera) de largo plazo, son temas aún poco considerados en los programas de cooperación multilateral o bilateral, donde deberían formar parte integrante del apoyo a la modernización del sector financiero y al desarrollo de los mercados de capital nacionales.
En este marco, una política que se ha convertido en la columna vertebral de cualquier proceso de apertura y modernización se refiere a fomentar el ahorro interno y la inversión extranjera directa como fuentes fundamentales del desarrollo: América Latina y el Caribe sigue teniendo tasas de ahorro interno muy bajas y flujos de inversión extranjera directa relativamente reducidos, en comparación con los flujos de capital «golondrina».
El concurso de mayores recursos, tanto nacionales como extranjeros, específicamente vinculados a los procesos productivos, reduciría la vulnerabilidad de la economía ante la globalización, las turbulencias de los mercados de capital y la disminución de los flujos de origen multilateral y bilateral. Además de medidas puntuales e incentivos tanto para el ahorro interno como la inversión directa, nuevamente cabe reconocer el papel del marco macroeconómico estable como primer requisito general.
Asimismo, el fomento del ahorro interno requiere un cambio en la mentalidad de los consumidores y los demás agentes económicos. Como se ha señalado anteriormente, el fomento del ahorro interno debería ser incluido, como un complemento indispensable, en los procesos de modernización de los sistemas financieros y de desarrollo de los mercados nacionales de capital.
Autor:
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Profesión: Economista
Edad: 34 años
Ocupación: Servidor Público del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación de Bolivia. Cooordinador del área de políticas macroeconómicas en la Unidad de Estrategias
Profesor de Macroeconomía en la Universidad Católica Boliviana
Profesor de Economía Latinoamericana en la Universidad Nuestra Señora de La Paz
Experiencia como consultor en varios organismos internacionales (NN.UU., GTZ, BID)
Título del Trabajo: Lineamientos para una Estrategia Macroeconómica
Categoría del Trabajo: Economía