El agua corriente desde el cooperativismo en Río Tercero (1930-1955) (página 2)

Sin embargo, pasó el tiempo y en un artículo del diario porteño La Nación del 31 de enero de 1944, se informó sobre una posible obra de provisión de agua para Río Tercero prevista por organismos nacionales, lo que llevó a que la gestión iniciada por la cooperativa se suspendiese.[22]

Arribamos así al año 1945 cuando, al no haber habido intento alguno de realizar la obra por parte de los organismos oficiales, se comenzó a evaluar la realización de una asamblea general de socios para tratar el tema del agua y a su vez indagar sobre los estudios efectuados por Obras Sanitarias de la Nación.[23] Fue durante esa asamblea, realizada el 25 de abril de 1945, cuando se presentó ante las autoridades de la cooperativa un informe elaborado por la Comisión Pro Aguas Corrientes.

Ese informe, suscripto por Francisco Bonzano, Luis Lavaselli, Rogelio Quiroga, Antonio Maluf y Leandro P. Aracena, constaba de ocho apartados, una conclusión y una nota donde se informaba de la presentación de la carpeta correspondiente con toda la documentación analizada durante la preparación del mismo.[24] El objetivo perseguido por este documento era lograr el consenso entre los miembros del directorio de la cooperativa y sus asociados, para que fuese esta entidad la encargada de hacer realidad el magno proyecto destinado a satisfacer la imperiosa necesidad de contar con agua corriente, distribuida a domicilio por cañerías; es decir, el servicio de agua corriente que seguramente contribuiría a un mayor progreso de la ciudad.

Hasta aquí, se analizaron todos los aspectos relacionados con el proyecto en cuestión: la situación por la que atravesaba la ciudad de Río Tercero en esos años; la gravitación social de la cooperativa junto con su importante contribución al progreso de la localidad; las ventajas que reportaría encarar el problema con medios propios prescindiendo de la intervención de Obras Sanitarias de la Nación; la magnitud del problema y su influencia en el progreso social; el grado de necesidad del agua corriente con relación al vertiginoso aumento de la población y desde el punto de vista sanitario; y, por último, los requisitos legales a llenar y sus posibilidades económicas.[25]

Entre los datos que se incluyen en ese informe, destacan los que dan cuenta del crecimiento poblacional habido en la localidad, los que se correspondían con el aumento del número de conexiones eléctricas. En efecto, de las 280 conexiones existentes en 1935 se había pasado a 850 en 1945, lo que equivale a un porcentaje de aumento del 303,5%, en un periodo de solo 10 años y explica la afirmación contenida en el informe acerca de que "Río Tercero ocupa un puesto de vanguardia entre los pueblos más progresistas de la provincia".[26] Otro dato relevante es el análisis de la institución, el que se hizo tomando como parámetro su gravitación social y económica dentro del contexto local y el concepto público que la hacía merecedora de la confianza de los vecinos, que la convertían en amalgama entre las fuerzas económicas y morales de un pueblo que consideraba que la cooperativa tenía el deber de intervenir en la solución de cualquier problema que tendiera al bien común originado por un interés colectivo.[27]

Pero la cuestión más relevante giraba en torno a la dimensión del problema y su influjo en el progreso de la sociedad puesto que, de no concretarse el proyecto relativo al agua corriente, se produciría la interrupción del desarrollo económico y social de la localidad, conduciéndola al estancamiento. Esta situación se planteaba como paradójica puesto que la localidad de Río Tercero se encuentra ubicada a orillas de un río de caudal estable y regular y, sin embargo, carecía del servicio de agua corriente.

En ese entonces, en el ejido municipal había 1200 casas de las cuales sólo 300 contaban con agua propia extraída de pozos en condiciones aceptables, mientras que el resto de los vecinos debía solucionar su problema de abastecimiento de agua, por ejemplo, conduciéndola por cañerías desde tanques vecinos o construyendo aljibes, en tanto que existían numerosos casos en que se acarreaba en baldes. Consecuentemente, en la lista de prioridades por atender, la cuestión sanitaria estaba en primer lugar, porque la calidad del agua que se consumía en Río Tercero dejaba mucho que desear. En efecto, existía un convencimiento general acerca de que la mayoría de la población consumía agua no transparente, sucia y contaminada y esto mantenía latente, entre los pobladores, el miedo a los brotes de epidemias de tifus, que ya habían cobrado tres víctimas fatales, y de otras posibles enfermedades.[28]

Quienes elaboraron el informe se preocuparon también de resaltar las ventajas que traería aparejadas la realización de la obra por parte de la cooperativa y no por entes oficiales. Entre esas ventajas destacan dos; la primera se refería a la más rápida concreción de las obras y al consecuente ahorro de tiempo y, sobre todo, de recursos; la segunda, aludía a la posibilidad de centralizar en manos de la misma institución la gestión de dos servicios urbanos básicos: el eléctrico y el de agua corriente. A continuación, se exponen algunos argumentos esgrimidos al respecto en el informe:

"En nuestro concepto -se decía- existe una apreciable diferencia entre la ejecución de una obra por una repartición oficial y la misma administrada por una empresa particular, con ventajas a favor de esta última. La razón de tal apreciación no reside precisamente en la existencia de diferencias técnicas, pues bajo este aspecto las reparticiones oficiales merecen el mejor de los conceptos, sino en uno de los aspectos administrativos esenciales pues mientras la administración pública se desplaza con lentitud, trabada por todo un sistema complejo de controles y formulismos, la privada -cuya dirección y administración ejercen un limitado número de personas- se desenvuelve con mayor agilidad, por la brevedad en los trámites y la prontitud en que son resueltos los asuntos. Estos factores son los que repercuten en mayor eficiencia que -al fin de cuentas– se traducen en números, vale decir, en economía. En nuestro caso, no se debe pasar por alto uno de los aspectos más interesantes, que reportaría aun mayores ventajas económicas de capital importancia. Nos referimos a la fusión administrativa de ambos suministros: electricidad y aguas corrientes, la cual puede efectuarse casi con el mismo personal actualmente en servicio".[29]

• 3.  La cooperativa comienza a actuar

Tras la lectura del informe completo, tanto los asociados como los miembros del directorio coincidieron en la conveniencia de que la cooperativa se ocupara de la realización de la obra que habría de proveer de agua corriente a Río Tercero, por lo que procedieron a la aprobación del proyecto por unanimidad.[30] Comenzaron entonces las acciones tendientes a ese fin y fue en el plano legal, en la reforma de los estatutos, donde se empezó a trabajar, pues era necesario habilitar a la entidad para que pudiera brindar un nuevo servicio a sus asociados. De este modo, la cooperativa de Río Tercero comenzaba a transitar el camino seguido por muchas otras cooperativas eléctricas. En efecto, la decisión tomada por la entidad que estamos estudiando no constituye un hecho aislado, puesto que, tanto en nuestro país como en otras partes del mundo, las cooperativas eléctricas al incorporar nuevos servicios, respondiendo a las demandas de las comunidades en las cuales tenían su asiento, terminaron por adoptar, en forma progresiva, un perfil de multiservicios que las llevó a convertirse en cooperativas de servicios públicos.

El estatuto de la cooperativa por esos días contemplaba como único servicio el suministro de energía eléctrica pero, como al realizar alguna modificación a la función que una entidad cooperativa realiza se debe variar sus estatutos, cuando la entidad decidió hacerse cargo de la obra de provisión de agua corriente se procedió a realizar la reforma correspondiente. Esta reforma cobró cuerpo en la asamblea general extraordinaria celebrada el día 8 de setiembre de 1946, posibilitando así, desde el marco legal, el comienzo de la implementación del proyecto. Las modificaciones relacionadas con el nuevo servicio a prestar fueron las incluidas en los artículos 3º y 5º. En el primero de esos artículos se disponía que cuando las posibilidades económicas lo permitiesen se procedería a la construcción de las obras necesarias para la provisión de aguas corrientes a los asociados, "con sujeción a las normas y reglamentaciones establecidas y las que en tal carácter impongan las concesiones y ordenanzas pertinentes", mientras que en el 5º se autorizaba al consejo de administración para gestionar préstamos bancarios. En virtud de esos dos artículos la cooperativa quedó legalmente habilitada para hacerse cargo del servicio de provisión de agua corriente a la localidad de Río Tercero y región.

Al mismo tiempo, se estableció que la cooperativa proveería en forma gratuita y con limitación del consumo, luz y aguas corrientes a las oficinas púbicas nacionales y provinciales, como así también a establecimientos educacionales y hospitales. Por último, en esta misma ocasión, se aprobó el reglamento interno que regularía el nuevo servicio a prestar. Cabe aclarar que la tarea de establecer el contenido del reglamento interno se ha visto entorpecida por no haber encontrado ningún dato concreto en las fuentes primarias provistas por la entidad cooperativa.[31]

A partir de entonces, en las sucesivas reuniones del consejo de administración, el tema convocante fue la necesidad de concretar la obra que posibilitaría comenzar a prestar el servicio de agua corriente. Fueron muchos los cooperativistas locales que se manifestaron a favor de tal interés y entre ellos destacan Luis Cañas, Juan Casagrande y Justo Magnasco, quienes insistieron en señalar al proyectado servicio como factor de suma importancia para el progreso de la localidad.[32] La intención era dinamizar la acción referente al tema en cuestión, por lo que comenzaron a realizarse viajes a la ciudad de Córdoba para recabar información sobre cuestiones legales,[33] como así también para la búsqueda de profesionales que desearan asumir la responsabilidad de ejecutar la obra, encontrándose en algunos casos con individuos poco motivados como los ingenieros Canale y Fajardo por lo que se recurrió al ingeniero Otto Jacowsky, profesional experto en materia de hidráulica.[34]

A poco de comenzar las gestiones, la cooperativa, se volvió a tropezar con un inconveniente imprevisto. El nuevo obstáculo fue la publicación del 25 de junio de 1947 en un artículo en La Voz del Interior (diario de la ciudad de Córdoba) en el que se manifestaba que en su plan de obras para la provincia de Córdoba, Obras Sanitarias de la Nación había incluido en el proyecto correspondiente la provisión de agua para Río Tercero. Para no volver a la misma inacción a la que los había llevado años atrás la ya aludida noticia publicada en el matutino porteño La Nación, se indagó sobre la cuestión y fue la F.A.C.E. (Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas) la que proveyó de información al respecto.[35]

En efecto, ante una consulta del consejo de administración de la cooperativa, la F.A.C.E. respondió que si bien el Congreso Nacional había votado la partida presupuestaria para la obra respectiva, el proyecto se hallaba en suspenso y no se sabía cuándo se podría concretar. Para confirmar esta información, se cursó nota a los responsables de Obras Sanitarias de la Nación informándoles del propósito de la cooperativa de efectuar los trabajos de provisión de agua corriente, previa solicitud de autorización, y anticiparles el envío del anteproyecto y proyecto definitivo.[36] Ahora bien, como se tenía el convencimiento de que Obras Sanitarias de la Nación no se opondría a que la cooperativa realizara por su cuenta la obra de provisión de agua, se prosiguió con las gestiones ya iniciadas y el consejo de administración de la cooperativa autorizó al gerente, Luis Lavaselli y al secretario, Bartolo Carle[37]a que contratasen al ingeniero Victorio Urciolo, para que este recabase datos y practicase las nivelaciones necesarias para la confección del anteproyecto.

• 4. La aprobación del anteproyecto

En ese contrato, firmado el 20 de agosto de 1947, entre otras cosas, se establecía lo siguiente: 1) que el contratista se comprometía a efectuar un anteproyecto para la provisión de agua corriente a la ciudad de Río Tercero, para lo cual se realizaría un estudio de la fuente de provisión, tanques de reserva y almacenamiento, tendido de cañerías de distribución y obras accesorias, que luego sería elevado a la cooperativa, junto con una memoria descriptiva y presupuesto estimado dentro de los 40 días de firmado el compromiso; 2) que la cooperativa, una vez en posesión del anteproyecto, podría resolver la ejecución, de la que se encargaría al contratista al igual que de la elaboración del proyecto completo en condiciones para una futura licitación de la obra; 3) que la cooperativa se comprometía a abonar por la primera parte, o sea el anteproyecto, la suma de $ 2.500 m/n, suma que pasaría a formar parte del importe final por el proyecto definitivo y la dirección técnica de los trabajos, es decir, sería entregada a cuenta del total de los honorarios.[38]

Cuando los integrantes del consejo de administración analizaron la memoria descriptiva y planos correspondientes al anteproyecto de las obras de provisión de agua, resolvieron, luego de un largo debate, remplazar el sistema de captación proyectada mediante la ejecución de dos perforaciones con una toma superficial, por la construcción de cámaras filtrantes en la margen del río y elevar la capacidad del tanque de almacenamiento a un millón de litros de agua. Asimismo autorizaron el pago al proyectista y la convocatoria de una asamblea extraordinaria planificada para el día 30 de noviembre de 1947. A fin de asegurar un máximo de concurrencia a esa asamblea, se dispuso asimismo una difusión intensiva de su convocatoria.[39]

Cine "Gran Rex".

Fuente: Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Ltda. de Río Tercero (2003). "Nuestra Historia (1933-2003). 70 Años de Vida", Río Tercero, pp. 65.

En esa asamblea de asociados, realizada en el cine "Gran Rex", el ingeniero Victorio Urciolo procedió a explicar minuciosamente los aspectos técnicos, económicos y sociales del anteproyecto por él confeccionado mereciendo la más significativa muestra de aprobación por parte de los oyentes, impresionados por su exposición elocuente, sencilla y clara. Luego de un momento de preguntas y búsqueda de consenso, por aclamación y sin ningún voto en contra, se tomó la decisión de dar amplias facultades al directorio de la cooperativa "…para que una vez obtenida la concesión pertinente y llenados todos los requisitos legales, proceda a la construcción de las obras de provisión de agua potable a la población, de acuerdo al anteproyecto ejecutado por el Ingeniero Urciolo y aprobado en este mismo acto….".[40]

Reforzando el apoyo de la comunidad a la cooperativa, en esa misma asamblea se pautó lo siguiente: propender al aumento del capital social mediante la suscripción de acciones, contratar empréstitos de carácter bancario o particulares, celebrar convenios, contraer obligaciones y realizar todos los actos inherentes a la financiación de las obras cuyo costo se estimaba en $ 1.000.000 m/n. No obstante, se aclaró también que de excederse esa suma, se debería dar cuenta de ello a la asamblea general de socios y solicitar el refuerzo de la partida en la proporción necesaria. Esto da cuenta una vez más del apoyo incondicional de la masa societaria al proyecto relacionado con la provisión de agua a la población de Río Tercero.[41]

Una vez aprobado ese proyecto, al año siguiente se lo elevó a la Dirección General de Hidráulica, por intermedio de la municipalidad y acompañado de diversos documentos que justificaban la necesidad de la obra en cuestión, de los planos y la memoria descriptiva correspondiente.

• 5. Otras gestiones

Durante el año 1948, la cooperativa también se ocupó de gestionar ante la municipalidad la respectiva concesión, que la habilitó para hacerse cargo finalmente de la obra.[42] A fin de acelerar las gestiones, en abril se presentó un petitorio por el cual se solicitaba la concesión, por el término de 20 años, para la provisión de aguas corrientes a la población de Río Tercero. Esta solicitud fue enviada al comisionado municipal quien la elevó a la inspección general de municipalidades. Por eso y para saber a ciencia cierta en que instancia se encontraba el trámite, con posterioridad se encomendó al gerente de la cooperativa averiguarlo. Fue así que, en un viaje efectuado a Córdoba el 3 de mayo de 1948, el gerente confirmó que la solicitud fue recibida por la Dirección General de Municipalidades y que de allí había sido girada a la Dirección General de Hidráulica, quedando el expediente radicado en esta repartición. Asimismo ambas reparticiones consideraron que no surgirían dificultades por parte de las autoridades de la provincia.[43]

Entre las distintas gestiones que se debían realizar para hacer efectivo el proyecto, figuraba la necesidad de obtener las tierras en las que habría de construirse la infraestructura básica para la posterior prestación del servicio. Se comisionó entonces a los señores Lavaselli, Bianchi, Magnasco, Bongioani y Maluf para que se entrevistasen con la señora Zoila Acuña de Marín, cuya colaboración era considerada de gran importancia pues ella estaba en condiciones de aportar tanto los terrenos donde se ubicaría la fuente de captación y el tanque de agua, como alguna ayuda monetaria.[44]

Como resultado de la gestión de esa comisión, la señora Zoila Acuña de Marín, por nota del 12 de agosto de 1948 ofreció, en calidad de donación, dos fracciones de terreno ubicadas en las inmediaciones de Río Tercero, pedanía El Salto, departamento Tercero Arriba, para que en ellas se construyeran las instalaciones necesarias para las futuras obras de provisión de agua corriente. Esa donación incluía: a) una fracción de terreno compuesta por cinco mil ochenta metros cuadrados, ubicada en el barrio Italia y que, según plano confeccionado por el ingeniero Manuel Arrambide, formaba parte de la manzana nº 99 y limitaba al Norte con el resto de la misma manzana nº 99, al Sur con una calle sin nombre, al Este con la prolongación de la calle Domingo Faustino Sarmiento y al Oeste con la prolongación de la calle Esperanza; y b) una fracción de terreno compuesta de dos mil metros cuadrados, ubicada al Oeste de la prolongación de la calle San Pedro, formando un triángulo, con las siguientes dimensiones: cincuenta metros de norte a sur con frente a la calle de San Pedro, a contar de la margen de Río Tercero y ochenta metros de Este a Oeste, terminando en ángulo sobre la misma margen del río.[45]

Naturalmente esta valiosa donación ofrecida por la señora Zoila Acuña de Marín fue aceptada, aunque debido a lo accidentado del terreno, que no permitía su aprovechamiento salvo en una pequeña parte de su superficie total, se le solicitó una ampliación de la fracción señalada en el apartado "b" en la siguiente forma: 115 m en el costado Este sobre la calle San Pedro, a contar de la margen del Río Tercero, 44 m de Este a Oeste y 60 m en el costado Oeste, a contar igualmente de la margen del Río Tercero. Este pedido fue aceptado por la señora de Marín y entonces se le encomendó al escribano Abel Ramallo Sarmiento, la confección de la escritura respectiva, la cual fue firmada en representación de la cooperativa, por Luis J. Lavaselli y Bartolo Carle respectivamente, el día 26 de agosto de 1948.[46]

Solucionada la parte referida a los terrenos para las obras, el ingeniero Victorio Urciolo se comprometió a completar los planos y otros estudios para el 28 de agosto de 1948, al tiempo que también sugirió que un representante de la cooperativa viajase con él a la provincia de Buenos Aires para acelerar la obtención de precios de los materiales necesarios para las obras a realizar y para efectuar diversas gestiones relativas a las mismas. En ese viaje, Urciolo fue acompañado por el gerente de la cooperativa con quien visitó a los tres únicos fabricantes de cañería de fibrocemento -cuyas marcas eran Monolit, Fortalit, Eternit- y a las firmas: Siemens Schuckert Marelli S.A., A.E.G. Evans Torton y Cía. y Agar Cros y Cía. Ltda, que proveían de equipos de bombeos. A todas esas firmas se les solicitó cotización de los materiales y equipos que se necesitaban.

Los Talleres Metalúrgicos San Martín y Agar Cross y Cía Ltda. presentaron sus cotizaciones por 500 caños de fibrocemento de 300 mm del tipo espiga y enchufe, pero como en el ínterin se había recibido de la firma B. Machiavelli una oferta por esos mismos materiales que era más ventajosa, pues a la cotización la hizo por cada metro de caño de tres metros sin incluir las juntas de goma, de inmediato se comisionó a José María Carranza y Antonio Maluf para viajar a Córdoba y tratar de adquirir la citada partida de caños.[47]

Como cuando se gestionó la intervención de Obras Sanitarias de la Nación en la revisión y aprobación de los planos y memoria descriptiva y materiales a emplear, se informó a la cooperativa que esos trámites debían ser hechos por intermedio de la municipalidad local, una vez terminada por el ingeniero Urciolo la confección de los planos y el estudio descriptivo, esa documentación firmada por el secretario del consejo de administración junto con todos los requisitos exigidos por la Dirección General de Hidráulica de la provincia fue girada a esta repartición, el 20 de octubre de 1948, por intermedio de la municipalidad local e incorporada en el expediente nº 246-R- 1948.[48]

Por cierto que en ese momento lo inmediato fue dinamizar la aprobación del expediente para luego poder dar a publicidad la licitación correspondiente al tanque de hormigón armado y a las obras del pozo y casa de máquinas, para después contratar la adquisición de la cañería y accesorios necesarios así como los dos grupos de electro-bombas proyectados.

Las gestiones en Córdoba relativas al expediente siguieron su curso normal, pasando por diferentes organismos tales como la Dirección General de Hidráulica y la Inspección General de Municipalidades del Ministerio de Gobierno, para que los mismos lo evaluaran. Superadas con éxito esas distintas y obligadas instancias, el último paso de esta gestión era el dictado del correspondiente decreto y los encargados de acelerar esta parte final fueron el ingeniero Victorio Urciolo y Oscar Truchi.[49] Finalmente, el expediente nº 12942-R-48 fue devuelto por intermedio de la municipalidad local, con el proyecto de las obras de provisión de aguas corrientes a la localidad debidamente aprobado por decreto del poder ejecutivo de la provincia nº 2026 serie c del 30 de diciembre de 1948.[50]

En cuanto a la concesión solicitada al municipio, para la provisión de aguas corrientes a la población, luego de cumplir con los requisitos de orden técnico relativos a la obra, la misma fue otorgada por el término de 20 años,[51] a partir de 1948. Se debe aclarar que la tarea de establecer la fecha del acuerdo, se ha visto dificultada por no haber encontrado ningún dato concreto en las fuentes primarias provistas por la entidad cooperativa por lo que se recurrió a una fuente secundaria. La misma es el libro que en el año 2003 editó la cooperativa local.[52]

De este modo, la cooperativa quedó legalmente habilitada para iniciar la obra tan ansiada por la población, cuestión de la que nos ocupamos en el siguiente capítulo que trata sobre la construcción de la infraestructura necesaria para poder efectuar la provisión de agua corriente.

Capítulo nº 2

Contexto histórico

1. El impacto de la Gran Guerra y de la crisis económica en el mundo. Una aproximación breve:

El mundo arribó a la década del `30, luego de haber protagonizado dos hechos significativos: la Primera Guerra Mundial y la Caída de la bolsa de Estados Unidos. Para algunos teóricos, estos sucesos marcaron los límites o falencias de un sistema político y económico, el liberalismo. Estos hechos le imprimieron cambios al mundo conocido, nuevas condiciones internacionales del mercado global, paradigmas productivos que se asentaban en la competitividad externa y la avasallante y constante innovación científico tecnológica.

El enfrentamiento bélico, acontecimiento que si bien no tomo desprevenidos a la población mundial, por todos los conflictos latentes sin resolver, si la sorprendió por la magnitud del mismo. Nunca, los hombres que salieron a combatir pensaron siquiera que duraría tanto el conflicto o que conllevaría las consecuencias que tuvo. Una de las instancias que marco este suceso, fue la decadencia de las democracias liberales, generando de esa manera la aparición de gobiernos con características totalitarias que hicieron del nacionalismo su eje articulador en materia de política. Así, durante la primera posguerra, convivieron gobiernos totalitarios y democráticos. Esta misma dicotomía no fue privativa del escenario internacional, sino que también se trasladó al escenario político argentino.

A mediados de la década de 1930, la democracia liberal, tanto en la forma de repúblicas como de monarquías constitucionales, basadas en el sistema de sufragio y parlamentos con cargos electivos, sólo tenía presencia en algunos países capitalistas: Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Bélgica, Holanda y los Estados escandinavos.

La aparición del comunismo en Rusia, a partir de 1917, con su expropiación de tierras y estatizaciones de industrias privadas, generó una ola de temor en Occidente, sobre todo entre las clases propietarias, que favoreció el surgimiento de formulas autoritarias para combatir su difusión, apoyadas por terratenientes, empresarios, la Iglesia y el Ejército. A su vez, en Italia los fascistas lograron alzarse con el poder político y el gobierno a partir de 1919; en Alemania, los nazis luego de un golpe de Estado fallido acaecido en 1923, a los diez años accedieron al poder a través del uso de la fuerza en las calles y la participación en elecciones; en la península ibérica, tras una guerra civil que transcurrió entre 1936 y 1939, se implanto la dictadura del general Franco y por último a fines de la década de 1920, Stalin accedió al poder, hecho que permitió la consolidación del comunismo en Rusia.

En 1939, a tan sólo 20 años después de haber finalizado el primer conflicto mundial, se desencadenó otro de mayor magnitud y poder destructivo. Los motivos estuvieron vinculados tanto a las consecuencias de la Primera Guerra Mundial y a la posterior toma de posición de las principales potencias vencedoras, como a los profundos efectos de la crisis del sistema capitalista y al surgimiento de gobiernos opuestos a los valores democráticos y con ambiciones expansionistas. La unión de estos factores fueron los que llevaron a la conflagración mundial, que arrasó con la vida de más de 50 millones de personas y que modificó nuevamente el mapa europeo

En tanto, en el plano económico, a fines de la década de 1920 se producirá la brusca caída del valor de las acciones en la Bolsa de Nueva York lo que originará la crisis más grave de la historia del capitalismo. Significó un cimbronazo en la economía mundial, al generarse una retracción de los mercados y paralizarse el flujo comercial. A la ruina bursátil le siguió la bancaria, la quiebra invadió tanto los mercados como los bancos. Evaporado el crédito, la economía se contrajo, por lo que cayeron los niveles de consumo, quebraron numerosas empresas y se multiplicaron los despidos y desempleos.

El gobierno estadounidense apenas atino a proteger su economía por medio de la reducción de las importaciones a través de la suba de las tasas aduaneras y exigiendo el pago de los préstamos a los países deudores. Europa, carente de dólares, tardo poco tiempo en colapsar. Las naciones europeas abandonaron el patrón oro, devaluaron sus monedas e intentaron proteger sus industrias.

Los países agroexportadores, en tanto, se resintieron con la baja de los precios agrícolas y la menor demanda internacional de sus productos. Con la distorsión del sistema financiero y el comercio mundial, cada país comenzó a tomar medidas para salvar su economía de manera independiente. Con la excepción de la Unión Soviética en 1930, el mundo entero entro en una fase recesiva.

1.1. Crisis e intervencionismo de Estado: el caso argentino

La crisis de 1930, coincidió en la Argentina con la ruptura del orden institucional y con la presencia del Ejército que pasó a ejercer el poder político. Poder que se vinculó con la democracia restringida y el Estado, apostando a una integración vertical. Comenzó un tiempo de crisis nacional estructural y orgánica, residiendo el problema tanto en la incapacidad de la clase dominante, burguesía terrateniente, para dirigir, como los subalternos para construir un sistema hegemónico desde la oposición.

El Estado liberal entro en crisis, se activo la polarización social y se produjo el derrumbe del mercado internacional de capitales, como consecuencia de la tendencia al proteccionismo que provocó, entre otras cosas, la caída de las exportaciones, lo que repercutió en la capacidad del país para importar manufacturas e insumos industriales.

El surgimiento del Estado de bienestar fue la respuesta a la crisis. Puede definirse como un Estado que garantiza estándares mínimos de ingreso, alimentación, salud, habitación y educación a todo ciudadano como derecho político y no como beneficio.[53]

Fue en el transcurso de los años treinta que se dio un avance importante hacia la constitución de este modelo estatal. La crisis de 1929 con las tensiones sociales creadas por la inflación y la desocupación determinó, entre otras cosas, la implementación de un considerable aumento del gasto público para apoyar el empleo y las condiciones de vida de los trabajadores, es decir, una intervención más decidida del Estado, que además comenzó a controlar otras variables que hacían a la cuestión social, como precios, salarios, etc. El fundamento de este Estado era el siguiente: independientemente de sus ingresos todos los ciudadanos -en cuanto tales- tienen derecho a ser protegidos. Evidentemente este planteo implicaba el paso de una ciudadanía exclusivamente política a una "ciudadanía social".

Para Jurgen Habermas y Claus Offe, este modelo se caracterizó por producir una estatización de la sociedad. Trabajo, ingreso y nivel de vida, ya no estuvieron determinados por el mercado, sino por mecanismos políticos que tenían como objetivo la prevención de los conflictos, la estabilidad del sistema y el reforzamiento de la legitimación del Estado. La voluntad política ya no se formó por el libre juego de agregados en la sociedad civil, sino que se conformó a través de mecanismos institucionales que operaron como filtros para la selección de las demandas funcionales del sistema. Partidos, sindicatos y parlamento actuaron como empresas que ofrecían servicios y prestaciones, a cambio de apoyo político. Los resultados de este proceso fueron diversos según el grado de la autonomía de la sociedad ante un "despotismo administrativo" que podía llevar a la total dependencia de los individuos y de los pequeños grupos respecto de los aparatos públicos.[54]

Esta situación generó problemas de financiamiento, debido al alto endeudamiento previo del Estado y a la necesidad de afrontar los pagos externos. Como consecuencia inmediata, se produjo un aumento del desempleo urbano y rural y hubo caída en los salarios. Como efecto de la crisis de la producción agropecuaria, numerosos arrendatarios y pequeños propietarios rurales comenzaron a migrar desde el interior de las provincias hacia los principales centros urbanos. Se produce la migración interna hacia las provincias más industrializadas.

El Estado por su parte, manifestaba rasgos intervencionistas que se evidenciaron a través de la economía y las finanzas. Se trató de una época de cambio y continuidad. El intervencionismo se concretó en la búsqueda, por parte del Estado, del soporte a la economía agroexportadora por medio de subsidios estatales (juntas reguladoras[55]así como en el fomento del bilateralismo (Tratado de Roca Runciman) y en la desactivación del conflicto social. Se promovió, también, la industrialización por sustitución de importaciones, en pos de alcanzar la denominada autarquía económica; a esta medida se sumaron el intervencionismo en las finanzas (control de cambios[56]y la creación del Banco Central.

Surgieron quienes sostenían la defensa de la industria nacional al propugnar la protección de la producción como herramienta de crecimiento, por esta razón es que el Estado avalado por políticos, empresarios e intelectuales sobre el protagonismo que le cabe en el desarrollo del área económica se mostraron favorables al intervencionismo estatal. A la acción del poder público se incorporo un nuevo sector: las fuerzas armadas. Esta incorporación respondió a la idea presente en ese momento, por la conexión entre poderío militar y grado de desarrollo industrial.

La industrialización se transformó en una realidad en el país, a pesar de no contar con ciertos minerales claves como el carbón y el hierro, la Argentina se estaba convirtiendo en el país más industrializado después de Brasil en Sudamérica. Este desarrollo industrial ya no estaba limitado, como en épocas anteriores, a frigoríficos, ingenios o bodegas. Era el momento de la aparición de las industrias manufactureras para satisfacer el consumo interno, textiles, vidrio, papel, caucho y aparatos eléctricos fueron reemplazando poco a poco lo que ya no entraba al país por medio de importaciones. Las políticas de gobierno, particularmente las de control de cambios generaron una restricción de la competencia externa en los productos manufacturados.

Un hecho importante fue que, debido a los aranceles diferenciales, los productos de importación norteamericanos se vieron perjudicados por el desarrollo de la industria de sustitución de importaciones. Esto desencadenó la instalación de empresas de los EE.UU., principalmente relacionadas con el algodón, los neumáticos de caucho y el petróleo, en el país, evitando así los costos aduaneros. No menos destacable es que las incipientes industrias nacionales contaban con una fuente de mano de obra proveniente de las corrientes migratorias internas desde las zonas rurales hacia las ciudades. Para 1936, se comenzaron a desarrollar las industrias no derivadas de la actividad primaria (textil, caucho, maquinaria, vidrio, electrodomésticos y petróleo).

Este proceso hizo que, entre 1935 y 1939, el PBI duplicara el PBI industrial y que luego, se volviera a duplicar durante la Segunda Guerra Mundial, mientras la cantidad de empresas industriales instaladas y la mano de obra empleada crecían fuertemente.[57]

1.2. El intervencionismo estatal en la provincia de Córdoba

Dentro del periodo de estudio seleccionado, en el plano ejecutivo en la provincia de Córdoba, los gobernadores arribaron a sus cargos, por diferentes vías. Algunos lo hicieron como interventor federal de facto, otros, en calidad de gobernador provisional y como tercera categoría estuvieron los que asumieron el cargo luego de un proceso electoral.

Se inició la década del "30 en Córdoba, con un patriciado jubiloso, que celebró, de la mano de la Iglesia Católica, el golpe militar del 6 de setiembre. Este actor social había controlado los recursos institucionales del Estado provincial, la administración pública, el poder judicial y la Universidad.

La Iglesia, por su parte, consideraba necesaria la aparición militar en el escenario político como garantía de patriotismo puesto que este elemento permanecía ausente tanto en las masas como en los gobernantes. A este sector se sumo la sociedad rural y el colegio de abogados. Los que no celebraron este hecho, fueron la Unión Cívica Radical y el Partido socialista, manteniéndose dentro de las líneas de los sectores liberales.

El golpe en Córdoba contó con el apoyo civil y corporativo, lo que posibilitó en una primera instancia que por medio de un bando emitido por el gobierno militar y firmado por el General Basilio Pertiné, se prohibieron las reuniones de personas con fines políticos, ya sea en comités o casas particulares, sin haber solicitado previamente autorización, incluso estaba la posibilidad de la amenaza de la aplicación de la ley marcial a quienes poseían armas de caño largo y no la entregasen en un plazo de 24 horas a la policía. En esas circunstancias, Amadeo Sabattini, perteneciente a las líneas de la Unión Cívica Radical, huyó hacia Paraguay mientras su casa de Villa María era allanada. Su exilio, se justifico para no correr la misma suerte de los dirigentes radicales Joaquín Manubers Calvet y Pablo Bracamonte, quienes fueron detenidos. Misma suerte corrieron un grupo de militantes comunistas.

El 12 de setiembre fue designado por el General Uriburu, Carlos Ibarguren como interventor federal. La provincia de Córdoba había sido elegida como punto de partida del proyecto político, por su tradición clerical conservadora. El interventor llegó a la provincia acompañado por Miguel Ángel Cárcano y Mariano Ceballos. Ante la llegada de las autoridades, se conformó una comisión que fue la encargada de abanderar los edificios de las calles, San Jerónimo y Vélez Sarsfield. Así se iniciaba en la provincia mediterránea el periodo de alternancia entre gobiernos civiles y militares.

Entre las medidas propuestas por el interventor, estuvo la reforma del artículo nº 37 de la Constitución Nacional. El mismo trataba sobre la composición de la Cámara de Diputados elegidos por sufragio universal. Según Ibarguren, el parlamento debía dar acogida a la representación de intereses sociales organizados en gremios o corporaciones, se quería llegar era la combinación de la representación por sufragio universal con la representación corporativa. Esta medida tendía a la desaparición o transformación de los partidos políticos, lo que llevaría a una situación monopólica en el escenario político; en otras palabras se pretendía instalar el fascismo o el corporativismo por medio de una reforma constitucional, haciendo eco de los aires que sobrevolaban el escenario europeo, en respuesta al sistema liberal tanto en lo político como económico. Para la oposición esta era una medida que atentaba contra el régimen institucional.

A la renuncia de Ibarguren, le siguieron varios gobernadores, muchos de los cuales no llegaron a cumplir su mandato y fueron reemplazados en sus funciones. En ese periodo también hubo por parte de los partidos políticos la adopción de medidas contraproducentes, como la abstención electoral que llevo a cabo la Unión Cívica Radical. Esta acción, que implicó la renuncia a presentar candidaturas a cargos electivos y su ausencia en el escenario parlamentario, había vuelto nula su capacidad para ofrecer participación en la distribución de los recursos institucionales del Estado, a su vez permitió la aparición del Partido Socialista como segunda fuerza y como colorario, facilitó la consolidación política de gobiernos democráticos, que no encontraron obstáculos ni obstrucciones de tipo legislativo.

Las elecciones de 1932, en la provincia de Córdoba, llevaron a un demócrata al poder, el Dr. Pedro J Frias, quien se mostraba distante de las mayorías populares y dirigía un claro ataque al socialismo, ello no se convirtió en excusa para que se concretaran medidas tendientes a ampliar la intervención estatal tales como la creación de la Junta de Trabajo, para combatir el paro forzoso, ampliamente extendido como consecuencia de la crisis.

La provincia de Córdoba participó en forma activa en el crecimiento fabril que se registró en nuestro país, al posibilitar el afianzamiento de los sectores dinámicos. Esta contribución, fue la resultante de un proceso que al partir de etapas pre-industriales, posibilitó una positiva evolución y permitió la conformación de la llamada Córdoba industrial.

La economía provincial, no fue ajena a los embates de la crisis internacional de 1929, a raíz de la dependencia del país con las economías externas, lo que hacía evidente su vulnerabilidad. Esta crisis llevo a los gobiernos provinciales a replantearse el papel que debía jugar el Estado frente a la cuestión social.

Los radicales y en especial los sabattinistas, le asignaron un rol central como mediador en el conflicto. Proponían dejar de lado la tendencia presente en las décadas anteriores consistentes en la prescindencia y el asistencialismo. En este nuevo rol, el Estado provincial se dio a la tarea de planificar por medio de las instituciones y la legislación, en un contexto de creciente conflictividad social, el accionar que los diferentes actores sociales debían tener, para adoptar políticas autónomas y muchas veces en oposición al ejecutivo nacional.

En la provincia mediterránea, a las características nacionales se agrega el accionar de las empresas de índole militar que tenían por objetivo promover las producciones dinámicas, que de ellas dependerían, como ramificaciones, dentro de una tendencia de fortalecimiento de los criterios industrializantes de los ámbitos castrenses.

Córdoba abogo por la ISI, al adoptar las industrias un protagonismo y captar la existencia de un mercado consumidor demandante de artículos y productos diversos, que el contexto externo, no podía suministrar. Cabe aclarar, no obstante, que no es sino hasta la década de 1950 cuando se advirtió una marcada expansión económica producto del rápido crecimiento y la diversificación productiva que exhibían las ramas industriales.

1.2.1. El intervencionismo estatal llega a Rio Tercero

En la localidad de Río Tercero, la postura intervencionista llego de la mano de un funcionario llamado D. L. Humber, quien una vez en el cargo se dispuso a desplazar el intendente en el cargo Silvio Gigli. Con la autoridad que le confería su cargo, determinó que tenía que ser Clodomiro Bo, un vecino del pueblo, la nueva autoridad municipal. El nuevo dignatario constato que la desocupación y la recesión eran preocupantes, por lo que ideo una medida para crear trabajo, a sabiendas que la misma podría no ser grata para los locales. Así, por medio de un decreto se emplazó a todos los propietarios de terrenos baldíos a tapialar, y a los que tuvieran propiedades sobre las calles principales a construir veredas de mosaicos. Esta acción generó no solo protestas, sino gestiones y hasta trámites ante la provincia, ninguna de estas gestiones, lograron cumplir su cometido, incluso se agrego que si los propietarios no cumplían, la obra seria realizada por el municipio pero serian cobradas con recargo a los frentistas.

Se realizaron comicios el 17 de noviembre de 1935 y el que obtuvo la victoria fue Victorio Abrile quien se caracterizó por seguir una estricta política impositiva y recaudatoria, enmarcándolo todo en suma austeridad en los gastos municipales. La pobreza y desocupación eran problemas cotidianos en el pueblo que por ese entonces tenía 2500 habitantes.

Hubo dos hechos importantes que no solo le dieron un matiz diferente a la gestión municipal, sino que le imprimiría un sello distintivo a la ciudad en su devenir. Estos fueron la creación de la Cooperativa de Luz y Fuerza de Río Tercero (1933) y la instalación de la Fábrica Militar.

1.3. El radicalismo llega a la gobernación de Córdoba

En 1936 con la asunción del Dr. Sabattini al ejecutivo provincial, se van a manifestar cambios, en su obra apoyó e impulsó una política industrialista lo que dio inicio a una profunda transformación del perfil productivo de la provincia. Esta metamorfosis se realizó a través de un amplio plan de centrales hidroeléctricas ubicadas a lo largo del paisaje cordobés, denominadas dique la Viña, San Roque, Cruz del Eje y Río Tercero y también las fábricas militares de armamentos ubicadas en las localidades de Río Tercero, Villa María y San Francisco.

Hacia 1938, el diario Córdoba de la ciudad capital a modo de anuario publicó una descripción de cada localidad de la provincia junto con un relevamiento de todos los establecimientos comerciales e industriales. En la sección dedicada al departamento Tercero Arriba, donde se encontraba situada la localidad eje de este trabajo, se estableció que Oliva era la principal por lo que se la designó como localidad cabecera, con una suma total de 9000 habitantes. Le seguían en orden de importancia Hernando con 8000, James Craik con 5000 y Río Tercero con 3500. A una década de esta publicación, la situación se había modificado, pasando a ser Río Tercero, la principal localidad del departamento, con alrededor de 14000 habitantes.

De más está decir que este cambio en el plano demográfico se debió en gran parte al resultado de la aplicación de las políticas nacionales, en relación a la proliferación de instalaciones fabriles de materiales bélicos, siguiendo con objetivos claros al propugnar la defensa de la propia producción del país como eficaz y fundamental herramienta de crecimiento. De tal manera, se fortalece en ámbitos políticos, empresarios e intelectuales el debate – de gran permanencia en el tiempo- en torno al protagonismo que le cabe al Estado en el desenvolvimiento de las cuestiones económicas.

2. Guerra, industrialización y Estado de Bienestar: el caso argentino

En este escenario se añade un nuevo sector que en torno a la acción promotora del poder público, imprime matices propios. Se trata de las fuerzas armadas y más específicamente el ejército, y esto es así porque en razón de los argumentos que exhibían como necesaria la conexión entre poderío militar y grado de desarrollo industrial, ciertos grupos de opinión dentro de sus filas juzgaban imprescindible propiciar la industrialización del país.

Cuando estalla la segunda guerra mundial, el Estado busco tener una propuesta diferente, por lo que las previsiones del Plan Pinedo del año 1940, procuraban conciliar industrialización y economía abierta y de esa manera lograr anticiparse a los efectos de la posguerra. Aglutina al sector castrense el propósito de obtener una adecuada y moderna infraestructura logística defensiva-ofensiva cimentada en la concepción de la "Nación en Armas".

Durante la presidencia del general Farrell su, por entonces ministro de guerra, Juan Domingo Perón, pronuncio unas palabras en las que "ponderó a la industria argentina como punto crítico de nuestra defensa nacional". Afirmaba, además, que "el Estado debe incitar, proceder, proteger y mostrar el camino a seguir en la acción industrial abocándose a las producciones relativas a la defensa a través de la denominada industria pesada".[58]

Los reclamos militares apuntaban de modo central a completar el sistema industrial existente añadiendo al vigente modelo de industrialización sustitutiva de importaciones la fabricación de equipos y pertrechos destinados a la defensa nacional. De esta forma, el ejército asumió un rol protagónico en el proceso fabril argentino al traducir su creciente nacionalismo en la praxis productiva concreta, por esto es que la tarea esencial la constituyó la provisión de los materiales e implementos relativos a la acción militar a través de la creación de la Dirección General de Fabricaciones Militares en el año 1941. De igual modo, se tornó significativo el impulso brindado a la realización de obras públicas (carreteras, caminos, tendidos ferroviarios, puentes, cuarteles y hospitales militares) que reportaban una marcada actividad para los diversos rubros productivos vinculados a la construcción.

La concreción de metas tales como la provisión propia de insumos industriales, la explotación de recursos mineros y energéticos, aunaba opiniones provenientes de los círculos militares y de los ámbitos civiles en razón de la concepción compartida en torno de un proceso industrial sustentado en materias primas domésticas.

La acción de la Dirección General de Fabricaciones Militares, se visualizó rápidamente dado que en un breve tiempo se establecieron e iniciaron sus producciones particulares, once fábricas militares instaladas en diferentes puntos del país.

Tres de estos establecimientos de gestión oficial se localizaron en ciudades de la provincia de Córdoba, entre los años 1936 y 1943. Interesa destacar que la radicación de estas plantas, ejerce un notorio influjo en el desenvolvimiento fabril de la ciudad en la que se hallan inmersas, y conllevó, además, un proceso demográfico que cambió la tradicional cara de muchas localidades.

En el año 1943, se produce un nuevo golpe de Estado en el territorio argentino, que desde una postura de Estado nacionalista, popular, dirigista y planificador, intenta recomponer el nexo entre gobernabilidad y democracia. Se continúa con el impulso a la industria y trasciende la sustitución de importaciones al enlazarse con una política socioeconómica que apuntaba atender al mercado interno, ya fortalecido luego de la crisis económica mundial. La siguiente cita evidencia el proceso de industrialización fomentado:

"Yo me enfermé en 1942 -era cajonero- y estuve quince días enfermo y no cobré ninguno de los días. Y con la promesa de volver, me consideraban y me guardaban el trabajo. No había clavos, porque hasta 1944 se hacían en Bélgica. Acá no había una fábrica que haga clavos en la Argentina [… ] Le estoy hablando clavos para los cajones. Cuando no había clavos, estábamos un mes sin trabajar, en casa. Yo vendía acaroína y todas esas cosas, para vivir…era soltero, un muchacho era. Mi padre trabajaba en el Lisandro de la Torre, comida teníamos asegurada, pero yo tenía que ayudar a mi padre. Después del '45, la Tamet empezó a hacer clavos y ya no dependíamos de Bélgica. Teníamos todos los clavos que queríamos, y trabajábamos." Norberto Capdevila, obrero del frigorífico Lisandro de la Torre.

Dentro del modelo económico la prioridad era profundizar la industrialización, cuya demanda procedería del mercado interno, por lo que el peronismo, luego de su triunfo en 1946, alentó el pleno empleo y favoreció la redistribución del ingreso por medio de la extensión de las políticas sociales, implementadas desde 1943.

La inestabilidad política en el plano nacional, llevo a tener que tolerar constantes intervenciones federales en los gobiernos provinciales, esto trajo como consecuencia la no continuidad de las políticas públicas iniciadas. El Estado provincial sufrió un déficit económico que redujo los niveles de recaudación, lo que generó una disminución de la inversión pública

Esta situación histórica es capitalizada, en dicho momento, por el General Juan Domingo Perón que comienza su accionar desde la Secretaria de Trabajo y Previsión Social hasta llegar a detentar el cargo de Presidente, ese puesto lo va a ocupar en dos periodos consecutivos (1946-1952/1952-1955), terminando abruptamente a consecuencia de un golpe militar. Durante su presidencia, Perón desarrollará en su línea política una fuerte presencia del Estado, particularmente en lo concerniente al proceso de estatización que se va a implementar sobretodo en los "servicios públicos".

El populismo en el vocabulario occidental hace referencia a un fenómeno político del siglo XIX que había surgido en Rusia y en los Estados Unidos y que se relacionaba con una problemática rural. Estos se caracterizaban por la revalorización de la vida en el campo y por la oposición a la modernidad urbana e industrial. Hacia mediados del siglo XX, los especialistas en ciencias sociales latinoamericanas se apropiaron del término para designar a las experiencias nacionalistas, urbanas, que promovían el desarrollo industrial y proclamaban en movilizaciones populares que las ventajas de la modernidad debían ser para todos.

En sus obras, Gino Germani, nos presenta elementos para comprender la adaptación del término populismo al área latinoamericana. Por medio de la "teoría del plato de lentejas"[59], el autor explica que el pueblo había vendido su libertad para obtener algunas ventajas materiales. En el caso de los trabajadores que brindaban su total apoyo a Perón, lejos de sentirse despojados de su libertad, estaban totalmente convencidos de haberla conquistado, pero nunca tuvieron una libertad concreta. Es por medio del justicialismo que estos trabajadores consiguieron la libertad de afirmar sus derechos contra los patrones y capataces, la de elegir sus delegados, la de ganar litigios en los tribunales de trabajo, la de sentirse un señor en su casa, en síntesis la de haber obtenido dignidad social.

El adoptar este fenómeno político significó más que un cambio de palabras cuando se reemplaza "orden-disciplina-jerarquía" por "justicia social" o en el caso de "derecho de los trabajadores "por "régimen de los descamisados". Para obtener el apoyo de la base popular, Perón, tuvo que tolerar la participación efectiva de esta justicia social, por supuesto limitada. La originalidad de los regímenes nacionales y populares de América Latina, reside en la naturaleza de la participación política de los sectores populares.

3. La Guerra Fría y su impacto en la Argentina

A poco de iniciado el primer gobierno del general, en el mundo comenzaba la Guerra Fría, una contienda con características diferentes hasta ese momento. El panorama era de una Europa devastada y empobrecida, tras haber perdido su dominio en el escenario mundial y la instauración de dos superpotencias que promovían sistemas políticos e ideológicos antagónicos con un único objetivo: la disputa por la primacía mundial. Desde cada bloque, se intentaba influir sobre la comunidad internacional y demostrar que sus sistemas eran los óptimos para garantizar el bienestar de los ciudadanos.

En ese período histórico se conformó el mundo bipolar, este era un escenario condicionado por las políticas de los grandes núcleos de poder, cada bando constituyo su propia esfera de influencia y busco ampliarla sobre otros territorios, especialmente los países periféricos. La rivalidad política y militar fue acompañada de un fuerte antagonismo ideológico.

La Unión Soviética, impulsaba el socialismo, basado en una economía centralizada planificada por el Estado bajo una dictadura de partido único con libertades civiles y políticas limitadas. Por su parte, el occidente capitalista promovía el llamado "Estado de Bienestar" una economía de mercado con intervención estatal que trataba de garantizar el pleno empleo y una serie de importantes beneficios sociales. En lo político, se instauraron regímenes parlamentarios con libertad política, aunque en ciertos casos, la amenaza comunista dio lugar al establecimiento de gobiernos autoritarios.

El gobierno del General Juan Domingo Perón, con su política de estatización, en realidad se encontraba en la búsqueda de una liberación nacional, esto significó la ruptura de la dependencia que se venía manteniendo con el imperialismo británico. Dicho quiebre se logró a través de diversas medidas que recuperaron para la Argentina los resortes de la economía que estaban en manos extranjeras, como por ejemplo, la nacionalización del Banco Central (control de los cambios, las tasas de interés y la circulación monetaria a favor del estado), de los ferrocarriles y empresas de transporte automotor, recupero de la soberanía sobre los puertos nacionales, el reemplazo de la Compañía Primitiva de Gas, por Gas del Estado, de la extranjera Unión Telefónica por ENTEL, y de las usinas provinciales a favor de la American Foreing-Power por la red de Agua y Energía. Este accionar abonaba el modo en que nuevos dominios de la actividad administrativa se reconocieran como practicas legítimas del Estado.

Esta política de nacionalización, también llego a la localidad de Río Tercero, cuando en el año 1948, el municipio ordeno realizar, al igual que en la mayoría de las localidades del país, una fiesta para celebrar el traspaso de la empresa ferroviaria. Esta operación se realizaba de la compañía inglesa al Estado nacional. En ese acto se hicieron presentes las palabras del general Perón, por medio de la retransmisión que hizo llegar el discurso, donde aludía a la transferencia. Esta acción se concatena con un elemento que fue clave durante el periodo peronista, de naturaleza simbólica, manifiesto en la política de difusión pública. La secretaria de prensa y difusión genero un sustento de adhesión, por esta vía a las políticas del Estado.

3.1. Córdoba en la transición: de la Década Infame al Peronismo.

Desde el golpe de 1943 y, al menos hasta 1946, acaeció en la provincia un período de inestabilidad, marcado por permanentes recambios en el ejecutivo, al tener en el haber nueve interventores. Esta inestabilidad se desarrollaba en medio de pujas políticas y la presencia del poder central en la política provincial.

Según estudios realizados por Cesar Tcach, Luis González Esteves y Marta Philp, sobre la llegada del peronismo al gobierno de Córdoba, señalan que su irrupción conllevó cambios significativos, en el mapa político provincial, en algunos casos se desdibujaron identidades partidarias con radicales y demócratas que se sumaron al nuevo partido y en otros casos, al fortalecer esa identidad en torno a la persona de Sabattini.[60]

César Tcach señala, que en sus orígenes, la dirección política del peronismo fue el resultado de la confluencia de tres sectores: la élite católica tradicional -Acción Católica-; otro grupo lo constituyó un sector nacionalista y antiliberal de la UCR y la tendencia tradicionalista del Partido Demócrata Nacional de Córdoba. Cabe aclarar que el sabattinismo cordobés tenía una posición nacionalista en materia económica y de política exterior, similares a la política económica en el plano nacional, de allí que hubiese condiciones de recepción favorables al peronismo.[61]

El peronismo, considerado por Torcuato Di Tella, como una ideología con fuerte contenido emocional que favorecía la comunicación entre masa y líder[62]continuó con la política económica de la década de 1930, orientada al fomento de la industrialización por sustitución de importación, por temor a que estallara una tercera guerra mundial que pudiera provocar una nueva depresión económica, Perón consideraba necesario lograr la independencia económica del país.

Esto implicaba reducir al máximo la dependencia del exterior en cuanto a la obtención de productos industrializados, que debían ser suministrados por la industria local. Para cumplir ese objetivo el gobierno recurrió a una herramienta muy extendida en el mundo: la intervención del Estado en la economía.

Así se procedió a elaborar planes de desarrollo a mediano plazo, basados en los objetivos que se pretendían alcanzar. Dos planes quinquenales, el 1º se extendió desde 1947 a 1951 y el segundo basado en un diagnostico radicalmente distinto de los problemas económicos, comenzó a aplicarse a partir de 1953. Con la aplicación del primer plan se evidencia la culminación del ciclo que llevo a la construcción del Estado de desarrollo en la Argentina, por lo que la incorporación de nuevas funciones estatales debía asentarse sobre formas organizacionales que satisficieran los requisitos de producción de las prestaciones a que daban lugar.

Dentro del modelo económico la prioridad era profundizar la industrialización, cuya demanda procedería del mercado interno, por lo que el peronismo alentó el pleno empleo y favoreció la redistribución del ingreso por medio de la extensión de las políticas sociales, implementadas desde 1943.

Perón consolidó las potencialidades de la clase obrera organizada, al mismo tiempo canalizaba y neutralizaba su aspiración popular de enfrentar al sistema de valores capitalistas. Inició un movimiento de masas, que conto con el apoyo mayoritario de los trabajadores, sin combatir la forma de producción capitalista y favoreciendo el desarrollo de una clase capitalista nacional en el área industrial.

A comienzos de la década del "50, la crisis económica que padecía el país, por la pérdida de cosechas y el agotamiento de reservas, sumados a la acentuación de la guerra fría, provocó un viraje en la política exterior de Perón. Los intereses norteamericanos ya no resultaron incompatibles con los objetivos del peronismo. En el marco del II Plan Quinquenal, se entablaron una serie de negociaciones con los capitales estadounidenses, auspiciadas por la nueva administración de Eisenhower. Los contratos petroleros con la Standard Oil fueron una síntesis de esta nueva política. La vida interna del país afrontó este nuevo contexto económico, acelerando el resquebrajamiento de la coalición social que daba sustento al poder de Perón. Los primeros enfrentamientos con el movimiento obrero se originaron a partir de la reducción de los salarios y de beneficios sociales que se perdieron en ese período. La decisión por parte del Vaticano de impulsar la formación de partidos políticos encuadrados en la doctrina eclesiástica, sumada a la crisis de la relación con el movimiento obrero, provocó los primeros enfrentamientos con la Iglesia. La discordia se agravó ante la propuesta de una Ley de divorcio impulsada por Perón. Los simpatizantes peronistas propiciaron incendios en algunas iglesias estableciendo un divorcio con la entidad que había dado su apoyo al comienzo de su gestión.

Es en plano nacional, donde las Fuerzas Armadas recrudecieron las críticas contra el presidente. Benjamín Menéndez encabezó el levantamiento militar de 1951. Este primer enfrentamiento interno de las FFAA perfiló una oposición que tuvo como objetivo convertir la mayoría electoral de Perón en minoría militar. A partir de estos cambios, se profundiza el cariz autoritario del gobierno peronista. Fueron cerrados y clausurados los periódicos opositores, se persiguió y encarceló a dirigentes políticos.

La caída del gobierno peronista, en septiembre de 1955, fue producto de la convergencia de un amplio frente integrado por los partidos políticos opositores, los representantes de la industria y el agro, los sectores medios y la Iglesia, si bien el brazo ejecutor fueron las Fuerzas Armadas. Los golpistas sólo estaban unidos por la oposición al peronismo, ya que sus objetivos eran dispares.

3.1.1. El peronismo cordobés

Argentino Auchter – ex funcionario sabattinista – fue el primer gobernador peronista de la provincia de Córdoba, profundamente conservador y antiliberal. Pertenecía al sector de la UCR, Junta Renovadora, aun antes de iniciar su gestión, debió hacer frente a disidencias dentro de la misma fórmula gobernante, esto es el partido laborista al que pertenecía el vice gobernador Ramón Asís, además de la oposición en las cámaras de radicales y demócratas. El conflicto concluyó con la provincia intervenida entre 1947 y 1949. Durante la intervención de Aristóbulo Vargas Belmonte, y aun después, durante los gobiernos peronistas del brigadier Juan Ignacio San Martín y Atilio Antinucci, entre 1949 y 1952, se agudizó el avance del Estado nacional sobre las instituciones provinciales y la intolerancia hacia la oposición.[63]

Esta situación se reflejó claramente en los debates que se sucedieron en el seno del poder legislativo, en especial en el senado donde los radicales, liderados por Arturo Zanichelli, ejercieron una fuerte oposición a lo que consideraban un avasallamiento de federalismo y la autonomía provincial. A través del seguimiento de los debates entre el peronismo y la oposición, es posible percibir cómo se visualizaban y posicionaban los viejos y los nuevos actores políticos.

Como consecuencia del movimiento militar de 1943, todas las provincias fueron intervenidas por el gobierno nacional, no obstante esta situación, luego del triunfo del peronismo en 1946, la provincia de Córdoba fue intervenida en sus tres poderes, entre los años 1947 y principios de 1949. Este nuevo gobierno nacional, en su condición de fuerza oficialista apeló a distintos medios para consolidarse en la provincia mediterránea.

Uno de ellos fue el reforzar el poder ejecutivo provincial en deterioro del legislativo, sede de la oposición radical, demócrata y laborista. En este sentido el proyecto de la creación por decreto de una Secretaria Técnica de la Gobernación, rechazada por la mayoría radical en el senado, es demostrativo de esta tendencia, que desde el oficialismo justificaban, por la creciente complejidad de la administración pública.

La oposición, argumentaba que se estaba atentando contra la autonomía provincial y otros a su vez, atribuían a estas creaciones como sombras del falangismo. Rasgo marcado a lo largo del periodo de tiempo escogido para la investigación, con un tinte totalitario. En síntesis, el ambiente político, se caracterizo por posturas dicotómicas.

La concepción de este Estado, estaba a tono de los cambios necesarios frente a una gran crisis como consecuencia de la segunda guerra mundial, que puso en el tapete la crisis del individualismo liberal, volviéndose urgente una redefinición de las funciones, órganos y deberes del Estado. Así fue como se antepuso a esa vieja realidad, una nueva agrupación política que tenía como objetivo lograr el bienestar colectivo.

A continuación, en los párrafos siguientes, se plasmara la evolución del movimiento cooperativo en el plano nacional, provincial y local. El incorporar este desarrollo apunta a que consideramos imprescindible entender el protagonismo de este tipo de institución dentro del momento histórico trabajado, para entender cómo la Cooperativa de Luz y Fuerza de Río Tercero, fue la encargada de lograr la provisión de agua corriente a la localidad.

4. El movimiento cooperativo: evolución

El investigador y teórico, Ezequiel Ander-Egg sostiene que las cooperativas constituyen programas de desarrollo comunitario, puesto que son instrumentos de promoción colectiva y solidaria, y que los métodos cooperativos pueden aplicarse provechosamente para satisfacer diversas necesidades sociales y económicas concretas en las comunidades locales. En general podemos definir a la cooperativa como una asociación en la que un determinado número de personas se agrupa voluntariamente, basadas en el principio de ayuda mutua y reciprocidad, con el propósito de constituir una empresa caracterizada fundamentalmente por no perseguir fines de lucro, en la que todos tienen igualdad de derechos y en la que el beneficio obtenido se reparte entre sus asociados.[64]

Si se concibe el desarrollo de una comunidad como un instrumento que mediante organización y educación de las colectividades promueve, la participación consciente de la población en el planteamiento y ejecución de programas de beneficio colectivo, que juega un papel importante en el campo de la motivación para producir cambios de actitud favorables al progreso, que permite acelerar la integración de fuerzas que intervienen en el desarrollo general[65]entonces el quehacer cooperativo seria la vía de acción optima

Cuando se habla de desarrollo de la comunidad se señala como objetivo lograr que las comunidades impulsen su propio desarrollo y resuelvan sus problemas más agudos. Esto logró la comunidad de Río Tercero ante la necesidad de proveerse de un elemento vital para el desarrollo de cualquier ser vivo y la ciudad, el agua.

4.1. La llegada del movimiento cooperativo al país.

El inicio del cooperativismo en la Argentina en el último cuarto de siglo pasado, fue iniciado por los inmigrantes europeos que arribaron a nuestras playas, en nutridos contingentes, después de la Organización Nacional.

Desde el punto de vista jurídico, en el movimiento cooperativo argentino pueden considerarse dos etapas: una que va desde la aparición de los primeros ensayos de cooperación económica hasta el año 1926, y otra desde ese año hasta el momento actual.

La primera cooperativa que se constituye fue la denominada "El Progreso Agrícola" de Pigüé, fundada en 1898 por un grupo de agricultores franceses del sur de la provincia de Buenos Aires.

En el ámbito urbano, la primera cooperativa que se creó en el país fue "El Hogar Obrero". Esta cooperativa de consumo, crédito y vivienda surgió en Buenos Aires en 1905 por iniciativa de un grupo de obreros y bajo la inspiración ideológica del socialismo.

Escribe Raimundo Real en su tesis[66]del año 1900: "El movimiento cooperativo entre nosotros es de muy escasa importancia. La facilidad de vida, en primer término, y, en segundo, la falta de educación económica, de unión gremial, de organización y disciplina, son probablemente las causas de que la cooperación no haya progresado. La mayor parte de las que han sido autorizadas e inscriptas no han llegado a constituirse o han fracasado, y de las pocas que funcionan con el nombre de cooperativas, quizás no hay tres que lo sean en realidad".

Poco a poco comenzó a desarrollarse, en nuestro país el movimiento cooperativo, cuyo espacio más propicio durante los primeros tiempos fue el medio rural, donde surgieron numerosas cooperativas que se dedicaron principalmente a la comercialización de los productos agropecuarios de sus asociados.

En el medio urbano, en cambio, el desarrollo fue más lento. En un comienzo, aparecieron cooperativas de consumo y luego se organizaron otras para la provisión de servicios tales como el crédito, el seguro, la vivienda y fundamentalmente la electricidad. El auge se produjo en la década de 1920, en donde el desarrollo de las cooperativas se vio estimulado por la sanción, en 1926[67]de la ley que regulaba a estas asociaciones[68]ya que hasta ese momento, este tipo de entidades se hallaban organizadas por las escasas disposiciones[69]existentes en el Código de Comercio.[70]

La ley Nº 11.388 "Régimen legal de las Asociaciones Cooperativas", era una ley general, ya que, establecía normas de organización, administración y control para todos los tipos de cooperativas; y tenía un alcance nacional, por cuanto se aplicaba a las cooperativas de todo el país.

Con la promulgación de la ley 11.388 que, inspirada en los principios de los pioneros de Rochdale, destacó con exactitud y precisión, la peculiaridad de las sociedades cooperativas y fijó las condiciones para su existencia legal. A los dos años de su existencia, una estadística del Ministerio de Agricultura revela 79 cooperativas urbanas y 143 rurales, las primeras ubicadas con preferencia en la Capital Federal y provincia de Buenos Aires y las segundas en el Litoral, Córdoba y Territorios Nacionales.

Pero en materia legislativa no se puso el punto final allí, sino que en el año 1973 se presenta un Proyecto de Ley de Cooperativas, destinado a reemplazar a la vigente Ley 11.388 y que incorpora a su texto las disposiciones de la Ley 19.219. Ante la necesidad de actualizar el sistema legal de las cooperativas, el Instituto Nacional de Acción Cooperativa, designó una Comisión especial constituida por directores y representantes del movimiento cooperativo, para abocarse al estudio y elaboración del Anteproyecto respectivo.

El surgimiento de las cooperativas eléctricas se produjo a fines de la década de 1920, momento en que la distribución de la energía estaba a cargo de empresas de capital extranjero, como Cade, Italo, Ansec, Sudam y el grupo Suizo, con un escaso control por parte del Estado. El desarrollo del cooperativismo eléctrico tuvo un origen reivindicativo por parte de los usuarios urbanos del servicio, preocupados por las altas tarifas vigentes, en esa época en Argentina.[71]

El nacimiento de las cooperativas dedicadas al servicio eléctrico en Argentina, en 1926 en Punta Alta surge la primera en la provincia de Buenos Aires y tuvo como objetivo inicial y notable el suministrar a sus asociados la electricidad que requerían, aunque luego a esa oferta inicial fueron incorporando otro tipo de servicios.[72]

Con el correr de los tiempos, numerosas de esas cooperativas adoptaron un perfil de varios servicios paralelos, que las convirtió en cooperativas de servicios públicos aunque aquí, en nuestro país, siempre tuvieron por fin principal suministrar electricidad a sus asociados. En un primer momento atendieron únicamente las demandas de centros urbanos pequeños y medianos y sólo con posterioridad, a su desarrollo y evolución, emprendieron del mismo modo, la electrificación rural.

4.2. El cooperativismo también se hace presente en Córdoba

No escapa a esta generalidad, nuestra provincia de Córdoba donde fueron las cooperativas las que llevaron la electricidad al campo y al mismo tiempo, anexaron a su función inicial: producción y/o distribución de energía eléctrica. Otros servicios vitales implementados para la comunidad se pueden enumerar: la distribución de materiales y artefactos eléctricos; el alumbrado pública de las calles de la ciudad, los servicios sanitarios de agua corriente, la red cloacas, el gas natural, el servicio de teléfono y televisión por cable; diversos servicios sociales, entre ellos fúnebres, seguros y medicina prepaga, entre otros. En pocas décadas se transformaron en cooperativas de servicios públicos, constituyendo en la actualidad un sector relevante dentro de la estructura de la economía cordobesa.[73]

El sector servicios, es el sector económico que engloba todas aquellas actividades económicas que no producen bienes materiales de forma directa, sino servicios que se ofrecen para satisfacer las necesidades de la población.

La historia de los servicios públicos está ligada a dos hechos: al desarrollo de las fuerzas productivas y, a la concentración de los seres humanos en poblaciones. Antes de los inventos producto del capitalismo, la energía eléctrica, el tratamiento y conducción de las aguas, el teléfono, etc., no existían como servicios públicos domiciliarios, surgen a partir del desarrollo y evolución de las demandas de los pobladores y de un largo proceso dentro del sistema capitalista.

Las cooperativas argentinas han sido forjadoras del desarrollo urbano y rural en el territorio nacional, dando respuestas inmediatas y satisfactorias a distintas carestías en diversos sectores sociales. Todo ello, sin intermediarios ni fines de lucro, abaratando costos que pudieran impedir la prestación masiva del servicio y mejorando la calidad de vida, de un considerable número de habitantes.

El cooperativismo de servicios públicos a nivel nacional, se origina ante la presencia de empresas monopólicas extranjeras y especulativas, que cometían todo tipo de abusos al detentar sus posiciones en el mercado nacional e internacional.

El modo de gestión privada de los servicios públicos, ha encontrado en las cooperativas, altos grados de eficiencia y eficacia, a la vez que privilegia el interés general de la mayoría de la población, por sobre el provecho individual o corporativo.

Ese singular desarrollo ha preocupado a los científicos sociales, que lo han estudiado desde distintas perspectivas.[74] Es, sin embargo, una cuestión hasta ahora escasamente abordada por la historiografía económica y social argentina[75]centrando la atención en la experiencia cordobesa y sin perder de vista que ambas transformaciones, de exclusivamente urbanas a motores de la electrificación del campo y de exclusivamente eléctricas a proveedoras de diversos servicios públicos, son consecuencia de la influencia de dos factores principales: las características propias de la industria eléctrica argentina y la función asumida por los poderes públicos en relación con ella a través del tiempo.[76]

En sintonía con la realidad que se venía planteando es Amadeo Sabattini, quien en su primer mensaje a la legislatura cordobesa, en mayo de 1936, propuso la creación de entidades mixtas de particulares y el Estado para la dirección y administración de las fuentes primarias de energía y la constitución de cooperativas para la distribución y el servicio público. En realidad, lo que estaban proponiendo tanto la comisión de los legisladores encargados de la elaboración de ley 11.388 como Sabattini era aplicar en la provincia las nuevas formas de prestación de los servicios públicos que caracterizaba la experiencia internacional del momento y según la cual incumbía al Estado el proveer y promover tales servicios mediante tres posibles formas : 1) por el propio Estado (servicios estatales) o por concesionarios de acuerdo con leyes o convenios con el Estado, 2) por los propios usuarios, mediante cooperativas y 3) por regímenes mixtos, ya sea entre el Estado y las empresas particulares o entre el Estado y los usuarios. Por entonces, el servicio eléctrico cordobés era prestado por empresas privadas, mediante concesiones del Estado.[77]