Ideología e información: reflexiones acerca de las políticas de información en educación primaria en Uruguay (página 6)
Enviado por Fernando Montenegro
3) la función económica, en el actual Uruguay neoliberal, se torna ostensible en la extensión e importancia que adquiere la misma. Las Políticas son así direccionadas o focalizadas hacia aquellos sectores de la población económicamente activa, empleada o desempleada circunstancialmente, descuidando a los sectores de la población que se encuentra en situación de extrema pobreza, es decir, sectores con poca o ninguna importancia desde el punto de vista económico y político para el capital.
Tal como sugiere Santiago (2006), "Mientras que la riqueza que ingresa al país siga sin redistribuirse equitativamente no habrá ningún camino posible para modificar la realidad social y el país -más allá de los aplausos del FMI (por los adelantos del pago de la deuda) y del Banco Mundial (por la adecuación de la política macroeconómica a sus visiones)- se seguirá acumulando para cubrir la exigencia del superávit primario y con ello pagar con regularidad los próximos vencimientos de la deuda. Pero, ¿hasta cuándo? Hay alguna gente que no puede esperar.."
Recapitulando, decimos que "Toda política social é uma política do Estado. Portanto, a delimitação de dereitos a ser satisfeitos através das políticas sociais devem ser garantidos através de determinações legais. O conjunto destas determinações, expressas no aparato jurídico-formal do Estado também possibilita entender as lutas de classes que conformam o Estado. […] o Estado não é um bloco monolítico, ainda que seja, na ordem burguesa, sempre, um Estado da classe burguesa. Mas, permeado pelas lutas de classes, e submetido a conjuras históricas específicas, o Estado vai se moldando de tal forma a garantir a manutenção do poder da classe burguesa." (Machado, 2004)
3.5.2. LAS POLÍTICAS SOCIALES DESDE EL MARXISMO
El abordaje desde la perspectiva marxista de las Políticas Sociales requiere, tal como lo expresa Coimbra (1987, p. 86), subdividir la discusión en tres áreas.
Es así, que el autor identifica, en primer término, la obra de Marx; en segundo lugar, identifica las ideas marxistas hasta 1970; y por último, como tercera rama, la producción de los últimos años, período en el que se produce un gran incremento en investigaciones marxistas sobre política social.
En lo que refiere a la obra del propio Marx, debemos coincidir con Coimbra en que no existe en la obra marxiana una teorización abocada en forma explícita al estudio de Política Social.
No obstante, "Em parte, isto pode ser explicado pelo fato de que, na altura em que escreveu, practicamente nenhuma das modernas instituições de política social havia surgido. Na Inglaterra, país que estudou em maior detalhe, o que vigia era a revisão feita em 1834 da Lei dos Pobres (Poor Law), a bem dizer uma medida de "política anti-social". Na Alemanha, a legislação bismarckiana apenas começava, somente vindo a se consolidar após a morte de Marx." (Coimbra, 1987, p. 86)
Sin embargo, debe considerarse que la obra de Marx ataca la concepción de sociedad capitalista, cuya organización social se opone radicalmente a la idea de bienestar. "Poe-se dizer que, em Marx, o bem-estar social é concebido como uma norma relacional baseada nos valores da solaridad e da cooperação." (Coimbra, 1987, p. 87)
El reconocimiento universal de las necesidades humanas y la repartición de la producción social, son concepciones inaceptables para el capital y sus instituciones.
Tal como sostiene Mishra (1981 citado en Coimbra, 1987, p. 87) la idea de "[…] bem-estar somente podera ser establecida como uma norma central quando o controle comune sobre as condições de trabalho e de vida fosse afirmado, ou seja, quando o mercado, a propiedade privada e a producão para o lucro fossem abolidas e substituídas por um sistema cooperativo de producão e distribucão."
La concepción, entonces, de la Política Social desde esta óptica totalizante e integradora, puede ser visualizada en sus diferentes obras, pero fundamentalmente en la "Crítica del Programa de Gotha" -donde los conceptos vertidos sobre la instrucción y educación son un claro ejemplo-, o en "El Capital" -en lo que refiere a la reglamentación de la jornada de trabajo obrera, y en especial, en la regulación del trabajo e instrucción de jóvenes y niños-.
Convenimos, en sentido estricto, referirnos "[…] a la política social (en singular) como la forma política de la cuestión social, que se expresa y materializa en las políticas sectoriales, incluyendo la política laboral que, en primer lugar, delimita tales grados de libertad o de los alcances de la mercantilización de la fuera de trabajo." (Grassi, 2003, p. 26)
Ahora bien, y retomando la reflexión marxiana en lo que hace a la Política Social entendida desde la totalidad, apreciamos que "[…] Marx e também Engels tratarám de quetões como a habitação popular, a saúde pública e a assistêcia social, então emergentes à medida que avançavam a urbanização e a industrialização capitalistas." (Coimbra, 1987, p. 88)
A pesar de ello, Marx concebía la posibilidad de que los valores y las ideas socialistas emergieran desde dentro del sistema capitalista. Este emerger desde dentro del capitalismo implica, en la mayoría de los casos -cuando la acción política fracasa-, el enfrentamiento combativo entre patrones y trabajadores. Desde este punto de vista, Marx concebía a las medidas de protección social como problemáticas y no como naturales de la sociedad capitalista.
Marx visualiza éstas medidas limitadas por dos motivos. El primero de ellos, radica en la incapacidad de logar el bienestar total del trabajador y su familia, mientras que el segundo obedece a la inefectividad y restricción de las mismas. "Nascidas limitadas, as medidas favoráveis à classe trabalhadora esbarrariaam na relutãncia dos parlamentos em regulamentá-las, em dificultades operacionais de várias ordens e na teimosa resistência dos patrões em efetivamente implementá-las. Como escassamente o estado burgués se disporia a fiscalizar seu cumprimento, quase todas as leis de alcance social estariam vocacionadas para permanecer no papel." (Coimbra, 1987, p. 89)
Empero, dejar en manos del Estado burgués, es decir dejar librada la sociedad capitalistas a sus propias fuerzas motrices, no implica más confirmar en sus prácticas el interés de explotar a la clase obrera cada vez más, y es contra esta dirección que apuntan las ideas y nociones en torno a bienestar social marxianas.
Las ideas de Marx en torno al bienestar social fueron tomadas y modificadas por diferentes autores marxistas a lo largo del siglo XX.
No obstante, prácticamente ninguno de ellos le dedicó a la Política Social una detenida atención. "Assim, se é verdade que John Saville, ainda nos anos 50, se ocupou mais sistematicamente do estudo da evolução da política social inglesa, autores como Nicos Paulantzas e Ralph Milliband, responsáveis pelos dois mas difundidos manuals marxistas sobre o Estado nos anos 60 e 70, a rigor ignoram o tema, como se ele não merecesse um tratamento mais que ligero." (Coimbra, 1987, p. 90)
Los textos marxistas sobre Política Social producidos hasta mediados de la década del 70 procuraban demostrar que la funcionalidad de la Política Social con respecto al capitalismo, y que por tanto, ambos podían convivir en una unión armoniosa. "Tenemos, aqui, uma notável revisão das colocações do própio Marx. O que por ele era visto como artificial e inesperado, tornava-se, nas mãos de seus seguidores, algo natural e previsível, um complemento e não uma contradição." (Coimbra, 1987, p. 90)
De esta manera, la Política Social es concebida como ventajosa al proceso de acumulación del Estado capitalista desde dos ángulos diferentes:
a) desde la producción, al rebajar los costos de la reproducción y elevar la productividad del trabajo;
b) desde la circulación, por permitir que los niveles de demanda agregada continuasen elevados.
A propósito de ello, Coimbra (1987, p. 91) plantea que "Sua funcionalidade não cessaria aí, no entanto, pois elas também seriam diretamente úteis para o própio Estado, que através dela ganhava a adesão e a docilidade dos trabalhadores. Estes, iluidos pelas vantagens a curto prazo representadas por ela, abririam mão de seu potencial revolucionário, sendo cooptados e se integrando ao sistema."
Tal es así, que podemos observar a partir de estas reflexiones, que las Políticas Sociales surgen desde la burguesía para atenuar las diferencias sociales existentes, sirviendo al mismo tiempo para enmascarar los intereses políticos y económicos del capital.
Surge, entonces, en el seno del marxismo, un concepto de Política Social estrechamente vinculado a la funcionalidad de la misma para con la manutención del orden social vigente.
Según Oliveira (1989, p. 173), "[…] esta tendência interpretativa preserva a clássica noção marxista da existência de um vínculo, de qualquer natureza, entre Estado (qualquer Estado) e interesses de classe. Ou (para dizê-lo mais sinteticamente, e empregando um jargão que hoje tende a ser considerado "demodé" e não de "bom tom" no mundo acadêmico das ciências sociais): preserva e velha temática marxista da "natureza de classe" do Estado."
Hacia la segunda mitad de la década del 70, se produce una violenta campaña de denuncias y ataques contra las instituciones de Política Social por parte de los sectores que responden a los intereses políticos e ideológicos de la burguesía, encabezados por Friedman y Hayek.
A partir de ese momento, se inicia una nueva etapa en el abordaje de la Política Social desde el marxismo, la cual puede ser explicada como una respuesta a los continuos embates que la derecha estaba pertrechando en su contra.
Es en este momento, en que los viejos conceptos funcionalistas son dejados de lado, procurándose encontrar nuevos modelos teóricos e informaciones empíricas más exactas, de manera que los fenómenos pudiesen ser analizados en su real complejidad.
"Nessa nova vaga de studos marxistas, as antigas teses de Marx foram criticadas, assim como as revisões por que tinham passado ao longo da história do marxismo." (Coimbra, 1987, p. 92)
Los conceptos marxianos son criticados a la luz de la historia de la Política Social en el siglo XX, mientras que el revisionismo funcionalista es desechado en la búsqueda de resultados teóricos más acabados.
Las teorías sobre Política Social del marxismo contemporáneo, integran y articulan contribuciones vertidas desde otras corrientes de pensamiento, y "[…] parece buscar uma superação da tendência à reificação das "funções", que caracterizou o que vimos chamando de "Marxismo Funcionalista"." (Oliveira, 1989, p. 179)
Inspirados en las preocupaciones sociales de Marx, Coimbra (1987, p. 93) identifica, entre otros, los estudios orientados a Política Social de Claus Offe, Cristine Buci-Glucksman, Gosta Espig-Anderson, Goran Therborn, Laura Balbo, Sam Bowles y Herbert Gintis.
Concluyendo, Oliveira (1989, p. 184) plantea que "O enfoque que designamos como "Teoria Política Marxista Contemporânea", por sua vez, se não resolveu o problema queestamos considerando, pelo menos parece apontar uma direção para o seu enfrentamento. Umavez que, desta perspectiva, é a própia ação governamental que transforma um problema amplo em questão específica, adscrita a uma "policy" determinada. Assim, a caracterização teóricamais precisa do campo que costuma ser identificado "naturalmente" (i.e., de forma aparentemente "espontânea", ou "óbvia" como "Políticas Sociais", deveria ser buscada no tipo de "seleção" a que são submetidos os problemas subjacentes àquelas "policies". Seleção que transforma problemas sociais, no sentido amplo do termo, em problemas de políticas sociais."
3.5.3. LAS POLÍTICAS DE INFORMACIÓN
El concepto de Política de Información, dado su carácter abstracto, adquiere tantas definiciones como autores hayan escrito sobre el tema.
Es más, ya que sus teorías se encuentran aún en una fase inicial de desarrollo, las mismas no se encuentran plenamente aceptadas y las opiniones se prestan con frecuencia a controversia.
"La concepción de la sociedad basada en la información y el conocimiento impone progresivamente, en todos los países, el establecimiento de políticas de información, que lleven a sus gobiernos a comprometerse en acciones que van desde los diagnósticos y estudios, hasta la creación de un aparato estatal, más o menos desarrollado, que permita controlar y promover las actividades de información científica y técnica. Establecer, articular o simplemente hablar de políticas de información está de moda a escala mundial desde que el gobierno de Clinton-Gore en los Estados Unidos lanzase su propuesta de la National Information Infraestructure en 1993." (Sánchez Díaz; Vega Valdés, 2003)
A propósito, la "Infraestuctura Global de la Información" fue presentada en 1994 por Gore (citado en Menou, 2004, p. 242) como un medio para alcanzar metas siempre perseguidas, entre ellas:
"compartir información,
comunicar como una comunidad global,
un mayor sentimiento de atención compartida a nuestro pequeño planeta,
democracias más fuertes,
mejores soluciones a los cambios globales y locales del entorno,
mejor cuidado de la salud,
educar a nuestros hijos,
progreso económico vigoroso y sostenido,
un mercado global de la informaión donde los consumidores puedan comprar y vender sus productos,
una economía global conducida por el crecimiento de la Edad de la Información,
apertura de mercado."
En este sentido, concordamos con Marti y Vega-Almeida (2005) en que "La información como aspecto esencial de los fenómenos excluyentes ha sido usada en todos los tiempos. Desde la comunidad primitiva donde se conservaba en secreto determinada información y conocimiento para mantener el status y reconocimiento social, atravesando por la Edad Media donde la Iglesia mantenía un monopolio informacional, hasta hoy donde la concentración regional de sólidas infoestructuras apunta hacia una nueva denominación: Info-pobres e Info-ricos.
Si bien la información ha constituido un elemento importante para la sociedad en cada una de las formaciones económico-sociales; es en las postrimerías del siglo XX cuando comienzan a evidenciarse las primeras transformaciones estructurales de la economía y la sociedad como consecuencia del crecimiento acelerado de la producción, el procesamiento y difusión de información y conocimiento, fundamentalmente asociado a las tecnologías telemáticas."
Cabe precisar entonces, que "La información responde a la necesidad del ser humano de expresarse y de querer saber lo que los demás han expresado; responde a un requerimiento que en determinado momento se vuelve un derecho fundamental del hombre, pues como hombres en libertad debemos tener el derecho de expresarnos, de informar y de informarnos, y tal prerrogativa natural deberá estar garantizada por el Estado y ser defendida por la sociedad. Este derecho también se tiene que considerar de forma integral. No nada más hay que pensar en la creación de información, la manifestación de las ideas y del conocimiento, sino también en su circulación, su disponibilidad, su uso y su lectura." (Morales, 1999)
Por su parte, Montviloff (1990, p. 5) sostiene que "Por información se entiende un mensaje significativo transmitido de la fuente a los usuarios. En este proceso, la información puede almacenarse en productos y sistemas de información organizados con la finalidad de proporcionar una memoria en formas numéricas, textuales, sonoras y de imágenes. La información puede comunicarse también por conducto de canales interpersonales. La "fuente" puede ser material documental, instituciones o personas."
En tanto, la Comisión "Proyecto Sistema Nacional de Información" (1989, p. 15) entiende que el término información "[…] se refiere a información bibliográfica y no bibliográfica, es decir la contenida en cualquier tipo de documento, así como la incluida en materiales audiovisuales tales como películas, diapositivas, microreproducciones, videos, grabaciones, discos, casetes, fotografías, cintas y en bancos de datos. Es la información que proveen asesores o la que pueda obtenerse a través de entrenamientos en el extranjero (no documental), la información numérica y económica; y comprende asimismo las ciencias sociales, las humanidades y las artes, al igual que las ciencias naturales y exactas y la tecnología.
Se considera que la información es un instrumento fundamental para el desarrollo nacional e individual, que el libre acceso a la misma es un derecho del ser humano, y que cualquier sistema económico, político y social funcionará más eficientemente en la medida que se aseguren mecanismos para que los niveles de decisión del país obtengan oportunamente la información confiable y adecuada para cumplir eficazmente sus fines."
No obstante, "El manejo del sector información implica problemas únicos, ya que la información tiene características peculiares que difieren substancialmente de las que se presentan en otros campos. Entre ellas, puede mencionarse que se trata de un elemento que no se desgasta con el uso; puede duplicarse o transmitirse casi instantáneamente a cualquier distancia a nivel mundial con costos mínimos; y solamente puede manejarse su representación ya que no tiene existencia física.
Dado que estos fenómenos son muy recientes, y debido a sus peculiares características, no han sido abordados todavía con la profundidad y la atención que merecen, ni se han resuelto muchos de los problemas que plantean. Incluso, muchos problemas están apenas empezando a surgir o a ser detectados." (Molino, 1992, p. 5-6)
Desde nuestra perspectiva, las desigualdades de información existentes son resultado del control monopolizado de la producción de mensajes más que consecuencia de insuficiencias tecnológicas. El énfasis otorgado a la tecnología como respuesta a la inadecuada información, esconde los problemas vitales generados por los contenidos de la información, es decir, por el control ideológico que ejercen las clases hegemónicas. La propiedad y control de los medios de comunicación, las políticas de información de nivel nacional y la transferencia de tecnología, son problemas que están integralmente conectados y se ven afectados por la estructura subyacente del sistema capitalista.
Ahora bien, precisando el concepto de Política, se establece que "[…] las políticas son instrumentos o herramientas normativas para estimular la elección y frecuencia de algunos comportamientos, y desalentar la aparición y frecuencia de otros. Ellas disciernen los signos "sí" (o "bueno") así como los "no" (o "malos"). Son agentes de socialización y control social (sin los que ninguna sociedad existe) para diversos sectores de la población." (Beltrán, 1974 citado en Pavlic, 1982, p. 61)
Por su parte, Montviloff (1990, p. 7) alude que "Una política es una serie de principios y estrategias que orientan un curso de acción para alcanzar un objetivo determinado. Las políticas pueden desarrollarse a nivel orgánico o institucional (micropolítica) o a nivel nacional, regional o internacional (macropolítica). Las políticas están contenidas en los llamados instrumentos de política. Estos pueden ser de las siguientes clases: instrumentos jurídicos (constitución, leyes y decretos del parlamento, reglamentos, tratados internacionales, etc.), instrumentos profesionales (códigos de conducta, deontología, etc.) e instrumentos culturales (costumbres, creencias, tradiciones, valores sociales, etc.)."
En efecto, "Cada vez más se reconoce a la información como un recurso de recursos, capaz de permitir, con su justo tratamiento, el desarrollo de las organizaciones. Al mismo tiempo, la sociedad se encuentra inmersa en turbulentos cambios económicos, políticos, sociales y culturales, como consecuencia de la introducción de nuevas tecnologías de información y comunicación (TIC). Ante esta situación y en consonancia con el proceso de globalización actual, urge a cada país trabajar con seriedad y perspectiva en el desarrollo de una Política Nacional de Información (PNI)."(Sánchez Vignau; Graña López, 2000)
Menou (1990 citado en Sánchez Vignau; Graña López, 2000), entiende que una Política de Información "[…] es un conjunto de principios que guían el curso regular de la acción y consiste en:
a) una imagen del estado deseado, como una meta o conjuntos de metas que deben alcanzarse;
b) medios específicos para los cuales se encaminan la realización de las metas;
c) la asignación de las responsabilidades para la implementación de las vías; un conjunto de reglas o lineamientos que regulan la implementación de las vías."
En este sentido, desde la Comisión "Proyecto Sistema Nacional de Información" (1989, p. 15) se establece que "El término "Política de Información", se refiere a las directrices que orientan la gestión en el campo de la información y que comprende la organización y provisión de información en su más amplio contexto y en su variedad de relaciones multisectoriales, dentro de la perspectiva de su desarrollo futuro. El enfoque es el más amplio posible a la luz del conjunto de interrelaciones que existen entre el derecho a la información, la ciencia de la información, la tecnología de la información, las comunicaciones de la información, la administración de la información, la privacidad y confidencialidad de la información."
Para Montviloff (1990, p. 7), "Aplicadas al campo de la información, las políticas proporcionan orientación para la concepción de una estrategia y de programas destinados al desarrollo y uso de recursos, servicios y sistemas de información.
Lo que llamamos política de información es una serie de políticas de este tipo. Una política de información puede formularse a nivel institucional, nacional, regional o internacional."
No obstante, "Aunque en los albores del siglo XXI, siguen persiguiendo básicamente estrategias para revalorizar el uso de la información, podríamos decir que, en cierto sentido, esta definición carece de actualidad. Las políticas de información hoy, deben interactuar estrechamente, no sólo con las dirigidas hacia archivos y bibliotecas, sino también con políticas de campos convergentes como la informática y las telecomunicaciones." (Sebastián, M. C.; Méndez Rodríguez, E. M.; Rodríguez Mateos, D., 2000)
Estos autores sostienen que el término Política de Información es un concepto renovado por la tecnología, donde son dos los factores que motivan una nueva aproximación al mismo:
a) "La convergencia de medios, tecnologías y servicios que, cada vez más, están demandando el establecimiento de un orden político que sirva para regular esta convergencia.
b) El "artículo de fe" ampliamente aceptado que sugiere que una política de información tiene el potencial de contribuir positivamente al bienestar económico y social." (Sebastián, M. C.; Méndez Rodríguez, E. M.; Rodríguez Mateos, D., 2000)
Por ende, "Para convertir en una realidad el derecho a la información, debe haber una estrecha relación entre la sociedad y el Estado, tienen que interactuar una y otro, para que -de cara al futuro, ya muy próximo- se tomen en cuenta los nuevos comportamientos, actitudes y valores de la sociedad globalizada y se advierta el valor estratégico del conocimiento, la información y la lectura en el desarrollo y la democratización de las sociedades latinoamericanas. Las políticas que establezcamos en información se hallarán en estrecho vínculo con las políticas generales de un país, con las políticas públicas sobre educación y cultura, y con las realidades históricas y sociales de la propia nación y de la región latinoamericana." (Morales, 1999)
Es más, la Corte Interamericana (1985 citado en Bugallo, 2000) -establecida por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica– señala que "[…] la libertad de pensamiento y expresión "comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole…". Estos términos establecen literalmente que quienes están bajo la protección de la Convención tienen no solo el derecho y la libertad de expresar su propio pensamiento, sino también el derecho de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole. Por tanto, cuando se restringe ilegalmente la libertad de expresión de un individuo, no solo es el derecho de ese individuo el que esta siendo violado, sino el derecho de todos a "recibir" información e ideas, de donde resulta que el derecho protegido por el art. 13 tiene un alcance y un carácter especiales. Se ponen así de manifiesto las dos dimensiones de la libertad de expresión. En efecto, esta requiere, por un lado, que nadie sea arbitrariamente menoscabado o impedido de manifestar su propio pensamiento y representa, por tanto un derecho de cada individuo, pero implica también por otro lado un derecho colectivo a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno. […] La libertad de expresión es una piedra angular de la existencia misma de una sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública. Es también condictio sine qua non para que los partidos políticos, los sindicatos, las sociedades científicas y culturales, y en general quienes deseen influir sobre la colectividad puedan desarrollarse plenamente. Es, en fin, condición para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones, este suficientemente informada. Por ende, es posible afirmar que una sociedad que no esté bien informada no es plenamente libre." No obstante, Marti y Vega-Almeida (2006) sostienen que varios autores -tal es el caso de Linares, Patterson y Viciedo- atendiendo al carácter de mercancía que adquiere la información en la sociedad capitalista, entienden que "[…] las políticas de información no son una cuestión contemporánea para restringir o promover el flujo de información. Los sectores dominantes siempre han implementado determinados mecanismos para controlar la difusión de la información que pusiera en peligro la continuidad de su poder." En este sentido, podemos afirmar que "El resultado lógico de la hegemonía que ejercen una cuantas transnacionales sobre el almacenamiento, la recuperación y transmisión de la información, es la transformación de la información, de un derecho moral o social, en una mercancía. Como tal, la información es vendida y comprada en el mercado internacional. […] Teniendo en cuenta que el "mercado" es uno de los dispositivos más ingeniosos inventados por el hombre para colocar sus recursos, en una situación desigual funciona siempre en perjuicio de los débiles y los no poderosos. En esta situación el "libre flujo" sólo puede significar la libertad para el zorro que persigue a la gallina. La transformación de la información en mercancía adquiere un nuevo significado si uno la ve en el contexto de la revolución electrónica, es decir, en el contexto de la unión entre el satélite y la computadora. […] La información ha adquirido tal importancia que ha sido incluida entre los factores de producción tradicionales: la tierra, la mano de obra, el capital y la materia prima, convirtiéndose en el quinto factor de producción. Y el sur carece de este factor más que de los otros cuatro." (Jayaweera, 1982, p. 75)
En el actual sistema de globalización capitalista, y a consecuencia de los vertiginosos avances de la ciencia, la tecnología y -porque no decirlo- el mercado, "No es suficiente adquirir y organizar la información. También necesitamos que se encuentre disponible en el momento en que se demande; desde el punto de vista tecnológico se cuenta con todas las facilidades para que la información esté al alcance de la mano de cualquier usuario; sin embargo, obtenerla no es tan simple porque no podemos ignorar las restricciones políticas y económicas, las deficiencias normativas y las limitaciones impuestas por grupos de poder como la censura, la manipulación y los filtros e influencias que en cada etapa del proceso influyen en la información, que también puede enriquecerse o desvirtuarse debido a la interpretación de quien la selecciona, analiza o resume, quien le da descriptores y la busca en un catálogo o base de datos, ya por la naturaleza técnica de su trabajo, ya porque así conviene a sistemas políticos, grupos económicos o simples factores de mercadotecnia." (Morales, 1999) Entonces, la necesidad de una Política Nacional de Información radica en "Sin política de información, los delimitadores de políticas (sean sociales o económicas) estarían determinados por un empirismo rampante que afectaría el desarrollo de la necesaria cooperación entre los diversos campos de acción." (Santos Labourdette, 1993 citado en Vignau; Graña López, 2000)
Para Montviloff (1990, p. 7) la finalidad de las Políticas de Información consiste en "[…] asegurar la ejecución y funcionamiento armoniosos de los recursos, servicios y sistemas de información, por ejemplo, el acceso puntual a la información pertinente para las diversas necesidades de los diversos usuarios de toda sociedad, la coordinación y compatibilidad del sistema global nacional de información, la mejora de la complementariedad y la compatibilidad entre las diversas legislaciones relativas al suministro de información, una mejor reacción a las implicaciones de los nuevos progresos en el campo de la información y una participación más efectiva en los sistemas y redes regionales y nacionales de información. […] La premisa fundamental de una política nacional global de sistemas y servicios de información es que todo sistema económico, social y político operará con más eficiencia si se establece un mecanismo que garantice que los responsables, planificadores, gerentes, ejecutivos e investigadores del gobierno y los sectores privados y profesionales tienen acceso puntual a datos e informaciones actualizados, pertinentes y fiables."
En tanto, Sebastián, Méndez Rodríguez y Rodríguez Mateos (2000) sostienen que "Las políticas de información suelen responder a estímulos concretos en un período de tiempo, y por consiguiente deben ser flexibles. Tradicionalmente han sido la respuesta gubernamental directa a la emergencia y desarrollo de una tecnología específica v. gr. la imprenta, el teléfono, la radio, y ahora Internet."
Desde nuestra perspectiva, la importancia de las Políticas de Información estribaría en un proceso global de democratización radical a través de la participación activa y creciente de poblaciones enteras en el proceso de toma de decisiones con respecto a todos los asuntos, llámense estos económicos, políticos, sociales y culturales, a partir de una visión crítica y dialéctica de los fenómenos y su contexto socio-histórico.
De esta forma, estaríamos en condiciones de comenzar a delinear formas alternativas de gobierno y administración que vayan más allá de la empresa privada o estatal, basados en nuevos mecanismos de descentralización del poder político, económico y comunicacional -tanto a nivel macro como microsocial-, que conduzcan a la verdadera emancipación y al verdadero empoderamiento social, no en el sentido en que es usado por los organismos internacionales.
Atendiendo a la realidad de nuestros países, Morales (1999) sostiene: "Los ejemplos de políticas de información con que contamos en América Latina no necesariamente son de tipo exhaustivo, ya que es posible ver esfuerzos parciales interrelacionados con las actividades y los productos que permiten a los habitantes de un país usar información y leer. Así, tenemos leyes, acuerdos o iniciativas de Estado correspondientes a la política que determinado país va estableciendo en el ámbito público y cultural, o en el de la información y la lectura; podemos encontrar regulaciones que permiten inferir políticas sobre las bibliotecas, el libro, el derecho de autor y los recursos y sistemas informáticos." En consecuencia, debemos tener en cuenta que "En los países del Tercer Mundo, la concepción estándar sobre la teoría y la praxis de una PNI se ha fundamentado en los principios y la metodología que desde 1973 en adelante han sido definidos y diseminados por la UNESCO." (Páez Urdaneta, 199?, p. 1)
El Programa General de Información de la UNESCO y UNISIST (Toclatian, 1981 : 162), cuyos principios rigen desde 1976 -19ª reunión de la Conferencia General de la UNESCO-, destaca como uno de los elementos más importantes a examinar la información con miras al desarrollo. "[…] la UNESCO, en el marco de su Programa General de Información, se propone desarrollar una estrategia que fomente el desarrollo de los sistemas y servicios de información nacionales en manos de un personal constituido por especialistas autóctonos y que no sólo facilite el flujo de la información, sino que también incremente la capacidad nacional de desarrollo innovador, de creatividad y de óptima utilización de los recursos locales e internacionales de la información. Dicha capacidad de recurrir a las propias fuentes de información reviste una importancia primordial para los países que desean alcanzar y conservar una independencia real. La facultad de administrar y analizar su información nacional coloca a cada país en la situación de poder determinar el curso de su posible acción y trabajar en la solución de sus propios problemas." En el año 1979 se presenta el Informe Final elaborado por la Comisión Internacional sobre problemas de la comunicación constituida a fines de 1977 por la UNESCO -Informe MacBride-.
En referencia al mismo, Nordenstreng (1980 citado en Mata, 1982, p. 160) sostiene que "[…] si se lo analiza cuidadosamente, muestra no estar demasiado lejos de la principales corrientes del liberalismo burgués (noción ahistórica y abstracta de la sociedad, pluralismo de valores, etc.)." El Informe MacBride (1980, p. 432) alude entre otros puntos: "La libertad de información -y más exactamente, el derecho a buscar, recibir y difundir información- es uno e los derechos humanos fundamentales; y constituye incluso un requisito previo para muchos otros derechos. Para poder manifestarse plenamente, con todas las virtualidades que encierra y por su índole misma, la comunicación depende de las condiciones políticas, sociales y económicas circundantes, las más esenciales de las cuales son la democracia en cada país y la existencia de relaciones iguales y democráticas entre ellos."
A ello agrega "Las necesidades de una sociedad democrática en materia de comunicación deberían quedar satisfechas mediante la formulación de derechos específicos tales como el derecho a ser informado el derecho a la protección de la vida privada y el derecho a participar en la comunicación pública, que encajan todos ellos en ese nuevo concepto que es el derecho a comunicar." (MacBride, S. [et. al.], 1980, p. 452)
No obstante, desde nuestra perspectiva, el Estado burgués se organiza en repúblicas democráticas para cuidar su apariencia -el Estado constituye una órgano de dominación y opresión de una clase por otra, es la creación del orden que legaliza esta opresión amortiguando los choques entre las clases- y para asegurar la omnipotencia de la riqueza. Recoge en los preceptos de sus constituciones los derechos, deberes y garantías fundamentales, y entre ellos el de igualdad, que en la práctica resulta igualdad para la minoría explotadora y desigualdad, opresión y explotación para los trabajadores, para las grandes mayorías.
Al repecto, Lenin (1969-1972, XXX, p. 87) sostiene: "[…] cualquier escolar sabe -dice Lenin sarcásticamente rebatiendo a Kautsky- que monarquía y república son dos formas diferentes de gobierno. Hay que explicarle al señor Kautsky que estas dos formas de gobierno, como todas las "formas de gobierno" transitorias bajo el capitalismo, no son sino variantes del estado burgués, es decir, de la dictadura de la burguesía."
Volviendo al Informe MacBride, el mismo sostiene: "Nuestro estudio pone también claramente de manifiesto la orientación que debe seguir el mundo si quiere establecer un nuevo orden mundial de la información y de la comunicación que se traduzca esencialmente en un conjunto de nuevas relaciones derivada de los progresos que ofrecen las nuevas tecnologías de comunicación y que deberían redundar en beneficio de todos los pueblos." (1979, p. 462)
Empero, "[…] desde la invención del telégrafo eléctrico [.], la innovación técnica en comunicación suscita regularmente la expresión enfática de discursos mesiánicos. Las mismas expectativas de desarrollo cultural, de armonía social y de educación popular se encuentran en cada objeto técnico recientemente llegado sobre el mercado y en cada nuevo desarrollo de infraestructuras de telecomunicación." (Tremblay; Lacröix, 1994 citado en George, 2006)
Las posturas tecnologicistas de la UNESCO, abogando por un paraíso terrenal, donde la nueva civilización será más sana, razonable y democrática que ninguna otra anterior, encuentran su correlato actual en las ideas mesiánicas de Alvin Toffler, Marshall McLuhan y Bill Gates.
El nuevo orden mundial de la información y de la comunicación propugnado por la UNESCO no es más que el nuevo orden económico internacional. "El "nuevo orden mundial de la información y de la comunicación" podría ser muy bien el orden mundial de las corporaciones transnacionales (la "aldea de la corporaciones" con la bendición política internacional." (Hamelink, 1982, p. 155)
En tanto, Molino (1992, p. 6) sostiene que "Probablemente los primeros esfuerzos estructurados para promover el desarrollo de políticas de información científica y tecnológica derivan de la UNESCO, quien desde hace muchos años contó con un programa de apoyo a bibliotecas, archivos y centros de documentación. Posteriormente incorporó el programa denominado UNISIST, y hacia 1978 se consolidaron estas acciones a través del Programa General de Información, entre cuyas actividades se planteó el apoyo al desarrollo de las políticas nacionales de información."
Siendo así, en 1978 -20ª reunión- se establecen los cinco temas principales del Programa General de Información (Toclatian, 1981, p. 165):
1. Fomento de la formulación de políticas y planes de información en los niveles nacional, regional e internacional;
2. Fomento y difusión de métodos, reglas y normas para el tratamiento de la información;
3. Contribución al desarrollo de las infraestructuras de información;
4. Desarrollo de sistemas de información especializados en las esferas de la educación, la cultura, la comunicación, las ciencias exactas y naturales.
5. Formación práctica y teórica de los profesionales y de los usuarios de información.
Sin embargo, no debemos olvidar que desde comienzos de la década de 1970, se comienzan a formular las primeras declaraciones gubernamentales y nacionales[10]críticas acerca del desequilibrio y contenido de los flujos de información internacionales. "El gigantesco volumen de mensajes que se descargaba desde las pocas metrópolis occidentales y el débil goteo que regresaba de la basta periferia, constituían una fuente importantes de insatisfacción para el Tercer Mundo. […] Aunque en las numerosas resoluciones y declaraciones de los Países No Alineados no se lo expresa explícitamente, también se reconocía que la comunicación no es sino uno de los componentes, de hecho importantes, de un sistema todavía más grande que impone la dominación y la dependencia." (Schiller, 1982, p. 42)
Ya en la década de 1980, el director del PGI de la UNSECO, J. Tocatlian (1981, p. 164) sostiene que "Al reconocer la interdependencia cada vez mayor de todos los países en materia de información, la comunidad internacional ha procedido, desde ya hace bastantes años, a la creación de sistemas y servicios de información destinados al mundo entero. Por motivos económicos, técnicos, profesionales, políticos y humanitarios se han fomentado la concepción y ejecución de dichos sistemas internacionales, muchos de los cuales habían sido creados por las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. Se trata de sistemas costosos que, con frecuencia, se utilizan por debajo de su rendimiento, pese a lo cual constituyen un mecanismo único, administrado internacionalmente y "neutral", por lo que reviste particular interés para los países en desarrollo."
La ideologización del discurso no debe sorprendernos. Después de todo, la UNESCO es una organización de las Naciones Unidas, es decir, un instrumento de la comunidad internacional.
Desde nuestra perspectiva, no existe ninguna tecnología neutra respecto a su impacto social, y por consiguiente, la creación de sistemas y servicios de información "neutrales" se constituye en una falacia. La neutralidad implica toma de posición política a favor del sistema capitalista. "La tecnología es especialmente apropiada para la tarea de incentivar el respaldo de las relaciones de dominación y el refuerzo de las mismas. Se produce el acuerdo a las especificaciones requeridas para un sistema social particular -en este caso, el capitalismo- el cual, no obstante, se reclama neutral. […] lo que aparentaban ser benéficas técnicas de comunicación, contenían también la potencialidad de desviar la atención de los problemas del engrandecimiento y del control monopólico de los recursos. La participación y los reclamos del Tercer Mundo podían disiparse sutilmente persuadiendo a los países para que centrasen su atención en mistificadoras cuestiones técnicas." (Schiller, 1982, p. 42-43)
Posteriormente, hacia mediados de 1980, "[…] la UNESCO unió esfuerzos con la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y con la Organización de Estados Americanos (OEA), a través de un programa denominado INFOLAC, que pretende conjuntar los esfuerzos regionales en materia de información. Esto ha ofrecido la oportunidad para que los especialistas e interesados de la región intercambien ideas y experiencias y para que se promuevan acciones concertadas entre las instituciones de América Latina." (Molino, 1992, p. 6)
La UNESCO, al constatar que la revolución informacional había superado las expectativas previstas por los dos programas del sector -el PGI – Plan General de Información – y el IIP – Programa Intergubernamental de Informática –, los sustituyó por uno nuevo denominado: Por una sociedad de la información justa y libre[11]que esencialmente, responde a la misma ideología que los anteriores, a decir, la falaz idea de crear una "Sociedad de la Información" a medida de todos los ciudadanos que permita configurar una "Sociedad de la Información" justa y con beneficio universal.
En tal sentido, los objetivos que promueve son: "[…] promover la reflexión internacional y el debate sobre los retos éticos, legales y socioculturales que plantea la Sociedad de la Información; incentivar el acceso a la información de dominio público a través de la organización, preservación y digitalización de los fondos; mantener la formación y la educación continua y el aprendizaje continuo en el área de información e informática; promover el uso de estándares y de las mejores prácticas en materia de información e informática aplicables a las áreas de competencia de la UNESCO, y promover el sistema de redes tanto a nivel regional y nacional como internacional." (Sebastián, M. C.; Méndez Rodríguez, E. M.; Rodríguez Mateos, D., 2000)
En efecto, consideramos que las apreciaciones realizadas por Somavía en 1977 (citado en Festa, 1982, p. 22) conservan aún hoy una perfecta validez. "La actual estructura multinacional de información es todo: incluye agencias de noticias, empresas de publicidad y bancos de datos; también incluye la provisión de servicios de recuperación de información, programas de radio y televisión, películas, radiofotos, revistas, libros, historietas y "comics" de circulación internacional. Sus distintos componentes, cuyo origen mayoritario son los países capitalistas industrializados, se refuerzan entre sí estimulando de manera global las aspiraciones del consumidor por alcanzar formas de organización social y estilos de vida imitativos de los países capitalistas industrializados, que según muestra la experiencia, sólo puede reproducirse en los países del Tercer Mundo en base a la alta y creciente concentración de renta en pocas manos y a la existencia de inaceptables desigualdades sociales."
En este contexto, el debate sobre el derecho a la información, ha sido mezclado con toda una retórica relativa a "justicia y libertad", "ética y legalidad", "educación y aprendizaje continuo", etc. En este sentido, la semántica de estos conceptos requiere de una elucidación e investigación mayor, ya que es frecuente que presenten connotaciones contradictorias, utilizándose como eufemismos para consolidar y extender el poder de las elites locales y transnacionales, formando una cortina de humo que no hace más que cubrir las relaciones de opresión y explotación capitalistas.
En este sentido, podemos identificar a partir del trabajo de Somavía (1977 citado en Festa, 1982, p. 22-23) que las principales formas de dominación del actual orden informativo son las siguientes:
1. Parte de una visión hegemónica de los hechos y de una organización oligopólica.
2. Está dominado por un número reducido de medios[12]que son quienes observan, evalúan, seleccionan y transmiten información en función de determinantes políticos y económicos de sus países de origen, de sus intereses comerciales y de una visión unilateral. Las agencias dejan de ser internacionales y se convierten en multinacionales, expresando la racionalidad y los objetivos de los sistemas en que se originan, defendiendo en nombre de la estabilidad política el status quo y los regímenes neoliberales que aseguran la permanencia de las estructuras capitalistas en nuestro Tercer Mundo.
3. La aplicación del principio de libre flujo de información pauta la constitución de un sistema informativo que ratifica la estructura del poder de las burguesías transnacionales.
4. Impide la real comprensión entre los pueblos a través de un proceso horizontal de comunicación, al tiempo que la presión informativa procedente de tantos y diferentes orígenes -sin relación aparente entre sí pero sustancialmente coherentes- elimina la capacidad de reacción de hombres y mujeres ante la inculcación ideológica, transformando al sujeto receptor en un elemento pasivo, sin capacidad de juicio crítico.
5. La información se transformó en simple mercancía que se vende según la lógica del mercado dominante, perdiendo su capacidad histórica de otorgar una dimensión real a los hechos.
Atendiendo a estas particularidades, cabe señalar entonces que en los modelos de planificación y ejecución de PNI elaborados por la UNESCO:
"No ha existido claridad conceptual ni operacional en cuanto a la metodología internacionalmente sugerida para la definición e implementación de PNIs ni dicha metodología ha sido formulada tomando en cuenta la realidad del Tercer Mundo en cuanto a la definición e implementación de políticas públicas.
La iniciativa internacionalmente vinculada con la definición e implementación de PNIs no ha podido traducirse cabalmente en acciones nacionales efectivas a causa de la inexistencia de grupos de presión lo suficientemente fuertes como para lograr la introducción del problema en la agenda política del gobierno.
La inexistencia de grupos calificados de opinión e influencia política se relacionan en la mayor parte del Tercer Mundo con la notoria debilidad (o el bajo perfil nacional) de la fuerza profesional congregada en las asociaciones profesionales relacionadas con el sector de los servicios de información.
La relativa apatía de la profesión de la información en el Tercer Mundo en cuanto a la formación y el mantenimiento de una fuerza de expresión gremial y la asunción y el ejercicio de un efectivo liderazgo social parecen consecuencia del enfoque tradicional de la educación de estos profesionales y del tipo de individuo que esta educación logra atraer.
Sólo en la medida en que la educación de los profesionales de la información logre formar agentes sociales para el cambio podrá generarse la base gremial necesaria para constituir y direccionar la presión política que se requiere en función de una PNI efectiva." (Páez Urdaneta, 199?, p. 4)
En una línea similar, pero esta vez desde el análisis de la inserción de nuestros países en la denominada "Sociedad de la Información", Campanella (2006b) plantea: "El análisis del modo de inserción de naciones del sur en la SIC debe, de acuerdo a ello, estar invariablemente vinculado a las particularidades regionales y nacionales, evitando el "calco" artificial de modelos teóricos explicativos, así como de marcos de acción importados de los países del primer mundo. Particularmente interesa, en este caso, implementar una óptica regional, rescatando la discusión conceptual acerca de implicancias, significados y modalidades de consolidación del tipo social referido. Evidentemente, las perspectivas, en sentido ideológico del término, con las que se parta al definir la SIC atravesaran las políticas y planes públicos, orientando éstos hacia marcos de tipos más tecnicista o mercado-céntricos o bien hacia estrategias de desarrollo social integradas al desarrollo tecnológico."
Resulta evidente que la explosión de las tecnologías de la información y comunicación poseen "[…] un valor incalculable para las corporaciones transnacionales y sus estructuras de apoyo: los bancos, las agencias publicitarias, las empresas dedicadas a la investigación de mercados, las compañías de viajes, y las fuerzas armadas de dominación mundial. No puede decirse lo mismo de los países periféricos. Para las naciones más débiles, la perspectiva es mantenerse integrados más estrechamente que nunca en relaciones desiguales. La dependencia en vez de disminuir tiende a aumentar. La interdependencia, contrariamente a los defensores del transnacionalismo, no es mutuamente beneficiosa para ambos, "anfitrión y huésped", cuando el poder se mantiene mayormente en manos del huésped.
En la medida en que la nueva tecnología de las comunicaciones genera oportunidades sin precedentes para que las transnacionales fortalezcan sus operaciones internacionales, también permite que los estados industriales avanzados mantengan su hegemonía dentro del sistema mundial, siempre y cuando las naciones menos desarrolladas puedan permanecer en dicho sistema ejecutando los trabajos menos sofisticados que se les asignan." (Schiller, 1982, p. 45-46).
Empero, además de la UNESCO, desde la CEPAL/CLADES también se propone establecer una concepción homogeneizante y mercantil de las PNI. "Los objetivos de las políticas de información son notablemente similares. Se trata, en este caso, de un conjunto de metas compartidas por el G-7, los países en desarrollo como Tailandia, los nuevos países industrializados como Sudáfrica y las economías pequeñas pero maduras, como Bélgica y Finlandia.
1) Todos estos países, están tratando de desarrollar una infraestructura de comunicaciones eficiente, que permita a las personas y a las organizaciones comunicarse entre sí.
2) El segundo objetivo es mejorar la competitividad y la productividad comercial e industrial logrando que las organizaciones utilicen la información como recurso: principalmente a través de un uso más adecuado de la investigación a fin de acelerar la incorporación de innovaciones; a través de la automación de los procedimientos administrativos; o a través del uso intensivo de la información en las técnicas de gestión." (Moore, 1998, p. 20)
Ante estas afirmaciones cabe preguntarnos ¿estamos en condiciones los países tercermundistas, donde el hambre y la miseria imperan, de compartir metas con los países "todopoderosos" del G-7, principales responsables de nuestra condición? Desde nuestra perspectiva la respuesta resulta obvia.
El "compartir" metas y "alcanzar" los niveles de desarrollo pautados desde los países desarrollados es tan ilusorio -parafraseando a Schiller- como ganar la carrera tecnológica dominada transnacionalmente.
Cuando las metas y objetivos se plantean en conformidad con las reglas del poder institucional dominante, no ofrecen soluciones para superar la dependencia, por el contrario, producen mayor sumisión.
Se trata, en conclusión, de metas y objetivos que avalan y promueven una estructura de información y comunicación que no es libre y mucho menos liberadora. Las pautas establecidas por la UNESCO, la CEPAL y los organismos conexos, se utilizan para acomodar los intereses de las corporaciones transnacionales.
"De acuerdo con el argumento de sus defensores, la adopción de las más modernas tecnologías de comunicación, permitirá a los países menos desarrollados del mundo dar el salto a la modernidad. La moderna tecnología de la comunicación permitirá a las naciones pobres "alcanzar" fácilmente a las selectas y pocas naciones avanzadas. De otra manera, se predice que el paso del desarrollo será largo, doloroso y precario.
No obstante, el "alcanzar" y unirse a la "carrera son prescripciones que requieren de un análisis y deliberación muy cuidadosos. En el mejor de los casos, lo que se puede esperar, de introducirse a la maratón de la tecnología de la comunicación tal como se la maneja en la actualidad, es alentar el crecimiento de los sistemas de computadoras ubicados en los niveles nacionales, estructurados, administrados y dirigidos hacia objetivos que no difieren de aquellos sistemas que funcionan en los centros avanzados. Pos otra parte, y mucho más dañino para las perspectivas de unas relaciones internacionales verdaderamente nuevas basadas en la igualdad, sucede que los sistemas locales tienden a ser integrados dentro de las estructuras más poderosas del sistema transnacional. Casi inevitablemente, las estructuras de que hablamos se convertirán en circuitos abiertos para una mayor sujeción y subordinación de las economías locales al centro del sistema mundial." (Schiller, 1982, p. 48)
No obstante, Moore (1998, p. 22) agrega, "La expectativa secundaria es suponer que, una vez que las empresas individuales y la economía en su conjunto hayan logrado aumentar la competitividad, se podrá reorientar profundamente las características de la economía mediante la aplicación de operaciones que utilicen la información en forma más intensiva, que aumente el valor añadido por cada trabajador y, de este modo, generar incrementos reales en los ingresos per cápita.
Una condición indispensable para lograrlo es contar con una fuerza de trabajo más capacitada. En consecuencia, el tercer objetivo de la política es mejorar los niveles de educación y de capacitación; con este fin, los sistemas de educación y capacitación deben atender a la necesidad de utilizar sistemas de aprendizaje permanente y aplicar procesos que permitan ampliar y enriquecer constantemente los conocimientos especializados.
Por otra parte, se considera a la sociedad de la información como un medio para promover la armonía y la cohesión sociales."
La audacia de ciertos intelectuales no tiene límites. Atendiendo a las expresiones de Moore, cabe señalar en primer lugar nuestro total desacuerdo con la orientación económica otorgada a la información, donde la misma es concebida como una manera de acumulación de capital en manos de la clase burguesa, a lo que anteponemos nuestra visión marxista de que la verdadera historia de la humanidad sólo tendrá lugar cuando los hombres y mujeres se liberen de forma definitiva de la servidumbre del trabajo bajo cualquiera de sus formas.
En segundo término, la educación y capacitación propuestas tienden a la reproducción del orden social vigente. Los sistemas de aprendizaje propuestos por Moore, basados en estructuras sociales históricas determinadas, conducen a la reproducción de dichas estructuras a partir de una posición de clases que también reproduce.
A su vez, estos sistemas de aprendizaje son una función de las instituciones superestructurales que también tienen un carácter de clase, cuyo cometido es la modelación de personalidades aptas para reproducir la sociedad.
Por ende, la educación propuesta desde el modelo hegemónico constituye un factor de reproducción social, en el sentido de que la práctica social integral asegura las relaciones de producción, distribución y consumo social, constituyéndose en parte integrante de las fuerzas productivas al asegurar la reproducción de la mano de obra calificada de trabajo -resultado del tercer objetivo planteado por Moore-, lo que se constituye el pilar del modo de explotación capitalista.
Por último, la armonía y cohesión social pretendidos bajo la concepción burguesa de la "Sociedad de la Información", pauta el interés por mantener el status quo, donde las Políticas de Información -como todas las Políticas Sociales impulsadas desde los centros de poder- tienden a actuar como amortiguadores de las tensiones sociales, salvaguardando siempre los intereses de la burguesía.
En este sentido, los magros resultados que en la gran mayoría de los países del Tercer Mundo han sido detectados en cuanto a la definición e implementación de Políticas Nacionales de Información responden a diversos factores, entre los que cabe mencionar la concepción estándar sobre la teoría y la praxis de una Política Nacional de Información, la debilidad política de los profesionales del sector para provocar una acción pública o gubernamental en ese rubro, el desinterés gubernamental por tal tipo de política, la falta de una comunicación productiva entre los gobiernos y los profesionales que se desempeñan en los sectores público y privado de la información.
"Si bien las agendas nacionales de algunos países (Argentina, México, Brasil, Venezuela, Uruguay, entre otros) se plantean propósitos más abarcativos que la conectividad, los desarrollos obtenidos hasta el presente en educación, políticas públicas, CyT, y desarrollo económico usando TIC, muestran más los deseos de que esto ocurra, que resultados concretos." (Finquelievich, 2005, p. 6-7)
En consecuencia, "Sin negar sus posibles limitaciones conceptuales y operacionales, creemos sin embargo que la principal dificultad que confronta la iniciativa sugerida por la UNESCO tiene más que ver con los contextos políticos nacionales en los que una acción tal debe tomar lugar que con la idea de una PNI en sí, sobre todo si juzgamos que la no existencia de una PNI formal equivale técnicamente a una posible respuesta política. El problema no es particularizable a una región específica del Tercer Mundo ni a un solo sector del desarrollo. En efecto, los especialistas en el tema de las políticas públicas ya han detectado la existencia de una relativa confusión en los países en vías de desarrollo en cuanto a: (1) lo que debe entenderse como "política"; (2) la concepción del proceso de formulación y legitimación de una decisión y un resultado de política, y (3) el proceso político relacionado con la introducción efectiva de una decisión de política en la agenda gubernamental. Las deficiencias y dificultades que los gobiernos del Tercer Mundo confrontan al respecto del planeamiento público son las mismas confrontadas al respecto de la definición y la adopción de una política (o de un sistema de políticas). No obstante, en el caso de PNIs, se advierte una falla que no se advierte en otros casos similares: la formación de la iniciativa de política en el seno del gobierno, por el interés de altos funcionarios gubernamentales y a consecuencia la inexistencia de grupos externos de presión que ejerzan la influencia necesaria para que la iniciativa pueda ser asociada con una demanda social de cuya satisfacción se derivaría una ganancia política." (Páez Urdaneta, 199?, p. 1)
Ahora bien, teniendo en cuenta la realidad nacional, contemplaremos aquí cuáles son las Políticas de Información existentes a partir de las decisiones, que a nuestro entender, puedan considerarse importantes para impulsar un sistema nacional de información, en el entendido de que en nuestro país no existe una política nacional explícita.
De esta forma, identificamos como primer antecedente "Los intentos de comenzar a trabajar en Uruguay en la elaboración de una política nacional de información se remontan al 20 de enero de 1986, fecha en que la entonces Ministra de Educación y Cultura, Dra. Adela Reta, manifestó el propósito de esa Secretaría de Estado, de contar con un Sistema Nacional de Información. Para tales efectos, se constituyó una Comisión para estudio del Proyecto "Sistema Nacional de Información", con el cometido de bosquejar las bases de un Sistema Nacional de Información." (Maggioli; Vacca, 1989, p. 13)
La Comisión, luego de dos años de trabajo publicó una serie de pautas cuyo fin consistiría en optimizar recursos y servicios de las unidades de información existentes, atendiendo a las características nacionales, económicas, sociales y culturales y con el conjunto de las necesidades del desarrollo del país.
Siendo así, se propone un Sistema Nacional de Información de uso público, donde no se incluye la información confidencial o de seguridad nacional.
Allí se establecen como objetivos:
"Fortalecer y apoyar la infraestructura existente de los servicios de información.
Establecer relaciones de tipo horizontal. Todas las unidades del Sistema tienen igual condición y responsabilidad. Se mantiene el carácter de independencia y autonomía.
Promover la adhesión de las partes. El Sistema no debe ser coercitivo, los servicios de información se unen al Sistema por su sola voluntad. Las unidades del Sistema son libres agentes en todas sus operaciones, siempre y cuando no contravengan los acuerdos generales del Sistema Nacional de Información.
Organizar el sistema por etapas, con una ampliación paulatina de los servicios, hasta cubrir el ámbito nacional.
Establecer un Sistema claro en las relaciones entre las unidades, en su funcionamiento y en estructura.
Tener conciencia de que cuando se beneficia una institución del sistema se beneficia la totalidad del Sistema." (Maggioli; Vacca, 1989 : 13-14)
En este contexto, se recomienda un Sistema Nacional de Información orientado desde las bases y no dirigido a partir de políticas elaboradas por el Estado e integrado al ordenamiento jurídico a través de una relación de dependencia clara que le permita operar tanto en el ámbito público como en el privado al más alto nivel.
Posteriormente, el 18 de abril de 1989, el Poder Ejecutivo a través del Decreto nº 178/989 establece la creación de un Consejo del Sistema Nacional de Información, paso previo para la estructuración orgánica de un Sistema Nacional de Información.
El artículo 1º pauta la integración del Consejo por once miembros: los directores de la Biblioteca Nacional, del Instituto Nacional del Libro, del Archivo General de la Nación, del Museo Histórico Nacional, un representante de la Universidad de la República, un representante del Consejo Directivo Central de Educación -CODICEN-, un representante de la Administración Nacional de Telecomunicaciones -ANTEL-, un representante del Congreso de Intendentes, un representante de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, un representante del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas -CONICYT- y un Coordinador designado por el Ministerio de Educación y Cultura.
En el artículo 4º se establece además que el mismo funcionará en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura que ya nucleaba instituciones pertenecientes al Proyecto Sistema Nacional de Información.
Posteriormente, en setiembre del mismo año, tiene lugar el "Seminario para una Política Nacional de Información", organizado por Unesco-PGI, la Universidad de la República y la Dirección General de Planeamiento, siendo auspiciado además por el Ministerio de Educación y Cultura, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Consejo de Investigaciones Científicas y Técnicas y la Asociación de Bibliotecólogos del Uruguay.
En este marco se inscribe la labor de la Oficina Sistema Nacional de Información y el Proyecto denominado "Establecimiento de las Bases del Sistema Nacional de Información", concebido para crear instrumentos de apoyo en la elaboración de políticas, planificación y coordinación a nivel nacional.
Los objetivos planteados en este seminario resultan ser una copia casi textual -por no decir textual- del "Seminario sobre Políticas Nacionales de Información" llevado a cabo en Caracas del 27 al 29 de abril de 1987.
En tanto, la identificación de problemas, obstáculos y dificultades, presentan igualmente una sugerente similitud con los "Lineamientos básicos para la definición de la Política Nacional de Información" de Colombia.
Ahora bien, teniendo en cuenta el fenómeno actual de la "Sociedad de la Información", varios países de Latinoamérica han comenzado a diseñar e implementar estrategias globales y regionales de acción para la inserción en este pretendido modelo de desarrollo.
En este sentido, es interesante señalar que "[…] la conectividad es una de las pocas áreas en las que se han realizado esfuerzos regionales, como la Red MERCOSUR/RECYT/Comisión Temática Sociedad de la Información, que define objetivos a desarrollar conjuntamente por los países del MERCOSUR. Entre ellos: apoyo al desarrollo social (brecha digital) y dos proyectos de infraestructura de TIC: Interconexión de redes de alta velocidad en centros de I+D y Desarrollo de plataformas abiertas de aplicaciones de calidad intensivas en contenidos. Esta Comisión también apoya al desarrollo económico (entendido como comercio electrónico), y el e-learning. Sin embargo, a mediados del año 2003, aún no se han registrado resultados concretos de estas intenciones." (Finquelievich, 2005, p. 7)
Por otra parte, Campanella (2006b) sostiene que "En el ámbito latinoamericano también se registra una incorporación gradual de la SIC como temática central de conferencias intergubernamentales y de acuerdos formales de cooperación. A partir del año 2000 es posible rastrear documentos consensuados que plasman los compromisos asumidos por los gobiernos de la región en el desarrollo de la SIC, especialmente aquellos resultantes de reuniones de preparación de conferencias y cumbres mundiales, como la mencionada CMSI. Finalmente, el Plan de Acción Regional "eLAC 2007", así como el "Compromiso de Río" aprobados por los gobiernos de América Latina y el Caribe en 2005, aparecen como los últimos antecedentes sustantivos, que fijan metas claras a ser cumplidas para el año 2007."
En este contexto, en Uruguay hacia junio de 2000 se constituye el "Comité Nacional para la Sociedad de la Información", atendiendo a la necesidad de diseñar y formular una "Estrategia Nacional para el Desarrollo de la Sociedad de la Información", cuyos integrantes, cometidos y lineamientos generales serán refrendados en el Decreto 225/000 del 8 de agosto de 2000. "Mediante Decreto nº 225 del 8 de agosto de 2000, se creó el Comité Nacional para la Sociedad de la Información con el fin de impulsar la instrumentación de una estrategia nacional para el desarrollo de la SI, siendo su objetivo no solamente el de incrementar el uso y acceso a las TICs, sino de construir una estrategia, una respuesta nacional ante los profundos y radicales cambios que estas tecnologías están produciendo en la economía, en el comercio, en la cultura, en el trabajo, en la salud, la educación y hasta en el uso del tiempo libre en todo el mundo." (Sena Correa, 2003)
El Decreto 225/000 (2000) plantea que el Comité resuelva:
"un escenario nacional para el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información;
una estrategia e instrumentos para una política de innovación."
En este marco, el Decreto 225/000 (2000) considera prioritario trabajar en base a una "Agenda para el Desarrollo de la Sociedad de la Información hacia la Nueva Economía" -Agenda Info-Uruguay 2000- con intervención en los siguientes campos:
"alfabetización telemática,
desarrollo de servicios telemáticos para el ciudadano y las empresas,
modernización de la Administración Pública,
promoción de un mercado eficiente de la telecomunicaciones e Internet,
desarrollo de condiciones de competitividad para el Sector Software de Uruguay (Polo Tecnológico Software-Uruguay/TecnoSis)."
Las líneas de acción propuestas contaron con la participaron: la Administración Pública -Presidencia de la República, ANTEL, Dirección de Comunicaciones-; las Universidades -Universidad de la República, Universidad ORT, Universidad de Montevideo, Universidad Católica Dámaso Antonio Larrañaga, Universidad de la Empresa-; las empresas de forma individual o agrupadas en su Cámara; los Laboratorios Tecnológicos o Centros referentes en la prestación de servicios -LATU y Zona Franca de Montevideo-.
Estas primeras líneas de acción acordadas a implementar mediante el Decreto 225/000 (2000) son:
"Enmarcar el Plan de acción dentro de un planteo general que englobe de forma coherente las componentes de desarrollo de la Sociedad de la Información en el Uruguay (Agenda Info-Uruguay 2000).
Desarrollar un programa de acción para el Sector Software-Uruguay/TecnoSis).
El Polo Tecnológico Software-Uruguay/TecnoSis tendrá las características de un Parque Tecnológico Virtual desarrollando una estructura central destinada a la Administración y prestación de Servicios (Centro de Servicios para la Innovación-Centro TecnoSis).
Como primera medida se constituye el Comité Nacional para la Sociedad de la Información, integrada por: Presidente de la República; Rector de la Universidad; Presidente de ANTEL; Representante de las Universidades Privadas; Presidente de la Cámara Uruguaya del Software; Director de la Dirección Nacional de Comunicaciones.
El Decreto 225/000 (2000) establece que misión de dicho Comité consiste en "[…] establecer los lineamentos generales para una estrategia de desarrollo de la Sociedad de la Información, supervisar las actividades y decisiones relativas a la marcha del proceso." (2000)
En este sentido, Sena Correa (2003) plantea: "El Comité Nacional para la SI decidió compartir sus responsabilidades, y convocar conjuntamente a la sociedad uruguaya para un proyecto global de desarrollo de la SI en el Uruguay. Este proceso se inició a partir de un amplio acuerdo institucional impulsado por el Presidente de la República que permitió conformar e integrar a actores relevantes para la definición de una estrategia hacia la SI, esa iniciativa se traduce en la integración del Comité Nacional para la SI donde han participado representantes de la administración pública como privada. Del resultado de esa convocatoria resultó el desarrollo del programa denominado Agenda Uruguay en Red, recogida básicamente en cuatro áreas de trabajo consideradas prioritarias. Estas áreas son: Programa de Conectividad Educativa (Internet en la Enseñanza), Modernización de la Administración Pública (Gobierno en Red), Universalización de acceso a Internet (Proyecto Mercurio), Programa de apoyo a la competitividad del sector software (Uruguay Tecnológico)."
Por otra parte, en el Artículo 4º se establece que del Comité Nacional para la Sociedad de la Información depende una Unidad de Gestión (Uruguay en Red) que realiza la formulación y seguimiento a los diversos proyectos que Uruguay se propone impulsar.
En efecto, se establece que en gran medida, la reforma del Estado uruguayo pasa por una verdadera introducción de la sociedad uruguaya en la "Sociedad de la Información", en base al Comité y particularmente en los aspectos prácticos en el apoyo que pueda brindar esta Unidad.
Cabe destacar que "El Programa de Conectividad Educativa se implementa en el año 2000, mediante un convenio entre ANTEL y la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), orientado por el objetivo de "brindar a los alumnos y docentes de Primaria, Secundaria, Educación Técnica y Formación Docente la infraestructura y los conocimientos necesarios para conectarse con las redes mundiales de la información". Para esto se dispuso, entre otras modalidades, la capacitación de docentes y la puesta en línea de un portal educativo nacional. Con anterioridad a este programa, hacia fines de la década del 90" se habían establecido planes de informática en la educación pública, principalmente en el nivel primario, bajo el entendido de que la democratización de Internet opera como factor constitutivo de los procesos de informacionalización. Tales políticas, sin embargo, adolecían de un exceso de puntualismo, o, dicho de otro modo, de la carencia de una concepción macro y sistémica de la problemática, que permitiera resultados más homogéneos y continuos. […] Asimismo, ANTEL lanzó en 2002, en complemento a este programa, el Proyecto "Uruguay Sociedad de la Información", construyendo 25 "Centros de Acceso a la Sociedad de la Información" (CASI) en carácter de experiencias pilotos. Estos espacios, que cuentan con PCs con acceso a Internet, operan como telecentros de acceso gratuito para la población, si bien son "regulados para atender a la población beneficiaria sin competir con emprendimientos comerciales privados". Se espera con éstos contribuir a la difusión y capacitación para el uso de Internet, especialmente en las zonas del interior del país." (Campanella, 2006b)
| Página siguiente |