Esta dependencia en términos económicos cumplía varios objetivos, entre ellos uno de carácter geopolítico como era el de mantener en una situación de subordinación a nuestros países en virtud de factores comerciales y tecnológicos para poder controlar nuestra producción y, por medio del chantaje económico, financiero y tecnológico, poder explotar a nuestras naciones.
El factor tecnológico, así como la generación del conocimiento en nuestra región fueron puestos a un lado por parte de las oligarquías gobernantes a la hora de definir el diseño estructural de las sociedades y las economías de nuestros países. El desarrollo industrial se enfocaba esencialmente en la importación de tecnología para la producción manufacturera y de materias primas sin destinar recursos suficientes para la investigación para desarrollo de tecnologías propias en la región.
La educación tampoco ocupó un lugar importante dentro de las prioridades económicas e institucionales de los países latinoamericanos a lo largo de estas décadas. El diseño de políticas públicas estaba por completo bajo el control de las oligarquías locales, a las que en nada favorecía que el proletariado latinoamericano llegara a alcanzar los niveles de desarrollo educativo que le permitiera aspirar a niveles superiores de prosperidad económica.
Por consiguiente, la arquitectura económica latinoamericana estaba diseñada para favorecer la transferencia de valor de nuestras economías hacia las más desarrolladas; cerrando con ello toda posibilidad real de desarrollo en nuestras naciones. Las materias primas y productos elaborados en nuestros países fluctuaban al vaivén de las condiciones monetarias que imponían y siguen imponiendo los países desarrollados a través del injusto sistema de comercio mundial establecido, el que no equipara el valor de lo producido con el medio de cambio nominal–las diferentes divisas— con que se les retribuye a los países productores. Esta situación ha sido denunciada, en la actualidad, durante una cumbre del ALBA (Alternativa Bolivariana para las Américas) por el presidente Venezolano, Hugo Chávez; quien parafraseando al comandante Fidel Castro afirmó que: "Estados Unidos ha comprado la mitad del planeta con papel moneda que no tiene ningún valor"
La producción de valor en las economías latinoamericanas ha sido manejada según la estricta conveniencia de los países desarrollados con vocación imperialista, sobre todo Estados Unidos. El precio que pagan por nuestros productos no retribuye el valor que en ellos les transferimos. El precio de nuestros productos no es más que un simple resultado del complejo juego de especulaciones en los mercados mundiales que manejan a su antojo los que poseen el capital financiero que ahoga todas nuestras posibilidades de desarrollo sobre la base del valor que nuestras economías producen.
Desde los años sesenta hasta los noventa la definición de la estructura económica de la región latinoamericana tomó en consideración también las conveniencias de los gobiernos oligárquicos y los intereses geopolíticos del imperialismo norteamericano en nuestra región. La izquierda no tuvo el más mínimo espacio para aportar su visión de la organización política y económica que necesitaban nuestros países para alcanzar la meta del desarrollo.
El monetarismo y sus expresiones más radicales de tipo neoliberal no han hecho más que exacerbar la creciente desigualdad en el comercio internacional perjudicando sustancialmente a los países productores de materias primas como es el caso de muchos de nuestros países.
En los años noventa, tras años de desajustes económicos en la región latinoamericana que nos condujeron a una situación regional catastrófica en términos económicos, se implementó una serie de reformas estructurales que afectaron, sobre todo, la composición del Estado y el rol que éste debía jugar dentro de la economía de cada uno de los países de nuestra región. El Estado era, para los apóstoles del neoliberalismo, parte del problema y no de la solución. Privatización era la panacea que resolvería todos los problemas de nuestras economías y de nuestras sociedades, según ellos. Finalmente, formularon su planteamiento de libre e irrestricto mercado y lo elevaron al nivel de doctrina con el tristemente célebre Consenso de Washington; mismo que provocó una profunda crisis regional en términos sociales y de desarrollo humano.
Breve perfil político de América Latina desde los años sesenta hasta la actualidad
La década del sesenta fue una época de mucho movimiento, cambio y replanteamiento del sistema capitalista mundial. Los países del Tercer Mundo también buscaron, a su vez, redefinir su situación y sus condiciones en la búsqueda de mejorar sus estándares de vida.
En el caso de Latinoamérica, este proceso de replanteamiento económico y la definición estructural del aparato productivo e industrial se formuló en términos excluyentes para las clases sociales más desfavorecidas.
La lógica del desarrollo que impusieron los gobiernos oligárquicos con un enfoque eminentemente burgués, desde los años sesenta hasta finales de los noventa en nuestra región, propició las condiciones para agravar la fractura social que se acrecentaría con el pasar de los años y tendría devastadores efectos en los indicadores de desarrollo humano en la región.
En muchos de los países latinoamericanos los gobiernos oligárquicos favorecieron la industrialización de ciertos sectores económicos que se convirtieron en motores importantes para las economías nacionales, pero cuyos beneficios en términos de valor agregado a la producción nacional no se distribuyeron de manera equitativa; por el contrario, reforzaron la tendencia hacia la concentración del capital en manos de pequeños grupos burgueses que controlaban los destinos políticos y económicos de nuestros pueblos.
La exclusión social fue el común denominador de las políticas públicas de la mayoría de los gobiernos latinoamericanos durante esas tres décadas. La inversión pública en sectores sociales como educación, salud y desarrollo de tecnologías fue completamente marginal. Como producto de esta falta de interés en términos de inversión social para el desarrollo, América Latina enfrentaba aún en el año 2000 sustanciales problemas de cobertura educativa básica. En la mayoría de los países la cobertura de educación pública de carácter obligatorio tan sólo alcanzaba el nivel de primaria superior; solamente algunos países, cuyas economías son de las más robustas en nuestra región, como México, Chile y Argentina, además de otros pequeños países como Costa Rica, que han formulado políticas públicas de inversión en educación a largo plazo, han podido extender la cobertura educativa de carácter obligatorio al nivel de educación secundaria.
La desigualdad social y la exclusión de la clases proletarias en nuestra región se vio exacerbada durante la década del noventa debido a la ola de reformas de primera y segunda generación que impusieron los organismos financieros internacionales y que impulsó un proceso de privatización generalizado en todos los sectores económicos en donde el Estado tenía presencia a través de las empresas paraestatales.
Este proceso de privatización fue acompañado de radicales programas de ajuste estructural del sector público que imponían severas restricciones a la asignación de recursos presupuestarios en sectores de desarrollo social y humano. La clase proletaria latinoamericana terminó pagando el elevado costo social de estas olas de reformas, de este ajuste estructural y del saneamiento macroeconómico en la mayoría de los países.
En el pleno apogeo del neoliberalismo en América Latina, los movimientos de izquierda en muchos de nuestros países sufrieron una suerte de recomposición y redefinición de sus roles y enfoques de participación en el espectro político de cada país; lo que les llevó a depurar sus estructuras en función de perfiles más o menos radicales; más o menos tendientes al centro o a la socialdemocracia.
En la mayor parte de los países latinoamericanos los partidos políticos de tendencia izquierdista fueron también víctimas, en la década del noventa, de abiertas campañas intervencionistas de parte del imperialismo norteamericano que buscaban impedir el ascenso al poder de todo partido político que no estuviera alineado con la derecha; tales fueron los casos de las abiertas campañas en contra del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), en Nicaragua; o bien, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), en el Salvador, en donde las embajadas norteamericanas participaron abiertamente en contra de dichos partidos en un acto descaradamente intervencionista en los asuntos internos de ambos países.
A finales de la década del noventa las clases proletarias latinoamericanas comenzaron a cobrar factura a los desgastados partidos políticos derechistas por todas las décadas de exclusión y falta de inversión social eligiendo, mediante mecanismos democráticos, a gobiernos de corte progresista como el movimiento bolivariano del Presidente Hugo Chávez de Venezuela en 1998, con el que se inicia una nueva tendencia de abierto rechazo a las políticas intervencionistas norteamericanas en la región, hecho que alentó a otros movimientos de izquierda en Ecuador, Bolivia y Nicaragua a alcanzar el poder por la vía democrática.
La Revolución Bolivariana que comienza a impulsar el presidente Chávez en la región se enfoca en los problemas centrales del desarrollo de los pueblos latinoamericanos como es la desigualdad social, la falta de oportunidades, la falta de inversión en educación, salud y la ausencia del Estado en su rol de redistribuidor equitativo de la riqueza.
La dialéctica de los valores, entendida desde la perspectiva bolivariana, busca encontrar un equilibrio entre el valor producido y la remuneración otorgada a los agentes más importantes del proceso productivo: la clase trabajadora.
En este contexto político surge un nuevo desafío para la izquierda en nuestra región que se plantea en dos alternativas; la primera, que consiste en enfocarse en una revolución social y económica que revierta los patrones de intercambio y la transferencia de valores de una clase social explotada (el proletariado) hacia una clase privilegiada poseedora de los medios de producción (las oligarquías locales). El segundo enfoque es el de una izquierda moderada que busca hacer ajustes estructurales importantes provocando un cambio gradual en el proceso productivo y de desarrollo social en la región para reducir la desigualdad.
Intervención del imperialismo norteamericano en América Latina
La historia reciente de América Latina, tras alcanzar su independencia del imperio español, ha estado marcada, indiscutiblemente, por la intervención imperialista de Estados Unidos en los asuntos internos de nuestros países. América Latina cuenta en su historia múltiples episodios de invasiones, ocupaciones militares, despojo territorial– como en el caso de México—por parte del imperialismo norteamericano desde el siglo XIX. Nuestra región ha venido padeciendo la política expansionista de Estados Unidos; lo que no le ha permitido encontrar su propio derrotero hacia el desarrollo integral. En épocas más recientes de nuestra historia como región hemos sufrido diversos episodios de represión por parte de Estados Unidos como el de la fallida operación de Bahía de Cochinos contra la revolución cubana; ejecutada por las fuerzas mercenarias del imperialismo norteamericano. Así también, la guerra de baja intensidad financiada por Estados Unidos en contra de la Revolución Popular Sandinista en Nicaragua y que fue evidenciada con el escándalo Irán-contras, durante la administración Reagan, y por la cual los tribunales internacionales condenaron a Estados Unidos a indemnizar al pueblo de Nicaragua hasta por la suma de diecisiete mil millones de dólares por los daños que esta guerra provocó en la infraestructura productiva y de comunicaciones en el país; también por los profundos efectos colaterales en la economía que dejó en este país centroamericano. El cumplimiento de esta sentencia se sigue esperando aún en la actualidad.
Así mismo, el rastro intervencionista del imperio norteamericano se dejó sentir en Panamá con la invasión a finales de los años ochenta, también con el financiamiento y abierta protección al terrorismo en contra de la Revolución Cubana ejecutado por mercenarios como Luis Posada Carriles durante más de veinte años.
Históricamente, el imperialismo norteamericano ha optado por los mecanismos de represión para apuntalar su completo dominio sobre América Latina. La contribución de los gobiernos pro imperialistas jugó un papel determinante en el proceso represivo que se llevó a cabo en los años setenta y que continuó aún en los años ochenta en contra de la izquierda latinoamericana.
Con el propósito de controlar y dirigir la persecución y exterminio de los movimientos de izquierda en la región; quienes eran considerados como "blancos subversivos" por el imperio norteamericano, la Central de Inteligencia Americana (CIA) penetró el entramado institucional de la mayoría de los países latinoamericanos para coordinar la estrategia que pretendía contener la ola progresista que se estaba gestando desde la clandestinidad, al margen de cualquier oportunidad de participación en el sistema político de los diferentes países.
La violenta represión que llevó a cabo el imperialismo norteamericano en Latinoamérica tuvo cruentos episodios como la famosa Operación Fénix, que se llevó a cabo en Ecuador, en tiempos de la Guerra Fría. Esta operación pretendía la eliminación física de opositores con el fin de utilizarlos para infundir miedo y aplacar la creciente ola de resentimientos y reclamos por parte de los pueblos latinoamericanos en contra de la recrudecida e inhumana dominación imperialista norteamericana, a través de gobiernos oligarcas, en nuestra región. Este tipo de operaciones estaban inspiradas en el decreto Noche y Niebla de Adolf Hitler.
Otra de las operaciones de persecución y exterminio de opositores en Latinoamérica fue la famosa Operación Cóndor. Ésta fue una operación similar a la que se implementó en Italia en los años setenta cuyo nombre era Operación Gladio; y, en el marco de esta operación secuestraron, torturaron y asesinaron a dirigentes y militantes de izquierda en Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Esta operación se puso a punto a inicios de 1974 durante la reunión que sostuvieron los altos mandos de las fuerzas militares y de seguridad pública de todos estos países en la ciudad de Buenos Aires. La CIA estuvo, detrás de estas operaciones, brindando el apoyo estratégico necesario para la definición y ubicación de "blancos subversivos" que debían ser "eliminados".
En Brasil, para asegurar la cruenta represión a los movimientos izquierdistas, el imperialismo norteamericano no tuvo necesidad de tener una presencia destacada, puesto que la dictadura militar, que prevaleció con mucha fuerza hasta 1985, supo cumplir a cabalidad con la tarea de exterminio de los "blancos subversivos" en ese país.
Según los "Archivos del Terror", descubiertos por Martín Almada en la ciudad de Lambaré, Paraguay, en 1992; el saldo de la Operación Cóndor fue de al menos cincuenta mil muertos, treinta mil desaparecidos, cuatrocientos mil presos y cuatro millones de exiliados en América Latina.
En medio de este contexto de persecución, la izquierda, como opción ideológica y alternativa política, tuvo que adaptarse a la lucha clandestina para poder sobrevivir. Es por ello que, tomando en cuenta las extremas dificultades que enfrentaban todos los movimientos progresistas latinoamericanos para fabricarse espacios políticos, resulta ser un ícono primordial de la lucha de los pueblos latinoamericanos por salir del alero del imperio norteamericano, el triunfo de la Revolución Popular Sandinista en la Nicaragua de finales de la década del setenta.
La Revolución Popular Sandinista: análisis de un proyecto marxista-leninista
A partir del triunfo de la Revolución Popular Sandinista (RPS) se inició en América latina uno de los proyectos revolucionarios más importantes en la historia de nuestra región. Al asumir el mando del país la dirigencia revolucionaria tenía ante sí un enorme reto puesto que el proyecto revolucionario pretendía profundas transformaciones sociales, económicas y políticas que resultarían muy difíciles de implementar en el país centroamericano.
El contexto histórico en el que la RPS irrumpió en la realidad nicaragüense era muy complejo. El país estaba sensiblemente afectado en su infraestructura económica y desgarrado en su tejido social en virtud de la prolongada guerra civil que se había venido desarrollando desde años atrás, y, debido también a que en el auge de la insurrección popular generalizada la economía nicaragüense se había visto casi paralizada, al igual que las obras de reconstrucción en la capital, Managua, tras el devastador terremoto ocurrido en diciembre de 1972.
En este difícil contexto económico le tocó asumir el gobierno y el control del Estado a la junta de Gobierno Revolucionario. En el terreno social, la RPS encontró una sociedad profundamente dividida por la desigualdad y la marginación sistemática hacia las clases populares. La sociedad nicaragüense que había sufrido por muchos años la represión dictatorial y sus políticas de exclusión en términos de desarrollo social equitativo se encontraba, al momento del triunfo revolucionario, en una situación de pobreza muy grave y con el acceso casi nulo a las oportunidades de educación básica.
La organización de los distintos sectores industriales estaba en concordancia con los intereses exclusivos de la oligarquía burguesa nacional que compartía, corruptamente, con la camarilla de altos funcionarios del régimen somocista los beneficios acumulados como producto de la explotación inmisericorde de las clases proletarias y del campesinado nicaragüense.
En cuanto a la organización de los medios de producción para la agricultura, la sociedad nicaragüense pre-revolucionaria se regía por esquemas de producción feudales en el que los campesinos no tenían la más remota esperanza de llegar, algún día, a poseer la tierra que ellos mismos hacían producir y cuyo trabajo y la plusvalía que éste generaba les eran sistemáticamente arrebatados para mantenerlos, permanentemente, en situación de pobreza.
El proceso revolucionario que iniciaba con el triunfo de la guerrilla sandinista, en julio de 1979, tenía delante de sí el enorme desafío de demostrar ante el mundo, y principalmente, ante el subcontinente latinoamericano que un cambio radical y brusco podía operarse en un país para reconducirlo hacia la senda de la justicia social y a la instauración de un nuevo orden social y económico que borrara las diferencias de clase y la desigualdad social como base del sistema de desarrollo de un Estado. La RPS se convirtió en un laboratorio para toda Latinoamérica y para el resto del mundo en el cual se debía poner a prueba la construcción de un sistema alternativo al brutal capitalismo neoliberal que ya había cimentado sus bases en la región.
El planteamiento social de la revolución
La RPS adoptó, desde sus inicios una serie de iniciativas que iban en pro del desarrollo social de las clases empobrecidas de Nicaragua. El primer gran esfuerzo impulsado por la dirigencia revolucionaria fue la Campaña Nacional de Alfabetización, la que en unos pocos meses logró reducir a niveles mínimos la tasa de analfabetismo en el país; misma que se mantuvo muy elevada a lo largo de los más de cuarenta años de régimen dictatorial por parte de la familia Somoza.
Otro elemento novedoso y muy positivo que trajo la RPS fue el vigoroso impulso hacia el cooperativismo y el sindicalismo a nivel nacional. En todos los entes productivos estatales y los pocos entes privados que aún existían tras el triunfo de la revolución, los trabajadores fueron llamados a organizarse para la defensa de sus derechos.
Otra de las iniciativas que trajo importantes cambios sociales fue la integración plena de la mujer a las labores productivas y a la sociedad en su conjunto. Las mujeres también contaron con el apoyo institucional necesario para crear lazos asociativos y toda una infraestructura organizativa que agremió a miles de mujeres en función de sus intereses de grupo; ya sea desde una perspectiva laboral, social o cultural.
Dentro de las muchas iniciativas de transformación social de la RPS, la promoción y difusión masiva de la cultura fue un pilar fundamental en la búsqueda del desarrollo humano integral. Dentro de este enfoque se masificó el acceso popular a todos los niveles educativos; desde la educación elemental hasta la educación superior. Las universidades nicaragüenses, por primera vez en la historia, abrieron sus puertas de manera masiva a los estudiantes más pobres del país; quienes no tenían que pagar absolutamente nada por recibir la oportunidad de estudiar una carrera profesional.
Todas estas iniciativas sociales de tipo progresista incomodaron, lógicamente, a los grupos oligárquicos que habían disfrutado por muchas décadas de un status quo que les garantizaba una posición de dominio y explotación sobre el proletariado nicaragüense.
Muy temprano, dentro de este proceso revolucionario, comenzaron a manifestarse las resistencias de la clase burguesa oligárquica que veía cómo sus privilegios eran barridos por el vigoroso proceso de cambio que se estaba estableciendo y potenciando de parte de la RPS
Al incrementarse la presión interna, y, al mismo tiempo experimentarse el recrudecimiento de la presión externa ejercida por el imperialismo norteamericano mediante una guerra de agresión impuesta a la revolución, la alta dirigencia revolucionaria comenzó a perder el enfoque de desarrollo humano integral que pretendía para la sociedad y fue adoptando, poco a poco, medidas restrictivas de algunos derechos a la población–en un primer momento– para luego convertirse en un proceso despiadado de represión popular, igual o peor que el que había por años establecido la dictadura militar somocista.
Esta serie de medidas de represión y exterminio de opositores a la revolución provocó el fracaso social de la RPS. Los episodios más tristes de la violencia revolucionaria desatada en contra del pueblo nicaragüense sucedieron en la región caribeña; sobre todo en contra de las etnias afro-nicaragüenses que fueron brutalmente masacradas durante la tristemente célebre Operación Navidad Roja, misma que implicó la violenta reubicación de 42 comunidades étnicas de la franja fronteriza con Honduras hacia el interior del país. Este fue un acto brutal no muy distante de los famosos Campos de Concentración Nazi.
Las reformas sociales pronto fueron opacadas por la barbarie revolucionaria ejercida, sin piedad alguna, contra el pueblo mediante los organismos oficiales de represión: Policía Sandinista, Ejército Popular Sandinista, Ministerio del Interior y, la más brutal de todas, la Dirección General de Seguridad del Estado.
Se cumplía, de este modo, con un enfoque leninista del Estado que la alta dirigencia de la RPS estaba aplicando con todo rigor. El Estado se convertía en opresor del mismo pueblo, pero en el entendido de que esta represión, desde una postura leninista, era por el bien del mismo pueblo.
De una manera general, la justificación que dio sustento moral a la RPS fue, principalmente, la injusticia social que promovía la dictadura somocista y el anhelo de construcción de una nueva sociedad bajo nuevos ideales de justicia, desarrollo social, integración plena de los sectores marginados a la dinámica socioeconómica del país; todo ello en con el fin de convertirlos, fundamentalmente, en partícipes de la riqueza que el país producía. Toda esta aproximación hacia un enfoque de progreso revolucionario quedó, simplemente, reducida a un mero postulado filosófico-sociológico que no pudo ser llevado a la práctica debido a la tensión a que fue sometida la RPS desde adentro; así como a la intensa presión externa ejercida por el imperialismo norteamericano.La exclusión social, la marginación económica y la represión institucional en contra del pueblo siguieron siendo los males perennes del pueblo nicaragüense aún bajo el régimen revolucionario. La fractura social continuó agravándose durante el período revolucionario y es tan evidente hoy, como lo fue en el pasado, sin importar los colores políticos de los gobiernos de entonces; independientemente de su filosofía sobre el ejercicio del poder. La RPS fue un desalentador fracaso para los movimientos izquierdistas que creían firmemente en un modelo de sociedad de corte marxista-leninista en América Latina.
El enfoque económico revolucionario
Desde el punto de vista económico, la RPS impulsó una serie de cambios que estaban acordes con los postulados marxistas sobre la relación de explotación, mediante el instrumento del dinero, que subsiste en las relaciones de producción en el modelo capitalista.
Una de las primeras iniciativas que tomó la RPS fue la de llevar la presencia del Estado a todos los niveles del sistema productivo del país. La nacionalización masiva de las principales empresas que producían en los sectores industriales más importantes del país llevó a la conformación de un gigantesco consorcio empresarial estatal administrado por la CORNAP (Corporación estatal de gestión para las empresas públicas).
Con medidas de este tipo, el Estado pasaba a ser dueño de la casi totalidad de los medios de producción y, por consiguiente, podía corregir la desigualdad existente entre el salario que se pagaba al proletariado—que según la teoría marxista es el mejor instrumento de explotación—y el valor generado en el proceso de producción.
La RPS, una vez en posesión de los medios de producción, inició el proceso de planificación económica en función de las prioridades estratégicas de la revolución, mas no en función de las necesidades urgentes de la población. Este fue el primer error de enfoque, desde la perspectiva económica, que cometió la RPS. La RPS tenía entre sus mayores prioridades estratégicas la consolidación de su alianza político-ideológica con el bloque de países socialistas conformado por la URSS, no así el brindar una respuesta congruente al problema económico planteado a nivel doméstico. La formulación de las políticas centrales de planificación económica enfocaron las variables principales del problema económico (qué, cuánto, cómo y para quién producir) hacia afuera; hacia las necesidades de su entonces principal socio político, la URSS. Esto representó un simple cambio de polo en términos de dependencia económica y política.
La guerra contrarrevolucionaria vino a evidenciar y marcar las fallas del modelo de planificación económica de la RPS, puesto que amplias zonas productivas fueron inutilizadas debido al conflicto armado. En el ámbito industrial, una renovación tecnológica se operó a todos los niveles de la industria nacional optándose por la importación de tecnología soviética. Este costoso reemplazo tecnológico provocó un exponencial aumento en la deuda externa de este país centroamericano.
La caída en los niveles de producción agrícola provocó un prolongado desabasto de alimentos básicos y el Estado tuvo que implementar un duro racionamiento de alimentos. Sumado a ello, la infraestructura de comunicación se deterioró sensiblemente lo que provocó aumento en los costos de logística para mantener el sistema central de distribución de alimentos a través de ENABAS, la empresa estatal de alimentos básicos.
Esta tragedia económica empujó al pueblo a recurrir al trueque para poder subsistir. No obstante, el maquiavélico Ministerio de Comercio Interior, que en suma era el ministerio del Estado encargado de hacer desaparecer por completo al mercado, como realidad económica, y pretendía también regular todo intercambio de mercancías dentro del país, se entregó a la tarea de perseguir y castigar a los productores y campesinos que recurrieran al trueque para cubrir necesidades de subsistencia.
En medio de este caos económico se llevó a cabo un tímido proceso de Reforma Agraria que, a la postre, solo representó una mampara publicitaria para oxigenar la desgastada imagen del gobierno revolucionario. El Estado seguía en posesión de los antiguos latifundios de la derrocada dictadura; así también, de las propiedades confiscadas a los empresarios privados. La Reforma Agraria no repartió gran cantidad de tierras. La mayoría de las propiedades redistribuidas fueron a parar a manos de la nueva oligarquía revolucionaria.
Al final del proyecto revolucionario, Nicaragua quedó peor que al inicio. Su infraestructura económica devastada, su deuda externa aumentada exponencialmente, su economía carcomida por la hiperinflación y sus principales industrias dotadas de tecnología rusa ya obsoleta, misma que al final tuvo que ser vendida como chatarra.
América Latina con dos enfoques de izquierda: izquierda moderada y la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA)
El resurgimiento de las tendencias de izquierda en América Latina revela un cambio en la realidad política de nuestros pueblos. Los gobiernos Neoliberales han fracasado ante el reto del desarrollo de la región; en gran medida gracias a la aplicación ciega del recetario macroeconómico diseñado al estilo que Washington establece para países tercermundistas.
Por muchas décadas la región estuvo gobernada por la derecha que se obsesionó por mantener índices macroeconómicos aceptables ante el FMI en detrimento del desarrollo interno con equidad. Los índices macroeconómicos no alivian la pobreza está demostrado; y, tras años de crisis sociales profundas, los sectores marginados de la sociedad están cobrando factura a los partidos neoliberales.
¿Que habría de esperarse entonces de la nueva izquierda latinoamericana? Lo primero, responsabilidad. No es posible ya en la hora actual estar apostando al populismo o a las estrategias de conducción económica de corte marxista-leninista que fracasaron en los años ochenta y que a países como Nicaragua sumieron en horrendas crisis de deuda externa, insostenibilidad productiva, exterminio de la iniciativa privada e índices de hiperinflación.
Lo que pareciera lógico de esperar de la izquierda latinoamericana moderada, representada por gobiernos como los de Chile y Brasil sería el fomento al desarrollo económico y científico para que éste se traduzca en una mayor competitividad y capacidad productiva. Manteniendo ritmos importantes y constantes de crecimiento económico los países generarían los recursos necesarios para impulsar iniciativas de desarrollo social y humano. Los programas de inversión social y desarrollo humano serán sustentables siempre y cuando descansen en una capacidad productiva creciente de la economía nacional.
Desafortunadamente, en nuestra región ha florecido un estilo radical de izquierda que continúa aferrada a modelos económicos caducos y de comprobada ineficacia. Sus líderes no han hecho una correcta interpretación del entorno internacional en el que se desenvuelven los países de nuestra región ni de las nuevas reglas del juego que implica la globalización de nuestras economías.
Las realidades nacionales presentan, así mismo, enormes complejidades como el profundo problema de desigualdad. Una brecha monumental entre ricos y pobres. Sin embargo, la izquierda ortodoxa, como el caso de Venezuela, Nicaragua, Ecuador y Bolivia, manipula en su favor esta situación para posicionar sus programas asistencialistas que en nada resuelven el problema planteado por la desigualdad social.
La población más pobre de nuestra región sigue estando abandonada a su suerte y ahí reside el poder de los líderes de la izquierda ortodoxa que se presentan a sí mismos como Mesías de los pobres, o bien como estrellas de rock anunciados en las calles de las empobrecidas ciudades de sus países mediante carteles panorámicos gigantescos con la reverenciada foto del presidente, salvador de los excluidos y los pobres. Esto no es más que un cínico culto a la personalidad de estos líderes ortodoxos populistas como Daniel Ortega y Hugo Chávez. El fenómeno es sociológico. En una sociedad donde el individuo no tiene importancia, y en la que el bienestar del ciudadano no es ni siquiera una preocupación de las autoridades, mucho menos prioridad, resulta relativamente fácil que las masas se dejen seducir por individuos o partidos cuyo mensaje transmite al anónimo ciudadano la idea de ser importante, de tener una misión histórica…. y todo el grandilocuente discurso que caracteriza a este tipo de líderes.
El mejor aliado de la izquierda ortodoxa ha sido la oligarquía neoliberal latinoamericana. Esos gobiernos neoliberales mantuvieron políticas que han empobrecido y agravado las precarias condiciones de vida de la población. Las políticas gubernamentales excluyentes y corruptas de los gobiernos neoliberales en nuestra región produjeron un resentimiento social legítimo que es aprovechado ahora por los líderes de la izquierda ortodoxa populistas que, a ellos mismos, no les interesa que esta situación mejore.
Estar fuera del gobierno a la izquierda ortodoxa le ha resultado más rentable que asumir la responsabilidad y el riesgo elevado de fracaso en la solución a los problemas sociales y económicos nacionales, tal y como quedó demostrado con el proyecto marxista-leninista de la Revolución Popular Sandinista en los años ochenta. Es mucho más fácil criticar que arriesgarse a hacer.
Los gobiernos de la izquierda ortodoxa (Venezuela, Nicaragua, Ecuador, Bolivia), con la visión actual que tienen sus líderes de las realidades nacionales no resolverán, de manera alguna, el problema del desarrollo de estos países.
La Alternativa Bolivariana para las Américas, ALBA
El ALBA es el principal proyecto político regional que promueve el presidente venezolano Hugo Chávez.
Si analizamos en profundidad lo que es el ALBA nos daremos cuenta que los países adheridos a esta iniciativa regional tienen mucho que perder y muy poco que ganar. Ponemos ahora en perspectiva los aspectos centrales -y hasta cierto punto doctrinales- del ALBA según sus ideólogos.
Principio: énfasis en la lucha contra la pobreza y exclusión social. Tomando en cuenta el accionar y la falta de coherencia económica de parte del presidente venezolano Hugo Chávez, principal promotor del ALBA, resulta muy difícil conceder alguna credibilidad a que este principio fundamental se cumpla. De hecho, desde que el presidente Chávez asumió el gobierno de Venezuela en 1998 la pobreza ha aumentado en su país. La exclusión social se ha consolidado y de ella saca provecho político el gobernante.La pobreza en Venezuela se disparó de 43% a 53% entre 1999 y 2004 y la pobreza extrema de 17% a 25 % en el mismo período según el Instituto Nacional de Estadísticas de la República Bolivariana de Venezuela, reporte estadístico n°2, 2004, pág.5.Es difícil pensar que el ALBA pueda impulsar la reducción de la pobreza en otras naciones con menos recursos económicos como Nicaragua, Bolivia y Ecuador considerando que el principal promotor de la iniciativa, el presidente Chávez, a nivel interno no ha hecho más que agravar el problema de la pobreza en su país. Principio: cooperación de fondos compensatorios para corregir disparidades. En un mundo que está cambiando rápidamente para dar lugar a la conformación de bloques regionales (Europa, Estados Unidos con el TLC de América del Norte y el DR-CAFTA) es muy difícil concebir una dinámica de desarrollo que no esté basada en el incremento constante de la productividad nacional y la capacidad de competir en condiciones de libre comercio. Los fondos compensatorios no pueden representar, de forma alguna, una alternativa para corregir las asimetrías entre las distintas economías de los países del ALBA. El problema no es el desembolso de dinero de un país rico para fomentar el crecimiento económico de otros miembros pobres de un mismo bloque regional, sino impulsar la productividad y competitividad de las economías nacionales.Venezuela, con su ALBA, desembolsa discrecionalmente sus petrodólares sin control alguno a riesgo de fomentar en los países receptores la corrupción. Esto lo constatamos al ver lo difícil que está resultando, actualmente, establecer mecanismos de vigilancia en torno a los fondos que llegan, vía cooperación petrolera, a países como Nicaragua, en donde la corrupción pública ha alcanzado niveles muy elevados.Principio: identificar espacios de interés común para negociar en bloque. Negociar en bloque requiere ante todo la conformación de un bloque. La conformación de un bloque ALBA no tiene sustento económico y quizás -sólo quizás- un fundamento político muy restringido. América latina en su conjunto, actualmente representa menos del 7% del PIB mundial. Como región está perdiendo importancia y está pasando a ser irrelevante. A la luz de esta realidad ¿qué sentido económico tendría conformar un bloque entre Bolivia, Cuba, Nicaragua, Venezuela y otros pequeños países caribeños? Sería un bloque más que insignificante a escala internacional, económicamente hablando.Si como región la importancia económica es poca, imaginemos, por un momento, un bloque donde ni siquiera estén los países más importantes de nuestra región como Brasil, Argentina, México y Chile.Negociar en bloque sería, en todo caso para el ALBA, negociar en función de los intereses de Venezuela ya que ninguno de los otros países tendrían nada que decir ya que, simplemente, serían subsidiados por el primero. Principio: Construir consensos con un nuevo liderazgo político, económico, social y militar.Este principio es el clímax del narcisismo y la megalomanía del presidente Hugo Chávez. Sus inversiones en material y tecnología militar que recientemente ha hecho por encima de los tres mil millones de dólares no es más que un intento de relanzar una carrera armamentista en América Latina. Una realidad del pasado que no tiene más lugar en nuestro presente como región. Aunque el presidente Chávez quisiera imponer un nuevo modelo para Latinoamérica no podría lograrlo; sencillamente, porque no tiene ningún modelo. Su gestión en el poder está definida por la improvisación no por la planificación. Un modelo económico necesita una ideología y una conceptualización, y en el caso del presidente Chávez su improvisación no le permite conceptualizar nada. Así lo ha reconocido su iniciador y mentor político Luis Miquilena:
"Por el conocimiento que tengo de Chávez, es uno de los hombres más impredecibles que he conocido. Hacer cálculos acerca de él es verdaderamente difícil porque es temperamental, emotivo, errático. Y porque como no es un hombre bien amueblado mentalmente, ni un hombre con una ideología definida…está hecho estructuralmente para la confrontación…" Es extremadamente difícil construir consensos en torno a un líder con estas características. Principio: las economías pequeñas necesitan asistencia para competir. No es del todo cierto. Las economías pequeñas necesitan oportunidades de crecimiento más que asistencias. Más aún, cuando, en el caso del ALBA son asistencias condicionadas a una abdicación de la soberanía del país receptor. La clave es la competitividad y la captación de inversiones. Hoy en día los términos del debate no son más socialismo versus capitalismo como lo plantea Chávez. En el mundo contemporáneo, la China Comunista está viviendo la fiebre capitalista más grande de la era moderna. Mientras que en Venezuela, en años anteriores las autoridades decretaban el cierre temporal de la cadena de restaurantes McDonald, en China se les daba la bienvenida con alfombra roja y recepción por parte de las principales autoridades del gobierno a una delegación de alto nivel de esta transnacional de restaurantes estadounidense. En la actualidad el debate está en dos extremos. Países capta capitales (de cualquier ideología) versus países espanta capitales.En sólo el inicio de la gestión del presidente Chávez entre 1998 y 2004 cerraron sus puertas más de siete mil fábricas y empresas en Venezuela. Un dato sumamente preocupante.A Nicaragua, a Bolivia, a Ecuador o a los otros pequeños países caribeños no les conviene imitar el modelo venezolano, porque conllevaría a debilitar al sector privado que es el principal motor de estas economías. Principio: Enfrentar la reforma del Estado. Aumentar la capacidad de gestión pública. Las reformas y ajustes del Estado que por toda de América Latina impulsó el FMI ahora son blancos de ataque del ALBA. Durante los años ochenta un Estado sobredimensionado y absurdamente grande e ineficiente condujo a los países a agravar la crisis económica.El sector público debe tener un tamaño racional y más allá de eso ser eficiente en la promoción del crecimiento económico y un intermediador eficaz de recursos para su redistribución dentro de la sociedad. Es indiscutible que muchos abusos se dieron durante el proceso de ajuste del aparato público. Las privatizaciones amañadas y el tráfico de influencias ensombrecieron la reforma del Estado en muchos países en la década del noventa. Sin embargo, lo más importante dentro de este proceso fue la restitución y reconocimiento en su papel de principal motor de la economía al sector privado. Lo que se necesita para el desarrollo son inversiones productivas y que fomenten la competitividad. Nacionalizar y volver al modelo de Estado proveedor y no facilitador puede ser muy peligroso en países como Nicaragua, Ecuador, Bolivia y otros países del ALBA, en donde la experiencia nos ha mostrado las consecuencias de estas prácticas.
América Latina, la globalización económica y el proceso de cambio político en la región
Como hemos visto anteriormente, el ALBA es un enfoque totalmente diferente a lo que ha venido ocurriendo, como proceso político-económico en nuestra región. Es una visión diferente que plantea el ala ortodoxa de la izquierda latinoamericana. Sin embargo, para poder plantear las transformaciones políticas que pretende el ALBA, es menester hacer un análisis coyuntural de nuestra región.
No podemos perder de vista que América Latina ha venido integrándose al proceso de globalización y ello impone una serie de condiciones que deben tomarse en cuenta al momento de proponer cambios tan radicales en materia de modelos económicos y políticos.
Hacia mediados del siglo XIX Latinoamérica tenía una posición importante dentro de la economía mundial. Entre otros datos en la región estaban radicadas el 40% de las inversiones de las potencias principales destinadas a la periferia.
El flujo migratorio de los europeos hacia los países de la periferia también ocupó un porcentaje importante en América Latina. El 50% de las migraciones de los europeos era hacia esta región.
Con los conflictos bélicos mundiales, entre 1914 y 1945 se interrumpió el proceso de globalización de la economía mundial. Luego de las guerras ni el comercio, la migración ni el flujo de capitales volvió a ser el mismo de antes.
Después de 1945 hubo un gran impulso a la globalización en parte por la reconstrucción de Europa y el auge económico de la posguerra. Esto trajo cambios esenciales: cambió la división internacional del trabajo, la tecnología tuvo una gran influencia en la nueva definición y reorganización del trabajo. Una mayor liquidez internacional y la integración de las plazas financieras empujó las corrientes de capitales de corto plazo y nació el sistema financiero mundial. En estos términos, América Latina no supo dar respuestas adecuadas al reto de la globalización. Después de 1945 nuestra región siguió con las tendencias de desglobalización de la época de la guerra.
La región no expandió ni modernizó el comercio exterior, que consistía esencialmente en aportar materias primas al mercado mundial. El Comercio Internacional estaba cambiando por efecto de la tecnología. Esto llevó a la región a perder importancia en el comercio mundial. Pasó de un 14% en 1945 a un 5% en 1971.
Globalización del capital financiero
Otro elemento fundamental ha sido la globalización del capital financiero. El surgimiento de un sistema financiero mundial controlado por las principales potencias económicas supuso una gran herramienta de influencia geopolítica y de control económico sobre los países menos desarrollados.
La creación de instituciones financieras internacionales sólidas tuvo sus implicaciones políticas. Baste señalar la violenta oposición de los organismos financieros internacionales en 1997 a la propuesta de Japón de crear un Fondo Monetario Asiático para fortalecer las monedas asiáticas.
Esta oposición fue claramente para defender el dominio de influencia financiera de las potencias asociadas en el FMI y el Banco Mundial contra el surgimiento de contrapesos de poder en otras regiones del mundo.
Otro ejemplo de la batalla política detrás de la globalización del capital financiero es la negativa de la potencias como Estados Unidos para establecer el impuesto Tobin para grabar a escala mundial las transacciones de distintas divisas y frenar los flujos de dinero especulativo. Ello hace más difícil luchar contra las crisis actuales y futuras.
Las crisis políticas y la economía latinoamericana
Después de 1945, América Latina conservó las políticas proteccionistas frente al comercio internacional. Del mismo modo mantuvo una fuerte presencia estatal hasta desembocar en la crisis económica de los años ochenta.
Los primeros que cayeron con esta crisis fueron los gobiernos militares que todavía se mantenían en la región. De esta forma el retorno de la democracia coincidió con las reformas de mercado en muchos países de la región así como con el proceso de consolidación del neoliberalismo.
Otro problema, como afirmara en el 2007, durante una entrevista para CNN, el ex presidente uruguayo Julio María Sanguinetti, fue que los conflictos bélicos crearon escisiones sociales graves y como consecuencia la inequidad. Estos son obstáculos para la integración de la sociedad y una desventaja que tiene la región en el contexto mundial.
Casos excepcionales en nuestra región han sido Chile y México. En el país sudamericano las reformas estructurales comenzaron bajo el gobierno militar y se continuaron después de 1990 con el retorno de la democracia. Chile se puso a la vanguardia de muchas iniciativas que luego fueron tomadas como referencia en toda la región; tal fue el caso de su novedoso sistema de pensiones que abrió espacio a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) así como su sistema de salud previsional, mismos que fueron retomados en otros países de nuestra región.
Por su parte México firmó un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, y aunque al inicio se vio afectado por la crisis del peso en 1994-1995, en los años subsiguientes el país logró una gran integración con el resto América del Norte. La integración mexicana se dio sobre ejes como el comercio, los flujos de capital y una mayor captación de inversiones extranjeras directas, fundamentalmente.
Resultados: México incrementó sus exportaciones de un 11% del PIB que representaban en 1980 a un 29% en el año 2000.
Las crisis financieras en América Latina
Durante los años noventa la economía mundial entró en una etapa de creciente inestabilidad y crisis financieras frecuentes. Una de las principales fue la crisis mexicana de 1994-1995, por sus repercusiones a escala internacional.En México se produjo una profunda crisis en donde varias instituciones bancarias enfrentaron graves problemas con las carteras que manejaban, lo que condujo a la intervención de de seis instituciones.El colapso del sistema financiero mexicano en ese momento provocó un enorme impacto negativo a la estabilidad de la región, así como la inminente amenaza de que una crisis de esta magnitud arrastrara por un sendero similar a los socios de México en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.El efecto perverso de esta crisis financiera se extendió al resto de la economía mexicana –por estar interconectada en la red comercial de América del Norte — provocando reacciones en cadena que amenazaron con expandir las nefastas consecuencias de esta crisis hacia las economías de Estados Unidos y Canadá principalmente.
La interdependencia económica, que desde ese entonces ha cobrado un mayor auge en la geopolítica del hemisferio occidental, amenazaba no sólo con afectar en partida doble a la economía mexicana y la de sus socios del norte, sino que ponía en riesgo la estabilidad de toda la región en vista de la importancia que tiene en comercio entre este país y el resto de América Latina.Las instituciones financieras internacionales no tuvieron más alternativa que intervenir para estabilizar la situación y contener el enorme problema financiero mexicano. Este fue uno de los primeros campanazos de alerta sobre las crisis de alta repercusión y la virulencia con que se propagan a lo largo de la región. Casi al mismo tiempo en Latinoamérica estallaron crisis financieras en varios países, entre ellos Brasil con la crisis de 1994, en donde salieron afectadas 76 instituciones bancarias ya sea intervenidas, liquidadas, fusionadas o puestas bajo régimen especial.En ese mismo año se presentaron crisis financieras en Bolivia, donde dos bancos se cerraron y otros enfrentaron severos problemas con las carteras que manejaban. También se produjo la crisis financiera en Guyana en 1993, la de Costa Rica en 1994, la de Haití en 1994 y la de Venezuela en 1994. En todos estos países se intervinieron, liquidaron o se pusieron bajo vigilancia a distintos bancos.Para 1995 se presentó la crisis bancaria en Argentina, donde 45 instituciones fueron cerradas o fusionadas. Igualmente se produjeron crisis en Paraguay, donde se intervinieron seis bancos, sin dejar de lado la crisis financiera de Nicaragua.La intervención de los organismos internacionales en cada uno de estos países, iniciando desde la crisis mexicana, evidenció que el recetario macroeconómico y el catecismo financiero que imponen a todos nuestros países no son eficientes. Los organismos financieros internacionales funcionaron como bomberos que intentaban contener y remediar las consecuencias de un incendio, mas no pudieron prevenirlo.En el corazón de estas crisis una causa profunda no fue abordada, ni entones ni mucho menos en la actualidad, como lo es el de la corrupción que ha permeado al sistema financiero.Al final, los países son los que, con sus limitados recursos fiscales, terminan pagando los platos rotos de estos enormes festines multimillonarios que se han ofrecido los banqueros a lo largo de toda la región.
Es definitivamente más eficaz destinar recursos a la prevención de las crisis y a la consolidación de los sistemas financieros ya que éstos son agentes cruciales en la intermediación de recursos para la economía en todos sus ámbitos. Esta realidad no la pudieron apreciar los organismos internacionales como el FMI ya que estaban muy ocupados predicando el libre e irrestricto mercado y la desregulación de los mercados financieros.Habría sido más útil invertir recursos para consolidar la vigilancia del sector financiero. Se necesitan instituciones que sean capaces de prevenir eficientemente las crisis y no que salgan a destiempo a aplicar sanciones e intervenciones a los bancos cuando el daño ya está hecho.La corrupción gubernamental fue igual de dañina que la corrupción empresarial y en particular de los banqueros para provocar muchas de estas crisis. En América Latina son muchos los banqueros que se aún pasean tranquilos con los bolsillos repletos del dinero que le arrebataron a los depositantes sin que haya autoridad capaz de enjuiciarlos, ya sea porque son protegidos o porque esos millones robados sirven para comprar impunidad.
Para citar tan solo un pequeño un ejemplo, en Nicaragua, los responsables de las quiebras bancarias (INTERBANC, BANCO DEL CAFÉ, BANCO DEL SUR, BANIC, BANCO MERCANTIL) , protegidos por importantes políticos de izquierda y militares de alto rango, de los cuales nunca se reveló sus identidades pero que figuraban como accionistas de los bancos que fueron saqueados, se pasean muy tranquilamente por Centroamérica con los más de 500 millones de dólares que extrajeron del sistema financiero nacional y que, como es lógico, están pagando los contribuyentes con sus impuestos.
Estos contextos difíciles de nuestra región han dejado una profunda huella económica que es necesario tomarla en consideración al momento de analizar la fortaleza financiera y económica de nuestra región y las oportunidades que ésta puede ofrecer en función de las iniciativas de carácter político que se asuman desde los distintos gobiernos.
En este particular, la izquierda latinoamericana no ha aportado mayores propuestas.
Los factores de cambio en Latinoamérica
La ciencia y el conocimiento son utilizados por las potencias mundiales para consolidar sus espacios de poder. No podemos perder de vista que estamos en un mundo unipolar donde Estados Unidos es el único país capaz de sentar una posición política y sustentarla militarmente. Es la única potencia con poder real de arbitraje y ha sobrevivido al derroche de recursos en la actividad militar gracias en parte a su enorme capacidad de mejora continua de su productividad y basado también en su mejora en la eficacia de la gestión de dicha productividad.
En estas circunstancias el reto fundamental de la región latinoamericana es ser capaz de favorecer el progreso tecnológico, la productividad y la competitividad; a la vez de resolver sus grandes problemas colaterales como lo son sus profundas fisuras sociales, las secuelas económicas de los años ochenta. Otros desafíos importantes son el manejo macroeconómico, el medio ambiente y la gestión de la relación entre el desarrollo científico y el desarrollo económico. Todo esto sin perder de vista que es necesario un diseño cuidadoso de la política económica y la lucha por erradicar la pobreza y la desigualdad social.
En este sentido, las nuevas posturas de la izquierda ortodoxa están tratando de dar un giro radical, principalmente en lo relativo a la economía política en nuestra región. Sin embargo, no podemos plantearnos una reestructuración completa de la economía política que ha venido implementándose desde hace décadas en los distintos países de nuestra región sin tomar consciencia del elevado costo social, y el importantísimo impacto económico y estructural que para nuestros países implicaría este cambio brusco que buscan los gobiernos izquierdistas ortodoxos; mismos que cada vez se radicalizan más en sus posturas socialistas. Pasar de un extremo al otro tan precipitadamente tendrá su costo. Pasar del neoliberalismo al socialismo de un solo golpe implicará una serie de consecuencias que deben ser analizadas con mucho detenimiento, sobre todo cuando la historia latinoamericana nos ha enseñado que en este tipo de aventuras radicales, como el caso de la Revolución Popular Sandinista, es el pueblo y las clases sociales más pobres los que terminan pagando la factura de estos ensayos políticos, económicos e ideológicos.
El enfoque de desarrollo del ALBA y otras iniciativas regionales
La región latinoamericana, y en especial Centroamérica, ha luchado desde hace mucho tiempo por encontrar su propia dinámica de desarrollo sin lograr atinar a una estrategia conjunta de desarrollo para todos los países que integran la región.
Dentro de los esfuerzos que se han hecho históricamente está el SICA (Sistema de Integración Centroamericana) e iniciativas como el Plan Puebla Panamá, ahora conocido como Proyecto Mesoamérica. También a la región ha llegado una visión izquierdista sudamericana del desarrollo a través de la iniciativa ALBA que viene envuelta en la florida retórica bolivariana del presidente venezolano Hugo Chávez.
¿Cuáles son los principios centrales en cuanto a enfoques del desarrollo para la región? ¿Cuáles sus estrategias y su articulación en la práctica? ¿Qué tan sustentables son una y otra visión del desarrollo a la luz de las disímiles realidades que enfrentan los países centroamericanos y del Caribe?
Por el lado del Proyecto Mesoamérica su estrategia se estructura en torno a varios ejes de trabajo claves para todos los países de la región. Uno de los principales ejes de trabajo es el componente energético. Se pretende lograr establecer una interconexión eléctrica entre todos los países integrantes del proyecto que son: Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Colombia, México, Nicaragua y Panamá.
Este objetivo requeriría de un compromiso asumido con mucha seriedad por parte de los Estados miembros para armonizar las legislaciones sobre esta materia de manera que se pueda crear una política común a este bloque regional. Hasta el presente se han invertido en este componente energético un total de 451 millones de dólares que han servido no sólo para financiar proyectos que hagan avanzar la interconexión eléctrica sino que también han financiado dos plantas, una en El Salvador y otra en Honduras, para la investigación y desarrollo de biocombustibles a partir de insumos no comestibles.
Si comparamos esta estrategia con la que propone el ALBA en el rubro energético notaremos que en este tema la propuesta bolivariana carece de una estrategia clara para el bloque regional. A juzgar por lo que hemos visto a lo largo de los últimos años la estrategia energética del ALBA gira alrededor de los subsidios o precios concesionales que Venezuela pueda dar a los países centroamericanos y caribeños. Esta práctica no sólo está vacía de estrategia de largo plazo sino que alienta el endeudamiento a largo plazo de los países que reciben créditos petroleros. Y si es en el tema eléctrico, como podemos constatar en Nicaragua la solución que provee Venezuela es el financiamiento de plantas generadoras a base de petróleo, las que resultan muy caras en términos económicos y ambientales.
Otro componente sustancial que vale la pena comparar entre el Proyecto Mesoamérica y el ALBA es el referido a la facilitación comercial. En este aspecto la primera iniciativa propone la construcción y mejoramiento de la infraestructura para la facilitar los intercambios comerciales intraregión como rehabilitación y equipamiento tecnológico de puentes fronterizos entre los países del bloque así como la modernización de las aduanas y los pasos fronterizos. Además incluye un subcomponente de transporte que busca la creación de un sistema de transporte multimodal que incremente la conectividad de la región y la armonización de las legislaciones en materia de transporte. Además, dentro de esta iniciativa se propone la conformación de la Red Internacional de Carreteras Mesoamericanas a través del trabajo coordinado de los ministerios y secretarías de transporte de los Estados integrantes de este proyecto.
Por su parte el ALBA en temas de facilitación comercial guarda un silencio total sobre las estrategias centrales de desarrollo comercial para la región centroamericana y caribeña y tan sólo se limita a hacer ver la injusticia e inequidad de los modelos comerciales neoliberales sin proponer claramente cómo esta iniciativa pretende desarrollar e integrar un sistema de comercio eficiente y que facilite el desarrollo de los países adheridos.
En la parte comercial el ALBA propone un enfoque táctico que apunta a reducir las asimetrías de las economías de la región para que puedan comercializar y competir con mayor oportunidad. Este componente táctico, según esta iniciativa, se pondrá en marcha con fondos compensatorios que Venezuela aportará a los países adheridos. En este sentido vale la pena preguntarse ¿puede Venezuela, por sí sola, solventar las asimetrías económicas de Centroamérica y del Caribe con sus fondos compensatorios? La respuesta es NO.
El Proyecto Mesoamérica contempla el establecimiento de mecanismos de desarrollo social en materia de salud, medio ambiente y vivienda. Estos mecanismos se pretende que estén coordinados a nivel estatal entre los países miembros. Esto implica también la transferencia de experiencias exitosas como el programa de viviendas populares de México, el INFONAVIT. Esta iniciativa articula y diversifica sus fuentes de financiamiento a partir del BID, BCIE, CAF y fondos que provee México en el marco del acuerdo de San José. Por su parte la estrategia de desarrollo social del ALBA consiste en luchar contra el imperialismo yankee.
A largo plazo las propuestas del ALBA no se sostendrán por la falta de coherencia en el diseño estratégico de este proyecto político que intenta llevar adelante el presidente Hugo Chávez junto a otros líderes de la ortodoxia izquierdista en nuestra región.
El Socialismo del Siglo XXI y las limitaciones de la Izquierda en América Latina
El Socialismo del Siglo XXI es un concepto que en los últimos tiempos ha puesto de moda el presidente venezolano Hugo Chávez. Sin embargo, el concepto, que en la teoría de Chávez es el fin último de su revolución continental resulta ser, desde el punto de vista filosófico, apenas una aproximación a una teoría basada sobre el Socialismo; modelo que fracasó de manera lamentable en la ex Unión Soviética.El concepto de Socialismo del siglo XXI fue popularizado por el sociólogo alemán Heinz Dietrich Steffan a partir de 1996. Según esta teoría, el objetivo de esta tendencia del socialismo sigue siendo el logro de una sociedad democrática, participativa, socialista y sin clases sociales. Empero, el mismo iniciador de esta tendencia no establece el cómo llegar hasta ese punto ya que su praxis teórica, según él mismo lo ha reconocido, está aún en construcción. Para lograr la realización de esta adaptación de la vieja utopía socialista, Steffan propone una articulación del nuevo Proyecto Histórico Nacional del Socialismo en torno a ejes pragmáticos como la conformación del Bloque Regional de Poder y del Bloque Regional de Poder Popular. Además en términos de manejo económico propone sustituir la Economía de Mercado por una Economía de Valores. La última se basaría, a diferencia de de la primera, en el valor del trabajo que implica la realización de un producto y no en el valor agregado al producto en sí. Sería interesante detenernos hasta aquí para analizar estos postulados del Socialismo del siglo XXI. La Economía de Valores que se propone es una negación total del mercado. No habiendo más mercado el problema económico del qué, cuánto, cuándo y para quién producir pasa a plantearse en otros términos; los términos de la planificación central del Estado, que pasará a administrar las necesidades de la sociedad y a regular el consumo reglamentando, de paso, los precios de los productos y determinando el valor económico del trabajo. Este modelo de producción ya fue implementado en varios países en el pasado con resultados catastróficos porque no tuvieron en cuenta el elemento más importante de la ecuación: la libertad. La libertad de producir o dejar de hacerlo, la libertad de consumir o dejar de hacerlo. Está demostrado a lo largo de la historia del ser humano que cualquier modelo de gobierno que suprima o niegue la libertad del hombre tarde o temprano cae por su propio peso.Steffan culpa al capitalismo por originar las asimetrías sociales y propiciar la explotación, sin embargo, no explica cómo la riqueza sería administrada en el Socialismo del Siglo XXI. Cualquier sistema productivo, capitalista o socialista, genera riqueza. En la utopía del Socialismo del Siglo XXI es razonable suponer que el Estado seguirá administrando la riqueza. Este precepto supone la existencia de un Estado eficiente, no corrupto, y lo suficientemente flexible para manejar las variables del problema económico sin caer en el colapso; asegurando el suministro de los bienes producidos a todos los sujetos para quienes son producidos.Esto es, sencillamente, imposible de aplicar en América Latina por la simple razón de que no hay un liderazgo político capaz de sacar adelante semejante reto de convertir el Estado imperfecto de la economía capitalista latinoamericana en un súper Estado capaz de hacerlo todo, eficaz y eficientemente. No puede realizarse porque tampoco hay en los países de la región una predominancia total de la izquierda. Las sociedades latinoamericanas en donde los gobiernos son de izquierda cuentan con estructuras políticas de contrapeso real. El mejor ejemplo resulta ser la derrota del mismo presidente Chávez el año 2007 en el referendo sobre las reformas constitucionales.Los otros componentes del sistema del Socialismo del Siglo XXI son los bloques de poder. El manejo del concepto de Poder resulta vago en esta teoría. En un mundo en donde el poder real lo tienen cada vez más las corporaciones, las multinacionales, los mercados financieros; el poder formal, entiéndase el acto de gobernar, es tan solo una parte del problema. Los gobiernos de la región latinoamericana están sometidos, por las características propias de sus economías, a mucha presión externa de parte de organismos internacionales, de inversionistas extranjeros, o de gobiernos acreedores de la monstruosa deuda externa latinoamericana. El Bloque Regional de Poder en América Latina es bastante difícil de construir. El ejército del ALBA, por ejemplo, termina siendo más un problema que un eje apuntalador de poder ya que no sería nunca equiparable con otras organizaciones similares en diversas zonas del mundo. Esas regiones, o potencias, cuentan con estructuras militares avanzadas y extremadamente costosas. Un lujo que los países de la región como Bolivia, Nicaragua y Ecuador difícilmente podrían financiar. Ni siquiera Venezuela con todo su petróleo lograría concretar ese bloque de poder militar.
Cabe preguntarnos, entonces, si los presidentes como Daniel Ortega, Rafael Correa y Evo Morales comprenderán en profundidad este concepto que en sus discursos ha acuñado su protector, el presidente Hugo Chávez. ¿Estarán realmente convencidos de que quieren el Socialismo del siglo XXI, cuando en la práctica eminentes líderes ex-guerrilleros revolucionarios han sido, hasta hace unos años, miembros de las Mesas Directivas de Bancos privados, aseguradoras y negocios financieros capitalistas multimillonarios en Nicaragua y en otros países? Por ejemplo. ¿Será, acaso, que sólo le están soltando la cuerda a Hugo Chávez mientras obtienen de éste petrodólares y petróleo en buenas condiciones económicas? Si éste es el caso, el Socialismo del Siglo XXI va a llegar hasta donde llegue la cuerda del petróleo de Chávez
Conclusiones
Desde los años sesenta la izquierda latinoamericana ha tenido que enfrentarse a un contexto de mucha adversidad y represión.
En la actualidad, los movimientos de izquierda en nuestra región están experimentando un auge importante y tienen en el momento actual la oportunidad de participar plenamente en el proceso de cambio que esta experimentando nuestra región. La filosofía de este cambio para nuestros países desde la perspectiva de la izquierda ha tomado dos opciones; una que va hacia las posiciones ortodoxas de la vieja izquierda marxista-leninista, y una tendencia más moderada que busca cambios importantes de manera gradual y sin generar los enormes conflictos que un cambio radical y brusco puedan provocar en las economías y los sistemas políticos de los países.
Administrar el cambio, desde la perspectiva de la izquierda moderada es la mejor opción que puede planteársele a América Latina para tratar de revertir los negativos efectos que el neoliberalismo radical ha dejado en nuestra región, sobre todo, en la estructura social.
A Nuestra región le conviene apostar por un modelo de izquierda moderada que respete la composición actual de nuestras economías e impulse paulatinamente importantes procesos de desarrollo social y humano que reduzcan la desigualdad social y cierren progresivamente la brecha entre ricos y pobres.
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Autor:
Matilde Romero Lajud
Autor Responsable. Tecnológico de Monterrey Campus Saltillo. Prol. Juan de la Barrera
Oguer Albino Reyes Guido
Columnista internacional en temas económicos y análisis político. . Investigación presentada en dos Congresos científicos del Instituto Tecnológico y de Estudios superiores de Monterrey. ITESM.
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