Análisis del Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones entre la U.E. y EE.UU (Parte I) (página 8)

La idea que EEUU y Europa se pusieran de acuerdo para abrir aún más sus respectivas economías al otro viene de lejos. En 2013, el presidente estadounidense Barack Obama y el entonces jefe de la CE, José Manuel Barroso, dieron finalmente el pistoletazo de salida para un proceso que aspira a crear el mayor espacio de libre comercio del mundo, con más de 800 millones de ciudadanos y las economías más avanzadas del planeta. Se pretende acabar con las barreras existentes, como los aranceles, aunque estos ya están en un nivel muy bajo si se compara en relación con otros países. Por ejemplo, EEUU aplica una tarifa del 2,5% a los coches importados desde Europa, mientras la UE cobra un 10% para los vehículos que llegan desde América.

El verdadero objetivo del TTIP, sin embargo, es nivelar las diferentes normas y reglas para los productos y servicios. Los estándares difieren bastante, por ejemplo para la producción de alimentos. En EEUU está extendido el cultivo de transgénicos, al que se oponen los europeos. Además, el TTIP pretende abrir los servicios para las empresas de ambos lados, al eliminar políticas de la administración pública que dan preferencia a proveedores locales en los concursos. En fin, el objetivo es crear un mercado común con las mismas condiciones para todos, lo que en la jerga económica se conoce como "level playing field", en inglés.

En principio, podría parecer razonable. No obstante, para los críticos con este tratado -ecologistas, sindicatos y grupos de protección del consumidor– existe el gran peligro de que los dos equipos de negociadores acaben encontrándose en el denominador común más bajo, es decir, que se impongan mutuamente las regulaciones, normas y estándares más laxos de cada uno de ellos. Según estos colectivos, Europa podría acabar abriendo la puerta no sólo al pollo de clorina o los productos transgénicos, sino que se podrían rebajar también otros logros en derechos laborales o protección del medio ambiente. EEUU, por ejemplo, quiere acabar con la resistencia de los gobiernos europeos a la controvertida fracturación hidráulica (fracking), para extraer gas y petróleo a riesgo de contaminar el suelo y el agua e incluso provocar movimientos sísmicos. También se teme que el TTIP abra la puerta a más privatizaciones de servicios públicos y, a la vez, cierre definitivamente la posibilidad de renacionalizarlos en el futuro.

Sobre el impacto económico de un área de libre comercio entre la UE y los EEUU, hay una guerra de estudios y cifras. Un informe independiente encargado por la Comisión al Centre for Economic Policy Research, un instituto de investigación de Londres, habla de que el TTIP podría añadir medio punto anual al crecimiento del PIB europeo, ya que las exportaciones a EEUU se incrementarían un 28%. En el mejor de los casos, según los expertos de Londres, una familia de cuatro miembros vería aumentada su renta disponible en 548 euros al año. En EEUU llegaría incluso a 655 euros. Por el contrario, otros estudios prevén la pérdida de millones de empleos porque la mayor competencia beneficiaría sobre todo a las multinacionales y haría mella en el tejido de la pequeña y mediana empresa. No deja de ser una especulación, ya que todo depende de qué medidas entraran finalmente en el acuerdo y cuáles no.

Como ocurre con estos tratados, el TTIP viene plagado de promesas de prosperidad: los estudios más optimistas, como los de la Fundación Bertelsmann o de la propia Comisión, esgrimen un crecimiento del entre el 0,5 y el 1% del PIB europeo (unos 119.000 millones anuales), y la suma de 548 euros anuales a la renta familiar de los europeos. "Tradicionalmente, abrir el mercado ha generado más crecimiento aunque habrá ganadores y perdedores, como ocurrió cuando entramos en la UE. Sería importante que se tuvieran en cuenta mecanismos de compensación", explica Federico Steinberg, analista del Real Instituto Elcano.

Otros estudios auguran lo contrario. Un informe de la Universidad de Tufts (EEUU), a cargo del investigador Jeronim Capaldo, calcula que se perderán alrededor de 600.000 puestos de trabajo en la UE, entre otros efectos negativos para la economía y la vida social europea.

Los dirigentes de la UE y los propios negociadores, por supuesto, no comparten las críticas y preocupaciones, por los presumibles efectos nocivos del tratado. El jefe del equipo europeo, el español Ignacio García Bercero, tilda de alarmistas a los activistas y sindicatos que advierten de que fomentará más desregulación y privatización. "La UE no hará ningún compromiso en relación a los servicios públicos de sanidad, educación o servicios sociales", asegura la CE en la documentación sobre el TTIP.

Pero los responsables de las negociaciones del TTIP han contribuido a despertar y alimentar los recelos. Aunque se han reunido con grupos de activistas y otros miembros de la sociedad civil, la inmensa mayoría de los contactos a puerta cerrada fueron con representantes de la industria, las finanzas y otros sectores del poderoso lobby empresarial. Los diputados del Parlamento Europeo, que deben ser consultados a lo largo del proceso, se han quejado de la escasa información que reciben. Sólo ciertos diputados, los coordinadores de los grupos en la comisión de Comercio Internacional, que son siete, han podido acceder a la sala de lectura (reading room), donde se les muestran algunos documentos de las negociaciones. A esta sala no pueden entrar con lápiz, papel, móvil o cámara de fotos, y lo que leen debe permanecer oculto.

1 – Opacidad (falta de transparencia, información pública y debate abierto)

La lucha contra la opacidad de las negociaciones ha sido el principal caballo de batalla de las organizaciones que contestan el TTIP. La presión aumentó mucho el año 2014 con cientos de manifestaciones, actos de protesta y otras iniciativas para romper el muro de silencio de la Comisión. En la primavera de 2014 lanzaron una petición internacional que consiguió un millón de firmas, para presentar una iniciativa ciudadana europea que inste a la Comisión a abrir un debate público sobre el TTIP. A pesar de cumplir con las exigencias establecidas, Bruselas se negó a aceptar la iniciativa.

Al igual que en Europa, en los EEUU también está creciendo el rechazo al TTIP en la sociedad civil y en la política. La campaña europea se coordina con organizaciones estadounidenses de movilización social, como Public Citizen. Los argumentos se parecen. Muchos ciudadanos norteamericanos también temen que el acuerdo de libre comercio abra la puerta para que las multinacionales europeas se aprovechen del mercado en detrimento de las medianas empresas locales.

Ante la creciente presión de la sociedad civil, activistas y partidos políticos, algunos de ellos con responsabilidad de gobierno, la Comisión Europea se vio obligada a principios de enero de 2015 a hacer pública, por primera vez, una serie de documentos hasta entonces clasificados y a aclarar su posicionamiento respecto a los asuntos de los que se habla en el marco del TTIP.

"Es muy importante que todo el mundo pueda ver y comprender lo que estamos proponiendo para el TTIP e, igualmente importante, lo que no proponemos", dijo la comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, que tomó posesión del cargo con la nueva Comisión liderada por Jean-Claude Juncker en noviembre (2014). Un año y medio después del comienzo de las negociaciones, Bruselas lanza lo que llama "una iniciativa de transparencia" y promete "negociar el TTIP de la manera más abierta posible".

El antecesor de Malmström, el belga Karel De Gucht, maniobró durante el año 2014 para evitar que el TTIP necesitara pasar por un largo, espinoso e incierto proceso de ratificación en los 28 países de la Unión. En opinión de los críticos, la comisaria sueca no ha abandonado esta idea. Pero lo tiene difícil. El ministro de Justicia alemán, Maas, y otros dirigentes europeos, insisten en que cualquier acuerdo debe contar con la aprobación de los parlamentos nacionales. "Necesitamos una legitimación democrática amplia", dijo. Pero incluso si la Comisión se saliera con la suya, y el TTIP sólo fuera votado en el Parlamento Europeo, no tendría asegurado el visto bueno. La Eurocámara ha empezado a dar muestras de rebeldía. En julio de 2012, el Parlamento rechazó el acuerdo multilateral contra la falsificación (ACTA) que habían negociado la Comisión, EEUU y otros países como Australia, prácticamente con la misma opacidad que el TTIP. El tratado que pretendía combatir la piratería planteaba grandes dudas acerca de la protección de datos de los usuarios. Este asunto ahora vuelve a estar sobre la mesa a través del TTIP.

Los defensores del tratado, con Malmström al frente, han comprendido ahora que necesitan ganar la batalla de la opinión pública. En Bruselas creen que fue un error dejar el campo libre a los detractores que han podido desarrollar sus campañas sin contestación.

Con tantos frentes abiertos como le han salido al TTIP en los últimos tiempos, no sorprende que el proceso negociador esté estancado. "No creo que haya nada acordado todavía", comenta Steinberg, del Instituto Elcano. Incluso el comisario europeo de Salud y Seguridad Alimentaria, el lituano Vytenis Andriukaitis, admitió a principios de año (2015) que las conversaciones apenas avanzan, mientras Bruselas y los líderes europeos buscan la fórmula para superar las diferencias sobre la eventual ratificación del tratado y su legitimación democrática. "Debemos tomar en serio las preocupaciones de la gente", dijo Andriukaitis. El plan original era cerrar un pacto a finales de 2014. Ahora el objetivo es llegar a algún tipo de acuerdo a finales de 2015. El tiempo corre en contra de los funcionarios de Washington y Bruselas, porque se da por hecho que en 2016 se paralizará todo por la larga campaña de las elecciones presidenciales en EEUU, que se inicia en noviembre de 2015. Todo el mundo, también los negociadores del TTIP, estarán entonces a la espera de saber quién será el nuevo inquilino de la Casa Blanca. "Intentarán pactar un acuerdo de mínimos para poder seguir negociando más adelante", afirma Steinberg. De lo contrario, el plan de crear un área de libre comercio transatlántico estaría muerto, por lo menos durante una generación.

2 – Falta de legitimidad democrática (¿quién decide?)

La participación de los ciudadanos y las instituciones democráticas en la eventual ratificación del TTIP es otro frente de batalla. La idea original de la Comisión era que bastara con la aprobación por el Consejo Europeo, el máximo órgano de la UE donde se sientan los jefes de Estado y de Gobierno de los 28 países miembros, y del Parlamento Europeo. Este plan se basa en el concepto de que se trata de un acuerdo puramente comercial, y la UE ha asumido competencia exclusiva en esta materia. Sin embargo, muchos juristas y políticos consideran que finalmente saldrá un "acuerdo mixto". Es decir, que contendrá aspectos que entran en el ámbito de competencias de los Estados y, por ende, deberá ser aprobado también por las autoridades nacionales. En algunos países como Irlanda eso acarrearía automáticamente un referéndum. En otros también se plantea esta posibilidad.

El objetivo declarado de este Tratado es la eliminación de todas las barreras arancelarias y no arancelarias entre ambas economías, pero su objetivo real se encuentra en las no arancelarias. Y eso significa la eliminación de las trabas a los beneficios de los inversores que supongan las normativas y leyes que regulan y protegen la convivencia y derechos de los ciudadanos.

¿Y cómo se consigue ejecutar todo eso? En primer lugar a través de la llamada "armonización normativa" que básicamente consiste en quedarse con la más baja de las protecciones sobre cada materia, vigente en uno u otro lado del Atlántico, y extenderla a ambos. Por eso puede decirse que habrá perdedores en ambos bloques económicos -las clases trabajadoras, los consumidores y la ciudadanía en general, tanto en la UE como en los EEUU- en todos aquellos casos donde se aplique la peor de las opciones para sus intereses particulares, frente a los intereses de las corporaciones transnacionales.

Pero la "armonización normativa" es solo el principio. La estructura de estos Tratados los dota de una seguridad jurídica aplastante donde los derechos de los grandes inversores quedan clara y nítidamente protegidos, pero sus deberes completamente difuminados. Poseen perversos mecanismos que se convierten en verdaderos jaque mate a los principios democráticos fundamentales, socavan la soberanía, y en definitiva dinamitan el estado de derecho y el derecho de los estados. Dos de ello son, la cláusula de resolución de conflictos inversor estado ISDS (por sus siglas en inglés), y el Consejo de Cooperación Reguladora.

El secretismo, la opacidad y la falta de legitimidad democrática son elementos constituyentes del TTIP. Las normas de comercio e inversiones se elaboran fuera del control parlamentario y de la ciudadanía. Desconocemos los negociadores, los criterios utilizados, las decisiones adoptadas… y se envuelve todo el procedimiento de valoraciones técnicas que "necesitan de la confianza" y "discreción entre los negociadores"; se toman decisiones a espaldas de la ciudadanía y al margen de los procedimientos parlamentarios, "secuestrando" los textos en discusión incluso a los representantes públicos.

El modelo institucional de la UE no se adapta a los modelos tradicionales de democracia parlamentaria. El papel del Parlamento Europeo y de los parlamentos nacionales es secundario en el devenir del TTIP. Además, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece que "sobre los tratados internacionales se informará con total transparencia y adecuadamente al Parlamento Europeo en todas y cada una de las fases de negociación". Es decir, se están saltando su propia legalidad. Las prácticas en torno a la elaboración del TTIP colisionan con la propia normativa comunitaria.

Lo que no es secundario es el papel central de los lobbies económicos que representan a las empresas transnacionales y a los intereses de las clases dominantes y de sus representantes políticos. Los asesores, las reuniones, las propuestas y la vinculación del poder político con las empresas transnacionales forman parte "del poder legislativo" de donde emana el TTIP. La opacidad y el secreto no existen para el gran capital.

Toda la tramitación del TTIP quiebra los principios básicos del Estado de Derecho, es decir, las garantías procesales de la ciudadanía (transparencia, separación de poderes, debates parlamentarios…). Ahora bien, el resultado final de la norma, en este caso del TTIP, es de una gran seguridad jurídica y de obligado cumplimiento. Todo lo contrario que la normas de derechos humanos, cuya tramitación está muy abierta a las propuestas y al debate, pero su resultado final es de una seguridad jurídica muy frágil.

La tramitación del TTIP fulmina los principios clásicos del Estado de Derecho: la contractualización de la ley y de las relaciones económicas -se suprimen la normas parlamentarias generales y se sustituyen por sistemas contractuales asimétricos o de adhesión- provoca la anulación de los procedimientos legislativos, se disloca la separación de poderes y la soberanía de los pueblos y naciones.

Por otra parte, la inflación normativa muy especializada, las cláusulas oscuras, vagas, la incorporación de los anexos al TTIP, atentan contra los derechos de las mayorías sociales. Además, la privatización del Derecho mediante las agencias de calificación, el Derecho blando y la emisión de laudos arbitrales por tribunales privados, cierran el círculo siniestro de la arquitectura de la impunidad.

El TTIP combina la desregulación de las obligaciones de las empresas transnacionales con la re-regulación de sus derechos. Se pretende eliminar toda barrera -arancelaria o no- que dificulte el desarrollo del libre comercio y de la inversión. Para eso se procede a la armonización normativa a la baja; es decir, si el control financiero es más estricto en EEUU, se armoniza teniendo en cuenta la regulación europea. Si la legislación laboral es más proteccionista en la Unión Europea, se aplican las normas de EEUU que desregulan los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Se armoniza desregulando los derechos de las mayorías sociales en todas las materias susceptibles de "comprarse y venderse". La compra pública responsable que tenga en cuenta los derechos laborales de sus empleados y de las empresas subcontratadas, la promoción del comercio justo, la eliminación de diferencias entre hombres y mujeres… chocará con la idea de derogar toda reglamentación que sea un obstáculo a la apertura de los mercados públicos al comercio y a las inversiones.

Esta técnica clásica del modelo neoliberal se combina con la re-regulación de los derechos de las transnacionales. Si en los 90 el neoliberalismo se planteaba reducir el Estado y dejar vía libre a los mercados, ahora con el TTIP se busca un Estado fuerte que garantice los beneficios de las transnacionales europeas y estadounidenses. El Estado es imprescindible para la acumulación de riqueza del capital y para dirigir y reformar la sociedad al servicio de la grandes corporaciones. El TTIP fortalece los derechos de las mismas.

3 – Resultados económicos (¿quién a quién?… ganadores y perdedores)

Trabajo y PIB. Para sus defensores, gracias al TTIP habrá creación neta de empleo, con 400.000 puestos de trabajo de los cuales prometen 150.000 para España. Sin embargo, otros estudios han alertado de que entre 430.000 y 1,1 millones de empleos podrían verse desplazados como consecuencia de la implementación del tratado.

Beneficio económico. 95.000 millones de dólares es el beneficio que obtendría la economía americana, según dicen, si el TTIP se implantara. A eso habría que sumar los 119.000 millones de euros de la europea, según la UE.

Exportaciones. El 46% del PIB mundial es lo que representan EEUU y Europa. El 25% de las exportaciones mundiales son suyas, así como el 57% de las inversiones. El TTIP promete un incremento del 28% en las exportaciones.

Derechos laborales. Armonizar dos modelos laborales tan distintos preocupa a la opinión pública. La Unión Europea ha prometido que con el TTIP no se rebajarán los estándares laborales. Comparando: España ha ratificado 133 convenios de la OIT; Estados Unidos solo 14, y restringe la negociación colectiva y la huelga.

Poder de las multinacionales. 269 lobbies del sector privado fueron consultados durante las negociaciones entre 2012 y 2013, según Corporate Europe Observatory. El 90% de las empresas en Europa son pequeñas y medianas. Los críticos creen que destruirá empleo por no poder competir y la UE dice que el tratado las ayudará.

La Unión Europea defiende que estos acuerdos generarán puestos de trabajo, pero la CEPR, think tank fundado por agentes financieros, estiman que el TTIP supondrá una pérdida de entre uno y dos millones de puestos de trabajo.

El 22 de septiembre de 2014, John Hillary director de Campañas de la ONG War on Want publicaba un post, en el que se calcula, en base a documentos con los que trabaja la propia UE, que, con un escenario cauto, se perderán un millón de empleos en Europa y Estados Unidos. En un escenario de riesgo la pérdida de empleos podría alcanzar los dos millones de empleos destruidos en ambos continentes, según publicó en marzo de 2013 el Centre for Economic Policy Research de Londres, think tank formado por agentes de la banca.

El estudio, de marzo de 2013, que fue encargado por la Unión Europea, estimaba que entre un 0,2% y un 0,5% la población europea se verá obligada a cambiar de sector y buscar otro trabajo. Esto, explica Tom Kucharz, afectará especialmente a aquellos sectores industriales que están en desventaja frente a EEUU: ganadería, producción de fertilizantes, equipos de transporte y el sector del metal, así como en los sectores primarios, como la madera y productos de papel, los servicios a empresas y de comunicación.

El estudio del CEPR calcula el nivel de desplazamientos que producirá el TTIP en el empleo, como porcentaje de la fuerza laboral en la UE. Bajo el escenario "ambicioso" del TTIP preferido por los negociadores de la UE, el CEPR revela que al menos 1,3 millones de trabajadores europeos perderán sus puestos de trabajo como resultado directo del acuerdo. Además, unos 715.000 trabajadores estadounidenses también podrían perder sus puestos de trabajo en este escenario, lo que da un total de más de dos millones de puestos de trabajo.

Incluso bajo un escenario menos ambicioso, el estudio del CEPR sobre el TTIP predice que dará lugar a la pérdida directa de más de 680.000 puestos de trabajo en la UE y 325.000 en los EEUU. Esto significa que TTIP dará lugar a la pérdida de al menos un millón de puestos de trabajo entre la UE y los Estados Unidos, sea cual sea el nivel de ambición al que se haya llegado en el Tratado.

¿Estos trabajadores recién desempleados tendrán alguna posibilidad de encontrar puestos de trabajo alternativos? El estudio del CEPR, por definición, no puede predecir el impacto neto de TTIP en los niveles de empleo, ya que el modelo utilizado en su análisis no calcula la pérdida de trabajo.

La Comisión Europea, sin embargo, admite en su propia evaluación de impacto que el efecto de las pérdidas de empleo del TTIP será "prolongada y sustancial". En momentos en que las tasas de desempleo en Europa ya se sitúan en niveles récord, la Comisión reconoce las preocupaciones legítimas de que los trabajadores que pierdan su empleo como consecuencia de TTIP no serán capaces de encontrar otro empleo.

Eso no es todo, el TTIP representa una amenaza reconocida a las normas laborales, lo que socava la calidad así como la cantidad de trabajo disponible. El TTIP también pretende abrir la contratación pública y los contratos de servicios públicos, que amenaza los derechos laborales por medio de una mayor privatización.

La Unión Europea "contestó" al documento del CEPR diciendo que las exportaciones supondrán un aumento de varios millones de puestos de trabajo, pero la Comisión ha reconocido la posibilidad de que la asociación provoque perjuicios "prolongados y considerables" para las personas trabajadoras en Europa, ya que, como explica Kucharz el tratado comercial "fomentará que las empresas se abastezcan de productos y servicios en Estados Unidos donde las normativas laborales son menos exigentes y los derechos sindicales simplemente no existen". No hay referencias tratándose de un acuerdo que afecta a muchos ámbitos de la vida, sin embargo, en su evaluación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, firmado entre Canadá, EEUU y México, la propia CEPR habla sin ambages del "deterioro significativo en el mercado laboral" experimentado en México en los años de vigencia del acuerdo, incluso teniendo en cuenta la deficiencia en la medición del empleo en el país centroamericano.

El incremento de la competencia entre EEUU y la UE por la liberalización comercial podría desatar un proceso de reestructuración productiva que llevaría a la pérdida de puestos de trabajo. Esta competición añadida incrementaría el desequilibrio ya existente entre la Europa del centro y la Europa periférica.

Quiebra del principio de igualdad desde las relaciones de poder

Una interpretación fundamentada en la equidad implica tratar igual a los iguales, pero no igual a los desiguales. No permitir cláusulas de acción positiva a favor de los sectores sociales y económicos más desfavorecidos de los países empobrecidos, significa, en realidad apuntalar prácticas discriminatorias. Firmar contratos, aprobar tratados de comercio e inversiones y aceptar ajustes estructurales bajo la falsa premisa de la igualdad entre las partes, es situar a las relaciones asimétricas de poder en el centro de la técnica jurídica.

El TTIP se sustenta en esta interpretación del principio de igualdad: tratar igual a las empresas transnacionales y a las pequeñas empresas nacionales, lo que es esencialmente discriminatorio.

Trato Justo y Equitativo. Es un concepto jurídico indeterminado que puede adolecer de cierta inseguridad material; pero, enmarcado y dirigido a la protección del inversor extranjero frente al Estado receptor, queda perfectamente delimitado. Por tanto, el Estado receptor no puede discriminar al inversor extranjero y deberá tratarle de manera justa y equitativa. ¿Tratar igual a los desiguales es justo y equitativo?

Trato Nacional. Es un principio central en el funcionamiento del TTIP. Toda ventaja concedida a los inversores nacionales debe extenderse a los extranjeros. Es decir, los inversores nacionales no pueden recibir ayuda alguna del Estado ya que implica quebrar el principio de trato nacional. El apoyo de la administración a empresas de economía solidaria o a circuitos cortos de producción se debe extender a las empresas transnacionales de los agronegocios. Con el trato nacional, por otra parte, la privatización de un servicio público hace muy difícil la reversibilidad del mismo.

Nación Más Favorecida. Las ventajas que acuerden mutuamente dos Estados en un tratado bilateral -o entre Estados en un tratado regional- se extiende automáticamente a los tratados que éstos celebren con otros Estados donde se incluya la cláusula de nación más favorecida, cláusula generalizada en la mayoría de los tratados bilaterales. La idea es que en base al principio de no discriminación no se lesione al inversor extranjero. Lo acordado en el TTIP marca, por sus dimensiones cualitativas y cuantitativas, pautas generales para el comercio mundial.

La cláusula paraguas. Permite a las empresas demandar a los Estados no solo por incumplimientos del Tratado si no por incumplimientos contractuales de un acto soberano no comercial, como las políticas públicas. Bajo semejante régimen las empresas pueden contrarrestar las políticas sanitarias, de protección del medio ambiente, de regulación de las finanzas, de las relaciones laborales… reclamando a los Estados daños y perjuicios ante tribunales extrajudiciales de carácter arbitral. La soberanía de los parlamentos queda supeditada a la cláusula mencionada.

Expropiación directa o indirecta e indemnizaciones rápidas, adecuadas y eficaces. Incluye cláusulas sobre las indemnizaciones en caso de expropiaciones u "otras medidas de efecto equivalente". Se parte de considerar que toda medida, ley, reglamento, acto administrativo… que provoque daño en el patrimonio del inversor debe ser compensado. Además debe tenerse en cuanta tanto el daño emergente como el lucro cesante. Es decir, una inversión paralizada por el poder público debe ser compensada tanto por la cantidad gastada como por el futuro beneficio dejado de percibir.

4 – Aspectos sanitarios (alimentos, transgénicos, denominaciones de origen)

Protección del consumidor. La UE afirma que busca en el tratado una mayor protección del consumidor, abaratando precios y mejorando la competencia, manteniendo niveles de seguridad y salubridad y un comercio sostenible. Los críticos afirman que estos estándares serán a la baja y no se protegerá la privacidad.

Seguridad alimentaria. La UE ha afirmado que no rebajará los estándares de seguridad. Para los críticos, podría implicar la entrada en la UE de productos transgénicos modificados genéticamente (se estima que el 70% de los productos que procesa EEUU los contienen). Europa prohíbe unos 1.400 productos químicos, EEUU solo 12.

Bienestar animal. La UE es menos permisiva con hormonas del crecimiento, piensos modificados genéticamente, y antibióticos. Los críticos alegan que EEUU tienen leyes de transporte animal anticuadas, y que hay seres que están excluidos de medidas de protección como los de granja o los usados para experimentación.

Como suele ocurrir, son los aspectos más simples y cercanos a la vida diaria los que consiguen levantar las pasiones del gran público. En Alemania, al pollo de clorina se ha sumado recientemente la popular salchicha Nuremberg como "casus belli" de los detractores del TTIP. El detonante fueron unos comentarios del ministro de Agricultura, Christian Schmidt, a la vuelta de una visita a Washington, donde, según cuenta la revista Der Spiegel, fue testigo del tremendo enfado de los colegas estadounidenses sobre la actitud de los europeos en las negociaciones. "Si queremos aprovechar las oportunidades del comercio libre con el enorme mercado norteamericano, no podremos seguir protegiendo cada salchicha y cada queso como una especialidad", dijo a principios de enero el político de la CSU, los socios en Baviera de la CDU de Merkel.

Schmidt se refiere a los cientos de productos en Europa que gozan de una "denominación de origen", como el jamón ibérico y el de Parma, el queso roquefort, el Idiazábal, el whisky escocés y prácticamente todos los vinos y licores. Un Rioja tiene que ser de Rioja y una salchicha Nuremberg tiene que ser de Nuremberg, aunque gran parte de la carne provenga de un cerdo polaco. En EEUU, al contrario, cualquiera puede producir un jamón de Parma y en California hacen vino de Oporto. Los comentarios de Schmidt provocaron una gran convulsión popular. Ante la opinión pública adversa y, aparentemente, un tirón de orejas de la propia Merkel, el ministro tuvo que rectificar. "Conmigo no va a haber salchichas Nuremberg de Kentucky", prometió el dirigente bávaro. Asunto zanjado.

En esta fase de la partida estamos en una auténtica guerra de lobbies, y cada sector tiene sus intereses. El Consejo Nacional de Productores de Cerdos de los Estados Unidos ha publicado sus exigencias al TTIP. Exigen que se retire la prohibición de la ractopamina de la UE (un hormona que estimula el crecimiento de los animales), ya que según ellos "no tiene sustento científico". Competir contra cerdos que crecen más rápido podría perjudicar a los mercados nacionales, lo que llevaría a la homogeneización de su uso. Lo que parecen reclamar es la eliminación del principio de precaución que opera en la UE, por el que si existen dudas para la salud (humana, animal o vegetal) de un producto, este no puede comercializarse. Pero en EEUU la normativa opera al revés: se retira el producto solo cuando existen pruebas fehacientes. Abolir este principio podría llevar a que productos hoy prohibidos (desde los modificados genéticamente o clonados, a pesticidas o medicamentos) tengan una puerta de entrada en la UE.

"Es un puzle sabiamente articulado. Esto obligaría al resto de productores a competir en este marco aunque no quieran, y a los Estados a legislar a favor por una distorsión de la competencia", afirma Ramón Franquesa. Lobbies de alimentación y cultivos, como ECPA (europeo) y su homóloga estadounidense Croplife America, han reclamado "una armonización del cálculo del riesgo" en el control de los pesticidas. La posición del Gobierno de EEUU, en palabras del embajador estadounidense de la UE Anthony L. Gardner, es hacer ver a Europa que "está legislando en contra de los criterios científicos", en referencia a la carne hormonada o los pollos limpiados con cloro.

A ello hay que sumar otra exigencia de los lobbies estadounidenses: retirar las obligaciones de etiquetado y de denominación de origen, ya que alegan que afecta a la libre competencia; así, el consumidor tampoco podría saber si estos productos contienen materias dudosas o determinar si un vino de Rioja o un jamón de Parma habría sido producido en Texas u Oregón.

¿Que pretende el TTIP? En realidad, lo que busca con desesperación es eliminar las normas reguladoras, las barreras reglamentarias, las normas, cautelas y precauciones en beneficio de la ciudadanía y sus derechos, porque las élites entienden que todo eso reduce sus beneficios posibles. Lo que pretenden es que nada se oponga a sus inversiones y como quieran hacerlas.

En América Latina, en los noventa, EEUU quiso crear un área de libre comercio con Centroamérica y Sudamérica. Con el señuelo del libre comercio que todo lo enriquece, ese multilateral tratado era simplemente imponer el credo neoliberal del Consenso de Washington que hoy, tras más de veinte años de sufrirlo, sabemos que ha conducido al desastre a una gran mayoría de la ciudadanía y de la clase trabajadora. Porque lo que pretendía y pretende EEUU, y también la muy neoliberal Unión Europea, es aplicar rígidamente las políticas "liberticidas" de desregulación, ausencia de control, rebajas fiscales y privatización de todo lo público en beneficio de la élite económica y financiera.

Cuando EEUU renunció al tratado multilateral con Sudamérica y Centro América, por las protestas, la movilización de activistas y posturas de algunos gobiernos, negoció y firmó tratados bilaterales con Colombia, Perú, Chile, y con México y Canadá, el NAFTA. Como dan fe las hemerotecas y archivos, este último tratado tuvo graves consecuencias para la agricultura e industria mexicanas, se destruyeron millones de empleos en México y Estados Unidos y ese tratado solo benefició de verdad a grandes empresas de ambos lados, al tiempo que provocaba una intensa y abundante migración hacia EEUU y limitaba las posibilidades de desarrollo de México.

Según un estudio de Thirlwall y Penelope Pacheco-López "no hay evidencia alguna de que los tratados comerciales hayan mejorado la vida de los ciudadanos de los países firmantes". Pero sí de lo contrario.

La razón de ser de los tratados, aunque los maquillen o disfracen, es apoyar sin fisuras a las empresas en los países receptores de las inversiones frente a las actuaciones de sus gobiernos. Porque, en realidad, los tratados son sistemas jurídicos paralelos para que las multinacionales incumplan las leyes nacionales. Y, por supuesto, para imponer al país receptor la política económica que convenga a los inversores, es decir, a las corporaciones transnacionales.

Si se aprueba el Tratado se violarán sistemáticamente derechos humanos universales e inalienables desde la alimentación adecuada, agua, salud, derechos sexuales y reproductivos, integridad física y psíquica, ropa, vivienda, educación, protección social, movilidad, cultura, ocio y un medio ambiente limpio, trabajo decente, que permita a la gente tener una vida digna, incluyendo una renta adecuada y derechos laborales… Lo que busca el TTIP es además una amenaza para el empleo y los derechos de los trabajadores. Incluso la Comisión Europea reconoce que muchos puestos de trabajo se verán amenazados por la competencia estadounidense, además de que las normativas laborales en EEUU son menos exigentes, débiles o no existen contagiarán a las europeas.

La regulación europea de salud pública y medio ambiente, que hasta hoy es más garantista que la que hay en Estado Unidos, se verá afectada por el TTIP. Hoy el 70% de los productos alimenticios que se venden en los supermercados estadounidenses contienen ingredientes genéticamente modificados; en Europa, no. Por contra, en Europa funciona el principio de cautela: antes de poner un producto en el mercado hay que probar más allá de dudas razonables que no es perjudicial. En Estados Unidos ocurre lo contrario: para que un producto sea retirado por su peligro potencial, hay que demostrarlo de tal manera que supone en trabajo descomunal. Pesticidas, sustancias químicas que afectan al sistema hormonal humano, pollos y pavos de consumo humano lavados con cloro camparán a su aire según el modo y práctica estadounidenses.

Las multinacionales controlarán la producción de semillas y alimentos. Se irán eliminando las pequeñas y medianas explotaciones agrarias, a favor de las grandes explotaciones, imposición a gran escala  de la agricultura industrial y pérdida de producciones ecológicas. Entrada libre de transgénicos y eliminación del etiquetado. Se eliminan las normas europeas de seguridad alimentaria y derechos del consumidor. Se podrán introducir en  los alimentos todo tipo de agrotóxicos que en Europa están prohibidos.

Agricultores y consumidores a merced de la agricultura industrial (Fuente: "A Brave New Transatlantic Partnership" – ATTAC)

La llamada "armonización de las normas y estándares" de la UE y EEUU pretende eliminar no sólo los aranceles, sino cualquier tipo de barrera que obstaculice el comercio transatlántico. Esto nos llevaría a tener que aceptar en la UE los alimentos modificados genéticamente, la carne de ternera y el cerdo tratados hormonalmente y el pollo desinfectado con cloro, que se usa para eliminar los microbios en la producción de carne de pollo, ya que el TTIP limitaría el "Principio de Precaución" europeo en el cual se basa la regulación alimentaria y los derechos de los consumidores europeos.

Además, la reducción o eliminación de los aranceles llevaría a los agricultores europeos a una mayor competición internacional frente a las compañías agrícolas americanas. Si se llevase a cabo y de forma paralela, la eliminación de los aranceles y las barreras no arancelarias, seríamos además testigos de una mayor concentración de poder económico en manos de las corporaciones del negocio agrícola a costa de los agricultores y consumidores.

En EEUU, la granja media es 13 veces más grande que sus homólogas europeas, y como la concentración del negocio en grandes corporaciones ha sido progresiva, en la actualidad sólo hay 2 millones de granjas americanas frente a los 13 millones de granjas europeas. Además de ser más pequeñas, las granjas europeas deben atenerse a unas regulaciones y normas más estrictas. Si el TTIP se llevara a cabo según está planeado, dañaría peligrosamente los intentos de reformar la política agraria europea sobre un asentamiento sostenible, social, económica y medioambientalmente, pondría también el punto final a los pequeños circuitos que se han creado entre productores y consumidores, así como con el apoyo necesario para los sistemas de alimentación local y regional. En su lugar, la competición con los agricultores americanos nos llevaría a la aceleración de la concentración de la producción agrícola en unas pocas corporaciones, a la reducción de trabajadores del sector agrícola y consecuentemente, a un mayor porcentaje de desempleo, según reconoció el propio estudio de evaluación de la Comisión Europea.

La UE requiere que los productos que se derivan de la biotecnología sean etiquetados, lo que impide la entrada de muchos productos americanos. La Organización de la Industria de la Biotecnología de hecho, está instando para que se normalicen dichos productos, mientras la Comisión Europea (CE) ha asegurado a los consumidores que la ley sobre alimentos modificados genéticamente no se puede negociar. Sin embargo, si la CE va cediendo a la presión de las compañías sobre la Autoridad de Seguridad Alimentaria europea, podríamos ver como se debilitan estas regulaciones para equipararse a las americanas, donde los productos modificados genéticamente no necesitan ser supervisados, no necesitan realizar test de seguridad o ser etiquetados, ya que se asume que estos productos son iguales que la comida no modificada genéticamente.

De hecho, los consumidores europeos están muy sensibilizados respecto a este tema y se oponen a este tipo de alimentos, lo que podría ser soslayado de aprobarse el TTIP, ya que este acuerdo escapa a una discusión pública abierta.

Si se legitimara la industria de los alimentos modificados genéticamente, no sólo entrarían rápidamente en el mercado europeo, sino que gracias al "reconocimiento mutuo" de estándares y normas de la UE y EEUU, estos productos importados no tendrían necesidad de etiquetarse, lo que debilitaría los derechos de los consumidores y el "Principio de Precaución" europeo.

De momento, las grandes corporaciones biotecnológicas como Monsanto, DuPont y Dow Chemical, productores de alimentos y químicos modificados genéticamente, han lanzado una campaña masiva en EEUU para contrarrestar el sentimiento público cada vez más fuerte contra estos productos. Sólo en California, la industria biotecnológica se gastó en 2012, 40 millones de dólares para derrotar una medida que proponía eliminar el etiquetaje de estos productos, hay iniciativas similares en más de 20 estados en la actualidad. El TTIP ofrecería una herramienta útil para frenar y acabar con estas iniciativas llevadas a cabo por los consumidores.

Carne tratada con hormonas y cloro

En los años 80 y 90, la UE introdujo una serie de prohibiciones sobre algunos alimentos americanos como consecuencia de nuestras más estrictas normas de salud en la producción alimentaria y porque estos productos entrañaban algunos riesgos para la salud de los europeos.

En EEUU los agricultores crían a los terneros y proporcionan a las vacas un tratamiento hormonal para incrementar su productividad, como es el caso de la Somatrotropina Bovina Recombinante, la cual se sospecha que produce cáncer en humanos. A su vez, también se trata a los cerdos con "Clorhidrato de Ractopamina", lo que refuerza su crecimiento. Sin embargo, esta droga con la que se alimenta a los cerdos justo hasta el momento en que se les sacrifica, ha sido encontrada en la carne de cerdo vendida al consumidor, lo que llevó a su prohibición por la UE. De todos modos, los productores de cerdo americanos sostienen que no aceptarán ninguna otra propuesta que no sea la eliminación de esta prohibición en el uso de la ractopamina en el proceso de producción, la cual creen que es una violación de las leyes del comercio internacional. También el pollo americano fue prohibido en Europa debido a que su carne se lava con cloro, siendo además inefectivo para matar las bacterias peligrosas como la salmonella, el cloro todavía se encuentra en la carne de pollo servida al consumidor.

Dado que el objetivo del TTIP es llegar a la armonización de las normas y estándares a ambos lados del Atlántico, hay serias duda y preocupación por la eliminación de las prohibiciones europeas sin consideración por las preocupaciones y deseos de los ciudadanos europeos. Si se llegara a llevar a cabo, el impacto del TTIP afectaría al sector alimentario a todos los niveles, desde la producción al consumo, con las transnacionales teniendo pleno control en cada peldaño del proceso.

5 – Energía (fracking) y medio ambiente

Una aventurada liberalización de los mercados, una peligrosa desregulación de derechos de los consumidores ya adquiridos, la enorme pérdida del empleo en tiempos de crisis, la destrucción del medioambiente o la posibilidad de que grandes multinacionales puedan demandar a los estados si limitan sus beneficios, son algunos de los aspectos más comprometidos que se están negociando en secreto con este tratado internacional. 

Energía. Una de las principales líneas de negociación es la energía, con la intención de la UE de abastecerse de EEUU, ya que es el principal productor de gas de fractura hidráulica o fracking, con más de 500.000 pozos, según Ecologistas en Acción. Los críticos temen que esta técnica se extienda por la UE.

El "fracking" ha sido tema de portada en las noticias debido a los impactos negativos de esta técnica sobre la salud y el medio ambiente, los cuales incluyen gas metano que escapa al medio ambiente (con la posibilidad de crear serias explosiones) y agua de los pozos de donde se extrae gas, que retorna a la superficie conteniendo elementos radiactivos y grandes concentraciones de sal (la cual, si se desecha incorrectamente, puede ayudar a provocar pequeños terremotos). Debido a que en EEUU la regulación medioambiental es más débil que en la UE, el "fracking" en EEUU está a la orden del día, con más de 11.400 pozos que se abren cada año para extraer gas natural.

Las compañías de energía americanas tienen los ojos puestos en las reservas de gas europeas, especialmente las de Polonia, Dinamarca y Francia, y utilizaría el TTIP para romper con las prohibiciones y moratorias que protegen a los europeos de dicha práctica. Además, el precio de gas natural americano es mucho más barato que el europeo (3$ frente a los 11-13€ por unidad). Si las compañías americanas consiguieran exportarlo a la UE a través de un acuerdo de libre comercio, aumentaría exponencialmente la práctica de la fractura hidráulica en los EEUU.

El TTIP podría amenazar la moratoria europea sobre la extracción de gas de pizarra (gas de esquito), y podría debilitar también la regulación europea llamada REACH, soslayando, de esta manera, los requisitos de pruebas para miles de químicos tóxicos.

Protección medioambiental. Los tribunales arbitrales podrían servir a las empresas para demandar a los Estados si estos quieren implementar medidas de protección. Son utilizados en casos relacionados con la protección del medioambiente, como cuando Alemania decidió cerrar sus centrales nucleares, o Ecuador multar a Chevron por daño ecológico.

La aceptación de un capitalismo más desregulado como supone el TTIP afectaría a campos tan cotidianos como la alimentación, (donde entrarían productos que ahora están prohibidos, como los transgénicos o el clembuterol), el empleo (que aunque no lo digan supondría la destrucción de hasta un millón de contratos), la ecología (con el destrozo de tierras que acarrearía el fracking),  la farmacia (doblando la validez de las patentes y autorizándoles la casi liberalización de precios),  la cosmética (donde se homologarían más de 1300 sustancias prohibidas en la UE), o la privacidad (ya que el tratamiento de los datos personales podría estar en manos de las transnacionales). 

La propia evaluación de la Comisión Europea sobre el TTIP concluyó que este acuerdo, al tener como objetivo prioritario el incremento del comercio transatlántico, tendría como resultado inevitable impactos negativos en el medioambiente. El TTIP aumentaría la polución y el agotamiento de los recursos naturales al incrementar, la producción, el comercio y el consumo. Además, para conseguir este aumento del comercio, el TTIP necesitaría también eliminar algunas normas y regulaciones en nombre de la pretendida "armonización" y "reconocimiento mutuo" entre los estándares de EEUU y la UE. Esto debilitaría ampliamente "el Principio de Precaución" europeo, piedra angular de la política europea medioambiental, teniendo serias consecuencias sobre la salud y la seguridad de las personas y el medioambiente.

La cumbre European Business que se reunió en 2013, y cuenta con algunas de las más grandes corporaciones europeas, echa la culpa a la regulación medioambiental de colocar a las compañías europeas en desventaja con sus homólogas americanas y chinas, y por ello, están haciendo lobby a los reguladores de EEUU y la UE con la intención de que reduzcan el diferencial entre EEUU y UE.

Si esto se consiguiera, muchas de las regulaciones europeas dejarían de ser operativas. Por ejemplo, la Directiva Europea de Energías Renovables tiene muchas fisuras legales, pero al menos en principio, requiere que la materia prima utilizada para conseguir energía cumpla con ciertos objetivos de reducción de emisiones de gas invernadero y otros criterios de sostenibilidad básica.

El Etanol americano se obtiene de maíz y soja modificada genéticamente, así que no cumple con semejantes requisitos y está excluida de los incentivos relacionados con impuestos de los que se benefician otros combustibles. El etanol americano es menos competitivo en el mercado europeo y por eso, las grandes compañías de la industria agraria están tratando de asegurarse de que estos obstáculos regulatorios desaparecen de escena.

Sin embargo, si así fuera, los esfuerzos por evitar impactos dañinos sociales y medioambientales, provenientes de la controvertida producción de biocombustibles, serían baldíos.

El gozo en un pozo (EEUU + China vs. UE)

Antes de abrigar falsas ilusiones la UE debería recordar un poco la historia (reciente) y analizar el comportamiento de los EEUU respecto de la protección medioambiental ("has lo que yo digo, pero no lo que yo hago"), además de ver a quien elige como compañero de viaje, para su espectáculo de funambulismo ecológico. Tomar nota:

"Estados Unidos y China, los mayores contaminantes del mundo, han hecho oficial el fracaso de la conferencia del clima que se celebrará el mes próximo en Copenhague. Los líderes de ambos países, apoyados por algunas de las principales naciones emergentes del mundo, han comunicado este domingo en Singapur al Gobierno de Dinamarca que no será posible conseguir en esa ocasión un acuerdo vinculante que permita la reducción de emisiones de dióxido de carbono"… EEUU y China hacen fracasar Copenhague (El País – 16/11/09)

En su lugar, se intentará lo que se ha llamado retóricamente acuerdo en dos etapas, y que, en realidad, consiste en hacer en Copenhague una mera declaración de intenciones, pero se postergarán los compromisos obligatorios para un momento posterior, quizá para otra conferencia que debe de celebrarse en México.

"Ha habido una coincidencia entre los líderes de que no es realista esperar que un gran acuerdo internacional completamente vinculante pueda ser negociado entre ahora y Copenhague, que empieza en 22 días", declaró Michael Froman, viceconsejero nacional de Seguridad de la Casa Blanca, al término de una reunión imprevista celebrada por los países que participan en la asamblea de la Asociación Asia-Pacífico (APEC) con el primer ministro de Dinamarca, Lars Loekke Rasmussen.

Desde hacía tiempo se daba por descontado que la suerte de Copenhague estaba plenamente en manos de Estados Unidos y China, que se habían dado de plazo hasta la actual gira de Obama por Asia para encontrar un arreglo satisfactorio para ambos. Pese a la voluntad manifiesta del presidente norteamericano de avanzar en esta materia, ese arreglo no ha sido, finalmente, posible tanto por la resistencia de China como por la incapacidad del Congreso estadounidense de aprobar una legislación energética compatible con los propósitos de Copenhague.

Obama no quiere firmar ningún acuerdo que, como ocurrió con el de Kioto, suscrito por Bill Clinton, no sea después refrendado por el Congreso. China, por su parte, no está dispuesta a hacer movimientos relevantes en ese campo que no vayan acompasados por Washington. Lo mismo puede decirse del tercer mayor contaminante, Indonesia. Y Japón, cuyo nuevo Gobierno había anunciado recientemente la voluntad de reducir las emisiones de gases, tampoco quiere hacerlo sin acciones recíprocas por parte de China y Estados Unidos.

De esta manera, con toda probabilidad, otras grandes naciones en desarrollo, como India y Brasil, se negarán a respaldar acuerdos que no estén apoyados por esos cuatro países, y Copenhague puede quedar reducido a un ejemplo más de voluntarismo infructuoso.

El presidente de EEUU, Barack Obama, ha asegurado ante una audiencia de universitarios chinos en Shanghái que tanto su país como China -principales emisores de gases de efecto invernadero a la atmósfera- deben dar "pasos decisivos" contra el calentamiento global y ha defendido la libertad de expresión y de participación como "valores universales".

En este encuentro con jóvenes universitarios en el Museo de Ciencia y Tecnología en la capital financiera china, Obama ha asegurado: "no buscamos imponer esos valores, pero tampoco creemos que son sólo de un país. Son derechos universales".

Los dos países no deben ser rivales, ha expresado, sino cooperar para resolver problemas globales como la no proliferación nuclear o el cambio climático. "A menos que China y EEUU estén de acuerdo, se podrán resolver muy pocos problemas internacionales", ha declarado.

"La misión de aclarar si el Acuerdo de Copenhague es blanco o negro le correspondió al secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon. Él lo vio de color gris: "Para mí está claro que es necesario mucho más para abandonar la senda del calentamiento climático, pero es un paso en la dirección correcta. Por fin tenemos un compromiso""… Copenhague se queda en una "declaración de intenciones" (El Mundo – 17/1/10)

Todas las organizaciones ecologistas internacionales han coincidido, por el contrario, en su negativo análisis del resultado. Greenpeace, WWF, Amigos de la Tierra o la española Ecologistas en Acción entienden que los líderes han fallado en el objetivo de iniciar una batalla efectiva contra el cambio climático basada en un "acuerdo legalmente vinculante, ambicioso y justo", y tildaron el acuerdo de "vergüenza climática".

El acuerdo provocó el rechazo rotundo y general de las organizaciones no gubernamentales. Joaquín Nieto, presidente de honor de Sustain Labour y representante de los sindicatos españoles en la cumbre, consideró que el acuerdo "incumple los compromisos que los gobiernos se impusieron en 2007 en Bali".

"Tenía que ser un tratado legalmente vinculante que diera un mensaje claro de reducción de emisiones para evitar un cambio climático catastrófico y no lo es", afirmó. Según Nieto, "lo fundamental de un acuerdo es cuánto se van a reducir las emisiones. Todos los demás asuntos son complementarios. Y éste acuerdo falla en lo fundamental", añadió.

Desde WWF, Kim Carstensen afirmó: "Los líderes dicen que la Cumbre ha acabado, pero no es así. Después de años de negociaciones, hay una declaración que no vincula a nadie y que no garantiza el futuro de las generaciones venideras".

La ONG cree que los objetivos sobre el clima no se pueden cumplir con lo decidido en Copenhague: "Políticamente, se está de acuerdo en mantener el aumento de la temperatura por debajo del peligroso umbral de los 2º C, pero lo que hasta ahora hay sobre la mesa conduce al Planeta a un incremento de 3º C o más. Esta diferencia entre la retórica y la realidad podría costar millones de vidas", añadió Kirstensen.

Desde Oxfam internacional consideraron que el acuerdo no asegura que los países pobres vayan a recibir el dinero que necesitan para adaptarse al aumento de temperaturas.

Y Greenpeace consideró que el acuerdo "no es justo, no es legalmente vinculante y no es ambicioso". En una nota, el grupo ecologista afirma: "Copenhague es hoy el escenario de un crimen climático, con los hombres y mujeres culpables corriendo hacia el aeropuerto cubiertos de vergüenza".

Desde Ecologistas en Acción, Pablo Cotarelo consideró el acuerdo como "un fracaso y una vergüenza para los líderes mundiales. Supone una decepción y el riesgo de la supervivencia de millones de personas. Algunos de los países más poderosos han resuelto las cosas por su cuenta". La organización internacional Amigos de la Tierra considera que se trata de "un falso acuerdo que no requiere nada y que no consigue nada".

Así las cosas, el resultado de Copenhague ha sido reducir las expectativas hasta el mínimo común denominador para conseguir que al menos entraran todos los países. El Protocolo de Kioto comprometió en 1997 a 37 de ellos, pero dejó fuera a los grandes emisores, como EEUU y China. Ahora se ha conseguido incorporarlos a la causa climática internacional, pero a costa de bajar las ambiciones. Y ni siquiera se ha conseguido el consenso general.

6 – La Cláusula de Solución de Controversias entre Inversores y Estados (ISDS)

Tribunales de disputas privados. Se trata de crear tribunales ad hoc privados que capacitan a las multinacionales a demandar a los Estados, y sin instancia superior. La Unión Europea, después de una consulta pública, dice buscar el medio para hacerlos transparentes y asegurar el derecho a legislar.

La técnica jurídica utilizada por el TTIP no es neutral: es una arquitectura construida a favor de las empresas multinacionales y del capital. La desigualdad y la asimetría son elementos constitutivos del Tratado; además de su opacidad, su falta de transparencia y la reinterpretación de los elementos formales que constituyen el Estado de Derecho.

Los derechos de las empresas transnacionales se tutelan por un ordenamiento jurídico global basado en reglas de comercio e inversiones cuyas características son imperativas, coercitivas y ejecutivas -Derecho duro o Hard law-, mientras que sus obligaciones se remiten a ordenamientos nacionales sometidos a la lógica neoliberal, a un Derecho Internacional de los Derechos Humanos manifiestamente frágil y a una Responsabilidad Social Corporativa (RSC) voluntaria, unilateral y sin exigibilidad jurídica -Derecho blando o Soft law-.

La lógica jurídica contractual asimétrica se impone en las transacciones económicas internacionales. Las relaciones de fuerza impregnan los núcleos esenciales de los contratos formalmente bilaterales, tratados regionales y bilaterales, donde la conformación de voluntades se produce desde la mera adhesión a cláusulas que tutelan, fundamentalmente, los intereses de las empresas transnacionales.

La cláusula sobre Solución de Controversias entre Inversores y Estados, más conocida por sus siglas en inglés, ISDS, es un requerimiento imprescindible de Washington. Este mecanismo prevé fijar por ley que los inversores extranjeros puedan llevar a un Estado ante un tribunal internacional de arbitraje si consideran que su gobierno ha tomado decisiones que perjudican sus intereses. Originalmente, se trataba de condiciones impuestas por los países ricos a las naciones en desarrollo para evitar que una empresa pudiera verse perjudicada por decisiones como una nacionalización de los activos. Pero muchos inversores se han aprovechado de estos mecanismos para reclamar compensación porque los gobiernos elevaron el salario mínimo o introdujeron normas medioambientales más estrictas.

Ya existe un tribunal de arbitraje, el Ciadi, que depende del Banco Mundial en Washington y es reconocido por la gran mayoría de países miembros de la ONU. El Estado español, por ejemplo, está acumulando demandas de inversores extranjeros por el recorte de las subvenciones a las energías renovables. Pero, con el TTIP, este proceso sería vinculante y los demandantes podrían acudir a otros tribunales de arbitraje de carácter puramente privado. Normalmente, las dos partes del litigio, el Estado y el inversor, nombran cada una a un miembro del panel y se ponen de acuerdo para elegir un tercero. Los tres juristas que dirimen el contencioso suelen ser abogados comerciales de despachos privados en vez de jueces.

La falta de transparencia es otra crítica de estos mecanismos. Los defensores del ISDS y el lobby empresarial alegan que los inversores deben tener garantías que les protejan de decisiones arbitrarias en su perjuicio y destacan que estas cláusulas existen ya en otros tratados como el CETA con Canadá, que aún no ha entrado en vigor. La ONG Traidcraft quita hierro a este argumento y pone el ejemplo de Brasil, que se opuso a firmar cláusulas de este tipo, sin que se haya resentido la inversión extranjera en el gigante suramericano.

Pero lo más controvertido es que el ISDS socavaría la soberanía de los Estados y sus sistemas de Justicia. Y mucha gente no quiere aceptar esto. "Digo muy claramente: no necesitamos los tribunales de arbitraje", afirmó el ministro de Justicia alemán, Heiko Maas, en una entrevista con el diario Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung en junio (2014). "La posición del Gobierno federal en este punto es firme y así se lo hemos transmitido a la Comisión", dijo el dirigente socialdemócrata. Su partido, el SPD, tiene un papel clave para el futuro del TTIP, ya que forma gobierno junto con los democristianos de la canciller Angela Merkel, que está muy preocupada con que el tratado llegue a buen puerto.

En un congreso del año 2014, las bases socialdemócratas votaron una moción en contra del ISDS. Con eso pusieron en aprietos a su presidente Sigmar Gabriel, quien, como vicecanciller y ministro de Economía, es el responsable de temas de comercio en la gran coalición. Gabriel no comparte muchos de los reparos de sus compañeros de partido y está a favor de llegar a un acuerdo con EEUU, aunque en otros términos. Para vencer la resistencia a los tribunales de arbitraje, el líder de los socialdemócratas alemanes está pensando en crear un tipo de corte internacional para el comercio, con jueces que provienen de los sistemas de Justicia nacionales y con todas las garantías de transparencia para la sociedad.

El rechazo al mecanismo de arbitraje se ha manifestado también en los parlamentos de Francia y Holanda, que han aprobado sendas mociones en su contra. Y el ministro de Comercio francés, Matthias Fekl, declaró en noviembre (2014) que París no firmará un tratado que incluya el ISDS. "Tenemos que preservar el derecho del Estado para establecer y aplicar sus propios estándares, mantener la imparcialidad del sistema de Justicia y permitir al pueblo de Francia y del resto del mundo reafirmar sus valores", dijo el ministro socialista.

La comisaria Malmström ha entendido el mensaje y comprende que debe actuar para vencer los recelos. Con este objetivo, ya está preparando un "ISDS reformado", según consta en el memorándum de un eurodiputado que participó en una de las exclusivas reuniones de consulta con la responsable europea de Comercio. En ese encuentro, Malmström también dio a entender que prefiere posponer la firma del CETA para no entorpecer las negociaciones del TTIP. Y es que el tratado de libre comercio con Canadá, que ya está aprobado, aunque todavía no ratificado por el Consejo y el Parlamento Europeo, contiene la polémica cláusula ISDS, que tanto rechazo despierta en Alemania, Francia, Holanda y otros países. "El ISDS es la piedra en el zapato del TTIP", comenta Luis Rico, coordinador de Ecologistas en Acción de la campaña contra el tratado en España.

En el Capitolio de Washington también están en contra de que el tratado incluya la cláusula ISDS para los mecanismos de arbitraje. Temen que bancos europeos puedan demandar a Washington por los daños que le provoquen las reformas de Obama en los balances de sus sucursales en Nueva York. "Incluir estas cláusulas en el TTIP podría exponer a los contribuyentes americanos a pérdidas de miles de millones de dólares y disuadir al Gobierno de introducir normas financieras que afecten a bancos extranjeros. La consecuencia sería quitarle a nuestros reguladores los medios para prevenir la próxima crisis", reza una carta al Departamento de Comercio, firmada por Warren, a la que algunos observadores barajan como candidata presidencial de los demócratas, y otros parlamentarios. Como suele ocurrir en el sistema político estadounidense, donde la representación es directa y los senadores y diputados a menudo se debe más a los votantes en sus Estados que a la disciplina de partido, la oposición al ISDS y otros aspectos del TTIP reúne a demócratas progresistas como Warren y a algunos republicanos, aunque la mayoría de la oposición conservadora, muy pro comercio libre, está en línea con Obama respecto a este asunto. No sorprende, pues, que los negociadores europeos y estadounidenses hayan excluido los dos temas más controvertidos, el ISDS y los servicios financieros, de las próximas rondas y que las dejen para el final.

7 – El Consejo de Cooperación Reguladora

Pero para el gran capital transnacional lo anterior no parece suficiente, y para asegurarse de que posibles cambios de políticas y gobiernos no le agüen la fiesta, incluye dentro de los términos del TTIP la creación de un organismo para la institucionalización y profundización de los términos del Tratado: el Consejo de Cooperación Regulatoria. Esta idea supone un fenómeno nuevo porque reclama para los grandes lobbies corporativos una silla en la mesa donde se dará el visto bueno a las leyes antes siquiera de que se discutan en los parlamentos, y convertirá nuestras ya maltrechas -si no vacías- democracias, en la nada más absoluta.

La propuesta que hizo la propia Comisión Europea en diciembre de 2013 y que fue filtrada incluía características y competencias como: negociación y diálogo permanente (sector privado/UE/EEUU) lo que de facto significa Tratado vivo y en continuo crecimiento e implica que si algo como la cláusula ISDS no se incluye inicialmente se pueda añadir de forma posterior a la firma del propio Tratado; mecanismo de alerta anticipada sobre cualquier proyecto legislativo que además podrá ser paralizado; la posibilidad de modificar leyes, normativas y reglamentos anteriores al Tratado que supone que ningún derecho, ninguna protección que creemos hoy consolidada esté realmente a salvo; la vigilancia de los Estados miembros en todos los niveles de gobierno pudiendo amonestar desde a la UE a un modesto ayuntamiento; y el derecho de los lobistas a participar directamente en las propuestas de elaboración de las regulaciones.

Altos funcionarios no elegidos y lobistas de las grandes corporaciones, constituirían por tanto un gobierno en la sombra que condicionaría y se impondría a la actuación de los gobiernos elegidos por los pueblos europeos democráticamente. La soberanía nacional, estado de derecho, separación de poderes y cualquier forma de legitimidad democrática se convertirán automáticamente en conceptos para los libros de historia.

Además de la armonización de regulaciones por el método de la desregulación antes mencionado, los lobbies transnacionales adquieren por medio del TTIP una presencia insospechada. El Consejo de Cooperación Reguladora -formado por los responsables que establezcan las agencias de EEUU y la Comisión de la UE- es un filtro regulatorio de todas las normas comunitarias -pasadas, presentes y futuras- que colisionen con el Tratado y que implica la presencia directa e indirecta de los lobbies transnacionales. Actúa al margen de los Estados e instituciones; es un poder legislativo supranacional fuera de todo control democrático.

Las empresas transnacionales se introducen en los procesos normativos y penetran en el marco regulatorio abierto a fórmulas de cooperación reguladora y generadora de coescritura de legislación; fenómeno conocido en la elaboración de normas tipo. Además del poder fáctico, los lobbies tendrán presencia directa o indirecta en la elaboración de las normas.

La convergencia regulatoria afecta, además, a todas la Administraciones Públicas (locales, autonómicas y centrales); a la legislación básica, a la ejecución de la misma y a los actos delegados. Las excepciones y defensas genéricas de los derechos sociales que el TTIP prevé quedan subordinadas a "que no comprometan las ventajas derivadas del acuerdo"; la coherencia regulatoria implica que todo tipo de estudio de impacto medioambiental o social, toda evaluación de daños… no debe establecer más "rigor del estrictamente necesario", es decir, deben ser coherentes con los derechos de las empresas transnacionales.

Por otra parte, la transparencia requiere consultar toda medida potencial a proveedores e inversionistas como si fueran "representantes públicos", y por último, se pueden ampliar temas no incluidos en el tratado por la vía del nexo normativo al margen del procedimiento de aprobación del mismo; es un texto abierto al servicio de las transnacionales.

Son principios normativos demoledores -abiertos a la interpretación creativa y expansiva de despachos de abogados y árbitros favorables al poder corporativo- para los intereses de las mayorías sociales y que dotan de una gran fortaleza a los derechos de las empresas transnacionales. Además, otros principios jurídicos como el abuso de derecho, el enriquecimiento injusto… quedan subordinados al carácter imperativo de los principios recogidos en el TTIP.

8 – El mercado de servicios (servicios y obra pública, "Buy American", aviación)

Liberalización. El 80% de las ganancias del TTIP podrían provenir tanto de la reducción de los "costes" impuestos por la burocracia y las regulaciones, como de la liberalización del comercio en servicios y en la contratación pública.

Contratos públicos. El TTIP prevé que empresas de ambos lados puedan optar a licitaciones públicas de los Estados. Los críticos consideran que las multinacionales apartarán a las empresas locales. En EEUU se han encontrado con una gran oposición a retirar la Ley Buy America, que da prioridad a compañías nacionales.

Otra de las demandas típicas en los acuerdos de libre comercio, suele ser asegurar que la contratación pública está abierta a la competición extranjera, especialmente ahora, que hay muchas medidas estatales para favorecer la contratación pública de compañías nacionales frente a las extranjeras, como medida para apoyar la economía local y recuperarse de la crisis financiera.

Un ejemplo de lo que esto podría significar lo encontramos en el caso de Japón. Este país llevó a la provincia canadiense de Ontario ante la Organización Mundial del Comercio en 2010 por haber introducido una Ley de Energía Verde que tenía como objetivo expandir la producción de energía verde renovable, y crear miles de puestos de trabajo a nivel local. Bajo esta ley, todas las compañías, sean nacionales o extranjeras, deben garantizar que al menos el 60% del valor de las partes y servicios contratados deben tener su fuente original en Ontario, de modo que se estimule y apoye la economía local. Esta ley creó más de 31.000 puestos de trabajo y billones de dólares en inversión. Sin embargo, la Organización Mundial del Comercio dictaminó que esta ley era ilegal porque la condición de "comprar localmente" violaba las leyes de comercio internacional.

Si el TTIP incluyera un capítulo sobre la contratación pública, como así intenta. Cualquier autoridad pública que quisiera explorar modelos económicos alternativos al internacional de libre comercio correría el riesgo de enfrentarse al mismo tipo de situación con costes legales, no importa si las medidas son beneficiosas y necesarias para las comunidades locales y el medioambiente.

Uno de los puntos previstos por el TTIP es la "cooperación regulatoria", que, en palabras de la Comisión Europea, es "una importante herramienta para ayudar a desmantelar las barreras regulatorias existentes y a evitar que surjan nuevas". En la práctica, esta "cooperación", como denuncian las organizaciones de la sociedad civil, provocará por un lado una regulación a la baja a nivel social o medioambiental, al armonizarse las legislaciones según el interés de las corporaciones. Pero además permitirá a las multinacionales y los lobbies, a través de su participación en el Consejo de Cooperación Regulatoria, presionar permanentemente, una vez aprobado el TTIP, para modificar regulaciones a lo largo de los años.

La apertura de los servicios sanitarios y de educación o el agua (y su posible privatización), las políticas de protección de datos (comercializar con la privacidad de los consumidores), el aumento del poder de las patentes y de la propiedad intelectual, o el hecho de que en protección laboral Estados Unidos no haya ratificado 70 convenios, algunos fundamentales, de la Organización Mundial del Trabajo, entre otras aristas, siguen siendo asuntos espinosos.

La crisis financiera y las políticas de austeridad en Europa han puesto en riesgo el derecho a una sanidad pública asequible y de calidad. Contamos ya con algunos ejemplos, como los enfermos de cáncer en Grecia que no pueden acceder a las medicinas necesarias para vivir tras los recortes llevados a cabo y exigidos por los prestadores, mientras en España, se están cuestionando los tratamientos para el SIDA de los inmigrantes.