Examen de las políticas comerciales (página 2)

Plan Nacional del Buen Vivir 20092013

• Antecedentes

• En enero de 2007 el Ecuador empezó a desarrollar el Plan Nacional de Desarrollo 20072010. Ahora, el desafío es su consolidación. Por ello, el Plan Nacional para el Buen Vivir 20092013 plantea nuevos retos orientados hacia la materialización y radicalización del proyecto de cambio para la construcción de un Estado plurinacional e intercultural y finalmente para alcanzar el Buen Vivir[7]de las y los Ecuatorianos.

• Al igual que aquel Plan que rigió el anterior período de gobierno, el Plan 20092013 recoge y busca concretar transformaciones no sólo en el ámbito político sino en el productivo, mismas que están delineadas en el proyecto de la Revolución Ciudadana. Dichas apuestas de cambio también fueron orientaciones para el proceso constituyente de 2008, que finalmente se plasmaron en el nuevo pacto social reflejado en la nueva Constitución de la República del Ecuador.

• Las propuestas contenidas en el Plan Nacional para el Buen Vivir 20092013, plantean importantes desafíos técnicos y políticos e innovaciones metodológicas e instrumentales. Sin embargo, el significado más profundo del Plan está en la ruptura conceptual que plantean los idearios de los modelos clásicos aperturistas y con las aproximaciones más ortodoxas al concepto de desarrollo.

• En este sentido, el Buen Vivir, parte de una larga búsqueda de modos alternativos de vida que han impulsado particularmente los actores sociales de América Latina durante las últimas décadas, demandando reivindicaciones frente al modelo económico neoliberal. En el caso ecuatoriano, dichas reivindicaciones fueron reconocidas e incorporadas en la Constitución, convirtiéndose entonces en los principios y orientaciones del nuevo pacto social.

• El Buen Vivir, es por tanto, una apuesta de cambio que se construye continuamente desde esas reivindicaciones por reforzar una visión más amplia, que supere los estrechos márgenes cuantitativos del economicismo, que permita la aplicación de un nuevo paradigma económico cuyo fin no se concentre en los procesos de acumulación material, mecanicista e interminable de bienes, sino que promueva una estrategia económica incluyente, sustentable y democrática. Es decir, una visión que incorpore a los procesos de acumulación y redistribución a los actores que históricamente han sido excluidos de las lógicas del mercado, así como a aquellas formas de producción y reproducción que se fundamentan en principios diferentes a dicha lógica.[8]

• Finalmente, el Buen Vivir se construye también desde las reivindicaciones por la igualdad y la justicia social, y desde el reconocimiento, la valoración y el diálogo de los pueblos y de sus culturas, saberes y modos de vida.

• Concretamente sobre el escenario internacional, el Plan hace mención sobre la necesidad de una inserción inteligente y soberana en el plano comercial. A fin de establecer un equilibrio diferente, se enfatiza en la integración Sur-Sur, sin dejar de lado los espacios en los mercados ya consolidados.

• Este nuevo modo define, para la primera fase de su aplicación durante el período 20092013, doce estrategias de cambio, de la cuales se citan las pertinentes a la parte económica y comercial:

• Estrategias

• La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) como institución rectora de la planificación estatal, es la encargada de dar los lineamientos para definir las políticas públicas en todos los ámbitos de acción del Gobierno Nacional. En este sentido, el Plan Nacional de Desarrollo, denominado en este período, Plan Nacional para el Buen Vivir 20092013 (PNVB), establece los objetivos nacionales encaminados hacia el Buen Vivir. El Buen Vivir es una propuesta de cambio frente al modelo económico tradicional, que busca la priorización del ser humano por encima de la actividad económica.

• En los ámbitos que competen a este informe, se deben resaltar dos de los doce objetivos nacionales que establece el PNBV:

Objetivo 5: Garantizar la soberanía y la paz, e impulsar la inserción estratégica en el mundo y la integración latinoamericana.

Objetivo 11: Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible.

• Para el logro de estos objetivos, SENPLADES impulsa la diversificación productiva, a través de la identificación de industrias priorizadas para el cambio de matriz productiva. En este sentido, existen lineamientos de política pública planteados para profundizar el desarrollo e inclusión de estas industrias. Dicho cambio se relaciona con un modelo de sustitución selectiva de importaciones versus el fomento productivo y la orientación de exportaciones.

• Sobre la inserción estratégica en el mundo, SENPLADES promueve una estrategia comercial para dichas industrias priorizadas, por ejemplo a través de la priorización de oficinas comerciales para la diversificación de mercados, de productos y el impulso a un plan logístico para la facilitación al comercio de dichas industrias priorizadas. Estas oficinas comerciales deben cumplir con un rol estratégico que no solamente se limite a la introducción de productos en sus mercados, sino que faciliten el acceso a los recursos externos para el desarrollo endógeno del país. Tanto en el fortalecimiento inclusivo del mercado interno a través de la diversificación productiva como en la inserción estratégica en el mercado mundial, se han considerado a los pequeños productores y las economías populares y solidarias (EPS). En efecto, las estrategias que plantea SENPLADES, enfatizan en su inclusión a nivel nacional y más aun a nivel internacional.

• Otra de las políticas en el ámbito comercial que busca SENPLADES, es la consecución de los acuerdos comerciales para el desarrollo (ACD). Este constituye un nuevo tipo de acuerdo distinto al tradicional, el cual permite contar con objetivos de planificación a largo plazo y con una nueva visión sobre el comercio y su vinculación con el desarrollo. El acuerdo comercial para el desarrollo, sin salir del marco del sistema multilateral de comercio, plantea abordar los ámbitos de cooperación y diálogo político, además del comercial y debe ser la base para la concreción de las negociaciones comerciales que el país emprenda.

• Finalmente, las políticas señaladas anteriormente, van de la mano con una priorización de proyectos de inversión pública. Dichos proyectos permiten cumplir con los objetivos de planificación nacional, generando las condiciones internas que hacen viable la inserción estratégica en el mundo, la integración latinoamericana y el incentivo a un sistema económico, social, sostenible y solidario, a través del impulso a los sectores generadores de valor, el aumento de su rentabilidad y el fortalecimiento de la productividad sistémica del país.

• Se han planteado las siguientes estrategias:

Democratización de los medios de producción, redistribución de la riqueza y diversificación de las formas de propiedad y de organización.

Transformación del patrón de especialización de la economía a través de la sustitución selectiva de importaciones para el Buen Vivir.

Aumento de la productividad real y diversificación de las exportaciones, exportadores y destinos mundiales.

Inserción estratégica y soberana en el mundo e integración latinoamericana.

Conectividad y telecomunicaciones para construir la sociedad de la información.

Sostenibilidad, conservación, conocimiento del patrimonio natural y fomento al turismo comunitario.

• Con estos fundamentos, el Plan propone una lógica de planificación a partir de esos grandes objetivos nacionales para el Buen Vivir, que ya fueron planteados en el Plan Nacional de Desarrollo 20072010 y que fueron actualizados bajo parámetros que se relacionan con el desempeño de las metas nacionales, con las distintas propuestas de acción pública sectorial y territorial, y principalmente con la necesidad de concretar los desafíos derivados del nuevo marco constitucional.

• Para ello el Plan Nacional de Desarrollo del Buen Vivir plantea las siguientes políticas en lo económico y comercial:

Fomentar a la producción de alimentos sanos y culturalmente apropiados de la canasta básica para el consumo nacional, evitando la dependencia de las importaciones y los patrones alimenticios poco saludables.

Impulsar a la industria nacional de alimentos, asegurando la recuperación y la innovación de productos de calidad, sanos y de alto valor nutritivo, articulando la producción agropecuaria y con el consumo local.

Promover, gestionar y planificar el manejo integral y sustentable del agua para asegurar la disponibilidad en cantidad y calidad del recurso hídrico para la soberanía alimentaria y energética.

Ampliar la capacidad nacional de generación de energía en base a fuentes renovables.

Impulsar la creación de una nueva arquitectura financiera internacional que coadyuve a los objetivos de producción y bienestar colectivo, con mecanismos transparentes y solidarios, y bajo principios de justicia social, de género y ambiental.

Atraer ahorro externo, en la forma de inversión extranjera directa pública y privada, para proyectos de largo plazo que sean sostenibles, respeten los derechos de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, transfieran tecnología y generen empleo digno.

Aplicar mecanismos para utilizar los avances obtenidos a través de la transferencia de ciencia y tecnología en beneficio del país.

Alinear la cooperación internacional con los objetivos nacionales para el Buen Vivir, institucionalizando mecanismos de rendición de cuentas y sistemas de evaluación permanente de su impacto.

Fomentar las relaciones comerciales y de cooperación internacional con gobiernos autónomos descentralizados a lo largo del mundo.

Definir ámbitos de acción prioritarios para la intervención de la cooperación internacional en el Ecuador.

Promover los tratados de comercio para el desarrollo como instrumentos para incentivar la complementariedad, la solidaridad y la reducción de asimetrías entre los países.

Impulsar la inclusión de factores sociales en los acuerdos de integración económica y comercial.

Impulsar activamente a la cooperación triangular y a la cooperación Sur-Sur, incentivando a las MIPYMES y a las empresas solidarias.

Apoyar a los organismos de integración regional y subregional para fortalecer el proceso de integración andina, suramericana, latinoamericana y con el Caribe, a través de mecanismos y procesos de convergencia que profundicen la integración de los pueblos.

Mejorar la conectividad con América Latina y el Caribe.

Coordinar convergentemente las políticas económicas, sociales, culturales, migratorias y ambientales de los países miembros de los esquemas de integración regional de los que Ecuador es parte.

Priorizar la negociación en bloque junto con los países suramericanos para lograr acuerdos beneficiosos al incrementar el poder de negociación de la región.

Impulsar la integración regional a través de la integración productiva, con lo cual se lograría la complementariedad comercial con el resto del mundo.

Promover mecanismos que faciliten la libre movilidad de las personas dentro de la región e incentivar los intercambios turísticos.

Consolidar la institucionalidad financiera regional como alternativa a los organismos multilaterales de crédito tradicionales, e impulsar el uso de sistemas únicos de compensación regionales.

Definir lineamientos estatales estratégicos sobre la comercialización de productos ecuatorianos en el exterior.

Definir e implementar mecanismos de transferencia de recursos y tecnología con impacto social directo.

Potenciar las capacidades del país para incidir en la agenda internacional y en políticas bilaterales y multilaterales que, entre otros, faciliten el ejercicio de derechos y garanticen la protección de los y las ecuatorianas viviendo fuera del país.

Diversificar las exportaciones ecuatorianas al mundo, priorizando las complementariedades con las economías del Sur, con un comercio justo que proteja la producción y el consumo nacional.

Incorporar nuevos actores en el comercio exterior, particularmente provenientes de la micro, pequeña y mediana producción y del sector artesanal, impulsando iniciativas ambientalmente responsables y generadoras de trabajo.

Establecer mecanismos internacionales de garantías de exportaciones, en particular para MIPYMES, empresas solidarias y organizaciones populares, dando prioridad a aquellas que integren a mujeres diversas, grupos de atención prioritaria, pueblos y nacionalidades.

Defender los intereses comerciales nacionales a nivel bilateral y multilateral, estableciendo, cuando sea necesario, medidas de protección para la producción y consumo nacional.

Mantener relaciones de comercio exterior con prevalencia de la seguridad jurídica nacional y evitar que intereses privados afecten la relación entre los Estados.

Aplicar un esquema de sustitución selectiva de importaciones que propicie las importaciones indispensables para los objetivos del Buen Vivir, especialmente las de insumos para la producción, y que desincentive las que afecten negativamente a la producción nacional, a la población y a la naturaleza.

Fortalecer institucionalmente los servicios aduaneros para lograr eficiencia y transparencia y facilitar el comercio internacional.

Posicionar al país en la comunidad internacional, a partir de su patrimonio natural, en los mecanismos globales de lucha contra el cambio climático.

Aplicar incentivos para el desarrollo de actividades generadoras de valor, especialmente de los sectores industrial y de servicios.

Diversificar las formas de producción, prestación de servicios y sus capacidades de agregación de valor para ampliar la oferta nacional y exportable.

Impulsar las importaciones indispensables para los objetivos del Buen Vivir, especialmente las de insumos para la producción y desincentivar las que afecten negativamente a la producción nacional, la población y la naturaleza.

Reconocer la diversidad de actoras y actores económicos e impulsar su participación efectiva en los espacios de decisión económica.

Impulsar las pequeñas y medianas unidades productivas para el fortalecimiento y complementariedad territoriales, tanto a nivel nacional como en los esquemas de integración regional.

Mantener y expandir el sistema nacional de transporte y movilidad multimodal, que favorezca el comercio interno y externo, y la integración nacional y regional.

Manejar eficiente y transparentemente los servicios aduaneros para facilitar el comercio de exportación y de importación.

Aplicar aranceles selectivos, subsidios y otras medidas para regular el comercio en función de los intereses nacionales, respetando los compromisos internacionales del país. Implementar una política tributaria y arancelaria orientada a proteger y promover la producción nacional, la redistribución de la riqueza, los ingresos y la responsabilidad ambiental.

Ampliar la protección nacional a productos de la economía popular y de la economía social y solidaria, frente al dumping social del comercio internacional y el proteccionismo de los estados centrales.

Definir normas y estándares de productos y servicios que garanticen los derechos de las y los consumidores y promuevan la producción nacional.

Generar incentivos a las líneas de exportación ambientalmente responsables, que generen empleo y valor agregado, y de modo particular las provenientes de la pequeña y mediana producción asociativa y del sector artesanal.

Incentivar la productividad sistémica, procurando crear condiciones de producción favorables a la economía endógena para el Buen Vivir.

• En suma, el Plan Nacional para el Buen Vivir 20092013 propone un cambio de paradigma sobre el concepto de desarrollo, el cual va más allá del crecimiento económico, ajustado a nuestras realidades, con una visión integral, y con un redireccionamiento de las prioridades. El modelo productivo se ajusta a las necesidades del colectivo, y sus resultados se miden en función de su efecto en la calidad de vida de las personas, en la satisfacción de sus necesidades, su aporte a la potencialización de las oportunidades y capacidades humanas y su relación con medio ambiente.

3.2 Dolarización

• Desde el año 2000, en el Ecuador rige un esquema de dolarización, adoptado, según se sostuvo en su momento por los encargados de la política económica, para detener la acelerada depreciación del sucre, entonces moneda nacional, y evitar un proceso que amenazaba con conducir a la economía hacia la hiperinflación, en medio de una de las peores crisis en la historia del país. La dolarización implicó la sustitución de la moneda nacional, el sucre, por el dólar de los Estados Unidos de América como medio de pago en la economía.

• En la práctica esta sustitución tuvo dos efectos para la política monetaria y cambiaria interna. En términos de política monetaria la dolarización implicó la resignación de la capacidad del Banco Central del Ecuador de emitir moneda propia y por lo tanto de realizar política monetaria a través de emisión. En términos de sistema cambiario, la dolarización significó el compromiso más estricto posible con un sistema de cambio fijo, puesto que implicó la sustitución total de la moneda nacional por la divisa extranjera a una tasa de cambio fijada por una sola vez que no podría volver a alterarse. La pérdida de la posibilidad de emitir dinero también significó la incapacidad de realizar política cambiaria.

• En una economía dolarizada la liquidez interna depende exclusivamente del saldo de las cuentas externas. Sin capacidad de emisión, la oferta monetaria se establece por el resultado de las operaciones de la economía interna con el exterior, lo que la vuelve mucho más susceptible a sus relaciones comerciales y financieras con el mundo. Por lo tanto, los cambios en la liquidez de la economía dependerán en gran medida del resultado de la balanza de pagos. Los choques externos que produzcan cambios bruscos y significativos en los ingresos de divisas al país, al contraer la liquidez de la economía, provocarán casi automáticamente ajustes correspondientes en el sector real, es decir, en la producción, el empleo y el bienestar de la población. La mayor vulnerabilidad de la economía dolarizada no tiene contraparte en la capacidad de la política económica de influir en su desempeño, todo lo contrario, los encargados de la política económica disponen de escasos instrumentos de intervención y los existentes tienen una efectividad reducida ante choques imprevistos. De ahí que para la economía ecuatoriana es de fundamental importancia el desenvolvimiento del sector externo y la administración adecuada de una política comercial, inserta dentro de los compromisos multilaterales asumidos por el país, pero que le permita proteger la liquidez de la economía ecuatoriana y por extensión el nivel de producción y bienestar de la población.

• La realidad de una economía dolarizada implicó también una reorganización de la institucionalidad interna del país con el propósito de hacerla coherente con el esquema implementado. En la nueva Constitución de 2008, se reestructuraron las funciones de varias instituciones con el fin de adaptarlas a la realidad de la dolarización, pero principalmente para constituirlas en una nueva base institucional para promover el proceso de transformación estructural de la economía en el Ecuador. Así, la formulación de las políticas monetaria, crediticia, cambiaria y financiera pasó a ser facultad exclusiva de la Función Ejecutiva, instrumentada fundamentalmente a través del Banco Central del Ecuador (BCE) y las instituciones que conforman la banca pública. La formulación de estas políticas tienen asimismo objetivos explícitos, entre los cuales se puede anotar: a) suministrar los medios de pago para que el sistema opere con eficiencia; b) establecer niveles de liquidez que garanticen adecuados márgenes de seguridad financiera; c) orientar los excedentes de liquidez hacia la inversión; y d) promover el ahorro nacional, el financiamiento de los sectores productivos, procurar la estabilidad de los precios y mantener el equilibrio de la balanza de pagos. Este último aspecto resulta crítico en el contexto de dolarización ya que de un manejo adecuado de la política económica y de la administración de los flujos, dependerá el que se pueda garantizar la sostenibilidad intertemporal del esquema monetario vigente. La dolarización exige que la política pública busque moderar las excesivas variaciones en el resultado de la balanza de pagos, pues de él depende directamente el nivel de oferta monetaria y por extensión el nivel de actividad real de la economía.

• La dolarización ha tenido consecuencias importantes para la economía ecuatoriana sobre todo al eliminar el componente de incertidumbre cambiaria, reducir el efecto inflacionario generado por la devaluación, e implementar un mayor nivel de disciplina fiscal al imposibilitar la financiación del déficit fiscal a través de la emisión monetaria. El compromiso asumido con la dolarización es sumamente importante y las políticas implementadas en los últimos años apuntan a fortalecer el esquema y garantizar su permanencia en el tiempo.

• Dentro de los cambios institucionales ocurridos en Ecuador merece un comentario particular aquel referente con las funciones del Banco Central del Ecuador. Para responder a la realidad de la dolarización pero además para permitir un manejo coherente de la economía con el propósito de cumplir con los objetivos de mediano y largo plazo del Plan Nacional del Buen Vivir y de la Nueva Constitución, varias instituciones públicas debieron readecuarse dentro de una nueva lógica de manejo macroeconómico, y muchas de ellas tuvieron una reasignación de funciones y objetivos, ese fue el caso también del Banco Central del Ecuador.

• En una economía con moneda propia, a los bancos centrales se les ha asignado el objetivo de mantener la estabilidad de precios a través del manejo adecuado de una política monetaria independiente. Para poder cumplir con ese propósito los bancos centrales debían gozar de autonomía frente al gobierno, para blindar a la institución de las presiones que pueda ejercer este último para monetizar el déficit fiscal, es decir para financiar a través de emisión monetaria los descuadres en las cuentas del gobierno, contribuyendo así a la inestabilidad de precios. La autonomía de los bancos centrales está, dentro de esta lógica, estrechamente vinculada con su capacidad de emitir moneda. Como se ha dicho anteriormente la dolarización eliminó de facto la capacidad de emitir moneda propia y por lo tanto habría eliminada también cualquier posibilidad para que el Banco Central del Ecuador pueda financiar las cuentas del gobierno. En ese caso, y dadas las nuevas características de la economía, la autonomía del banco central ya no era una necesidad, sino que más bien había que incluir a la institución dentro de la nueva lógica institucional del país.

• De esta manera, al Banco Central del Ecuador le fueron reasignadas funciones dentro de la nueva normativa, teniendo en cuenta que, si bien en el país ya no es posible emitir moneda propia, esto tampoco quiere decir que la economía pueda prescindir totalmente de un banco central. De hecho, el Banco Central del Ecuador aún mantiene importantes funciones tales como: a) evitar el riesgo sistémico bajo el esquema de dolarización, velando por una adecuada administración y regulación del sistema de pagos; b) gestionar la liquidez de la economía a través de la determinación del encaje bancario u otros mecanismos de control; c) reorientar los ahorros de los distintos sectores económicos para la inversión en el sector productivo a través de la banca pública; d) administrar la reserva internacional de libre disponibilidad; e) actuar como depositario de los fondos públicos y agente financiero del Estado; f) ejecutar operaciones como: operaciones internacionales, depósitos centralizados de valores, administración de especies monetarias, certificación electrónica, y otra; g)६aboración de estadísticas macroeconómicas de síntesis de los principales sectores de la economía; y h) apoyar técnicamente y ser ejecutor de la política económica alineada a los grandes objetivos del Plan de Desarrollo Nacional y directrices que se plantea desde la Agenda de Política Económica.

3.3 Política Fiscal

• La política tributaria en el Ecuador no ha sufrido en los últimos cinco años modificaciones importantes que puedan considerarse como un factor que incide de manera negativa en el comercio exterior del país; más bien, en los últimos cuatro años, ha existido una política proclive a generar una mayor liquidez para personas jurídicas, personas naturales y trabajadores en relación de dependencia, lo cual ha incrementado la capacidad de consumo de los sectores medios y bajos de la población, favoreciendo el comercio de productos de consumo tanto nacionales como importados. Los incentivos tributarios a las industrias por personal nuevo contratado, por contratación de discapacitados, por uso de mejor y más productiva tecnología limpia; así como, las deducciones al impuesto a la renta por capacitación, asistencia técnica, promoción comercial y las deducciones para personas naturales, contemplados en la Ley de Régimen Tributario Interno son un buen ejemplo de aquello.

• El principio fundamental que ha guiado la acción de la Administración Tributaria, recogida en la Constitución de la República, es el modificar la relación entre los impuestos directos y los indirectos, considerando que estos últimos no contribuyen a materializar el principio de justicia redistributiva. Esta relación era de 32,1 por ciento en impuestos directos y 67,9 por ciento en indirectos, en el año 2005 y en el año 2010 ya fue de 44 por ciento en directos y 56 por ciento en indirectos.

• El crecimiento de las recaudaciones del 100,15 por ciento entre los años 2005 al 2010 (3.929୩l millones a 7.864 mil millones) se ha dado por una mejora substancial en los procesos de control, determinación y cobro de tributos; así como una decidida acción correctiva frente a los delitos de carácter tributario. Se ha multiplicado la visita a los comercios en 800 por ciento entre los años 2005 y 2010.

• Los nuevos tributos aportaron menos a la recaudación global que los beneficios tributarios otorgados a través de las últimas reformas. La totalidad de las reformas parciales realizadas a la estructura de tributos ha reducido la recaudación potencial y no ha sido incrementada por ellas.

• El impuesto al valor agregado se ha mantenido inalterado en el 12 por ciento, frente a los niveles del resto de América Latina, superiores al 18 por ciento ponderado.

• Se eliminó el impuesto a los consumos especiales a las comunicaciones, lo que representó, en términos de recaudación, una renuncia fiscal mayor a todo lo recaudado por nuevos tributos y reformas: gravamen a los consumos especiales en los juegos de casino, a los vehículos de lujo, entre otros. Con excepción del impuesto a los ingresos extraordinarios, creado para gravar los beneficios extraordinarios de las empresas petroleras, que permitió recaudar en los dos primeros años 220୩llones de dólares EE.UU., frente a un universo de más de 8.000 mil millones de dólares EE.UU., el resto de los impuestos creados: impuesto a las tierras rurales, impuesto a la salida de divisa e impuesto a los activos en el extranjero, han aportado a la recaudación fiscal un aproximado de 62୩llones.

• Se han implementado facilidades para el cumplimiento voluntario de los contribuyentes a través de las declaraciones por internet del impuesto a la renta y de las declaraciones mensuales del impuesto al valor agregado. Se han simplificado los anexos transaccionales y se ha implementado la facturación electrónica. De igual manera, se han implementado las devoluciones automáticas de impuesto a la renta y las solicitudes para devolución del impuesto al valor agregado a través de la red informática, las que son atendidas en un máximo de 72 horas. A través de la Web, los ciudadanos pueden reclamar sobre sus derechos, hacer denuncias y plantear mejoras a los sistemas y son atendidos por un recién creado Departamento de Derechos del Contribuyente.

• Se han incrementado los criterios para la deducibilidad del gasto para todo tipo de empresas, incluidos los gastos en promoción comercial para el acceso a mercados internacionales y se ha incentivado las actividades económicas en zonas deprimidas y zonas económicas especiales, a las que tienen acceso tanto personas jurídicas nacionales como extranjeras sin ningún tipo de discrimen.

• En el ánimo de formalizar a grandes sectores de la economía informal se creó el Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE), que es un sistema abreviado de declaración y pago de impuestos directos e indirectos para contribuyentes cuyos ingresos anuales por actividades comerciales o de servicios, no sobrepasen los 60.000 dólares EE.UU. anuales y las tarifas fijas mensuales de tributación van desde 1,17 dólar EE.UU. hasta 212,40 dólares EE.UU., dependiendo de la actividad a la que se dediquen.

• Este sistema se creó mediante reforma tributaria en el 2007 y empezó a regir a partir del año 2008. Su motivación principal es la de combatir la informalidad y en el año 2010 se registran 450.205੮scritos y sus aportes al Estado son de 5.744.900,00 dólares EE.UU.

• El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, vigente a partir de enero de este año 2011, ha incentivado las actividades económicas legítimas de todo tipo, incluidas las de comercio, a través de la reducción general y gradual de tres puntos porcentuales en el impuesto a la renta y, para sociedades nuevas, la exoneración del pago del impuesto a la renta durante cinco años. Con estas medidas el Ecuador tiene uno de los niveles más bajos de impuesto a la renta a sociedades y personas naturales del mundo.

• Se discute una propuesta de reforma tributaria dirigida de manera fundamental a corregir los desajustes medioambientales y de salud pública, en pos de un uso más responsable de combustibles fósiles, plásticos no degradables y envases que no se reciclan. En ella se propone un castigo para los vehículos de mayor consumo y mayor grado de contaminación y un estímulo a los vehículos híbridos y eléctricos; por los envases plásticos se propone gravar al productor con una tarifa de dos centavos cuando no exista retorno y reciclaje del mismo.

• Adicionalmente, esta reforma pretende desincentivar el consumo de cigarrillos elevando el gravamen sobre este tipo de bienes y corregir los desajustes en el cobro del ICE a las bebidas tanto importadas como nacionales, estableciendo un único parámetro para su cálculo, en base al establecimiento de un gravamen general específico y ad valorem a los consumos especiales, por litro de alcohol puro.

3.4 Política Financiera

• Para Ecuador es fundamental consolidar un sistema financiero estable y fuerte al largo plazo, basado en adecuados indicadores de liquidez, solvencia, calidad de activos, y en el que se eviten prácticas oligopólicas. Para ello, los lineamientos de política impulsados por el Gobierno buscan apuntalar la Red de Seguridad Financiera, para mejorar la prevención de riesgos sistémicos y enfrentar eventuales quiebras con el menor costo social posible. En ese sentido, el gobierno está activamente trabajando para fortalecer la supervisión y el control del sistema financiero, lo que permitirá atender oportuna y eficientemente problemas de liquidez y solvencia que presenten las Instituciones Financieras e incrementar el nivel de confianza de los depositantes en el sistema.

• A pesar de la recuperación del sistema financiero desde la crisis de 19992000, en los años siguientes, la estructura del mismo todavía carecía de profundización (acceso limitado) y había un escaso financiamiento para el sector productivo. En este contexto, impulsada por el Gobierno del Presidente Rafael Correa; a partir de 2007, surge la Ley de Creación de la Red de Seguridad Bancaria, expedida finalmente en diciembre de 2008, como un primer pilar hacia la nueva arquitectura financiera que primordialmente busca la estabilidad y solidez del sistema financiero a través de la acción efectiva del Estado ecuatoriano, que además garantizaría que el sector financiero esté al servicio del sector productivo.

• El sector financiero ecuatoriano se ha robustecido a partir de 2006 luego de la expedición de la Ley de Justicia Financiera, que redujo las comisiones cobradas por las entidades financieras a fin de estimular la intermediación financiera. De manera progresiva, en el periodo 2007 hasta el 2011, surgió la regulación que fijó las tasa de interés por segmento; el impuesto de la salida divisas; la norma que regula el coeficiente de liquidez doméstica; y la más importante, la Ley de Creación de la Red de Seguridad Financiera. La reducción de la tasa de interés permitió que una mayor porción de las utilidades generadas en el sector real de la economía permanezcan en el sector productivo de la economía y no se concentren, por el altísimo costo que tenía el dinero, en las entidades financieras. Ello fue especialmente favorable para la micro y pequeña empresa y para los agentes individuales, quienes vieron reducir los intereses de sus créditos ya sea para producción, vivienda o consumo.

• Por otra parte, a través de medidas como el coeficiente de liquidez doméstica y el impuesto a la salida de divisas, se logró que las entidades financieras mantengan una mayor proporción de recursos dentro del país de manera consecuente con las necesidades del esquema de dolarización. Como se ha mencionado anteriormente la administración de la liquidez interna es fundamental para una economía dolarizada, y a través de medidas concretas de política financiera se ha logrado una administración coherente de esa liquidez de acuerdo con las necesidades reales de la economía.

• La Red de Seguridad Bancaria (2011)[9] se concibió como un conjunto de instituciones y reglas que tienen como fin precautelar la estabilidad del sistema financiero y limitar las crisis sistémicas en el sector financiero al menor costo posible para la sociedad. Para alcanzar los objetivos de la ley se desarrollaron cuatro campos de acción dentro del sistema financiero.

• a) Supervisión bancaria preventiva y oportuna a cargo de la Superintendencia de Bancos y Seguros, lo que se tradujo en un fortalecimiento de esta entidad tanto en sus funciones como en sus capacidades, mejoramientos en el monitoreo y control de los recursos que manejan los bancos, promoción de la transparencia de la información del sistema financiero, desarrollo de iniciativas para mejorar en la prestación de servicios financieros y ampliación del acceso de la población a servicios financieros.

• b) Reformulación del Fondo de Liquidez para que provea de la liquidez necesaria al sistema en caso de ser necesario, este fondo es administrado por el BCE y utiliza los aportes de las mismas instituciones financieras sujetas de encaje.

• c) Promoción del aumento en el monto de garantía del seguro de depósitos que se maneja a través de la COSEDE (Corporación de Seguro de Depósitos, lo que antes era la Agencia de Garantía de Depósitos).

• d) Establecimiento de un nuevo esquema de resolución bancaria, más eficaz y flexible, que permite una salida ordenada de las instituciones que por algún motivo sean inviables. Los bancos que sean declarados liquidados por considerarse inviables, pasan a ser administrados por otro banco solvente, lo que hace que cubre de riesgo a los depositantes.

• Esta nueva estructuración del sistema financiero permitió que Ecuador promoviera exitosamente políticas anti-cíclicas durante la última crisis financiera mundial en 2009. En el contexto de crisis, el gobierno nacional preservó la liquidez de la economía mediante una gestión activa de intervención en la balanza de pagos; generación de instrumentos complementarios de liquidez doméstica; y, el impulso de la dinamización del crédito. La crisis de 2009 provocó una reducción de la demanda de crédito y, simultáneamente, una restricción de las entidades financieras; sin embargo, la gran diferencia la marcó la política financiera que se enfocó en dotar a la banca estatal de los recursos necesarios para hacer frente a la situación, favoreciendo a los micro y pequeños empresarios a través de líneas de crédito.

• Complementariamente, el plan gubernamental para fortalecer el sector financiero pretende que las iniciativas financieras populares (Cooperativas de Ahorro y Crédito (COAC), cajas y bancos comunales) se conviertan en agentes efectivos de desarrollo, ampliando su participación en el mercado financiero. Desde la perspectiva del Plan Nacional para el Buen Vivir se reconoce a la actividad financiera como una función de servicio de orden público, donde se debe promover la democratización del capital y la transferencia del ahorro hacia actividades productivas, especialmente las relacionados a las micro, pequeñas y medianas empresas, que han sido generalmente apartadas del sistema. Por ello, se promulgó la Ley de Economía Popular y Solidaria[10]que pretende normar las actividades concernientes a esta parte de la economía, así como dotarle al sistema de mecanismos de control de riesgo que le permitan financiar los emprendimientos de este tipo, el objetivo es fomentar las finanzas populares y promover proyectos de carácter económico y social. En la actualidad, las COAC pueden operar en el Sistema Nacional de Pagos y han posibilitado la expansión de los canales de distribución de remesas, el Bono de Desarrollo Humano, pagos de nóminas y proveedores del sector público, así como, pago de servicios públicos e impuestos.

3.5 Política Laboral

• El Estado ecuatoriano, a través del Ministerio de Relaciones Laborales, como rector de las políticas laborales a nivel nacional, con el fin de mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos y garantizando a las y los trabajadores de los sectores público y privado el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido; ha implementado y ejecutado mediante normas, proyectos y programas de desarrollo, las siguientes políticas:

Alcanzar un salario Digno y remuneraciones justas para los trabajadores, considerando las particularidades sectoriales, a través de la fijación y revisión del salario básico con carácter progresivo tendiente a alcanzar el salario digno y velar por el principio constitucional de "a trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración". Reagrupar el número, la estructura y el funcionamiento de las comisiones sectoriales y fomentar la asociatividad sindical por rama de trabajo.

Combatir las malas prácticas empresa Ministerio de Finanzas riales en el ámbito laboral y la seguridad social, así como precautelar la seguridad y salud en el trabajo; por medio de la automatización de los procesos y trámites legales que deben cumplir los empleadores, transparencia en la información (declaración de décimo tercero, décimo cuarto y utilidades a través de la Web), realizar controles para propiciar el pago real y oportuno de utilidades y elaborar manuales de procedimientos interinstitucionales entre la Superintendencia de Compañías, el SRI y el MRL para agilitar las demandas de los trabajadores, de ser el caso.

Precautelar los derechos de los trabajadores, implementado controles y políticas que permiten penalizar el incumplimiento de la afiliación al IESS de los trabajadores, así como combatir las prácticas fraudulentas en el pago de los aportes y remuneraciones a los trabajadores afiliados, lo que se ha visto reflejado en una mejoría en la calidad del empleo, actualmente existe un mayor número de afiliados al IESS.

Fortalecer el diálogo social, impulsar el diálogo tripartito en la toma de decisiones a través de lo cual los actores involucrados en el medio tengan una participación activa e incluyente (trabajadores, empleadores y Estado).

Fomentar en el ámbito laboral el cumplimiento de los derechos del Buen Vivir, en especial para los grupos de atención prioritaria y generar oportunidades de trabajo, sin ningún tipo de discriminación impulsando mecanismos de control para garantizar el derecho al trabajo, a la libre elección de trabajo,ࡠcondiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, a la protección contra el desempleo sin distinción de etnia, sexo, condición socio económica, condición migratoria, estado de salud, discapacidad, etc.

Aportar para la erradicación del desempleo y radicalizar las acciones para la eliminación de la explotación laboral, crear y fortalecer el sistema y estructura pública para facilitar la accesibilidad al empleo (centros y bolsas de empleo), proporcionar a los grupos de atención prioritaria capacitación y formación profesional a través del SECAP, contribuyendo a impulsar el empleo sectorial, la creación y desarrollo de PYMES y del sector artesanal.

Fortalecer el marco legal e institucional de las relaciones laborales a través de la reestructuración del Ministerio de Relaciones Laborales y sus instituciones adscritas en su optimización del talento humano, estructura orgánica, infraestructura y estructura procedimental, implementar herramientas tecnológicas que faciliten los procesos a través de la automatización y sistematización fomentando la desconcentración.

Fomentar el conocimiento de la normativa laboral vigente, entre trabajadores y empleadores, con la finalidad de favorecer el mayor y mejor entendimiento de los derechos y obligaciones laborales de las partes, como de la correcta aplicación de las disposiciones del Código del Trabajo en función de la dinámica de las relaciones laborales actuales.

Erradicar el trabajo infantil junto a entidades del sector público y organizaciones no gubernamentales mediante el desarrollo de programas y campañas a nivel nacional.

Adaptar el marco jurídico laboral a las necesidades del país (Código de Trabajo, Ley Orgánica del Servicio Público, Ley de Seguridad Social) en coordinación con otra Instituciones, para generar espacios de diálogo participativo que viabilicen aspectos como la formulación, recepción y análisis de sugerencias, observaciones y propuestas por parte de trabajadores y empleadores adecuando modalidades contractuales a las realidades y necesidades de trabajadores y empleadores, en el marco de la Constitución y la normativa vigente.

• Estas políticas han permitido que las condiciones laborales de los ecuatorianos mejoren sustancialmente en lo referente a la calidad del trabajo y han reivindicado sus derechos evitando la explotación laboral, y fomentando mejoras en materia salarial mediante la revisión anual del salario básico con carácter progresivo hasta alcanzar el salario digno, el control del pago del sueldo básico y la afiliación a la seguridad social para los trabajadores del servicio doméstico. Conforme a datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador (INEC) y del Banco Central del Ecuador (BCE), en junio de 2011 el 46,5 por ciento del total de ocupados plenos no estaba afiliado al IESS. En 2011 este porcentaje se redujo al 40,7 por ciento.

Sector externo

4.1 Política Comercial

4.1.1 Nuevo enfoque de la política comercial

• Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones

• El 29 de diciembre de 2010 se publicó en el Registro Oficial del Ecuador el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, el que junto con la Agenda de Transformación Productiva, desarrolla una nueva estrategia conceptual e institucional del país, fruto de una gran concertación interna con sectores productivos de distinta índole y tamaño, academia, gobiernos locales y agencias de desarrollo, entre otros.

• La Agenda de Transformación Productiva enfatiza en la importancia de 14 sectores productivos, como prioridades del Gobierno Nacional, puesto que son sectores con alta incidencia en los niveles de empleo, son agregadores de valor y desconcentran las actividades productivas de manera territorial.

• La construcción de la Agenda se realizó de manera participativa, en donde empresarios, microempresarios y pequeños productores plasmaron sus necesidades frente a las diferentes iniciativas de desarrollo que el Gobierno Nacional está implementando.

• Es así como los ecuatorianos y el Gobierno Nacional trabajan juntos para lograr la aplicación de esta Agenda, la cual se consolida a través de la creación del Código Orgánico de la Producción, el cual abarca temas relacionados al desarrollo productivo, desarrollo de la inversión productiva y sus instrumentos, comercio exterior, competitividad sistémica y sostenibilidad de la producción, todo esto bajo un marco de respeto al ambiente y fortalecimiento de la industria y MIPYME ecuatoriana.

• En el ámbito de inversiones, el Código estimula la inversión nacional y extranjera para la transformación productiva y la redistribución de réditos de manera equitativa hacia la comunidad.

• Se espera lograr que a través del trabajo conjunto entre Estado, sector privado y sector laboral, se estimule: la inversión productiva nacional y extranjera; la producción de micro, pequeñas y medianas empresas; la producción de los sectores que se han reconocido como prioritarios; la producción en las zonas especiales de desarrollo económico (Zedes)[11]; y la producción con respeto a la naturaleza.

• El Código de la Producción regla el desarrollo productivo, mecanismos y órganos de competencia; el desarrollo de la inversión productiva y sus instrumentos con particular énfasis en el desarrollo productivo de la economía popular, solidaria y comunitaria; el desarrollo empresarial de las micro, pequeñas y medianas empresas y de la democratización de la producción; el comercio exterior, sus órganos de control e instrumentos; la competitividad sistémica y de la facilitación aduanera sobre la cual también se crea una nueva institucionalidad y, finalmente, sobre la sostenibilidad de la producción y su relación con el ecosistema.

• El Código supuso además un extenso y detallado ejercicio legal de reforma de leyes vigentes y de derogación de otras para dar una coherencia en materias y de organicidad a su contenido. En tal sentido tuvieron que reformarse leyes como la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero; la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno; la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador; la Ley del Régimen del Sector Eléctrico; el Código del Trabajo; la Ley de Seguridad Social; la Ley para la Promoción de la Inversión y de la Participación Ciudadana; la Ley de Desarrollo del Puerto de Manta; la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad y, finalmente, la Ley para Estimular y Controlar la Producción y Comercialización del Banano, Plátano (barraganete) y otras musáceas afines destinadas a la exportación.

• El Código de la Producción derogó además 14 leyes. Al momento se está trabajando en los reglamentos al Código que son parte integrante del mismo y más que todo complementaria.

4.1.2 Agenda de comercio exterior

4.1.2.1 Ámbito multilateral

• El Ecuador es parte de la Organización Mundial del Comercio desde el 21 de enero de 1996. El Ecuador no forma parte de ninguno de los acuerdos plurilaterales, que son de carácter voluntario, tales como el Acuerdo sobre Tecnología de la Información y el Acuerdo sobre Contratación Pública de la OMC.

• El Ecuador no ha participado como parte demandada en proceso alguno sometido al Órgano de Solución de Diferencias de la OMC; y ha participado como parte demandante en el largo caso vinculado con el régimen discriminatorio de importación de banano de la Unión Europea; y contra una medida antidumping impuesta por los Estados Unidos sobre las importaciones de camarones. El país, de igual manera, ha participado en calidad de tercera parte en varios casos legales.

• Dentro del proceso de adhesión de nuevos Miembros a la OMC, el Ecuador ha suscrito Protocolos bilaterales de acceso a mercados con China, Federación Rusa, Reino de Arabia Saudita, Ucrania, Kazajstán y Serbia; y mantiene negociaciones bilaterales con otros países, tales como Argelia, Bielorrusia, Bosnia-Herzegovina, Líbano, Siria, Libia, Bahamas, Yemen, Montenegro y Uzbekistán. Estas negociaciones bilaterales en el marco multilateral, han permitido la apertura de nuevos mercados para productos tradicionales y de potencial exportación, tales como: flores, banano, productos del mar, piñas, mango, cacao, palmito, concentrados de jugo, coliflor, brócoli, madera, prendas de vestir, servicios, entre otros; bienes que ingresarán con aranceles consolidados muy bajos una vez que estos países culminen su proceso de adhesión a la OMC.

• El país ha notificado regularmente, conforme a las prescripciones en materia de transparencia, en las esferas de agricultura, medidas sanitarias y fitosanitarias y obstáculos técnicos al comercio. Actualmente, realiza un arduo trabajo tendiente a actualizar las notificaciones pendientes, así como garantizar la continuidad de las notificaciones.

• Dentro de los lineamientos de política exterior, conforme a la Constitución de 2008, se reconoce al derecho internacional como norma de conducta; se promueve la "democratización" de los organismos internacionales; y la equitativa participación de los países en desarrollo en los mismos, sobre la base de los principios de transparencia e inclusión, la efectiva implementación del trato especial y diferenciado, salvaguardando el espacio de política pública en los compromisos que se adopten. En este sentido, el Ecuador ha dedicado su máximo empeño a la conclusión de la Ronda de Doha para el Desarrollo de la OMC, cuyas negociaciones se iniciaron en noviembre de 2001 y aún están pendientes de conclusión. El Ecuador, por ende, asigna al multilateralismo un rol protagónico en su esquema de relaciones comerciales, por constituir el foro más idóneo para que los países en desarrollo, a través de varias coaliciones de países, promuevan la adopción de normas y disciplinas comerciales, que eliminen las distorsiones existentes en el comercio internacional.

• Negociaciones de la Ronda de Doha para el Desarrollo en la Organización Mundial de Comercio (OMC)

• El Ecuador es un país en desarrollo que representa apenas el 0,098 del comercio mundial de bienes no agrícolas y el 0,326 de productos agrícolas. Su ingreso a la OMC en el año 1996 supuso la aceptación por parte del país de bajos niveles de consolidación arancelaria, amplios compromisos en materia de servicios y un giro en su normativa sobre propiedad intelectual.

• El Ecuador integra el denominado "Grupo de Miembros de Reciente Adhesión" (RAMs) por haber asumido compromisos ambiciosos en su proceso de adhesión a la OMC en 1996 comparados con los compromisos asumidos por los países que fueron parte del anterior GATT. De igual manera, participa dentro del Grupo de las "Economías Pequeñas y Vulnerables", en virtud de su porcentaje de participación en el comercio mundial.

• El Ecuador considera que las modalidades de negociación sobre agricultura y NAMA presentadas en diciembre de 2008 y ratificados en abril de 2011, constituyen la base para avanzar en estas negociaciones, con el objeto de culminar lo más pronto posible la Ronda de Doha para el Desarrollo.

• Asimismo, el Ecuador refleja sus intereses a través de su participación en el G-20 agrícola, negociaciones que para nuestro país constituyen la parte central de la Ronda de Doha y cuyos resultados deberán determinar el nivel de ambición en el resto de áreas bajo negociación, dado que en las mismas los países desarrollados deberán demostrar un compromiso amplio por reducir las medidas que distorsionan al comercio. El Ecuador, como parte del Grupo de Países Tropicales, ha desarrollado una estrategia con los países desarrollados de la OMC, para que se respete el mandato de la más amplia liberalización de estos bienes agrícolas y como un aspecto de trato especial y diferenciado.

• De igual manera, el Ecuador lideró en la OMC el proceso de negociación para la adopción del Acuerdo de Ginebra para el Comercio de Bananos, instrumento suscrito en Ginebra, el 31 de mayo de 2010, entre los países latinoamericanos proveedores de banano al mercado comunitario y la Uniónŵropea, instrumento con el que se concluyó de manera definitiva y exitosa 16 años de litigio multilateral y que ha permitido al país la reducción del arancel de 176 euros/tm a uno que llegará a 114 euros/tm en un período de 8 a 10 años, sujeto a un calendario de desgravación progresiva.

• El Ecuador negocia compromisos de acceso a mercados para productos no agrícolas (NAMA) en materia de reducción arancelaria; los enfoques sectoriales; y, la creación de reglas que eliminen o reduzcan los obstáculos técnicos al comercio. Se calcula sus recortes arancelarios en promedio y no en forma lineal mediante la aplicación de la fórmula suiza.

• En cuanto a las negociaciones sobre comercio y ambiente, el Ecuador promueve un enfoque basado en ofertas y demandas de bienes y servicios ambientales, que incluya a los productos agrícolas orgánicos y a aquéllos derivados de la biodiversidad, así como la eliminación de los obstáculos técnicos al comercio. Como parte del principio de trato especial y diferenciado, el Ecuador propone la efectiva transferencia de tecnología para combatir los efectos del cambio climático.

• En las negociaciones sobre propiedad intelectual, el Ecuador asigna singular importancia a la reforma del Acuerdo sobre los ADPIC, para que se incorporen las disposiciones del Acuerdo sobre Diversidad Biológica que contemplan la exigencia a los solicitantes de patentes de la divulgación de la fuente y el país de origen del material biológico/genético y de los conocimientos tradicionales conexos utilizados en su invención, así como de las pruebas del consentimiento fundamentado previo y de la distribución equitativa de los beneficios.

• El Ecuador forma parte de la coalición de los "Amigos del Pez", que busca la eliminación de las subvenciones a la pesca por parte de los países desarrollados como factor determinante para la conservación del recurso pesquero, que evite la sobreexplotación y sobre pesca de este recurso, así como el reconocimiento de un trato especial y diferenciado para los países en desarrollo, particularmente para los sectores más vulnerables como es la pesca artesanal, sin que ello se constituya en un cheque en blanco para que los actuales subvencionadores sean reemplazados por otros.

• El Ecuador, a partir de julio de 2004, mantiene una activa participación en el Grupo de Facilitación del Comercio, negociación que constituye el único tema de los denominados "temas de Singapur" que se negocia en la OMC, cuyo objetivo es la simplificación de procedimientos y controles aplicados a la circulación de mercancías a través de las fronteras nacionales. Además, busca potenciar la asistencia técnica y la creación de capacidad de los países en desarrollo.

• En el Consejo de Comercio de Servicios, el Ecuador ha participado activamente en las negociaciones sobre reglamentación nacional, subvenciones, salvaguardias y compromisos específicos establecidas en la Ronda de Doha. En virtud de que el Ecuador adquirió amplios compromisos cuando adhirió a la OMC, el país busca flexibilidades adicionales, especialmente en materia de cobertura sectorial y modal de las listas de compromisos específicos y horizontales, así como que en materia de regulación no existan limitaciones que limiten el espacio de política pública interna.

4.1.2.2. Ámbito bilateral

• A partir de 2006, la política comercial del Ecuador procura una inserción inteligente en la economía mundial. Para este fin se han definido importantes ejes de acción como la diversificación de mercados; diversificación de productos; la complementariedad económica, la reducción de asimetrías y el desarrollo endógeno.

• La sólida relación que el Ecuador ha tenido a lo largo de décadas con socios comerciales tradicionales como los Estados Unidos y la Unión Europea, ha provisto al Ecuador de grandes mercados pero, a la vez, ha creado cierta dependencia de ellos. Consecuentemente, los cambios en la economía estadounidense, por ejemplo, han tenido notorias repercusiones para la economía ecuatoriana. Para dar una alternativa a esta situación, sin descuidar a un socio comercial tan importante, se están estrechando los vínculos, particularmente comerciales, con antiguos y nuevos socios. De esta forma se busca diversificar los mercados para la oferta exportable ecuatoriana. Los acercamientos a los países árabes y Turquía y próximamente a los países europeos miembros de EFTA (Suiza, Noruega, Liechtenstein e Islandia), detallados abajo, reflejan los esfuerzos realizados en este sentido.

• Igualmente, las exportaciones (no petroleras) ecuatorianas se han concentrado en un número muy limitado de productos. Si bien estos productos han ganado un significativo lugar en los mercados internacionales, esta realidad ha limitado la potencialización de los recursos del país en la exploración y producción de productos adicionales y ha causado a su vez dependencia de ellos. Con el fin de diversificar la oferta exportable ecuatoriana y enriquecerla se trabaja muy de cerca con sectores prioritarios, especialmente de las micro, pequeñas y medianas empresas (MYPIMES) y de las organizaciones de la economía popular y solidaria (OEPS), para desarrollar las capacidades necesarias para alcanzar un crecimiento productivo y exportable sostenible.

Partes: 1, 2, 3, 4, 5