Examen de las políticas comerciales (página 4)

a Las crestas arancelarias nacionales se definen como los tipos que superan tres veces el promedio simple global de los tipos aplicados.

b Las crestas arancelarias internacionales se definen como los tipos superiores al 15 por ciento.

c Son tipos "de puro estorbo" los superiores a 0 pero inferiores o iguales al 2 por ciento.

Fuente: Cálculos de la Secretaría de la OMC basados en los datos proporcionados por las autoridades ecuatorianas.

• El Ecuador aplica contingentes arancelarios con respecto a 17 líneas (4, 6 u 8 dígitos); todos los productos a los que se aplican contingente arancelario están sujetos al Sistema Andino de Franjas de Precios (SAFP), generalmente estos contingentes son asignados al importador en función del consumo histórico y pueden aplicarse conjuntamente con un requisito de absorción para precautelar la producción nacional (los importadores deben comprar una parte de la producción nacional para recibir la autorización de importación del producto).

5.3 Estrategia Nacional de Logística

Antecedentes

• Ecuador cuenta con un sector de logística y transporte de mercancías que actualmente no da respuesta a las necesidades del sector productivo, limitando su competitividad y amenazando el desarrollo de la Agenda de Productividad Diversificación y Transformación, especialmente en lo referente a las estrategias de diversificación y transformación productiva ambas basadas en bienes de una complejidad logística elevada.

• La mayor parte de los servicios ofrecidos se limitan a servicios de transporte con un bajo valor agregado, siendo otros más complejos como el almacenaje y distribución internalizarlos por parte del sector productivo. Se observa una limitada especialización en los servicios, más en concreto en el manejo de la cadena de frío, los procesos de picking–packing y la gestión de referencia en los almacenes, así como en segmentos especializados de logística como de alimentos y los gráneles donde se observa una ausencia de flota granelera de calidad.

• La falta de idoneidad del material móvil influye tanto en la reducida oferta de servicios como en la falta de especialización de los mismos y supone un factor limitante del abanico de servicios ofrecidos. En este sentido, la mayor parte de la flota vehicular[21]entre un 60 por ciento y 80 por ciento, se considera obsoleta, con una edad mayor de 32 años y generalmente no adaptada a los productos que deben transportar, causando daños al material y pérdidas monetarias.

• En paralelo a esto, la consideración de la logística como un elemento de costo por una buena parte del sector productivo condiciona la sofisticación de la oferta de servicios, y dificulta la migración de prácticas tradicionales y empresas con cierta precariedad de gestión hacia patrones orientados a la vocación de servicio y desarrollo de actividades de valor agregado. Al mismo tiempo constituye una barrera financiera para la entrada de nuevos operadores logísticos o la sofisticación de la oferta de las empresas de transporte (no encuentran demanda que les permita financiar sus proyectos).

• Se constatan carencias a nivel de formación en proveedores y usuarios de servicios logísticos de pequeño y mediano tamaño, tanto en capacidades gerenciales como en aspectos especializados del manejo de carga (trámites asociados al comercio exterior, procedimientos de cargue y descargue, estiba, etc.). El grueso de los transportistas individuales[22]posee un nivel de formación en logística y manejo de cargas bajo, situación similar a la de la gran mayoría de los operarios del sector productivo.

• En razón de todo lo anterior se constata la necesidad de creación de un marco estratégico integral que oriente la intervención del sector público, que ordene la actuación privada y que dé respuesta a los principales problemas del sector, mediante el establecimiento de una visión de futuro del sector de logística y transporte nacional, con miras a conjuntar todas las acciones y estrategias hacia la consecución de este objetivo. Este marco estratégico parte de la definición de una Política Nacional de Logística a partir de la cual se establezca el marco institucional, legal y regulatorio, financiero, así como el perfil de los recursos humanos del sector etc. requeridos para superar las dificultades y catapultar el sistema logística nacional hacia el futuro.

Objetivos de la estrategia nacional

• Los objetivos de la política representan lo que se intenta lograr en el sistema a través de una política sectorial y que servirán de base para el planteamiento de las estrategias de actuación o líneas de apuesta del Estado. A continuación se presentan los diez objetivos propuestos para la Estrategia Nacional de Logística conjuntamente con el alcance de cada uno de los mismos:

• Avanzar hacia la consolidación y formalización del sector transporte, generando empresas de dimensión competitiva en términos de tamaño, robustez, diversificación en la oferta de servicios y calidad: FORMALIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN.

• Propiciar la transformación del sector transportista ecuatoriano en un prestatario fiable de servicios logísticos competitivos en términos de calidad y costo: TRANSFORMACIÓN DE LOS OPERADORES.

• Fomentar la comercialización e internacionalización de los operadores de servicios de transporte y logística, posicionando a Ecuador como un referente de calidad a nivel de la región andina: INTERNACIONALIZACIÓN.

• Potenciar la modernización y la competitividad del sector a través de la innovación empresarial y la incorporación de nuevas tecnologías de información y comunicaciones para la gestión eficiente de las operaciones: INNOVACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS.

Adecuar las capacidades de la oferta de transporte y logística a las necesidades reales de los diferentes segmentos productivos, sin discriminación del mercado atendido: ADAPTACIÓN A SEGMENTOS PRODUCTIVOS.

Incentivar el desarrollo de la multimodalidad en el sector transporte, como herramienta para el crecimiento sostenible y equilibrado de las potencialidades regionales y el aprovechamiento de la infraestructura instalada a nivel nacional: COMPETENCIA MULTIMODAL.

Promover la imagen del sector y propiciar la reducción de las externalidades negativas asociadas a la operación del transporte de carga (ambientales, accidentes, seguridad física, etc.): REDUCCIÓN EXTERNALIDADES NEGATIVAS.

Adaptar las instituciones relacionadas con el desarrollo del Sistema Logístico Nacional a las necesidades de fortalecimiento del sector transporte y logística: ADECUACIÓN INSTITUCIONAL.

Favorecer una mejor utilización de las infraestructuras logísticas locales y de comercio exterior, completando la creación de una red nacional integrada física y operacionalmente: INFRAESTRUCTURA LOGÍSTICA.

Apostar por el desarrollo de las capacidades logísticas nacionales y propiciar la profesionalización de la operación y gestión en todos los ámbitos y niveles de la logística: CAPACIDADES NACIONALES.

• Especialmente el objetivo de Internacionalización de operadores nacionales, el desarrollo de competencia multimodal y el de creación de una red de infraestructura logística son los que apuntalan directamente al mejoramiento de la balanza de servicios por la posibilidad de desarrollar proveedores locales, no solo para el sector productivo nacional sino para el regional.

5.4 Facilitación Aduanera para el Comercio

• En los últimos cinco años (2005 al 2010) se evidencia una mejora en los servicios de aduana a efectos de facilitar el comercio exterior y ejercer un mejor control a la entrada y salida de mercancías, unidades de carga y medios de transporte, lo que permitió pasar de 11,91 días en tiempo total de despacho (desde la llegada del medio transporte hasta el levante de la mercancías) a 6,54 días a finales del año 2010. Lo que no se ha traducido en un deterioro de las recaudaciones tributarias incrementándose en 53 por ciento comparando los niveles de recaudación del año 2005.

• El 23 de octubre de 2007 se reforma la Ley Orgánica de Aduanas, en donde se logra eliminar el certificado de inspección en origen como documento de acompañamiento a la declaración aduanera, ahorrando al sector importador aproximadamente 70 millones de dólares EE.UU. anuales, así como eliminar el visto bueno del Banco Central del Ecuador como requisito previo al embarque de las mercancías en las importaciones a consumo.

• Dentro de las reformas, se incluye el concepto de análisis de perfiles de riesgo para el aforo de las mercancías, lo que significó pasar de 75,54 por ciento de trámites aforados físicamente en el mes de Enero de 2005 a 25,04 por ciento en el mes de mayo de 2011, así mismo con relación al perfilamiento para el control sobre la duda razonable significó reducir de 29,80 por ciento en el año 2008 a 4,47 por ciento en el año 2010 sobre el total de Declaraciones Aduaneras. Adicionalmente se incluyó la utilización de sistemas tecnológicos de escaneo con rayos X o similares, para el control de mercancías, lo que en mayo de este año significó un 0,87 por ciento de trámites asignados a este canal de aforo, pues cuenta con pocos meses de implementación total. El canal de aforo automático, que permite que las mercancías sean levantadas con la validación electrónica de la información de la Declaración Aduanera transmitida a nuestro sistema de aduana, y su posterior presentación física, significó para el mes de mayo el 27,88 por ciento de los trámites a nivel nacional.

• También se consideró incluir dentro del control aduanero la fase de control posterior que ha permitido realizar intervenciones a locales comerciales, consiguiendo importantes resultados traducidos en el número de aprehensiones.

• En el año 2010 se adopta de manera integral la Decisión 671 de la CAN con la finalidad de armonizar la utilización de los regímenes especiales, pues habían sido tomadas en cuenta en la legislación comunitaria y nacional de los países miembros. Así mismo, se viene trabajando con personal in-house de la Aduana de Corea del Sur (premiada reiteradamente por la OMA) para implementar el nuevo Sistema Informático Aduanero (ECUA-PASS), sistema que incluye varios módulos, incluidos Portal Ventanilla Única, despacho importación, carga de importación, despacho de exportación, carga de exportación, sistema legal, control posterior, gestión de riesgo, etc.

• Para el 29 de Diciembre de 2010 se expide el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, y es el Título II de la Facilitación Aduanera para el Comercio del Libro V el cual reemplaza la anterior Ley Orgánica de Aduanas. Libro que otorga facultades al Servicio Nacional de Aduana del Ecuador basados principalmente en procesos aduaneros ágiles, recaudación adecuada, fomento a la competencia justa, y sanciones justas y disuasivas.

• En este nuevo cuerpo legal se recogen conceptos tales como el despacho con pago garantizado, el cual permite a los operadores de comercio exterior obtener el levante de las mercancías inmediatamente después de liquidada la declaración aduanera, sin que se autorice el respectivo pago de los tributos al comercio exterior y demás recargos, siempre y cuando, se hubiere otorgado una garantía general anual conferida para el efecto. Así mismo la definición de operador económico autorizado, persona natural o jurídica involucrada en el movimiento internacional de mercancías, que cumpla con las normas equivalentes de seguridad de la cadena logística establecidas, para acceder a facilidades en los trámites aduaneros.

5.5 Normas Técnicas

• La Constitución de la República del Ecuador, en el Artículo 52 establece en el párrafo primero que " Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa sobre su contenido y características"; y en párrafo segundo " La Ley establecerá los mecanismos de control de calidad, los procedimientos de defensa de las consumidoras y consumidores; y las sanciones por vulneración de estos derechos, la reparación e indemnización por deficiencias, daños o mala calidad de bienes y servicios, y por la interrupción de los servicios públicos que no fuera ocasionada por caso fortuito o fuerza mayor".

• La Ley Orgánica de Defensa del Consumidor en el Artículo 4 de los Derechos del Consumidor, establece 14 derechos fundamentales relacionados con la calidad de los bienes y servicios.

• La Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, establece en el Artículo 3, lo siguiente: "Declarase política del Estado la demostración y promoción de la calidad, en los ámbitos público y privado, como un factor fundamental y prioritario de la productividad, competitividad y desarrollo nacional.

• Con base a estos instrumentos legales y a los objetivos del Plan Nacional para el Buen Vivir, el INEN ha alineado sus objetivos estratégicos y sus actividades diarias de la siguiente manera:

Para cumplir con el primer objetivo estratégico de formular y expedir normas técnicas ecuatorianas (NTE) y reglamentos técnicos ecuatorianos (RTE) que sirvan de referencia para la fabricación y comercialización de materia prima, productos intermedios y productos terminados, el INEN ejecuta las siguientes actividades: estudio, formulación, sustentación y emisión de normas técnicas ecuatorianas (NTE) y reglamentos técnicos ecuatorianos (RTE); emisión de normas técnicas ecuatorianas revisadas; y estudio, formulación, sustentación y emisión de códigos de práctica, guías de práctica y manuales técnicos.

Para cumplir con el segundo objetivo estratégico de elevar el nivel de calidad de los productos, de los servicios, de las empresas y del personal que trabaja en el ámbito de la calidad de esas empresas, para alcanzar mejores niveles de competitividad en los mercados nacional e internacional, el INEN ejecuta las siguientes actividades: certificación de conformidad con norma para productos o muestras de productos; certificación de conformidad con sello de calidad INEN; certificación de conformidad con reglamento técnico ecuatoriano; certificación de sistemas de gestión de la calidad; y certificación y registro de Personal que trabaja en los ámbitos de la calidad.

Para cumplir con el tercer objetivo estratégico de contribuir con el desarrollo de la tecnología en el país a través de la ejecución de ensayos físicos, mecánicos y analíticos y la calibración de instrumentos de pesar o medir, el INEN ejecuta las siguientes actividades: ejecución de ensayos físicos, mecánicos y analíticos de materiales, productos o muestras de productos de uso industrial, doméstico o de investigación; certificación de elementos de pesar o medir en las empresas en elementos correspondientes a las magnitudes de masa, longitud, volumen, fuerza, presión, temperatura y humedad.

Para cumplir con el objetivo estratégico cuarto de proteger la salud y seguridad de los clientes y usuarios de bienes o servicios en el país a través de la vigilancia del cumplimiento con los requisitos de las normas técnicas ecuatorianas y los reglamentos técnicos ecuatorianos, el INEN ejecuta las siguientes actividades: emisión del certificado (formulario INEN 1) para bienes importados sujetos a control; emisión de Informes de verificación y evaluación del cumplimiento de los productos con las normas técnicas ecuatorianas (NTE INEN).

• Desde el año 2005 hasta la presente fecha se ha notificado a la OMC 58 reglamentos técnicos ecuatorianos (RTE INEN) y 5 procedimientos de evaluación de la conformidad.

5.6 Normas Sanitarias y Fitosanitarias

• Mediante Decreto Ejecutivo No. 1449 de fecha 22 de noviembre del 2008 se crea la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del AGRO (AGROCALIDAD); la misma que asume todas las funciones del Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria (SESA).

• Las principales disposiciones jurídicas relativas a la sanidad animal y vegetal figuran en la legislación nacional, que incluye también las normas pertinentes de la OMC, y en diversos instrumentos aprobados por los países miembros de la Comunidad Andina y de la Junta del Acuerdo de Cartagena. La Comunidad Andina de Naciones, ha realizado la actualización de la normativa comunitaria, de los requisitos sanitarios para el intercambio comercial intra subregional y el comercio con terceros países, de: animales, productos y subproductos: bovinos[23]equinos[24]cerdos[25]aves.[26] También se modificó el catalogo básico de plagas y enfermedades, de los animales exóticos de la subregión.[27] En el área fitosanitaria desde el 2005 se han emitido varias normas fitosanitarias que se basan en la Resolución No. 11 AGROCALIDAD Establecimiento de requisitos fitosanitarios.

• Adicionalmente en AGROCALIDAD, se registran los productos tales como plaguicidas y los de uso veterinario siguiendo normativa internacional como la Normativa 436 y 483 de la Comunidad Andina de Naciones.

• AGROCALIDAD forma parte del Comité Nacional del Codex Alimentarius (CNCA), creado mediante Decreto Ejecutivo en octubre de 2004, como ente asesor del Gobierno Nacional, encargado del estudio, propuesta, análisis y evaluación de todas aquellas materias relacionadas con el trabajo de la Comisión del Codex Alimentarius.

• Para el establecimiento de normativas fitosanitarias de productos vegetales de importación o exportación no se realizan análisis de costos y beneficios, por ejemplo los estudios de análisis de riesgo de plagas (ARP) para establecer requisitos fitosanitarios de productos vegetales de importación consiste en estudios cualitativos y no cuantitativos; sobre todo trabajos científicos para la determinación de plagas y/o enfermedades que pueden estar presentes tanto en la importación como en la exportación de productos, en base a la aplicación de las normas internacionales para medidas fitosanitarias (NIMF) de la CIPF, relacionadas a análisis de riesgo de plagas y medidas de mitigación del riesgo, así como también a lo que establece la Organización Internacional de Salud Animal (OIE) y entes internacionales en el manejo de plaguicidas como el Convenio de Rotterdam. Por lo tanto en AGROCALIDAD, existe personal capacitado en la normativa de la CIPF, OIE y CODEX ALIMENTARIUS.

• AGROCALIDAD también trabaja en lo referente de importaciones de productos que estén bajo su control como lo son plantas, animales y/o plaguicidas y productos veterinarios, para el caso de importaciones amparadas por un certificado zoosanitario o fitosanitario (emitidos por el organismo nacional protección fitosanitaria, del país de origen), estas están sujetas a inspección física realizada por AGROCALIDAD en el puerto de entrada. Si la inspección física arroja un resultado satisfactorio, AGROCALIDAD emite una licencia con la cual se pueden introducir los productos. En el caso de incumplimiento de los productos son rechazados y deben ser reexportados al país de origen, o luego de un tiempo se declaran en abandono y son destruidos. No se emite una licencia sino un documento de liberación fitosanitaria llamado Documento de Destinación Aduanera, el cual le sirve al interesado para continuar con los trámites de nacionalización en el SENAE.

• La importación de aditivos, alimentos procesados, medicamentos, drogas, productos homeopáticos, dispositivos médicos y plaguicidas de uso doméstico requiere un registro sanitario expedido por el Ministerio de Salud Pública. Además del registro sanitario, se necesita obtener una licencia de importación del mismo ministerio para importar los aditivos, alimentos procesados y sus materias primas, medicamentos, cosméticos, drogas, productos homeopáticos, dispositivos médicos y plaguicidas de uso doméstico.

• Desde el año 2005 hasta la presente fecha se han realizado 279 notificaciones en temas sanitarios y fitosanitarios por parte de Ecuador a la OMC.

5.7 Propiedad Intelectual

• La Constitución de Montecristi del año 2008, contempla normas relativas a propiedad intelectual en lo referente a la protección de conocimientos tradicionales, derecho de autor, acceso recursos genéticos. Siendo esto un gran avance a la protección de la propiedad intelectual ya que se contemplan de manera expresa en la norma suprema diferentes áreas de protección de la propiedad intelectual que antes no se contemplaban.

Patentes: licencias obligatorias para patentes farmacéuticas

• Con fecha 23 de octubre de 2009, mediante Decreto Ejecutivo No. 118 se declaró de interés público el acceso a las medicinas utilizadas para el tratamiento de enfermedades que afectan a la población ecuatoriana y que sean prioritarias para la salud pública, para lo cual estableció que se podrá conceder licencias obligatorias sobre las patentes de los medicamentos de uso humano que sean necesarios para sus tratamientos. La Decisión 486 del Régimen Común de Propiedad Industrial en su artículo 64, establece las condiciones que el artículo 31 del Acuerdo de los ADPICs señala para que los países miembros puedan emitir licencias obligatorias.

Observancia de derechos marcarios y de autor

• El IEPI tiene en efecto esta facultad desde su creación. Existen dos figuras, la tutela administrativa y las medidas en frontera, bien sean de oficio o a petición de parte.

• Respecto de las tutelas administrativas existe un promedio de 50 procesos anuales desde el año 2005. No obstante, haber sido la mayoría de tutelas iniciadas por los titulares de derechos afectados, desde el año 2010 el IEPI inició procesos administrativos de oficio que buscan identificar y sancionar a los grandes canales de comercialización de reproducciones ilícitas de productos audiovisuales, cuyas resoluciones han sido impugnadas por los infractores ante los Tribunales competentes que han ratificado lo resuelto por el IEPI.

• Respecto de las medidas en frontera, que se empezaron a aplicar desde el año 2007, se han tomado hasta el mes de abril del 2011, más de 1.000 medidas, de las cuales casi su totalidad han sido realizadas de oficio y en muy pocas han comparecido los titulares de los derechos afectados a defender sus interés, haciendo que se complique para la administración aduanera y para el IEPI el poder determinar la infracción.

• Adicionalmente, de todo este universo de medidas en frontera, la modalidad de propiedad intelectual más vulnerada es la de los derechos de autor, a través de reproducciones o copias de imágenes protegidas o utilización de obras en mercadería sin licencias o autorizaciones.

• Como ejemplo tenemos que en el 2010, de 189 medidas adoptadas, 104 fueron violaciones al derecho de autor. en lo que se refiere al año 2011, hasta la fecha existen 78 medidas correspondientes a todas las modalidades de la propiedad intelectual.

• El IEPI incluye compañas de concientización, y difusión de la PI a organismos públicos y privados, con la consecuente adopción y resolución de las tutelas y medidas en frontera adoptadas. Respecto de las fechas es importante anotar que durante todo el año se encuentran establecidas actividades de difusión a distintos públicos y participación en distintas ferias y eventos. Los objetivos, van encaminados a generan un crecimiento del número de personas que conozcan sus derechos como creadores y reducir los niveles de infracciones y de falta de respeto de la ley. Como resultados tenemos un aumento de los registros de obras en el IEPI (2.132 obras registradas en el 2009 versus 2.386 obras registradas en el año 2010) y un continuo ejercicio de las tutelas administrativas gracias a que los creadores conocen sus derechos y accionan. Así, respecto de las tutelas tenemos por ejemplo en derecho de autor, que en el año 2005 se presentaron seis tutelas, en el año 2006 se presentaron 54, en el 2007 46, en el año 2008 60 acciones, en el 2009 40 y en el año 2010 la cantidad de 42 acciones.

5.8 Política de Calidad

• La política de calidad del Sistema Nacional de la Calidad se sustenta en normas que protegen y promueven el bienestar del ciudadano a través del fomento a la producción de bienes industriales de calidad y del consumo de bienes y servicios de calidad, sanos y seguros, como elementos esenciales el SNC opera en dos campos de acción.

• La Política de Calidad está alineada con el Plan Nacional del Buen Vivir, Política Industrial, Agenda de Transformación Productiva Territorial, Código de la producción.

• Las líneas de acción de la Política de la Calidad se desprenden de la Ley de la Calidad cuyo fundamento radica en: i) regular el funcionamiento del sistema ecuatoriano de la calidad; ii)࣯ordinar la participación de la administración pública en las actividades de evaluación de la conformidad; iii)ॳtablecer los mecanismos e incentivos para la promoción de la calidad en la sociedad ecuatoriana; iv) establecer los requisitos y los procedimientos para la elaboración, adopción y aplicación de normas, reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad; v)ৡrantizar que las normas, reglamentos técnicos y los procedimientos para la evaluación de la conformidad se adecuen a los convenios y tratados internacionales de los que el país es signatario; vi) garantizar seguridad, confianza y equidad en las relaciones de mercado en la comercialización de bienes y servicios, nacionales o importados; y vii) organizar y definir las responsabilidades institucionales que correspondan para la correcta y oportuna notificación e información interna y externa de las normas, los reglamentos técnicos y los procedimientos de evaluación de la conformidad.

• A su vez, para la implementación de la Política de la Calidad, ha sido necesario identificar a cuatro grandes pilares: i) normalización; ii) metrología; iii) acreditación; y iv) evaluación de la conformidad.

• Siendo necesario incorporar mecanismos que permitan viabilizar la Política de la Calidad a través de: i) Comité Interministerial de la Calidad; ii) Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN); iii) Organismo de Acreditación Ecuatoriana (OAE); iv) las entidades e instituciones públicas que en función de sus competencias, tienen la capacidad de expedir normas, reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad; y v) Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO) como entidad rectora del Sistema Ecuatoriano de la Calidad.

5.9 Políticas de Competencia y de Defensa del Consumidor

Política de competencia

• Se ha elaborado un proyecto de Ley Orgánica de Control de Poder de Mercado (Ley de Competencia), el cual se prevé sea aprobado en el presente año 2011.

• Este proyecto de Ley ha sido elaborado en cumplimiento a los mandatos de la Ley Tipo de la UNCTAD, y siguiendo los modernos postulados del Derecho Comparado, así como reconociendo las particularidades de la realidad ecuatoriana.

• La experiencia regional y mundial demuestra que la única manera de proteger a los consumidores y a los mismos empresarios de las realidades distorsionadoras de la competencia es mediante un marco jurídico para ello, es decir, la aprobación de una Ley de Orgánica de Control de Poder de Mercado (Ley de Competencia) mediante la cual la Agencia de Competencia del Ecuador pueda investigar y eventualmente sancionar los actos de abuso de posición de dominio y los acuerdos restrictivos de la competencia, así como controlar las Fusiones o concentraciones anticompetitivas; igualmente este proyecto de Ley también contará con normas que permitirán investigar y eventualmente sancionar las conductas de competencia desleal.

• El proyecto de Ley Orgánica de Control de Poder de Mercado (Ley de Competencia), al igual que las legislaciones de competencia más modernas, asume que la competencia debe ser defendida y que como bien jurídico no puede dejarse al libre albedrío de los agentes económicos; igualmente, que el mercado carece de los mecanismos de autoregulación que impidan distorsiones por conductas anticompetitivas o desleales y que en esos casos el Estado debe intervenir con reglas claras y transparentes, situación que únicamente es posible incorporando al ordenamiento jurídico ecuatoriano a la Ley Orgánica de Control de Poder de Mercado que con una Institución creada para el efecto, proteja el interés de 14 millones de Ecuatorianos.

• De esta manera, la Ley impone la obligación de competir a los agentes económicos del mercado, y controlar que se cumpla con esta obligación. Tal como sucede en todas los mercados en el mundo, y particularmente en aquellos con la misma realidad que la nuestra, los primeros efectos que tendrá en el Ecuador la aplicación de esta Ley serán la mejora de los precios, calidad y/o servicios de los bienes y servicios en el mercado; y la disminución significativa de actos de competencia desleal entre empresarios, elementos que evidentemente beneficiarán de manera directa a los consumidores y al mercado.

Defensa al consumidor

• En el Ecuador los derechos de los consumidores y usuarios están elevados a rango constitucional. Así el artículo 52 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que "Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa sobre su contenido y características. La ley establecerá los mecanismos de control de calidad y los procedimientos de defensa de las consumidoras y consumidores; y las sanciones por vulneración de estos derechos, la reparación e indemnización por deficiencias, daños o mala calidad de bienes y servicios, y por la interrupción de los servicios públicos que no fuera ocasionada por caso fortuito o fuerza mayor".

• Dentro de este marco constitucional, existe regulación específica de defensa de los derechos de los consumidores, que se plasma en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor y su Reglamento de aplicación. Cabe destacar dos aspectos importantes de la mencionada LODC; el primero es que se trata de una norma jurídica de carácter orgánico lo cual, conforme lo establecido en el Artículo 425 de la Constitución es una norma de jerarquía superior a las leyes ordinarias y solo inferior a la propia Constitución. Ello implica que ante la coexistencia o contradicción de normas jurídicas generales que regulen una determinada materia prevalecerán las disposiciones protectivas de protección y defensa del consumidor – LODC. El segundo aspecto de relevancia es que la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor es transversal frente a otras áreas relacionadas con la prestación de bienes y servicios

• A pesar de que la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor está vigente desde el año 2000, el establecimiento de acciones y políticas públicas ha sido relativamente débil. Sin embargo, es a partir de los últimos años, especialmente en este Gobierno en que se ha tenido la directriz de fortalecer la defensa de los derechos de los consumidores, lineamiento que se ha concretado tanto en el área legal como institucional. De acuerdo al artículo final del Reglamento de Aplicación de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, el Ministerio de Industrias, es el ente estatal encargado de la ejecución del referido Reglamento.

• En este sentido en julio del 2009, dentro del Ministerio de Industrias se creó la Dirección de Defensa del Consumidor, como la primera entidad gubernamental de protección y defensa de los derechos de los consumidores. La DIDECO, tiene como misión promover los derechos y obligaciones de los consumidores mediante programas de capacitación y difusión, así como el fortalecimiento de las relaciones con entidades nacionales o internacionales. De acuerdo al Acuerdo Ministerial 10-356, la DIDECO tiene atribuciones y responsabilidades específicas, entra las cuales están: proponer, ejecutar y controlar políticas públicas, programas, proyectos y acciones relacionadas a la defensa del consumidor; garantizar la aplicación de la LODC y normativa aplicable y desarrollar proveedores conscientes que ejerzan sus derechos y cumplan son sus obligaciones con los consumidores.

• En este sentido, la DIDECO ha desarrollado algunas vigilancias de mercado tendientes a verificar posibles incumplimientos a la Ley, acciones para contrarrestar dichas prácticas; capacitaciones a proveedores y consumidores; así también ha fortalecido la presencia frente a organismos de cooperación y con otras agencias de defensa del consumidor; concretándose por ejemplo, la realización del Foro de Protección al Consumidor, en coordinación con la UNCTAD; además también ha participación en eventos internacionales cuya temática ha sido la defensa de los consumidores a nivel regional, de lo que la DIDECO se ha beneficiado por el intercambio de experiencias que fortalezcan su accionar.

5.10 Contratación Pública

• Mediante la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública publicada en el Registro Oficial Suplemento 395 de 4 de agosto de 2008 se estableció el Sistema Nacional de Contratación Pública (SNCP), como un conjunto de principios, normas, procedimientos, mecanismos y relaciones organizadas orientadas al planeamiento, programación, presupuestos, control, administración y ejecución de las contrataciones realizadas por las entidades contratantes, cuyos objetivos principales son garantizar la calidad del gasto público y su ejecución en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo, garantizar la transparencia en la contratación pública, dinamizar la producción nacional, lograr la participación de artesanos, profesionales, micro, pequeñas y medianas empresas y en general la participación de proveedores confiables y competitivos modernizando los procesos de contratación pública.

• Conforme el ordenamiento jurídico el Instituto Nacional de Contratación Pública (INCOP), creado por la misma ley, ejerce la rectoría del Sistema Nacional de Contratación Pública lo que implica una serie de atribuciones que en resumen pretenden asegurar y exigir el cumplimiento de los objetivos prioritarios del sistema. Para justamente alcanzar estos objetivos se estableció que el Sistema Oficial de Contratación Pública del Ecuador COMPRASPUBLICAS sea de uso obligatorio, teniendo el INCOP la obligación de administrarlo. En este aspecto, el Instituto es un ente que ejerce el control sobre el sistema pero no constituye un ente sancionador, ya que de existir infracciones a la normativa derivadas de los procesos de contratación llevados a cabo por las entidades contratantes, es la Contraloría General del Estado y la Procuraduría General del Estado quienes, en el ejercicio de sus funciones, impondrían las sanciones que creyeren pertinentes.

• Desde su creación, el Sistema Nacional de Contratación Pública ha evolucionado favorablemente, así, en el año 2008 se efectuó una reestructuración completa del Sistema Oficial de Contratación Pública del Ecuador (SOCE) implementando un motor de flujo de trabajo propio que permita el establecimiento de parámetros para las diferentes etapas de los procesos de contratación; se desarrolló una herramienta que permita el establecimiento de parámetros de las pantallas de creación de los diferentes procesos; se reconstruyeron las herramientas de subasta inversa, licitación, publicación y registro de proveedores y entidades contratantes; se adquirió la infraestructura tecnológica inicial para soportar el SOCE y se implementó la primera versión del módulo del Plan Anual de Contrataciones (PAC). En el año 2009, se implementaron las funcionalidades de menor cuantía, cotización y licitación para bienes, servicios y obras, contratación directa, lista corta, concurso público en la parte de consultoría y catálogo electrónico, cambios a las diferentes herramientas a fin de acoplarlas a la normativa vigente y a los modelos de pliegos e implementación de la segunda versión del módulo del PAC. En el año 2010 se realizó la ampliación del sistema de almacenamiento para soportar el SOCE, optimización del mismo a fin de mejorar su rendimiento, mejora de la presentación a fin de hacerlo más amigable incorporando nuevas funcionalidades, implementación de la herramienta de publicaciones de emergencia, reestructuración de la etapa de convalidación de errores, optimización del almacenamiento de los archivos del sistema, deshabilitación de proveedores que no se encuentran en lista blanca en el Servicio de Rentas Internas esto es que no han cumplido oportunamente con sus obligaciones tributarias, ingreso del PAC con el control de las partidas presupuestarias definidas en el Sistema Integrado de Gestión Financiera (ESIGEF) e interacción en línea con la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) a fin de entregar estadísticas del INCOP.

• En resumen, en el año 2008 se construyó el motor que soportaría todo el sistema y las herramientas más emergentes a fin de que el mismo pueda trabajar; en el 2009 se implementaron todas las herramientas restantes que permitirían dar pleno cumplimiento a la normativa vigente; en el 2010 se trabajó en la optimización del sistema y desarrollo de herramientas adicionales que corresponde a procedimientos especiales de contratación, trabajo que continuará en este año, 2011, con la implementación de nuevas funcionalidades como la etapa post contractual, la firma electrónica, entre otros.

• La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública regula las contrataciones de todos los organismos y dependencias que conforman el sector público lo que incluye a la Administración Central, Institucional y el Régimen Seccional Autónomo. Adicionalmente se sujetan a esta norma las corporaciones, fundaciones o sociedades civiles cuando estén integradas por entidades del sector público o posean o administren fondos y en general derechos pertenecientes al Estado e inclusive las compañías mercantiles que administren fondos y derechos que pertenecen al Estado. Es por ello que el número de entidades contratantes registradas en el Registro Único de Proveedores (RUP) a febrero de 2011 llegó a 9796 de las cuales 5014 se encuentran habilitadas. Por otra parte, se encuentran registrados 156.670 proveedores de los cuales se encuentran habilitados 111.811, mismos que incluyen empresas y entidades públicas que pueden actuar como entidades contratantes y como proveedores al mismo tiempo.

• Desde enero de 2010 a febrero de 2011, el Sistema reporta un total de 189.258 procesos de contratación realizados a través del Portal, con un presupuesto total de 6.977 mil millones de dólares EE.UU., un valor adjudicado de 6.630 mil millones de dólares EE.UU. y por ende un ahorro de 486୩llones de dólares EE.UU. Los procesos de contratación de mayor recurrencia son el de menor cuantía y subasta inversa electrónica, seguido por el catálogo electrónico. Este último se desarrolló ampliamente durante el año 2010, pues en la actualidad existen un total de 2.351 ítems registrados que corresponden a las categorías de vehículos, suministros de oficina, equipos de impresión, equipos de computación, suministros de limpieza y productos de apoyo para discapacitados, con lo que se ha abarcado un importante mercado de productos que de forma recurrente son adquiridos por las entidades contratantes, lo que ha facilitado y agilitado su adquisición. El éxito que ha tenido el catálogo electrónico ha llevado a que las entidades públicas soliciten la inclusión de una mayor cantidad de bienes y servicios a fin de realizar adquisiciones efectivas.

• De otra parte se ha observado que las microempresas reportan el mayor monto de contrataciones, seguidas muy de cerca por las pequeñas empresas, lo que implica que se están cumpliendo con los objetivos del sistema que es justamente promover la participación de micros y pequeños empresarios, quienes bajo el régimen anterior tenían poca o ninguna participación.

• De otra parte se observa que entre enero de 2010 y febrero de 2011, un 43 por ciento de adquisiciones corresponden a bienes, el 28 por ciento a obras y el 24 por ciento a servicios, el resto corresponde a consultoría, seguros y fármacos. Cabe señalar que dichas adquisiciones dependen de las necesidades de las entidades contratantes y que deben guardar plena concordancia con el PAC.

• En uso de sus facultades el INCOP ha observado dentro del período 20102011, un total de 2.654లocesos, ha monitoreado 2.390, es decir se ha efectuado un control directo del 87,54 por ciento de los procesos de contratación efectuados a través del sistema.

• Debido a que el Instituto no posee una facultad sancionadora y por así disponerlo el ordenamiento jurídico, se han enviado a Contraloría General del Estado un total de 168 procesos que corresponden a aquellos sobre los cuales el INCOP ha solicitado información relacionada a las actuaciones efectuadas y que no se encuentran justificadas. De igual manera se han reportado 263లocesos sobre los cuales el INCOP no ha recibido respuesta de las entidades contratantes respecto a observaciones efectuadas. Una vez que la información pasa al ente de control, corresponde a este imponer las sanciones pertinentes.

5.11 Política Ambiental y Comercio

• De acuerdo con la Constitución del Ecuador de 2008, es un derecho de la población el vivir en un ambiente sano y ecológicamente sano que garantice la sostenibilidad y el buen vivir (artículo౴). De igual manera, se estipula que el sistema económico debe estar en armonía con la naturaleza y garantizar un consumo ambientalmente responsable (artículos 283284). Además, se reconoce que el Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo que asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras (artículo 395). Por otro lado, el Plan Nacional del Buen Vivir de 2009 reitera la necesidad de promover un medio ambiente sano y sustentable, y garantizar el acceso seguro al agua, aire y suelo. Asimismo, replica la pertinencia y obligación de establecer un sistema económico solidario y sostenible.

• La Política Ambiental Nacional se fundamenta en los principios de la Constitución y se articula con el Plan Nacional del Buen Vivir. En este sentido, la política resalta la estrecha vinculación de la economía con el ecosistema, a través de la incorporación de la variable ambiental en el modelo económico, la adaptación del sector productivo a las buenas prácticas ambientales, extracción sustentable de recursos renovables e incentivo de actividades productivas rentables de bajo impacto ambiental. De igual manera, la política se enfoca en el uso eficiente de recursos estratégicos para el desarrollo sustentable. Por otro, lado se incorpora la necesidad de enfrentar al cambio climático, con la finalidad de disminuir la vulnerabilidad social, económica y ambiental. Las estrategias para esta política se relacionan con la mitigación de los impactos de este fenómeno ambiental y otros eventos naturales y antropogénicos en la población y los ecosistemas, incrementar el manejo integral de riesgo y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en los sectores productivos.

• Iniciativa Yasuní (ITT)

• El Presidente del Ecuador, Rafael Correa, anunció en 2007 ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el compromiso del país para mantener indefinidamente inexplotadas las reservas de 846 millones de barriles de petróleo en el campo ITT (Ishpingo-Tambococha-Tiputini), equivalentes al 20 por ciento de las reservas del país, localizadas en el Parque Nacional Yasuní en la Amazonía ecuatoriana.

• A cambio, el Presidente propuso que la comunidad internacional contribuya financieramente con al menos 3.600 millones de dólares EE.UU., equivalentes al 50 por ciento de los recursos que percibiría el Estado en caso de optar por la explotación petrolera. De esta forma se crea un fondo de capital administrado por el PNUD, con la participación del Estado, la sociedad civil ecuatoriana y representantes de los contribuyentes. Esta Iniciativa permitirá evitar la emisión de 407 millones de toneladas de CO2, el principal gas que provoca el cambio climático. Esta reducción es mayor a las emisiones anuales de países como Brasil o Francia.

• Como dijo el Presidente Correa en aquella ocasión en Nueva York: "Éste sería un extraordinario ejemplo de acción colectiva mundial, que permita no solo reducir el calentamiento global para beneficio de todo el planeta, sino también inaugurar una nueva lógica económica para el siglo XXI, donde se compense la generación de valor y no solamente la generación de mercancías."

• El Parque Nacional Yasuní es la reserva más importante de biodiversidad en el planeta y alberga los dos pueblos en aislamiento voluntario del Ecuador, los Tagaeri y los Taromenane.

5.12 Plan Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción

• Principios

• Los preceptos de cambio social incluidos en la Constitución, en las Leyes y en el Plan del Buen Vivir, tienen como horizonte el mejoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos del Ecuador, la consolidación del Estado constitucional de derechos y justicia social y el fortalecimiento de una sociedad incluyente, diversa, plural y solidaria.

• Tanto la Constitución como las nuevas leyes que buscan llevarla a la práctica, se basan en el reconocimiento del rol que debe cumplir el Estado como garante de los derechos de los ciudadanos y los mecanismos que debe implementar para hacer efectivo el ejercicio de los derechos. Este mandato legal es un elemento fundamental de la gestión pública, en especial cuando debe cumplir con los principios de transparencia, eficiencia y ética.

• El Plan Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción orienta sus estrategias y acciones a hacer operativo este enfoque de garantía de derechos, a la lucha contra la impunidad, contra el abuso de poder y la discrecionalidad en las decisiones de las autoridades y de los servidores públicos.

• Para el Gobierno Nacional la Revolución Ética, implica entre otros aspectos, transformar el servicio público hacia la transparencia y eficiencia en la gestión, desterrar prácticas y relaciones de corrupción entre servidores públicos y actores privados, incorporar la participación ciudadana en procesos de contraloría social y aportar al afianzamiento de una ética y responsabilidad empresarial y gremial basada en la transparencia y cumplimiento de la ley.

• El Plan Nacional también recupera valores culturales representativos de la sociedad, como la honestidad, lealtad, responsabilidad, probidad, respeto y dignidad, que han sido transmitidos por generaciones, y que expresan además de las cualidades ciudadanas, la voluntad de transitar por un camino de equidad, libertad y solidaridad.

• El Buen Vivir no habla de metas macro económicas que pueden exhibir resultados, ocultando la trascendencia en cada uno de los ciudadanos, el Buen Vivir exige rehacer las relaciones entre lo público y lo privado. Para lograrlo es necesario que se transparenten los objetivos, se amplíen las coberturas en la educación, salud y asistencia social. Ampliar es sólo posible con mejor distribución de los recursos, por eso el Plan Nacional de Transparencia aportará a recuperar y evitar que los recursos nacionales sean saqueados por la corrupción, para que sean invertidos en la reducción de los niveles de inequidad y desigualdad. El Buen Vivir exige a todos, capacidad de movilización y compromiso, en otras palabras, ciudadanía.

• La transparencia, entendida por la SNTG, como "el comportamiento y la actitud que permite a todas las personas, organizaciones e instituciones, mostrar sus acciones e información para que la ciudadanía ejerza sus derechos y obligaciones", se convierte en una poderosa herramienta en la medida que se logre convencer a los actores involucrados, que la transparencia genera beneficios para todos. La transparencia permite que la gestión pública sea imputable, que los ciudadanos conscientes de sus derechos exijan la rendición de cuentas, y que los proveedores estén sometidos a reglas claras y decisiones transparentes en sus ofertas al Estado.

• El Plan Nacional se enmarca para su implementación y ejecución, en los capítulos de Participación y Organización del Poder, Régimen del Buen Vivir y Supremacía de la Constitución de la República, que se refieren en el artículo 3, a los deberes primordiales del Estado: "8. Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción"; el artículo 141 en cuanto a las atribuciones del Presidente de la República, establece el campo de acción del gobierno nacional, al manifestar que "La Función Ejecutiva está integrada por la Presidencia y Vicepresidencia de la República, los Ministerios de Estado y los demás organismos e instituciones necesarios para cumplir, en el ámbito de su competencia, las atribuciones de rectoría, planificación, ejecución y evaluación de las políticas públicas nacionales y planes que se creen para ejecutarlas".

• De la misma manera, el artículo 147, numeral 3 de la Constitución, al referirse a las atribuciones y deberes del Presidente enuncia "Definir y dirigir las políticas públicas de la Función Ejecutiva", y finalmente en el artículo 206, numeral 1, manifiesta que son atribuciones de la Función de Transparencia y Control Social son "Formular políticas públicas de transparencia, control, rendición de cuentas, promoción de la participación ciudadana y prevención y lucha contra la corrupción"; y numeral 3 "Articular la formulación del plan nacional de lucha contra la corrupción".

• Este último artículo, si bien recoge la competencia de la Función de Transparencia en cuanto a la coordinación para la formulación de un Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción, a criterio de la SNTG es deber también de la Función Ejecutiva, aportar de manera efectiva y sin dilaciones al combate a la corrupción y a la implementación de políticas públicas que fomenten la transparencia y eficiencia en la gestión pública, recogiendo de esta manera el espíritu del texto constitucional.

Principales fuentes y fundamentos legales del Plan Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción

Elaboración: Secretaría Nacional de Transparencia y Gestión.

• De la misma forma, el Plan Nacional de Transparencia propuesto por la SNTG para la Función Ejecutiva, se enmarca también en el Plan Nacional para el Buen Vivir, en los objetivos 1: "Auspiciar la igualdad, cohesión e integración social y territorial den la diversidad"; 3: "Mejorar la calidad de vida de la población"; 5: "Garantizar la soberanía y la paz, e impulsar la inserción estratégica en el mundo y la integración Latinoamericana"; 9: "Garantizar la vigencia de los derechos y la justicia"; 10: "Garantizar el acceso a la participación pública y política"; y 12:঱uot;Construir un Estado democrático para el Buen Vivir"; y especialmente en las políticas 10.2:঱uot;Fortalecer, generar e innovar formas de control social y rendición de cuentas a las y los mandantes"; 10.4: "Garantizar el libre acceso a información pública oportuna; 12.2: "Consolidar la nueva organización y rediseño institucional del Estado que recupere las capacidades estatales de rectoría, planificación, regulación, control, investigación y participación"; y 12.4: "Fomentar un servicio público eficiente y competente".

• Recoge los postulados de las Convenciones de Naciones Unidas e Interamericana contra la Corrupción y el Plan Andino de Lucha contra la Corrupción (Decisión 668 de la CAN), que son de aplicación obligatoria para el Ecuador; y se basa en la política 3 "Alcanzar una gestión pública transparente" de la Agenda Sectorial de la Política del Gobierno del Ecuador.

Políticas sectoriales

6.1 Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca

• En el período comprendido entre los años 2005 y 2010 la participación del sector agropecuario (agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca), en términos constantes alcanza una participación en promedio del 10,28 por ciento en relación al PIB total. Si tomamos en cuenta el aporte ampliado de la agricultura y los otros subsectores al PIB, este alcanzaría aproximadamente el 25 por ciento.

• Los denominados productos tradicionales de exportación (banano, café, cacao) mantienen una tendencia creciente durante el periodo de análisis; no obstante de ello su participación frente a las exportaciones no petroleras del país es del 33,50 por ciento, cabe destacar que las exportaciones de los rubros banano, cacao y café mantienen una tendencia positiva, con un aporte importante de divisas a la economía nacional y con una adecuada contribución al fisco.

Cuadro 6.1

Participación de la agricultura en el PIB nominal ecuatoriano

(Miles de $EE.UU. del 2000)

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