Es imprescindible partir desde la misma Constitución venezolana, donde se establece que el Estado social es el "pueblo organizado", el asunto se trata entonces de implementar los ajustes necesarios en las leyes o introducir los elementos necesarios para hacerlo realidad. La participación ciudadana se alinea a desarrollar leyes que construyan los mecanismos de participación, de control social, de fiscalización técnica social, de la comunidad organizada en atención al ordenamiento jurídico, económico y social del Estado. De manera que permita verdaderamente poner al Estado en manos de los ciudadanos.
En el terreno de los valores esenciales, tanto en la función pública como privada, se han establecido normas que permitan extirpar la terrible corrupción, reformando el procedimiento y responsabilidad personal del funcionario. En la esfera económica y social; se han elaborado leyes para la construcción de un nuevo modelo económico que ya está implícito en el texto de la Constitución. Orientadas a admitir la inclusión del colectivo en el desarrollo del país para alcanzar la igualdad y la equitativa distribución de las riquezas, en la búsqueda de mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos; a tenor de lo dispuesto en la Carta Magna.
Se plantea permitir diversas formas de propiedad, entre ellas la de propiedad privada, propiedad colectiva, empresas mixtas y las del Estado, donde la discusión se ha centrando en la nacionalización de los recursos naturales y ciertas áreas estratégicas como petróleo, redes de agua, las telecomunicaciones o la electricidad. Muchas veces se habla, con ligereza, sólo de propiedad colectiva de los medios de producción para "construir el socialismo", pero lo que realmente importa es que independientemente de quién sea el dueño, el Estado deberá trabajar en la búsqueda de garantizar la función social de esa propiedad.
En el país desde hace mucho tiempo que la propiedad de las grandes empresas básicas han estado en manos de un estado de "pensamiento capitalista", carente del concepto de función social. "Sin duda alguna sigue y seguirá existiendo la propiedad privada". De lo que se trata, es de implementar leyes para que esa propiedad privada pueda cumplir su importante rol al servicio de la construcción de la sociedad y la República.
Se busca que la propiedad privada produzca en función de las necesidades de la Nación, contribuyendo con que el producto llegue a todos al mejor precio, estimulando una corresponsabilidad con el Estado y los trabajadores en la reinversión de los derechos de las masas trabajadora, con justos salarios y el compromiso social del patrono con las comunidades.
Otras de las leyes, que poco a poco, se han ido implementando paulatinamente, tienen que ver precisamente con los ámbitos financieros y tributarios. Se puede afirmar, sin temor a equivocarnos, que el sector bancario ha ganado en estos años, más dinero que ningún otro.
Cuando se vuelve al problema de cómo revertir esas ganancias en el país, cómo lograr que esa ganancia signifiquen un servicio social de apoyo con créditos de bajos intereses al sector agrícola, ganadero, avícola, pesquero que redundaran en beneficio del colectivo, no solo generando empleo, con la posibilidad de reactivar el aparato productivo, sino significando la producción de alimentos para todos y la reducción de la importaciones. Fuertemente se desarrolla también el área de economía social, el área cooperativa, las empresas de producción social que también pueden ser privadas, mixtas y del estado.
La participación ciudadana en el control del manejo y administración de los fondos públicos.
Es fundamental comprender que la corrupción se ha convertido en la gran enfermedad mundial. Ya que no respeta fronteras geográficas, económicas, político-ideológicas, ni religiosas. Manifestándose desde tiempos muy remotos, representa una de las más terribles debilidades de la naturaleza humana.
En su origen, avance y combate se encuentran envueltos un cruce de enraizados intereses creados y fuertes poderes, económicos y políticos, pretéritamente establecidos. Picarescamente se manifiesta ante a la perversa combinación de poder y dinero, cuando lo ajeno es administrado "indebidamente", tanto en el sector público como en el privado.
Ejemplo de esto es demostrable mediante el actual caso del Banco Federal; este que por medio de su dueño (Sr. Mezerane) estafo a los usuarios y huyo del país.
Tristemente la impunidad le ha emparejado a la corrupción, imprimiendo su compás y nutriéndose no sólo desde el Poder Público, como desea presentarse ante los ojos de la ciudadanía. Para plantearse soluciones, es necesario reconocer que también se encuentran involucradas muchas de las organizaciones e instituciones fundamentales del área privada o semi-privada como: partidos políticos, sindicatos, gremios profesionales, grupos empresariales y bancarios, entre otros. Lo que indica que nadie está exento.
Se ha convertido en una sub-cultura que ha afectado al sistema político en todas sus extensiones: en lo económico, deteniendo el desarrollo, crecimiento e inversiones nacionales o extranjeras; en la educación y cultura, el individuo como persona humana, la Familia, la Sociedad y sus Comunidades. Atentando contra organización Democrática, su estabilidad y su seguridad. Incluyendo la Soberanía Nacional, paz de la República, el Estado y el Poder Público todos sus ámbitos. Los antivalores de la viveza, la manipulación, la inmoralidad, el amiguismo han suplantado de manera vulgar a los méritos personales tradicionales como: la honestidad, capacidad, esfuerzo y autoestima que deben garantizar la obtención de cargos importantes para el verdadero avance del país. Muchas de las poblaciones son sacudidas, en lo actual, por una crisis general, que indiscutiblemente, parte desde lo ético-moral y educación. Agudizando peligrosamente conflicto en los hogares, la familia y sociedad. Afianzando una cultura pro-corrupción y una educación con muy poca ética, incapaz de una real y eficiente formación de valores. Que derivan o generan una perjudicial situación, con sus amenazas de potencial explosión social con las constantes: inflación, especulación, carestía de la vida, con su consecuente descenso del nivel de calidad, desempleo, inseguridad personal, social y jurídica. Desencadenando en carestía o deficiencia de los servicios públicos en las comunidades. Por tanto, la corrupción debe considerarse un problema del "Estado y de la Sociedad", donde responsables o culpables somos todos, unos por acción y otros por omisión.
Acertadamente ha sido consagrado en el Preámbulo de la Constitución (…) con el fin supremo de refundar la República para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y puericultura en un estado de justicia (…) se debe reconocer que se ha dado un paso al frente al pasar de una democracia representativa a una protagónica y participativa. Ya que se requiere mucho más que políticas de Estado, que estén muy por encima de los intereses particulares o grupales y de las coyunturas políticas.
Resulta interesante que se le permita al ciudadano creer nuevamente en si mismo, que se colmen de esperanza y confianza que iluminara el camino a seguir. Con seguridad se encontraría que los seres honrados son más de los que cuentan y los individuos corrompidos no son tantos, solo que usan su poderío político-económico solo para sus fines particulares. Sirviéndoles sus fuerzas para magnificarse, generalizar, manipular, implantar disputas, caos y confusión con el fin de lograr la dominación de la masa e instaurar perverso clima de la "conformidad" que impide todo desarrollo humano.
Logrando que entretanto esos "pocos" que tienen la fuerza político-económica, con tan brillante estrategia, los "muchos" acepten sumisamente carencias y exclusiones económico-sociales, en lo relativo a información, adiestramiento, capacitación, educación para enfrentar los retos. Con el consecuente riesgo de desmoralización y sucumbiendo ante la tentación de la corrupción. De ahí que debe asumirse la denuncia como herramienta legal de participación.
La denuncia representa la emblemática figura dentro del juego de "participación ciudadana democrática". No se puede restar importancia a "la investigación", como instrumento viable para transmitir la verdad y hacer uso de la denuncia, tampoco permitir que con el derecho a la réplica se pretenda distorsionar la información, produciéndole daños irreparable a la democracia, las instituciones y a la persona humana en particular o como sociedad. Todo ello amparado y establecido en el Título III de los derechos humanos, garantías y deberes ciudadanos, en la Constitución Nacional.
Es de hecho el deber de reafirmar el compromiso ciudadano, y estar en claro conocimiento de lo que significa delinquir. Es delito el hurto de bienes y patrimonios de la Nación, el tráfico de influencias, soborno, halagos a funcionarios públicos para usufructo y provecho personal o corporativo, halagos, pagos ilegales a funcionarios públicos, para obtener beneficios, en perjuicio de los derechos de los demás ciudadanos.
El tener una función en el servicio público y no cumplir los fines para los cuales ha sido creado. El permitir, ignorar, amparar, ocultar o dejar que ocurran algunas de las conductas indebidas e indeseables señaladas anteriormente, sin tomar las medidas correctivas, disciplinarias o administrativas, punitivas o de denuncia ante los órganos competentes. Indistintamente como ciudadanos comunes o periodistas nos corresponde con obligatoriedad elevar la denuncia ante la opinión pública para que sea canalizada por los organismos de justicia. Es importante destacar, que referente a los juicios, tipificación de los delitos y sanciones solo le corresponde a los tribunales de justicia competentes y no a los medios de comunicación.
Se debe dar inicio a la lucha contra el círculo vicioso de la corrupción, complicidad-impunidad, en lo preventivo y formativo. Es deber impartir los principios cívicos, morales, sociales y educacionales desde todo el campo del sistema educativo venezolano, donde cumplen un rol fundamental los medios de comunicación social, las iglesias y las diversas organizaciones e instituciones que interactúan en el proceso educativo.
Todo encaminado al logro esencial de una conducta recta y sana que contribuya consigo mismo, como persona humana, con la familia, con el Estado, con la sociedad y sus comunidades y con las distintas instituciones públicas y privadas en la conquista de un Nuevo Orden Ético nacional e internacional, con diferente y contraria escala de valores, donde el dinero y el poder económico pasen a ocupar su justo lugar y donde puedan en el futuro menos lejano posible nacer y desarrollarse personas e instituciones superiores.
Comenzando con el adiestramiento personal, en especial al que se ocupa del control interno y del desarrollo de los recursos humanos.
Tendiendo una red comunicacional de educación ciudadana, en base a el diseño de una campaña masiva por parte de los medios de comunicación social (prensa, radio, televisión, cine y otros), que parta de la clara idea de ayudar al rescate de la ética pública, como objetivo general, y a la preparación del ciudadano para que conozca los trámites elementales para la prestación del obligante servicio público, que sepa ejercer debidamente su derecho a la denuncia como figura democrática de participación ciudadana, que no caiga en las tentaciones y en el juego de los corruptos en cuanto a beneficios indebidos, en fin, que su actuación frente a la Administración Pública sea vigilante y sana moralmente. Desde esta perspectiva el grupo investigador planteará una propuesta de grado.
De acción educativa formal, en todos los niveles y modalidades de esta expresión del sistema educativo, en lo público u oficial y en lo privado, en lo civil y militar, en lo laico y religioso, en lo local, municipal, estadal y nacional. Este programa ha de estar orientado hacia el paradigma en una escala deseable de valores y en función de principios y criterios directrices, objetivos, mecanismos de funcionamiento, seguimiento y evaluación, en procura de una ética democrática.
Para continuar trabajando con lo correctivo: en la gestión de acciones punitivas en forma progresiva, junto con la acción preventiva de la educación, de la necesaria simplificación administrativa y de los instrumentos legales que se puedan ir armando en el escenario legislativo, como el Código de Conducta de los Servidores Públicos.
De participación ciudadana, donde debieran interactuar, como expresión de la sociedad civil, el Voluntariado Público contra la Corrupción, que mi oficina viene promoviendo, estimulando y creando, y las Organizaciones no gubernamentales ganadas para esta causa, entre las cuales sobresale la Asociación Pro-Calidad de vida, que tiene a su cargo el capítulo venezolano de Transparencia Internacional.
De fortalecimiento y coordinación de la acción contralora en la Administración Pública, en la búsqueda de un eficaz control de gestión y de una correcta administración de los fondos públicos. La erosión de la confianza ciudadana en los titulares de los oficios públicos es una cuestión muy seria, por lo que un grado de austeridad, de respeto y las buenas tradiciones y una severa conducta en la vida pública no solamente es deseable, sino esencial. La erosión en cuestión lleva un nombre, la corrupción, que distorsiona la función del Estado y tiene un alto costo para la sociedad, obtenida de la conjunción de factores de carácter político, económico, social y ético-moral, que ha afectado negativamente la credibilidad de la población en los valores del sistema democrático, cuya propia seguridad y estabilidad se siente por ello amenazada.
Debemos tener presente que un Estado de Derecho es por esencia un Estado Ético, conminado al ejercicio de sus competencias bajo el respeto de los principios de la legalidad y de la legitimidad ética. Entre los principales problemas del país la corrupción impune es uno de los más graves, pues carcome progresivamente los resortes morales de la sociedad y de la familia, de los valores ciudadanos, de la eficiencia del Estado, de la recuperación económica, de la capacidad de autodefensa de la Nación; y ella ha creado una especie de subcultura o anti-cultura, donde se la tolera, se la acepta y a veces hasta se la celebra. Se soporta la acción permanente de factores que han venido erosionando las bases éticas y los más altos valores morales de la sociedad, dejándola campear libremente.
Lo valores morales no pueden dejarse al solo albedrío de cada individuo, cuando se refiere a la vida en sociedad y a la relación entre seres humanos. La moralidad objetiva no ha sido transmitida con el mismo énfasis ni con la misma claridad a todos los grupos sociales. Porque no basta con cumplir con la Ley, que no siempre es moral, ya que todo cuanto se hace en sociedad tiene implicaciones éticas. Ser responsables significa que el estar aptos para responder por las acciones que se realizan o por las que se dejan de hacer, ya que la omisión de un deber ético es igualmente dañina y sancionable.
La justicia ha sido definida a través de la historia como la virtud moral que inclina a dar a cada cual lo que le pertenece como propio. El objeto de esta virtud es el derecho objetivo, aquello que se debe a otro por estarle vinculado en fuerza de unos títulos naturales o adquiridos legítimamente. Hay derechos primarios o fundamentales que son exigencia indispensable de la misma naturaleza humana, derivan de la ley natural pero no son primarios, otros en cambio, tienen como razón de existir la voluntad positiva de Dios o del hombre en cuanto representante de Dios. El hombre debe usarlos, haciendo mención al derecho formal y subjetivo.
Así como también debe respetar a estos derechos, cumpliendo con el acto propio de la justicia de dar a cada uno lo que le pertenece. La justicia en consecuencia es la capacidad de vivir en la verdad con el prójimo, siendo ésta una de las virtudes más elevadas para la obtención de la paz social. Por otra parte, la justicia legal es entendida como el medio a través del cual el Estado procura el bien común a todos los que habitan en un determinado territorio, mediante la promulgación de leyes justas y sabias, y en la constitución de un poder público capaz de darlas a conocer y de hacerlas cumplir; en tal sentido, la administración o regencia de tan vasto principio, emana de los ciudadanos y ciudadanas y se imparte en nombre de la República y por autoridad de la Ley, a través de los órganos que conforman el Poder Judicial.
Ahora bien, en virtud de las nuevas tendencias constitucionales que germinaron en Venezuela a finales del siglo XX, se devienen una serie de cambios o transformaciones en todos los estratos del Poder Judicial venezolano; cambios éstos por demás interesantes, ya que los mismos se fraguan en una sociedad donde más de las dos terceras partes de la población venezolana vive en estado de pobreza, es decir, sin la capacidad económica suficiente para al menos satisfacer sus necesidades básicas; siendo esto así, para ellos el acceso a un abogado y al sistema judicial para hacer valer sus derechos luce como una quimera inmensurable.
1.6.1. Fundamentación Jurídica.
Sustentados sobre las bases de nuestro ordenamiento jurídico vigente (preámbulo de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela) y comprometidos con la formación ideológica que se construye bajo el actual proceso político (socialismo del siglo XXI); se considera como fundamentación jurídica de este proyecto comunitario "Análisis Social de la Justicia", primeramente las líneas generales del "Plan estratégico de la Nación" y el "Proyecto Nacional Simón Bolívar" (la mayor suma de felicidad posible). Así mismo se considera como norma objetiva, pilar fundamental del sustento jurídico, el artículo 299 (CRBV), el cual establece:
El régimen socioeconómico de la República Bolivariana de Venezuela se fundamenta en los principios de justicia social, democracia, eficiencia, libre competencia, protección del ambiente, productividad y solidaridad, a los fines de asegurar el desarrollo humano integral y una existencia digna y provechosa para la colectividad. El Estado, conjuntamente con la iniciativa privada, promoverá el desarrollo armónico de la economía nacional con el fin de generar fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional, elevar el nivel de vida de la población y fortalecer la soberanía económica del país, garantizando la seguridad jurídica, solidez, dinamismo, sustentabilidad, permanencia y equidad del crecimiento de la economía, para lograr una justa distribución de la riqueza mediante una planificación estratégica democrática, participativa y de consulta abierta.
Las funciones esenciales del Estado Social coinciden el Estado de Derecho, los pactos, tratados y convenios suscritos por Venezuela. Su finalidad radica en crear, conservar y comprometerse a materializar esos derechos para satisfacer las demandas y necesidades de sus habitantes para lograr el bienestar general. Por ello, la justicia, la educación, la salud, la seguridad social, el propender a un desarrollo integral de la sociedad y del individuo, el establecimiento y la protección de los derechos humanos, siendo funciones indelegables del Estado. Aquellas que pueden acometer con mayor eficacia y eficiencia en la medida en que podríamos decir que son inherentes a la persona humana, es decir funciones que cuadran al estado en virtud de los fines y medios que estén a su alcance, así como la mejor preparación de sus actores gubernamentales para ejecutar las tareas que la Constitución y las leyes de la República le emanan por mandato del pueblo soberano.
Por lo tanto, el Estado venezolano en tiempos de la modernidad, estimula a sus conciudadanos a fomentar el espíritu de solidaridad, responsabilidad y ponderación en sus acciones ante otros organismos que no se inscriben en la función social. En este sentido, el cumplimiento de su función debe avocarse a orientar y apuntalar a la sociedad hacia la protección de los derechos humanos.
No basta establecer bases teóricas y leyes para el entendimiento de estos derechos, sino que debe ir más allá, hasta llegar a la función de educar, proteger, asistir y colaborar con aquellos ciudadanos y ciudadanas a quienes les han sido conculcados sus derechos humanos.
Estado social de derecho en nuestros días, tiene relación con el estado democrático, en efecto, el estado social de derecho ha experimentado las luchas ideológicas y políticas del siglo XIX. Sin embargo, este concepto fue desarrollado en el siglo XX.
El nacimiento del concepto de Estado de Derecho según sus consecuencias es producto de las críticas a la ideología liberal, tal como se había impuesto a partir de la revolución burguesa, y a su expresión jurídico-constitucional, con las primeras Declaraciones de Derecho (Virginia de 1776 y la Declaración Francesa de 1789), y las constituciones, norteamericana de 1787 y revolucionaria francesas, a partir de 1791; es fundamentalmente desde la segunda mitad del siglo XIX que surge el cuestionamiento de la concepción liberal originaria.
La transición desde la formalización o "positivación" del Estado de derecho, articulado al positivismo imperante desde el siglo XX hasta el presente, se identifica con la lógica formal (legalidad) producto de los actos parlamentarios en forma de ley, descartando las concepciones iusnaturalista que le habían definido los paradigmas racionalista e iluministas.
Al reinterpretar el concepto de Estado de Derecho, en éste concurre una gama de corrientes ideológicas, como el socialismo pre-marxista, la social democracia clásica, el catolicismo social, entre otras. Hacia 1949 el Estado Social de Derecho, es prescrito por la Constitución de la República Federal Alemana en su Art. 20 y 28. De ese modo, el Art. 20 consagra que la R.F.A es un Estado Federal, democrático y social. Es así como la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) de 1999, en el articulo 2 consagra que: "Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político".
Esta constitución democrática compromete su existencia axiológica en el privilegio que le asigna a los derechos humanos como derechos fundamentales caracterizados por la universalidad de sus titulares.
Esta doctrina ha venido a sustituir al Estado Liberal de derecho como estructura de la convivencia occidental, con un nuevo contenido Estado Social de Derecho, esta vez positivo de la libertad individual. El bienestar social y la realización de la justicia, en su más alto y cabal sentido, aparecen, junto a la planificación, como funciones del Estado. Y esto no es incompatible con el mantenimiento del principio del imperio de la ley.
El Estado Social de Derecho: (sozialer Rechtsstaat) se propone obtener la procura existencial (Daseinvorsorge) a través de la llamada administración "Prestacional" su nota definitoria es lo social y sus objetivos se encaminan hacia el bien común y la participación justa en la riqueza social. El intervencionismo del Estado social de Derecho es positivo, el Estado social de derecho fomenta la racionalidad del proceso político-económico-social por medio del Plan. La idea de democratización debe incorporase al Estado de Derecho, además de ser usado como método de designación de gobernantes, debe materializarse en el seno de la sociedad, es decir, la democratización (democracia social), se convierte así en un componente indispensable de la nueva concepción del Estado de Derecho, el Estado Social de Derecho se transforma en un concepto más extenso, al incorporar en su interior otras líneas: política, ideológica, jurídica.
En síntesis, el Estado es el garante de la satisfacción de las necesidades básicas para una vida digna (necesidades vitales) de todos los ciudadanos, independientemente de las formas y modos de su relación con la economía, más o menos intensa, directa o indirecta (se incluye también la privatización de las empresas industriales y de servicios) invariablemente es imprescindible salvaguardar el rol del Estado como última instancia de garantía de la ejecución de la procura existencial, gracias a la protección y fomento de los derechos sociales y económicos.
Es fácil entender que el Estado Social de Derecho, es un concepto material, el cual demanda actos concretos o hechos sociales con contenidos valorativos en la praxis social, al asignarle obligaciones de hecho en el ámbito legislativo y administrativo.
En la Constitución descansa la norma jurídica, por lo tanto es el instrumento jurídico preeminente al que se remite como principio de base y razón de ser, en otras palabras es el complejo normativo del Estado.
Las transformaciones del Estado que muchos autores identifican como el Estado en crisis, exige un poder capaz de ejecutar con eficacia las reformas necesarias en donde ese Estado se desempeñe en su verdadero rol para la sociedad actual, en ese sentido, "a pesar que en el campo doctrinario algunos consideran inútil la expresión o la incorporación del Estado Social, por estar comprendido en el término democrático".
De acuerdo a la posición de los autores, éstos discurren sobre la incorporación de esta acepción "Estado Social" ya que fortalece el principio fundamental y la responsabilidad que tiene el Estado de brindar respuestas concretas y objetivas a la población en general, sobre asuntos que se vinculan con los elementos axiológicos que se han convertido en reconocimiento de esos derechos y que se incorporan a las normas jurídicas.
Sin embargo, estos derechos como se dijo anteriormente son producto de las luchas y la búsqueda de estos para el logro de reivindicaciones de tipo económico, social y político. En este sentido, el fortalecimiento del Estado Social de Derecho es fundamental para la plena inserción de los países a la comunidad de naciones del mundo, como para alcanzar la paz, proteger a la población, reforzar la legitimidad del Estado, alcanzar un desarrollo humano sostenible, y asegurar la eficacia de las políticas públicas en general.
La responsabilidad del Estado en materia de derechos humanos.
Referente a la responsabilidad del Estado en materia de derechos humanos como lo afirma Meléndez Florentin tiene su asiento como fuente el ámbito constitucional, pero también tiene su fuente en el derecho internacional público general y en el derecho internacional público privado, es decir en el derecho internacional de los derechos humanos, en el derecho internacional humanitario, en el derecho internacional de los refugiados, en el derecho penal internacional y el derecho internacional del trabajo.
Pactos, tratados y convenios suscritos por Venezuela.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, otorga a los Acuerdos, Convenios, Tratados, entre otros, suscritos y ratificados por Venezuela, la jerarquía constitucional, razón por la cual goza de preeminencia respecto al Derecho Interno.
Al respecto, es importante señalar que el texto constitucional contentivo a los artículos 152 al 155, establecen los principios a considerar en esta disciplina juridica. En este orden de ideas el artículo 19, se refiere a que el Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad sin discriminación alguna, del mismo modo, le da el privilegio de que toda persona debe gozar y ejercer de forma irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos.
También alude al respeto y a las garantías que son obligatorio cumplimiento para los órganos del Poder Público venezolano, conforme a la Constitución, a los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República y de igual manera leyes que salgan del seno de éstos y puedan ser desarrolladas.
En cuanto al artículo 23 de la Carta Magna de 1999, establece que Venezuela se compromete a convenir tratados, pactos y convenciones relativas a derechos humanos, que son suscritos y ratificadas por la Nación venezolana, por lo que éstos poseen jerarquía constitucional y en todo caso, predomina sobre el ordenamiento jurídico interno del país.
Los instrumentos internacionales en esta materia, muestran como se conforman y se materializan de forma profusa cuando se le asigna la responsabilidad a los Estados para que éstos cumplan de forma efectiva la ejecución de estos derechos, y una forma de cumplirlos, consiste en planificar, administrar, ejecutar y controlar las políticas públicas donde se incluyen programas y proyectos "tanto coyunturales como estructurales" a fin de instrumentar y darle existencia a los principios jurídicos, derechos y garantías que posibiliten en la práctica social hacer efectivos estos derechos.
Estas disposiciones serán cristalizadas en la medida en que cada país haya convenido asumir como obligación en su carta política y sea capaz de adoptar las diferentes medidas conforme a su derecho interno; el reconocimiento de este conjunto de derechos como de especial importancia para el desarrollo del ser humano ha formado parte de un proceso histórico que se inicia principalmente con la aprobación en diversos Estados de una serie de documentos en los cuales se establece una relación de determinados derechos que son considerados como anteriores y superiores al Estado, el que a su vez se encuentra obligado a garantizarlos y protegerlos.
Entre las normas internacionales sobre derechos humanos que Venezuela ha suscrito se encuentran:
a. Instrumentos del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos
b. Instrumentos del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos
c. Ratificación y adhesión de tratados por los países andinos
En este punto específico, resulta importante recordar la reciente reunión realizada en diciembre del año 2009; donde se pretendía "la conclusión de un acuerdo jurídicamente vinculante sobre el clima, válido en todo el mundo, que se aplicaría a partir de 2012".
Sobre dicha cumbre podemos acotar como reflexión, que sacamos de esta cumbre,, es la misma que hemos sostenido sobre la OEA y la ONU, en el caso del presidente hondureño Manuel Zelaya y que no es otra, que estos organismos son entes creados por los imperios dominantes en el mundo, para darle un marco legal a todas las fechorías, que se le ocurren hacer por el mundo.
Ejemplos de lo anterior sobran, las armas de destrucción masiva en Irak, la salida del hilo constitucional de su país, por parte del presidente Zelaya, la silenciosa invasión en Haití, la eterna represión al pueblo palestino, la posible intervención en el programa nuclear de Irán, la guerra de Afganistán, las maniobra militares entre EEUU y corea del sur para amedrentar a Corea del Norte (basados en la falacia del hundimiento de la corbeta sur-coreana), las recientes acusaciones (falsos positivos) por parte de funcionarios Colombianos en contra de la integridad y soberanía de nuestro país Venezuela, en fin, solo hemos mencionado los mas recientes, todos estos ampliamente avalados, por estos entes supra-gubernamentales que como dijimos al comienzo, solo sirven a los intereses del imperio.
Cláusulas sobre la protección nacional de los derechos reconocidos en los instrumentos internacionales.
El Art. 27º de la Constitución señala que el proceso de amparo protege "los derechos y garantías constitucionales, aun de aquellos inherentes a la persona que no figuren expresamente en la Constitución o en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos"
Cláusulas que reconocen el derecho de la persona a la protección internacional de los derechos humanos.
Artículo 31º.- Toda persona tiene derecho, en los términos establecidos por los tratados, pactos y convenciones sobre derechos humanos ratificados por la República, a dirigir peticiones o quejas ante los órganos internacionales creados para tales fines, con el objeto de solicitar el amparo a sus derechos humanos.
El Estado adoptará, conforme a procedimientos establecidos en esta Constitución y la ley, las medidas que sean necesarias para dar cumplimiento a las decisiones emanadas de los órganos internacionales previstos en este artículo.
Cláusulas sobre el cumplimiento de las decisiones internacionales sobre derechos humanos.
Artículo 31º.- (…) El Estado adoptará, conforme a procedimientos establecidos en esta Constitución y la ley, las medidas que sean necesarias para dar cumplimiento a las decisiones emanadas de los órganos internacionales previstos en este artículo.
Cláusulas sobre procedimiento de aprobación o denuncia de tratados.
El Art.154º establece: "Los tratados celebrados por la República deben ser aprobados por la Asamblea Nacional antes de su ratificación por el Presidente o Presidenta de la República, a excepción de aquellos mediante los cuales se trate de ejecutar o perfeccionar obligaciones preexistentes de la República, aplicar principios expresamente reconocidos por ella, ejecutar actos ordinarios en las relaciones internacionales o ejercer facultades que la ley atribuya expresamente al Ejecutivo Nacional".
Derechos sociales fundamentales.
Venezuela, a finales del Siglo XX, se instituye desde la praxiología jurídica como un Estado Social de Derecho y de Justicia, además ha contado con una tradición democrática a través de los mecanismos de participación política, económica, social y cultural, incorporando programas sociales denominadas Misiones que en un momento se convirtieron en programas coyunturales con la finalidad de solventar la deuda social adquirida durante el siglo XX.
Estos programas alternativos enmarcados en la política social, se convirtieron en mecanismos para resolver los problemas de pobreza estructural, cuando se formaliza el reconocimiento de los tratados y convenios para hacer realidad esos derechos, se advierte una suerte de esperanza para aquellos que antes eran excluidos y que ahora son incorporados en proyectos y programas sociales que abarcan desde el Art. 75 hasta el 111 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Así, el Estado venezolano muestra fortalezas, representadas en la Constitución de la República y estabilidad democrática, en una legitimidad institucional reforzada en estos tiempos de dificultades, un aparato económico que ha resistido el embate de la corrupción, el despilfarro y lo más serio que antes de 1999 el Estado no había cumplido con los derechos sociales fundamentales.
La construcción del Estado social de derecho y de justicia, que sea garante de la plena participación del pueblo venezolano en los espacios de decisión de lo público, constituye el fin último de esta delegación legislativa, que además contempla el fomento del elemento ético como valor de máxima consideración al normar el manejo de la cosa pública.
Desde la axiología a la praxiología socio jurídica (Artículo 26 de la OEA) – (Art. 2 CRBV 1999) Elaboración propia (septiembre, 2007)
La Constitución de 1999, las leyes sociales sancionadas en los último tres años y las políticas públicas vinculadas al Plan de Equilibrio Social 2001-2007, han permitido la articulación entre la axiología y la praxiología de los derechos humanos, cuya propuesta se ha institucionalizado por iniciativa del Presidente de la República, buscando la construcción de un orden que fortalezca el Estado Social de Derecho y de Justicia en todo el país.
En suma, Venezuela necesita reforzar su capacidad para enfrentar los fenómenos de la intimidación extranjera para proteger a la población de los efectos nocivos de patrones extranjeros que merman la capacidad del Estado para brindar igualdad de oportunidades e igualdad de condiciones. Del mismo modo, fortalece las posibilidades para el cumplimiento de los deberes sociales frente a los derechos sociales, económicos y culturales de la población.
Cabe mencionar como ejemplo: la implementación o activación de las nueve (9) bases militares estadounidense en territorio colombiano; esta que representan una seria amenaza contra Venezuela y Latinoamérica, pues es muy bien sabido, que la principal intención de dichas bases es establecer mecanismos de presión contra los gobiernos de izquierda que resurgen en el continente. Así mismo podemos observar como se utiliza la estrategia imperial en el dominio del presidente colombiano (Uribe) para buscar antes de la entrega de la presidencia de Colombia al recientemente electo presidente (Santos); un conflicto que pueda justificar la injerencia e invasión del imperio americano a nuestro territorio. Así como también la reciente incursión militar en el hermano pueblo de Haití; donde actualmente se encuentran más de 20.000 soldados estadounidenses, con la supuesta intención de garantizar el orden público. Al respecto, el Libertador Simón Bolívar expreso. "(…) Los Estados Unidos, parecen destinados por la providencia a plagar la América de miseria en nombre de la Libertad (…)"
"Su genus proximum", los derechos sociales fundamentales son derechos fundamentales, es decir derechos subjetivos con un alto grado de importancia. Pero lo que distingue a los derechos sociales fundamentales de otros de otros derechos fundamentales (differentia specifica) es que son derechos de prestación en su sentido estrecho, es decir, derechos generales positivos a acciones fácticas del Estado.
En este orden de ideas, los derechos sociales fundamentales son derechos generales, específicamente derechos generales positivos, el carácter general de los derechos sociales fundamentales se refleja en tres planos: el plano del titular del derecho el de su objeto y el de su justificación. En el plano del titular del derecho, todas las personas son portadoras de derechos sociales fundamentales. En el plano del objeto los derechos sociales fundamentales, son derechos constitucionales (es decir, no simples derechos legales).
En el plano de la fundamentación filosófica, los derechos sociales fundamentales son derechos humanos cuyo carácter ideal (validez moral) se ha fortalecido mediante su positivización (validez jurídica). Una consecuencia directa de esto es la generalidad y la indeterminación de los derechos sociales fundamentales en contraste con la universalidad y la abstracción de los derechos sociales humanos. El concepto de los derechos sociales fundamentales se distingue por cinco características:
1. La norma jurídica
2. La obligación jurídica
3. La posición jurídica
4. El grado de importancia
5. El carácter general positivo
Bases conceptuales para la efectividad del acceso a la justicia
La Equidad: Entre las múltiples relaciones existentes entre la equidad y los derechos sociales se vinculan al concepto integral de desarrollo. En este sentido, cuando se ejercita y se activan los mecanismos de los derechos humanos, se elevará el valor instrumental que el mismo posee, en virtud de hacer sentir la voz de los excluidos reforzando las reivindicaciones sociales, de modo tal que el pleno disfrute de esos derechos constituyen en si mismo un elemento esencial y una meta hacía el desarrollo.
La equidad viene a constituir un componente del desarrollo humano, la igualdad en los bienes o servicios necesarios permitirá gozar de una adecuada calidad de vida. A este se le añade indudablemente una visión integral de reconocer la condición de persona de cada ser humano y de su dignidad, la cual se expresa principalmente en el conjunto de los derechos humanos. Siendo estos derechos aquellos que deben manejarse como libertades reales, tangibles y accesibles para todos.
Se considera como una tendencia a tratar de manera desigual a los seres que forman parte de una misma categoría esencial, ella se desarrolla acortando la desigualdad debido a que se extiende hacia el establecimiento de un paralelismo perfecto de la justicia formal.
Solidaridad: Se considera como el segundo principio fundamental de las sociedades occidentales, en su esfuerzo por construir una sociedad humana. En este orden de ideas, "la solidaridad implica el reparto orgánico de la riqueza de un país, con la intención de crear riqueza común en materia de infraestructura de bienes y de servicios considerados necesarios e indispensables para el buen funcionamiento y el buen desarrollo de la solidaridad".
De acuerdo a lo antes dicho, el autor plantea que la solidaridad se enraíza desde un punto de vista mutualista, de porvenir individual y colectivo. Se puede distinguir la solidaridad mutualista de la solidaridad altruista en la medida en que la acción solidaria no espera obtener beneficios o retornos por aparte del o los beneficiarios de esa acción. Traduciéndose esto, como una forma de gratuidad normativa (acto a favor) de ó por los demás, sin esperar una contrapartida.
Bien común: Se puede arribar a este acepción considerando algunas reflexiones que podrán develar la génesis del mismo, sin embargo hay que cuidarse no caer en utopismos inocentes que pueden desvirtuar las condiciones de su concepto practico. Entonces, se debe repensar sobre la importancia de la existencia del otro que posibilite la convivencia humana y social. El objetivo del bien común, obedece al conjunto de principios, reglas, instituciones y medios que permiten promover y garantizar la existencia de todos los miembros de una comunidad humana en el plano inmaterial, dicho de este modo.
Para que el bien común sea entendido como un elemento esencial, debe verse a través de la trilogía: reconocimiento, respeto, tolerancia en las relaciones con el otro.
Por otro lado, si nos ubicamos en el plano material, se puede evidenciar el bien común como aquella materialización dé bienes y servicios que se le proporcionan a los habitantes de una sociedad, población comuna, entre otros, los cuales se convierten en: alimentación, vivienda, energía, educación, salud, transporte, información, democracia y expresión artística. Para entender el bien común en el contexto venezolano, es necesario reconstruir lo inverosímil a lo verosímil de las relaciones humanas entre los congéneres.
Del mismo modo, implica transformaciones de forma radical en el plano político, económico y social. La idea del bien común para la Venezuela consiste en colocar en el sitial la urgencia de utilizar una nueva fiscalización y un nuevo sistema económico socio productivo para poner la economía y las leyes al servicio del bien común nacional.
Responsabilidad Social: Suele denominarse la responsabilidad social a la imputabilidad de una valoración positiva o negativa por el impacto que una decisión tiene en la sociedad. Se refiere generalmente al daño causado a la sociedad o parte de ella por las acciones o las no-acciones de otro individuo o grupo.
Por ejemplo: "La responsabilidad social de las empresas transnacionales es muy grande". También se designa así el compromiso de una persona con su propia sociedad. Ejemplo: "Juan decidió abrir su consultorio médico en el campo, porque tiene un gran sentido de responsabilidad social".
Mientras que en la tradición kantiana la responsabilidad es la virtud individual de concebir libre y conscientemente las máximas universalizables de nuestra conducta, para Hans Jonas, en cambio, la responsabilidad es una virtud social que se configura bajo la forma de un imperativo que, siguiendo formalmente al imperativo categórico kantiano, ordena: "obra de tal modo que los efectos de tu acción sean compatibles con la permanencia de una vida humana auténtica en la Tierra". Dicho imperativo se conoce como el "principio de responsabilidad", de gran importancia en ecología (lo que significa que la responsabilidad ambiental puede concebirse como una forma de responsabilidad social).
Desde el punto de vista de la organización social, la responsabilidad social se diferencia de la "responsabilidad jurídica" por carecer de un proceso institucionalizado de adjudicación, es decir, no existen tribunales especializados en juzgar la responsabilidad social que no esté prevista en normas jurídicas.
La responsabilidad social se diferencia también de la "responsabilidad política" porque no se limita a la valoración del ejercicio del poder a través de una autoridad estatal (en los ejemplos ofrecidos arriba, precisamente, los sujetos responsables son una empresa privada y un profesionista). Convivencia Social: En la historia de la humanidad encontramos diversas formas de relaciones entre los hombres y las mujeres. En pleno siglo XXI, conocemos de manera inmediata lo que sucede en otros lugares a través de los medios de comunicación, por ello, el propósito que nos lleva entender este concepto consiste en diferenciar entre lo abstracto y lo concreto del mismo. En todo caso, en el mundo abstracto se asocia a lo intangible, pareciera que es fácil de realizarla, debido a que en ella existen aspectos meramente formales como la ética, la moral la sinergia y el respeto al otro, sin embargo, en el mundo concreto, vemos como las personas en muchos casos no viabilizan una serie de actitudes, valores, comportamientos que son propios de la tolerancia, así como la no discriminación, la aceptación de la diversidad cultural y social, el reconocimiento de la ínter subjetividad y la alteridad siendo este último el que debe ser capaz de aprehender al otro en la plenitud de su dignidad, de sus derechos y, sobre todo, de su diferencia.
Cuanta menos alteridad existe en las relaciones personales y sociales, más conflictos suceden. Nuestra tendencia es colonizar al otro, o partir del principio de que yo sé y le enseño a él. Porque él no sabe. Yo sé más y mejor que él. Toda la estructura de la enseñanza fue criticada por el profesor Paulo Freire, la cual está basada en esa concepción. El profesor enseña y el alumno aprende.
La convivencia social, se denomina como aquella relación intersubjetiva de la conducta humana, ella viene a constituir como el elemento preexistente y específico en el que el derecho surge. Si partimos de la premisa que toda convivencia humana requiere de un binomio organizativo que se traduce en: comunidad y asociación, llamada también sociedad.
Justicia Social: Existe considerables criterios para denominar las categorías esenciales de lo que significa justicia social, se ha discurrido ampliamente sobre este tema, sin embargo muchos teóricos la relacionan con el equivalente a la justicia distributiva, otros a la justicia jurídica, y algunos iuspositivistas a la justicia divina, todo ello se debe a la carga impositiva de quienes tienen la capacidad de soportarla.
De este modo, se puede conceptualizar la justicia social de forma paralela a la inclusión social, por ende la inclusión social significa que todas las venezolanas y todos los venezolanos puedan desarrollarse integralmente, cumpliendo con sus deberes y, sobretodo, ejerciendo sus derechos a la educación, a la seguridad social, a la seguridad ciudadana, a la sana alimentación, al trabajo, a la vivienda digna y al pleno desarrollo de la personalidad del individuo, entre otros, garantizando así la igualdad de condiciones y de oportunidades que faciliten la justicia social y que garanticen el desarrollo humano y la paz integral.
La justicia social se refiere a las nociones fundamentales de igualdad y de derechos humanos, y ambas pueden negarse o promoverse, a escala individual, local, nacional y mundial. Una situación de justicia es imprescindible para que los individuos puedan desarrollar sus capacidades por completo y para que se pueda instaurar una paz duradera.
En Venezuela este concepto ha adquirido gran relevancia en lo social, lo político y lo cultural extendiéndose a lo social, sin embargo pareciera que la justicia está ligada meramente a la parte formal del derecho, cosa que le corresponde entenderla desde la perspectiva de la filosofía jurídica, de allí que la justicia social siendo un imperativo categórico para el Estado, no puede cubrir a todos los ciudadanos sino a un determinado grupo social vulnerable ante la justicia. Según Argente del Castillo "(…) A la Justicia Social, le atribuye la categoría de especie de justicia común fundada sobre la igualdad de derechos civiles y políticos de todos los ciudadanos, es decir no puede considerarse justicia social si alguno de estos atributos son exceptuados… (…)".
A demás de los artículos antes mencionados, resulta necesario incluir a groso modo otros de igual importancia para ser considerados dentro del marco jurídico de este proyecto comunitario. Entre los cuales se pueden señalar los siguientes:
(CRBV) Artículo 88: El Estado garantizará la igualdad y equidad de hombres y mujeres…
(CRBV) DEL ESPACIO GEOGRAFICO Y LA DIVISION POLITICA. Capítulo I. Del Territorio y demás Espacios Geográficos. Art. 10. TITULO IV. Del Poder Público > Capítulo IV. Del Poder Público Municipal > Artículo 178
TITULO I. Principios Fundamentales Artículo 3. El Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción…
TITULO III. De los derechos humanos y garantías, y de los deberes Capítulo V. De los derechos sociales y de las familias. Artículo 80. El Estado garantizará a los ancianos y ancianas el pleno ejercicio de sus derechos y garantías. El Estado, con la participación solidaria de las familias y la sociedad….
TITULO III. De los derechos humanos y garantías, y de los deberes. Capítulo V. De los derechos sociales y de las familias. Artículo 86. Toda persona tiene derecho a la seguridad social como servicio público de carácter no lucrativo, que garantice la salud y asegure protección en contingencias de materia…
TITULO III. De los derechos humanos y garantías, y de los deberes. Capítulo V. De los derechos sociales y de las familias. Artículo 92.
TITULO I. Principios Fundamentales > Artículo 3
El Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la constr…
TITULO III. De los derechos humanos y garantías, y de los deberes > Capítulo I. Disposiciones Generales > Artículo 29
El Estado estará obligado a investigar y sancionar legalmente los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus autoridades.
TITULO III. De los derechos humanos y garantías, y de los deberes > Capítulo I. Disposiciones Generales > Artículo 30
El Estado tendrá la obligación de indemnizar integralmente a las víctimas de violaciones de los derechos humanos que le sean imputables, o a su derechohabientes, inc…
TITULO III. De los derechos humanos y garantías, y de los deberes > Capítulo I. Disposiciones Generales > Artículo 31
Toda persona tiene derecho, en los términos establecidos por los tratados, pactos y convenciones sobre derechos humanos ratificados por la República, a dirigir pet…
TITULO III. De los derechos humanos y garantías, y de los deberes > Capítulo III. De los derechos civiles > Artículo 43
El derecho a la vida es inviolable. Ninguna ley podrá establecer la pena de muerte, ni autoridad alguna aplicarla. El Estado protegerá la vida de las personas que se…
TITULO III. De los derechos humanos y garantías, y de los deberes > Capítulo III. De los derechos civiles > Artículo 45
Se prohíbe a la autoridad pública, sea civil o militar, aun en estado de emergencia, excepción o restricción de garantías, practicar, permitir o tolerar la desaparic…
TITULO III. De los derechos humanos y garantías, y de los deberes > Capítulo III. De los derechos civiles > Artículo 46
Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral; en consecuencia: Ninguna persona puede ser somet…
TITULO III. De los derechos humanos y garantías, y de los deberes > Capítulo III. De los derechos civiles > Artículo 47
El hogar doméstico y todo recinto privado de persona son inviolables. No podrán ser allanados sino mediante orden judicial, para impedir la perpetración de un delito…
TITULO III. De los derechos humanos y garantías, y de los deberes > Capítulo III. De los derechos civiles > Artículo 52
Toda persona tiene el derecho de asociarse con fines lícitos, de conformidad con la ley. El Estado estará obligado a facilitar el ejercicio de este derecho.
TITULO III. De los derechos humanos y garantías, y de los deberes > Capítulo III. De los derechos civiles > Artículo 54
Ninguna persona podrá ser sometida a esclavitud o servidumbre. La trata de personas y, en particular, la de mujeres, niños, niñas y adolesc…
TITULO III. De los derechos humanos y garantías, y de los deberes > Capítulo III. De los derechos civiles > Artículo 55
Toda persona tiene derecho a la protección por parte del Estado, a través de los órganos de seguridad ciudadana regulados por ley, frente a situaciones que constituy…
TITULO III. De los derechos humanos y garantías, y de los deberes > Capítulo VII. De los derechos económicos > Artículo 115
Se garantiza el derecho de propiedad. Toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes. La propiedad estará sometida a las contrib…
TITULO III. De los derechos humanos y garantías, y de los deberes > Capítulo VII. De los derechos económicos > Artículo 116
No se decretarán ni ejecutarán confiscaciones de bienes sino en los casos permitidos por esta Constitución. Por vía de excepción podrán ser objeto de confiscación, m…
TITULO IV. Del Poder Público > Capítulo IV. Del Poder Público Municipal > Artículo 184
TITULO IX. De la reforma constitucional > Capítulo I. De las enmiendas > Artículo 341, 342, 344, 347, 348
1.6.2. Fundamentación Política.
En la actualidad y con fundamentación en diversos expertos en materia territorial, la política territorial contribuye a un modelo de desarrollo regional, el cual debe guardar relación con la cohesión económica y social, el desarrollo sostenible y la mejora de la competitividad de las regiones. En este sentido, primero se parte de la definición de política territorial, lo relacionado con el diseño de nuevas políticas y estrategias territoriales, el objetivo y fundamentos de la planificación territorial, las nuevas realidades territoriales.
El fundamento político-juridico de lo antes mencionado podemos observarlo en lo establecido en el Titulo IV, capitulo V de la (CRBV) articulo 185: "…Del Consejo Federal de Gobierno dependerá el Fondo de Compensación Interterritorial, destinado al financiamiento de inversiones públicas para promover el desarrollo equilibrado de las regiones, la cooperación y complementación de las políticas e iniciativas de desarrollo de las distintas entidades públicas territoriales, y a apoyar especialmente la dotación de obras y servicios esenciales en las regiones y comunidades de menor desarrollo relativo…"
Además se toman en cuenta las políticas de desarrollo territorial en América Latina; así como el papel de la descentralización de la política territorial. Segundo se presenta la Política Territorial y la Planificación Territorial en Venezuela, partiendo de su consagración con base jurídico-constitucional Tercero, finalmente se realiza una aproximación a la situación actual del desarrollo en Venezuela, soportada en la información empírica recabada y a los planteamientos teóricos desarrollados; donde se toma como objeto de estudio a la Región Centro Occidental de Venezuela y solo cuatro tendencias en la política de ordenación territorial. El trabajo se llevó adelante mediante el estudio de documentos oficiales, bibliografía relacionada con la temática de autores nacionales y extranjeros, revisión hemerográfica y entrevistas a funcionarios públicos y expertos en el tema.
La política territorial, o política de ordenación del territorio es el conjunto de políticas públicas y planificaciones con repercusiones territoriales, encaminada a la coordinación y compatibilización de los usos y funciones que coexisten en un determinado territorio; es decir, el conjunto de disposiciones legales, planes, programas y actuaciones que de manera integrada, desarrolla un gobierno de modo que las actuaciones territoriales respondan a los deseos de bienestar y en general, a mejorar y elevar la calidad de vida de las personas, individual y socialmente.
Así mismo, Castellano Bohórquez (2000a: 278) se refiere a la ordenación del territorio como "la definición y promoción de una localización de la población, la producción y la infraestructura física, que armonice criterios económicos, sociales, ambientales y de seguridad y defensa, en función del bienestar de la población".
En cuanto al término armonizar, el autor lo utiliza como sinónimo de equilibrio, el cual se recompone constantemente y abarca ámbitos como el económico, social, ambiental y los diferentes grupos sociales, por lo que en este caso el autor va más allá de la connotación político-territorial.
Existen, hoy por hoy, unas tendencias emergentes en políticas de ordenación del territorio, las cuales han sido aplicadas en Europa, que son producto o respuestas a las situaciones que se plantean para la ordenación del territorio y otras políticas públicas.
Según Hildenbrand (1999), entre otras tendencias se cuentan: 1) el incremento de la dimensión ambiental de la ordenación del territorio, 2) la creciente aproximación de la ordenación del territorio a la economía, 3) la mayor atención al cambio tecnológico, 4) la incorporación de la dimensión europea en los planes de ordenación del territorio, 5) la simplificación de los contenidos de los planes, 6) la agilización del proceso de planificación y de los procedimientos en el ámbito de la ordenación del territorio, y 7) la creciente preferencia por un enfoque de planificación territorial de orientación estratégica.
En cuanto a la necesidad de diseñar nuevas políticas y estrategias de actuación más imaginativas y dinámicas, de manera que sirvan de complemento al análisis de las principales situaciones socioeconómicas y territoriales que están surgiendo, Caravaca (1998) plantea una serie de aspectos que deben ser considerados.
En la actualidad, según esta autora, en mayor o menor medida el espacio puede contribuir a potenciar o a frenar el desarrollo, debiéndose tomar en consideración, como recurso no sólo comparativo sino también competitivo, el medio, el entorno y el territorio.
En cuanto al objetivo y los fundamentos de la planificación territorial, ésta se asocia, de acuerdo a Rodríguez García (1983: 276) "… al diseño de decisiones que como intervención ordenadora de la sociedad, exige al Estado el proceso de evolución de las agrupaciones humanas en el territorio, que implica la intensificación progresiva de la utilización de ciertas áreas, el incremento acelerado de los movimientos de la población dentro del territorio, y en fin, el surgimiento de nuevos tipos de asentamientos: … las áreas metropolitanas"; por lo que el objetivo, tal como lo señala Rodríguez García, son las agrupaciones humanas, las comunidades.
En este mismo orden de ideas, expresa el autor que la posibilidad de actuar con criterios de ordenación del territorio, la ofrece el reconocimiento de un patrón o forma de asentamientos humanos, que arroja como expresión la existencia de un sistema de ciudades; en este sentido, afirma que "… es el sistema de ciudades y su evolución el factor o elemento central, que sirve para fundamentar programas y decisiones sobre los asuntos que se manejan como ordenación del territorio…" (Rodríguez García, 1983: 277).
Para comprender los asuntos sobre los cuales se actúa a través de la planificación territorial, es necesario aproximarse a la explicación de algunas de las posiciones que estudian y tienden a exponer científicamente las vinculaciones entre desarrollo y sus efectos espaciales, consiguiendo en primera instancia a Hirschman (1961) quien considera la existencia de factores de polarización que pueden provocar, inicialmente, un proceso de crecimiento centrado en algunas zonas (polarización de crecimiento), pero que generarían necesariamente fuerzas compensadoras que tenderían a restaurar el equilibrio en el crecimiento entre las regiones.
Así mismo, Perroux (1973) explica el proceso de desarrollo a través de la sustitución de viejas industrias por nuevas industrias, introduciendo el concepto de industrias motrices o de vanguardia, de un sistema polarizado de industrias en evolución e incorporando la noción de espacio topológico para sustituir la noción rígida, estática, de espacio tridimensional, geográfico, físico, por una noción de espacio como conjunto de diferentes relaciones que definen el objeto; siendo este el soporte de su explicación de cómo el desarrollo económico se logra a través de estos "polos de crecimiento" definidos como espacios topológicos y no geográficos. Por otro lado, Thompson identifica como:
"verdadera base económica de la gran área metropolitana, la creatividad de sus universidades y parques de investigación, la sofisticación de sus firmas de ingeniería e instituciones financieras, la persuasividad de agencias de relaciones públicas y publicidad, la flexibilidad de su sistema de transporte y todas las otras dimensiones de infraestructura, que facilitan la transferencia rápida y ordenada de las decadentes industrias viejas, a las nacientes… ". (Thompson, citado en Rodríguez García, 1983:280-281).
Considerando las acepciones o aportes de los anteriores autores, se puede enmarcar la intención u objetivo que al respecto se aplica en la formación de los profesionales que egresaran de las aldeas universitarias de la UBV. Siendo así; se puede asegurar la existencia de profesionales capacitados para realizar análisis de cualquier índole, aspecto o ámbito, teniendo en consideración los diversos PFG. Que se dictan en esta casa de saberes y estudio.
Lo anterior supone la integración de saberes que al engranarse proyectan el nuevo paradigma de profesionales comprometidos con las bases sociales sin distinción de clases. El enfoque va mas allá de cualquier teoría tradicional o dogma educativo; pues el nuevo hombre se forma mediante los saberes empíricos, estos que en el desarrollo de cada Unidad curricular va moldeando de acuerdo a los métodos de investigación correspondientes. Como ejemplo se puede citar el método de análisis coyuntural aplicado en los proyectos comunitarios.
1.7. El Análisis Económico, Político Social e Ideológico en los Niveles Internacional, Nacional y Local.
Para la realización del análisis en sus distintos ámbitos y aspectos, resulta imperativamente necesario hacer un exhaustivo estudio para la distinción y separación de las partes de un todo hasta llegar a conocer sus principios o elementos. A cada ámbito y aspecto corresponde realizar un estudio intelectual, examinar cada componente del mismo y de sus respectivas propiedades y funciones.
El análisis cualitativo y cuantitativo de ciertos componentes de la sociedad y los organismos estatales, según métodos especializados, con un fin diagnóstico. En la prosecución de factibilidad de nuestro proyecto comunitario "Análisis Social de la Justicia", hemos implementado como métodos de análisis: la "Investigación Acción Participativa" (I.A.P), método con el cual se construye una matriz FODA que contribuye para identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que existen en la comunidad.
El otro método de análisis que se aplicara será el "Análisis Coyuntural desde un enfoque marxista", por medio del cual se construirá el "Árbol Social", este que permitirá conocer en el ámbito local, cada uno de los ítems o indicadores en los que influyen directamente los ámbitos: Nacional e Internacional; lo que se interpretará como la matriz de hechos coyunturales que dan sustento a la investigación, posterior elabora del plan de acción y la aplicación de instrumentos para la consecución de los objetivos específicos planteados.
El objetivo primordial que se persigue con la aplicación de estos métodos de estudio, es adquirir el mayor conocimiento y domino sobre temas y aspecto de relevancia e importancia que generan conflictos dentro de la comunidad. Nuestro enfoque no abarca tan solo el ámbito local; pues para nuestra consideración, la sociedad en general conforma una gran estructura, cada individuo es parte de esta estructura, por tanto, el análisis de conflictos debe realizarse desde las bases sociales, en cada comunidad, barrio, caserío, urbanización, pueblo, ciudad, país, etc. Solo desde esta perspectiva podrá accederse a la información objetiva que permitirá dar solución al desequilibrio existente en cuanto a justicia social se refiere.
Enmarcados dentro de los planteamientos antes mencionados, la Universidad Bolivariana de Venezuela (U.B.V), contribuye activamente al desarrollo endógeno y a la evolución de nuestro país; esto se puede corroborar mediante la observación e investigación de cada uno de los proyectos comunitarios que se planifican y ejecutan dentro de cada Programa de Formación de Grado (P.F.G). Así mismo, dentro de cada aldea universitaria confluyen distintos (P.F.G), estos que a pesar de no compartir el mismo pensum, tienen en común su eje principal basados en los proyectos comunitarios. Desde los proyectos comunitarios cada (P.F.G) podrá engranar con los otros, de esta manera al considerar el análisis de una coyuntura en particular podrá realizarse desde diversos enfoques; todos con gran sentido de pertenencia, intelectualidad y compromiso social. Así mismo sucede con la Unidades Curriculares (U.C). Estas cumplen la función de formar e incentivar al nuevo científico del conocimiento que se moldea en la (U.B.V), al mismo tiempo que se engranan al proyecto comunitario, para aportar el conocimiento respectivo.
Como ejemplo de lo antes expuesto podemos citar una hipótesis del engranaje a nivel local: Supongamos que: Barinas es un pequeño caserío, su primordial conflicto social radica en la necesidad que tienen sus habitantes de obtener una vivienda. Ahora bien; la función de cada (P.F.G) estaría estrechamente vinculada; explicamos de forma breve porque y en qué forma:
P.F.G: Estudios Jurídicos: corresponde a los estudiantes analizar el ordenamiento Jurídico vigente y todo lo respectivo al derecho social. Construyendo todo un marco jurídico para dar solución al conflicto o problema detectado. De igual forma el estudiante podrá evaluar si la normativa vigente y los organismos de justicia son realmente efectivos o si resultan deficientes para dar solución al problema habitacional.
P.F.G: Gestión Social: Los nuevos gestores/as sociales tendrán la responsabilidad de hacer efectivo el derecho de cada ciudadano; es aquí donde engranan con los nuevos abogados comunitarios. No corresponde tan solo a los de estudios jurídicos evaluar las políticas públicas y el ordenamiento jurídico.
Cada profesional egresado de la (U.B.V.) debe estar capacitado y competente para realizar dichos análisis y evaluaciones, así mismo podrá plantear soluciones; para las cuales podrá solicitar la colaboración de los profesionales en la materia. La finalidad de este engranaje deberá girar en torno a dar solución habitacional como conflicto o problema planteado.
P.F.G: Ingeniería Civil: corresponde a este grupo de profesionales la evaluación y ejecución o construcción de las viviendas que darán la solución relativa al conflicto planteado. Lo mismo para con cada uno de los distintos (P.F.G). Claro está que no detallamos minuciosamente la correlación e integración; pues esto resultaría un tema muy complejo y amplio, lo que necesitaría análisis coyunturales correspondientes a los conflictos o problemas que se planteen y a los cuales tenga que dárseles solución efectiva…
Análisis en el ámbito: Internacional.
El colapso de los mercados financieros en 2008-2009 fue el resultado del fraude institucionalizado y de la manipulación financiera. Los "rescates de bancos" se implementaron según las instrucciones de Wall Street, lo que llevó a la mayor transferencia de riqueza en dinero de la historia documentada mientras que simultáneamente se creaba un insuperable déficit público. Con el deterioro a escala mundial del nivel de vida y la caída en picado del gasto de los consumidores, toda la estructura del comercio internacional de artículos está potencialmente en peligro.
El sistema de pagos y de transacciones de dinero está en una situación caótica. Tras el colapso del empleo, se ha trastocado el pago de salarios, lo que a su vez desencadena una caída de los gastos en artículos de consumo y servicios necesarios. Este dramático descenso del poder adquisitivo repercute negativamente en el sistema productivo y provoca un sarta de despidos, cierres de fábricas y bancarrotas. Exacerbado por la congelación del crédito, el descenso de la demanda de los consumidores contribuye a la desmovilización de recursos humanos y materiales. Vivimos, a nivel planetario, un momento extremadamente trascendental, caracterizado por el comienzo del fin del orden mundial unipolar surgido de la implosión del "socialismo real" y el fracaso del imperialismo estadounidense en mantener, tal como han sido sus pretensiones, por largo tiempo, su hegemonía global.
La inviabilidad del mundo unipolar pretendido por el imperialismo estadounidense se ha puesto en evidencia en varios escenarios:
a) En lo político: tal como lo ha reconocido el presidente Obama, Estados Unidos ya no puede pretender imponer soluciones a los diferentes problemas políticos existentes en distintas partes del mundo en solitario, sino que cada vez más necesita del apoyo de otros gobiernos.
b) En el militar: los fracasos de las invasiones a Irak y Afganistán y las complicaciones cada vez mayores de sus relaciones con Pakistán, así como el desafío presentado por el creciente poderío militar de Rusia, China y Corea del Norte.
c) En lo económico: Estados Unidos se ha convertido en el país más endeudado del mundo, el dólar se ha deteriorado en relación a otras monedas, en especial con el euro y la pérdida de espacios de influencia en la economía global, particularmente en África y en América Latina.
d) En lo Social: el número de pobres se ha incrementado en 7 millones en el último año, alcanzando la cifra de 47.4 millones, o sea el 15.8% de la población, según datos de la Academia Nacional de Ciencias dados a conocer recientemente y el número de desempleados se ha elevado a casi 20 millones. Varios millones han perdido también sus viviendas.
e) En lo ideológico, el fracaso del "pensamiento único" originado en el llamado consenso de Washington, que establecía el paradigma del único mundo posible, ha llevado al capitalismo a una encrucijada de la cual no encuentra como salir y ante la falta de opciones, siguen empecinados con mantener las ideas fracasadas que han sumergido al planeta en la peor etapa de la historia; considerando aspectos como: contaminación, corrupción, guerras, entre otros.
Más que un orden unipolar lo que pareciera estarse configurando es un nuevo orden multipolar, en el cual otros países y bloques de países han pasado a ser protagonistas globales tanto en lo económico, como en lo político y militar, tales son los casos de China, Rusia, Brasil y la India, conocidos ahora como el grupo de los BRIC.
La Gran Depresión del Siglo XXI y las Alternativas
La llamada Gran Depresión del siglo XXI caracterizada entre otros elementos, por la coincidencia de la crisis económica con otras crisis como la energética, la alimentaria y la ambiental, revelan su carácter sistémico y plantean la necesidad de búsquedas de superación de la misma más allá del capitalismo.
El componente medioambiental obliga a una resignificación de la crisis, concibiéndola como una "crisis de civilización" cuya impronta determinará la superación de la misma, dicho de otra manera, el proyecto alternativo de sociedad solo lo será si es capaz de abrirle paso a una nueva civilización que logre contener y, en el largo plazo, revertir los graves daños a la naturaleza causados por la lógica del libre mercado, la competencia, la concentración del capital y el paradigma del crecimiento económico sin fin.
Lo anterior implica una caracterización muy especial de la coyuntura mundial, a partir de los graves desafíos y de las urgencias que los mismos reclaman, como una coyuntura en la que por primera vez en la historia de la humanidad, seguir en el curso que llevamos solo conduce al suicidio de la humanidad entera, pues pensar en un capitalismo sostenible o ecológico, apelando al paradigma tecnológico, aparece claramente como un grande y peligroso contrasentido. Sobre la actual crisis de la economía existe ya una corriente de opinión originada en economistas de los organismos financieros multinacionales, de la Reserva Federal y de los tanques de pensamiento del gran capital, que sostienen que "la economía ya tocó fondo y que el crecimiento económico comenzará a manifestarse a partir del segundo semestre del próximo año", curiosamente son los mismos personajes que aseguraban hasta hace poco tiempo que la crisis no existía, o sea los que trataron de negarla, hasta que los hechos se impusieron.
Sin embargo y por encima de los más de 12 millones de millones de dólares que han sido invertidos por varios gobiernos, en especial del mundo rico, para tratar de sacar adelante la economía, más allá de la tan celebrada recuperación de las bolsas de valores y del reporte de ganancias millonarias por parte de bancos que fueron rescatados de la bancarrota con dineros públicos, la economía real no despega, el desempleo sigue creciendo con particular fuerza en algunos países de la Unión Europea y en los mismos Estados Unidos.
Así mismo, el comercio mundial no da muestras de recuperación, mas bien y en contradicción con las declaraciones públicas, muchos gobiernos están impulsando políticas orientadas a fortalecer sus mercados internos, como es el caso de China, lo cual ha sido considerado por algunos intelectuales, como "el fin de la globalización".
Existe también una opinión originada en economistas de izquierda, quienes fueron precisamente los que lograron vislumbrar la crisis que se avecinaba, que sostienen que "no estamos al principio del fin, sino al fin del principio de la crisis". Según ellos, ya se está produciendo un nuevo estallido de la crisis en el sector inmobiliario, pero ahora no en el ámbito de las viviendas, sino que en las construcciones comerciales y de servicios, la cual podría implicar la pérdida de miles y miles de millones de dólares y la quiebra de centenares de bancos. Ante la evidencia empírica de que un nuevo ramalazo de la crisis se aproxima, el mismo presidente Obama, ha advertido acerca de la necesidad de no dejarse llevar por el entusiasmo que provocan algunas señales de la aparente recuperación de la economía mundial.
Análisis en el ámbito Nacional
El Escenario latinoamericano. Revolución y Contrarrevolución
Sur América sigue siendo la región en donde mayores avances se registran en la búsqueda de construcción de un proyecto alternativo de sociedad. Venezuela, Ecuador y Bolivia encabezan procesos políticos de desmontaje del neoliberalismo, de recuperación de la soberanía nacional, de integración regional y desconexión de la hegemonía política de Estados Unidos, en medio de contradicciones y amenazas internas y externas.
Iniciativas como El Alba, Petrocaribe, Unasur, el Banco del Sur, la creación del Sucre, la vinculación de Sur América con África y el establecimiento de vínculos de comercio, cooperación económica y militar, con países extra-continentales como Rusia, China e Irán, constituyen procesos inéditos en la historia de esta región del mundo, tradicionalmente sometida a los intereses imperialistas estadounidenses.
Los enormes recursos naturales existentes en los países de Sur América constituyen una base importante para el impulso de proyectos de desarrollo nacional pero también son una fuente de inseguridad para los pueblos de esos países, debido al interés que los mismos despiertan para las grandes corporaciones transnacionales y la potencia imperial, tan necesitados de esos recursos para el funcionamiento y sostenimiento de sus economías.
A partir de los últimos años del gobierno del ex presidente Bush, pero especialmente con el gobierno de Obama, el interés de Washington hacia la región se ha visto notoriamente incrementado de tal forma que las amenazas a los procesos políticos actualmente en desarrollo en varios países son ahora más evidentes.
Las posibilidades de cambios en las correlaciones de fuerzas de la región a raíz del agotamiento político de los modelos impulsados por los llamados gobiernos progresistas, podría derivar en el ascenso de gobiernos derechistas y más cercanos a Washington en varios países como Brasil, Uruguay, Chile y Argentina, tal como ha sucedido en Panamá y ahora con Colombia; donde ya existen bases militares de Estados Unidos.
La amenaza militar y el fascismo.
La reciente decisión de los gobiernos de Estados Unidos y Colombia de poner al servicio del primero, siete bases militares han sido vistos por los gobiernos de izquierda de Venezuela, Ecuador y Bolivia como una amenaza directa, lo cual ha añadido un factor de desestabilización muy fuerte y peligroso en la región.
Aunado a esto se vislumbra el mismo panorama en Haití; donde para la fecha (07/02/2010) se calculaba más de 20.000 soldados estadounidenses aglomerados en tropas que ocupaban militarmente este hermano país.
Este hecho, sumado a la reactivación de la Cuarta Flota de la marina estadounidense es una señal clara de que el imperio está decidido a asegurar el control de los abundantes recursos naturales de la región, ante las dificultades de controlar Irak y Afganistán, valiéndose del elemento militar si fuese necesario.
No obstante, esta pretensión imperial tiene serios obstáculos que vencer. Además de la resistencia de los gobiernos de izquierda y de los pueblos latinoamericanos, hay que considerar al gobierno de Brasil, cuyas pretensiones de erigirse como un sub imperio entran en contradicción con el gobierno de Estados Unidos. La reciente compra de 14 mil millones de dólares en armas y tecnología militar a Francia como respuesta a la instalación de las bases en Colombia son una señal en esa dirección.
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