Corrupción en la administración de justicia: ética y moral (página 3)

La honradez, probidad, rectitud, lealtad, diligencia y veracidad son virtudes que deben adornar cualquier actuación del Abogado. Ellas son la causa de las necesarias relaciones de confianza Abogado–Cliente y la base del honor y la dignidad de la profesión. El Abogado debe actuar siempre honesta y diligentemente, con competencia, con lealtad al cliente, respeto a la parte contraria, guardando secreto de cuanto conociere por razón de su profesión. Y si cualquier Abogado así no lo hiciere, su actuación individual afecta al honor y dignidad de toda la profesión.

• d) Deber de Secreto: La obligación de procurar el arreglo entre las partes exige que la información no sea tendenciosa.

La Constitución reconoce a toda persona el derecho a no declarar contra sí mismo, y también el derecho a la intimidad. Ambos persiguen preservar la libertad y la vida íntima personal y familiar del ciudadano, cada vez más vulnerable a los poderes estatales y a otros poderes no siempre bien definidos. El ciudadano precisa del Abogado para conocer el alcance, la trascendencia de sus actos, y para ello, debe confesarle sus circunstancias más íntimas.

El Abogado se convierte así en custodio de la intimidad personal de su cliente y de su inalienable derecho a no declarar contra sí mismo. El secreto profesional y la confidencialidad son deberes y a la vez derechos del Abogado que no constituyen sino concreción de los derechos fundamentales que el ordenamiento jurídico reconoce a sus propios clientes y a la defensa como mecanismo esencial del Estado de Derecho. Todo aquello que le sea revelado por su cliente, con todas sus circunstancias, más todo aquello que le sea comunicado por otro Abogado con carácter confidencial, deberá mantenerlo en secreto.

Correspondiendo a los principios fundamentales de la Abogacía se regulan las bases de las incompatibilidades y de la publicidad personal. El Abogado no puede poner en riesgo su libertad e independencia, su lealtad al cliente ni el secreto profesional y por ello evitará ejercer profesiones o desarrollar funciones que de modo directo o indirecto le creen cualquier tipo de presión física o anímica que pueda poner en riesgo su independencia o la revelación de cualquier dato secreto que no solo podría perjudicar intereses particulares de los clientes sino que, además, afectaría gravemente a la confianza de los ciudadanos en el derecho de defensa, y por extensión a todo el sistema de garantías.

Debe dotarse de normas deontológicas a la publicidad personal, actividad hasta ahora estatutariamente restringida y que ha originado en los últimos años una gran actividad reglamentaria aperturista en los Consejos y Colegios. En el presente Código Deontológico se establecen las bases de la publicidad personal del Abogado, solo en cuanto afecta a la deontología profesional. La publicidad respetará los principios de dignidad, lealtad, veracidad y discreción, salvaguardando en todo caso el secreto profesional y la independencia del abogado. La función de concordia que impone al Abogado la obligación de procurar el arreglo entre las partes exige que la información no sea tendenciosa ni invite al conflicto o litigio.

La independencia del Abogado está íntimamente ligada con el principio de libertad de elección. El Abogado es libre de asumir la dirección de un asunto y el ciudadano lo es también de encomendar sus intereses a un Abogado de su libérrima elección y cesar en la relación profesional en el momento que lo crea conveniente. Esta absoluta libertad, podría poner en riesgo el propio derecho de defensa si entre la actuación profesional de un Abogado y la de su sustituto se produce un vacío de asistencia jurídica efectiva.

Por ello, de la antigua institución de la "venia", palabra que tiene varios significados, el que nos interesa para ese trabajo, decimos que "Permiso o licencia para hacer una cosa concedido por una autoridad", conviene conservar la necesaria comunicación del sustituto al sustituido pero encomendando a éste una responsable actuación informativa, que ya venía sucediendo en la práctica. Ello permite garantizar que el ciudadano no quedará en indefensión entre la actuación del sustituido y el sustituto, estableciendo un único momento en el que cesarán las responsabilidades de uno y comenzaran las del otro, y procurará, además, una importante información al sustituto en beneficio siempre de los intereses objeto de defensa.

• e) La Deontología Y La Ética.

Ética es la investigación general de lo que es bueno, valioso, realmente importante, del sentido de la vida o de lo que hace la vida digna de ser vivida, o del modo correcto de vivirla, con el deber de querer comportarse mejor, con juicio de valor relativo reducible a enunciados sobre hechos y todas las proposiciones científicas verdaderas, todas las proposiciones que puedan ser formuladas, los hechos descritos se situarían en el mismo nivel y, de igual modo.

La Ética al enfocar lo bueno y lo malo, son atributos de nuestros estados mentales, un hecho que podemos describir. La Ética es supranacional, y nuestras palabras sólo expresan hechos, como una taza de agua sólo contiene una determinada cantidad de agua, aunque se derrame un galón sobre ella. En lo que concierne a los hechos y las proposiciones hay sólo valor relativo y bien relativo, corrección relativa.

La Deontología es el tratado de los deberes y derechos forenses (ejercicio de la Abogacía, Jurisprudencia y la Magistratura). "El camino correcto es el que conduce a un fin arbitrariamente predeterminado y es plenamente claro para todos nosotros que no tiene sentido hablar sobre el camino correcto con independencia de tal fin predeterminado".

El camino correcto que toda persona al verlo, seguiría con necesidad lógica o se avergonzaría de no seguirlo. Ningún estado de cosas tiene en sí mismo lo que llamaría el poder coercitivo de un juez absoluto.

• f) De la educación en el discernimiento del bien y del mal.

La escuela juega un papel primordial, sobre todo en el reconocimiento y el respeto hacia unos y otros, en la apertura hacia un mundo que está por construir, en el aprendizaje del trabajo en equipo y en la difusión de una cultura de la responsabilidad, de la solidaridad y de valores éticos compartidos. La escuela está llamada no solo a instruir, sino también a educar, tanto a través del currículo explícito (las materias que se enseñan y la didáctica disciplinaria), como a través de todo lo implícito (las relaciones, los espacios de intercambio, las actividades informales, la didáctica en general). Para devolver la eticidad a la escuela y la docencia superior es preciso partir de la revaloración del estatus del maestro.

En el ámbito de los medios de comunicación. Reconocemos la tremenda influencia que ejercen los mismos (sobre todo el audiovisual) en todos los ámbitos de la vida social. Para cumplir con su misión de información, de opinión y promoción de cultura, los medios de comunicación deberán no sólo estimular el sentido crítico de las personas. Sino también ser críticos consigo mismos. Y tomar conciencia de su rol como formadores de la conciencia pública.

En el ámbito de la Función Pública, reconocemos la dificultad existente para lograr que ésta sea asumida como una función de servicio. La Función Pública antes que como una labor de servicio es vista y aprovechada como un trabajo de supervivencia personal, cuando no de beneficio propio. La motivación y conducta de los servidores públicos peruanos todavía está orientada a satisfacer una serie de aspiraciones de corte familiar, amical y partidista. Antes que de la colectividad y el Estado. Predomina así, una sociedad de privilegios que desestimula el sistema de méritos. Esta realidad tiende a empaparse de una fuerte inercia resistente a los cambios. Consideramos que se deberá revalorar la Función Pública y, en los casos pertinentes, refundar organizacionalmente las instituciones sociales y públicas.

1) La Familia.

Reconocer la contribución de la familia como primer ámbito de formación ética y el primer lugar de socialización del niño, del aprendizaje de las regias de la vida en sociedad y del despertar de la conciencia moral.

2) La Escuela.

Revalorar y dignificar la carrera del maestro, contemplando niveles de ingresos dignos y facilidades para su superación profesional. Enfatizamos esta recomendación bajo el tema de la ética pública, además del contexto de la reforma administrativa, por considerar a la escuela un espacio paradigmático para el ejemplo y guía de la educación en valores.

Incorporar en la estructura curricular vigente, en el Área Personal Social, un conjunto de competencias y capacidades directamente relacionadas con la probidad y la ética en el respeto y manejo de lo público. De preferencia aplicando el Sistema de Casos, por ser hoy día considerado como el más efectivo para el tratamiento de los temas éticos.

Elaborar de forma compartida (cuerpo docente, administrativo y educando) Códigos de Ética y de conducta escolar, que sean aplicados y trabajados desde los diversos Proyectos Educativos escolares.

Desarrollar programas que promuevan la formación vivencial cotidiana de probidad e integridad en el manejo de lo público que involucren a la escuela y la comunidad. Estos programas serán espacios privilegiados para el aprendizaje y ejercicio de los valores ciudadanos.

3) La Educación Superior.

Introducir cursos de ética profesional, elaborados en base a casos, para los alumnos de universidades y enseñanza superior.

4) Los Medios de Comunicación.

Abrir un debate nacional sobre la política del Estado respecto a la regulación de las concesiones y el uso del espacio radioeléctrico, teniendo presente la experiencia reciente en el Perú y la legislación de otros países del continente.

Que los medios de comunicación hagan suyas las recomendaciones del Plan Nacional Anticorrupción y desarrollen un plan de comunicaciones de fomento de la ética, la integridad y los valores de la persona. Precisar los criterios para la distribución transparente de la publicidad estatal.

Considerar mecanismos de vigilancia ciudadana para hacer valer el deber de cooperación de los medios con la formación ética, cultural y democrática de la ciudadanía y la contribución que en esta materia debe brindar la publicidad en general.

g) La Función Pública.

Se aspira a crear y adoptar un Sistema de Integridad Pública que contemple la elaboración de códigos de conducta de los servidores públicos. Para ello recomendamos tomar en cuenta las siguientes recomendaciones del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Definir en forma colectiva los valores y estándares éticos del sector público.Garantizar que los valores y estándares éticos sean asumidos por y los funcionarios y conocidos por los ciudadanos.

Supervisar el cumplimiento de los valores y estándares éticos en el funcionamiento de las organizaciones públicas.

Asegurar que los sistemas de organización vigentes apoyen la Integridad ética, transformando las conductas inadecuadas en actos difíciles de cometer y fáciles de detectar.

Determinar qué tipo de sanciones eficaces se dan ante los actos de corrupción detectados y comprobados, y qué servicios competentes encargados de la fiscalización, la investigación y el enjuiciamiento existen para descubrir faltas de integridad y Ética.

Establecer y fortalecer mecanismos que faciliten la vigilancia ciudadana sobre el comportamiento de los funcionarios públicos.

El Sistema de Integridad Pública debería ser fortalecido con la formulación de una Ley de Servicio Civil que implique:

Un sistema de ascensos basado en el rendimiento y la capacidad profesional. Con el fin de desarrollar condiciones apropiadas para que el servidor público se profesionalice y trabaje motivado a partir de incentivos adecuados (salarios competitivos, capacitación permanente, etc.).

Un sistema de promoción y recompensas en el sector público. Es necesario, para esto, organizar un sistema o mecanismo público de reconocimiento y recompensas por las conductas probas.

Un sistema de asesoría y evaluación permanente. Se requiere un servicio de orientación o asesoría permanente al servidor público y un sistema de evaluación permanente de éste, tanto a nivel interno como por parte del público, que redunde en una sistemática oportunidad de superación dentro de la "carrera pública" (encuestas de imagen de honestidad en las instituciones públicas: etc.)

Asumir en los ministerios y entidades públicas una decidida política de transparencia similar a la que se viene desarrollando en el campo económico y fiscal, un sistema de fiscalización efectiva interna y externa de los funcionarios restringiendo la discrecionalidad arbitraria de que hacen uso y un sistema de sanciones que modifique las normas actuales de proceso administrativo disciplinario aplicable a los funcionarios, trabajadores docentes y administrativos. A fin de garantizar la justicia administrativa, hacer expeditivos los procedimientos y evitar la prescripción de las faltas.

Establecer un conjunto de requisitos mínimos, de público conocimiento, para la designación de los "Cargos de Confianza" a fin de garantizar idoneidad en quienes por encargo del Estado tiene la potestad de adoptar las más altas decisiones del desarrollo nacional.

Se recomienda crear la carrera del Servicio Civil. El Sistema de Integridad Pública tendrá una base sólida y mejores perspectivas para el desempeño público con la existencia de Servidores Públicos entrenados especialmente para esta labor.

LA CORRUPCIÓN EN LA SOCIEDAD HUMANA.

1. Componentes de Corrupción.

En las batallas Éticas (Lucha de Ideas Éticas), tratado en el Punto III, estamos ante una disyuntiva. Pero no se trata de una disyuntiva subjetiva. Se trata de una opción de acuerdo a los alcances de la lucha que nos propongamos. Sin entrar en la consideración de purismos éticos, la corrupción es una condición que afecta de modo universal a la sociedad humana: desde lo individual hasta lo colectivo. En cuanto individuo, el ser humano es el único que está en capacidad de reconocer alternativas mediante la razón y tomar decisiones usando su voluntad, solo él es capaz de ejercer su libertad y haciéndolo, tiene que actuar conforme a valores y a la rectitud de las normas, cediendo una parte de esa libertad para que el derecho precautele la vida de la sociedad.

De allí surge la condición de las normas jurídicas, en su misma naturaleza está la posibilidad de su violación e infracción por los individuos, acerca de cuyos actos o decisiones rigen. En cuanto a colectividades, del mismo modo, los grupos humanos se organizan y subsisten gracias a la aceptación de valores propios.

La corrupción en su sentido más general y lato, se constituye como la actitud valorativa o despreciativa de las normas, y los estándares de valores. Este tipo de actitudes y comportamientos humanos afectan a la condición fundamental de subsistencia moral y ética de la sociedad. Por ello, no solamente ha de asegurarse la supervivencia social mediante un tejido jurídico–normativo sino por la solidez de un tejido moral–normativo.

La corrupción no sólo se refiere a la violación de las normas legales y a la actuación de los funcionarios públicos. Esta es la corrupción que corresponde a personas que perteneciendo al servicio público, reciben un salario o estipendio por su desempeño y que cuando deciden aceptar o contrariar tales normas, sea por acción u omisión, recibiendo por ello beneficios no establecidos, incurren en actos de corrupción, en cualquiera de sus variantes.

Si bien, esta concepción de corrupción es la generalmente aceptada, cabe siempre pensar en la justicia del sistema jurídico normativo. Las leyes proporcionan el marco de legalidad a los actos, pero no necesariamente el marco de justicia.

Existe el riesgo de que en determinado momento la corrupción alcance a juzgadores y controladores y no haya manera de encontrar la punta del ovillo, lo que puede provocar la generalización de la convicción de que el hecho de no ser corrupto es pertenecer a una grave variedad de tontos, solos en "una burbuja de honradez en una viscosa corriente corrompida". La corrupción debe ser definida no sólo como un problema de violación de normas (ilegalidad) sino fundamentalmente como un problema de violación de valores (ilegitimidad).

La corrupción puede ser reducida a la corrupción pública, en donde los actores fundamentales son los funcionarios públicos y el Estado; en lugar de verla como un juego comunicativo en donde el hecho desencadenante es el beneficio de quien corrompe al funcionario público, es decir, la corrupción está ligada al poder político y económico.

2. Definiciones de Corrupción en el Sector Público y Privado.

En general las definiciones clásicas se orientan más hacia la actuación del sector público y avanzan hasta el establecimiento de actos ilícitos en provecho particular.

Samuel Huntington señala: "La corrupción es una desviación de los funcionarios públicos, que se apartan de las normas establecidas para ponerse al servicio de los intereses privados" La Conferencia Episcopal Latinoamericana amplía en parte esta visión, al ligar la corrupción también a las "fortunas privadas": la corrupción "consiste en la obtención de beneficios mediante la utilización de la influencia otorgada por cargos públicos o por la fortuna privada que genera un enriquecimiento ilícito", Klitgaard señala la siguiente definición: "Existe corrupción cuando una persona, ilícitamente, pone sus intereses personales por sobre los de las personas y los ideales que está comprometido a servir". Se puede establecer una ecuación básica de la corrupción. La conducta ilícita florece cuando los agentes tienen poder monopólico sobre los clientes, grandes facultades discrecionales, y débil responsabilidad ante el mandante.

Vale entonces la siguiente ecuación: "Corrupción igual Monopolio de la decisión pública más Discrecionalidad de la decisión pública menos Responsabilidad (en el sentido de obligación de rendir cuentas) por la decisión pública" Corrupción es "inducir (por ejemplo a un funcionario) por medio de prestaciones impropias (como soborno) a cometer una violación del deber".

La corrupción es una "conducta que se aparta de los deberes formales de un cargo público en busca de beneficios pecuniarios o de posición (camarilla, personal, familiar, privada) que conciernen al interés privado; o que viola las normas que coartan ciertos tipos de conductas tendientes al interés privado".

Es necesario establecer una aproximación conceptual que destaque la corrupción como un problema de poder económico y político y como un problema ético y de conciencia moral de violación de valores y normas.

Pues de la concepción por la que optemos depende el tipo de análisis de este problema y, sobre todo, los remedios que propongamos. El problema se ha tornado en uno de los puntos de confluencia del orden sistémico de la sociedad, por ello, no es conveniente en nombre de simplificar el análisis y las recomendaciones, como la hace por ejemplo Klitgaard, al centrarse únicamente en la versión económico–administrativa de la corrupción.

La corrupción "es un sistema de comportamiento de una red en la que participan un agente (individual o social) con intereses particulares y con poder de influencia para garantizar condiciones de impunidad, a fin de lograr que un grupo investido de capacidad de decisión de funcionarios públicos o de personas particulares, realicen actos ilegítimos que violan los valores éticos de honradez, probidad y justicia y que pueden también ser actos ilícitos que violan normas legales, para obtener beneficios económicos o de posición política o social, en perjuicio del bien común".

No se trata de un acto aislado, sino de un sistema de comportamiento, de una cadena comunicacional en negativo. El agente desencadenante es el grupo o persona que tiene poder económico y político. La actuación de los que tienen decisión no se da en forma aislada, sino que hay la tendencia a arrastrar a un grupo de funcionarios o de personas particulares; se forman redes de corrupción. La condición para actuar es contar con garantías de impunidad: no hay corrupción sin impunidad. La corrupción es ante todo un problema ético y moral: violar valores positivos. Puede corresponder a actos ilícitos, no simplemente ilegales.

La corrupción es un acto voluntario y consciente: la Ética está conectada con la conciencia y la decisión moral. Podemos hablar de una cadena de decisiones, con momentos claves en los que confluyen diversos actores y procesos. Puede haber actos de corrupción que sean legales (la elusión tributaria, por ejemplo). El objetivo es lograr beneficios no sólo económicos, sino también de poder o de status, tanto a favor de la persona o grupo interesado como del funcionario que acepta ejecutar el acto de corrupción. Y hay un tercer personaje: la sociedad, que es perjudicada. El perjuicio no va sólo en contra del grupo u organización a la que pertenece el funcionario; sino que afecta al desarrollo de la sociedad y al funcionamiento de la democracia.

La corrupción política está ligada al poder ya sea como resultado de la autoridad conferida por elección popular o como parte del ejercicio de la política para conseguir esa autoridad y representación. Está relacionada con la práctica política, a través de diversas formas partidarias, y con el ejercicio de la conducción del gobierno, el parlamento, la función judicial, los gobiernos locales. Se expresa en el ejercicio ilegítimo del poder para fines de provecho personal o de grupo. Tiene profunda vinculación con los centros de poder económico. "La corrupción es percibida por los ciudadanos como el medio a través del cual políticos y funcionarios públicos se enriquecen mediante el cobro de comisiones o la aceptación de sobornos, a cambio de lo cual conceden favores, adquieren bienes y contratan obras o, simple y burdamente, roban los dineros del Estado y abusan de su patrimonio".

Hay que distinguir la corrupción política de la corrupción administrativa pública que se refiere a prácticas de funcionarios públicos para desviar el ejercicio de la institucionalidad y las normas públicas, en favor de intereses particulares, a cambio de recompensas económicas o de status.

La corrupción social está ligada a los procesos de empobrecimiento y a la supervivencia social. La corrupción privada violenta las normas y valores del sistema, especialmente las reglas del juego económico, para obtener ventajas frente a otros actores con los cuales compiten en el mercado. Involucra los intereses de grupos económicos o de presión, que establecen relaciones de intercambio corrupto con los agentes públicos y las élites políticas; aunque puede desarrollarse también estrictamente entre agentes privados.

3. ¿Mitos?: de los poderosos intereses privados al Sector Público y los Recursos Públicos.

Un mito a superar es que la corrupción es un fenómeno exclusivo del sector público. Para conseguir sus objetivos ilícitos, los grupos económicos o de presión necesitan de acceso a los políticos y a quienes detentan el poder del Estado, para acceder a las decisiones y a los recursos públicos. Hay más bien coparticipación, una relación incestuosa entre corrupción pública y corrupción privada. Aún más, no existiría corrupción pública, si no estuvieran en juego poderosos intereses privados que lo incitan.

El correlato del "peculado" es el "soborno". "Los actos de corrupción que se producen en el sector público sólo son posibles si en ellos intervienen individuos provenientes del sector privado. Excepto los casos en que los servidores del Estado se apropian directamente de los dineros del fisco, en los demás actos de corrupción intervienen dos voluntades, sin cuya concurrencia no podría perfeccionarse el delito: la autoridad que toma una decisión y la persona que recibe un beneficio, la que realiza una extorsión y la que paga un soborno". Uno de los mecanismos privilegiados por los grupos económicos y de presión, para establecer acuerdos con la clase política, es el financiamiento de las campañas electorales; lo cual generalmente se constituye en una forma de inversión que deberá ser retribuida una vez que se posesionen las autoridades electas.

"La ausencia de normas que limiten el gasto electoral, promueva su transparencia, garanticen el acceso equitativo de los candidatos a medios de comunicación y autoricen el financiamiento público, abren las puertas a la realización de campañas millonarias que luego son pagadas desde el poder mediante favores gubernamentales otorgados a quienes las financiaron". Se van conformando redes de corrupción, estructuras ocultas en las que participan sectores políticos y grupos económicos; lo que les permite asegurar la acumulación de recursos provenientes de los actos de corrupción y, al mismo tiempo, mediante el ejercicio del poder político, garantizar la impunidad de los implicados.

Al utilizar el término red, expresamos la naturaleza estable y organizada de las transacciones. No se trata de hechos aislados. Es una política que va constituyendo una estructura de "mafias" al interior de las instituciones públicas. Estas redes permanecen más allá de los cambios de Gobierno o, en todo caso, se reacomodan internamente. Esta es una de las razones por las que es muy difícil combatir la corrupción desde dentro de la institucionalidad del Estado.

Se trata de un "sistema de corrupción", de "una cultura del aprovechamiento personal". Aunque hay que destacar que también emerge "una cada vez mayor conciencia y creciente rechazo ciudadano en contra de tales criterios y prácticas". El control de cuotas de poder se ha convertido en uno de los objetivos fundamentales de los partidos políticos.

Sin embargo, prevalece un ocultamiento de la política, en particular de las alianzas, imponiéndose la práctica de cogobiernos vergonzantes. Las negociaciones son reservadas; se impone la lógica de camarillas cerradas, contraria a la búsqueda de una participación democrática e institucional en la toma de decisiones. Este ocultamiento deviene en una garantía de impunidad, puesto que la falta de transparencia obstaculiza las posibilidades de fiscalización de parte de la ciudadanía y de las propias instituciones del Estado.

Otro mito es que la corrupción se debe a la presencia de culturas más propensas a este mal; lo que estigmatiza a los pueblos en desventaja económica y que luchan por mantener sus culturas. Más bien, la corrupción se ha tornado en un fenómeno transnacional en el que participan gobiernos o entidades de países tanto desarrollados como en vías de desarrollo. Aún más, éste es el tiempo de las corporaciones transnacionales: allí se concentra el poder económico y político.

4. La corrupción política en el Sector Público y Privado: violan Normas Legales.

En este aspecto hay que reconocer que las relaciones son asimétricas: de un lado, se presenta una especie de indefensión de unos países, frente a otros que penetran en sus economías, al amparo de cadenas de corrupción que igualmente son asimétricas y funcionan casi en las mismas proporciones de la balanza de intercambios comerciales.

De ninguna manera podría afirmarse que la cadena que se establece entre la corrupción de las transnacionales y los corruptos de un determinado país, provoque igual volumen de corrupción desde ese país hacia los países industrializados que la que se impulsa y promueve desde los países industrializados y sus empresas hacia aquél país. Aunque, de otro lado, esa relación asimétrica puede también contribuir a desatar los procesos de esclarecimiento.

Nadie puede suponer que dichas empresas estaban siendo sometidas a hechos de corrupción inéditos o desconocidos, más bien cabe pensar que se produjo una situación de desborde, se superaron los niveles de "discreción" habituales. Nosotros vamos a centrar nuestros análisis en la corrupción política sobre todo del sector público. Aún más, en los casos que analicemos vamos a referirnos fundamentalmente a los actos de corrupción que violen normas legales. Esto no supone que desconozcamos la existencia de las demás modalidades. Nos interesa destacar que la corrupción es un fenómeno ético ligado al poder y que, por tanto, el primer paso para una lucha real contra la corrupción está en la decisión política tanto en el ámbito local como internacional para enfrentar este mal y, sobre todo, para promover una nueva ética.

5. Corruptora Probidad.

Hasta hace poco las autoridades se jactaban de la excepcional evaluación internacional de Chile en materia de probidad. Pero la corrupción estaba viva y pujante, debido a las graves deficiencias de la pomposamente llamada Ley de Probidad del año 2000.

Cuando ocurren hechos tan graves como los casos coimas, pagos por denuncias, Gate (desambiguación), sobresueldos clandestinos, falsas licitaciones, concesiones no licitadas públicamente, honorarios por trabajos no realizados, sobresueldos por honorarios, pluriempleo, etc. se torna inevitable aceptar que se trata de la más grave crisis que ha vivido la Concertación. Se trata, además, de la segunda situación de corrupción generalizada en la historia de Chile, por citar, superada sólo durante la dictadura militar, pero que no tuvo mayor resonancia debido a la ausencia, por entonces, de prensa libre.

Lo sorprendente de la coyuntura actual es que hasta hace pocos meses las autoridades se jactaban de la excepcional evaluación de que gozaba el país en materia de probidad, a la luz de diversos indicadores internacionales.

Lo menos que se puede señalar es que existía una apreciación totalmente equivocada de la realidad. Menudeaban indicios inquietantes, pero las autoridades los minimizaron, los escondieron y finalmente se embarcaron en una espiral de explicaciones inútiles.

La corrupción política y administrativa, "es como el cáncer", se desarrolla silenciosamente, casi sin síntomas y de repente surge claramente con innumerables manifestaciones.

6. Corrupción en Latinoamérica ajustada a Derecho.

La corrupción es el mal de nuestra época en América Latina. El Presidente del CELAM (Conferencia Episcopal de América Latina), obispo Oscar Rodríguez, ha dicho: "La corrupción es la amenaza más grande para el desarrollo de los pueblos".

En el reciente informe de Periodistas Frente a la Corrupción (PFC) se establece que, "la corrupción fue uno de los temas más abordados por los medios de comunicación latinoamericanos". Si recordamos la historia reciente, las crisis ocurridas en Argentina, México, Perú, Ecuador, Venezuela, Guatemala, Bolivia, Brasil, Haití, Ecuador, Honduras, El Salvador, etc. son distintas, pero todas tienen un denominador común: la corrupción política y administrativa. Esta corrupción está íntimamente relacionada con el tráfico de drogas y armas, el terrorismo y el lavado de dinero conforme a PFC.

En el mencionado informe se relatan los casos de corrupción más destacados del año 2001. Son tantos y tan escandalosos que la conclusión es que la corrupción está generalizada en nuestra región y cuenta con el cinismo de los dos principales grupos que se aprovechan de ella, la clase política civil (CPC) y la clase política militar (CPM), al controlar el poder tienden un manto de opacidad sobre los hechos y posteriormente un sobre manto de impunidad.

En muchos de estos casos, los que encabezan la corrupción son los presidentes y los generales (Argentina, México, Guatemala, Ecuador, Perú. Bolivia, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay y República Dominicana). En los restantes países los involucrados en actos de corrupción son políticos importantes, especialmente ministros y parlamentarios (Costa Rica, Colombia, El Salvador, Uruguay y Venezuela).

En los casos denunciados que han sido procesados por la justicia, los presuntos culpables han quedado en libertad por inoperancia de los tribunales o por abierta desidia. Los periodistas y organizaciones civiles que han denunciado los casos de corrupción, en cambio, han sufrido ataque de turbas y hasta asesinato de periodistas.

• 7. Lucha contra la corrupción: caiga quien caiga.

Innumerables, velados y directos ataques al modelo de libertad económica de parte de gatos de chalet, me mueve a escribir estas apreciaciones para la reflexión y el debate. Sin lugar a dudas nuestra libertad es nuestro más preciado intangible. Libertad que se vive en nuestro orden político, económico y social.

Tenemos libertad para elegir nuestra religión, libertad para seguir nuestra vocación, libertad de expresión, libertad de asociación, libertad de pensamiento, libertad de educación, etc. Pero el pilar de todas es sin duda la libertad económica, que no es otra cosa que el tener libertad para crear y diseñar, libertad para trabajar y producir, libertad de precios al vender y al comprar, en definitiva libertad para comercializar sin más regulación que la que impone el propio mercado. Y el mercado somos todos nosotros, con una enorme riqueza dada por todas nuestras diferencias y similitudes. Si asumimos el mercado como ente regulador debemos asumir nuestra completo e irrestricto apego a la ética y la probidad. Esto funciona con ética o no funciona.

Livianamente se dice que Argentina y Brasil están como están por hacer lo que el FMI les pedía, sin duda están como están por su falta de ética y probidad. Lo mismo nos empieza afectar a nosotros, y nos debe poner permanentemente en alerta. Son ya conocidos los escándalos fraudulentos de funcionarios y empresarios corruptos, los que con su codicia le hacen un grave daño a nuestra sociedad. Debemos asimilar que la coima es tan nociva como la peor de las plagas, ya que ataca el motor fundamental de nuestro desarrollo que es la libre competencia. Destruye fuentes de empleo, distorsiona mercados, manda al tacho de la basura la eficacia y eficiencia logradas con innegable esfuerzo y sacrificio de empresarios y trabajadores.

La "coima" atrofia nuestro crecimiento y desarrollo truncando la creatividad y la inversión tecnológica. Desmotiva la calidad y la producción, ya que "para qué hacerlo bien si es más caro que coimear bien".

Para conservar nuestra libertad es fundamental de que el gobierno y los empresarios sigan el buen ejemplo dado hoy por Carabineros de Chile que públicamente prohibió regalitos y favores. Sin embargo el aporte más importante lo debemos hacer nosotros, la ciudadanía, el pueblo de Chile, en el caso particular, terminar con la corrupción es tarea de todos.

• 8. La corrupción es sistemática, se le enfrenta con decisiones políticas de anticorrupción.

Si bien se basa en una concepción demasiado parcial de la corrupción (la actuación del sector público) y en la opinión sobre todo del sector empresarial, podemos constatar que el tema de la corrupción es preocupante en nuestro Continente. Únicamente en dos países (Chile y Costa Rica) hay una percepción por encima de la media, de lo que podemos colegir que opinan que la corrupción no es aún sistemática. En todos los demás, el sector empresarial percibe que la corrupción rebasa la media y se constituye en un tema preocupante.

Es alarmante que dentro de una lista de 85 países cinco Países latinoamericanos se encuentren entre los 10 más corruptos: Paraguay, Honduras, Colombia, Venezuela y Ecuador. Allí se percibe una situación extrema y podemos colegir que opinan que hay corrupción sistemática y formas de "hipercorrupción". Pero no es suficiente un índice de percepción del problema de la corrupción.

Sería conveniente también establecer un índice de la lucha contra la corrupción, valorar los resultados en esta causa; pues a menudo hay un manejo político de los resultados. En América Latina, hay nuevos signos de la decisión política para enfrentar la corrupción. Un paso en esta dirección se realiza en la aprobación de la Convención Interamericana contra la Corrupción, que se suscribe en Caracas en el mes de marzo de 1996. Allí podemos ubicar las concepciones, alcances y límites que están operando efectivamente en torno a este problema.

• 9. La lista de la corrupción: el daño que ocasiona la corrupción.

El informe Global de Corrupción 2004, elaborado por Transparencia Internacional, advierte que ningún país en el mundo (salvo excepciones) es inmune a la corrupción política. La magnitud del problema es enorme y en la lista de los 10 gobernantes más corruptos.

El daño que ocasiona la corrupción a la sociedad, al país es muy perjudicial a la salud moral y económica de cualquier nación en el mundo, los beneficiados son una minoría elitista y la gran mayoría sigue sin la educación necesaria, sin la alimentación nutricional adecuada, sin el trabajo que pueda sustentar sus necesidades vitales.

• 10. Corrupción y Desarrollo.

El "soborno" y la "corrupción" corroen el progreso económico y el desarrollo. Como formas de evasión de impuestos ilícitas, estancan el crecimiento económico y debilitan los esfuerzos de desarrollarse. Irónicamente, aquellos que menos pueden costear los daños son los que tienen que pagar el precio más alto. La devastación económica de la corrupción es clara. De acuerdo con el Banco Mundial, la corrupción reduce la tasa de crecimiento de un país de 0.5 a 1 punto cada año.

Según el FMI que la tasa de inversión en países con corrupción es 5% menor comparada con la tasa de un país sin corrupción.

La Transparencia es un elemento importante de un buen gobierno. Sin sistemas transparentes, no podemos demostrar que los recursos van para lo que fueron destinados. Por ejemplo en Uganda cuando empezaron a publicar los fondos que se destinaban para las escuelas locales, la cantidad recibida paso de un 28% a un 90%.

Los Estados Unidos solicito al Banco Mundial que articule su aprobación al proyecto del oleoducto Chad Camerún en un plan de administración de ingresos para asegurar la transparencia y la responsabilidad.

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y el Banco Mundial ayudan a los ciudadanos a desarrollar un sistema abierto y estable para detectar y distribuir los ingresos del petróleo. Hay otra razón importante para promover mayor transparencia y responsabilidad en las naciones en vías de desarrollo.

Los inversionistas no pondrán su capital en riesgo en regiones peligrosas o inestables. Los esfuerzos serios de implementar el buen gobierno deberán redundar en un flujo de capitales privados para esfuerzos del desarrollo.

• 11. Corrupción y libre comercio.

El libre comercio y el capitalismo democrático global desencadenan la libertad de innovar, intercambiar bienes y servicios y la interacción sin la interferencia de los gobiernos. En muchos de nuestras Tratados de Libre Comercio los Estados Unidos incluye previsiones de altos requerimientos de transparencia. De hecho, nuestro congreso ha hecho de la transparencia y las medidas anticorrupción objetivos negociadores claves en nuestros tratados de comercio.

Los Estados Unidos en una voz potente en los esfuerzos de negociación de la Organización de Comercio Mundial en transparencia en el gobierno. Continuaremos apoyando este acuerdo en la próxima reunión ministerial en Cancún.

El Presidente Bush apoyó también a otros líderes de APEC, (Asia-Pacific Economic Cooperation, en español Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico) es un foro multilateral creado en1989, con el fin de consolidar el crecimiento y la prosperidad de los países del Pacífico, que trata temas relacionados con el intercambio comercial, coordinación económica y cooperación entre sus integrantes, para comprometerse a la Declaración de los Estándares de Transparencia de APEC.

La transparencia es vital para asegurar logros y que las concesiones sean para el bien común y no para la ganancia personal.

La responsabilidad, transparencia y mercados libres extenderán sus beneficios de libertad otorgándole poder a las personas para apoyar las instituciones democráticas en sus países.

• CORRUPCIÓN POLÍTICA DE LOS PODERES EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL EN AMÉRICA LATINA.

1. La Corrupción Latinoamericana.

Un grupo de periodistas de los países latinoamericanos de habla hispana, con el objetivo de contribuir al conocimiento sobre la corrupción en nuestra región, monitorear la respuesta gubernamental y medir su compromiso con la anticorrupción, elaboró un documento con los casos más relevantes. El capítulo uruguayo fue redactado por Carlos Peláez, corresponsal de La República en Maldonado y editor de la publicación electrónica surmedia.com.

El sumario fue elaborado por Probidad, una organización anticorrupción que maneja iniciativas en El Salvador y a nivel regional, entre ellas Periodistas Frente a la Corrupción (PFC). Los casos incluidos en este informe regional, según consta en el documento, no fueron los de mayor impacto económico, sino los que alcanzaron más repercusión periodística. En cuanto a los países donde tuvieron mayor difusión en los medios fueron Paraguay, Nicaragua y Guatemala. La reseña uruguaya incluye, entre los casos más notorios del año, el del expresidente del Banco Hipotecario del Uruguay, Salomón Noachas, quien adjudicó en forma irregular varias viviendas a sus familiares directos e incluso una a sí mismo.

También se hace referencia a la investigación realizada en brecha por la periodista María Urruzola, quien demostró que el exdirector de la Dirección General Impositiva (DGI) Joaquín Díaz tenía bienes y propiedades cuyo origen no podía justificar con su sueldo, y que tenía vínculos con estudios jurídicos y personas sospechadas de lavar dinero.

Precisamente respecto del lavado, el informe menciona además las denuncias realizadas en Argentina por la diputada Elisa Carrión y sus derivaciones locales.

Otro de los casos mencionados en el capítulo uruguayo es el de casi medio centenar de funcionarios policiales (oficiales y agentes), empresarios, aduaneros y dirigentes políticos del departamento de Rivera que fueron procesados y remitidos a prisión por el juez Alberto Miguel Basil, en una importante arremetida contra el contrabando, que además fue el origen de un intento de homicidio contra el magistrado actuante y de un atentado a balazos contra la sede de la repartición policial que intervino en los procedimientos.

En el informe sobre Uruguay se afirma asimismo que, a consecuencia de estas acciones de represión del contrabando, se descubrió que algunos de los cabecillas figuraban como empleados en las secretarías de algunos legisladores colorados y uno blanco y que, si bien percibían su salario, nunca concurrían a trabajar. Los diputados involucrados no ofrecieron explicaciones satisfactorias sobre sus "protegidos".

También se hace referencia a los incentivos a jugadores de fútbol y corrupción entre árbitros deportivos, y al caso del Festival de Cine de Punta del Este, en el cual una comisión investigadora de la Junta Departamental de Maldonado corroboró pagos irregulares a delegados al Festival de Cannes, así como un faltante de casi cien mil dólares que nunca ingresaron a las arcas del municipio y que el intendente no pudo explicar al legislativo comunal.

2. Corrupción Latinoamericana: Los casos más destacados.

Durante el año 2001, la corrupción fue uno de los temas más abordados por los medios de comunicación latinoamericanos. Su presencia en la prensa fue más fuerte y diversa en Paraguay, Nicaragua y Guatemala. Tenía una semejante frecuencia e intensidad en los medios de Panamá, Perú, Argentina, y muchas veces en El Salvador y México.

De los casos de corrupción más destacados en el año 2001, es producto de un esfuerzo colaborativo, en el cual participaron reconocidos periodistas de los países latinoamericanos de habla hispana. Su objetivo primordial es contribuir al conocimiento sobre la corrupción en nuestra región. Por supuesto, puede servir para otros numerosos fines, por ejemplo, como un punto de referencia para monitorear la respuesta gubernamental y medir su compromiso con la anticorrupción.

Hay que aclarar que el hecho de que los casos hayan sido los más destacados, eso no implica que fueron los más importantes en términos de impacto económico o humano, sino que estos obtuvieron la mayor atención de parte de los medios. Para contrastar esta situación, por ejemplo en el caso de El Salvador y Honduras han sido mencionados algunos casos delicados a los que los medios decidieron no dar seguimiento.

Las conclusiones son varias sobre el tratamiento que dan al problema de la corrupción los medios de comunicación, identificando cuáles temas reciben mayor atención y cuáles no son tratados, así como el nivel y calidad de la investigación principal y del seguimiento, entre otras evaluaciones. Cabe mencionar que los casos seleccionados por cada país, guardan resonancia con la atención que recibieron en los medios impresos más importantes.

También es notable señalar que cada vez más la corrupción latinoamericana se está manifestando como un fenómeno transfronterizo, con actores locales que tienen nexos con corruptos de otros países y con el tráfico de drogas y armas, el terrorismo y por supuesto, con el lavado de dinero. Por eso no es sorprendente que los periodistas y medios que investigan el flagelo sean víctimas de censura, legislación y fallos judiciales que minan el acceso a la información y la libertad de expresión, y que sean blancos de ataques verbales de funcionarios, violencia y asesinatos.

El sumario fue organizado por Probidad, una organización anticorrupción que maneja iniciativas en El Salvador y a nivel regional, entre ellas Periodistas Frente a la Corrupción (PFC). Uno de los servicios de PFC es la recopilación y difusión, de lunes a viernes, de reportajes y editoriales provenientes de más de 50 medios impresos y virtuales latinoamericanos.

A pesar de sus deficiencias y de las críticas que son blancos, los medios de comunicación latinoamericanos, más que ningún otro esfuerzo anticorrupción en la región, han cumplido con mantener el tema de la corrupción en la agenda pública. Por ello, los periodistas y medios comprometidos con su papel fiscalizador frente a la corrupción merecen nuestro respeto y apoyo, para que continúen siendo importantes catalizadores capaces de generar indignación ciudadana, y de conducirla hacia actitudes y acciones que prevengan y controlen la corrupción en todas las esferas de la sociedad.

3. El Discurso Demagógico "Anticorrupción".

Aquí se da un elemento que se repetirá en los demás casos en América Latina: "el discurso anticorrupción se convierte en uno de los ejes de campaña: la clase política reconoce la demanda social y la absorbe como fuente de control electoral".

Un discurso que sintonizaba a la par con el empresariado y con la opinión pública "moderna", más de una manera "out side" (exterior). En los componentes neoliberales de su discurso dirigido a los grandes empresarios afirmaba sus deseos de restringir el Estado, fortalecer el campo del sector privado, insertar al país en el primer mundo, atraer las inversiones extranjeras. En su estilo violento anti élite, los pobres indigentes del país parecían encontrar su defensor: "un líder rico, joven y poderoso contra las élites perversas". Desde un discurso mesiánico logró convocar el apoyo de los sectores más pobres desorganizados. Pero además desarrolló dos contenidos que le garantizaron la captación del voto: "el de la moralidad pública, prometiendo persecución a los "marajás", de fácil repercusión entre los miembros de los sectores medios urbanos, y el de la modernidad anunciando la privatización y la apertura al comercio internacional, de positiva repercusión para los acreedores internacionales y los empresarios.".

4. Sin Transparencia no hay Probidad.

La labor de PFC es fundamental para combatir la corrupción en nuestra región, porque sólo puede eliminarse lo que se conoce. Este informe es un aporte sustancial a la transparencia y es lo que constituye la base de la Probidad. Sin transparencia no hay probidad. La corrupción siempre se oculta y a veces basta ponerla a la luz de la opinión pública para que ella sea efectivamente combatida por las instituciones que deberían cumplir esa funciones: las contralorías y fiscalías, que tanto abundan en América Latina, los Ombudsmen o defensores del pueblo y las instituciones de la sociedad civil como los capítulos locales de "Transparency International" (Transparencia Internacional). Para Chile, su inserción en estos informes es muy importante para definir la corrupción que en una sociedad tan victoriana, ya que la corrupción existe, pero todos contribuyen a esconderla porque avergüenza; y según su cultura, lo que avergüenza se oculta, con lo que pasa a ser inexistente. De manera que corresponde solicitar a PFC la incorporación de Chile en esta información.

Coimas y corrupción vienen de muy antiguo, sólo que ahora se denuncian y provocan escándalo. Pero éste servirá muy poco si no se lo utiliza de trampolín para un gran salto adelante. Para darse impulso, Lagos debe partir por pedir perdón a los chilenos.

5. Ética y denuncia para combatir la Corrupción.

Las situaciones de quebrantamiento de la ética, a que dan lugar las actividades de corrupción, son a veces utilizadas como una oportunidad de protagonismo público. El foco de la atención pública se desvía, entonces, del cuidado de los valores que se quieren cautelar hacia el engrandecimiento de la figura del denunciante.

Esta práctica ha hecho ineficaz, según parece, el combate a la corrupción en algunos países de la región y del Caribe. Dejarse llevar por la pasión del protagonismo, para pasar por encima de la serenidad y profundidad, que requiere contar con fundamentos adecuados que avalan la denuncia, conduce a la ineficacia contra la corrupción y solo causa escándalo y daño a personas e instituciones, debilitando específicamente las concepciones de Estado y Sociedad. La cautela y la firmeza en esta lucha pueden y deben ir de la mano.

La denuncia no es oportunidad de construcción de protagonismo personal y de morbosidad, sino un momento de aprendizaje y educación.

En dicho aprendizaje resulta esencial la existencia de un efectivo derecho a la libertad de expresión, ya que los medios de comunicación permiten asegurar niveles de control social, en el sentido de permitir una vigilancia de la sociedad sobre los actos gubernamentales.

La responsabilidad en el ejercicio de esta labor va de la mano con la ética periodística y la calidad y diversidad de la labor informativa. Debemos aprender que la actitud serena, profesional e impersonal, es necesaria al momento de la denuncia.

El escándalo sin fundamentos destruye la confianza, y ésta requiere décadas para reconstruirse.

Este magnífico Foro Internacional, desarrollado por el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo y la Agencia Española de Cooperación Internacional, es un aporte a la educación y nuestro aprendizaje, y tiene como necesario punto de partida el reconocimiento de que enfrentamos un problema que debemos resolver como comunidad. Es una tarea diaria, en la que permanentemente debemos desempeñarnos.

"Los sucesivos gobiernos de la Concertación han actuado con un pragmatismo brutal: desde la justicia en la medida de lo posible hasta el "dejemos que las instituciones funcionen".

6. Corruptora Probidad: Graves deficiencias.

Hasta hace poco las autoridades se jactaban de la excepcional evaluación internacional de Chile en materia de probidad. Pero la corrupción estaba viva y pujante, debido a las graves deficiencias de la pomposamente llamada Ley de Probidad del año 2000.

Cuando ocurren hechos tan graves como los casos coimas, pagos por denuncias, Gate, sobresueldos clandestinos, falsas licitaciones, concesiones no licitadas públicamente, honorarios por trabajos no realizados, sobresueldos por honorarios, pluriempleo, etc. se torna inevitable aceptar que se trata de la más grave crisis que ha vivido la Concertación.

Lo sorprendente de la coyuntura actual es que hasta hace pocos meses las autoridades se jactaban de la excepcional evaluación de que gozaba el país en materia de probidad, a la luz de diversos indicadores internacionales.

Lo menos que se puede señalar es que existía una apreciación totalmente equivocada de la realidad. Menudeaban indicios inquietantes, pero las autoridades los minimizaron, los escondieron y finalmente se embarcaron en una espiral de explicaciones inútiles.

La corrupción política y administrativa es como el cáncer, se desarrolla silenciosamente, casi sin síntomas y de repente surge claramente con innumerables manifestaciones.

La Comisión Nacional de Ética Pública estuvo integrada por personajes como los presidentes del Senado, de la Corte Suprema y de la Cámara de Diputados, además del Contralor, dirigentes de algunos gremios patronales y algunos Ministros, con exclusión eso sí de los protagonistas del tema, esto es los funcionarios públicos, los colegios profesionales y las organizaciones de trabajadores.

7. Corrupción ajustada a Derecho: Amenaza al Desarrollo.

La corrupción es el mal de nuestra época en América Latina. El Presidente del CELAM (Conferencia Episcopal de América Latina), obispo Oscar Rodríguez, ha dicho: "La corrupción es la amenaza más grande para el desarrollo de los pueblos". En el reciente informe de Periodistas Frente a la Corrupción (PFC) se establece que "la corrupción fue uno de los temas más abordados por los medios de comunicación latinoamericanos".

Si recordamos la historia reciente, las crisis ocurridas en Argentina, México, Perú, Ecuador, Venezuela, Guatemala, Bolivia, Brasil, Haití, Ecuador, Honduras, El Salvador, etc. son distintas, pero todas tienen un denominador común: la corrupción política y administrativa. Esta corrupción está íntimamente relacionada con el tráfico de drogas y armas, el terrorismo y el lavado de dinero conforme a PFC.

En el mencionado informe se relatan los casos de corrupción más destacados del año 2001. Son tantos y tan escandalosos que la conclusión es que la corrupción está generalizada en nuestra región y cuenta con el cinismo de los dos principales grupos que se aprovechan de ella, la clase política civil (CPC) y la clase política militar (CPM), al controlar el poder tienden un manto de opacidad sobre los hechos y posteriormente un sobremanto de impunidad.

En muchos de estos casos, los que encabezan la corrupción son los presidentes y los generales (Argentina, México, Guatemala, Ecuador, Perú. Bolivia, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay y República Dominicana). En los restantes países los involucrados en actos de corrupción son políticos importantes, especialmente ministros y parlamentarios (Costa Rica, Colombia, El Salvador, Uruguay y Venezuela).

En los casos denunciados que han sido procesados por la justicia, los presuntos culpables han quedado en libertad por inoperancia de los tribunales o por abierta desidia. Los periodistas y organizaciones civiles que han denunciado los casos de corrupción, en cambio, han sufrido ataque de turbas y hasta asesinato de periodistas.

• 8. Corrupción Política, Democracia y Transparencia.

Dos procesos coinciden al fin del milenio: la ampliación de la democracia y la presencia virulenta de la corrupción, sobre todo bajo su forma política, hasta convertirse en "el gran problema social de fin de siglo". Puede, entonces, surgir una pregunta: "¿el régimen democrático de derecho agudiza la corrupción?". La corrupción cobra una nueva dimensión, cuando en el marco democrático la acción de la sociedad civil y de una incipiente opinión pública permiten transparentar la corrupción en las más altas esferas de los gobiernos.

Progresivamente se va avanzando a una percepción más integral de este problema. Al comienzo se destacaba la corrupción como un problema de los funcionarios públicos. Posteriormente se empieza a reconocer que la corrupción se da también en el sector privado, nacional y transnacional. Ahora se comprueba que la fuente de la corrupción está en el poder económico y político, público y privado, cuando no tiene control. Y se empieza a ver que la lucha contra la corrupción debe basarse en la promoción de una nueva ética vencerista.

"Un conjunto de actos de corrupción en la gestión de los recursos públicos cuya frecuencia se acrecentó en los últimos años, venía conmocionando la conciencia cívica de los ecuatorianos. La percepción cada vez más generalizada de que la administración del Estado, las formas de captarla y las de ejercerla, responden a una lógica de aprovechamiento personal o de grupo ha ido generalizándose y la percepción de la validez y utilidad de tal lógica, por otro lado, ha penetrado nuestras instituciones públicas, ha menoscabado su credibilidad y eficiencia y, aún más, ha determinado el tipo de relación entre el ciudadano y el Estado, condicionando las prácticas políticas, los procesos de gestión estatal, el desempeño de muchos servidores públicos y los mecanismos de acceso a los bienes, recursos y servicios públicos".

Una encuesta realizada por CEDATOS en la segunda semana de marzo de 1997, a raíz de la caída de Bucaram, revela que la corrupción se colocó a la cabeza de los problemas, luego de quince años en que la inflación y el desempleo eran considerados los problemas más graves.

Esta información es corroborada por una encuesta de MARKET, realizada en marzo de 1997: la corrupción se coloca en el primer puesto de los problemas, con el 31,63%, desplazando a un segundo lugar al desempleo y la inflación que habían sido los problemas más destacados anteriormente.

El tema de la corrupción, según CEDATOS, empieza a tomar protagonismo a partir de 1995, durante el Gobierno de Sixto Durán Ballén; en ese año se coloca en el cuarto puesto. Posteriormente va subiendo, hasta colocarse en el primer puesto en 1997. La ciudadanía percibe que hay más corrupción en el sector público (44%); aunque también el sector privado tuvo una considerable mención del 30%. El 26% vio la corrupción como un problema global, como un mal común tanto en el sector público, como en el privado.

El papel de los medios de comunicación es decisivo en la denuncia de la corrupción. De acuerdo a MARKET, "el 48.13% de los encuestados piensa que la prensa es la principal denunciante de casos de corrupción". Entre el 25 de febrero y el 9 de mayo de 1997, los tres diarios principales del país dedicaron 61 editoriales sobre el tema (Universo 7, Hoy 26, Comercio 28), lo que significa un promedio de 0.86 editoriales por día. Además se registraron 216 artículos periodísticos sobre los diferentes casos de corrupción, con un promedio de 3 artículos diarios. "La prensa desempeña, por lo tanto, una función determinante para hacer de la corrupción un tema prioritario de la agenda política y ejerce un control crítico muy importante sobre los órganos de los tres poderes".

Los indicadores señalados corresponden al período posterior a la caída de Bucaram, en que se elevó la sensibilidad ciudadana ante el tema. Sin embargo, pasado este tiempo extraordinario, la lucha contra la corrupción pierde fuerza: y regresa la impunidad sobre todo en las redes de una justicia debilitada. De acuerdo al sondeo de opinión realizada por la Fundación de Investigación Social "José Peralta", en marzo de 1999, dos años después de la caída de Bucaram, la corrupción sigue ocupando el primer lugar de las preocupaciones ciudadanas, con un 27.2%.

Los problemas sociales ocupan un lugar destacado: desempleo en segundo puesto con 17.3% y educación en tercero, con 16%. Luego vienen los temas seguridad ciudadana (12%). La democracia juega un papel decisivo en la transparencia del problema de la corrupción. En este sentido hay que interpretar la respuesta de la ciudadanía sobre el tipo de régimen en que ha habido más corrupción: el 44% responde en los gobiernos democráticos, el 30% en los militares y el 26% que es similar en ambos regímenes.

• 9. La impunidad y los Organismos de Control.

La democracia, sin embargo, no ha logrado resultados satisfactorios en la lucha contra la impunidad. Un indicador es que de 96 órdenes de prisión emitidas por la justicia ecuatoriana en casos de delitos políticos, se han efectivizado menos del 7%. La tendencia es a la fuga de los implicados, a la espera del cambio de las condiciones políticas: Dahik en Costa Rica, César Verduga en México y Bucaram en Ecuador.

En un "examen especial a la emisión y cobro de los títulos de crédito a base de las resoluciones ejecutoriadas por glosas confirmadas y las responsabilidades administrativas establecidas por la Contraloría General del Estado entre el 1º de enero de 1989 y el 31 de diciembre de 1992, en la Jefatura Provincial de Pichincha" se llega a las siguiente conclusión: "de las resoluciones expedidas por S/ 1.750 millones y US$ 8"089.000 sólo se recaudó el 0.8% y de los títulos emitidos, cerca del 97% se mantienen archivados sin posibilidad de cobro".

El trámite, en la Contraloría, sobre cada caso dura alrededor de dos años, pero al final no se castiga a los culpables.

Los resultados son sumamente bajos: según el propio Contralor General del Estado, en 1998 apenas se logró cobrar del 1% al 2% de los 23.886 millones de sucres que fueron glosados, es decir sólo 477 millones de sucres. Según el Ministerio de Finanzas, apenas se cobró el 0.3% de las glosas que pesaban sobre esta institución.

El eslabón clave está en el papel de los organismos de control. "La Contraloría General, la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Compañías, La Superintendencia de Telecomunicaciones son organismos que constitucionalmente deben vigilar que las entidades y los funcionarios que laboran en éstas cumplan en forma legal, eficiente y eficaz las funciones que les competen. Sin embargo, políticos sin escrúpulos, intervienen en la designación de estas autoridades y, por tanto, limitan su objetividad e independencia, a tal punto que estos organismos han servido para combatir a los enemigos políticos y dar la absolución a sus benefactores. Salvo excepciones, el Superintendente de Compañías es nombrado por las empresas, el Superintendente de Bancos está bajo la influencia de los bancos y las financieras. En consecuencia, ¿quién controla a quién y cómo se controla, con imparcialidad y objetividad?".

Del estudio de los casos presentados en el Ecuador, podemos ver que hay un proceso que va de más a menos: el Congreso, al ser más sensible a la presión de la opinión pública y a la exigencia ciudadana, se ha visto obligado a investigar casos importantes de corrupción política durante el período posterior a la caída de Bucaram. Sin embargo, este papel queda limitado por los cálculos de estrategia política, por lo cual, una vez pasada la presión ciudadana y de la opinión pública, los casos no tienen seguimiento. Y en general, esta situación se repite en otros períodos.

Por ejemplo, en el tratamiento del caso de gastos reservados de Dahik: el bloque mayoritario acelera los hechos hasta lograr la salida de su adversario, el vicepresidente de la República, y luego silencia las investigaciones sobre los destinos de los fondos, pues, de acuerdo a las declaraciones de Dahik, habrían estado destinados a algunos bloques parlamentarios, por lo cual el problema podría afectar a algunos diputados del bloque mayoritario.

Más que un tratamiento institucional del problema, se observa una fuerte influencia del papel asumido por los representantes individuales, como sucede, por ejemplo, con la acción de la Comisión de Fiscalización y Control Político, que tiene un fuerte protagonismo a raíz de la caída de Bucaram, entre marzo y agosto de 1977, para luego diluir el trabajo, a partir del cambio de la integración de dicha comisión. El ordenamiento jurídico diferencia las atribuciones de los organismos de control. Después de la vigilancia política del Congreso, los procesos pasan a responsabilidad de la Contraloría y, cuando hay suficientes indicios, a cargo de la justicia. Los resultados son cada vez más reducidos. Aún más, en los casos analizados, como por ejemplo, en el tratamiento de los gastos reservados, podemos observar que los Contralores, en lugar de actuar como jueces han tendido a cubrir las actuaciones del Ejecutivo.

Un análisis especial merece la situación de la justicia en el Ecuador: "La impunidad de quienes han violado la ley y se han apropiado de recursos públicos se ha visto favorecida por jueces, calificados por muchos medios de comunicación y por la propia ciudadanía como parcializados al momento de emitir sus fallos. La forma de designación, con evidentes compromisos políticos, han sido igualmente factores que han determinado su conducta poco ética para agradecer el favor de la designación".

El tema de la politización de la justicia es uno de los puntos clave en la construcción de una justicia más eficaz. En esta dirección, a raíz de las movilizaciones cívicas del 5 y 6 de febrero del 97, se inicia un proceso de reforma de la integración de la justicia en el país. La atención se centra en la designación de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, como punto de partida de la despolitización.

Para buscar una mayor autonomía, el Congreso da paso a la designación de jueces prácticamente vitalicios, que pueden ser removidos únicamente por causas probadas de corrupción; y se establecen nuevas exigencias de calificación profesional y ética para la designación. Se apunta a la autonomía a través de la creación de un Consejo de Judicatura que dirija el funcionamiento de la administración de la Función Jurisdiccional.

Sin embargo, la disputa se focaliza en la forma de designación de esta nueva Corte Suprema. Se enfrentaron básicamente dos posiciones: una, levantada por la sociedad civil y los movimientos sociales, con el apoyo de los bloques parlamentarios de oposición, encabezados por "Pachakutik" (¿nuevo país?); como sabemos, vivimos un espacio–tiempo transformacional: el "Pachakutik" de los andinos. Indígenas e intelectuales occidentales exigen un cambio paradigmático para hacer viable la sobrevivencia de la especie humana. La descolonización se presenta como un proceso de deconstrucción de la alienación y subordinación del ser humano, y de simultánea construcción de un individuo autónomo y activo para edificar "otro mundo posible". Aquí analizamos el riesgo recolonizador inserto en las propias visiones descolonizadoras, pues reproducen las dicotomías etnocéntricas entre colonizador y colonizado, o entre indio y occidental, potenciando los códigos que nos recolonizan diariamente. Afirmamos que la descolonización debe sustentarse en un nuevo paradigma filosófico –cuyas bases proponemos en este documento–, que responda a una cosmovisión alternativa y provea un lenguaje nuevo, ya que cualquier pensamiento que se formule en los mismos códigos discursivos que colonizan diariamente a la humanidad, será funcional al modelo de ser humano y de vida que ha impuesto la misma colonización. Que señalaba que la designación debía realizarla la sociedad civil a través de un conjunto de colegios electorales representantes de los principales sectores ciudadanos y sociales, sobre la base de un concurso público de merecimientos y de la calificación profesional y ética de los candidatos. Y dos, la tesis de la clase política, que señalaba que, de acuerdo a la disposición constitucional, debía ser el Congreso quien designe a los Ministros jueces, aunque en esta oportunidad debía realizarse una calificación pública y recibir las candidaturas propuestas por la sociedad civil.

El debate fue largo y concluyó en una salida intermedia: se designaron colegios electorales de los principales sectores de la sociedad civil (ex–presidentes de la República, Iglesia, medios de comunicación, universidades y facultades de Jurisprudencia, movimientos sociales, organismos de derechos humanos, cámaras de la producción, Federaciones de Abogados y Funcionarios de la Función Judicial), encargados inicialmente de presentar las candidaturas y posteriormente, por la presión de la opinión pública y el respaldo de algunos bloques parlamentarios, también de la calificación de una lista de candidatos, de la cual el Congreso debería designar 24 de los 31 miembros de la Corte.

La mayoría parlamentaria se reservó además de la decisión final, la puerta de la calificación de una lista paralela de candidatos para los otros 7 integrantes, en modo de ampliar su espacio de maniobra. La designación quedó en manos del Congreso. Sin embargo, la presencia de la sociedad civil hasta el momento de la calificación de gran parte de los candidatos permitió, en esta ocasión, elevar el nivel de los integrantes de la Corte.

El poder final del Parlamento marcó todavía fuertes signos de politización en la designación de los ministros jueces, por lo cual se reprodujeron niveles de compromiso político que llevaron a que se refleje la correlación de fuerzas parlamentaria en la integración del máximo organismo de la justicia. Los bloques mayoritarios del Partido Social Cristiano y de la Democracia Popular obtuvieron un control mayoritario de la Corte; aunque se abrió espacio también a la representación de otros sectores de minoría. Ello condujo también a exclusiones y vetos de acuerdo a intereses políticos.

Este proceso prueba, una vez más, la necesidad de una actuación fuerte de la sociedad civil y de la opinión pública, para reformar el funcionamiento de la justicia y para controlar la corrupción. La desafiliación y moralización de la justicia es todavía una tarea inconclusa. La eficacia en esta lucha depende de la movilización cívica: los organismos institucionales responden al nivel de exigencia de la acción ciudadana y de la opinión pública. La lucha contra la corrupción puede partir de un poder diferente, aunque para su resolución necesita de la voluntad política de la institucionalidad.

• 10. los costos de la corrupción.

Es difícil establecer un costo global del perjuicio económico que causa la corrupción. Recojamos algunos informes: "Tomando como base un estudio del CAAP, como primera aproximación cuantitativa al problema de la corrupción estatal, en el año 93 cerca de US$ 160 millones de dólares, casi el 7% del Presupuesto General del Estado (1,1%) del PIB, se filtraron de los gastos originalmente planeados; la evasión tributaria que es otra forma de corrupción identificada con el sector privado, había llegado en el mismo año a la cifra de US$ 900 millones, equivalente al 39% del presupuesto del Estado y 6,4% del PIB".

Si globalizamos estas cifras, podemos señalar que la corrupción representaba alrededor del 33% del Presupuesto General del Estado para 1993. El Informe de la Comisión de Fiscalización del Congreso sobre el caso Peñaranda, en el que estaban involucrados diputados del Parlamento, señala que el perjuicio llegaría al 60% de las partidas empleadas. Este dato es confirmado por el informe de la Contraloría sobre este caso.

• 11. La Corrupción viene desde arriba: Y el Orden Constitucional?

Estos casos muestran el nuevo carácter que asume la corrupción política en el país. El problema se agudiza cuando parte desde la cabeza. En las administraciones anteriores se presentan casos de corrupción política; sin embargo, no existían las suficientes pruebas de la participación de las altas esferas del poder. A partir de los casos denunciados en el período de Sixto Durán, la percepción de la ciudadanía se expresa en una creciente desconfianza de la institucionalidad democrática. En este período también cobra fuerza el tema del salvataje financiero, con el caso del Banco Continental, que analizaremos más adelante.

El mantenimiento del orden constitucional a estos respectos constituyó, en sí mismo, una resistencia valiosa contra el proyecto insurreccional de los grupos subversivos, que buscan, precisamente, la "destrucción del viejo Estado". Ello culminó, finalmente, en una transferencia del poder tras elecciones limpias y según los canales previstos en la Constitución de 1979. El orden constitucional, sin embargo, resultó mellado en un aspecto esencial, como es el respeto de los derechos fundamentales en la medida que el gobierno del presidente Belaúnde no fue exitoso en detener el avance de la subversión ni se interesó en prevenir o castigar las violaciones de derechos humanos perpetradas por las fuerzas de seguridad a las que había encargado la lucha contrasubversiva con amplias facultades.

• 12. Corrupción y Derecho.

La corrupción, puede ser definida como toda conducta que se desvía de los deberes normales inherentes a la función pública debido a consideraciones privadas como las familiares, de clan o de amistad, con objeto de obtener beneficios personales y de grupo en dinero o en posición social 1. Como la mayoría de los delitos y las ofensas a la sociedad entera, la corrupción tiene una madre que se llama injusticia social. Conjuntamente con los costos económicos y sociales que ella acarrea, las consecuencias políticas son también graves en tanto la corrupción del sector público pone en juicio la credibilidad, legitimidad de los gobiernos, con mayor razón en estos momentos de ajuste, estabilización, modernización, cuando se exigen a la población austeridad y sacrificio.

Nuestro sistema político tiene como base fundamental su legitimidad. Esta legitimidad se alimenta cuando el pueblo cree y acepta, que el gobierno se interesa y trata de solucionar sus problemas y que en esa tarea utiliza adecuadamente los recursos públicos, actuando con transparencia y objetividad en el ejercicio de la función pública, en aras del bien común. Dentro de este proceso de legitimación, es indispensable la existencia de una ética de la función pública que oriente las acciones del gobierno en la búsqueda del bien común como fin último del Estado.

En un régimen democrático, ese fin último origina los valores de libertad, justicia y solidaridad, sobre los que se levanta todo el sistema, cuya legitimación se centra en la actualización de esos valores y en la consecución del bien común.

La ausencia de ética en la función pública se traduce en corrupción de los funcionarios y los políticos y con ello se deslegitima el sistema político. Los valores que orientan la función pública como la lealtad, eficiencia, probidad y responsabilidad originan consecuentes deberes y obligaciones para el servidor público como lo son el deber de confidencialidad, de imparcialidad y de objetividad en el desempeño de su cargo. A lo anterior se unen las prohibiciones de usar indebidamente los recursos públicos; de utilizar el poder público en sus expresiones corruptas como el tráfico de influencias, nepotismo o para obtener prebendas personales. Lo nuevo no es la corrupción, sino la generalizada y amplia preocupación sobre ella. La corrupción amenaza seriamente el funcionamiento y la credibilidad, debilitando peligrosamente la legitimidad del sistema democrático, presuntamente consolidado.