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Sistema Político Mexicano

    Sistema Político Mexicano

    1. Plan nacional de desarrollo 2. Lucha contra la corrupción. 3. Politica exterior. 4. Tratados de libres comercio. 5. TLC Con México Mas Ilusiones Que Realidades6. Globalización y regionalización 7. La integración de México al mercado mundial 8. El sector agropecuario mexicano y el Tratado de Libre Comercio 9. Sexenio Ernesto Zedillo Ponce de León

    1. Plan nacional de desarrollo

    Este plan fue publicado en mayo de 1989, en el cual se establecía, el principio que el estado mexicano debía modernizarse para garantizar el estado de derecho, armonizar los intereses de todos los intereses de todos los grupos sociales y promover las condiciones de crecimiento que permitan un avance significativo en el bienestar de todos los mexicanos y con ello fortalecer la soberanía y colocar a México entre las vanguardias de las naciones.

    Este plan se dividía en cuatros puntos: A)soberanía seguridad y promoción de los intereses de México en el exterior. b)ampliación de la vida democrática. c)recuperación económica con estabilidad de precios d)mejoramiento productivo del nivel de vida

    Objetivos generales de este plan

    • Diversificar las relaciones políticas y economizas de México, con objeto de crear condiciones mas equilibradas en las relaciones con el exterior
    • Negociaron firmeza y responsabilidad la deuda externa
    • Pugnar por que se respeten las reglas de un comercio exterior amplio y justo
    • Combatir de manera decisiva el narcotráfico
    • Preservar el estado de derecho y la seguridad nacional
    • Perfeccionar los procesos electorales y ampliar la participación política
    • Impulsar la concertación con las organizaciones sociales en la conducción del desarrollo

    una política de ingresos públicos capaz de permitir el financiamiento equilibrado de las actividades del sector publico Una política de gasto publico orientada a determinar el nivel de los gastos, de acuerdo con la disponibilidad de financiamiento no inflacionario Una política de concertación tendente a mantener certidumbre en la evolución de precios, mediante compromisos de los diferentes sectores Una política de ingresos públicos capaz de permitir el financiamiento equilibrado de las actividades del sector publico Una política recambiaría que apoye la estabilidad de precios, para evitar en lo posible ajuste cambiarios abruptos, con base en un comportamiento favorable de la economía, principalmente de la balanza de pagos Estos son los objetivos primordiales de este plan y los de mayor importancia y mas transcurrentes en este sexenio El gobierno de Carlos salinas de Gortari planteo, como parte de la visión modernizadora, la necesidad de hacer trasparentes las relaciones del estado con la iglesia católica, con base en la idea de que la sociedad demandaba la anulación de preceptos constitucionales que ya no tenían razón de ser, por que generalmente eran ignorados en la practica. En consecuencia el ejecutivo federal envío al congreso la iniciativa de reformar los artículos 3º,5º,24,27 y 130 de la constitución, la cual fue aprobada y convertida en ley de asociaciones religiosas y cultos públicos. En el sexenio de Carlos salinas de Gortari se reformo el articulo 27 y de manera especifica esta reforma buscaba alcanzar:

    1. Establecer flujos de capital hacia la producción agropecuaria e impulsar una organización eficiente para la producción
    2. Impulsar la inversión publica en infraestructura y desarrollo científico y tecnológico
    3. impulsar en beneficio del productor y el consumidor, la creación de sistemas de comercialización Mas modernos
    4. Poner al alcance de los productores insumos competitivos y de alta calidad, necesarios para la agricultura moderna
    5. Procurar el bienestar rural otra vez del programa nacional de solidaridad para mejorar el nivel de salud y educación
    • En junio de 1990 fue creada, por decreto la comisión nacional de los derechos humanos, respaldada en 1992 por la reforma ala ley federal delos servidores públicos, para obligar a funcionarios federales y estatales a rendir informes que dicha comisión les solicite, con exclusión de las materias electorales, laboral y jurisdiccional.

    También se modificaron otras leyes con el fin de mejorar la protección de los derechos humanos, entre ellas la relativa a los derechos de las comunidades indígenas , la de código penal.

    Respectos alas comunidades indígenas, fue modificado el articulo 4o constitucional, al que se añadió un primer párrafo en donde se reconoce en que la composición pluricultural esta basada en sus pueblos indígenas y que por lo tanto la ley deberá proteger y promover sus lenguas, culturas , usos, costumbres, recursos y formas especificas de organización social, además de garantizarles el acceso efectivo ala jurisdicción del estado.

    La reforma electoral persistió hasta el ultimo año del sexenio. En 1992 se acordó la expedición de una nueva credencial con fotografía para votar, en su cuarto informe de gobierno el presidente salinas anuncio una nueva reforma para el siguiente año, esta reforma especificaba órganos específicos para el D.F y el nombramiento de un jefe para este distrito. Reforma al articulo 82 constitucional. A raíz de una campaña encabezada por el panista Vicente fox Quesada – hijo de padre Mexicano y madre Española que aspiraba a ser candidato de su partido para la presidencia se discutió en la cámara de diputado una propuesta de reforma articulo 82 constitucional, en su fracción 1 en relación con la posibilidad de eliminar el requisito de ser hijo de padres mexicanos por nacimiento para aspirar ala presidencia de la republica. En septiembre de 1993 se inicio el procedimiento de reforma y, tras acalorados debates ante las fracciones partidistas en el congreso, la fracción 1del mencionado artículo quedó como siguiente: Ser ciudadano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos, hijo de padre y madre mexicanos y haber residió en el país al menos durante veinte años. Entro en vigor el 31 de dic, 1991.

    2. Lucha contra la corrupción.

    En la cual se inscribo el sorpresivo golpe a Joaquín Hernández Galicia alias la Quina el 10 de enero de 1989 la procuraduría general de l república dicto orden de aprensión por acopio de armas y otros delitos contra quien aparte del control que ejercita sobre el sector petrolero en calidad de líder sindical. En el mismo operativo contra la corrupción sindical fueron detenidos los principales dirigentes del sindicato petrolero entre ellos Salvador Barragán Camacho.

    Acciones economicas. Fueron: la renegociación de la deuda externa, en el saneamiento de las finanzas públicas la privatización de empresas estatales la desregularizacion arancelaria el inicio de los tramites para el tratado del libre comercio el ingreso ala OCDE, la búsqueda de la integración iberoamericana y los encuentros con jefes de Estado y jefes de gobiernos de múltiples piases El triunfo del candidato del PAN ala gobernatura de Baja California

    3. Politica exterior.

    Durante EL sexenio de Carlos Salinas de Gortari, México tuvo una intensa actividad en política exterior. Salinas se propuso dar continuidad al proyecto económico que se había dado en el sexenio anterior SAI la política exterior salinista pretendía llevar a la practica la idea que la inserción de México en el mercado internacional, unida a la capacitación de inversiones extranjeras constituía el medio mas adecuado para salir de la crisis y encaminarse luego hacia el desarrollo nacional. El fin de la guerra fría y en consecuencia a la rivalidad bipolar este –oeste, dio paso aun nuevo tipo de relaciones internacionales en las que México habría de verse involucrado, dada su inmediata vecindad con Estados Unidos.

    El fin de la bipolaridad contribuyó ala formación de un nuevo fenómeno geopolítico y económico sin precedentes la cual se deriva el nombre de globalización . Se trata de un fenómeno que a un que característico del fin del siglo XX es el resultado de un proceso iniciado en Europa durante los años inmediatamente posteriores a la segunda Guerra mundial. Hecho realidad a principios de los noventa, en coincidencia con la caída del socialismo. Al principio del sexenio la administración Salinista tenia ante si un gran reto de reducir el monto de la deuda que en su momento alcanzaba la suma de 81 003 millones de dólares como una de las metas para lograra la recuperación económica que permitiera recuperar la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros.

    Renegociación de la deuda externa. Una de las primeras acciones del gobierno de Carlos Salinas de Gortaris concisito en celebrar una nueva renegociación de la deuda externa publica, con el propósito expreso de lograr una disminución sustancial de las transferencia de recursos al exterior, que a su vez permitiera el logro de tres objetos, esenciales para la recuperación económica:

    1. Disminuir la carga gubernamental del servicio de la deuda

    2. Alentar la repatriación de capitales.

    3. Atraer la inversión extranjera.

    El reto implicado en este proceso consistía en convencer al sector privado, nacional y extranjero, de que la política económica del nuevo gobierno era variable y digno de confianza; Pero también implicaba convencer al gobierno de estados Unidos, pues su apoyo era necesario para , llevar a cabo la renegociación. L as negociaciones empezaron en febrero de 1989 en mayo y junio se firmaron los primeros acuerdos con FMI. El banco mundial ( BIRF) y el club de Paris. El valor económica de la deuda histórica acumulada se redujo en mas de 20 000 millones de dólares, y con ello se logro disminuir la deuda en relaciona con PIB. ,pues en terminaos de su impacto económico equivalía a pasar de 60% del producto nacional, a fines de 1988, alrededor del 40% en Marzo 1990. A lo largo del sexenio se realizo Salinista México participo en tres reuniones : la segunda cumbre Iberoamericana celebrada en Madrid, España en 1992 ; la tercera en Bahía, Brasil y la cuarta en Cartagena de Indias, Colombia en 1994.

    Participación de méxico en foros internacionales. Participación de México en la GATT EN 1985, México PARTICIPO EN LAS NEGOCIACIONES DE LA RONDA URUGUAY, cuyo existo considerado indispensable para impulsar el comercio mundial de bienes y servicio y cuyos acuerdos se concluyeron en diciembre de 1988. Ingreso de México a la OCDE. El interés del gobierno Salinista por el ingreso de México a la organización para la cooperación y desarrollo economito (OCDE) se interesaba en la orientación internacional de su política económica en el contexto de la globalización.

    Relaciones con los Estados Unidos. Negociaciones hacia el TLC. George Bush Política económica El logro de la estabilidad económica alcanzado por el gobierno de salinas llego a considerarse como un nuevo "milagro mexicano", elogiado en el ámbito internacional donde incluso se habla de una "salinastroika", comparando, en cuanto a la magnitud de los cambios, las reformas de ese presidente mexicano con el viraje experimentado en la URSS gracias a la perestroika de Mijael Gorbachev. Todavía en 1994, no obstante los graves signos de desestabilización política interna y su consecuente efecto sobre los mercados financieros, México seguía proyectado hacia el exterior la imagen favorable de una economía sana y en crecimiento: la inflación se había reducido a un digito, con forme a lo planeado, además de que el PIB había mostrado un promedio de crecimiento de 3 porciento anual entre de 1989 y 1993, y las finanzas publicas se había mantenido superavitarias por casi todo el sexenio.

    Reforma económica Primeras medidas hacia la recuperación económica: desde principios del sexenio, Carlos salinas de Gortari manifestó que su política económica estaría orientada a continuar las reformas de liberación comercial iniciadas por el gobierno anterior, conducentes a la adopción del modelo neoliberal. En buena medida , la recuperación económica había sido obstaculizada por la gran transferencia de recursos al exterior, es decir, el envió de divisas en razón del pago del servicio de la deuda, que México se veía obligado a hacer cada año desde la crisis de 1982. para reducir esa transferencia, se considero necesario el cumplimiento de tres objetivos : 1) disminuir la carga del servicio de la deuda; 2) alentar la repartición de capitales, y 3) atraer la inversión extranjera.

    En 1990, el gobierno salinista hizo dos anuncios: la reprivatización de los bancos y la búsqueda de un tratado del libre comercio con EE.UU., agregando al que este país tenia ya con Canadá. la iniciativa para acuerdo de libre comercio con estados unidos, anunciada en agosto siguiente, fortaleció la confianza de los empresarios porque demostraban que el gobierno mantenía su propósito de liberación económica. Esas medidas, a las que se agrego la respuesta positiva del gobierno EE.UU., anunciada en ante la propuesta de negociación del TLC parecía indicar que por fin había comenzado la recuperación económica de México. Renovación del pacto de sectorial: el proyecto de continuidad del modelo neoliberal implicaba la renovación del pacto de solidaridad económica-firmado en diciembre de 1987 entre los sectores sociales y el gobierno de la republica- , con el fin de acelerar los mecanismos de liberalización, incluyendo la desregulación, es decir, la eliminación de los reglamentos establecidos en la etapa proteccionista, que obstaculizaban el nuevo modelo económico de apertura comercial.

    A principios de enero de 1993 fue creado el pacto para la estabilidad la competitividad y el empleo (PECE). Como resultado de las medidas de recuperación, el gobierno salinista logro la meta de reducir la inflación a un digito, misma que pudo alcanzar en 1993 cuando el INCP general se redujo de 11.9 por ciento en 1992, a 8.0 por ciento en 1993, llegando a 7.1 por ciento en el ultimo año del sexenio. No obstante, desde 1992 persistían entre los economistas dos motivos de preocupación: uno erala inflación, que a pesar de haberse controlado estaba muy lejos de alcanzar tasas similares a las de estados unidos principal socio comercial de México; el otro motivo preocupante se debía a que el peso mexicano había estado apreciándose –es decir, sobrevaluándose- , con el consecuente efecto negativo en la balanza de comercial.

    Sin embargo, la cuenta de capitales mostraban un efecto favorable debido sobre todo a la reducción de transferencias de recursos por concepto de la deuda externa y al flujo de inversiones extranjeras totales que, entre 1989 y julio de 1994, ascendieron a casi 50000 millones de dólares; en consecuencia, el superávit de la cuenta de capital de la balanza de pagos fue de 31000 millones de dólares en 1993, cifra a la que se suman los 12000 millones de dólares que ingresaron al país en el primer semestre de 1994. Reforma financiera: los objetivos de estabilidad macroeconómica y promocional de ahorro interno implicaron la reorganización de las instituciones financieras del país, principalmente en cinco áreas:

    a)     liberalización financiera, destinada a continuar la reforma de octubre de 1988, que buscaba sustituir el rígido esquema anterior, basado en controles de crédito , por un sistema de mercado abierto.

    b)     Innovación financiera, mediante la creación de instrumentos financieros que permitirán al publico transferir recursos y financiar proyectos al costo mas bajo posible, los cuales estarían protegidos contra los riesgos de inflación o devaluación.

    c)      Fortalecimientos de intermediarios financieros, con la adopción de medidas que permitan a las instituciones financieras captar el mayor numero de clientes y darles acceso a una variedad de servicios al menor costo posible, al tiempo que dichas instituciones mantienen su salud financiera.

    d)     Privatización de banca comercial, en el contexto de la reforma del estado fue enviada al congreso una iniciativa presidencial para modificar la constitución con el fin de permitir la privatización de los bancos, nacionalizados en 1982.

    e)     Financiamiento del déficit gubernamental, en la reforma financiera cambio la manera en que se había financiado hasta entonces el déficit gubernamental, al utilizar el mercado de dinero a travez del banco de México con el fin de buscar la transición del hacia un financiamiento no inflacionario.

    Reforma fiscal. Entre 1989 y 1991 se llevo a cabo un reforma al sistema tributario que, además de buscar una mayor recaudación de ingresos públicos. La tasa del ISR a las empresas se redujo de 42 por ciento a 35 porciento ajustado por inflación, mientras que la tasa máxima pagada por las personas individuales bajo de 50 por ciento a 35 por ciento, indicado al comportamiento del INPC. Otras reformas fiscales fueron: la que buscaba simplificar los mecanismos del proceso de repatriación de capitales, para dar confianza a los nacionales interesados en traer su dinero de regreso al país; y la relativa a deducciones y exenciones, que consistió en un examen cuidadoso de la racionalidad económica de las amparadas por la leyes anteriores y la eliminación. Desincorparacion de empresas estatales. Como parte importante de la reforma económica salinista, se continuo con el proceso de privatización de las empresas del estado iniciado por el gobierno anterior, de acuerdo con lo establecido en el PND 1989-1994. Las áreas estratégicas a que se refiere el plan, especificadas en el articulo 28 constitucional, son acuñación de moneda, correos, telégrafos, radiotelegrafias y comunicación vía satélite, emisión de billetes por medio del banco central, petróleo y demás hidrocarburos, petroquímica básica, minerales radioactivos y generación de energía nuclear. Entre 1982 y 1993 se desincorporaron 942 empresas paraestatales –incluyendo las correspondientes a la banca comercial-, 228 de las cuales corresponde al gobierno salinista. En conclusión, el numero de empresas paraestatales se redujo de 1555 en 1982 a solo 213 hasta mayo de 1993.

    Otro importante aspecto relacionado con el sistema bancario fue la iniciativa presidencial, aprobada por el congreso de la unión en 1993, de otorgar la autonomía al banco de México, de modo que ninguna autoridad obligara a esta institución a otorgarle financiamiento.

    Proceso de liberación nacional. La inserción de México en el marco global de las encomias exigía como requisito indispensable la liberalización comercial razón por la cual constituyo uno de lo aspectos fundamentales de la reforma económica. En síntesis, la apertura comercial consistió en la eliminación de barreras arancelarias y en la reducción de los aranceles, mediante un proceso que, iniciado, en el sexenio anterior se llevo a cabo entres etapas. 1.- en 1985 con la introducción al GATT: 2.- así entre 1988 y 1990 la época de una nueva política sectorial. 3.- el establecimiento del TLC, con EE.UU. y CANADA.

    4. Tratados de libres comercio.

    Periodo 1988 – 1994 Durante la administración de Carlos Salinas de Gortari la cuestión agraria del país tuvo un cambio radical, principalmente en al aspecto jurídico, ya que durante su periodo se aprobaron diversas modificaciones a la Constitución, específicamente al artículo 27, en lo relativo al reconocimiento explícito de la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales; asimismo se le dio autonomía a los ejidos y comunidades en su fracción VII. Por otro lado, se llevó a cabo el reconocimiento específico de los sujetos de derecho agrario, otorgándoseles también seguridad plena a las tres formas de propiedad rural. Se creó el programa voluntario del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (PROCEDE) para los ejidos, lo que generó que con fecha 6 de enero de 1993 se publicara el Reglamento de la Ley Agraria en materia de certificación de derechos ejidales y titulación de solares, lo que sentó las bases específicas para la aplicación del citado PROCEDE, estableciendo los tiempos, formas, requisitos y procedimientos para la delimitación, asignación y destino de las tierras ejidales, de la superficie parcelada, la de uso común y la del asentamiento humano, así como los de la expedición de los certificados y títulos correspondientes y la posibilidad de adoptar el dominio pleno sobre la parcela, fundamentada en la fracción VII del artículo 27 constitucional. Bajo esta cobertura, los campesinos tendrían la facultad de decidir si utilizarían sus tierras de manera particular, sin perder su calidad de ejidatarios. Durante ese régimen se procedió a la desconcentración del sector agrario, creándose la Procuraduría Agraria como organismo con personalidad jurídica y presupuesto propios, con funciones de servicio social encargada de la defensa de los derechos de ejidatarios y demás integrantes del agro. Asimismo se creó el Registro Agrario Nacional.

    Con el objeto de lograr la impartición de una justicia agraria ágil y expedita, durante este régimen se crearon los tribunales agrarios, divididos para su organización y funcionamiento en uno superior agrario y en unitarios agrarios, estos últimos con sede en cada una de las entidades federativas, otorgándoseles la autonomía tanto jurídica como administrativa con base constitucional, lo que les permitía emitir resoluciones sin la influencia del poder ejecutivo, lo que redunda en beneficio de la justicia agraria.

    Lo más destacado de ese régimen, fue la expedición de la Ley Agraria, que modificó sustancialmente los procedimientos y su sistema de aplicación para los núcleos y comunidades agrarias, además de tener la intención de desaparecer el paternalismo tradicional que existió, aun de manera perjudicial para el sector campesino, otorgándoles facultades para organizarse y producir en beneficio propio y de la nación.

    5. TLC Con México Mas Ilusiones Que RealidadesHoy, primero de junio, se cumple un año de la vigencia del Tratado de Libre Comercio con México suscrito el 26 de junio del 2000 pero que por múltiples razones, primordialmente los errores de procedimientos de nuestras autoridades, comenzó a funcionar casi un año después de su firma.

    El TLC con México, negociado conjuntamente con Guatemala y El Salvador, con quienes Honduras conformó el llamado Triángulo Norte, constituye una rica lección de cómo se maneja nuestra política comercial externa-  si es que existe y cuyos resultados es conveniente evaluar después de 12 meses de haber entrado en vigor.

    En realidad la historia del Tratado se remonta a enero de 1991 con una iniciativa del entonces presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, que se concretó en los acuerdos de Tuxtla Gutiérrez que contemplaban un tratado de libre comercio y un acuerdo de complementación económica entre Centroamérica y el país del norte en condiciones francamente ventajosas para las naciones del istmo ya que contemplaba una completa asimetría para los centroamericanos además de apoyo financiero, tecnología y de comercialización entre otras áreas.

    Lamentablemente, antes de concretarse Tuxtla I se produjo la crisis mexicana conocida como el "efecto tequila" y no se pudo suscribir el acuerdo aunque también tuvo mucho que ver la indecisión de los centroamericanos. 

    Se perdió la coyuntura pero el Interés mexicano resurgió a mediados de la década de los 90’s.  De esta manera, se inició un nuevo proceso de negociación pero bajo una tónica totalmente distinta.  Desde 1996 hasta la conclusión del tratado la parte mexicana endureció sustancialmente sus posiciones y aquel afán de apertura y solidaridad evidenciado en Tuxtla I uno desapareció para transformarse en una postura de inflexibilidad e intransigencia en todo aquello que no favorecería sus intereses.

    Los mexicanos fueron muy duros en la negociación a pesar de que Centroamerica en su totalidad apenas representaba el 0.8% de sus importaciones y Honduras resultaba insignificante, 0.1% de su comercio de importación.  Como resultado de esta actitud los principales productos hondureños con real potencial como la carne, los textiles, electroconductores y otros, quedaron fuera del acuerdo comercial ya que los mexicanos o bien pedían el cielo y la tierra para su inclusión, exigían que fueron elaborados con materias primas mexicanas o ponían otras barreras de índole no arancelaria.

    Esto propició que la negociación se extendiera por casi seis años pues los centroamericanos, que en las primeras etapas contaban con un fuerte contingente del sector privado en su equipo negociador, se percataron de la mercantilista posición mexicana y opusieron resistencia a tal actitud que obviamente iba en detrimento de nuestros intereses.  Pero al final la cuestión cayó en las instancias viceministeriales, ministeriales y políticas y todo el trabajo técnico se derrumbó.  En conclusión las presiones mexicanas tuvieron su efecto ante las endebles posiciones de nuestros funcionarios y la complicidad de la representación del COHEP que defendieron el tratado a capa y espada.

    En conclusión los mexicanos negociaron con nosotros como si fuéramos una potencia comercial olvidándose de todos los privilegios y  beneficios de que ellos fueron objeto en la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA) por parte de Estados Unidos y Canadá.

    A 365 días de la vigencia del tratado las cifras nos dan la razón.  Apenas hemos aumentado nuestras exportaciones en 4 millones de dólares mientras los mexicanos, paradójicamente las han disminuido aunque la brecha comercial sigue siendo abismal, 163 millones de dólares para el último año.  La ANDI nunca estuvo ni está en contra de un tratado pero si nos indigna la forma en que es negociado.  Es chocante como se excluyó a la carne y otros productos del proceso de negociación y como se protegieron los intereses de determinados productos a base de influencias o porque personas involucrados en las tratativas, del sector privado para mayor vergüenza, ofrecieron sus "servicios profesionales" para salvaguardar determinados bienes.

    Paradójicamente quienes se han dado cuenta de que fueron excesivamente mercantilistas han sido los mexicanos quienes a través de sus representantes diplomáticos, y otros instancias han estado promoviendo la revisión del Tratado para dar apertura a aquellos productos en los cuales nuestros país tiene potencial exportador.  Porque de las 17 mil partidas negociadas, dos mil del sector agrícola y 15 mil del sector industrial, Honduras solo tiene Interés en exportar con posibilidades reales de negocios unos 10 rubros.  Lo demás es potencial mexicano.

    Entonces, esa es la mal llamada política comercial externa de Honduras.  Cedemos a los presiones de los otros países, marginamos a los sectores, como ocurrió en la negociación con México y se desmantelaron los equipos negociadores como está ocurriendo actualmente para dar paso a la improvisación y llevar siempre las de perder. Ahora se nos habla del Plan Puebla Panamá (PPP) y los gobiernos y organismos centroamericanos han demostrado su entusiasmos por la iniciativa del Presidente Fox. Pero nos preguntamos: ¿No se nos estará dando otra vez gato por liebre? Y la pregunta viene porque México está empeñado en el desarrollo de su región sur, pobre y conflictiva, y para ello plantea una propuesta de desarrollo turístico e industrial para esta zona a la vez que una amplia red de infraestructura vial par los países centroamericanos.

    Sin embargo, los países de la subregión no tienen los recursos para construir esta infraestructura y al final resultaría que nos tendríamos que endeudar para hacer más fácil el acceso a las unidades productivas mexicanas.Este trabajo tiene como objetivo central analizar el impacto que el TLC manifiesta en la zona agrícola del Soconusco, Chiapas a la luz de la fuerza con que se imponen tendencias generales como la globalización y la conformación de bloques económicos, o bien de políticas nacionales ajustadas al marco del TLC y del desarrollo diferenciado de regiones internas en nuestro país. El análisis que nos proponemos llevar a cabo no desea partir meramente del reconocimiento de las implicaciones explícitas que contiene formalmente el TLC respecto del sector agropecuario, ni solamente de la comprensión de los ejes nodales de la política agrícola desplegada por el gobierno mexicano en el último periodo, sino que primeramente intenta establecer un puente analítico para articular dos fenómenos representativos del movimiento actual de reestructuración del capitalismo mundial y de las transformaciones de nuestro país dentro de la vía marcada por el TLC: la macro-regionalización del mercado y de la economía mundiales (como parte del proceso de globalización) y la micro-regionalización de los espacios económicos nacionales. En este sentido, se pretende ofrecer una explicación plausible de cómo se presenta esa relación en el caso elegido por nosotros, estableciendo inicialmente los parámetros de la globalización y de la constitución de regiones y bloques económicos, de los cuales el TLC es un ejemplo bien definido, para enseguida identificar la dinámica de integración de México al mercado mundial y ubicar la problemática de la agricultura en relación con las orientaciones generales de la política gubernamental en el sector. Una vez hecho esto, la argumentación se encaminaría a describir las formas en que se reafirma la tendencia a desarrollarse en el territorio mexicano regiones y micro-regiones económicas, donde se pueden apreciar las diferencias con que se ponen en juego recursos públicos y privados y donde impactan de maneras a veces totalmente distanciadas unas de otras, factores medulares como es el caso del TLC. Aquí quedan asentadas brevemente las características de la región del sureste mexicano o más específicamente del estado de Chiapas y sus contrastes con regiones como las del norte fronterizo o de la parte más industrializada del centro; para continuar hasta la micro-región del Soconusco dentro del estado referido. Además de manejar información estadística y ejercicios de análisis propios y ajenos, se hace uso de datos empíricos recabados directamente en la región, para llegar a algunos lineamientos de evaluación del impacto del TLC en esta zona. De antemano podemos decir que se vislumbra con claridad cómo la potencialmente mayor apertura del mercado estadunidense a productos fundamentales del área del Soconusco como el plátano y en menor medida el café provoca efectos relacionados con el aumento relativo o el abandono de la producción sin que se cuiden requerimientos técnicos o necesidades de desarrollo integral y sustentable, además de que refuerza tendencias hacia la sustitución a veces caótica o insostenible de los cultivos que no se articulan al nuevo contexto. Pero al mismo tiempo desencadenan fenómenos dignos de tomarse en cuenta, tales como la tendencia paulatina a la preeminencia del nexo económico (que después podría volverse político y hasta cultural) con el exterior y no con el espacio aledaño o con el resto de la nación, el fortalecimiento de mecanismos de intermediación y acaparamiento monopólicos por parte de los grandes productores y comerciantes con el consecuentemente escaso derrame de beneficios hacia los pequeños productores y los jornaleros, o la ausencia de políticas sociales generales vinculadas a un proyecto de nación y a una perspectiva de desarrollo global de la región que se traduzcan en mejorías evidentes en la calidad de vida de la población asentada en ella.

    6. Globalización y regionalización

    En la actualidad resulta difícil analizar cualquier problema social sin tomar en cuenta su relación con el fenómeno de la globalización. Para el caso que aquí nos ocupa, este elemento adquiere una importancia singular. En principio, el sentido fundamental del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC),

    no puede apreciarse si no es a la luz de la globalización y de uno de sus componentes centrales que es la formación de grandes regiones o bloques económicos. La globalización, aun cuando algunos analistas la han reducido a un fenómeno meramente económico, implica cambios radicales en múltiples aspectos, entre los cuales nosotros destacamos cinco: 1) la mundialización de la economía, 2) la tercera revolución científica y tecnológica, 3) la crisis del Estado-nación, 4) el nuevo orden político internacional y 5) la cultura global. Cinco elementos que permiten visualizar la magnitud del proceso de la globalización. No obstante que en este trabajo no podemos desarrollar ampliamente algunas interpretaciones nodales sobre el asunto, tal y como lo hacemos en otros documentos, queremos mencionar que la globalización es entendida por nosotros como una nueva fase del desarrollo capitalista, como un componente medular del proceso de reestructuración del capitalismo mundial que se inicia hacia la segunda mitad de la década de los setenta y que hoy se muestra con mayor claridad en los cinco puntos señalados arriba. Cada uno de esos cinco elementos destaca fenómenos trascendentales, tales como la mayor integración e interdependencia entre las economías nacionales, la formación de regiones o bloques económicos, el surgimiento de los mercados financieros a nivel mundial, el fortalecimiento del comercio intrarregional e intrafirma, el predominio de las economías abiertas, el impacto de las innovaciones tecnológicas en la producción y en la vida diaria (microelectrónica, robótica, nuevos materiales, telecomunicaciones, biotecnología, etcétera), la crisis de la figura del Estado-nación, la crisis de la hegemonía de EE.UU. y del bipolarismo desarrollado en la postguerra, o el despliegue mundial de una especie de cultura global. Ahora bien, como lo hemos dejado ver, la globalización ha generado la constitución de tres grandes regiones o bloques económicos que representan un factor de determinación del desarrollo y de la integración de las naciones al mercado mundial. Esas regiones son la Unión Europea comandada por Alemania o por la alianza germano-francesa, la Cuenca del Pacífico liderada por Japón y el proyecto de integración americana que empieza con el TLC y que es hegemonizado claramente por los Estados Unidos. Aquí de alguna manera se hace alusión a la forma en que Braudel y sus simpatizantes han comprendido el movimiento del tiempo, donde el curso cronológico del mismo no se ajusta a la dimensión real de la historia; los ejemplos mejores de esta idea son el largo siglo XVI que Braudel situaba entre mediados del XV y mediados del XVII en razón del desarrollo de En este horizonte de realidad, el Estado-nación, o para simplificar el Estado nacional, aparece como un puente o intermediario entre esas macro-regiones y las micro-regiones constituidas históricamente en espacios geosociales específicos. El Estado nacional juega el papel de interventor político para ajustar las condiciones de funcionamiento de las micro-regiones de acuerdo con el proyecto macro-regional definido en función del marco de la globalización; ajuste que puede significar el desarrollo de los medios para lograr la integración de dichas micro-regiones mediante políticas económicas adecuadas a tal fin o bien la puesta en práctica de acciones estatales para moldear una marginación políticamente controlada.Así, el Estado no puede ser ya identificado bajo la idea de representante soberano de una voluntad ciudadana nacional, sino más bien como expresión nacional de una relación global que ha desbordado los marcos nacionales, es decir, como un Estado internacionalizado, que en el caso aludido funciona como mediador político entre las macro-regiones derivadas y sostenidas a partir de la globalización y las microregiones que, más allá de los proyectos nacionales, se hallan cohesionadas por determinantes geohistóricas y culturales (condiciones topográficas, formas de producción, factores lingüísticos y étnicos, relaciones económicas específicas, interacciones simbólicas, etcétera) que requieren ser tomadas en cuenta para lograr su integración subordinada al mercado mundial, ya que son fuente de materias primas, de energéticos o de fuerza de trabajo y potenciales mercados accesorios. Por lo tanto, este proceso de globalización de la economía mundial ha perturbado el funcionamiento de las economías nacionales, entre ellas la nuestra por supuesto y, como se ha visto, las bases jurídicas sobre las que tradicionalmente se organizaban los estados nacionales, su cultura, así como su estructura social, ha cambiado drásticamente en las dos últimas décadas. México, frente a este proceso globalizador, ha trazado una estrategia de integración a los mercados mundiales que no se circunscribe a la firma del TLC (aunque sí es su vía principal) sino que en forma paralela ha desarrollado – y pretende ampliarlos en el futuro inmediato- acuerdos comerciales con otros países y otros bloques económicos. Con base en lo anterior y antes de ver la situación de la agricultura en el TLC y su relación con la microregión del Soconusco, micro-región caracterizada por largas tradiciones de participación en el comercio mundial y por fuertes vínculos internos de identidad cultural y estructural, debemos establecer algunos elementos de análisis indispensables.

    7. La integración de México al mercado mundial

    La integración de México al mercado mundial y la desestructuración de los patrones de desarrollo seguidos durante su industrialización sin lugar a duda rebasa los límites de la vigencia formal del TLC o mejor aun, el TLC representa el medio singular a través del cual se consolida dicha integración de acuerdo con el proyecto político imperante en los últimos sexenios. Con esto queremos asentar la idea de que los tiempos del TLC se inician aun antes de ser proyectado, diseñado y puesto en marcha. La apertura y liberalización de la economía mexicana se presenta como un proceso paulatino y discontinuo, que adopta modalidades particulares en diferentes momentos en una clara tendencia a acentuarse. Así, ante la profunda crisis política de 1968 y las dificultades mostradas por el patrón de acumulación vigente en el sexenio de Echeverría, todo ello en un contexto mundial de crisis y reestructuración del capitalismo, dicho proceso pasa por ciertas etapas: 1970-77, 1978-82, 1983-85, 1986-89, 1990-93 y 1994 a la actualidad. Entre 1970 y 1977 dicha apertura se restringe al ingreso de recursos financieros que agigantan la deuda externa y al incremento de la inversión extranjera directa, ello porque, debido a los componentes políticos de la crisis, el acento de la acción del Estado se enfocó a ese terreno más que a la ampliación de los contactos económicos con el exterior, además de que en ese momento el excedente de dinero mundial, especialmente de eurodólares, exigía una salida como ésta para países como el nuestro. De 1978 a 1982, a pesar de un ajuste inicial de la economía mexicana, a partir de los descubrimientos de grandes recursos petroleros, la vertiente de inserción de México al mercado mundial se dio por la vía del énfasis hacia la producción y comercialización del petróleo y entonces se detuvieron las proyecciones de ingreso al GATT, mismo que fue rechazado en 1980. Con la entrada de De la Madrid a la presidencia, la crisis financiera y la clausura del factor petróleo a partir del derrumbe de los precios internacionales, de 1983 a 1985 se comenzó el violento ajuste de corte neoliberal bajo la orientación del FMI y del Banco Mundial que de alguna manera representaba los pasos básicos hacia la integración al mercado mundial. De 1986 a 1989, el camino se aclaró con el ingreso de México al GATT en 1986, mediado por la relación con EE.UU. y con la elaboración en 1987 del marco de entendimiento con este país. Así llegamos al año de 1990, cuando se tienen las primeras pláticas secretas con el gobierno de EE.UU. encaminadas a la firma de un acuerdo bilateral de libre comercio, el cual se abre y recibe la adhesión de Canadá en 1991 y que se resuelve en primera instancia en 1992, para ser ratificado en 1993 ya como TLC de América del Norte (NAFTA por sus siglas en inglés). Obviamente nos encontramos en la última etapa caracterizada por la vigencia formal del TLC durante los años de 1994 a la fecha. Antes de entrar propiamente al análisis y evaluación de este periodo flexibilizado por las razones anteriores en el caso de la micro-región del Soconusco, queremos establecer algunas consideraciones generales en lo que se refiere a la relación del TLC y la agricultura mexicana.

    8. El sector agropecuario mexicano y el Tratado de Libre Comercio

    Antes de la conclusión del TLC se preveía con claridad que la desigualdad de las economías y particularmente de los sectores agropecuarios de los tres integrantes del Tratado era un factor determinante para establecer su posible impacto sectorial. Por ejemplo se mostraban que las diferencias específicas de productividad y competitividad de la agricultura de México y de EE.UU. eran tan grandes que no podría sino esperarse una total inclinación de los beneficios del intercambio bajo el TLC en favor del segundo.

    La superioridad estadounidense se sostenía y se sostiene en cuatro elementos fundamentales: 1) el desarrollo y aplicación de tecnología durante un periodo largo previo a 1990 que aun persiste, 2) las políticas de subsidio y promoción que en aquel país tienen lugar en apoyo del sector, 3) las diferencias topográficas y climatológicas evidentemente mucho más benignas en los estados Unidos tanto para la producción de granos como de productos cárnicos y 4) la estructura de comercialización interna y externa. Destacamos la comparación entre México y Estados Unidos porque de acuerdo con los datos del INEGI el intercambio de productos agropecuarios de nuestra nación con sus socios se traduce en los siguientes montos: 88 % de nuestras exportaciones van hacia Estados Unidos y sólo 0.3 % hacia Canadá, mientras que nuestras importaciones provienen del primer país en un porcentaje de 80 % y del segundo tan sólo el 2.23 %.

    9. Sexenio Ernesto Zedillo Ponce de León

    1. Heredero accidental del presidente Salinas Segundo de seis hermanos de una familia de clase media-baja, recibió su primera educación en colegios públicos de Mexicali, en el estado de Baja California Norte, a donde los padres se habían desplazado desde Ciudad de México en busca de mejores oportunidades de trabajo. En 1965 continuó los estudios medios en Ciudad de México y en 1969 se matriculó en la Escuela Avanzada de Economía del Instituto Politécnico Nacional. Obtenida la graduación, con los ingresos reportados por su trabajo como auditor auxiliar en el Banco Nacional del Ejército y la Armada, pudo matricularse en Economía en la Universidad estadounidense de Yale y posteriormente, ayudado por sendas becas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), asistió a un curso de posgrado en Bradford, Gran Bretaña, y al programa de doctorado de Economía de Yale, donde obtuvo el título correspondiente con una tesis sobre el estudio del problema de la deuda pública externa mexicana y su relación con las expectativas de crecimiento de las exportaciones petroleras.

    En 1971, un año antes de licenciarse, ingresó en el gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) y comenzó a trabajar en la Dirección de Política Económica, adjunta a la Presidencia de la República, lo que estimuló su interés por la política. Impartió docencia en el Instituto de Estudios Políticos, Económicos y Sociales (IEPES) del PRI bajo el auspicio de Leopoldo Solís y a continuación desempeñó diversos puestos de responsabilidad en el aparato económico y financiero de la administración. En estos años, Zedillo cimentó su reputación de economista y su perfil de tecnócrata, partidario de modernizar las estructuras económicas y alejado de los sectores tradicionalistas del PRI.

    Desde 1978 y a lo largo de las administraciones de José López Portillo y Miguel de la Madrid Hurtado, Zedillo se desempeñó sucesivamente como: analista y subgerente de investigación económica del Banco central de México, BANXICO; responsable de la puesta en marcha del Fondo de Intercambio, Cobertura de Riesgos y Confianza (FICORCA), un órgano gubernamental, también conocido como Fideicomiso para la Cobertura de Riesgos Cambiarios, que permitió reestructurar la deuda de muchas empresas mexicanas; y, desde 1987, subsecretario de Planeación y Control Presupuestal en la Secretaría de Programación y Presupuesto del Gobierno federal.

    En diciembre de 1988 el nuevo mandatario priísta, Carlos Salinas de Gortari, también economista de formación, le nombró secretario, esto es, ministro, de Programación y Presupuesto. Como tal, Zedillo se encargó de ejecutar las directrices de austeridad en los gastos del Estado prescritas por el FMI y asumidas por Salinas como parte de su ambicioso programa de reformas liberales en la estructura de la economía, y también participó en el diseño de las políticas de desarrollo y del Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL), encaminado a paliar el coste de las reconversiones en el terreno social.

    En enero de 1992 Salinas le puso al frente de la Secretaría de Educación Pública, donde emprendió una profunda reforma de la educación preescolar, primaria y secundaria, que se plasmó en el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica. En noviembre de 1993 el designado candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta, a quien le unía una visión democratizadora del sistema político, le nombró coordinador general de su campaña.

    Colosio fue asesinado el 23 de marzo de 1994 durante un mítin en Tijuana y seis días después, con el país conmocionado por el magnicidio, el PRI se decantó por Zedillo como nuevo postulante del oficialismo. Hombre con una imagen de servidor público competente, inteligente y honesto, pero un tanto gris y sin gancho, su ubicación en los círculos de Colosio y Salinas se interpretó entonces como una garantía para la continuidad de las reformas impulsadas durante el sexenio que tocaba a su fin.

    2. Una asunción oscurecida por la crisis financiera En las elecciones del 21 de agosto de 1994, Zedillo, sin sorpresas, se hizo con la victoria por delante de Diego Fernández de Cevallos, del conservador Partido de Acción Nacional (PAN), y Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, del centroizquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD). Aunque su 50,2% de votos era el más bajo porcentaje nunca recibido por un candidato priísta, los comicios registraron una participación también excepcional, del 77,7%, casi 20 puntos más que en 1988.

    En las legislativas, el PRI pagó, entre otras razones, por la creencia generalizada de que sus poderosos sectores conservadores estaban detrás del asesinato de Colosio y perdió 20 de sus 320 escaños en la Cámara de Diputados (sobre 500), un descenso al que también contribuyó la inusual limpieza del escrutinio, fruto del pacto alcanzado por Salinas y los principales partidos. Las elecciones fueron celebradas bajo el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), aprobado por el Congreso en 1990, y organizadas y supervisadas por sus organismos asociados, el Instituto Federal Electoral (IFE) y el Tribunal Federal Electoral (TFE).

    El 1 de diciembre de Zedillo tomó posesión de su mandato sexenal como, según los observadores, el primer presidente del PRI elegido sin el decisivo concurso de los mecanismos tradicionales de fraude, no obstante la detección del largo brazo de la maquinaria priísta, como el uso proselitista de recursos públicos, el empleo abusivo de los medios de comunicación y la inducción al voto a cambio de emolumentos en los ámbitos clientelistas.

    El 19 de diciembre Zedillo topó con una de las sorpresas más desagradables nunca encontradas por un mandatario recién inaugurado: advertido por BANXICO de que las reservas de dólares se estaban agotando en el intento de sostener al sobrevalorado peso, el presidente aprobó una devaluación del 15%, que fue invalidada de inmediato por la dinámica del mercado libre.

    Lo que se reveló, en toda su crudeza, fue una gravísima crisis financiera provocada por el embarque masivo de capitales especulativos, iniciado tras el asesinato de Colosio y acelerado en las últimas semanas, que totalizó los 24.000 millones de dólares. El peso, puesto en flotación el día 22, cayó en barrena y hasta el final de año perdió el 60% de su valor, convulsionando los mercados internacionales -el popularmente conocido como efecto tequila- y situando al sistema financiero del país al borde de la quiebra.

    La catástrofe pudo evitarse gracias a un apresurado plan de socorro internacional, el 21 de febrero, que, coordinado por el FMI y encabezado por el Tesoro de Estados Unidos, inyectó 51.000 millones de dólares a cambio de un drástico plan de austeridad, consistente en la subida de los impuestos indirectos y las tarifas de los servicios públicos, y la contención de los salarios por debajo de los nuevos precios.

    La condición más extrema y dolorosa que le impuso Washington al Estado mexicano fue el depósito de los 7.000 millones de dólares anuales provenientes de la venta del petróleo en un banco estadounidense como garantía de pago, toda una hipoteca sobre el florón de la producción nacional. El mercado financiero volvió a estabilizarse, pero 1995 lo cerró México con una recesión económica del 6,9% del PIB y una tasa de inflación del 52%.

    Además, la restauración del orden financiero condujo a la destrucción o la subcontratación de millones de puestos de trabajo, a una pérdida masiva de poder adquisitivo de la población y al crecimiento de las rentas más elevadas. Con un 40% de la población por debajo del umbral de la pobreza y al menos otro 25% en sus límites, México acentuó su condición de uno de los países con más desigualdades de toda América Latina.

    3. Impulsor de reformas decisivas en el sistema político Superada la tormenta monetaria, y con inusitado vigor, pues 1996 iba a registrar un 28% de inflación y una tasa de crecimiento del 5,1%, Zedillo, comedido y disciplinado, se concentró en una empresa no menos formidable: el cumplimiento de sus promesas de democratización del Estado y la sociedad sin poner en peligro la unidad del propio PRI, que se resistía a librarse de obsolescencias y a permitir que otros partidos y organizaciones sociales ocuparan espacios de participación en la esfera pública, celosamente salvaguardados con vocación patrimonial.

    Al llegar a la Presidencia, Zedillo se había comprometido a continuar las reformas electorales, y por tanto centró sus esfuerzos en asegurar la transparencia de los comicios y la completa imparcialidad del IFE. La primera concreción de este objetivo fue el pacto Compromisos para el Acuerdo Político Nacional, suscrito el 17 de enero de 1995 por las tres fuerzas políticas citadas más el Partido del Trabajo, esto es, todos los partidos representados en el Congreso, a fin de promover el diálogo para conducir una reforma electoral definitiva y solucionar el problema de los frecuentes conflictos poselectorales.

    Esta modernización decisiva de las reglas de participación política fue consagrada, en una manifestación de consenso sin precedentes, el 31 de julio y el 1 de agosto de 1996 con la aprobación unánime por las dos cámaras del Congreso de la reforma de 19 artículos de la Constitución. El PRI asumió la reforma en su XVII Asamblea Nacional celebrada del 20 al 22 de septiembre siguiente, ocasión en que además ratificó su compromiso social y revolucionario, planteándose la necesidad de un cambio "en el asfixiante modelo económico neoliberal", el mismo que, empero, venía aplicando Zedillo por motivos coyunturales. Con todo, la doctrina de "liberalismo social" acuñada por el ahora demonizado y autoexiliado Salinas, fue removida de la declaración ideológica del partido.

    La crisis interna del partido fundado en 1929 con el nombre de Partido Nacional Revolucionario, iniciada con las convulsiones del período salinista (debate ideológico en torno al modelo económico liberal, resistencias de los sectores tradicionalistas, alzamiento indígena en Chiapas, magnicidios de Colosio y del secretario general del partido, José Francisco Ruiz Massieu) y continuada desde que Zedillo dejó claro que no estaba dispuesto a gobernar bajo presiones, se vio agravada con motivo de las elecciones legislativas federales y estatales del 6 de julio de 1997, primeras celebradas bajo la nueva normativa.

    En aquella ocasión, por primera vez en su historia el PRI perdió la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados con el 38,8% de los votos y 239 escaños, 59 menos que en la legislatura anterior, así como las gobernadurías de Querétaro y Nuevo León, que pasaron a manos del PAN y que se sumaron a las que ya poseía en Guanajuato, Jalisco, Chihuahua y Baja California, siendo éste en 1989 el primer estado que perdió el PRI.

    El oficialismo aseguró, con 76 escaños, la mayoría absoluta en el Senado, pero perdió la mayoría de dos tercios necesaria para aprobar modificaciones constitucionales sin apoyos externos. El gran vencedor de la jornada fue el PRD, cuyo líder, Cárdenas, arrasó con el 47,6% de los votos en las primeras elecciones a la jefatura de Gobierno del Distrito Federal, centro de poder muy importante dado el peso demográfico y político de la capital. Zedillo, confrontado a esta insólita cohabitación, se apresuró a felicitar a Cárdenas y añadió que en lo sucesivo "ya nadie podrá tachar al PRI de ser un partido de Estado".

    4. Ambivalencia en el conflicto de Chiapas La delicada situación social en algunos estados, alimentada por los abusos de los gobernantes locales del PRI, obligó a intervenir a Zedillo. Así, en 1996 forzó las dimisiones de los gobernadores de Nuevo León, tras protagonizar un escándalo de corrupción, y de Guerrero, por intentar ocultar el asesinato de 17 campesinos por las fuerzas de seguridad.

    Pero fue el heredado conflicto en Chiapas, ahora extendido a otros estados del sur, con su complejo cuadro de insurgencia armada, reivindicaciones indígenas de autogestión y reparación socioeconómica, y monopolio de las estructuras productivas y de poder por la oligarquía priísta, el problema más acuciante, que Zedillo trató con la política del palo y la zanahoria.

    Tras fracasar las negociaciones con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el 9 de febrero de 1995, poniendo fin a la tregua vigente desde el 12 de enero de 1994, ordenó al Ejército cercar la selva Lacandona y capturar al líder de la revuelta, el carismático y enigmático Subcomandante Marcos (al que de paso intentó desacreditar revelando su supuesta identidad), pero cinco días después mandó detener las operaciones.

    El 21 de abril representantes del Gobierno y la guerrilla reanudaron las conversaciones en el pueblo de San Andrés Larráinzar sobre la base de las demandas de la última, las cuales condujeron desde septiembre de ese año hasta febrero de 1996 a una serie de compromisos puntuales de aplicación incierta. Los denominados Acuerdos de San Andrés sobre Derechos y Cultura Indígenas, firmados el 16 de febrero de 1996, quedaron en papel mojado cuando la guerrilla acusó al Gobierno de hacer del texto una interpretación unilateral y no ajustada al espíritu que lo impulsó.

    El rechazo del Gobierno federal a la iniciativa de ley de la Comisión parlamentaria de Concordia y Pacificación (COCOPA), relativa justamente a los derechos de los indígenas, más la negativa de Zedillo a cualquier menoscabo del Estado de derecho en el territorio controlado por el EZLN, el cual se aprestaba a crear instituciones autónomas, propiciaron la reproducción de los enfrentamientos. Se configuró así una dinámica alternante entre diálogo y represión que dejó en suspenso cualquier desenlace negociado.

    Zedillo fundamentó su reluctancia a los Acuerdos de San Andrés en la posibilidad de que las reformas legales se tradujeran en enmiendas constitucionales, lo que podría dar pie, en su opinión, a reivindicaciones de tipo independentista, pero siempre se tuvo la sensación de que el mandatario no tenía ninguna voluntad de reconocer las verdaderas raíces del conflicto ni de terminar con los atropellos de los caciques locales.

    A la presión policial contra los conatos de autogobierno indígena siguieron el asesinato, el 22 de diciembre de 1997, en la comunidad de Acteal de 45 indios tzotziles pertenecientes a un grupo pacifista católico simpatizante del EZLN por paramilitares a las órdenes del PRI local, y en junio de 1998 nuevos combates entre Ejército y los zapatistas, con el saldo de una decena de muertos, que obligaron a Zedillo a realizar el día 13 una visita de inspección. La matanza de Acteal, concretamente, levantó una polvareda de críticas contra Zedillo, cuya autoridad sobre los sectores más reaccionarios de su partido quedó en entredicho.

    En añadidura, en Guerrero y otros estados del sur comenzó sus actividades en agosto de 1996 un Ejército Popular Revolucionario (EPR), insurgencia de menor entidad pero de discurso más radical que para unos tenía inspiración maoísta y para otros se trataba de una creación de elementos del partido del poder interesados en desestabilizar el orden público.

    5. Pragmatismo en política exterior Las dinámicas de integración económica guiaron, como en la mayoría de los países latinoamericanos, el hacer exterior de Zedillo, que se caracterizó por un equilibrio entre el pragmatismo liberal y la continuación de una línea diplomática nacional que durante décadas enarbolaron las administraciones priístas, sustentada en principios como el respeto a la soberanía nacional de los estados y la independencia de tender puentes de cooperación con cualquiera de ellos, si bien esta última característica había tenido más relevancia en el pasado, cuando el sistema internacional se movía por la lógica de los bloques ideológicos y cobraba plena significación la vía tercerista de los países no alineados.

    Por un lado, Zedillo alentó el buen entendimiento con el Gobierno de Estados Unidos, país socio dentro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y que concentraba él solo las tres cuartas partes de todas las transacciones comerciales de México. En 1998 el 76% de las exportaciones y el 70% de las importaciones mexicanas se hicieron con Estados Unidos; su valor sumó los 187.000 millones de dólares, nada menos que un 120% de incremento con respecto a 1993, el año previo a la entrada en vigor del TLCAN. La tendencia siguió creciendo con rapidez hasta el final del período presidencial de Zedillo, sobre todo en las exportaciones, consolidando a México, ya muy por delante de Japón y China, como el segundo socio comercial de Estados Unidos después de Canadá.

    Los bajos costes salariales de México iban a traer fuertes inversiones empresariales de los socios del norte (fundamentalmente en el sector de las maquiladoras o empresas de montaje), pero los críticos de la integración comercial apuntaron los riesgos que supondría para la economía nacional una recesión en Estados Unidos.

    Zedillo realizó allí su primera visita al exterior como presidente titular el 10 de diciembre de 1994, con motivo de la I Cumbre de Las Américas que se celebraba en Miami, y su homólogo Bill Clinton hizo lo propio a México el 7 de mayo de 1997. En este encuentro los mandatarios firmaron un pacto de cooperación para la lucha contra el narcotráfico, compromiso sin precedentes que apaciguó sólo parcialmente las desconfianzas en el Congreso de Estados Unidos hacia la capacidad del Estado mexicano para combatir esta industria delictiva, pese a las espectaculares detenciones de capos y su extradición a la justicia estadounidense.

    Estas exigencias persistentes, más el endurecimiento de la legislación inmigratoria, dieron ocasión para las recriminaciones mutuas y algunos desencuentros. Zedillo no perdió oportunidad para criticar el endurecimiento del embargo a Cuba, pero por otro se aplicó en la devolución del préstamo de emergencia de 1994, cuyo último tramo fue reembolsado el 15 de enero de 1997, tres años antes del plazo establecido e intereses incluidos.

    Precisamente con respecto a Cuba, la administración de Zedillo alteró la tradicional política mexicana de "entendimiento" que durante muchos años supuso un alivio al régimen de Fidel Castro, acosado por Estados Unidos y boicoteado por casi todos los países de América Latina. Zedillo reaccionó con desagrado a determinados comentarios irónicos del presidente cubano sobre el acercamiento de México al Norte rico, a costa, supuestamente, de los lazos tradicionales con los países pobres del Sur. En los últimos años noventa el Gobierno mexicano instó a su homólogo cubano a introducir mayores cotas de democracia y libertad en la isla.

    Para compensar la creciente dependencia de Estados Unidos, el Gobierno de Zedillo prosiguió el hilvanado de una red de tratados de libre comercio (TLC) bilaterales. El Acuerdo de Complementación Económica suscrito con Chile en septiembre de 1991 dio paso a un TLC el 1 de octubre de 1998 que entró en vigor el 1 de agosto de 1999; el 1 de enero de 1995 entraron en vigor los TLC adoptados con Costa Rica el 5 de abril de 1994 y con Bolivia el 10 de septiembre siguiente, y el 1 de julio de 1998 lo hizo el establecido con Nicaragua; mientras, prosiguieron las negociaciones con Panamá, Perú, Ecuador y, ya en el plano multilateral, con Honduras, Guatemala y El Salvador. Con estos tres países, que forman el denominado Triángulo Norte Centroamericano, México adoptó el consiguiente TLC el 29 de junio de 2000.

    Estos tratados, que se sumaron al adoptado en el seno del G-3 (con Colombia y Venezuela) en septiembre de 1990 y cuya aplicación comenzó el 1 de enero de 1995, subrayaron la pluralidad de los tratos mexicanos, si bien su importancia real era relativa (menos, tal vez, con Chile y el G-3), dado que el volumen del comercio del país con el conjunto de América Latina era mínimo y se situaba en torno al 5%. Además, sus ventajas arancelarias iban a ser englobadas cuando entraran en servicio el área de libre comercio del G-3 con Centroamérica en 2003, y el Área de Libre Comercio de Las Américas (ALCA), que afecta a todo el continente y cuya fecha de arranque es 2005.

    En una línea de verdadero diálogo político se inscribió el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea (UE) firmado por Zedillo en Lisboa el 23 de marzo de 2000. Decidido el 24 de noviembre de 1999 y de hecho el capítulo comercial del más ambicioso Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación -firmado el 8 de diciembre de 1997 y en vigor el 1 de octubre de 2000-, el documento de Lisboa pronosticaba una década hasta completar el desarme arancelario a partir del 1 de julio de 2000 y con fechas de culminación en 2003, por lo que respecta a la UE, y en 2007 en el caso de México.

    Ahora bien, a nadie escapaba que el comercio de la UE con el país azteca había crecido desde 1993 a menos de la mitad de la velocidad con que lo había hecho el comercio con el TLCAN. Además, se trataba de volúmenes muy reducidos: en 1998 el comercio con todos los países de la UE suponía el 4% de las exportaciones y el 8% de las importaciones, esto es, el doble del comercio registrado sólo con Canadá.

    La voluntad de México de acercarse al viejo continente durante los años de Zedillo, incluyendo la cooperación en temas tan extraeconómicos como los Derechos Humanos y la democracia, quedó suficientemente expresada con la entrada en el Consejo de Europa como observador permanente, el 1 de diciembre de 1999, compartiendo este estatus de excepción con Estados Unidos, Canadá y Japón.

    Zedillo fue también el inspirador de la cumbre internacional especial contra la droga, que del 8 al 10 de junio de 1998 reunió a una treintena de jefes de Estado y de Gobierno en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, y participó en las cumbres anuales de la Cooperación Económica Asia-Pacifico (APEC), la Comunidad Iberoamericana y el Grupo de Río, cuya decimotercera edición auspició en México D.F. el 28 y 29 de mayo de 1999.

    6. Último de doce presidentes consecutivos del PRI De cara a las elecciones presidenciales de 2000, que se anticipaban como las más trascendentes en la historia reciente de México, el 4 de marzo de 1999, en el 70º aniversario del partido, Zedillo anunció un proceso de primarias en el PRI para la designación del candidato a la Presidencia, que ponía fin al histórico dedazo, la designación inapelable por el presidente saliente del aspirante a sucederle.

    En esta línea, el Consejo Político Nacional el 30 de abril eligió por sufragio secreto a José Antonio González Fernández (era el único candidato, pues los demás aspirantes se retiraron alegando falta de equidad en el proceso de selección) y Dulce María Sauri Riancho como respectivos presidente y secretaria general del partido, y el 17 de mayo definió las bases para el proceso interno de selección de precandidatos.

    El 7 de noviembre de 1999 el vencedor por rotunda diferencia fue Francisco Labastida Ochoa, antiguo gobernador de Sinaloa y hasta fecha reciente secretario del Interior del Gobierno federal, puesto que suele considerarse el más importante del Ejecutivo luego del propio presidente. Aunque Zedillo había asegurado que se mantendría neutral y que no apostaría por ningún candidato, se hizo notar que Labastida era su hombre de confianza. De hecho, sus rivales en las primarias no dudaron en acusarle de ser el "elegido" del aparato presidencial y, por tanto, beneficiario de múltiples recursos de partida. En cualquier caso, la campaña, muy disputada y bronca, exteriorizó con crudeza la lucha de banderías en el seno del PRI.

    Zedillo esperaba con este ejemplo de democracia interna convencer al electorado de que el PRI seguía siendo la fuerza política más capacitada del país para sacarlo de sus problemas, teniendo además presente que la economía proseguía su buen rumbo. Sin embargo, pesaron más el profundo deseo de cambio del electorado y la escasa convicción del propio Labastida, considerado el perfecto oficial reformista del PRI pero escaso de carisma y presuntamente débil ante las presiones de los conservadores. En la jornada del 2 de julio de 2000 el candidato priísta cayó derrotado con el 35,3% de los votos ante el hombre del PAN, Vicente Fox Quesada, que obtuvo el 42,9%.

    El histórico resultado fue rápidamente reconocido por Zedillo, que llamó a una transición ordenada y ofreció su colaboración al presidente electo, con el que se reunió a las pocas horas. Las felicitaciones internacionales se dirigieron a Fox, pero también a Zedillo, por haber hecho posible un proceso electoral transparente y libre de los habituales episodios de fraude institucional. En opinión del ex presidente de Estados Unidos Jimmy Carter, observador del proceso, las elecciones fueron "casi perfectas". Las consecuencias de la debacle no se hicieron esperar.

    Los dinosaurios de la vieja guardia del PRI, cuyo ascendiente había decrecido por las medidas aperturistas, arremetieron contra Zedillo, al que responsabilizaron de un "error histórico" que, no obstante, remontaron hasta comienzos de los años noventa, cuando Salinas de Gortari introdujo el liberalismo económico. La celeridad con que el presidente había concedido la victoria a Fox produjo un malestar añadido.

    El 4 de julio dimitieron la presidenta Dulce María Sauri y la Comisión Directiva en pleno "por dignidad", renuncia que fue rechazada al día siguiente por el Consejo Ejecutivo Nacional reunido en sesión de urgencia. El día 6 de julio Zedillo, saliendo al paso de las numerosas voces que le exigían la asunción de responsabilidad por lo sucedido, emitió un comunicado por el que se desvinculaba del conflicto interno del partido, a cuyos miembros instaba a reconocer la derrota y animaba a hacer una importante "introspección" para sacar lecciones por lo sucedido y encarar positivamente el futuro. Un segundo aldabonazo para el tambaleante partido fue la victoria en Chiapas del candidato conjunto de la oposición, Pablo Salazar Mendiguchía, en las elecciones gubernamentales del 20 de agosto.

    El 1 de septiembre siguiente Zedillo, en su último discurso a la nación, declaró sentirse satisfecho por que bajo su mandato México había "completado su viaje hacia la democracia". El 1 de diciembre hizo cesión de la banda presidencial a Fox en una ceremonia que contó con una nutrida representación internacional.

    Por otra parte, la situación económica de México no podía ser más disímil de la que le estalló en las manos a Zedillo nada más asumir seis años atrás: 2000 registró un crecimiento del PIB del 7%, exactamente el doble que el año anterior, y una inflación del 9,5%, el índice más bajo de todo el sexenio. El peso estaba estabilizado frente al dólar, BANXICO había aumentado sus reservas monetarias y el descenso de los ingresos del petróleo por los bajos precios internacionales se había compensado en parte con el relanzamiento de las exportaciones no petroleras. A modo de balance, en el sexenio de Zedillo la economía creció una media del 3,4% anual, la inflación media fue del 23% y, dato revelador de la apertura de la economía, el comercio exterior pasó de representar el 12% del PIB a comienzos de 1994 al 42% a finales de 2000.

    La satisfacción general por el pacífico cambio de régimen se reflejaba en las encuestas de opinión, que concedían al presidente saliente un índice de popularidad del 60%. Ahora bien, abrumadores déficits sociales quedaban en el tintero, siendo flagrante la asimetría entre el desarrollo económico y el desarrollo humano. Zedillo también se despidió con la mácula de determinadas operaciones financieras irregulares, como la montada para rescatar de la quiebra al Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA) y el presunto flujo de dinero de Petróleos Mexicanos (PEMEX) a la campaña electoral de Labastida. Las sospechas apuntaron incluso a un enriquecimiento ilícito en el entorno familiar del propio mandatario.

    7. Ex mandatario con importante rol internacional El anterior presidente mexicano mantiene en la actualidad una agenda internacional muy rica. Es miembro de los consejos de administración de las corporaciones Procter & Gamble, Union Pacific y ALCOA, y asesor de Daimler-Chrysler y Coca-Cola; columnista regular en la revista Forbes, además ha adquirido el perfil de experto colaborador en altos organismos internacionales.

    Así, poco después de dejar la Presidencia, el secretario general de la ONU le nombró para encabezar el panel sobre Financiación y Desarrollo, el cual elaboró un documento, el denominado informe Zedillo, que brindó el marco político de discusión a la Conferencia Internacional sobre Financiación al Desarrollo que se celebró en Monterrey del 18 al 22 de febrero de 2002, y que previamente fue analizado en la IV Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio (OMC) que tuvo lugar en Doha, Bahrein, del 9 al 14 de noviembre de 2001.

     En este informe presentado el 28 de junio de 2001, Zedillo y sus diez colegas sostienen la necesidad de avanzar en la liberalización de los mercados mundiales, pero teniendo presente los intereses y necesidades de los países menos desarrollados, una "Ronda de Desarrollo" que, a diferencia de anteriores rondas de desarme arancelario, habrá de poner el énfasis en los productos agrícolas y manufacturados (textiles en particular) que exportan estos países.

    Profesor visitante del London School of Economics y, desde abril de 2002, director del Centro para el Estudio de la Globalización de la Universidad de Yale, Zedillo es un economista tan solicitado que días después de aquel su último nombramiento no tuvo ambages en descartarse para suceder en 2005 al tailandés Supachai Panitchpakdi al frente de la OMC, La postulación, fomentada por altos ejecutivos del organismo, parece no interesar a Zedillo, que se encuentra cómodo en el equipo de asesores personales del todavía director general, el neozelandés Mike Moore. Los Sexenios de: Carlos Salinas de Gortari Ernesto Zedillo Ponce de León

     

     

    Autor:

    Deysi Maitret Castellanos Selene Domínguez Palma Ana Lily Oropeza Aguilar Cesar Tejeda Candelero

    Alejandro Téllez López Eleazar Elstón Cáliz Lic. Ciencia Política y Admón. Publica