Compatibilidad del desarrollo económico con la equidad social en la República Dominicana (página 3)

El coeficiente Gini es una herramienta muy poderosa pero su validez depende directamente de la calidad de los datos estadísticos usados para calcularlo. Infortunadamente, no hay normas internacionales en esta materia. Esto significa que el coeficiente Gini puede ser manipulado hasta cierto punto por los analistas del ala izquierda que podrían buscar censurar las desigualdades extremas o por las alas derechas conservadoras que podrían querer demostrar que esa desigualdad es mínima. Por lo tanto se debe tener cuidado para asegurarse de la objetividad de la fuente de cada gini antes de sacar conclusiones apresuradas.

Según las cifras más recientes de la República Dominicana, nuestro país cuenta con un índice de gini de 0.50, lo que nos posiciona como una sociedad con un alto nivel de desigualdad de ingresos. Esto no debe sorprender a nadie, es obvio con tan sólo salir a la calle. Sin embargo, es interesante cómo el coeficiente de gini de nuestro país ha evolucionado a partir de 1992:

Si bien es cierto que el país todavía cuenta con una gran desigualdad, también es cierto que las cifras muestran que con el paso del tiempo la República Dominicana se convierte más equitativa, no obstante que los niveles de desigualdad siguen altos[30]

3.9- CANASTA BÁSICA DE BIENES Y SERVICIOS

Es el conjunto representativo de bienes y servicios que con mayor frecuencia adquieren los hogares y que representan un gasto importante en el consumo total, que satisfacen directa o indirectamente necesidades de consumo final.

Los alimentos que integran la canasta básica familiar como los cereales y sus derivados, las grasas comestibles, diferentes tipos de carnes, granos (habichuelas), plátanos, leche, espaguetis, huevos, vegetales, entre otros, concluyeron los meses de enero hasta agosto con una inflación de un 15% más que en 2007, que fue de un 10%[31].

En junio de 2009, para adquirir cualquier familia estos productos esenciales, tenía que disponer de RD$16,000.00, ya que los costos de dichos alimentos aumentaron, con una inflación de un 15%. Sin embargo, durante los meses de septiembre a diciembre pasó de un 15% al 12%; o sea, que luego de la caída de los precios del petróleo y por ende de los combustibles y sus derivados, la tasa de deflación fue de un 3% menos con relación a los meses anteriores de ese mismo año.

Tras un crecimiento de un 15% más que el año anterior, entre los meses enero-septiembre, la inflación fue 12% más que en 2007, tal y como se reflejó al cierre de este año.

Según el último informe del Banco Central de la República Dominicana, el salario mínimo el pasado año quedó en unos RD$7,115, y el costo para adquirir los principales productos básicos fue de RD$16,000.00. En el año 2008, el salario mínimo se ha comportado en unos RD$7,400, y el precio de esos productos se incrementó en RD$18,000.00. Significativamente, el aumento de los alimentos redujo el salario de los empleados dominicanos.

El Banco Central entiende por canasta familiar básica el costo de una serie de productos de la dieta diaria que, aunque no son consumidos por igual por todas las familias, sirve como referencia para establecer el monto de un hogar dominicano compuesto, como mínimo, por cuatro miembros.

Ese monto aproximado no incluye productos y servicios vitales para la conservación de la vida, tales como el pago por consumo de energía eléctrica, comunicación, transporte, educación, vivienda, salud y farmacia, entre otros. Razón por la cual, al anexar el propio Banco Central el costo de estos últimos, señala que la canasta familiar básica se eleva a 37,624 pesos mensuales.

CAPITULO IV

Riqueza, bienestar y equidad social

4.1- CONCEPTUALIZACIÓN

Las políticas sociales constituyen el mecanismo redistribuidor de la riqueza más importante de un Estado. Pueden asegurar la protección social de sus habitantes y disminuir las desigualdades en el interior de la sociedad. Al hablar de desigualdades es importante recordar que el Estado de Bienestar no sólo influye sobre las desigualdades de clase social, sino también sobre las de género, ya que algunas intervenciones afectan especialmente a las condiciones de vida de las mujeres.

En la actualidad, aflora la necesidad de la reivindicación de lo social como aspecto fundamental del bienestar y el desarrollo, en la que asume la perspectiva ética como elemento base con sustancial de la construcción del cambio progresivo. El análisis de equidad resume aspectos cualitativos y cuantitativos de las relaciones sociales y el desarrollo, además de que funciona como eje de articulación entre lo económico y lo social, mostrando la mixtura de elementos económicos, sociológicos y de otras disciplinas de las ciencias sociales que dan una perspectiva mucho más integradora y completa del problema de estudio[32]

4.2- CARACTERÍSTICAS DE LA POBREZA

En la República Dominicana el índice de pobreza alcanza niveles extremos y en algunos casos alarmantes; sin embargo, ante esta problemática, todos los sectores gubernamentales, empresariales y constitucionales mantienen la lucha incesante para proporcionar una mejor calidad de vida a toda la población en igualdad de condiciones.

Entre las características más importantes que pudiéramos mencionar tanto en pobreza como en desarrollo están: El Analfabetismo, El Desempleo, La Desnutrición, Falta de Servicios Básicos, Condición Sanitaria Deplorable, Mortalidad Infantil y Emigración.

En las últimas décadas nuestros servicios básicos han decaído en un 60% gracias a la falta de seguimiento de nuestras autoridades, no existen sistemas pluviales adecuados, una vez que enfrentamos lluvias, nuestras vías de acceso se inundan provocando entaponamientos y deslizamientos de tierras en los lugares bajos de nuestro territorio[33]

En cuanto a salud , mortalidad infantil y adulta, las cifras hablan que existe un 20% de niños que son abandonados en centros públicos con SIDA a causa de la irresponsabilidad de los padres, se estima que para el 2009 más de 54,000 niños de nuestro país quedaron huérfanos a causa de este grave mal.

El desempleo generalizado en muchos sectores de la sociedad, da lugar a la emigración incesante en busca de nuevas oportunidades; estas por lo general se hacen en embarcaciones pequeñas sobrecargadas, donde los tripulantes arriesgan sus vidas y sus propias esperanzas de ayudarse y brindarles una vida decente a los familiares que aquí dejan. El porcentaje sin lugar a especulaciones es de hasta un 6% anual.

Las cifras disponibles indican que en la actual década la pobreza en general en la República Dominicana ha evolucionado conforme a etapas bien diferenciadas; niveles bajos y estables, con aumentos muy significativos hasta alcanzar el máximo en el 2010 , exceptuando el año 2007 donde se produjo una desaceleración de la reducción de la pobreza en general. Estos comportamientos están asociados con choques económicos internos y externos.

En el caso de la pobreza extrema, se observa una desaceleración en la disminución de la pobreza en los años 2007 y 2008, pero a partir del 2009 se observa un aumento en la intensidad de la caída, asociado con los niveles de protección de los programas sociales del Gobierno Dominicano y con la disminución de impactos negativos de la crisis financiera global.

4.3- DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA

El crecimiento económico y la distribución de los ingresos para la economía Dominicana desde hace mucho tiempo, se ha comportado desigualmente y convertido en una cultura capitalista inequitativa, con referencias económicas desiguales desarrolladas en el proceso de distribución tanto en los sectores primarios como pequeñas empresas y grupos obrero-agricultores, como secundarios y terciarios este ultimo compuesto por grandes empresas capitalistas.

Las ganancias obtenidas por estos sectores se contraponen entre si desarrollando grandes brechas de crecimiento económico y desigualdad vigentes hasta hoy, obteniendo como resultado una exclusión socio-económica de los sectores más desmejorados, por lo cual la tendencia prioritaria dentro de las acciones estratégicas de contingencia social, se encuentra en ser un país más equitativo, preocupado por superar la extrema pobreza y mejorar la inequidad en la distribución del ingresos, generando estrategias que impliquen reformas en una multiplicidad de factores socio-económicos.

Sin embargo los porcentajes de ingresos per cápita siguen siendo uno de los principales factores inequitativos, permitiendo el asentamiento de la pobreza total.

Si bien a aumentado el acceso de los sectores pobres a la economía capitalista el ingreso sigue siendo insuficiente, y las variables de empleo, salud, educación, etc. siguen en contraste con la desigualdad.

El monto del Presupuesto para el año 2010, alcanza un total de RD$378,997.5 millones, de los cuales, RD$263,032.9 millones (14.5% del PIB), corresponden a Ingresos y Donaciones y RD$115,964.6 millones a recursos provenientes de las Fuentes Financieras.

El valor correspondiente a los Ingresos y Donaciones, contempla un monto de RD$258,932.8 millones, de Ingresos Internos, equivalentes al 14.3% del PIB, distribuidos en RDS243,870.20 millones (13.5% del PIB) por concepto de Ingresos Tributarios y RD$15,062.6 millones (0.8% del PIB) a Ingresos no Tributarios. Asimismo, se proyectan Donaciones por un monto de RD$4,100.0 millones, las cuales son destinadas a financiar Inversiones.

Dentro de los Ingresos Tributarios, las partidas mas importantes comprenden los Impuestos: sobre Mercancía y Servicios (RD$149,649.5 millones), incluyendo el ITBIS, sobre Ingresos (RD$58,348.5 millones) y al Comercio Exterior (RD$24,010.7 millones)[34].

El Proyecto de Presupuesto para el año 2010, alcanza un total de RD$378,997.5 millones, de los cuales RDS310.861.3 millones corresponde a Gastos y RDS68,136.2 millones a las Aplicaciones Financieras.

En el caso de los Gastos, Presupuestados en RD$310,861.3 millones, los mismos representan el 17.2% del PIB, en términos nominales, de los cuales los Corrientes alcanzan RD$225,534.7 millones, (72.6%) y los de Capital, RD$85,326.6 millones, (27.4%), equivalentes al 12.5% y al 4.7% del PIB, respectivamente. En resumen, esta distribución del gasto, en adición a la política fiscal para el próximo año, contemplan disminuir el déficit fiscal de 3.1% del PIB en el 2009, a 2.6% para el 2010, determinando una modificación de la estructura de esos egresos, priorizando el Gasto de Capital y el destinado a los Sectores Sociales, por encima de los demás gastos.

Para la protección de sectores vulnerables de la economía y la población; y para la estabilidad social y económica en general, el Estado Dominicano debe garantizar la liberalización tanto para el comercio como para las inversiones que puedan incentivar tanto el crecimiento como la distribución de la riqueza, al permitir una participación más amplia de agentes en el mercado (sin monopolios u oligopolios), la generación de economías de escala (mayor productividad) y el aprovechamiento de ventajas competitivas relativas.

El Estado debe garantizar la privatización, ya que se considera que los agentes privados tienden a ser más productivos y eficientes que los públicos, así como la desregulación, ya que se considera que demasiadas reglas y leyes inhiben la actividad económica y que su reducción a un mínimo necesario propicia un mayor dinamismo de los agentes económicos.

La mejor manera de alcanzar la distribución de la riqueza y el bienestar de los individuos es mediante un crecimiento total del producto, que por su propia dinámica permea al total de los integrantes de la sociedad.

4.3.1- REPARTO DE RIQUEZA

En la economía del sector público es importante la forma y el tipo del gasto. La teoría clásica de la hacienda pública asigna a dicho gasto tres funciones esenciales: a. la de asignación, b. la de distribución, y c. la de estabilización.

A partir de esos criterios, el funcionamiento de la economía del sector público dejará su impronta en la asignación de los recursos, en la distribución de la renta nacional y en el nivel de la actividad económica.

En otras palabras, el equilibrio de esas funciones debe ser el objetivo principal de las políticas públicas. Su desequilibrio abre paso a la inequidad social, a los desequilibrios macroeconómicos y a la concentración de la riqueza vía la renta nacional. Donde falla el mercado en la provisión de bienes y servicios, entra o debe entrar el gasto público a suplirlo. Si lo hace, se cumple la función de asignación de recursos.

Sin embargo, la ejecución del Gasto Corriente en la República Dominicana, tiene que ver, en lo esencial, con la distribución de la renta nacional, otra función importante en la teoría de la hacienda pública.

La función de distribución es muy subjetiva y su ejecución estará condicionada por el pensamiento social de quienes gobiernan, sin obviar que las necesidades de la población también juegan un importante papel, ya que esas necesidades se reclaman a través de conflictos sociales y políticos.

El reparto de la riqueza y de la renta depende de conceptos como distribución justa e injusta, correcta o incorrecta, equitativo o inequitativo, etc. En esos campos, las ciencias económicas han avanzado mucho en las 3 últimas décadas, pero en la práctica no se ha producido un vínculo permanente entre la creación de esos instrumentos científicos y la ejecución de las políticas públicas equitativas.

Mientras las ciencias económicas avanzaban aportando instrumentos novedosos, en el mundo entero prosperaba la práctica neoliberal de distribuir los recursos considerando al mercado, ignorándose, la indefensión de los grupos sociales menos favorecidos por la riqueza.

Las características principales y el tipo del gasto público quedan reveladas cuando se hace un análisis económico del gasto público. Al observar dicha clasificación se pueden determinar las tendencias en las políticas públicas y sus agrupamientos en función del pensamiento político-filosófico de los grupos que controlan el gobierno.nstitucionales

 4.3.2- POLITICAS DE SUBSIDIO ESTATALEl Estado dominicano a través del Plan Social de la Presidencia ha establecido un gran número de programas y ayudas sociales que tiene como objetivos principales:

• Asegurar a las familias beneficiarias un nivel mínimo de consumo de los bienes que componen la canasta básica alimentaria (CBA).

• Impulsar que los miembros de hogares beneficiarios, a partir de los 5 años alcancen al menos 9 años de educación inicial y básica.

• Estimular a que los jóvenes entre 14 y 18 años accedan, permanezcan y alcancen por lo menos el 1er. ciclo del nivel medio.

• Incidir en la reducción de la sobreedad escolar, de los niños, niñas, jóvenes miembros de los hogares beneficiarios, con 2 ó más años por encima de la edad del grado correspondiente.

• Contribuir a elevar el acceso a los servicios comprendidos en el plan básico de salud a incidir en la disminución de la morbilidad y mortalidad en los grupos de intervención, articulado con el Plan Nacional de Salud a fin de impactar en la reducción de estos índices a nivel nacional.

• Mejorar la nutrición de los miembros de hogares beneficiarios, con énfasis en la población más vulnerable como son los niños y niñas entre 0 y 5 años, así como las mujeres embarazadas y lactantes.

• Fomentar la responsabilidad y aumentar el conocimiento de los hogares pobres en relación con el cuidado de la salud y la nutrición, así como los derechos y obligaciones que asumen al formar parte del Programa.

El Programa Solidaridad integra un conjunto de componentes como medio de implementar la estrategia de salida de la pobreza, dando apoyo al mejoramiento del ingreso y a la inversión en capital humano de las familias en pobreza extrema y moderada, mediante el otorgamiento de transferencias monetarias condicionadas al cumplimiento de compromisos previamente acordados.

Este incorpora dos componentes básicos: i) Componente de Salud, ii) Componente de Educación.

El Programa ha sido diseñado para incorporar otros componentes adicionales, en función de las prioridades definidas por el Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales.

Componente de Salud

Hasta el mes de mayo del año 2009, las acciones del Programa comprendían: capacitación que a pesar de no ser exclusiva para salud, priorizaba la educación alimentaria y nutricional, y la intervención dirigida a los niños y niñas de 0 a 5 años, miembros de los hogares beneficiarios, en el cual estos debían acudir, al menos cada 4 meses, al centro de salud asignado en el marco del Programa, a fines de ejecutar acciones de carácter preventivo y de detección temprana de problemas de salud.

Por el cumplimiento de estas acciones en salud los hogares recibían las transferencia Comer es Primero.

A partir de septiembre del año 2009 se inicia un replantamiento de las intervenciones de salud direccionándolas hacia cuatro líneas básicas de acción:

• Prevención

• Apoyo a los Adultos Mayores

• Apoyo Alimentario

• Promoción

Componente de Educación

En la actualidad las intervenciones en educación están orientadas al apoyo de la inscripción y la asistencia escolar de los niños, niñas y adolescentes, miembros de hogares beneficiarios, con edades entre 6 a 16 años, cursando entre primero y octavo grado de educación básica en escuelas públicas y que alcancen una asistencia mínima de 85%.  Para estos fines se otorga al jefe o jefa del hogar, a través de la tarjeta de débito Solidaridad, la transferencia Incentivo a la Asistencia Escolar (ILAE).

Con miras al año escolar 2009-2010, el Programa contempla rediseñó la intervención en educación de manera que, además de la cobertura existente, incida en la población de 5 años para que obtenga 1 año de Educación Inicial, ampliar la cobertura de grados hasta el primer ciclo de educación medía, e incidir en la reducción de la sobreedad escolar, al otorgar incentivos monetarios condicionados a la participación de los niños y jóvenes miembros de los hogares beneficiarios, con 2 o más años por encima de la edad del grado correspondiente, en programas de tutorías y bachillerato acelerado. Otro aspecto que se vislumbra en el nuevo mecanismo de intervención es la estandarización con el sistema escolar dominicano del porcentaje de asistencia mínima aceptado en 80% y el pago de la trasferencia creciente con el grado aprobado, de manera que existirán 4 grupos de trasferencias.

4.3.3-BENEFICIARIOS DE SUBSIDIO. REQUISITOS La población objetivo para el programa de transferencias condicionadas de Solidaridad es aquella que cumpla los dos criterios generales de elegibilidad:

a). Hogares identificados y clasificados en pobreza extrema y moderada por el Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN).

b). El o la jefa de hogar debe poseer una cédula de identidad personal valida.

Nivel de cobertura y criterios de priorización

El programa de transferencias condicionadas de Solidaridad atiende hogares en pobreza extrema y moderada en todas las regiones y provincias del país.

A partir del año 2009, el Programa está ampliando de forma gradual su cobertura en función de los criterios de priorización para la expansión de beneficiarios:

• Espacial, Índice de Calidad de Vida y Disponibilidad Presupuestaria.

4.4- EL ESTADO GARANTE DE RIQUEZA

El Estado es la expresión política de la estructura económica de la sociedad y como tal debe dar prioridad a sus obligaciones sociales. Es el garante del bien común, cuyo valor fundamental deriva de la igualdad y no discriminación, basado en los principios de: Equidad, Solidaridad, Bien común, Responsabilidad social, Convivencia Social, dignidad humana y Justicia Social[35]

Es un sistema que se dispone a fortalecer servicios y garantizar derechos esenciales para mantener el nivel de vida digno para participar como miembro pleno en la sociedad y garantizar la asistencia sanitaria, salud, educación, trabajo, vivienda digna, indemnización de desocupación, subsidio familiar, acceso a los recursos naturales y culturales, entre otros, que son los denominados derechos sociales reconocidos en la Constitución Política.

El Estado debe crear, conservar y comprometerse  a materializar esos derechos para satisfacer las necesidades de sus habitantes, logrando así un bienestar general. Por ello la justicia, la educación, la salud, la seguridad social, el desarrollo integral del individuo y de la sociedad y la protección de sus derechos humanos, se transforman en funciones prioritarias del Estado.

El Estado debe fortalecer sus instituciones como herramienta fundamental para proteger a la población, reforzar la legitimidad de sus actuaciones, alcanzar un desarrollo humano sostenible y asegurar la eficacia de las políticas públicas y desarrollo del pensamiento en pro a los derechos humanos.

El Estado debe establecer criterios de políticas sociales, verbi gracia: invertir en el capital humano, contribuir a la erradicación de la pobreza y su sustentabilidad en el tiempo, y el tener la capacidad de proveer esquemas adecuados de seguridad social para prever variaciones de ingreso de las personas.

Desde el punto de vista de la gestión pública, se requiere de una integralidad en la política económico-social, caracterizada por el proveer de servicios básicos, de infraestructura productiva y ejercer las funciones de descentralización, coordinación y participación de los agentes involucrados en ella. Se debe seleccionar las políticas privilegiando algunos sectores sociales considerados como más vulnerables (niños, jóvenes, jefas de hogar, discapacitados, tercera edad) y aumentar el gasto social.

En definitiva, el Estado procurá establecer los canales y estrategias que fueren más adecuados para lograr generar e implementar una política pública que pueda ser eficiente y efectiva.

4.5- COHESIÓN SOCIAL

En la República Dominicana hay una disparidad creciente entre la capacidad de expansión mostrada por la economía y la calidad de sus resultados sociales. En el transcurso de las últimas tres décadas el valor real del producto interno bruto (PIB) se multiplicó por cuatro y el ingreso real por habitante se duplicó. Este crecimiento, sin embargo, no se volcó con la misma intensidad a favor de una mejoría equivalente en el plano del bienestar social promedio de los habitantes. La discrepancia tiende incluso a ser cada vez mayor en el período reciente. La evolución comparada de los índices de desarrollo humano (IDH) y del producto interno bruto por habitante (PIBH) muestra un avance relativamente armónico entre 1975 y 1990, pero después de este año aparece una disociación que no ha dejado de ampliarse y en virtud de la cual el primero de estos índices tiende a rezagarse de manera muy marcada ante la aceleración del segundo. Contemplado desde el ámbito de las políticas públicas, el ensanchamiento de esta brecha es un indicio de cómo la política económica y la política social han discurrido por separado (y es probable que, en algunos momentos, lo hayan hecho hasta de manera conflictiva o contradictoria)[36].

También muestra que el proceso de modernización de las últimas tres décadas en la República Dominicana no dio lugar al desencadenamiento de un círculo virtuoso entre crecimiento y desarrollo humano. De hecho, estudios empíricos que comparan las modalidades de interrelación entre estas dos dimensiones básicas del desarrollo tipifican el caso dominicano como uno de "desempeño asimétrico con sesgo pro crecimiento. De acuerdo con dichos estudios, la experiencia internacional del último medio siglo revela que este tipo de desempeño está lejos de asegurar el ascenso a un ciclo virtuoso de desarrollo (crecimiento económico dinámico con altas tasas de desarrollo humano), y a la larga más bien suele conducir a un "punto muerto". Por consiguiente, esta misma experiencia internacional también desmiente el enfoque secuencial del desarrollo, según el cual primero hay que fomentar el crecimiento y el desarrollo humano se dará por añadidura.

Es un hecho que el crecimiento económico experimentado por la República Dominicana en las décadas recientes no ha reducido ni atenuado las escisiones sociales, las cuales en algunos casos incluso se han profundizado como consecuencia de la mutación de la estructura económico-productiva y la diversificación de la sociedad. Los grupos sociales vulnerables que son quienes resienten el mayor costo de tales escisiones lo son porque sus miembros están expuestos al efecto corrosivo de diversos factores de exclusión y se ubican al margen de las redes institucionales de protección y solidaridad. La exclusión económica es la más visible y extendida de todas las formas de exclusión, aunque casi siempre se acompaña de otras sociales, culturales, políticas que por sí mismas también generan inequidad y pueden ser poderosas fuentes de marginación de los individuos.

En efecto, la exclusión social tiene que ver tanto con carencias económico-materiales como con carencias simbólicas, entendidas éstas como una participación parcial y hasta nula de los individuos en las instituciones sociales básicas[37]

La exclusión social es un concepto más amplio que el de pobreza e indica un debilitamiento de los vínculos sociales y una fragmentación de la sociedad en cuyo marco la condición de excluido conlleva una pesada carga de no reconocimiento y aislamiento de los grupos e individuos que la padecen. La exclusión social no es el resultado fallido de diversas estrategias individuales, sino de un proceso estructural que genera esta condición para diversos contingentes de la población. En este sentido, los excluidos son la última fase de dicho proceso, por lo que es importante no sólo fijar la atención en ellos sino también en los mecanismos subyacentes que producen tales resultados.

El enfoque de la cohesión social ofrece una posibilidad fructífera de analizar esos mecanismos para fines de política pública. Dicho enfoque se sitúa en una esfera alternativa a la de los programas diseñados de manera especial para los "excluidos", y es por consiguiente un poderoso dispositivo conceptual a favor de los programas universales, que por definición descartan la estigmatización social.

La adopción de este enfoque por parte de quienes diseñan políticas públicas en diversos niveles de responsabilidad y en diferentes escalas territoriales, ha permitido afrontar de manera activa y en ocasiones hasta innovadora los desequilibrios generados por el proceso global de reestructuración económica y cambio social registrado en el mundo en las últimas dos o tres décadas[38]

La cohesión social está fuertemente relacionada con las instituciones económicas, y de manera especial con el mercado; por ello, esta dimensión puede describirse como un puente entre "lo social" y la política económica. Las prácticas y situaciones de exclusión del mercado, en especial del mercado laboral, constituyen una clara amenaza a la cohesión social.

El empleo es el principal factor de cohesión. Como tal, también deber ser el foco de convergencia de todos los componentes de la nueva estrategia dominicana de desarrollo. El empleo debe convertirse en un parámetro para establecer el orden de prelación de las grandes decisiones de la política económica y social del próximo cuarto de siglo en la República Dominicana.

Uno de los mayores desajustes del estilo de desarrollo que ha prevalecido en las últimas dos décadas en la República Dominicana concierne a la situación laboral y a la evolución del desempleo. A pesar de que la economía ha observado períodos de alto dinamismo, sobre todo en a segunda parte de la década de 1990 y tras la crisis de 2003-2004, la insatisfactoria evolución del empleo permanece, al mantenerse la tasa de desempleo amplio en cifras de dos dígitos, rondando en algunos momentos cerca de un 20%.

Es evidente que la economía ha sido incapaz de generar una adecuada oferta de puestos remunerativos de trabajo ante una fuerza laboral con altas tasas de crecimiento como consecuencia del cambio de la población, proceso que deriva en una creciente población en edad de trabajar. Paralelamente se han producido cambios en la estructura del mercado laboral debido al propio proceso de cambio estructural de la economía, tanto interno como externo.

4.6- BIENESTAR SOCIAL Y ECONÓMICO

Un Estado realmente democrático y garante, que asuma la responsabilidad de actuar socialmente con eficacia y garantice a la población el ejercicio de sus libertades y el disfrute de los mínimos de bienestar social, haciendo énfasis en la búsqueda de mayores niveles de equidad e inclusión social frente a la persistente desigualdad social e inestabilidad política, por lo que el Estado Dominicano como medida de solución a las demandas y exigencias sociales ha planteado un amplio programa de ayudas sociales a través de la Presidencia de la Republica.

Dentro de estas políticas sociales e incentivo familiar existen los siguientes programas:

Comer es Primero: otorga una ayuda económica mensual de setecientos pesos (RD$700.00) a cada jefe o jefa de las familia beneficiaria para adquirir alimentos de acuerdo a una canasta básica determinada.

Su objetivo es complementar la alimentación básica de los hogares en situación de pobreza con la condición que la futura madre asista a chequeos clínicos de su embarazo y se lleve periódicamente al médico a los niños del núcleo familiar para medir su peso y talla garantizando así el seguimiento a su desarrollo físico y buena salud[39]

Incentivo a la Asistencia Escolar (ILAE): otorga una ayuda económica mensual, pagada bimestralmente, durante el período de clases, de ciento cincuenta pesos (RD$150) a cada jefe o jefa de familia beneficiaria por cada hijo, hasta un máximo de cuatro, en edades comprendidas entre 6 y 16 años, inscrito desde primer hasta octavo curso de educación básica para la compra de útiles escolares, uniformes, medicinas y otros. 

Su objetivo es contribuir a la disminución de la deserción escolar en el nivel básico, en los hogares en situación de pobreza con la condición que cada niño asista regularmente a la escuela y se cubran sus necesidades básicas.

Incentivo a la Educación Superior (IES):

Este programa otorga una ayuda económica mensual de quinientos pesos (RD$500) a jóvenes estudiantes universitarios, procedentes de los estratos de bajos ingresos de la sociedad dominicana, egresados de escuelas localizadas en el Mapa de la Pobreza, que estén matriculados en cualquiera de los Centros de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) para pago de matrícula universitaria, compra de libros y útiles de estudio.

Su objetivo es apoyar económicamente a estudiantes de escasos recursos económicos para que realicen sus estudios universitarios con la condición de no interrumpirlos y mantener una condición académica normal.

- Programa Bonogás para Choferes (BGC):

Consiste en una ayuda de RD$3,420.00 mensuales adicionales, a trabajadores del volante para la compra del Gas Licuado de Petróleo (GLP), con la condición que se mantengan trabajando a fin que puedan brindar el servicio de trasporte a los usuarios sin afectar los precios.

- Programa de Incentivo a la Policía Preventiva (PIPP):

El objetivo de este programa es apoyar el ingreso de los policías que prestan servicios de vigilancia en las calles con una subvención de RD$928.00 que les permite comprar alimentos, y así como complementar la nutrición de sus hogares protegiéndole de caer en situación de pobreza.

El PIPP pertenece a la Policía Nacional Dominicana y es otorgado mensualmente.

- Programa Incentivo a los Alistados de la Marina de Guerra (PIMAG):

Contribuye con los alistados, de manera mensual, con la suma de RD$928.00 para la compra de alimentos en los establecimientos adheridos a la Red de Abastecimiento Social (RAS). El PIMAG es dependencia de la Marina de Guerra.

Programas de Transferencias Monetarias No Condicionadas

- Programa Protección a la Vejez en Pobreza Extrema (PROVEE):

A través del PROVEE las familias pobres beneficiarias de PCP con personas envejecientes que no reciben pensión ni se encuentran trabajando, reciben transferencias en efectivo sin tener que cumplir ninguna condición en específico[40]

Suplemento Alimenticio: otorga una ayuda mensual de cuatrocientos pesos (RD$400) adicionales a hogares con personas mayores de 65 años de edad que disfrutan del subsidio "Comer Es Primero" para la compra de alimentos. 

Su objetivo es complementar el sustento alimenticio de adultos mayores en situación de pobreza, que no reciben pensión ni se encuentran trabajando a fin de contribuir a que mantengan una buena nutrición.

-Programa Bonogás para Hogares (BGH):

Consiste en una ayuda de RD$228.00 mensuales adicionales, a los hogares pobres y de clase media baja para la compra del Gas Licuado de Petróleo (GLP) a fin que puedan cocinar sus alimentos, sin que para ello medie obligación alguna. Este componte pertenece al Programa Solidaridad (PS).

-Bonoluz:

Esta subvención está orientada a auxiliar a familias de escasos recursos económicos en el pago del servicio eléctrico. El rango de ayuda social se encuentra entre los RD$25.90 a RD$370.00 pesos mensuales.

El gobierno ha entregado subsidio en sus diversos programas de bienestar social para ayudar a personas pobres en todo el país por un monto superior a los RD$19,121.6 millones y el número de beneficiarios asciende a un 1,441,888 personas desde el 2004 hasta el mes de abril de este año.

El año pasado, el monto entregado por subsidio fue de RD$7,751.4 millones, lo que representó un incremento de RD$3,239.3 millones con relación al 2008, cuando el monto fue de RD$4,521.1 millones.

En el 2009 se entregaron subsidios para el programa Comer es Primero por un monto de RD$3,901.7 millones y en el 2008 por RD$2,918.2millones.

De acuerdo a un informe de la Administradoras de Subsidios Sociales (ADESS) hasta abril de este año habían 525,511 beneficiarios del programa Comer es Primero, 74,990 del Suplemento Alimenticio, 242,018 del Incentivo a la Educación Escolar, 757,818 beneficiarios del Bonogas hogar.

El número de beneficiarios-tarjetahabientes es de 833,256 al corte de abril, según los datos de la ADESSS.

Desde inicios de año hasta el corte de abril, el total de subsidio entregado ascendió a RD$2,916.4 millones. De los RD$19,121.6 millones entregados en subsidios, el programa Comer es Primero tiene el mayor monto, con RD$11,894.9 millones, seguido del Incentivo a la Educación Escolar, con RD$1,766 millones, el Bono gas Hogar con RD$3,400.8 millones, el Suplemento Alimenticio con RD$774.7 millones y el Bonogas chofer con RD$841.4 millones.

Por el programa de Bonoluz el gobierno ha entregado ya 17.7 millones hasta abril de este año. Para los diversos programas sociales el gobierno cuenta con una red de abastecimiento social compuesta por 2,335 colmados, 715 envasadora de GLP, 105 librerías, fotocopiadoras, economatos, pago de matrícula en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y 4 puntos para el pago de la electricidad, lo que hace un total de 3,159 puntos.

4.7- EQUIDAD SOCIAL

El Estado Dominicano debe garantizar un nivel mínimo de prestaciones en favor de todos los residentes en el territorio nacional, que permitan su atención integral mediante una adecuada distribución de las cargas financieras necesarias para su financiación, contando además con una correcta inversión del gasto social hacia la población más pobre y vulnerable, independientemente del poder adquisitivo o diferencias sociales, generacionales, laborales, de raza o de género.

El buen desempeño macroeconómico no ha significado tampoco un aumento del gasto social en salud y educación, y en consecuencia en un beneficio para el conjunto de la población, especialmente los más pobres. La inversión en estos rubros debería ser un reflejo de la equidad en la política de redistribución. De hecho, salud ha sufrido un recorte de 256 millones[41]

La eficiencia de las políticas económicas se miden no sólo por el aumento del producto sino por la equidad de su distribución. El continuo deterioro del salario real, la limitada inversión en salud y educación y una política Impositiva regresiva no permiten hablar de un verdadero bienestar económico en República Dominicana.

La inequidad perjudica con mayor rigor a los sectores con menores ingresos, que debe pagar un alto porcentaje de los servicios de salud pese la extensión de la cobertura. En términos concretos, el 60 por ciento de la población carece de seguro de salud, debiendo financiar con recursos propios los gastos en este renglón.

CAPITULO V

Compatibilidad del crecimiento económico con la equidad social en la República Dominicana

5.1- CONCEPTUALIZACIÓN

La ampliación de las desigualdades ha sido una característica persistente de la economía mundial durante los dos últimos siglos y ha tenido a América Latina como un privilegiado representante. Como señala la CEPAL en la "Brecha de la Equidad", lo más notable en la región, son los deterioros de la equidad social, que se expresan en el empleo, la pobreza y la exclusión que afectaría a masas crecientes de la población.

Esto viene acompañado de una percepción, cada vez más compartida, de que el modelo de desarrollo es incapaz de generar certezas de bienestar en las personas y hogares de menores recursos.

A pesar de un aumento considerable del gasto social en nuestro país, los pobres resultados obtenidos han llevado a plantearse la gravitación de los problemas de gestión a la falta de recursos. Se puede afirmar que las debilidades en materia de calidad de la gestión social son inseparables de los problemas de equidad. El diagnóstico es que el sistema público se ha deteriorado y el PNUD considera que entre las iniciativas para combatir la pobreza y la reducción efectiva de la pobreza hay un eslabón perdido: la gestión pública[42]

La CEPAL sostiene que "se requiere una reorientación de los patrones de desarrollo del país, en torno a un eje principal, la equidad, es decir, la reducción de la desigualdad social en sus múltiples manifestaciones". Aunque la política social y la búsqueda de una nueva gestión social no puede asumir por sí sola la responsabilidad por la equidad, si juega un papel insustituible para lograr avances en esta crucial temática.

En un estudio de la CEPAL, se afirma que "casi todo el fruto del crecimiento económico de esta región ha ido a parar a manos de aquellos que ya tenían un ingreso elevado, y muy poco se ha derramado hacia quienes más lo necesitan". El BID precisa que "gran parte de la desigualdad de la Republica Dominicana se relaciona con las diferencias entre el 10% superior y el resto de la población". Pero no se trata solamente de la distribución de los ingresos. Las dimensiones patrimoniales, demográficas, étnicas y de género profundizan la desigualdad.

Partimos de la base que la equidad no se confundiría con la justicia y la igualdad, aunque está emparentada con ellas. Mientras la justicia es un valor, inalcanzable, la equidad es aquella parte de la justicia que es realizable, es posible, es viable, en un momento histórico determinado. Una sociedad equitativa no busca la igualdad de resultados, pero pretende ir más allá de la igualdad ante la ley, para superar barreras económicas y sociales, y compensar desigualdades que dificultan la realización de su potencial a determinados individuos. Una sociedad puede ser a la vez equitativa y desigual o, en otras palabras, es posible que aumente la equidad sin que disminuyan las desigualdades, y a la inversa.

Hay un creciente consenso que la pobreza y la desigualdad en sus múltiples expresiones, acompañada por la falta de participación y deficiencias institucionales, son los obstáculos principales para lograr una mayor competitividad y sustentabilidad del crecimiento económico.

El desarrollo es más que el crecimiento económico, y sus frutos tienen que distribuirse en toda la población, no sólo por razones éticas, sino también para permitir el entrelazamiento que tiene la equidad con la competitividad. Se puede hablar de un condicionamiento recíproco entre crecimiento y equidad del que se desprende la necesidad de avanzar hacia ambos objetivos en forma simultánea antes que secuencial[43]

5.2- FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

5.2.1.- GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA

El fortalecimiento de la gobernabilidad es un objetivo prioritario para promover el desarrollo humano y alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio en República Dominicana. Construir una mejor sociedad requiere de la vinculación efectiva de todos sus ciudadanos en el proceso de búsqueda de soluciones colectivas a los problemas que enfrentan como individuos.

  El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) procura el fortalecimiento de las instituciones nacionales-centrales y locales- en sus capacidades de brindar más y mejores servicios a sus ciudadanos y ciudadanas a través de acciones que coadyuven al fortalecimiento de su gobernabilidad democrática.

En seguimiento con la ola de reforma de las Naciones Unidas, desde 2006, todos los proyectos e iniciativas del PNUD fueron alineados e incorporados a las nuevas herramientas conjuntas de programación del Sistema de las Naciones Unidas, que son: el Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDAF) el Programa de País (CPD) y el Plan de Acción del Programa de País (CPAP), documentos que fueron suscritos y elaborados conjuntamente con el gobierno de República Dominicana.

La Unidad de Gobernabilidad Democrática del PNUD procura el fortalecimiento de las instancias del estado vinculadas a la gestión pública a través de tres grandes ejes:

a) Consolidación de la democracia, brindando apoyo tanto a nivel Legislativo, al órgano Estatal coordinador de los procesos electorales y a los partidos políticos 

b) Fortalecimiento institucional de los tres poderes públicos, en favor de la consolidación del Estado de derecho.

c) Organización de la gestión y administración pública, sobre la base del desarrollo humano, gestión orientada al establecimiento de una cultura de servicio público basada en la transparencia en la gestión de un Estado moderno, eficiente y con participación de la ciudadanía. 

5.2.2.- ESTABILIDAD POLÍTICA

Recientemente fueron conocidos los resultados del Indice de Participación Ciudadana 2005 (IPC 2005), así como los del Informe Latinobarómetro de este año, con interesantes datos sobre la democracia y la participación política en América Latina y en nuestro país. Ambos informes son relevantes puesto que entregan datos sobre Chile que pueden ser comparados con otros países de la región, permitiendo efectuar una evaluación respecto de cómo nos percibimos en relación con la forma que lo hacen nuestros vecinos en un mismo ámbito, dados diferentes o similares escenarios socio-políticos y económicos[44]

En esta ocasión, resulta interesante destacar las miradas que tienen nuestros países acerca de sus democracias y de la participación política que en ellos se da, considerando la percepción de la ciudadanía sobre dónde reside el poder, su valorización de la democracia y la participación en política en comparación con otras dimensiones, con el objeto de detectar algunas señales que están detrás de dichas percepciones y que pueden ser útiles al momento de establecer qué tipo de participación ciudadana es la que queremos.

Así, en primer lugar, la percepción sobre quién tiene más poder nos vincula con las instituciones de mayor legitimidad, con aquéllas respecto de las cuales más se espera una solución o bien con las que se estima tienen mayor nivel de influencia en la sociedad. En este sentido, de acuerdo al Informe Latinobarómetro, el poder del Estado ha disminuido desde el 2003 cuando un 57% de los habitantes de la región decía que era la institución que tenía más poder, a un 49% en el 2005. Lo mismo ocurre con los partidos políticos, los que disminuyen su percepción de poder de 39% a 34% el 2005. En cuanto a las grandes empresas, éstas aumentan su percepción de poder de un 40% el 2003 a un 44% el 2005, mientras el poder del Congresos se mantiene estadísticamente sin mayor significancia, con un 22% el 2005.

En cuanto a la valorización de la democracia, según los datos recogidos por el IPC 2005, Chile aparece como el segundo país que más valora la democracia con un 27,1% de los entrevistados que se declara cercano a esta forma de gobierno, siendo sólo superado por República Dominicana (32,7%).

De la misma forma, el Latinobarómetro da cuenta de que en Chile el 59% está de acuerdo con la frase "la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno", situándose cercano al promedio de América Latina que es del 53%, mientras que es superado por países como Uruguay (77%) y Venezuela (76%). Por debajo de la media se encuentran países como Perú con un 40% y Paraguay y Guatemala con un 32%. Lo anterior, es complementado por datos del IPC 2005 que señalan que el 59.3% de los chilenos está completamente en desacuerdo o en desacuerdo con que si el país tuviera serias dificultades, el Presidente debería tener la posibilidad de dejar de lado al Congreso y los partidos políticos[45]

Finalmente, en relación con la participación política –medida desde la participación en partidos políticos o movimientos-, el IPC 2005 indica que en Chile ésta sólo es de un 2.2%, situándolo como el país con el nivel más bajo entre los ocho países medidos, mientras que República Dominicana aparece con un 9.4%, México con un 8.6% y Costa Rica con un 5.7%. Sin embargo, es interesante que al mismo tiempo nuestro país presente el mayor nivel de participación en actividades de voluntariado, con un 18.4%, seguido por Argentina (17.8%) y República Dominicana (17.6%), demostrando una alta participación en ámbitos no políticos. Por su parte, el Latinobarómetro señala que el 27% de los latinoamericanos responde que habla de política frecuente o muy frecuentemente, mientras que el 19% trabaja por temas que afectan a su comunidad, el 17% trata de convencer a alguien de lo que piensa políticamente y el 6% trabaja frecuentemente por un partido político. Para el caso de Chile, los resultados son –para la respuesta frecuentemente- 26%,9%, 12% y 2%, respectivamente en cada caso.

La explicación entregada por el IPC 2005 para el fenómeno de baja participación política en Chile y de alta participación en actividades sociales, es el significado y razones que los chilenos tienen para participar.

La participación es entendida como involucrarse, interesarse (49.0%), ayudar y colaborar (39.2%), e integrarse a un grupo (24.6%), -significados más asociados a obtener beneficios para otros y no para sí mismos-, en contraste con las respuestas "buscar soluciones" (3.1%) e "Informarse" (2.7%), las que obtienen el doble o más de las preferencias en países como Argentina o República Dominicana.

Sin embargo, este fenómeno también puede tener relación con los niveles de estabilidad política o de satisfacción de la ciudadanía con los gobiernos de turno de los países, donde la hipótesis es que a mayor nivel de estabilidad o de satisfacción menor el interés por la política puesto que precisamente ésta permitiría la dedicación a otros ámbitos de participación.

Así, uno de los aspectos que resulta interesante rescatar de las conclusiones de ambos informes, es que las características más importantes para la ciudadanía en relación con la democracia son las elecciones y la libertad[46]

De esta forma, establecida una cierta lejanía de los ciudadanos respecto de la participación en política y de sus representantes, pero al mismo tiempo reconociendo una alta valorización por el sistema de gobierno democrático y en especial por el valor de la libertad que ella otorga, cabe preguntarse qué herramientas son las que hay que adoptar desde el Gobierno para desarrollar una adecuada política pública de participación ciudadana.

En este sentido, aquellas son herramientas que permiten aproximar la política a los ciudadanos -acercando a éstos últimos a la esfera de toma de decisiones públicas-, pero que al mismo tiempo respeten la libertad de las personas. Una política que sea capaz de escuchar y reconocer la importancia de la sociedad civil pero que no la pretenda regular hasta el punto de encerrarla en sí misma. Se trata en definitiva de la generación de oportunidades y no de imposiciones, y de la discusión de los necesarios marcos institucionales para ejercer una participación responsable y no de los burocráticos sistemas de asociación o de la participación entendida como un fin en sí misma.

5.2.3.- CORRUPCIÓN ADMINISTRATIVA

Esencialmente no es un problema de personas, o bien de funcionarios que actúan de forma deshonesta, si bien son personas y funcionarios los que cometen los actos de corrupción, sino que el problema se define como tal en términos sistémicos, en términos de sistemas que permiten, hacen posible y promueven la ocurrencia de la corrupción.

El problema, pues, no es que se produzcan hechos de corrupción, que siempre se van a producir, sino que existan sistemas que permitan y promuevan la corrupción generalizada en nuestros gobiernos y sociedades.

La existencia de esos sistemas no siempre es ingenua ni casual, sino que, por el contrario, los mismos constituyen sistemas bien estructurados, bien definidos, bien decididos, que funcionan anacrónicamente en detrimento de los intereses colectivos, pero armónica y perfectamente de los intereses de individuos y grupos bien relacionados, social, económica y políticamente, que usan al Estado como una fuente rica, provechosa y fácil de enriquecimiento y de poder.

Es un problema de carácter económico, por cuanto los bajos salarios que normalmente se paga a los funcionarios y empleados públicos constituyen un aliciente importante a las prácticas corruptas.

Los bajos salarios, las magras condiciones en que trabajan nuestros funcionarios y empleados públicos, de ninguna manera constituyen un hecho aislado sino que, por el contrario, son la expresión de un Estado atrasado y pobre y sobre todo, sin vocación política para el progreso y la riqueza compartida. Los funcionarios y empleados de ese Estado no reciben de él sino inseguridad; los bajos salarios son un elemento más de los que inciden en la perspectiva de vida que estos funcionarios y empleados normalmente se pueden hacer en estas condiciones, una perspectiva de vida caracterizada por la inseguridad en cuanto a su porvenir y al de su familia, y por una tendencia cierta a garantizarse el mejor porvenir posible de una forma unipersonal, al margen de ese Estado y, por supuesto, al margen de la ley y la moral[47]

Es también un problema de carácter administrativo, por cuanto la existencia de estructuras y procesos administrativos arcaicos y anacrónicos dificultan la relación entre el Estado y el contribuyente o el ciudadano, promoviendo con ello la existencia de mecanismos alternativos, informales e ilegales, a través de los cuales se supera esa dificultad.

Es un problema de gestión, por cuanto la ausencia de controles o la existencia de controles obsoletos promueven la existencia de sistemas caracterizados por el dispendio, la ineficiencia y la corrupción.

Es un problema de carácter legal, por cuanto la ausencia de leyes o la existencia de leyes débiles y atrasadas permiten que ciertos comportamientos no puedan ser perseguidos y sancionados o no puedan serlo adecuadamente.

Si bien es cierto que la aplicación de las leyes depende en gran medida de la voluntad política para hacerlo, no es menos cierto que a veces sucede que hay voluntad política, pero no existe un marco legal adecuado para aplicar las leyes correspondientes.

Nuestros pueblos deben contar con leyes modernas que regulen todo lo relativo a las contrataciones públicas, sea de bienes y servicios, sea de obras; así como lo relativo a la declaración de bienes y el enriquecimiento ilícito y el lavado de activos provenientes de hechos de corrupción. Nuestros pueblos deben contar con sistemas legales actualizados, modernos, que, desde ellos, nos permitan enfrentar el problema de la corrupción de una forma adecuada.

Una gran discrecionalidad, vigente en muchas de nuestras leyes, en aduanas, en rentas, es un hecho común que comúnmente genera corrupción.

La existencia de leyes obsoletas regulando el ámbito de las contrataciones y licitaciones públicas hacen que en el mismo no existan los controles adecuados y necesarios para un manejo claro y transparente.

Así mismo, la existencia de leyes obsoletas hacen posible la existencia de sanciones infuncionales y ridículas para aquellos que se apropian ilícitamente de los fondos públicos.

Hay que mejorar nuestras leyes no sólo para rescatar su funcionalidad, su eficiencia, sino también para rescatar su credibilidad y la credibilidad de nuestros sistemas políticos que descansan, en gran medida, en nuestras leyes[48]

Es un problema cultural, por cuanto en nuestro seno se ha desarrollado lo que nosotros llamamos la "cultura de la corrupción", que caracteriza la visión que una parte importante de nuestros ciudadanos tienen hacia la gestión pública y que hace posible que estos no conozcan ni vislumbren otra posibilidad que no sea la de usar la función pública en beneficio privado. La "cultura de la corrupción" en nuestro país se refleja claramente, por ejemplo, en el hecho de que una buena cantidad de personas cree, honesta y sinceramente, que el cobro de comisiones, merced del ejercicio de una función pública, constituye una actuación legal y moralmente permitida a los funcionarios públicos. Desde esta perspectiva, el problema de la corrupción no es un problema propio del Estado, sino que es un problema social, de la sociedad, que se refleja y se expresa en el Estado y que, obviamente, se revierte en perjuicio de la sociedad.

Los que usan las funciones públicas para robar son ciudadanos de nuestros países y ellos lo hacen porque tienen razones para hacerlo. Tienen posibilidades y oportunidades, pero sobre todo, en este caso, tienen razones para hacerlo. Razones económicas, morales, políticas.

En este sentido, el problema de la corrupción es, también un problema ciudadano, un problema de participación ciudadana en el rechazo y la denuncia de la corrupción, de los corruptos y los corruptores; en el seguimiento a las promesas, planes y acciones de nuestros gobiernos para enfrentar el problema; en el desarrollo de la voluntad política de la ciudadanía, de la sociedad civil, por enfrentar con éxito, preferiblemente de forma conjunta con los gobiernos y, si no fuera posible, sin ellos, un problema esencialmente complejo y difícil.

Por otra parte, las consecuencias de que existan sistemas que hagan posible la corrupción generalizada en la administración pública, las pagan las mayorías de nuestros pueblos, los de siempre, los más pobres, los olvidados, y es de contribuir a beneficiarlos, a mejorar sus niveles de vida, lo que justifica todo este afán, todo este empeño, todo este esfuerzo, por combatir eficazmente la corrupción administrativa en nuestros sistemas de gobierno, ello sin desmedro de otras consecuencias del problema, las cuales se reflejan en otros ámbitos, como el político, y tienen una gravedad insospechada por cuanto restan credibilidad a nuestros sistemas políticos.

La existencia de funcionarios corruptos que, a expensas del Estado y de sus connacionales, se enriquecen a la vista de todos y no son sancionados por ello, le resta credibilidad a nuestras leyes, a nuestros gobiernos, a nuestros gobernantes, a nuestros sistemas políticos[49]

Es un problema de carácter legal, por cuanto la ausencia de leyes o la existencia de leyes débiles y atrasadas permiten que ciertos comportamientos no puedan ser perseguidos y sancionados cuando a manos del investigador, o de algún ciudadano sin responsabilidades públicas, llegue un expediente de una denuncia de corrupción en la que una cantidad de canales de riego no fueron construidos pero fueron pagados a los supuestos constructores, en la realidad está sucediendo no sólo que se violó la ley ni que el Estado perdió un cantidad más o menos importantes de recursos sino, sobre todo, que una cantidad importante de hombres y mujeres de nuestros campos se han quedado esperando esas obras para cultivar y cosechar sus pequeños sembradíos y con su producto prorrogar pobablemente sus pobres vidas y las de sus familias.

La lucha contra la corrupción, así, para el gobierno dominicano tiene razones no sólo de carácter ético y legal, administrativo o político, sino también, y sobre todo, de carácter económico y social.

La corrupción es un mal que socava la vida y reduce las posibilidades de desarrollo y progreso de nuestros pueblos, y es por preservar lo poco que hemos logrado y profundizar lo mucho que nos falta en términos democrático reales más que formales, que es fundamental que nos organicemos para enfrentar adecuadamente este problema, haciendo lo necesario para conocerlo de la mejor manera, para lo cual este foro es, sin dudas un excelente escenario.

5.3-CLIENTELISMO POLÍTICO

El clientelismo político es un sistema extraoficial de intercambio de favores, en el cual los titulares de cargos políticos regulan la confección de prestaciones, obtenida a través de su función pública o de contactos relacionados con ella, a cambio de apoyo electoral[50]

En el clientelismo los bienes públicos no se administran según la lógica imparcial de la ley si no bajo una apariencia legal, se utilizan discrecionalmente por los detentadores del poder político., normalmente se corresponde con figuras penadas jurídicamente como prevaricación o corrupción. Sin embargo, existen pocos incentivos para que los participantes busquen acabar con el sistema clientelar, puesto que este se allá institucionalizado –en el, sentido sociológico del término como patrón regular de interacciones, conocidos, practicado y aceptados (si bien no necesariamente aprobado) por los actores que somos nosotros el pueblo.

Esto está ocurriendo en la Republica Dominicana, sobre todo en los periodos electorales, la compra de votos a los más pobres, promesas de cargos públicos, prebendas, contratos a grupos económicos por el financiamiento a los partidos, para llegar al poder.

Esto se debe al bajo perfil ideológico que tienen los políticos de todos los partidos , en unos ,más que otros, solo tienen el interés de llegar a posiciones de poder, más que ser la expresión de una idea o un proyecto de nación, diferente a los demás.

Los partidos, lucen más que tener el interés en resolver los problemas de la mayoría de la sociedad, en resolverse sus propios problemas personales.

Podemos decir que tienen el lema, el fin justifica los medios, como una expresión de un pragmatismo exacerbado.

A la falta de los tres líderes tradicionales, los seguidores de estos partidos han perdido la fe en los partidos, perdieron la ideología que rige su partido y no tienen esperanza de que su partido resolverá los problemas de la mayoría del pueblo, y prefieren resolver el problema de un día, y ahí es donde entra el ente corruptor del clientelismo[51]

El clientelismo no es un fenómeno  exclusivo de la República Dominicana, pero  hay que convenir que en los últimos años  esta práctica ha devenido  en un elemento dominante de la política criolla, en un proceso que ha comenzado a convertir al Estado y a las instituciones políticas  del país en un gran mercado de subasta, donde los dueños del dinero sucio de la corrupción y el narcotráfico están haciendo las mejores ofertas.

Sin embargo, parecería que la sociedad dominicana no alcanza a entender la gran amenaza que representa este fenómeno. El autor argentino Miguel Trotta ha destacado en uno de sus trabajos dedicados al tema que  "el clientelismo político es opuesto a la expansión de los derechos sociales, por lo  tanto es un obstáculo permanente para la gestión de proyectos sociales y la generación de procesos democráticos y participativos en la gestión de lo público".

Los recientes procesos convencionales del  Partido Revolucionario Dominicano y del Partido de la Liberación Dominicana pusieron de manifiesto la abrumadora vigencia del  clientelismo  político como factor  de control de los procesos internos de estas organizaciones.

Fueron precisamente las direcciones institucionales de nuestros dos principales partidos  las que trazaron la pauta de la línea clientelar cuando decidieron reservarse la mayoría de las candidaturas a cargos congresionales y municipales, para poner en práctica un esquema de asignación donde la lealtad al grupo de poder parece   ser el mérito más importante para  decidir a quién se premia  o no.

En el caso del  PRD,  las reservas de candidaturas fueron asignadas casi exclusivamente a los seguidores del nuevo jefe del Partido. Los que no encajaban en esta categoría debieron competir bajo unas condiciones  y unos árbitros que hicieron todo lo posible para determinar, si no todos los que  debían ganar, por lo menos quienes no debían ganar bajo ninguna circunstancia.

Tanto en el PRD como  en el PLD, las escasas posiciones que fueron sometidas a elecciones primarias fueron  claramente decididas bajo las reglas del clientelismo. Con escasas  excepciones ganaron los candidatos con mayor poder económico o por lo menos con mayor capacidad de compensación o  gratificación, que es el caso de quienes administran fondos públicos.

Quedó claro que bajo este esquema hay solo dos opciones para alcanzar una posición política o una candidatura relevante: convertirse en cachanchán incondicional del caudillo de turno o buscar     el dinero suficiente para comprar los votos necesarios en una convención.

5.4- MODIFICACION CONSTITUCIONAL      5.4.1- CONTRAPESO AL PODER EJECUTIVO

En la Constitución Política de la República Dominicana, proclamada el 26 de enero de 2010 se dispone que la República Dominicana es un Estado Social y Democrático de Derecho que se fundamenta, entre otras, en el respeto de los derechos fundamentales y en la separación e independencia de los poderes públicos.

Como parte de la separación de los Poderes del Estado y a fin de evitar el abuso de su ejercicio en detrimento de los más vulnerables, debe existir un contrapeso entre éstos, con especial atención a las actuaciones del Poder Ejecutivo como recaudador de las rentas nacionales y distribuidor de las mismas.

En este sentido, la Constitución atribuye al Poder Legislativo ejercido por Congreso Nacional la función de control y fiscalización de las actuaciones del Poder Ejecutivo.

La Carta Magna en su artículo 8 establece que: "Es función esencial del Estado, la protección efectiva de los derechos de la persona, el respeto de su dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva, dentro de un marco de libertad individual y de justicia social, compatibles con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos y todas".

Para que el Estado cumpla con esta función el Congreso Nacional debe desempeñar su rol de legislador y fiscalizador de las actuaciones del Poder Ejecutivo, en este sentido el numeral 2) del artículo 93 dispone que el Congreso Nacional debe:

a) Aprobar o rechazar el estado de recaudación e inversión de las rentas que debe presentarle el Poder Ejecutivo durante la primera legislatura ordinaria de cada año, tomando como base el informe de la Cámara de Cuentas;

b) Velar por la conservación y fructificación de los bienes nacionales en beneficio de la sociedad y aprobar o rechazar la enajenación de los bienes de dominio privado de la Nación, excepto lo que dispone el artículo 128, numeral 2, literal d);

c) Citar a ministros, viceministros, directores o administradores de organismos autónomos y descentralizados del Estado ante las comisiones permanentes del Congreso, para edificarlas sobre la ejecución presupuestaria y los actos de su administración;

d) Examinar anualmente todos los actos del Poder Ejecutivo y aprobarlos, si son ajustados a la Constitución y a las leyes;

e) Nombrar comisiones permanentes y especiales, a instancia de sus miembros, para que investiguen cualquier asunto que resulte de interés público, y rindan el informe correspondiente;

f) Supervisar todas las políticas públicas que implemente el gobierno y sus instituciones autónomas y descentralizadas, sin importar su naturaleza y alcance.

Otras formas de controlar al Poder Ejecutivo conforme a la Ley Sustantiva están establecidas en los siguientes artículos:

Artículo 95.- Interpelaciones. Interpelar a los ministros y viceministros, al Gobernador del Banco Central y a los directores o administradores de organismos autónomos y descentralizados del Estado, así como a los de entidades que administren fondos públicos sobre asuntos de su competencia, cuando así lo acordaren la mayoría de los miembros presentes, a requerimiento de al menos tres legisladores, así como recabar información de otros funcionarios públicos competentes en la materia y dependientes de los anteriores.

Párrafo.- Si el funcionario o funcionaria citado no compareciese sin causa justificada o se consideraran insatisfactorias sus declaraciones, las cámaras, con el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, podrán emitir un voto de censura en su contra y recomendar su destitución del cargo al Presidente de la República o al superior jerárquico correspondiente por incumplimiento de responsabilidad.

Artículo 234. Párrafo.- Una vez votada la Ley de Presupuesto General del Estado, no podrán trasladarse recursos presupuestarios de una institución a otra sino en virtud de una ley que, cuando no sea iniciada por el Poder Ejecutivo, deberá tener el voto de las dos terceras partes de los presentes en cada cámara legislativa.

Artículo 236.- Validez erogación. Ninguna erogación de fondos públicos será válida, si no estuviere autorizada por la ley y ordenada por funcionario competente.

Artículo 246.- Control y fiscalización de fondos públicos. El control y fiscalización sobre el patrimonio, los ingresos, gastos y uso de los fondos públicos se llevará a cabo por el Congreso Nacional, la Cámara de Cuentas, la Contraloría General de la República, en el marco de sus respectivas competencias, y por la sociedad a través de los mecanismos establecidos en las leyes.

Sin embargo, en la realidad se observa como el Poder Ejecutivo recauda las rentas nacionales y no invierte en programas de desarrollo para erradicar la pobreza.

A pesar de contar con un marco jurídico tan completo en materia de control de las actuaciones del Poder Ejecutivo, al este gozar de mayoría en el Congreso Nacional sus acciones y la de sus Ministros no son fiscalizadas.

No hay un seguimiento por parte del Congreso Nacional del Presupuesto General del Estado que permita verificar si está cada Ministerio lo está ejecutando tal cual como fue aprobado.

Otra debilidad del Congreso Nacional es que el Presupuesto General del Estado llega a éste para ser aprobado con la urgencia de que está finalizando el año y que debe aprobarse de manera apresurada, lo cual no permite el debate y como tal es imposible visualizar la distribución del mismo.

Estas situaciones son la que permiten que a pesar del crecimiento registrado en el país en los últimos años esto no se refleja en la población, presentados resultados inversamente proporcionales, mayor crecimiento económico, sin disminución equitativa de los niveles de pobreza.

5.4.2- ELEMENTOS DE TRANSFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD

La República Dominicana es un Estado Social y Democrático de Derecho, fundado en el respeto de la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación e independencia de los poderes públicos.

La Constitución de la República desarrolla la idea de una justa redistribución de la riqueza en oposición a las nociones de acumulación de bienes, que en muchos casos sirven de sustento teórico para justificar la pobreza de un sector de la población.

De conformidad con el Artículo 217, "El régimen económico se orienta hacia la búsqueda del desarrollo humano. Se fundamenta en el crecimiento económico, la redistribución de la riqueza, la justicia social, la equidad, la cohesión social y territorial y la sostenibilidad ambiental, en un marco de libre competencia, igualdad de oportunidades, responsabilidad social, participación y solidaridad".

Según el artículo 218, "El Estado procurará, junto al sector privado, un crecimiento equilibrado y sostenido de la economía, con estabilidad de precios, tendente al pleno empleo y al incremento del bienestar social, mediante utilización racional de los recursos disponibles, la formación permanente de los recursos humanos y el desarrollo científico y tecnológico".

La necesidad de desarrollar la economía desde otro modelo que incluya a los habitantes del país, para buscar alternativas que funcionen con miras a lograr servicios para la población, que se empoderen de sus medios de producción y que generen bienes colectivos, con sentido de pertenencia, responsabilidad y sentido del deber social, recibiendo del gobierno acompañamiento y asesoría de cómo lograr obtener los recursos para emprender una economía social participativa, para lograr satisfacer las necesidades de las generaciones presentes y futuras y buscar esa calidad de vida anhelada y ansiada por todo ser humano.

Esta economía social participativa debe tener como objetivos esenciales lo siguiente:

• Formas de Economía de subsistencia distintas al buhonerismo;

• Producción de bienes y servicios de calidad a los cuales pueda acceder de forma expedita la comunidad mediante formas variadas (compra barata, trueque, mutualismo, apoyo solidario).

• Las formas de generación, socialización y uso socialmente útil del conocimiento.

• Las redes de información y comunicación.

• El desarrollo de tecnologías alternativas, populares y ecológicas.

• Las costumbres locales.

• Los valores de trabajo y crecimiento compartido.

• Las formas de resistencia económica, política, cultural, ambiental.

• Las formas de trabajo y producción no asalariado.

La economía social también es el reparto equitativo del excedente que genera el modelo de producción; la solidaridad comunitaria y con otras comunidades de entorno; la autonomía cognitiva, la libertad operativa y la soberanía comunitaria para articular y adelantar un modelo de desarrollo local sustentable.

La economía social es una mirada desde abajo para potenciar los sueños y las posibilidades de acceso a la plena justicia social de los más pobres, los más simples. En un país con un 5% de sectores sociales poderosos (burgueses, latifundistas, financieros, pequeña y mediana industria, importadores) un 15% de empleo formal (trabajo estable), un 55% de empleo informal (sobrevivencia) la Economía Social se concentra en el porcentaje restante de sectores de pobreza extrema y la población potencialmente activa.

Si bien desde el lenguaje constitucional se impulsan claras orientaciones para el desarrollo de un modelo económico solidario, autogestionario y de profundo anclaje local, para alcanzar este objetivo se hace necesario construir, con carácter previo, claras líneas de gestión orientadas a la derrota del desarraigo cultural (en sus expresiones económicas, políticas y antropológicas) de gran parte de la población dominicana. Esfuerzo que parece asociarse a la noción actual del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo que busca vincular una nueva concepción de desarrollo local al modelo emergente de economía social.

Un modelo económico de ese tipo, de carácter solidario y compromiso social, no sólo permite derrotar la pobreza cultural, política, educativa, de modos de vida y económica, sino que garantiza la inclusión de todos los dominicanos.

5.4.3- ESTRUCTURA FISCAL Y LEY DE GASTO PÚBLICO

La República Dominicana cuenta con una normativa que establece claramente la estructura fiscal y los criterios de asignación del gasto público, surgida y fortalecida con la última reforma Constitucional del 26 de enero de 2010.

Según los términos de la Ley Sustantiva en su artículo 238, "Corresponde al Estado realizar una asignación equitativa del gasto público en el territorio. Su planificación, programación, ejecución y evaluación responderán a los principios de subsidiaridad y transparencia, así como a los criterios de eficiencia, prioridad y economía.

Corresponde al Poder Ejecutivo por mandato constitucional "velar por la buena recaudación y fiel inversión de las rentas nacionales".

Para poder cumplir con lo establecido en el párrafo anterior el Estado debe contar con una estructura fiscal eficiente que garantice la recaudación de las rentas nacionales para luego ser distribuidas equitativa a través de la ejecución del Presupuesto General del Estado.

Sobre este particular, la Carta Magna dispone lo siguiente:

Artículo 243.- Principios del régimen tributario. El régimen tributario está basado en los principios de legalidad, justicia, igualdad y equidad para que cada ciudadano y ciudadana pueda cumplir con el mantenimiento de las cargas públicas.

Artículo 244.- Exenciones de impuestos y transferencias de derechos. Los particulares sólo pueden adquirir, mediante concesiones que autorice la ley o contratos que apruebe el Congreso Nacional, el derecho de beneficiarse, por todo el tiempo que estipule la concesión o el contrato y cumpliendo con las obligaciones que la una y el otro les impongan, de exenciones, exoneraciones, reducciones o limitaciones de impuestos, contribuciones o derechos fiscales o municipales que inciden en determinadas obras o empresas hacia las que convenga atraer la inversión de nuevos capitales para el fomento de la economía nacional o para cualquier otro objeto de interés social. La transferencia de los derechos otorgados mediante contratos estará sujeta a la ratificación por parte del Congreso Nacional.

DEL CONTROL DE LOS FONDOS PÚBLICOS

Artículo 245.- Sistema de contabilidad. El Estado dominicano y todas sus instituciones, sean autónomas, descentralizadas o no, estarán regidos por un sistema único, uniforme, integrado y armonizado de contabilidad, cuyos criterios fijará la ley.

Artículo 246.- Control y fiscalización de fondos públicos. El control y fiscalización sobre el patrimonio, los ingresos, gastos y uso de los fondos públicos se llevará a cabo por el Congreso Nacional, la Cámara de Cuentas, la Contraloría General de la República, en el marco de sus respectivas competencias, y por la sociedad a través de los mecanismos establecidos en las leyes.

Artículo 248.- Control externo. La Cámara de Cuentas es el órgano superior externo de control fiscal de los recursos públicos, de los procesos administrativos y del patrimonio del Estado. Tiene personalidad jurídica, carácter técnico y goza de autonomía administrativa, operativa y presupuestaria. Estará compuesta de cinco miembros, elegidos por el Senado de la República de las ternas que le presente la Cámara de Diputados, por un período de cuatro años y permanecerán en sus funciones hasta que sean designados sus sustitutos.

Finalmente, La Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público, No.423-06, del 17 de Noviembre de 2006, establece:

Artículo 1. El Sistema de Presupuesto es el conjunto de principios, normas, órganos y procesos que rigen y son utilizados en las etapas del ciclo presupuestario de los organismos previstos en el Artículo 3 de la presente ley, respetando las particularidades de cada uno de ellos, con la finalidad de que la asignación y utilización de los recursos públicos se realice en la forma más eficaz y eficiente posible para el cumplimiento de las políticas y objetivos del Estado. El Sistema de Presupuesto en conjunto con los Sistemas de Tesorería, Contabilidad y Crédito Público, compone el Sistema Integrado de Administración Financiera del Estado.

5.5- CRECIMIENTO Y DESARROLLO CON EQUIDAD