Compatibilidad del desarrollo económico con la equidad social en la República Dominicana (página 2)

La industria nacional, por su parte, enfrenta el imperativo de modernizarse e incrementar su eficiencia. La dualidad entre zonas francas y la industria nacional no solo radica en la marcada orientación exportadora de las primeras y la reducida integración entre ambas; también en la calidad y eficiencia productiva que caracteriza a las zonas francas, producto de su inmersión en la competencia de los mercados internacionales y de las cuales carecen un gran número de empresas de la industria nacional. La firma del DR-CAFTA presenta enormes retos para la industria nacional.

Por una parte, la exportación, directa o indirecta, exige altos estándares de calidad, capacidad de abastecer grandes volúmenes y cumplimiento puntual de los tiempos de entrega. Por otra parte, la competencia en el mercado interno, sobre todo en bienes estandarizados y con bajo valor agregado, se intensificará.

Hay varias iniciativas que el gobierno ha puesto en marcha para el fomento industrial y la innovación. Los fondos comprometidos por el gobierno central son insuficientes para que las iniciativas tengan el efecto esperado y se les pueda dar continuidad.

En consecuencia, incluso las iniciativas más recientes persisten en tratar por separado a las zonas francas de la industria nacional, contribuyendo a la dualidad entre estos dos sectores de la industria manufacturera dominicana.

1.7.1- EMPRESAS Y CLASIFICACION

Conforme a datos ofrecidos por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) en el "Directorio de Empresas y Establecimientos 2010", la República Dominicana cuenta con Treinta y Nueve Mil Veintinueve (39,029) empresas formales. De las cuales una (1) de cada tres (3) empresas pertenece al sector comercio, mientras una (1) de cada nueve (9) a la industria manufacturera.

Las empresas del sector formal registradas en el país se distribuyen, según su principal actividad económica, de la siguiente manera: 33.8% pertenece a comercio, 11.0% a industrias manufactureras, 7.2% a actividades inmobiliarias, 7.0% a actividades profesionales, científicas y técnicas, 6.5% a actividades financieras y de seguros y 5.5% a alojamiento y servicios de comida.

Además, 5.4% de las empresas son de algún nivel de enseñanza y 4.4% de algún sector de la construcción. El restante 19.2% se reparte entre las demás actividades económicas no mencionadas anteriormente.

Sobre la ubicación quedó demostrado que los tres grandes polos poblacionales concentran la mayor cantidad de las empresas: 42 de cada 100 empresas localizan su oficina principal en el Distrito Nacional y 7 de cada 10 están ubicadas entre el DN, la provincia Santo Domingo y la ciudad de Santiago.

Por otro lado, el 98.2% del total de las empresas del país son micro, pequeñas y medianas empresas, de acuerdo con el informe financiero de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) de diciembre del 2010, las cuales generan  1,290,500 empleos formales.

Según la distribución de establecimientos por actividad, el Comercio al por mayor y al por menor y reparación de los vehículos de motor y de las motocicletas encabezan la lista con 27, 284; las actividades financieras y de seguros con 6,715; Servicios Turísticos 5,147; las industrias manufactureras con 4,524; Arquitectura, Ingeniería y Construcción 4,174, actividades inmobiliarias 2,796; actividades profesionales científicas y técnicas 2,736; actividades Jurídicas y de contabilidad 835, Enseñanza 2,582, Salud Humana 1,017; Información y Comunicación 1,292; Transporte Terrestre y Aéreo 532.

1.7.2-TRABAJADORES PUBLICOS Y PRIVADOS

Según el Ministerio de Administración Pública (MAP), en la República Dominicana existen actualmente 450 mil empleados públicos, de los cuales, 270 mil  corresponden al Gobierno central y los demás a instituciones descentralizadas. Sin embargo, en el Sector Privado hay 1,027,583 empleos formales.

Por otro lado, existe una alta incidencia de la informalidad debido a la precariedad en las oportunidades y condiciones de trabajo. Actualmente hay un total de 2,262,534 trabajadores urbanos con más de 14 años, alrededor de 1,224,576 labora en condiciones de relativa ilegalidad, cerca de 1,480,482 carecen de provisiones para la vejez, y unos 1,133,598 son trabajadores que laboran en unidades de pequeño tamaño o bien trabajadores por cuenta propia de baja escolaridad.

Los trabajadores y trabajadoras formales trabajan una mayor cantidad de horas por semana, reciben mayor ingreso por hora y trabajan con mayor frecuencia en actividades secundarias que sus contrapartes informales. Asimismo, los trabajadores formales tienen generalmente mayor satisfacción con su trabajo que los informales, aunque las diferencias son modestas y además surgen algunas diferencias destacables al indagar al interno de los informales y la satisfacción con aspectos más concretos. Por ejemplo, los trabajadores informales se encuentran ligeramente más satisfechos que los formales con la flexibilidad de horario en sus trabajos.

En término general, el 57% de trabajadores ganan menos de RD$10,000 al mes.

Proporción de la población con ingresos inferiores a 1 dólar PPA (paridad del poder adquisitivo) por día, 2000 – 2009

Fuente: http://sinid.one.gob.do/

En otro orden, un alto porcentaje de la población no cotiza para un plan de pensiones de vejez. Entre los trabajadores por cuenta propia, la razón predominante es que el nivel de ingreso impide un ahorro precautorio para la vejez, razón que es también importante entre los asalariados y los patrones de negocios propios, aunque en menor medida. De igual modo, entre los asalariados influyen también la convención social ("la mayoría de los trabajos son así") y el arreglo o imposición del empleador mediante el cual la remuneración efectiva se reduce cortando la contribución a una pensión de vejez ("el jefe sólo lo acepta si es así"). Un porcentaje importante de los asalariados, especialmente los jóvenes, muestra un alto descontento del futuro ("no vale la pena ahorrar para tan lejos" y "prefiere que le paguen más en el momento actual"). La desconfianza en el sistema de seguridad social no es un factor preponderante, excepto entre los patrones, los cuales en su mayoría están ahorrando por cuenta propia.

Esto significa que el objetivo de lograr un mayor nivel de empleo y de mejor calidad no debe circunscribirse a reducir el empleo informal, sino abarcar también a elevar la calidad del empleo en el sector formal. En definitiva, esto requiere aumentar el nivel de productividad en el sector formal y en la economía en su conjunto.

Asimismo, debe ponerse cuidado en que las políticas públicas establezcan los incentivos adecuados (haciendo atractiva la formalidad a la vez que se sanciona la ilegalidad) para que las empresas y los trabajadores encuentren conveniente participar en la economía formal.

En tal contexto, la formulación de políticas públicas en torno a la informalidad no resulta una tarea fácil, y debe abarcar acciones que incidan en el ámbito educativo, en la capacitación laboral, en las regulaciones para la operación de negocios, en la legislación laboral, en el diseño de los esquemas contributivos y no contributivos de la red de seguridad social, en el apoyo para el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, y en la fiscalización impositiva y laboral, entre otros.

Otro indicador de pobreza es el trabajo en menores, aunque no se dispone de cifras oficiales, se estima que en República Dominicana hay unos 15 000 talleres mecánicos que dan empleo a menores de edad y, si se piensa que en cada uno de estos centros de servicios hay un promedio de cuatro trabajadores de esta índole, la cifra global sería de aproximadamente 60 000 menores trabajando en mecánica automotriz. Estos talleres proliferan en las ciudades, especialmente en los barrios pobres, donde se convierten en una fuente importante de empleo para grandes y chicos.

De acuerdo con una encuesta realizada por la Ministerio de Trabajo, en República Dominicana, el número de niños, niñas y adolescentes trabajadores (entre 5 y 17 años) es de 436 000, cifra que, en términos proporcionales, equivale al 17% de los 2,4 millones que conforman esa población. Las zonas rurales y las áreas pobres de las ciudades son los lugares donde más se concentra la explotación laboral infantil.

Con respecto a las tareas que realizan estos menores, dicha encuesta señala que aproximadamente 28% se desempeñan en el área de servicios personales y domésticos (allí hay desde limpiabotas hasta servidoras domésticas), 21% laboran en el comercio y las ventas, 18%, en el ámbito agropecuario y 16%, en labores artesanales y manufactureras. El resto realiza trabajos no especificados.

Por otra parte, datos de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina) indican que en las áreas urbanas solo el 25% de los adolescentes (entre 12 y 17 años) que trabajan, asisten a la escuela. En las áreas rurales, este porcentaje se reduce drásticamente a un15%3. Tanto en las zonas rurales como en las urbanas, la deserción escolar supera el 50% en los sitios de mayor concentración de trabajo infantil.

1.7-3- CONSORCIOS EMPRESARIALES DOMINANTES Los grandes consorcios empresariales en República Dominicana están dominados por un número reducido de familias, como son: la familia Vicini, Bonetti , Barceló , Villeya, Hazim Azar, , Corripio, Troncoso , Cáceres, Brugal , Ariza, León Asencio , Peynado , Armenteros , Haché , Vitienes , Pellerano, , Espaillat , Bermúdez , Tavares , Thomén, Grullon.

De ese grupo, cuatro familias controlan la producción de rones y cervezas. Barceló, Bermúdez y Brugal controlan el 92 por ciento de la producción de los rones, mientras que la familia León Asencio domina el 90 por ciento de la producción de cervezas.

La familia León Asencio, a través de su empresa E. León Jiménez, a la que está asociada la norteamericana Philips Morris, domina también la producción de cigarrillos en un 85 por ciento.

En la comunicación telefónica, TRICOM, de la familia Pellerano-Ricart-Romano, ha entrado de lleno en la competencia, al igual que la All American and Cable (AARC), donde José Armando Bermúdez es uno de sus principales accionistas, contra la empresa norteamericana CODETEL, que mantiene el control. TRICOM está asociada a la estadounidense Motorola.

La familia Vicini-Cabral hegemoniza la producción de acero a través de METALDOM, con un 90 por ciento.

Las familias Armenteros y Bonetti, y la familia Vitienes hasta hace poco, controlan la producción de jabones y detergentes en un 95 por ciento. La empresa LAVADOR, de la familia Vitienes, en 1996 fue adquirida por la compañía norteamericana Colgate-Palmolive.

La producción nacional, así como la venta de los azúcares (a nivel nacional e internacional), está controlada por el Central Romana, de los Franjul y por los tres ingenios de la familia Vicini-Cabral. (El Consejo Estatal de Azúcar, propiedad del Estado Dominicano, también incide en la producción y venta de los azúcares y sus derivados.

Sanitarios Dominicanos, S. A., de la familia Haché, y Cerámica del Caribe, de varios accionistas, donde también está la familia Haché, hegemonizan la fabricación de sanitarios.

El transporte aéreo desde y hacia la República Dominicana está hegemonizado por las líneas aéreas internacionales, principalmente las norteamericanas. Tiene cierta incidencia la Aerolíneas Dominicanas, de J. Armando Bermúdez, que opera vuelos internos y hacia algunos países del Caribe. (La línea aérea nacional, Dominicana de Aviación, sigue cerrada por descapitalización). Pinturas Tropical y Popular de Pepín Corripio; Pinturas Tavares, de la familia Tavares, dominan la producción nacional de pintura.

La fabricación de cemento la controla la familia Haché, Cementos Cibao y Cementos Nacionales, en esta última empresa, la CEMEX es accionista principal. (La Fábrica Dominicana de Cemento o "Cementera", que producía el Cemento Colón, fue vendida en 1998 por el Estado Dominicano a la Holder Bank, la líder mundial del cemento. Esta empresa se ha anunciado comenzará a operar con un nuevo nombre, pero su marca seguiría siendo Cemento Colón).

La familia Villeya – San Martín posee industrias y empresas, que son de las primeras en la producción de fertilizantes, agroquímicos y de financiamiento a estas actividades productivas. Es dueña de Fertilizantes Químicos Dominicanos (FERQUIDO), Fertilizantes Santo Domingo, S. A., (FERSAN), Interquímicas, S.A., e Inversiones Agrícolas Ganaderas e Industriales, C. x A. Algunas de estas familias, además de ser industriales nacionales, son a la vez grandes importadores, y sirven de representantes de empresas extranjeras. Entre estas se destacan: Euromotors, de Pepín Corripio; Santo Domingo Motors, C. por A., de la familia Barletta Cabral; Reid Pellerano, C. por A., de la familia Reid Pellerano; y Delta Motors, de la familia Peynado. Estas empresas son grandes importadores de vehículos de motor.

Brugal y Co., C. por A., es una gran importadora de medicinas. Distribuidora Corripio, de Pepín Corripio; la Curacao, de la familia Pellerano-Ricart Romano; y Plaza Lama, de la familia Lama, son los que controlan la gran importación de electrodomésticos, siendo Corripio el principal. El Banco Popular Dominicano, el Banco Hipotecario Dominicano (BHD), el Banco Metropolitano, Credibanco, Banco Regional Dominicano (Banregión), Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, Banco del Comercio, Banco Gerencial y Fiduciario y el Banco del Progreso, son dominados por estas poderosas familias que junto al City Bank (norteamericano) y al banco de Reservas (del Estado Dominicano), controlan el sistema financiero nacional. También dominan el negocio de los seguros.

Estas familias controlan las universidades privadas, las cuales reciben recursos económicos y técnicos de organismos internacionales. En esas universidades, son miembros de sus consejos directivos o tienen sus representantes.En ese sentido, la Pontificia Universidad Madre y Maestra (PUCMM), de la conferencia del Episcopado Dominicano, tiene el apoyo sin reservas de estas familias. Uno de sus Rectores más influyente, quien además tiene un gran peso político nacional, es Monseñor Agripino Núñez Collado, claro está, detrás del Cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez.

La Universidad Central del Este (UCE), es propiedad de la familia Hazim Azar- Frapier, y fue apoyada desde sus inicios por el gobierno de Joaquín Balaguer y por el Central Romana.

La Universidad Acción Pro-Educación y Cultura (APEC) tiene por presidente al Dr. Donald Reid Cabral, Presidente en funciones del Partido Reformista Social Cristiano.

La Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU. El Dr. Joaquín Balaguer le donó los terrenos para sus edificaciones y le regaló su biblioteca personal. La Universidad Católica de Santo domingo (UCSD), es propiedad del Arzobispado de Santo Domingo.

La Universidad Iberoamericana. La familia Azar Hazoury tiene en ella una presencia significativa.

La prensa radial, escrita y televisada es controlada por estas veinte familias. Radio Cristal pertenece a la familia Vicini-Cabral; Editora Hoy, Publicaciones Ahora, Editora La Razón, Editora Corripio, los periódicos El Nacional y Hoy, Telesistema y Teleantillas, pertenecen a la familia Corripio; Listín Diario y Ultima Hora, pertenecen a la familia Pellerano-Ricart-Romano; el periódico El Siglo, pertenece a la familia Peynado; Color Visión es propiedad de los Bermúdez, El Caribe y CDN, pertenecen a la familia Grullon, que controla el Banco Popular.

También tiene incidencia en el turismo. La familia Barceló posee los complejos turísticos Bávaro Beach, Villas Doradas, Eurotel y Costa Atlántica; la familia Hazim Azar es dueña de Playa Marota. Esta familia también dirige el Hotel Macorix. La familia Bonetti es propietaria del Hotel Naco y dirige los casinos de los hoteles Lina y Naco; Turismo del Norte es de la familia Ariza.

Estas familias, además de su poder económico y financiero, tienen su propia institución que le facilita los recursos económicos para sus operaciones turísticas. Esta institución se llama Corporación de Financiamiento Turístico, S.A.

CAPITULO II

Desarrollo humano sostenible

2.1- CONCEPTUALIZACIÓN

El desarrollo sostenible es un proceso de cambio progresivo en la calidad de vida del ser humano, que lo coloca como centro y sujeto primordial del desarrollo, por medio del crecimiento económico con equidad social, la transformación de los métodos de producción y de los patrones de consumo que se sustentan en el equilibrio ecológico y el soporte vital de la región.

Este proceso implica el respeto a la diversidad étnica y cultural, en termino regional, nacional y local, así como el fortalecimiento y la plena participación ciudadana en convivencia armónica con la naturaleza, sin comprometer y garantizando la calidad de vida de las generaciones futuras.

El desarrollo local sostenible se centra en la búsqueda del mejoramiento de la calidad de vida humana en el ámbito local. Se construye a partir del protagonismo real de las personas (familias, niños/as, productores, organizaciones e instituciones locales)[7].

Para que el desarrollo local sostenible sea una realidad, la comunidad debe fijar sus propios objetivos y metas, tener confianza en la fuerza de la misma comunidad, valorar y afirmar la cultura junto con el conocimiento tradicional propio y las formas autónomas de convivencia.

2.2- ROL DEL CAPITAL Y SENSIBILIDAD HUMANA

El desarrollo económico depende de la capacidad y la sostenibilidad de la economía para cubrir las necesidades individuales y colectivas mediante una remuneración que permita el mejoramiento de la calidad de vida y la autorrealización del trabajador.

La situación ocupacional es de primer orden para sostener el equilibrio social. El incremento de la pobreza, la migración y el crecimiento del sector informal son expresiones de la limitada capacidad de uso de recursos humanos que tiene la economía dominicana. Para dar prioridad al desarrollo humano y a la equidad social hay que enfrentar los problemas de redistribución de ingresos y creación de empleos.

Una política que propenda a la maximización de la ocupación tiene que convertirse en una estrategia sectorial definiendo una política de empleo por actividad. Se promoverán proyectos de inversión que tengan impacto social en la generación de empleos y que al mismo tiempo contribuyan a la descentralización regional.

Las perspectivas de desarrollo y las ventajas comparativas descansan sobre la calidad de los productos, de ahí el énfasis en la formación de los recursos humanos. La calificación laboral se debe apoyar en programas específicos de capacitación dirigidos a elevar la calificación de la fuerza de trabajo actual.

El aumento del capital humano ha representado una contribución modesta al crecimiento de la economía dominicana durante las últimas décadas.

La estimación de una contribución relativamente baja del capital humano al proceso de crecimiento refleja la evolución de los indicadores de escolaridad.

La base para alcanzar el desarrollo está en la inversión en capital humano. Economías como Japón, Corea, Taiwán y Singapur invirtieron grandes recursos para formar el material humano que impulsara su desarrollo. Son las economías que tienen mayor proporción de su PIB dedicado a educación, las que se encaminan por las sendas del desarrollo.

República Dominicana por sus condiciones naturales debe impulsar la educación como base del desarrollo futuro. Como estrategia, se debe establecer la meta para que en el año 2015 no haya analfabetos en el país. Como segunda proposición, la universidad del futuro tiene el ineludible compromiso de preparar el capital humano de acuerdo con las exigencias del aparato productivo nacional, en un sistema donde se establezca la relación universidad-empresa para formar el personal con la preparación necesaria y suficiente para desempeñar sus funciones en un mundo competitivo y globalizado[8]

El objetivo ansiado es contar con mayor cantidad de personal calificado, que haya adquirido las competencias necesarias para actuar en la economía del conocimiento.

En perspectiva, el desarrollo de la Republica Dominicana implica una obligada transformación de la vida de muchos pueblos implicados, directa o indirectamente en proyectos de inversión en áreas económicas como las descritas.

2.3- EL ESTADO Y EL DESARROLLO HUMANO

El desarrollo humano es la ampliación de las libertades reales que tienen las personas para elegir lo que valoran en la vida. Estas dependen del acceso a las oportunidades, tanto en el inicio de la vida como a lo largo de ella, ya que no tener acceso a una nutrición o a una educación adecuada a temprana edad puede afectar las posibilidades de lograr las destrezas necesarias para tener una vida satisfactoria[9]

El régimen socioeconómico de la República Dominicana se fundamenta en los principios de justicia social, democratización, eficiencia, libre competencia, protección del medio ambiente, productividad y solidaridad, a los fines de asegurar el desarrollo humano integral y una existencia digna y provechosa para la colectividad. El Estado conjuntamente con la iniciativa privada promueve el desarrollo armónico de la economía nacional con el fin de generar fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional, elevando el nivel de vida de la población y fortaleciendo la soberanía económica del país.

2.4- ÍNDICE DE EMPODERAMIENTO HUMANO

El Índice de Empoderamiento Humano (IEH) mide los logros de la población y su capacidad de hacer las cosas, combinando la dimensión individual y colectiva, dichos índices muestra que en nuestro país ambos tipos de empoderamiento tiene el mismo orden de magnitud, lo cual explica los niveles de estabilidad del sistema económico, político e institucional en los últimos años. Cabe destacar que estos no son valores óptimos, sino que indican la situación dentro del contexto nacional.

El empoderamiento permite a las personas la posibilidad de tener poder para tomar decisiones o influir en las mismas y hacer escuchar y respetar su voz.

Estas acciones permiten a las personas ser "agentes", miembros activos, en el destino de sus propias vidas y también de su comunidad o su país, y escapar del sentimiento de "externalidad" por el cual sólo ven pasar las decisiones que otros toman pero que afectan su propia vida. Por lo tanto, el empoderamiento y la participación en la toma de decisiones son medios importantes mediante los cuales todos y todas pueden ampliar sus libertades reales y también garantizar la equidad, la igualdad de oportunidades.

Según el Informe de Desarrollo Humano una premisa fundamental es que el desarrollo es la ampliación de las capacidades y libertades reales de las personas para elegir lo que valoran, ademas es una cuestión de poder, ya que el poder se construye, se conquista o se redistribuye.

El desarrollo Humano es un hecho concreto de las personas en sus circunstancias y, por lo tanto, tiene una dimensión local; es sobre cómo y dónde vive la gente.

2.5- INDICADORES DE DESARROLLO

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) fue creado en 1990 a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El objetivo era poder medir los progresos generales de un país en tres dimensiones básicas del desarrollo humano. Para cada dimensión habían elegido una variable que la representaba[10]

Para evaluar el desarrollo de un país se recurre a indicadores; tradicionalmente se ha recurrido a indicadores económicos para apreciar el desarrollo, especialmente se ha utilizado el Ingreso per cápita  (Producto Interno Bruto/Población Total); sin embargo este valor no nos indica la compleja realidad en detalles de un determinado país, pues no toma en cuenta principalmente la disparidad social; de tal manera que ha de recurrirse además a  indicadores demográficos, socio-culturales y político-sociales, para tener una aproximación más real de la sociedad evaluada.

Uno de los indicadores preferidos es la Mortalidad Infantil  que nos da información sobre cuántos niños nacidos vivos mueren antes de cumplir los cinco años de edad.

La ONU en los últimos años ha utilizado un indicador que conjuga información de carácter económico, demográfico y cultural; que se le ha designado como Índice de Desarrollo Humano (IDH).

El IDH está compuesto por tres componentes básicos del desarrollo humano: Longevidad (medido por la esperanza de vida al nacer), Educación (medido por la alfabetización y los años de escolaridad) y patrón de vida (medido por el poder de compra basado por el ingreso per capita real ajustado a los costos de vida: paridad del poder de compra).

El crecimiento económico que se logra debido a la cada vez mayor producción de bienes y servicios, es apenas una dimensión cuantitativa del fenómeno del desarrollo, las nuevas corrientes parten de que el fenómeno del desarrollo debe ser extendido a otros dominios de las vida social como lo es la educación, salud,  trabajo, calidad de vida, y medio ambiente[11]

Entre los indicadores de desarrollo más importante en la economía de un país tenemos:

• Alfabetización, educación y habilidades (alfabetización, educación, capacitación y habilidades, y la oportunidad para que todos los miembros de la sociedad aumenten sus capacidades) . La disponibilidad y el nivel de la educación son en sí mismos un indicador; también contribuyen a aumentar las opciones a nivel personal y social y es un requisito previo para una democracia y un gobierno mejores.

• Salud (esperanza de vida, mortalidad materna e infantil y niveles de atención de salud disponibles en situaciones de morbilidad) .La salud y el bienestar físico constituyen requisitos básicos para el crecimiento estable de la población y la capacidad de funcionar regularmente de manera más eficaz.

• Ingreso y bienestar económico (niveles altos de empleo, ingresos altos per cápita y aumento del producto nacional bruto, con intervenciones adecuadas para la protección del medio ambiente y la equidad de ingresos). Las inversiones y el ahorro personal son importantes para apoyar el cambio estructural.

• Opciones, democracia y participación (participación en los asuntos sociales y económicos, con recompensas económicas justas, disponibilidad de alternativas razonables y participación en el proceso democrático).El proceso político puede permitir o inhibir el desarrollo. Un buen gobierno e instituciones democráticas adecuadas son elementos esenciales para la articulación de las metas sociales. Los participantes no mostraron gran preocupación por el aspecto formal de estas instituciones, pero demostraron sumo interés en su eficacia para cumplir las metas sociales.

• Tecnología (capacidad de desarrollar innovaciones tecnológicas y efectuar elecciones tecnológicas).Son pocos los países que tienen la capacidad para efectuar innovaciones radicales, ya que la investigación y el desarrollo se vuelven más caros y complejos. En estos países, la capacidad, en términos de maneras de proceder y de riqueza, constituye un indicador más apto para efectuar la elección justa entre tecnologías en competencia, y para desarrollar o adaptar el ajuste de la tecnología a las necesidades propias de los países.

Según el Informe Mundial de Desarrollo Humano 2006 República Dominicana se ubica en la posición 94 entre 177 países (con un valor de 0,751), en la categoría de países calificados de desarrollo humano medio[12]

2.6-DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El proceso de descentralización del gobierno en la República Dominicana  a través de la creación de polos regionales de desarrollo ha sido caótico, al punto que 11 organismos estatales tienen regionalizaciones diferentes entre sí y hay casos en que una misma provincia puede pertenecer a dos diferentes regionales de una misma institución.

Así se establece en el Informe sobre Desarrollo Humano: República Dominicana  2008 que destaca que aunque se han producido muchas iniciativas, no se ha logrado concretizar ninguna formulación  ni establecer una práctica sostenida de regionalización.

  Hay una gran dispersión en las agrupaciones provinciales por lo que se hace imposible articular una estrategia regional en el país.

La República Dominicana no tiene ningún nivel  intermedio que efectivamente opere para planificar la acción pública. "Ni siquiera las provincias, las cuales tienen competencias de representación, seguridad y otras de carácter general".

La región es la unidad básica de la planificación integral del desarrollo. La base de esta concepción es desconcentrar el gobierno a los  fines de racionalizar la política de inversión pública.

La Participación Ciudadana

Las tendencias que provocan la globalización y las políticas de ajuste llevan al aumento de amenazas pero también de oportunidades, donde las particularidades territoriales son de suma importancia para desarrollar una capacidad estratégica local. Para esta capacidad estratégica, cada municipio dispone de un conjunto de recursos humanos, naturales y financieros, un patrón histórico y cultural e infraestructuras, de un saber tecnológico que constituye su potencial de desarrollo.

La definición de políticas sociales está asociada a los actores que intervienen en las mismas, y en la medida en que pueden llegar a incidir o incorporarse en otras dimensiones. Si la participación en esas decisiones es escasa y los usuarios se convierten en observadores pasivos de la gestión, es porque esas decisiones se formulan de manera exclusivamente técnica.

Los actores se definen por su relación con el territorio, un lugar particular de la ciudad, y las relaciones entre quienes viven allí. Las personas permanecen o se alejan, sienten satisfacción o placer en determinadas actividades según la semejanza o diferencia que éstas tienen con el estilo de las actividades que se realizan regularmente.

Es necesario analizar las características del estilo de vida cotidiana de la población para comprender las razones de éxito o de fracaso de algunas propuestas, identificar las competencias de base con que cuenta y de generar la cooperación entre actores sociales, para el logro de propósitos compartidos[13]

Potenciando una integración desde los actores, se podrá lograr una identidad y autonomía desde una concepción ciudadana, demostrando la importancia de políticas de consenso y la configuración de nuevas áreas de solidaridad basadas en lo territorial, económico y cultural.

La participación ciudadana apunta hacia una transformación que imponen las demandas de la sociedad, tanto en lo que concierne al desarrollo de una institucionalidad de representación social capaz de controlar y presionar al gobierno, como de búsqueda de espacios sociales en los cuales los individuos logren producir actividades que expresen su necesidad. Esta participación se manifiesta en prácticas que, aunque referidas al ámbito estatal, no pretenden ejercer una influencia directa sobre él, sino controlarlo y presionarlo a través de la pluralización del debate público, desarrollado por organizaciones autónomas e informales.

2.7- SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

La globalización económica está produciendo múltiples efectos en la sostenibilidad ambiental. Las interacciones son tantas y tan complejas que sería demasiado simplista afirmar que se trata de ámbitos contrapuestos. Además no existen razones teóricas ni evidencia empírica suficiente o concluyente para demostrar que la relación entre globalización y sostenibilidad ambiental sea de signo único[14]

La escala creciente y acumulativa de las actividades humanas ha ocasionado impactos ambientales de carácter mundial ("males públicos globales") que no se reflejan en los mercados pero que afectan intereses comunes globales que escapan a las perspectivas nacionales. Se ha puesto de manifiesto una mayor interdependencia y vulnerabilidad ambiental entre países, independientemente de su grado de desarrollo, lo cual confiere un carácter singular a la tercera fase de la globalización, que corresponde al último cuarto del siglo XX.

Los principales canales de transmisión entre el fenómeno de la globalización y la dimensión ambiental son los cambios registrados en los flujos de comercio, inversión y tecnología. Se identifican los nuevos desafíos de cooperación internacional que emergen del reconocimiento de esta mayor interdependencia ambiental entre los países.

La Republica Dominicana se ha planteado contribuir a la identificación de oportunidades para elevar la efectividad de las políticas ambientales desde el punto de vista de los requerimientos de coordinación interinstitucionales y de los instrumentos de política al alcance de las autoridades, a fin de minimizar los costos económicos y sociales en que incurre la sociedad para alcanzar sus metas de calidad ambiental[15]

El país ha avanzado en la creación de espacios formales e informales de coordinación de políticas para abordar problemas ambientales específicos; no obstante, aún es necesario avanzar en el desarrollo de mecanismos de coordinación que permitan articular y alcanzar objetivos más generales de desarrollo económico, social y sostenibilidad ambiental.

La viabilidad del crecimiento económico se ve limitada por la posibilidad de conservar los recursos. Para esto es necesario el estudio de los umbrales máximo y mínimo, dentro de los cuales se pueden explotar un recurso sin afectar al equilibrio ecológico que le sostiene, y es responsable de su existencia.

La riqueza que puede suponer un recurso no viene, sólo, de la eventualidad de utilización inmediata, sino de su posibilidad de utilizarlo a largo plazo de forma sostenible y garantizando su permanencia.

Para ello se debe investigar cuál es la población mínima, o la cantidad del recurso mínimo, que asegura su regeneración como especie. Además, hay que determinar qué importancia tiene esa especie, o recurso, en el equilibrio del ecosistema y qué función cumple. Tan importante como asegurarse la renovación del recurso es garantizar la persistencia del ecosistema que le sostiene, ya que sin él el recurso desaparece.

El desarrollo económico viene, pues, de la posibilidad de utilizar un recurso asegurando su regeneración y su equilibrio ecológico, y la creación de una tecnología que haga menos agresiva la transformación de los recursos, de manera que se pierda menos peso en el proceso de transformación, utilizando menos energía o la energía liberada en el propio proceso de transformación. Cuanto mayor sea la eficacia del proceso de transformación, y menor el consumo de energía, mayores serán los beneficios económicos y ecológicos.

Existen numerosas industrias que, en el proceso de fabricación, generan calor, el cual podría aprovecharse para producir la electricidad necesaria. Es la cogeneración, en la cual, una planta puede producir la energía que consume e incluso más.

Además, sería necesario crear unas infraestructuras industriales y de transporte menos agresivas con el paisaje. Todo ello sin renunciar al desarrollo económico alcanzado. Pero no debemos olvidar que, si todo el mundo tuviese un grado de consumo similar al de los países desarrollados, el planeta no podría, con la tecnología actual, proporcionar recursos para todos.

Hay que tener en cuenta, que muchos de los productos generados por la industria son difícilmente degradables. Se debe evitar, en lo posible, que se conviertan en basura. Muchos de los productos utilizados por la industria, como el papel, el vidrio, las telas e incluso el plástico, son reciclables. Además, muchas de las basuras se generan porque los productos tienen un sólo uso. Cuanto más utilicemos productos de varios usos menos basuras generaremos. Es el caso de las bolsas de plástico utilizadas para la compra, cuando hasta no hace mucho se utilizaron bolsas de tela. La clave es reducir residuos, reutilizar productos y reciclar lo más posible, en suma, responsabilidad[16]

El mundo en el que vivimos forma un ecosistema muy complejo que debemos mantener en buen estado si queremos sobrevivir como especie. Cada vez está más claro que el comportamiento individual tiene un impacto decisivo en el medio y en el entorno.

CAPITULO III

Políticas sociales de la República Dominicana

3.1- CONCEPTUALIZACIÓN

La política social surge en el marco del Estado moderno como resultado de las luchas y conquistas de diferentes actores sociales, religiosos, trabajadores, etc., y determina el ejercicio de los derechos socioeconómicos.

Los objetivos de las políticas sociales son:

1) Garantizar el ejercicio de los derechos socioeconómicos y culturales

de toda la ciudadanía.

2) Minimizar la proporción de personas y hogares cuyas condiciones

de vida se ubican por debajo de lo que la sociedad considera aceptable, tanto económica como social y políticamente.

3) Promover el desarrollo de los talentos potenciales existentes en todos los grupos de la sociedad, eliminando progresivamente los privilegios y las discriminaciones jurídicamente establecidas, así como la desigualdad de oportunidades de cualquier tipo, incluyendo aquellas asociadas al origen social, étnico, geográfico o de género.

4) Buscar que ni el poder ni la riqueza, ni tampoco los frutos del progreso se concentren de tal manera que restrinjan el ámbito de libertad para las generaciones futuras y presentes.

Por lo tanto, el fin último de la política social es generar procesos de distribución y redistribución con el fin de reducir las desigualdades económicas, sociales, culturales, institucionales y espaciales que puedan incidir en la reducción de la pobreza estructural y en el mejoramiento de la calidad de vida de la mayoría de la población.

3.2- SISTEMA POLÍTICO DOMINICANO

El sistema político dominicano está basado en amplias facultades presidenciales para las cuales hay una insuficiencia de pesos y contrapesos de otros sectores del gobierno. El sistema no incluye virtualmente ningún límite al poder del Ejecutivo para adjudicar contratos públicos en forma directa sin el beneficio de procedimientos competitivos (concursos de licitación, solicitación de cotizaciones). Esta autoridad descomedida, agravada por una limitada fiscalización, puede utilizarse para compensar a los aliados políticos y contribuidores financieros, de acuerdo con lo sugerido por algunos interesados entrevistados durante la elaboración de esta evaluación fiduciaria[17]

Debido a que muchos cargos gubernamentales se asignan por medio de contactos personales en lugar de concursos competitivos basados en aptitudes técnicas, el Estado carece de un Servicio Civil profesional. Esta situación ha traído como consecuencia una capacidad débil, prácticas administrativas ineficientes, limitadas acciones para hacer cumplir las disposiciones normativas, aceptación generalizada de la falta de cumplimiento, y disminución de la confianza pública en el gobierno incluida su capacidad o deseo de responder a las inquietudes de los ciudadanos o prestar los servicios necesarios. Aunque se han emprendido múltiples iniciativas para realizar reformas en todos los sectores del gobierno, muchas de las instituciones del país han sido afectadas por el legado de su pasado autoritario, época en la que predominaban la subjetividad y las influencias personales, en vista de la ausencia de reglas y procesos administrativos claramente definidos. Este legado continua afectando a todos los aspectos del gobierno, creando círculos viciosos y haciendo difícil que las buenas prácticas se arraiguen y sirvan de elemento catalizador de mejoras a los sistemas. Entre los problemas concomitantes figuran los siguientes:

• Poco acceso público a información de calidad y bajos niveles de responsabilización en el gobierno.

• Proliferación de entes administrativos que con frecuencia ejercen funciones duplicativas y que solo raras veces coordinan sus esfuerzos.

• Falta de procesos administrativos establecidos y, como resultado, uso de enfoques discrecionarios y falta de respuestas institucionales.

• Limitados recursos técnicos para apoyar la función legislativa, produciendo como resultado políticas reguladoras débiles y una falta general de claridad y calidad en el marco regulador.

• Un Comité Electoral independiente con limitada capacidad para controlar el financiamiento de campañas o regular el financiamiento de los partidos políticos.

La debilidad del marco de control regulatorio de la República Dominicana y su incapacidad para desarrollar estrategias fiscales y monetarias adecuadas se volvió evidente en 2003 al declararse en quiebra Baninter, uno de los bancos de propiedad privada más grandes del país, descubriéndose serias irregularidades y prácticas fraudulentas. Según el Banco Central, los esquemas fraudulentos habían estado en operación durante más de una década, sin que hubieran sido detectados por los organismos de fiscalización.

La recompra por el gobierno en 2003 de inversiones privadas en dos empresas eléctricas responsables de la distribución de energía eléctrica puso al descubierto la mala calidad del marco regulador. Aunque el gobierno y el sector privado se han culpado el uno al otro por los problemas del sector energético, ambos han preferido recurrir a las negociaciones informales para superar los problemas relacionados con la Ley General de Electricidad de 2001, en lugar de centrarse en mejorar el marco regulador del sector de electricidad[18]

Instituciones legales débiles en la República Dominicana han obstaculizado la gestión económica y fomentado desincentivos que han afectado a la calidad de las instituciones políticas. Como resultado, ni los partidos políticos ni el personal decisorio en el gobierno ha defendido enérgicamente políticas económicas acertadas y transparentes apuntadas al logro del crecimiento y una distribución equitativa de los beneficios económicos del desarrollo. La debilidad del estado de derecho también puede contribuir a la perpetuación del amiguismo el cual, a su vez, debilita aún más el estado de derecho.

3.3- OBJETIVOS DESARROLLO DEL MILENIO (ODM)

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio, constituyen las metas finales que los dirigentes mundiales fijaron en la Cumbre del Milenio celebrada en septiembre de 2000. Estas metas o propósitos se conforman como una ambiciosa agenda para asuntos tales como reducir la pobreza a nivel mundial, así como sus causas y manifestaciones, tal y como fue plasmado en la Declaración del Milenio (NN.UU 2000) que fue aprobada por 189 jefes de estado y gobierno[19]

Los Objetivos del Milenio se concretan en un total de ocho puntos los cuales comprometen a los países a tomar nuevas medidas y aunar esfuerzos en aspectos tales como la lucha contra la pobreza, el analfabetismo, el hambre, la falta de educación, la desigualdad entre géneros, la mortalidad infantil y materna, la enfermedad y la degradación del medio ambiente. El octavo objetivo, el cual fue reafirmado en las Cumbres de Monterrey y Johannesburgo señaladas anteriormente, insta a los países ricos a adoptar medidas para aliviar la deuda, incrementar la asistencia y permitir a los países más pobres el acceso a sus mercados y tecnología. El compromiso de la Declaración del Milenio se centra, pues, liberar a todos los hombres, mujeres y niños de las condiciones (lamentables e inhumanas) de extrema pobreza. Este compromiso supone un planteamiento global por parte de los dirigentes mundiales cara a la erradicación de la pobreza dotando para ello recursos y disponiendo de conocimiento y tecnologías disponibles en la actualidad.De forma específica, los objetivos comprenden lo siguiente:

• Erradicar la pobreza extrema y el hambre.

• Lograr la enseñanza primaria universal

• Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer .

• Reducir la mortalidad infantil

• Mejorar la salud materna.

• Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades

• Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.

• Fomentar una asociación mundial para el desarrollo

La Republica Dominicana ha pesar de las tasas de crecimiento alcanzadas por la economía en los últimos años, tiene pocas probabilidades de reducir la pobreza en un 50 por ciento en los próximos cinco años.

Han sido las causas esenciales las circunstancias imprevistas, tanto internas como externas, la dificultad de cumplir de dicho objetivo y la crisis financiera interna, ocurrida en el 2003, en la cual varias instituciones bancarias se vieron severamente afectadas.

Como consecuencia de esa crisis, la economía decreció en -0.3%; la moneda se devaluó en más de un 100%; la inflación se disparó en forma preocupante y la tasa de desempleo pasó de un 13% a un 19%, indicó el Jefe de Estado.

En ese contexto, la pobreza, en lugar de disminuir, lo que hizo fue aumentar, y que no fue sino a partir del 2005 cuando la economía nacional empezó nuevamente a reactivarse y que los índices sociales también comenzaron a mejorar.

Desde principios de la década de los noventa, que es la fecha de referencia que se ha tomado para el establecimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la población dominicana aumentó en un 35%, al pasar de 7.2 millones de personas en 1990, a 9.7 millones en el momento actual[20]

El producto interno bruto se elevó de aproximadamente 123 mil millones de pesos, esto es, 22 mil millones de dólares, a 342 mil millones de pesos, o lo que es igual, 50 mil millones de dólares".

Otro factor que conspiró contra los Objetivos del Milenio, fue la crisis financiera y económica global desatada a finales del 2007, aún latente, como consecuencia del lento y aún frágil crecimiento de la economía global.

3.4- EDUCACIÓN Y SALUD

La educación constituye un factor clave en el desarrollo económico de los países fundamentalmente a través de dos vías, la educación secundaria y universitaria contribuye al incremento de la productividad del trabajo y por lo tanto al crecimiento económico, la enseñanza primaria es fundamental para lograr no solo el descenso de las tasas de natalidad o la reducción de la pobreza, sino también para lograr la realización personal de todos los individuos.

La reforma del sistema educativo es una prioridad para la República Dominicana como respuesta a la presión de la mundialización y las exigencias de la sociedad del conocimiento. Con el declive de sectores de la economía tradicional como el azúcar y las minas, el desarrollo del turismo, la entrada en la Organización Mundial del Comercio (1995) y la posible participación al Acuerdo de Libre Comercio de América Central ya se reconoce que la educación es un factor decisivo para el desarrollo sostenible de la economía. Durante los últimos quince años se realizaron progresos significativos en materia de reformas tanto de la educación obligatoria como de la educación superior[21]

El sistema educativo dominicano se financia principalmente con recursos del gobierno central, 52%, las familias, 39.0%, y las restantes fuentes proceden de préstamos externos, donaciones, recursos propios y aportes de las empresas privadas.

Las estadísticas del financiamiento a la educación dominicana revelan que los aportes de las familias han disminuido significativamente, a partir del año 2000, siendo la contribución del año 2005 similar al año 2000. De igual forma, el gobierno disminuyó significativamente su financiamiento, a partir del 2003, por efecto de la crisis económica que obligó a realizar ajustes presupuestarios que afectaron el gasto social de educación. Las demás fuentes de financiamiento como los recursos externos y de otras instituciones privadas tuvieron una importante participación que compensó en algunos años la reducción de los aportes del gobierno y de las familias.

Los indicadores de cobertura y eficiencia interna del sistema educativo dominicano evidencian que se ha avanzado muy poco en mejorar la calidad de la educación, corregir las ineficiencias y elevar la cobertura en Inicial y Secundaria, por los bajos recursos que han invertido el gobierno y la familia.

El presupuesto ejecutado del Ministerio de Educación en 2009 ascendió a RD$30,935.88 millones, de los cuales los gastos personales sumaron RD$21,190.75 millones, mientras que en los programas protegidos se invirtieron en el renglón repitencia, sobre edad, deserción en estudiantes de menores ingresos, RD$472 millones; en el Instituto Nacional de Formación, Capacitación Magisterial, RD$200 millones; en el Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña, RD$102.9 millones; en reparaciones y construcciones, RD$2,517.96 millones; en equipos y mobiliarios, RD$665.6 millones; en libros de texto y materiales didácticos, RD$578.9 millones, y en el desayuno escolar, RD$2,574.71 millones.

SALUD

Esta actividad registró un incremento de 3.9%, derivado del comportamiento positivo de la salud de mercado, 2.8% y de la salud no de mercado, 5.9%, debido al aumento de 3.1% del número de afiliados del Colegio Médico Dominicano (CMD). El desempeño positivo de la salud no de mercado, se atribuye al aumento de 4.8% en el personal médico de la Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSP), para los diferentes programas de prevención de enfermedades y la habilitación de centros asistenciales públicos en todo el país.

En el primer trimestre de 2010, la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) registró recaudaciones por un monto de RD$10,532,168,209, para un aumento de RD$1,372,725,65, equivalente a un 14.98%, con relación al primer trimestre de 2009, cuando los recaudos sumaron RD$9,159,442,555. El comportamiento positivo se mantuvo en todos los indicadores. El promedio mensual de recaudaciones pasó de RD$3,235,584,214.00 a RD$3,510,722,736, para un ascenso de 8.50%.

Los pagos del Seguro Familiar de Salud (SFS) aumentaron un 42.3% al pasar de RD$3,599,679,963.00 a RD$5,123,188,279; RD$1,523,508,316 más que en el primer trimestre de 2009.

En el renglón de Seguro de Pensiones de enero a marzo de este año se pagaron RD$4,915,796,873. En comparación, con igual período de 2009, cuando se registró la RD$4,297,909,263, el incremento es de un 14.37%.

Al 31 de de marzo de este año, 3 millones 700 mil dominicanos cuentan con cobertura de salud del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS); 2 millones 250 mil en el Régimen Contributivo y 1 millón 452 mil 434 en el Régimen Subsidiado[22]

El aumento en los recaudos es una evidencia de que el registro de trabajadores y empleadores va en aumento, producto de la confianza que genera la consolidación del SDSS en la sociedad dominicana.

3.5.- PROTECCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL

3.5.1.- SEGURIDAD SOCIAL

La seguridad social constituye el derecho de toda persona, independiente de su condición social, económica o de cualquiera otra índole a una protección contra los riesgos de enfermedad, vejez, discapacidad, cesantía por edad avanzada, maternidad y riesgos laborales. Tiene un carácter universal, por lo que no puede ser excluyente de nadie ni de nada.

El Sistema Dominicano de Seguridad social

El Sistema Dominicano de Seguridad Social (DSS) deberá proteger a todos los dominicanos y a los residentes en el país, sin discriminación por razón de salud, sexo, condición social, política o económica.

Entre las características más importantes en este sistema tenemos:

Obligatoriedad: La afiliación, cotización y participación tienen un carácter obligatorio para todos los ciudadanos e instituciones, en las condiciones y normas que establece la ley.

Integralidad: Todas las personas, sin distinción, tendrán derecho a una protección suficiente que les garantice el disfrute de la vida y el ejercicio adecuado de sus facultades y de su capacidad productiva.

Unidad: Las prestaciones de la Seguridad Social deberán coordinarse para constituir un todo coherente, en correspondencia con el nivel de desarrollo nacional.

Equidad: El Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) garantizará de manera efectiva el acceso a los servicios a todos los beneficiarios del sistema, especialmente a aquellos que viven y/o laboran en zonas apartadas o marginadas.Solidaridad: Basada en una contribución según el nivel de ingreso y en el acceso a los servicios de salud y riesgos laborales, sin tomar en cuenta el aporte individual realizado. De igual forma, cimentada en el derecho a una pensión mínima garantizada por el Estado en las condiciones establecidas por la ley que le rige[23]

Libre elección: Los afiliados tendrán derecho a seleccionar a cualquier administrador y proveedor de servicios acreditado, así como a cambiarlo cuando lo consideren conveniente, de acuerdo a las condiciones establecidas en la ley que le rige.

Pluralidad: Los servicios podrán ser ofertados por Administradoras de Riesgos de Salud (ARS), Proveedoras de Servicios de Salud (PSS) y por Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), públicas, privadas o mixtas, bajo la rectoría del Estado y de acuerdo a los principios de la Seguridad Social y la ley que le rige.

Separación de funciones: Las funciones de conducción, financiamiento, planificación, captación y asignación de los recursos del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) son exclusivas del Estado y se ejercerán con autonomía institucional respecto a las actividades de administración de riesgos y prestación de servicios.

Flexibilidad: A partir de las coberturas explícitamente contempladas por la ley que le rige, los afiliados podrán optar a planes complementarios de salud y de pensiones, de acuerdo a sus posibilidades y necesidades, cubriendo el costo adicional de los mismos.

Participación: Todos los sectores sociales e institucionales involucrados en el Sistema Dominicano de Seguridad Social (DSS) tienen derecho a ser tomados en cuenta y a participar en las decisiones que les incumben.

Gradualidad: La Seguridad Social se desarrolla en forma progresiva y constante con el objeto de amparar a toda la población, mediante la prestación de servicios de calidad, oportunos y satisfactorios.

Equilibrio financiero: Basado en la correspondencia entre las prestaciones garantizadas y el monto del financiamiento, a fin de asegurar la sostenibilidad del Sistema Dominicano de Seguridad Social.

3.5.2.- PLAN SOCIAL DE SALUD

El Plan Social de Salud de la República Dominicana tiene por objeto promover, proteger, mejorar y restaurar la salud de las personas y comunidades; prevenir las enfermedades y eliminar inequidades en la situación de salud y accesibilidad de los servicios.

El Estado canaliza una parte de los recursos obtenidos de la población de más altos ingresos en función de su capacidad de pago, por medio de la cotización obligatoria u otros mecanismos establecidos por los instrumentos jurídicos pertinentes, hacia aquella parte de la población cuyos ingresos sean insuficientes para autofinanciar su atención, ya fuere por condición social, vejez o enfermedad. Este principio se aplica dentro de cada una de las instituciones que forman parte del sistema, respetando su autonomía y objeto social[24]

La función de Financiamiento a las prestaciones de atención a las personas de menores ingresos se transfiere, vía subsidio a la oferta, al Seguro Nacional de Salud, el cual compra los servicios en los establecimientos de salud que se organizaran a través de redes de prestación con vocación pública, descentralizadas y de ámbito regional. Estas redes posteriormente conformarán los Servicios Regionales de Salud, con autonomía jurídica y administrativa.

3.5.3- PLAN DE PENSIONES

La República Dominicana posee un régimen previsional de limitada cobertura, donde coexisten los programas básicos de previsión social que lleva a cabo el Estado, los planes de pensiones ofrecidos por algunas empresas privadas y desde 1998 los fondos de pensiones ofrecidos por las AFPs bajo un esquema voluntario.

En lo que concierne al Estado, la mayor actividad es realizada a través del Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS), el cual además de pensiones ofrece servicios asistenciales en materia de salud, seguros de accidentes de trabajo y sobrevivencia. Están obligados a cotizar al IDSS los trabajadores con ingresos de hasta RD$ 4,012.00 mensuales, equivalentes a US$250.00 (doscientos cincuenta dólares de los Estados Unidos de Norteamérica) o cuya actividad laboral, por su nivel de riesgo, requiere estar cubierta. Los recursos que percibe el IDSS son administrados bajo un régimen de reparto.

Asimismo, las empresas privadas por iniciativa propia han creado planes de pensiones para cubrir el retiro de sus trabajadores. Existen a su vez empresas o instituciones de carácter estatal que han desarrollado sus propios planes de pensiones que son manejados de manera similar a los fondos de pensiones de las empresas privadas. Dentro de este ámbito funciona el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional (ISSFAPOL).Tanto los fondos de las empresas privadas como los de instituciones estatales y las Fuerzas Armadas son administrados bajo el sistema de reparto[25]

El Poder Ejecutivo creó en agosto de 1996 la Comisión de Reforma de la Seguridad Social, con carácter tripartito, que tenía como asesores un equipo técnico de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Dicha Comisión presentó una propuesta de Ley marco, denominada "Ley de Bases de la Seguridad Social", que auspicia un sistema mixto de dos pilares, con un primer pilar de capitalización colectiva (reparto), administrado por el Instituto de Seguridad Social (ISS) de naturaleza estatal, y un segundo pilar complementario de ahorro individual, de administración privada.

En ese contexto surgen las Administradoras de Fondos de Pensiones privadas (AFPs), amparadas en principios constitucionales y de derecho privado, al no existir en la actualidad una Ley específica sobre la materia. El modelo de servicio y de gestión escogido por las Administradoras es el de capitalización individual.

En el país a partir de abril de 1998 se crean las AFPs, existiendo a la fecha cuatro Administradoras que son la Administradora de Fondos de Pensiones Popular, la Administradora Fiduciaria, la Administradora American Life y la AFP Siembra.

Es preciso destacar que en noviembre de 1998 se creó la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones (ADAFP) siendo sus miembros las Administradora de Fondos de Pensiones antes señaladas, cuyos objetivos fundamentales consisten en estrechar los vínculos entre las AFPs, promover y coordinar las actividades de sus asociados, propiciar el establecimiento de un marco legal adecuado para el desarrollo de un sistema de fondos de pensiones basado en el ahorro individual y mantener relaciones con instituciones análogas de otros países.

ADAFP está consciente de que es una necesidad proveer a los trabajadores y empleados de un sistema de pensiones confiable que les asegure en el momento de su retiro una pensión digna. Para lograr estos fines se hace necesario una reforma al sistema de pensiones, para adecuarlo a las necesidades actuales de la población y que a su vez contribuya al crecimiento económico del país.

En ese sentido, constituye un compromiso y un gran reto para la membresía de ADAFP crear un ambiente propicio para el buen funcionamiento de las Administradoras de fondos de pensiones, de manera que se garanticen los recursos de los afiliados y niveles adecuados de las pensiones que se otorguen en este sistema basado en la capitalización individual.

Para asegurar que las administradoras existentes así como las que pudieran surgir tengan el nivel solvencia y de activos sujeto a riesgos que permitan en todo momento preservar los fondos administrados ADAFP ha recomendado a sus miembros establecer mecanismos de autorregulación que permitan un adecuado control interno tanto operativo y administrativo como de gestión de las AFPs[26]

En lo que concierne al marco legal que servirá de base al sistema de pensiones, en septiembre de 1998 un grupo de Senadores sometió al Congreso Nacional un Proyecto de Ley sobre Seguridad Social basado en capitalización individual, el cual a pesar de tener algunas inconsistencias, establece un sistema moderno de Seguridad Social que de manera eficiente permite otorgar pensiones dignas para los trabajadores en el momento de su retiro.

3.6- GABINETE SOCIAL

Es una instancia de coordinación de la formulación, ejecución y evaluación de las políticas sociales vinculadas a las instituciones que lo integran.

Esta integrado por un conjunto de instituciones públicas, establecidas por el Poder Ejecutivo, con el objetivo de coadyuvar a la definición, establecimiento y seguimiento de la agenda estratégica de la política social; conocer, atender y dar seguimiento a las demandas sociales; recomendar acciones preventivas para el abordaje de problemas reales y potenciales que pudieren afectar el sector social; y dar seguimiento a la ejecución de estos programas y planes.

 Las funciones generales del Gabinete de Coordinación de Política Social establecidas en el Decreto que instituye los Gabinetes Sectoriales de Coordinación de Políticas son las siguientes: 

• Coordinar el proceso de formulación, ejecución y evaluación de las políticas sociales del gobierno.

• Diseñar, establecer y dar seguimiento a una agenda estratégica del sector social e informar oportuna y consistentemente al Presidente de la República sobre su evolución.

• Conocer, atender y dar repuesta colegiada y efectiva a la demanda social en las materias vinculadas a su ámbito de acción.

• Recomendar al Presidente de la República, cursos de acción preventiva para el abordaje de problemas reales y potenciales que pudieren afectar el sector.

• Analizar y hacer recomendaciones acerca de los asuntos de carácter general que tengan relación con las Secretarías de Estado y demás instituciones que lo integran.

• Estudiar los temas que afecten la competencia de varias Secretarias de Estado y que requieran la elaboración de propuestas conjuntas, previa a su resolución.

• Responder ante el Presidente de la República del comportamiento general del sector que coordina, de manera particular sobre la eficacia y calidad de la ejecución presupuestaria de las instituciones que lo integran, así como del impacto alcanzado por sus ejecutorias.

3.7- DESEMPEÑO MACRO-ECONÓMICO

El Banco Central de la República Dominicana presentó a la consideración de los agentes económicos y el público en general, el balance preliminar del desempeño macroeconómico del país durante 2009 en el contexto de América Latina.

Los resultados obtenidos para 2009 muestran que el país pudo sortear con éxito los efectos de la crisis global, y que desde finales del pasado año registra un proceso sostenido de reactivación económica.

Al cierre del año 2009, la economía dominicana creció 3.5%, el crecimiento más alto de América Latina, sustentado en las actividades económicas orientadas a satisfacer la demanda interna, estimuladas por las medidas de política monetaria y fiscal[27]

Las bajas presiones inflacionarias en la mayoría de países latinoamericanos, con excepción de Venezuela, contribuyeron a la flexibilización de la política monetaria.

En República Dominicana, la inflación fue de 5.76%, por debajo de lo programado en el Programa Monetario y en el acuerdo Stand-by el FMI. Para contrarrestar los efectos de la crisis, durante el 2009 el Banco Central adoptó un conjunto de medidas para dar mayor liquidez a la economía, reactivar el crédito y reducir las tasas de interés.

En adición, ejecutó una política cambiaria que permitió la estabilidad relativa de la moneda y aumentar la competitividad de nuestras exportaciones respecto a la mayoría de las economías latinoamericanas.

A pesar del deterioro del entorno internacional, el flujo de inversión extranjera directa fue favorable, ocupando el tercer lugar entre los países de América Latina en mayor inversión extranjera como proporción del PIB.

En 2010, los resultados preliminares del Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE), muestran que la tendencia de crecimiento en enero-febrero se ubica en torno al 6%, lo que refleja el sostenido proceso de recuperación iniciado en el último trimestre de 2009.

Esta tendencia permite estimar que la economía crecería en el trimestre enero-marzo alrededor de 6%, y podría superar las proyecciones de cierre de 2010.

La inflación acumulada durante el primer trimestre fue 2.33%, lo que permite augurar, considerando la estacionalidad de la economía dominicana, que la inflación se mantendrá durante el año 2010 en el rango establecido en el programa monetario.

Asimismo, el aumento de 11.4% de las exportaciones de bienes nacionales y de 14.2% de las importaciones nacionales durante los primeros dos meses de 2010, son consistentes con la reactivación de la actividad comercial. Igualmente, la llegada de pasajeros no residentes creció 3.97% en enero-marzo.

El crecimiento durante siete meses consecutivos de este indicador refleja una recuperación gradual de la actividad turística.Por su parte, el riesgo país dominicano registra un nivel similar al promedio de la región latinoamericana, lo que contribuye a mantener el flujo de inversión extranjera hacia el país.

Como resultado de las medidas adoptadas durante 2009, el crédito al sector privado en moneda nacional, mantiene un crecimiento anualizado de 16.4% a marzo 2010, consistente con la expansión del PIB nominal.

Esto refleja la canalización de RD$41,889.2 millones del sistema financiero hacia la economía en dicho período, particularmente a los sectores productivos.

Este dinamismo del crédito ha sido impulsado por las bajas tasas de interés, efectuándose operaciones entre 8% y 9% para adquisición de viviendas y otras actividades.

A la par de este comportamiento, el sector financiero refleja mejorías en sus principales indicadores de gestión.

En materia fiscal, las recaudaciones han mejorado al aumentar en 6.6% durante el periodo enero-marzo 2010 respecto al mismo periodo del año pasado. Esto contribuirá a cumplir la meta establecida para 2010 en el acuerdo con el FMI.

En síntesis, los resultados de la presente publicación evidencian que la economía se encuentra en un franco proceso de recuperación, mejorando la posición del país en el contexto latinoamericano.

Tal como reconoció el propio FMI en su más reciente comunicado: "La política fiscal contra-cíclica, apoyada por una política monetaria acomodaticia y el financiamiento externo, ha evitado una profundización de la ralentización económica y está sustentando la incipiente recuperación".

Esta tendencia, junto a la esperada recuperación de la economía de los Estados Unidos durante la segunda mitad del año, permite augurar un crecimiento económico para 2010 superior al estimado en el acuerdo con el FMI, con mayores niveles de empleo y control de la inflación, en un ambiente de crecimiento con estabilidad macroeconómica.

3.8- EVOLUCIÓN DEL GASTO SOCIAL

El gasto social es el mecanismo por excelencia que tienen los gobiernos para mejorar las condiciones de vida de la población. En República Dominicana el gasto social es extremadamente bajo lo que es un reflejo del reducido tamaño del Gobierno en la economía y la baja prioridad del gasto social en el gasto total. El gasto social ha tenido un comportamiento pro-cíclico en los últimos 10 años por lo que cae drásticamente en el contexto de la crisis económica reciente. El retorno a la estabilidad macroeconómica y las proyecciones de reducción de la inflación tendrán un impacto positivo en el gasto social para el 2010. Sin embargo, dados los bajos niveles de ejecución en el primer cuatrimestre del año, el gasto social podría ser el más bajo en los últimos años, ubicando al país como el que menos gasta en salud y educación en toda América Latina y el Caribe. El país deberá en el corto y mediano plazo aumentar el volumen de recursos destinados a los sectores sociales, en particular, educación, salud y seguridad social. En el contexto de las restricciones estructurales que enfrenta el Gobierno Central, los esfuerzos deberán estar encaminados en los próximos años a la asignación de mayor prioridad del gasto social dentro del presupuesto nacional y a la mejora de la efectividad y eficiencia del mismo.

3.8.1.- EN EL SECTOR EDUCACIÓN

En los últimos 45 años la República Dominicana se ha acostumbrado a destinar un bajo porcentaje del presupuesto a la inversión en educación,  lo que ha dado como resultado escuelas con pocos recursos y la ubicación del país en los últimos lugares en relación con la calidad educativa.

Los gobiernos no han tenido como prioridad ese renglón y  lo demuestran con  el problema del financiamiento, que no ha sido consistente a través del tiempo, pues en algunos años aumenta pero en otros baja.

En el 2009, el país dispuso de  RD$67,995.90 millones en el sector educación, de los cuales el gasto funcional del Gobierno Central   alcanzó RD$36,816.10 millones,  equivalente a un 10.8% del gasto total y 2.2% del PIB, mientras que las familias sin incluir el nivel superior invirtieron en ese año  RD$31,179.80 millones.

Entre 2004 y 2009, el presupuesto ejecutado por el Ministerio de Educación fue de RD$127,716.61 millones y el de Educación Superior para  2006-2009, ascendió a RD$17,356 millones. En 2009, Educación Superior gastó en actividades centrales RD$223.5 millones; en servicios de educación superior, RD$70.7 millones; en servicios de ciencia y tecnología, RD$18.8 millones; en administración de contribuciones especiales, RD$1,593.48 millones y en administración de activos, pasivos y transferencias, RD$3,726.34 millones[28]

Ambas instituciones realizan esfuerzos por superar escollos, y aunque se requieren más recursos, lo que se debe hacer con los existentes es darle el uso correcto para continuar la mejora del sistema educativo nacional. De acuerdo con los expertos, los resultados en educación nunca se ven a corto plazo.

Los recursos ejecutados  por las instituciones de educación superior en el país entre 2005 y 2009 alcanzaron RD$14,400.00 millones, de los cuales la Universidad Autónoma de Santo Domingo gastó RD$12,798.21 millones y las demás universidades RD$1,601.83 millones.

Aunque la inversión mejoró  levemente  a partir de la entrada en vigencia de la Ley General de Educación, la 66-97, no supera la mitad de lo que obliga esa legislación. El gasto público en educación desde 1995 hasta el 2009, en relación al PIB, no sobrepasó el 2.5%.

La ley dispone que el gasto en ese sector debe ser igual al 16% del gasto total del Gobierno y el 4% del PIB, pero a pesar de ese mandato legal ni siquiera llega al 15 ni al 3%, respectivamente. Las disposiciones de esa ley no han sido cumplidas por ninguno de los gobiernos.

En lo adelante, uno de los grandes retos de los gobiernos será aumentar el presupuesto de la nación para incrementar el gasto social, sobre todo el de educación, y así cerrar la brecha que el país tiene con el resto de la región, pero además  pagaría la deuda histórica con los sectores marginados del país.

Si se quiere hacer de República Dominicana una nación más competitiva, se debe priorizar  en educación para elevar la competitividad y productividad de los recursos humanos haciéndolos más capaces a través de la enseñanza, convirtiendo el centro educativo en un eje, en una verdadera comunidad de aprendizaje, pero para lograrlo hay que hacer cuantiosas inversiones en ese sector, no mañana, sino hoy. 

El presupuesto ejecutado del Ministerio de Educación en 2009 ascendió a RD$30,935.88 millones, de los cuales los gastos personales sumaron RD$21,190.75 millones, mientras que en los programas protegidos se invirtieron en el renglón repitencia, sobreedad, deserción en estudiantes de menores ingresos, RD$472 millones; en el Instituto Nacional de Formación, Capacitación Magisterial, RD$200 millones; en el Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña, RD$102.9 millones; en reparaciones y construcciones, RD$2,517.96 millones; en equipos y mobiliarios, RD$665.6 millones; en libros de texto y materiales didácticos, RD$578.9 millones, y en el desayuno escolar, RD$2,574.71 millones.

3.8.2.- EN EL SECTOR SALUD

El gasto público en salud ha sido bajo, entre el 1% y el 2% del PIB, muy inferior a los patrones internacionales (3%). Este porcentaje representa un tercio de todo lo que el país destina al cuidado de la salud, los dos tercios restantes lo gastan las familias. Además, el 70.8% del gasto es directo, no programado a través de alguna forma de aseguramiento.

El 50% del gasto público en salud se dedica a la atención a las personas, mientras solamente el 14% se dedica a salud colectiva y el 3.5% a las acciones de rectoría.

Esta estructura de gasto en salud privada y pública afecta principalmente a las familias más pobres, las que tienen generalmente peor salud y utilizan menos los servicios disponibles, aún cuando la atención sea gratuita. La mala calidad de la atención pública incide en que incluso las personas de escasos recursos gasten parte de su presupuesto en pagar servicios de salud privados pensando que estos pueden ser mejores. Hay que notar que, si bien la enfermedad puede ser una pesada carga para la población pobre, las enfermedades catastróficas pueden convertirse en calamidades económicas aún para los no pobres, tanto por la pérdida de ingresos como por los costos del tratamiento.

El gasto general en salud en la República Dominicana es de un 7% anual, como proporción del Producto Interno Bruto (PBI), lo que con relación a la región es considerado aceptable[29]

El gasto en salud en el país se asigna básicamente a los hospitales,  que manejan más del 40% de los recursos, mientras los centros ambulatorios obtienen menos del 20%.

Las farmacias y otros establecimientos que distribuyen medicamentos tienen  el 15% de los recursos.

Hay una gran debilidad técnica en el personal responsable, tanto a nivel de Salud Pública como en las instituciones descentralizadas",  afirma el documento.

Se da trato inadecuado a la población que acude a los centros de salud. El país tiene los más altos costos en los precios de los medicamentos.

Los programas de salud colectiva requieren ser reformados y modernizados, hay problemas con el financiamiento y se ha funcionado en base a donaciones y préstamos internacionales. También ha habido flujo de dinero asignado ante coyunturas o emergencia nacional.

3.8.3.- DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO

3.8.3.1.- COEFICIENTE GINI

El coeficiente Gini, inventado por el estadístico italiano Corado Gini es un número entre cero y uno que mide el grado de desigualdad en la distribución del ingreso en una sociedad determinada. El coeficiente registraría cero (0.0= desigualdad mínima) para una sociedad en la que cada miembro recibiera exactamente el mismo ingreso y registraría un coeficiente de uno (1.0= desigualdad máxima) si un miembro recibiera todo el ingreso y el resto no recibiera nada.