Teoría del Estado – Unidad 8 – Dilemas de superviviencia. La postmodernidad (página 3)

La naturaleza del comercio internacional se ha modificado radicalmente desde la II Guerra Mundial. Antes, las multinacionales realizaban sus operaciones en un país y sus actividades en otros se limitaban, en un principio, a la venta de productos. Ahora manufacturan productos en cualquier lugar del mundo. Ello permite a las compañías obtener ventajas de diverso tipo en cada Estado: por ejemplo, mano de obra barata, trabajadores cualificados, recursos naturales o una legislación fiscal y comercial ventajosa. Las multinacionales han generado mercados globales para sus productos. Su creciente poder amenaza a los distintos gobiernos nacionales, que deben sopesar la necesidad de la inversión y el comercio extranjeros con el deseo de preservar su soberanía y cultura nacionales.

Crecimiento de las economías asiáticas

Al tiempo que la economía mundial crecía en las décadas de 1980 y 1990, el centro de la actividad económica se trasladaba de Europa y Norteamérica a Asia. Desde su reciente industrialización, Corea del Sur, Hong Kong y Singapur han registrado un crecimiento económico y una prosperidad extraordinarias, utilizando estrategias basadas en el aumento del comercio exterior y de sus exportaciones. China logró una media de crecimiento anual del 10% entre finales de la década de 1980 y principios de la de 1990, utilizando un modelo de desarrollo económico parecido, que ha prolongado en el tiempo y que le coloca como gran candidata a potencia económica mundial en el siglo XXI. En cambio, la mayor parte de África ha mantenido una tendencia negativa en sus niveles de vida. El cambio económico global ha alterado también el equilibrio del poder político.

La economía política internacional se convirtió rápidamente en una disciplina académica en la década de 1980.

Liberalismo y mercantilismo

Quienes abogan por políticas liberales en economía internacional apoyan la libertad comercial y de mercado, y se oponen a la legislación o a la intervención reguladora por parte de los gobiernos. El compromiso con el libre mercado es la base de la "ventaja comparativa", idea desarrollada por los economistas británicos Adam Smith y David Ricardo a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. De acuerdo con la teoría de la ventaja comparativa, un país determinado puede producir y exportar determinados bienes y servicios mejor que otro, debido a que posee los recursos naturales y la cualificación laboral que se necesita para la producción de esos bienes y servicios. Los Estados se especializarían en la producción de bienes y servicios en los que tienen una ventaja comparativa, utilizando los beneficios obtenidos para importar otros bienes y servicios que precisen. Los liberales argumentan que tales prácticas maximizan la creación de riqueza global y hacen crecer el patrimonio de cada país, aunque no necesariamente la igualdad.

Las políticas mercantilistas, por el contrario, favorecen un mayor control político sobre los mercados y los intercambios. En concreto, abogan por el uso de políticas proteccionistas que incluyan aranceles, subsidios y otras medidas que protejan a las compañías nacionales frente a sus competidoras extranjeras. Los mercantilistas reclaman políticas comerciales, monetarias y de intercambios como base para el fortalecimiento de la posición de fuerza de un país respecto a los otros. En los siglos XVI y XVII, por ejemplo, las monarquías controlaban las economías nacionales en Europa. En esa época, las autoridades consideraban que el excedente comercial (cuando los beneficios de las exportaciones superaban los costes de las importaciones) debía destinarse a la constitución de un fondo de oro o plata, que se podría utilizar cuando los necesitara el ejército en caso de guerra. A los mercantilistas les preocupa menos que a los liberales aumentar la riqueza global. Se centran en la fuerza tanto económica como política de sus países en relación con los rivales.

Los liberales toleran temporalmente la protección de la industria nacional en algunos casos, como cuando la industria automovilística o del acero precisa un tiempo para establecerse antes de poder competir en los mercados globales. Las políticas también se enfocan a la protección de las industrias consideradas esenciales para la seguridad nacional.

Marxismo

Las ideas de Karl Marx ofrecieron un enfoque filosófico-político completamente diferente para comprender el comportamiento y las políticas económicas. El marxismo incide en la desigualdad de la relación entre clases económicas y la vulnerabilidad de los grupos económicos más pobres para ser explotados por los grupos más ricos y poderosos. Los marxistas ven las relaciones económicas internacionales como una extensión de la lucha de clases entre ricos y pobres. El enfoque marxista ha disminuido su influencia desde finales de la década de 1980, especialmente tras la desintegración del bloque soviético y el proceso de transición al capitalismo en China. Sin embargo, las teorías marxistas aún suscitan el interés de los estudiosos, especialmente en el análisis de las relaciones entre los países ricos y pobres.

El problema de los bienes colectivos

Los especialistas que estudian cómo cooperan los países a pesar de la falta de un gobierno central a escala mundial dedican una atención especial al denominado "problema de los bienes colectivos". Un bien colectivo es cualquier beneficio del que disfruta un grupo, sin importar en qué medida haya contribuido cada uno de los miembros que lo componen. Cada individuo se enfrenta a la tentación de contribuir en menor medida que los demás al mantenimiento de ese bien colectivo. No obstante, si muchos miembros dejan de cumplir con su responsabilidad, el bien dejará de existir. Por ejemplo, los bancos de pesca de los océanos son un bien colectivo. Cada país se beneficia de ellos, pero si todos los países pescan demasiado, las reservas mundiales decrecerán. En el ámbito de las políticas económicas nacionales, los gobiernos solucionan el problema de los bienes colectivos mediante leyes, como la obligación de pagar impuestos.

El problema de los bienes colectivos afecta prácticamente a todos los ámbitos de los que se ocupa la economía política internacional. En las relaciones comerciales, cada país aprovecha su habilidad para exportar sus productos a otros mercados nacionales, pero puede salir beneficiado si eleva sus aranceles para restringir las importaciones. En el intercambio mundial de divisas, a todos los países les beneficia que exista un tipo de cambio estable, lo que facilita los negocios y el comercio, pero le puede convenir devaluar unilateralmente su propia divisa para rectificar un déficit comercial. Las soluciones a los problemas relacionados con los bienes colectivos en la economía política internacional suelen incluir la formulación de acuerdos y creación de instituciones internacionales que coordinan las acciones de varios países. Los estudiosos "institucionalistas neoliberales" encuentran tales soluciones posibles, aunque imperfectas. Sin embargo, los estudiosos "realistas" son mucho más pesimistas en cuanto a la resolución de los problemas de los bienes colectivos, porque ven a los países más interesados en su propio beneficio y muy motivados por el deseo de aumentar su poder respecto a otros Estados.

Futuro de la economía política internacional

En la década de 1990 el liberalismo ha prevalecido sobre el mercantilismo y el marxismo en los debates académicos y políticos relativos a la economía política internacional. La expansión global del comercio internacional, los negocios y el intercambio de divisas ha sustentado en gran parte el argumento liberal sobre los beneficios que supone el libre comercio y los mercados abiertos. Pese a los problemas de los bienes colectivos y otros obstáculos para la cooperación internacional, los gobiernos nacionales y las organizaciones internacionales han encontrado formas eficaces de cooperación.

La economía política internacional se enfrenta a un buen número de retos en las próximas décadas. Aunque la integración regional entre las distintas economías nacionales avanza, ha emergido también un potencial divisor del mundo en tres bloques comerciales rivales: Europa, América y Asia. La cada vez mayor interdependencia entre países ricos y pobres se ha convertido en una rémora mundial, generando un creciente aislacionismo en Estados Unidos, xenofobia contra los inmigrantes en Europa y violentos movimientos islámicos antioccidentales en Oriente Próximo y el norte de África. La estabilidad de la economía global interdependiente se ha visto afectada también por la profunda crisis económica de la antigua Unión Soviética, el deterioro social y económico de África y las oscilaciones de las principales economías latinoamericanas. Por último, debe citarse también la creciente resistencia planetaria a la globalización capitalista. Su expresión más notoria, las multitudinarias manifestaciones que rodean a cualquier reunión de los grandes organismos internacionales, son ya un factor influyente para los líderes del mundo.

Lectura Opcional

ANÁLISIS DE LA GLOBALIZACIÓN DESDE LA ECONOMÍA

La globalización es un factor importante que ha contribuido a la disfuncionalidad de las instituciones del mercado, la sociedad y el Estado, generando graves consecuencias en la economía, la política, la sociedad y la cultura de nuestros pueblos. Los intereses de las empresas transnacionales se contraponen con los intereses de las grandes empresas nacionales y con más razón de las medianas, pequeñas y micros, al grado de que muchas de éstas sucumben a los embates del capital transnacional. Además, los intereses de los dueños de este capital e inversionistas se sobreponen a los intereses colectivos de las sociedades. Los procesos de diferenciación por los que atraviesan los Estados-nación bajo la globalización, reducen las funciones y los recursos del Estado en beneficio del mercado y de la denominada sociedad civil. Por lo tanto, la lógica financiera que quiere avanzar conjuntamente con la lógica de la democracia, también entran en conflicto.

El Estado-nación ya no puede dar marcha atrás y volver a proteger su economía, ni tampoco orientarse a la demanda social, bajo las condiciones que le impone la globalización. En parte esto se explica porque la evolución del capitalismo ha requerido del Estado para que cumplan con ciertas tareas que no le proporcionan beneficios directos y por lo tanto influye en su comportamiento. El Estado es en cierta manera, un representante oficial del capitalismo. El Estado surgió como un instrumento para salvaguardar los intereses del capital y como una necesidad de gobernabilidad de una sociedad con una división de clases sociales. Una de las cuales, la clase dominante, necesita de instrumentos para proteger sus intereses garantizando y creando las condiciones necesarias para la reproducción y acumulación de procesos y medios de producción que son el origen de su poder y riqueza.

El Estado se formó en el siglo XVII y se consolidó en el XIX tanto el ámbito de la ideología, las organizaciones y las instituciones. Para lograr sus propósitos, imponen la racionalidad del sistema, las condiciones legales y las políticas que guían la acción de las instituciones económicas y sociales. El Estado tuvo como objeto muchas propiedades mensurables tales como el poder y la riqueza. Las condiciones de operabilidad del capitalismo cambian y ahora necesita de un Estado mínimo, cuya existencia haga viable un gobierno para el mercado. El nuevo rol que el capital tiene en la globalización requiere de una subordinación del Estado a sus intereses

La sociedad civil intenta buscar respuestas a la dominación capitalista neoliberal supranacional en el mismo plano a través de la experimentación de procesos autorganizativos. Las normas sociales que promueve tienen el potencial para infundir una nueva moralidad a la economía. Pero ni el Estado, ni el mercado, ni la sociedad civil tienen la suficiente capacidad por sí mismas para lograr la gobernabilidad de una sociedad.

El mercado no tiene la suficiente capacidad para cohesionar una sociedad que presenta fisuras por problemas de diferencias políticas, étnicas, religiosas, etc. y por conflictos de intereses. El mercado es una fuente constante de conflictos y tensiones sociales que deben ser resueltos por un proyecto político. Screpanti (1999) ha acuñado el término "estructuras de gobernabilidad de acumulación" para definir los sistemas que gobiernan los usos de la plusvalía que sostienen la acumulación, tales como los "mercados de bienes", los "mercados compañías" o mercados para el control corporativo, las jerarquías externas y las jerarquías internas. Los mercados de bienes o mercancías son aquéllos en los que los consumidores individuales y organizacionales aparecen como sujetos y los objetos de transacción son insumos y productos reales, dinero y créditos. Los mercados compañías o mercados para el control corporativo son aquéllos que tratan a las empresas como cosas que son el objeto de la transacción. Las jerarquías internas son estructuras de relaciones que unen a los miembros de una organización. Las estructuras externas son estructuras de relaciones de poder y subordinación entre las organizaciones. El mercado, dice Soros, reduce todo, incluidos los seres humanos (mano de obra) y la naturaleza (tierra) a mercancía. Podemos tener una economía de mercado, pero no podemos aceptar una sociedad de mercado. Además de los mercados, la sociedad necesita instituciones que sirvan a fines sociales como la libertad y la justicia social. Esas instituciones existen en países concretos, pero no en la sociedad global, continúa diciendo.

A su vez, una sociedad que aprecia la libertad tiene en el nihilismo un reto para evitar al Estado totalitario que bajo su poder involucra y sofoca a los seres humanos. De acuerdo con Henderson (1996), las asimétricas consecuencias sociales, políticas, económicas y territoriales de la globalización son parcialmente un resultado de la lógica de los procesos de globalización por sí mismos. También, parcialmente de las relatividades de la economía nacional y el poder geopolítico, y parcialmente de la constitución, prioridades y lógicas de las formas de capitalismo que organiza los espacios nacionales y locales. Vista la globalización desde estos espacios, es la continuidad de la experiencia capitalista. La globalización es una etapa superior del desarrollo del sistema capitalista. El Estado ya no desempeña las funciones que tenía anteriormente, dejando un vacío que no ha podido cubrirse por ninguna de las instituciones existentes.

La comprensión adecuada de nuestra condición presente, demanda atención a la conceptualización y teorización de los recursos, naturaleza y consecuencias de la globalización de las diferentes formas de capitalismo que ahora organizan sus respectivos territorios dentro de la economía mundial y a sus múltiples articulaciones. Bajo la tesis de que el capitalismo globalizador es un proceso de destrucción creativa como resultado de un manejo de las tensiones entre caos y orden, se explica que las empresas globales están reemplazando a las empresas que operan solamente en un territorio nacional. En este sentido, el poder de sobrevivencia del capitalismo global depende de su capacidad para corregir sus propias deficiencias.

La productividad del capitalismo globalizador es resultado de una incesante y brutal destrucción de cadenas industriales locales y regionales, estilos de vida nacional, etc. Por ejemplo, en los términos de producción, distribución y consumo, se confronta con un dilema: entre la producción orientada hacia la satisfacción de las necesidades de un mercado nacional y la producción competitiva orientada para insertarnos en un mercado globalizado bajo el supuesto de que la información en ese es virtualmente perfecta.

Las organizaciones son dominios importantes para el análisis crítico de las esferas públicas y privadas. Las organizaciones están pasando por un período crítico de autodiagnóstico para determinar sus capacidades y competencias que les permitan no solamente su sobrevivencia, sino también asegurar cierta continuidad a sus operaciones y funciones en un mercado global. Una política crítica debe respaldar la idea de trabajo organizacional. La dinámica de la economía ha hecho obsoletos muchos mecanismos a nivel micro para la administración de los costos organizacionales. Las organizaciones pueden ser vistas como unas economías en miniatura en las cuales la propiedad de los activos conlleva el poder de los directivos para definir las reglas del juego.

Las organizaciones, sobretodo las empresas, son creadas para reducir los costos de transacción asociados con el uso de los sistemas de precios. Sin embargo, Riordan y Williamson (1985) en su discusión sobre la economía de los costos de transacción y la elección organizacional anticiparon que la elección organizacional puede estar influenciada por la búsqueda de la eficiencia y por la estrategia bajo una competencia de números pequeños. Los análisis sobre la economía de los costos de transacción y de otros acercamientos organizacionales a la administración estratégica no incorporan el conflicto estratégico. Nickerson y Bergh (1999) sugieren que la elección de gobernabilidad para una transacción intermedia puede estar condicionada por los atributos tanto por la misma transacción como por consideraciones estratégicas en la transacción empresa–cliente. Por lo tanto, para estos autores, economizar y estrategizar son actividades relevantes a la elección organizacional.

Los conceptos de los costos de transacción de la historia económica (North and Thomas, 1973) ayudan en los análisis de las relaciones entre el gobierno y el mercado y en los diferentes arreglos institucionales que existen para subsanar las llamadas fallas tanto del mercado como del sector público, justificando hasta cierto punto las intervenciones del gobierno. Los diferentes trabajos de North (1981, 1990, 1993) analizan los incrementos de los costos de transacción y coordinación como resultado de una creciente complejidad de la actividad económica y los avances tecnológicos y organizacionales que impactan en los arreglos institucionales. Allen (1991) define los costos de transacción como los recursos necesarios para transferir, establecer y mantener los derechos de propiedad, los cuales llegan a ser más completos y extensivos cuando se acercan a cero.

Una teoría parcial de la firma integra aspectos de organización interna con la teoría de los derechos de propiedad (Holmstrom, 1999). Esta teoría hace énfasis en la contratación incompleta y en los derechos de decisión residual en lugar de los contratos imperfectos y los costos de la agencia que dan mayor claridad al significado de propiedad como una característica definitoria del mercado. El cuestionamiento de fronteras entre mercado y organización permite analizar las interacciones y las competencias así como las formas de complementación en la asignación de individuostareas y en los incentivos individuales.

Los costos de transacción están representados por los costos de las negociaciones, contratos relacionales, demandas legales, etc. Bajo derechos de propiedad perfectamente especificados, con cero costos de transacción, los mercados operan perfectamente. De acuerdo con el enunciado del Teorema de Coase, si los derechos de propiedad se especifican completamente y los costos de transacción son cero, la asignación de los recursos será eficiente. De acuerdo con Adler (1999), la confianza como un mecanismo de coordinación del modo organizacional comunidad, reduce considerablemente los costos de transacción los riesgos de la agencia.

El concepto de eficiencia de un sistema económico es definido por Coleman (1993) sólo dentro de una distribución particular de recursos, una asignación constitucional de derechos y recursos. Si las externalidades son internalizadas y los costos de transacción son reducidos a cero, ese sistema logra la eficiencia, pero si los derechos se asignan diferentemente, a personas con diferentes intereses, entonces la eficiencia resultante varía. Sin embargo, en la realidad esta situación ideal enunciada en el Teorema de Coase no existe debido a las fallas del mercado. Las fallas del mercado pueden ser definidas como las desviaciones de lo óptimo con respecto a la operación de un sistema de precios que no es costoso (Zerbe y McCurdy, 1999). El concepto de falla de mercado es usado por la teoría marginalista para describir situaciones en las que por alguna razón se violan los supuestos que garantizan las proposiciones centrales. El análisis marginalista de las fallas del mercado identifica dos estados: el primero enfocado a los efectos externos, la competencia imperfecta y los bienes públicos que dejan poco lugar para la intervención del Estado y muy poco para la provisión estatal de bienes y servicios (Moudud and Zacharias, 1999). Sin embargo, en la realidad de muchos países con economías capitalistas avanzadas el rol del Estado excedió las fronteras demarcadas por la teoría marginalista.

Las fallas de mercado ocurren cuando éste no produce los bienes públicos, inadveridamente produce externalidades, da origen a monopolios naturales, exenta a las partes por medio de asimetrías de información o crea distribuciones no deseables de ingresos. Las externalidades surgen cuando las partes efectúan transacciones (Zerbe y McCurdy, 1999). Las fallas del mercado desaparecen cuando los costos del sistema de precios son cero. Pero este modelo del mercado falla porque las externalidades son definidas por los costos de transacción y porque los costos de transacción son ubicuos. Las externalidades son definidas por los costos de transacción como el valor neto de la externalidad que constituye la frontera más baja de los costos de transacción asociados, es decir, los costos de transacción nunca serán más bajos que el impacto monetario neto de la externalidad. Estos costos de transacción nunca serán cero y serán iguales o mayores que el valor neto de la externalidad. Las externalidades se presentan en cualquier momento que haya ineficiencias en las leyes que afectan los mercados.

En la organización de las transacciones pueden elegirse entre colocarlas en el mercado o localizarlas dentro de una empresa, de acuerdo a Coase (1937). Las empresas, caracterizadas como jerarquías administrativas, son una forma particular de organización la cual se contrasta con otras formas diferentes, como el mercado, para administrar intercambios o transacciones entre las diferentes partes involucradas. En el mercado, las transacciones ocurren sin la supervisión de los administradores. Según Coase (1937) y Simon (1951), la característica distintiva de una empresa es el uso de la autoridad. Las empresas pueden considerarse como micoeconomías donde la propiedad de los activos otorga el poder a los directivos y dueños para definir las reglas del juego (Holmstrom, 1999) en la toma de decisiones. Sin embargo, Alchian y Demsets (1972) sugieren que la característica distitiva de una empresa es el monitoreo de los insumos más que los productos.

Las empresas existen porque pueden reducir los costos de negociación y establecimiento de términos y condiciones de intercambio relativas a las transacciones del mercado. Las jerarquías permiten una mejor adaptación que la contratación entre partes autónomas. La adaptación es importante porque las consideraciones de eficiencia con frecuencia requieren que se hagan ajustes en la distribución de las ganancias en una relación de intercambio, cuando las relaciones de intercambio cambian. Las jerarquías son capaces de resolver las disputas surgidas del intercambio por fiat como un último recurso, en donde el fiat no es disponible para gobernar los contratos del mercado. En contraste, en las contrataciones del mercado, una parte puede usar la ley y el sistema legal oportunísticamente para "hacer esperar" una parte contractual (Coase, 1937; Williamson, 1975, 1985; Klein, 1993; Argyres y Liebeskind, 1999).

Más cuestionable es el concepto de la eficiencia económica que se le asocia con "la vigencia del ideal democrático con un aparato productivo que garantiza la competencia, el crecimiento y la elevación de los niveles de bienestar social", según Berruga (1997). Sin embargo, la globalización económica ha incrementado las amenazas y riesgos que no pueden resolver las instituciones de bienestar social. Cuando un sistema económico opera con altos niveles de ineficiencia, su estructura se vulnera y aumenta su inestabilidad, repercutiendo en el debilitamiento de su gobernabilidad.

Escisión entre la racionalidad económica y la gobernabilidad de la sociedad.

Para delimitar las bases teóricas de los cambios en el Estado, la sociedad y el mercado, es necesario revisar las teorías de la agencia (agency theory) y de la elección racional (rational choice) en que se fundamentan la racionalidad económica y analizar cómo estos principios crean disfuncionalidades en la gobernabilidad de la sociedad. La racionalidad económica es la base de la "lógica del mercado" y de la gobernabilidad de la sociedad bajo el principio dominante que la naturaleza y conducta humana, como una inviolable verdad, pueden ser caracterizadas por la persecución de la maximización de beneficios personales que aseguran el autointeresamiento. Hasta cierto punto, sin embargo, existen fines sociales o motivaciones de conductas económicas enraizadas en un contexto societal, aunque los medios necesarios para lograrlos sean económicos o no económicos. Bajo el modelo emergente de globalización neoliberal, esta "lógica del mercado" se aplica a todo tipo de relaciones económicas, políticas y sociales, lo que da como resultado una creciente sublimación de la política y un desprecio de la realidad social (Birchfield, 1999).

Los acercamientos analíticos de la teoría de la agencia (Agency theory o AT) referida a la tecnología para monitorear obligaciones que toman la forma de nexos contractuales y organizacionales, así como la teoría de la economía de los costos de transacción o transaction cost economics (TCE) que relacionan a las organizaciones como estructuras de gobernabilidad, bajo el supuesto conductual de una racionalidad confinada y oportunista, constituyen la base de la nueva racionalidad económica y la gobernabilidad de la sociedad. Las orientaciones racionales de las condiciones económicas y sociales integradas en sus estructuras para su aplicación delimitan la concepción de esta racionalidad.

De acuerdo a Przeworski (1996), la economía es una red de relaciones múltiples y diferenciales entre clases particulares de principales y agentes: administradores y empleados, dueños y administradores, inversionistas y empresarios pero también entre ciudadanos y políticos, políticos y burócratas. El desempeño de las empresas, de gobiernos, y de la economía como un todo depende del diseño de las instituciones que regulan estas relaciones y de las fronteras que se establezcan para la separación de los campos de acción entre los Estados-nación y las empresas. Los empresarios son administradores que actúan como agentes de los inversionistas y funcionarios de las empresas.

En el problema tradicional de la agencia, tanto el esfuerzo costoso del agente, como los factores estocásticos (perteneciente o relativo al azar) más allá del control del agente, influyen en los resultados de una actividad productiva propiedad del principal, quien elige un contrato de compensación para el agente que trata de alcanzar incentivos óptimos. Desde luego, lo que se desea con estos incentivos óptimos es prescindir del esfuerzo con el daño a riesgos compartidos causados por la exposición del agente al exceso de riesgo de los factores más allá del control del agente.

Sin embargo, lo que importa es que los empleados tengan incentivos para maximizar sus esfuerzos, si los administradores tienen incentivos para maximizar sus utilidades, si los emprendedores tiene incentivos para tomar solamente los riesgos buenos, si los políticos tienen incentivos para promover el bienestar público, si los burócratas tienen incentivos para implementar metas establecidas por los políticos.

Gersbach (1999), por ejemplo, considera un modelo donde el público está inseguro acerca de la competencia de un agente y si el agente está preocupado acerca de las consecuencias de decisiones de políticas, como en el caso del estadista, o si solo está preocupado acerca de las creencias del público, es decir, populista. Un agente competente puede juzgar las consecuencias de un proyecto de políticas y debe invertir inmediatamente o nunca. En términos generales, el bienestar social puede ser mayor comparado a la situación en donde el público está inseguro si el agente es un estadista o un populista. Los tipos de populistas distorsionan su decisión, mientras que los tipos de estadistas son más eficientes en sus decisiones.

El antiguo debate entre lo público y lo privado bajo el marco de referencia de la teoría de la agencia está relacionado con el cuestionamiento de cual forma de propiedad es la que mayormente promueve el bienestar social. La compatibilidad entre los objetivos políticos y económicos ocurren cuando en un sistema político ideal se enfatiza el mercado neoclásico con cero costos de transacción, lo que permite que ocurra el intercambio político de la maximización de la riqueza. El problema está en que ningún sistema político es perfectamente eficiente, lo que repercute en limitaciones que reducen la riqueza.

El modelo teórico agente-principal incorpora explícitamente los incentivos y las asimetrías de información en el diseño de mecanismos óptimos en las organizaciones. El equilibrio de cualquier mecanismo se obtiene como un resultado de un mecanismo de revelación bajo e cual los agentes revelan confiadamente su información privada. Las relaciones entre al agente y el principal (el administrador y el dueño) son importantes en la determinación de los niveles de eficiencia. La teoría de la agencia se refiere a las relaciones entre el principal y el agente, salvaguardando las transacciones que realicen contra acciones que son oportunistas.

La unidad de análisis de la teoría de la agencia es el agente contratante, mientras que para la teoría de los costos de transacción es la misma transacción materia del contrato. La teoría de los costos de transacción con todos los tipos de relaciones contractuales eficientes, tales como los costos en información, negociación, contratación y garantía para hacer cumplir las condiciones de los intercambios, examinan formas alternativas de organización económica para economizar con respecto a las consecuencias de una racionalidad confinada. Estos costos de transacción se relacionan con el desarrollo de estructuras de gobernabilidad que aseguran la obtención integrada de los contratos. Ambas teorías son excepciones de la economía neoclásica que modela a la empresa como una función de producción cuyo objetivo es la maximizar utilidades.

Dunning (1997), argumenta que los patrones cambiantes de demanda y avances tecnológicos han impactado los costos de transacción y coordinación de la actividad de valor agregado. Las instituciones e infraestructuras culturales sobre las que se desarrolla tal actividad, han afectado críticamente los méritos de los modos alternativos de la organización económica, y sobre los años, la combinación óptima de estos modos han sufrido un cambio marcado. Las variables culturales están siendo subestimadas como obstáculos al desarrollo. Las organizaciones que se diversifican en los mercados internacionales tienen la tendencia a ser más innovadoras y a desempeñarse mejor que las organizaciones que no lo hacen. En parte, esto se debe a que participan en mercados mayores, en los cuales no solamente pueden obtener más altos retornos sobre las inversiones, sino también para proveerse de los recursos necesarios para desarrollar nuevas y mejores innovaciones.

Los procesos de globalización creciente presionan fuertemente a las organizaciones para la obtención de una constante "desintermediación" de los procesos de producción, distribución y consumo que altera los patrones establecidos al nivel organizacional y acelera la innovación de nuevos mecanismos que proporcionan ventajas en la adquisición de la información y expectativas. Así, la forma en que las corporaciones multinacionales se organizan en un medio ambiente altamente competitivo, el cual las presiona para dejar de operar como si fueran una colección de subsidiarias independientes, por una estructura organizacional más flexible. Esta estructura les facilita la integración de sus actividades a través de las diversas localidades geográficas, a fin de compartir los recursos y ganar en economías de escala. La adopción del modelo organizacional transnacional por una empresa multinacional es ampliamente reconocida como los medios preferidos para ir global (Bouderau, Loch, Robey y Straud, 1998).

Las organizaciones multinacionales deben desarrollarse en organizaciones transnacionales a efecto de obtener la coordinación global para compartir los recursos y ganar en economías de escala, al mismo tiempo que permiten la autonomía local para tomar ventajas sobre las oportunidades en los mercados locales nacionales (Hitt et al,1997). El reto que enfrentan las organizaciones transnacionales es identificar y explotar las sinergias existentes a través de las fronteras y balancear las demandas locales con la visión global de la organización. El diseño estructural de una organización transnacional requiere de una cultura corporativa que valora las diferencias globales tanto en las culturas como en los mercados (Hitt, Keats and DeMarie, 1998).

Todavía más, en lo concerniente a los gobiernos, como supervisores y participantes en el proceso creativo y de asignación de recursos, juegan cualquier papel del todo, sus acciones en afectar la competitividad de las firmas localizadas dentro de su dominio son propicias a afectar ese desempeño. La creciente integración estructural de las políticas de los mercados, jerarquías y gobiernos a través del espacio geográfico, desde la mitad de los setenta, ha dado origen a una nueva ola de pensamiento de los economistas, teóricos organizacionales, y analistas de negocios, acerca del papel de las instituciones y los modos organizacionales en la toma de decisiones económicas (Dunning, 1997). La principal contribución de los economistas clásicos y neoclásicos es la de avanzar el entendimiento de la naturaleza de los mercados como un fenómeno económico, mientras que los institucionalistas enfatizan el significado de las instituciones como un fenómeno económico y social.

Se necesita determinar los elementos esenciales de una teoría dinámica del papel de las empresas en el desarrollo económico de tal forma que proporcionen un marco de referencia para el análisis social. Las instituciones son diseñadas para obtener resultados eficientes y juegan un papel importante en el desempeño económico. El modelo globalizador de la economía ha dado mayor preponderancia a las empresas en las relaciones con el Estado-nación, aunque resulta difícil separar las fronteras entre el Estado-nación y las empresas, no solo en el plano conceptual sino también en la realidad. La percepción y concepción dominantes es la de que la separación entre Estados y firmas es un producto del tratamiento de modernidad del mismo Estado-nación.

El punto de vista neoclásico de cómo se comportan los mercados y como deben actuar las instituciones, se fundamenta en la teoría de la elección racional (rational choice) de la economía organizacional. A su vez, el diseño del Estado neoliberal y de formulación de las políticas públicas, se orientan y se ajustan a los fundamentos de las teorías de la elección racional y de la elección pública de la economía neoclásica que guían las decisiones hacia la búsqueda de la eficiencia, la justicia y el interés público en forma de una racionalidad objetivista científica y por tanto positivista más que desde un criterio procedimental.

De acuerdo con este enfoque de diseño del Estado, los individuos buscan la maximización de sus utilidades. La teoría de la elección pública, se relaciona con el análisis de la administración del Estado moderno representado por el desempeño de los administradores y servidores públicos que persiguen la maximización de beneficios. El Estado moderno era un espacio de autoridad con un discurso que tiene como objeto magnificar el poder y el conocimiento. Sin embargo, surge el cuestionamiento moral (Hoff et al. 1993) cuando los individuos realizan acciones para maximizar su propio bienestar en detrimento del bienestar de otros, sobretodo en aquéllas situaciones donde los problemas de información previenen la asignación a los individuos del daño total causado por esta acción. El proceso por el que transcurren las acciones directas se caracteriza por pasar del conflicto a la confrontación, seguido de la negociación y el monitoreo y por último en la asociación en el mejor de los casos.

La economía clásica o convencional ha asumido esta conducta hiper racional de los individuos. Sin embargo, está surgiendo un nuevo enfoque en la economía conductual que diverge de la teoría de la elección racional (rational choice) bajo el supuesto de que en la realidad las personas actúan en forma diferente, es decir, en forma irracional, a buscar la maximización de sus beneficios y de su bienestar mediante el uso de la información disponible y actuando siempre con un auto interés a largo plazo, porque carecen de la visión y de la voluntad para hacer lo que los textos de economía sugieren.

Este nuevo enfoque de economía conductual usa las teorías de la conducta para explicar el "rompecabezas del premio de la utilidad", bajo el hecho de que los retornos de utilidad a largo plazo son más altos, de que las personas odian más las pérdidas que gozan de las ganancias, de que la gentes es recíproca al espíritu de otros más que a contra atacar y que las percepciones de injusticias alimentan la revancha aún cuando los costos sean mayores. Además, sostienen los teóricos de este modelo, los economistas Richard Thaler, Andrei Shleifer, Daniel Kahneman y Amos Tversky entre otros, que el trabajo que toma realizar la planeación financiera es una buena razón por la cual las personas son negligentes y descuidan las cosas más importantes que requieren de esfuerzos personales.

La sobrevivencia de las regulaciones pueden tener como explicación las teorías de la elección pública acerca de los grupos y la búsqueda de rentas. Así, las políticas elaboradas fuera de esta definición del Estado neoclásico son vistas como generadoras de rentas económicas para apoyar el pago de las corruptelas (coimas) y para recompensar a los electores por el apoyo político. Por lo tanto, la racionalidad económica ha forzado a los Estado-nación a desmantelar instituciones y organismos regulatorios en un intento para alcanzar el concepto ideal. Sin embargo, se cometen excesos, por ejemplo, cuando los emprendedores sobrellevan los costos de agencia y tienen buenas razones para rendir cualquier discreción para expropiar la riqueza de los inversionistas y para servir con más lealtad a los accionistas. La conclusión lógica, afirma Coffee (1999) es que la regulación promueve la eficiencia económica, más que confiar en la contratación financiera solamente.

La economía organizacional se caracteriza por una coexistencia en un estado constante de tensión vigorosa pero creativa entre la intensiva competencia de los mercados y múltiples empresas. A mayor competencia se generan estructuras de mercado más competitivas. En un modelo competitivo, las organizaciones maximizan sus beneficios si cuentan con una tecnología que genere rendimientos constantes a escala. La interacción continua entre las empresas que se someten a una búsqueda incansable de nuevas formas que generan valor y los mercados que presionan a las empresas a rendir parte de este valor a otros. La economía de la organización se enfoca a los costos de coordinación y transacción de la actividad económica, bajo la tesis de que en condiciones de competencia perfecta, estos costos son cero para usar el mercado como un modo de asignación de recursos, bajo el supuesto de que la información necesaria es completa.

En aquéllas culturas donde las relaciones de confianza tienen un valor de activo social, los costos de transacción se reducen, aumentando la competitividad del sistema económico y político. La confianza es definida como la probabilidad subjetiva con la cual un actor evalúa que otro actor o grupo de actores desempeñará una acción particular, antes de que pueda monitorear tal acción (independientemente de su capacidad para poder monitorear) y en un contexto en el cual afecta su propia acción (Adler, 1999). Las relaciones entre los actores y grupos atraviesan por procesos determinados por situaciones específicas de conflicto, confrontación, negociación y acuerdo, monitoreo y asociación.

En la forma tácita del conocimiento, la confianza es una condición esencial para la transferencia del conocimiento efectivo. Adler argumenta que la forma de confianza más efectiva es la confianza que tiene propiedades efectivas únicas para la coordinación de actividades intensivas en conocimiento dentro y entre las organizaciones, sobretodo la que denomina "confianza reflectiva", en oposición a la confianza tradicionalista o ciega, para responder a creciente intensidad en el manejo de activos basados en el conocimiento. Pareciera que esta "confianza reflectiva" amenaza los actuales privilegios de los actores sociales dominantes, quienes se resisten mediante la combinación de interdependencias complejas entre los mecanismos de precios, autoridad y confianza, para responder a las tendencias de las relaciones inter-organizacionales, interdivisionales y de los empleados. Las formas organizacionales de baja confianza logran menos costos pero su desempeño en la generación de conocimiento estratégico es muy pobre. La tendencia hacia una economía cada vez más intensiva en el conocimiento tiene grandes efectos en la dinámica capitalista, la cual se convierte en disfuncional. Todo esto representa un gran reto para la sociedad capitalista actual.

A pesar de que es innegable la fuerza expansiva de los mercados competitivos, éstos no siempre son la más eficiente forma de transacción de bienes y servicios. Cuando el desarrollo económico continúa, los costos de organizar la producción y el intercambio se incrementa, cuestionando las condiciones bajo las cuales las diferentes formas alternativas de gobernabilidad son más costo-eficientes. Los institucionalistas no necesariamente sostienen que la mano visible de las jerarquías y los gobiernos son necesariamente preferibles a la mano invisible de los mercados, sino cuales son las condiciones en que los gobiernos pueden intervenir exitosamente para reemplazar o facilitar otros arreglos institucionales.

Dunning (1997), concluye que si la actividad económica involucra costos de transacción y coordinación, no es posible formular una mezcla óptima de modos organizacionales alternativos los cuales sean aplicables universalmente. La naturaleza de la asociación entre los sectores público y privado parcialmente depende de la naturaleza de las funciones de producción o transacción que están siendo tomadas. Los académicos han venido incrementalmente a enfatizar no solamente la importancia de los costos de transacción y coordinación de la actividad económica, sino también de la necesidad de flexibilizar las instituciones y los modos organizacionales. La flexibilidad organizacional queda manifiesta en la flexibilización de los sistemas de producción y acumulación que junto con la perspectiva de los costos de transacción permiten que las organizaciones lleguen a ser más flexibles a través de la desintegración vertical y horizontal. La fricción de la distancia se incrementa en importancia proveyendo un fuerte incentivo para el aglomeramiento geográfico (Appelbaum abd Henderson). Esta flexibilización se expresa en estructuras de redes que facilitan las interrelaciones que tienen que desarrollarse en los diferentes niveles espaciales: local, nacional, regional y global.

Más allá de las organizaciones transnacionales está la noción de una corporación sin Estado, es decir, una corporación que no reclama una nación como su patria, ni tampoco permite que un país domine sus decisiones. Estas organizaciones tienen que ser más flexibles para competir en los mercados globales y más capaces para innovar. Esta flexibilidad que reclaman las corporaciones transnacionales está cambiando el papel del gobierno, algunas veces haciéndolo más importante, otras veces menos importante.

Las economías capitalistas están organizadas de diferentes maneras, pero todas ellas se han vuelto más interdependientes debido a los procesos de globalización en que se encuentran inmersas. La globalización de la economía es en sí misma un fenómeno de amalgamiento de diferentes formas de economías capitalistas. Las economías que no se estructuran en el mercado difícilmente pueden dar respuesta a los requerimientos para participar en una economía global. Una forma para sostenerse en un mercado global altamente competitivo consiste en implementar estrategias cooperativas.

Un Estado mutante: En la era de la globalización el Estado-nación está en crisis. La crisis del Estadonación lo empuja a su transformación, acotada como un componente de los procesos de "reestructuración global" asociados con la emergencia de un capitalismo transnacionalista. Ya no es el Estado-nación modelado como un actor que tiene coherencia y un destino propio dentro de una jerarquía de poder internacional y como resultado de una racionalidad de intereses. Por otra parte, la presencia activa del Estado en las diferentes actividades económicas, polariza el debate de las funciones del mercado, el

Estado y la sociedad en la asignación de los recursos y se dan diferentes interpretaciones acerca del papel óptimo de los gobiernos.

Sin embargo, hay que reconocer que este debate está perdiendo validez debido a que las fronteras y divisiones entre Estado, mercado y sociedad son más fluidas y porosas. Las fronteras entre las empresas y los Estados son todavía más permeables que aquéllas entre los Estado-nación, tanto porque cada persona que pertenece a la empresa es al mismo tiempo ciudadano de al menos un Estado-nación. No obstante, los Estados nación son los representantes exclusivos de la ciudadanía, lo que los hace ser diferentes de otros agentes tales como los organismos públicos o privados internacionales, las empresas transnacionales y multinacionales, las organizaciones no gubernamentales, etc.

Incluso en los Estados de Bienestar más desarrollados, las diferencias estructurales del gasto en materia de bienestar eran muchas, pero eran más importantes las diferencias institucionales entre los Estados de bienestar universalistas financiados directamente de los impuestos y los sistemas "corporatistas" con un enfoque a las contribuciones de empleadores y empleados. Las diferencias estructurales e institucionales entre aquéllos Estados de Bienestar con altos niveles de protección social obstaculizó las políticas de relaciones sociales e industriales por acuerdos internacionales (Scharpf, 1997). Muchos países que aplican el modelo de Estado de Bienestar toman una actitud paternalista con respecto a la sociedad, asumiendo la toma decisiones de gobernabilidad, formulando e implementando políticas que correspondían al ámbito de la sociedad, y descuidando la promoción de una cultura política basada en la democracia. La democracia capitalista se manifiesta de formas y modelos muy diversos en la organización de las interrelaciones Estado-mercado, incluyendo el estado de Bienestar.

Los supuestos fracasos del Estado de Bienestar o Estado Keynesiano por no representar ya los intereses del capitalismo globalizador, requieren de mutaciones radicales. El nuevo Estado surge a partir de propuestas de políticas monetaristas y de una economía política neoliberal-ortodoxa por las Escuelas de "Chicago" y de Stanford". Este nuevo paradigma se fundamenta en el supuesto de que los agentes económicos actúan correctamente, con conocimiento de causas y son progresistas socialmente. La estrategia fundamental es limitar la participación del Estado en la economía. El capitalismo global socava el poder absoluto del Estado y rinde la dualidad existente entre público-privado y economía-política que presiona al Estado nación a renunciar a su función de mantener el bienestar social, contradictoriamente cuando la sociedad necesita la protección contra los excesos del mercado. Por otro lado, la soberanía nacional se debilita cuando están incrementándose las relaciones de interdependencia entre los diferentes países del mundo.

Tanto el Keynesianismo como el monetarismo tienen como fundamento la teoría clásica en materia de políticas de estabilización económica. Cuando el Keynesianismo no fue capaz de dar respuesta a los problemas económicos de los años setenta en Inglaterra debido a las presiones del mercado, la reconfiguración de las bases sociales del Estado y al cambiante clima de las ideas y opiniones domésticas (Baker, 1999) entonces comenzó su reemplazo por el monetarismo. En la "teoría General" de Keynes, éste sostiene que "una economía de iniciativa privada que emplea dinero, intangible o fiduciario necesita ser estabilizada, y por lo tanto, ello sería posible a través de políticas monetarias y fiscales adecuadas".

En contraste, los auténticos monetaristas son de la opinión de que, no existe una verdadera necesidad de estabilizar la economía, o de que incluso, en caso de que la hubiera esto no podría realizarse, ya que las políticas estabilizadoras probablemente se incrementarían en vez disminuir esa estabilidad" (Alcántara Meixueiro, 1998). Cuando el Keynesianismo entró en crisis, las prescripciones monetaristas sirvieron de fundamento a los formuladores de las políticas públicas, bajo la perspectiva dominante de que las políticas económicas nacionales se ajustan de acuerdo a los requerimientos de la economía mundial en transición.

El argumento de la irreversibilidad de los procesos de globalización está permeando la reforma del Estado y los nuevos diseños de sus funciones. Muchas de las funciones que originalmente corresponden al Estado-nación están siendo transferidas a instancias supranacionales debido a una presión exagerada que ejercen los procesos de globalización. Esta supranacionalidad tensiona al Estado-nación buscando espacios más allá de las fronteras físicas y culturales, aunque no lo deja vacío del todo. En realidad los procesos de globalización por un lado están desmantelando las instituciones y funciones del Estado pero por otro lado está apoyando su recomposición mediante nuevas instituciones y funciones. Territorio, moneda, fuerzas armadas, etc., están en constantes procesos de cambio.

Un análisis de las finanzas internacionales y los servicios corporativos puede ayudar a mostrar las diferencias entre el papel del Estado en las formas anteriores de internacionalización y de la actual globalización de las actividades económicas evidentes en algunos sectores económicos (Sassen, 1995). La composición de la propiedad corporativa tiene un papel importante en la creación y sostenimiento del crecimiento económico a largo plazo, lo cual tiene una fuerte implicación en la teoría del crecimiento endógeno (Gylfason et al. 1999).

Las Naciones-Estado han estado siempre presentes y juegan un papel importante en el desarrollo económico al hacerse responsable de la reproducción de las condiciones necesarias para la acumulación del capital y para la legitimación de los arreglos sociales y políticos asociados con la obtención de riqueza y poder en un sistema económico. Los Estados-nación se adaptan a la evolución misma de las formas que el desarrollo capitalista le impone. La forma en que los recursos son obtenidos y usados determinan hasta cierto punto el tipo de desarrollo económico, el cual consiste en un proceso interactivo para la creación y realización de valor, a través de las diferentes combinaciones de recursos e intercambios (Moran y Ghoshal, 1999). Lo importante de esta combinación de recursos y los intercambios que se realizan es el resultante crecimiento económico que tiene que trasladarse en mejoramiento de los niveles de calidad de vida de la población.

La eficiencia y la fiabilidad de las reglas son dos canales a través de los cuales las políticas pueden influenciar el crecimiento económico de los países (Brunetti, Kisunko y Weder, 1998c). La eficiencia de las políticas explica las diferencias en crecimiento con las diferencias en políticas macro y microeconómicas. La fiabilidad de las políticas se refiere a la estabilidad e incertidumbres que rodean su implementación. Los investigadores usan variables objetivas para medir la inestabilidad política, las cuales resultan incompletas para reducir las incertidumbres. La inestabilidad puede ser objetivamente observada mientras que la incertidumbre es subjetiva. Como resultado de su investigación, encontraron una relación cercana entre los indicadores de incertidumbre institucional y el crecimiento económico. La credibilidad de las reglas se asocia significativamente con las diferencias en crecimiento e inversiones entre los países, capturando una relación a largo plazo entre las instituciones y el crecimiento. Existen algunas evidencias que demuestran que una política económica que crea certidumbre en el entorno económico competitivo alcanza mayores tasas de crecimiento económico.

Para promover este crecimiento y desarrollo económico, el gobierno tiene que embarcarse en programas de desarrollo social que garanticen ciertos derechos y libertades, políticas públicas que combatan el hambre, la insalubridad, el analfabetismo, la tiranía de los gobiernos no democráticos, etc. Si las naciones pobres quieren ser competitivas, no pueden ignorar los males sociales que les aquejan. Si el desarrollo desigual permanece como una característica del sistema mundial, la estratificación parece incrementarse dentro de las naciones industrializadas (Habermas 1974; Offe 1975, Carnoy 1984, Appelbaum and Henderson 1995). Los estados pro-activos permanecen centrales al crecimiento y a la prosperidad económica, mientras que la economía que parecer ser caótica, demanda por un mayor papel de la regulación supranacional.

El papel de las agencias estatales subnacionales como socios de empresas y asociaciones de negocios energizan las redes de acción económica ubicadas localmente, es una de las formas para apoyar el crecimiento económico y el desarrollo social. Pero este desarrollo económico y social desigual está muy lejos de un verdadero desarrollo sustentable sólo delimitado por una cultura propia local y por una moralidad económica. Es un desarrollo económico que privatiza los beneficios y socializa los costos. El propio concepto de desarrollo sustentable debe estar relacionado con la competitividad de la economía, el nivel de desarrollo social y por un modelo de nación.

El cuestionamiento sobre la legitimidad del papel que el gobierno debe tener para intervenir el mercado y en los asuntos privados es muy antiguo, y en términos generales se acepta como respuesta normativa y como una justificación, que el gobierno interviene en el mercado cuando éste falla en sus funciones. Apareció inicialmente como una forma de explicación en términos económicos del por qué la necesidad de que los gobiernos eleven su gasto (Zerbe y McCurdy, 1999). Sin embargo, no existe una teoría normativa que sea satisfactoria con respecto a las funciones apropiadas del gobierno en una economía mixta, es más bien resultado de estudios empíricos. Por tanto, el modelo de las fallas del mercado también falla, como cualquier otro modelo deductivo porque no deriva suficientemente de lo empírico, no es suficientemente inductivo y sólo se fundamentan en métodos entendimiento que derivan proposiciones específicas de principios generales sin mucha atención los hechos observados.

Los analistas de las políticas públicas consideran que las fallas del mercado y la existencia de externalidades dan una justificación necesaria aunque no suficiente de las intervenciones gubernamentales. El concepto de fallas del mercado es aplicable a circunstancias donde la persecución del interés privado no conduce a un uso eficiente de los recursos de la sociedad o a una distribución justa de los bienes de la sociedad. La intervención gubernamental puede realizarse cuando muestra que una política genérica menos intrusiva no puede ser utilizada o cuando no pueda diseñarse efectivamente un contrato privado para tratar de resolver la falla del mercado (Veimer y Vining, 1992).

Sin embargo, muchos gobiernos de los Estado-nación, por ejemplo, están tomando la actitud hacia la pobreza de dejar las manos libres al mercado, sustentándose en la premisa de que la globalización económica derramará un mayor crecimiento económico y por consecuente el incremento en los ingresos que disminuirán los niveles de pobreza. El informe del Banco Mundial "Crecimiento es bueno para el pobre" relaciona uno a uno los ingreso de la quinta parte más baja de la población con el producto doméstico bruto per cápita y argumenta que el ingreso de todos los sectores crece proporcionalmente en la misma tasa. El estudio enfatiza que los beneficios de la apertura comercial son los mismos para los pobres que para la economía total. Las investigaciones empíricas sobre los efectos del empleo en la liberalización comercial en los países en desarrollo confirman que los costos potenciales de la apertura comercial pueden ser reducidos o aumentados por el contexto de las políticas en las cuales la reforma se efectúa.

La pobreza, al igual que la riqueza tiene sus causas estructurales en el desarrollo. Habrá que comparar los beneficios de la intervención gubernamental con el riesgo de que los problemas principal-agente en el sector público hagan los problemas mucho más difíciles. La eficiencia de la intervención del gobierno hecha en los términos de Kaldor-Hicks se fundamenta cuando los costos de intervención son menores que los beneficios. Es decir, la intervención del gobierno es más eficiente cuando los beneficios que se obtienen son mayores que los costos que se implican. Se asume que una falla del mercado es una condición necesaria para una intervención eficiente (Zerbe y McCurdy, 1999). Es decir, la condición suficiente de la intervención gubernamental se determina cuando el impacto económico de la regulación es mayor en los términos de beneficios que de costos, cuando las ganancias sobrepasan los daños y perjuicios.

El análisis costo-beneficio de la regulación puede determinar el impacto económico de la política social, lo cual recibe menos atención que presupuesto de gastos gubernamental. De esto se sigue que los que formulan las políticas públicas, hasta donde les sea posible deben cuantificar y comparar los beneficios

y los costos cuando se tomen decisiones de intervención y de regulación. La investigación (Hahn, 1998) sugiere que la regulación y la intervención de los gobiernos pueden ser ampliamente y significativamente mejoradas, de tal manera que obtengan mayores beneficios, salvar vidas por ejemplo, con menos recursos. Frankel (1995) por ejemplo, sugiere que en aquéllas situaciones donde se involucran bienes públicos, el gobierno puede estar en una mejor posición que el sector privado para operar una empresa. No obstante, el Estado-nación pierde poder y soberanía no solamente por las empresas transnacionales sino por el avance del sector privado, en términos generales.

Los costos de transacción proveen el marco conceptual y el método para justificar la naturaleza de la acción colectiva y explican las relaciones entre el gobierno y el mercado La intervención gubernamental es óptima cuando sus costos de transacción son cero y no se presentan problemas de principal-agente. En general, concluyen Zerbe y McCurdy (1999) en cualquier tiempo que el gobierno pueda reducir los costos de transacción privados o sus propios costos de provisión debe hacerlo a pesar de que exista o no una externalidad. Los análisis de los costos de transacción llaman la atención a las características que le dan al gobierno una ventaja relativa sobre otras instituciones en su habilidad para bajar los costos de transacción, tales como el poder de coerción. Weber (1958) define al gobierno como una institución que monopoliza el uso de la fuerza o los poderes de coerción sobre un territorio dado. La intervención del Estado debe desarrollar aquéllas funciones en las que el poder de coerción le da ventaja absoluta.

Por otro lado, el relativo éxito que han logrado las economías orientadas por el mercado, han sido las formas en las cuales el Estado y los mercados sistemáticamente interactúan. Ni el mercado, ni el Estado ni cualquier otra institución económica son perfectos como mecanismos de coordinación. Cada institución tiene sus costos y beneficios y es por lo tanto mejor que otras bajo ciertas condiciones y peor bajo otras condiciones, observa Chang (1994). Los gobiernos de los países tienen asignadas funciones en diferentes grados y niveles de responsabilidad, dependiendo de sus sistemas políticos, de sus fuerzas demográficas, ingreso, riqueza y preferencias de la gente por la provisión pública de bienes y servicios

(Aronson and Ott, 1991). Sin embargo, entre las acciones que el gobierno puede establecer para reforzar las funciones del mercado, están la creación de instituciones que fortalecen los derechos de propiedad privada y el aseguramiento de la aplicación de pesas y medidas, etc. Estas acciones tienden a reducir los costos de transacción

Tampoco resulta fácil determinar hasta qué grado los regímenes supranacionales y las administraciones nacionales necesitan modificar sus agendas y prescripciones de las políticas en virtud de la creciente movilidad de los recursos. En un extremo, la definición por una mayor función de las instituciones del mercado para autoregular las formas de organización económica y la asignación de los recursos, y en el otro extremo, la concepción neoestructuralista de las limitaciones del mercado como asignador óptimo de los recursos. La extensión y la forma de intervención e involucramiento del gobierno es dependiente de la extensión y el carácter de las imperfecciones del mercado. Esta concepción fundamenta la responsabilidad de la orientación del desarrollo económico de las sociedades periféricas, la cual debe recaer principalmente en el Estado. Pero hasta ahora, no se ha evaluado si la intervención estatal es más efectiva en costos que el mercado que reemplaza. Por otro lado, la cultura puede ser un substituto de la acción gubernamental.

Los roles emergentes del Estado: En un intento para crear una tipología de acercamientos a la organización económica, Dunning (1997) identifica seis roles del gobierno en una economía orientada por el mercado: los intereses políticos y económicos del Estado deben ser la principal justificación para la actividad económica (mercantilistas, regular los asuntos de acuerdo a un orden natural (Fisiócratas), la "mano invisible" de los mercados como el mejor asignador de los recursos (clásicos y neoclásicos), un activo y participativo papel del Estado en todos los aspectos de los asuntos económicos (economía socialista), el bienestar social de la comunidad y la distribución del dividendo nacional (economía de bienestar), libertad personal y contra la intervención del Estado (contractarianismo) y la falta de confidencia en la eficiencia y en la justicia social de la economía del mercado justifican las intervenciones del Estado (Estructuralismo).

Los nuevos roles emergentes en las responsabilidades del Estado incluyen las formas en que éste afecta al mercado. El nuevo Estado emergente es un Estado capitalista neoliberal que se ha convertido, al decir de Cox (1992) en la "correa de transmisión" de los intereses globales a los nacionales. Por lo tanto, el nuevo Estado es una agencia para el ajuste de las políticas económicas nacionales y las prácticas de las exigencias percibidas de la economía global. Esto puede apreciarse con el crecimiento de las agencias estatales que cada vez se conectan más a la economía global. Sin embargo, Baker (1999) no está de acuerdo con esta noción del Estado. En todo caso, la metáfora no captura la complejidad de la relación entre los procesos de globalización y el Estado.

El Estado emergente está transitando de un Estado interventor a un Estado facilitador de las actividades del sector privado. Pero en este tránsito se está descuidando el combate a los problemas de la pobreza, la marginación y la exclusión social. El nuevo modelo simplemente ignora la necesidad de desarrollar un sistema social más justo y eficiente, con las instituciones que lo garanticen. Hasta ahora, la instrumentación de programas de estabilización y ajuste macroeconómicos ha dejado un fuerte impacto en los segmentos más pobres más pobres de la sociedad, lo que hace urgente que se realicen arreglos institucionales que hagan inversiones sociales para legitimar los roles emergentes del Estado.

Tres principios sirven de fundamento para legitimar los diferentes roles del Estado en una sociedad. Siguiendo a Camou (1998), estos tres "principios legitimadores" del desarrollo y del progreso de los individuos en la sociedad son: en primer término el "privatista" que se fundamenta en la libre iniciativa y la competencia abierta, el principio "compensador" que fundamenta la protección a través de compensaciones que debe dar el Estado a los grupos sociales más vulnerables, y finalmente el principio de "bienestar" que justifica la intervención del Estado para satisfacer las necesidades apremiantes de grandes grupos de la población que carecen de bienes y servicios básicos.

Desde otro punto de vista, el punto de vista filosófico/ideológico refleja la naturaleza de la sociedad y la forma correcta, más que eficiente, de cómo la actividad económica debe ser organizada. El punto de vista del costo-beneficio de las formas organizacionales alternativas (mercados, jerarquías, comunidades) parte de la consideración de que en una situación de perfecta competencia, los mercados son el mejor instrumento para la asignación de recursos escasos. Tal parece que la tendencia dominante en la ola de cambios de las formas organizacionales apuntan hacia una hibridización de formas de jerarquías y mercados, las cuales introducen los incentivos de los mercados en las organizaciones y jerarquías que controlan el manejo de los activos en los mercados.

La forma del mercado se fundamenta en el mecanismo de los precios para coordinar oferentes competitivos y compradores anónimos. Con mercancías estándar, derechos de propiedad y precios marginales se promete optimizar la producción y la distribución: la dinámica de la competencia, la provisión y la demanda llevan el precio a un bienestar social que es un óptimo de Pareto, en el cual ningún bienestar se incrementa sin que se reduzca el de otro (Adler, 1999). Amartya Sen muestra cómo los derechos liberales pueden producir resultados que cada individuo preferiría evitar, por lo tanto, violando el principio de Pareto.

Sen critica el "bienestarismo" (Welfarism) porque hace de los juicios morales una función sólo de la utilidad de los individuos. Lo define como el punto de vista que enjuicia la relativa bondad de los estados de cosas alternativos, los cuales deben estar basados exclusivamente en, y tomados como un incremento de la función de, las respectivas colecciones de las utilidades individuales de estos estados (Sen, 1979). Sin embargo, la teoría del bienestar no necesita asumir que el bienestar social para una población dada es igual a la suma de las utilidades individuales.

Chang (1999) presenta un ejemplo de una función de bienestar que puede incorporar principios de justicia y aún cumplir con el principio de Pareto, demostrando que el principio de Pareto por sí mismo no necesariamente implica que se tenga que abandonar principios de justicia, imparcialidad y tolerancia liberal. La teoría de la justicia puede incorporar el principio de Pareto y puede generar además una lista jerarquizada completa de alternativas, tanto como una función utilitaria de bienestar social puede. Para ello, necesita de instituciones morales fuertes con respecto al principio de tolerancia liberal y que además respete el principio de Pareto.

La sola justificación de la intervención externa es que de una manera u otra, los mercados fallan en el desempeño del óptimo de Pareto. Las razones de las imperfecciones del mercado más importantes que afectan los niveles de precios y el desarrollo, entre otros son, las distorsiones de las estructuras del mercado en oligopolios y monopolios, la recesión del mercado interno, las externalidades y la beneficencia social. Además se consideran también las deficiencias en la infraestructura física, el desempleo estructural, los cuellos de botella que aumentan los costos de producción y distribución, las instituciones y los costos de transacción y coordinación y la tecnología y el cambio organizacional.

Las jerarquías fundamentan la autoridad en el poder legítimo o "fiat" para crear y coordinar la división horizontal y vertical del trabajo, con una variación considerable de niveles y de actividades agrupadas. Muchas organizaciones están diseñas en estructuras jerárquicas, en las cuales cada administrador reporta solamente a otro de nivel superior.

El papel del Estado en el desarrollo económico ha cambiado radicalmente desde la crisis de la década de los ochenta y se ha acelerado con los procesos de globalización.. Pero la reducción de funciones del papel del Estado en la política económica no es una condición suficiente para el habilitamiento de otras instituciones. El bienestar fue evaluado como la distribución de un producto social neto sobre las bases de ciertas funciones que los ciudadanos cumplían y de derechos derivados de ciertos roles personales.

Las necesidades en materia económica eran mensurables y capaces de ser comparadas interpersonalmente dentro de un espacio público de ciudadanía. Se enfatizaron la titularidad de las asignaciones dentro de un concepto de distribución económica, contrastados con las diferentes numeraciones, asociadas con estimaciones de gastos e ingresos agregados que se centraban en un concepto de ciudadanía "activa e individualista".

Ahora se insiste en que los Estados subjetivos no pueden ser comparados, pero que las operaciones de "la economía" son concebidas como una entidad largamente autónoma gobernada por sí misma, reguladas para hacer disponible las satisfacciones individuales que persigan los individuos (Brown, 1997).

Un individualismo y un libre mercado han dado por resultado compradores y vendedores monopolísticos agrupados en corporaciones transnacionales monopolísticas e impersonales.

La Nueva Macroeconomía Clásica aliada de la Nueva Derecha y al conservatismo que se apoya en la teoría de la elección pública, basada en los trabajos de Buchanan y Tullock (1962), favorecen el establecimiento de reglas constitucionales para controlar las acciones del Estado, limitar sus intervenciones y reducir su crecimiento (Gilbert and Michie, 1997), aunque es dudosa la aseveración de que la Nueva Macroeconomía Clásica se apoya en el trabajo de elección pública de Buchanan. Puesto que los niveles de intervención del gobierno son altos en la mayor parte de las economías, la Nueva Macroeconomía Clásica apoya las acciones tendientes a establecer reglas que gobiernen la elección de las políticas, las cuales considera son no efectivas en su generalidad. Por ejemplo, Buchanan argumenta a favor de reglas que restringen la acción del gobierno a fin de limitar la coerción de individuos ya sea a través de las acciones propias de otros individuos o a través de acciones colectivas por medio del gobierno.

La Nueva Macroeconomía Clásica es un acercamiento instrumentalista que llama por reglas de las políticas bajo el supuesto básico de que los mercados trabajan y que la intervención del gobierno es superflua y generalmente el responsable de los problemas macroeconómicos. La intervención incontrolada del Estado en el mercado crea incertidumbres que causan inflación y es responsable de los ciclos de los negocios. Por lo tanto, concluyen los autores, las reglas son preferibles a la discreción. Pero la no intervención del gobierno en la economía, es lo mejor.

De un Estado activo que intervenía en la racionalidad del desarrollo económico, de acuerdo con Salazar Xirinachs, se ha pasado a "…un ambiente intelectual de profundo escepticismo acerca de los motivos, las habilidades y la conveniencia de la intervención estatal, y a una reafirmación de las bondades de las fuerzas del mercado y de la iniciativa individual y privada". El elemento central de este nuevo orden es la intervención del Estado sobre una base diferenciada en la complejidad de la nueva economía. Así por ejemplo, Buchanan (1991) no niega el papel del gobierno cuando centra su atención en la posibilidad de las fallas del mercado y la tendencia a expender el nivel de intervención del gobierno. En este sentido, las reglas son diseñadas para afectar el proceso de gobierno.

Por otro lado, la Nueva Macroeconomía Clásica considera la intervención del Estado como ineficiente y las reglas como los medios para limitar y reducir hasta lo posible la intervención del del gobierno (Gilbert and Michie, 1997). El gobierno ya no es más un lugar para las simples estructuras de los flujos de materiales planeados. El manejo de los asuntos públicos requiere de un acercamiento altamente diferenciado en las cuales las decisiones finales se toman sobre la base de una cascada de decisiones preliminares (Köning, 1998). Esta reevaluación del papel del Estado se encuentra "…estrechamente asociada con una reevaluación de las estrategias y mecanismos para promover el desarrollo y lograr la reactivación económica…" en los términos de Salazar Xirinachs. Sin embargo la limitación de las funciones del Estado en materia de economía política no garantiza el adecuado funcionamiento de otras instituciones. El gobierno del Estado-nación despiadadamente sometido a los embates de las fuerzas económicas transnacionales y a una revolución tecnológica de la información, no debe sucumbir fácilmente a las presiones, y menos renunciar a sus funciones de mediadores entre la sociedad y el mercado frente a los enormes retos que estos cambios globales significan. Por el contrario, ante el enorme reto que representan las fuerzas de los procesos de globalización informática y económica, los Estado-nación deben fortalecer sus estructuras mediante la reorganización y el refinanciamiento de las instituciones del Estadonación necesarias para establecer la nueva gobernabilidad entre la sociedad y el mercado. Con ello, se debe apoyar un desarrollo que se sustente en una profundización de la democracia y solidaridad social.

Las nuevas formas de gobernabilidad de un Estado-nación ampliamente insertado en la globalidad, deben traducirse en políticas públicas que posibiliten una relación positiva entre el crecimiento económico y el desarrollo social. El crecimiento económico que pueda derivarse de los procesos de globalización tiene que acompañarse de un conjunto complejo de políticas entre las que se deben incluir la asistencia financiera y técnica multilateral proveniente de organismos e instituciones globales, así como encauzamiento para la transferencia y ayuda bilateral a los países menos desarrollados.

La práctica de políticas públicas y una política económica que promuevan un crecimiento económico que provea los recursos para sostener una política social capaz de mejorar la equidad en la distribución de los beneficios, es un requisito necesario, aunque no suficiente para ampliar las opciones y oportunidades al pleno desarrollo humano. Además, las políticas públicas deben orientar y apoyar los procesos de transformación que la sociedad misma impulsa e incorporar a la ciudadanía y a la sociedad en los beneficios y oportunidades y no solamente en el traslado de los costos de estos cambios. El progreso y desarrollo de los países requiere además del Estado de Derecho, probidad financiera, estabilidad política, la ausencia de conflictos y de un marco legal que estimule las inversiones domésticas y foráneas.

El desarrollo de la democracia y el desarrollo integral de la sociedad son dos factores importantes para avanzar en las nuevas formas de la gobernabilidad sustentadas sobre la base de un Estado-nación eficaz y con un liderazgo político fuerte y un ejercicio de la autoridad delimitado por las instituciones que articule las diversas fuerzas y armonice los intereses. Todavía el Estado nacional constituye la base territorial para sostener la gobernabilidad y la democracia como los primeros recursos para legitimarse y para delimitar la ciudadanía misma que representan. Frente a los retos de competitividad que plantea la globalidad, un Estado-nación con estas características es el mejor diseño para la incorporación y la expresión de las expectativas de la sociedad y para conectarlas con los cambios del ambiente globalizador.

Mercado contra Estado: El largo debate existente entre los diferentes sistemas económicos (socialismo contra capitalismo), se caracteriza por la polarización de las funciones del Estado contra las del mercado. En estos sistemas económicos, el ser humano se hace "objeto" del poder del Estado o del mercado. El debate se ha centrado en un espectro de las formas institucionales de las economías del mercado puro, los mercados regulados, el socialismo del mercado y las jerarquías puras en la forma de las economías de planificación central. Las soluciones propuestas van entre un extremo que reclama la intervención directa del Estado en las actividades económicas (economía socialista), al otro extremo, en el que el mercado con sus mecanismos de precios reclaman plena libertad para el ejercicio de sus funciones (economía capitalista).