Teoría del Estado – Unidad 8 – Dilemas de superviviencia. La postmodernidad (página 4)

Entre estas dos propuestas extremas, existen las intermedias como la del "socialismo democrático", "socialismo del mercado" y la del "mercado social", solo por mencionar algunas. Tanto el Estado comunista totalitario como el Estado nacionalista popular han resultado inviable. El socialismo del mercado se refiere, por ejemplo, a un modelo de economía en que los trabajos del mercado eran simulados, más que la existencia de un mercado real. Sin embargo, esta tipología es muy genérica y lo que se acepta es la simplificación de que existen muchos modelos de capitalismo. Lo que existen son opciones, no tanto alternativas, a la economía capitalista. Screpanti (1999) hace una clasificación de las formas institucionales del capitalismo en función de las estructuras de la gobernabilidad de la acumulación y de los regímenes de la propiedad privada. La propiedad privada es la regla fundamental sobre la que se fundamenta el mecanismo del mercado.

Tipología de formas sociales: La emergencia de la confianza como un mecanismo de coordinación, siguiendo a Adler (1999), debilita la legitimidad del mercado y de la jerarquía. Debilita al mercado como un modelo de gobernabilidad de las relaciones interdivisionales e interempresariales y también debilita la legitimidad de la jerarquía como un modelo de gobernabilidad en las relaciones de los empleados y las relaciones intradivisionales. Las costosas fluctuaciones con las manifiestas fallas de los mercados así como el dominio coercitivo y la especialización enajenante de las jerarquías, las convierte en incapaces para administrar las capacidades generadas por el conocimiento. La evolución de la estructura socioeconómica hacia más altos niveles de capacidades de administración del conocimiento requiere del desplazamiento del mercado como la forma organizacional dominante. La infusión de confianza en el mercado y en la jerarquía parece legitimar la democratización de las organizaciones. Los procesos de planeación requerirán de altos niveles de confianza de las personas involucradas.

El modelo de Estado de Bienestar fue implementado en muchos países durante varias décadas de este siglo, mediante políticas públicas y decisiones de gobernabilidad que iban desde posturas keynesianas que favorecían un intervencionismo estatal, hasta posiciones extremas socialistas en donde el Estado asume control total del mercado. La nacionalización de las empresas, basado en ideales socialistas o comunistas, ha sido un fenómeno recurrente en los países en desarrollo. Habermas (1998) acierta un punto que finalmente resulta ser muy discutible cuando afirma que en las actuales dimensiones, las funciones del Estado de bienestar social sólo pueden cumplirse cuando pasan del Estado nacional a unidades políticas que se adelantan en cierta medida a una economía transnacionalizada.

La influencia de la Nueva Derecha y los trabajos académicos de Hayek, Friedman y la Escuela Austriaca de economía en la década de los ochenta, inclinó las decisiones en favor de un sistema económico basado en las libres fuerzas del mercado. La Escuela Austriaca enfatiza la teoría subjetiva del valor a diferencia de la teoría clásica de la economía política que enfatiza la teoría objetiva del valor.

Probablemente el economista y filósofo político Hayek es el más influyente en el neoliberalismo. Es famoso el debate que sostuvo Hayek con Keynes acerca del intervencionismo. Keynes argumentó la existencia de fallas para entender el papel que las tasas de interés y el capital juegan en la economía de mercado. Milton Friedman sigue las propuestas de Hayek y junto con otros prominentes economistas norteamericanos forma la escuela Americana Neoliberal con varias corrientes: la Escuela de Chicago, la teoría de la elección pública, la teoría del capital humano. Hayek previno de los peligros políticos del socialismo, como el totalitarismo que surge que surge de la naturaleza planeada de las instituciones económicas y se preocupa por restaurar el liberalismo clásico en una sociedad libre, la cual incluye al mercado libre como su principal institución. La orientación del Estado hacia el bienestar obstaculiza el desarrollo del mercado, consume la riqueza e infringe los derechos ciudadanos.

Así mismo, en detrimento de la acción centrada en el papel del Estado como promotor del desarrollo y crecimiento económico y el bienestar de la sociedad. En este nuevo modelo económico definido por una relación hacia adentro de separación entre el mercado y el Estado y hacia fuera por la integración a los procesos de globalización económica, e implementado con algunas diferencias en las políticas económicas. En términos generales, la primera fase de reformas del Estado estuvieron marcadas por un desmantelamiento del mismo Estado y por el reforzamiento de una economía antiestatista.

Sin embargo, en un entorno de globalización, el Estado tiene problemas para garantizar el bienestar de los ciudadanos que se encuentran desempleados, marginados o excluidos socialmente. En otras palabras, las instituciones que garantizan el bienestar social se han vuelto disfuncionales. Los apoyos del Estado para el bienestar social quedaron desvirtuados cuando se destinaban preferentemente a una clase media y no a los pobres y marginados quienes verdaderamente lo necesitaban. Pero tampoco el nuevo orden propuesto por la globalización no ha creado las instituciones que resuelvan los grandes desajustes que genera y que enfrenten los costos sociales. Igual que antes, el sistema de asistencia social del Estado ayuda a ciertos sectores empresariales y otros estratos sociales que han sido debilitados por las fuerzas de la globalización, pero no a quienes lo necesitan por su condición de ser marginados del desarrollo.

Por tanto, en una economía capitalista, los modos en que se organiza la actividad económica tales como los roles de los mercados, las jerarquías, las alianzas inter-firma y los gobiernos, se han vuelto más complejos. En las economías en desarrollo, son las fuerzas libres del mercado las que orientan sus objetivos de crecimiento económico y su desarrollo social, la propuesta de los países capitalistas desarrollados, aunque no señalen como lograr el equilibrio de un desarrollo sustentable en el logro de estos objetivos. Por supuesto que aquí el concepto de desarrollo sustentable está enfocado hacia la obtención de una racionalidad de medios-fines según el concepto Weberiano. En un sistema de libre mercado, por ejemplo, no existe forzamiento para la producción de acuerdos sobre cualquier cosa, de tal forma que cualquier acción puede ser tomada, pero ajustándose a esta racionalidad en la relación medios-fines. Mientras, el sistema socialista pregonaba que los medios de producción y distribución debían ser propiedad y administradas por el Estado en substitución del mercado.

El progreso económico se logra no solamente mejorando la eficiencia dentro de una asignación constitucional de los derechos y mediante cambios en las reglas que definen la eficiencia con los consecuentes cambios en la asignación constitucional de derechos sobre los recursos. La suposición de que las políticas públicas comunes de varios Estados-nación sobre la integración de los mercados, representan para estos Estados-nación mayor eficiencia y mayores beneficios que pueden modelarse bajo la simetría del clásico Dilema del Prisionero, no es del todo clara.

Sin embargo, la eficiencia de un mercado puede estar limitada por altos grados de incertidumbre que complican el cálculo del valor potencial de los recursos, la perversidad de los costos de transacción que distorsionan las percepciones de la naturaleza de recursos disponibles y su grado de accesibilidad y las presiones de la competencia. Las organizaciones y las empresas pueden balancear las limitaciones institucionales impuestos a los mercados mediante el debilitamiento, la reposición y la modificación de los incentivos del mercado, redefiniendo la motivación y la eficiencia de las actividades económicas en las que influyen. Cuando esto sucede, el concepto de eficiencia se modifica, de ser una eficiencia de asignación a una eficiencia adaptativa. (Moran y Ghoshal, 1999).

Los métodos para evaluar la elección entre los mercados y las jerarquías como modos de creación y asignación de recursos no pueden ser usados para evaluar la elección entre gobiernos y jerarquías o entre gobiernos o mercados. Incluso, dentro de las economías basadas en el mercado, el marco de referencia institucional y las percepciones del papel de los gobiernos, jerarquías y mercados entre sí, difieren, junto con una reacción a las fallas organizacionales.

El imperativo del capitalismo sobre la globalización económica ha sido ampliamente reconocido, pero los sistemas de organización eficaces para llevarla a cabo no son del todo muy claras. En esta forma, el mercado adquiere importancia tanto en términos económicos como culturales, dando sentido a criterios de eficiencia, productividad, legitimidad, transacciones y relaciones interpersonales, etc. Los mercados operan en un medio político. La aplicación de una política económica neoliberal que favorece el libre mercado ha generado una mayor desigualdad, pobreza y exclusión.

Las investigaciones empíricas, hasta ahora, no evidencian una simple asociación entre los cambios en la apertura comercial y los cambios en los cambios en las desigualdades, y sin embargo, en muchos países la desigualdad se ha elevado con los procesos de integración de estos países con la economía global. Sin embargo, en otros casos de países, la desigualdad ha caído con la apertura económica abonando a favor del argumento de que en términos generales, una mayor apertura eleva los ingresos per capita de los pobres y por tanto el ingreso de los pobres. No obstante, la distribución del ingreso per capita entre países ha llegado a ser más desigual en las últimas décadas., y por supuesto, las diferencias se reflejan en su población.

Los gobiernos neoliberales no han podido reorientar las instituciones para lograr una distribución más justa y equitativa en los beneficios de la globalización. El capitalismo consiste en no más que un modo de producción en el cual formalmente se recluta libremente el trabajo por empleadores regulares de empresas que compiten en el mercado por la obtención de utilidades (Runciman 1995). Las implicaciones son obvias: cómo se pueden hacer predicamentos democráticos que postulen la igualdad política bajo condiciones de una economía que intrínsicamente favorece la desigualdad.

Al nivel de economía nacional se exhiben variaciones sustanciales en el significado de asignaciones del mercado basadas en los precios, la política industrial y las relaciones de los negocios con el Estado (Appelbaum and Henderson, 1995). Al mercado se le objeta de que está profundamente enraizado en principios que promueven la competencia y la codicia entre los seres humanos, que conduce a la explotación y a la profundización de las desigualdades. El mecanismo sobre el que se organiza la globalización es el de una selección permanente en un contexto de competencia entre los principales factores de la producción, como por ejemplo, entre el trabajo y el capital, con mayores ventajas para éste último por la movilidad que le proporcionan los mismos procesos de globalización. La orientación de una política económica de crecimiento hacia fuera basado en la competitividad para poder insertarse en los mercados internacionales, ha limitado la capacidad redistributiva del Estado y como resultado se han incrementado los índices de pobreza. No hay que olvidar que el concepto de pobreza es un concepto relativo.

Las elecciones económicas sobre el consumo y la inversión individuales son influidas por las variables sociales, culturales, institucionales, etc. Esta ambigüedad se manifiesta más claramente en la necesidad que tienen los ciudadanos para mantener lealtades separadas. Por un lado, a sus propias tradiciones e instituciones, y por el otro lado, a las características de una cultura internacional que rápidamente se desarrolla (Ireland and Hitt, 1999).

Con las transformaciones económicas ocurren las políticas, sociales y culturales. La organización económica de las sociedades democráticas ha quedado delimitada por las diferentes funciones que desempeñan los gobiernos, ya sea como iniciador, supervisor del sistema económico y árbitro en las disputas que surgen entre los diferentes agentes económicos. Estas funciones se consideran especiales y de responsabilidad única para gobiernos, o bien como dueño de activos, participante e influenciador de la forma en que los recursos son asignados, funciones que son frecuentemente realizadas por las instituciones tanto del sector público como del privado. Cualquier sociedad moderna debe ser un equilibrio ajustado de una mezcla de instituciones del sector privado y del sector público que regule y redistribuya los recursos y que además experimente la autorganización.

Para mantener un nivel de gobernabilidad en la organización económica de una sociedad y conseguir los objetivos sociales, se requiere equilibrar estas dos funciones de los gobiernos con las funciones de otras instituciones, como el mercado mismo, por ejemplo. Este dilema de disfuncionalidad y desequlibrio de las relaciones entre Estado y mercado es delimitado por Orive (1997) cuando anota que "el mercado funciona con competencia pero la cooperación exige el papel activo del Estado…como promotor y catalizador de acuerdos entre los actores económicos y sociales que el mercado por sí mismo no garantiza…un papel más allá de ser el simple corrector de las fallas del mercado sin por ello volver a ser el actor dominante".

El mercado puede ser el principal asignador de recursos, pero el Estado puede crear las condiciones de equidad y justicia para que las necesidades de los más pobres sean satisfechas. Sin embargo, es difícil delimitar la frontera entre el mercado y el Estado, las cuales cambian constantemente, cargándose a un lado o a otro y ha sido el tema central de luchas políticas e ideológicas que transtornan al mundo y modifican drásticamente a la humanidad, causando muchas de las veces enormes daños y desigualdades. La acción de un Estado fuerte que apoya a empresas pequeñas y medianas puede fortalecer un sistema económico con una política social más justa y equitativa. Sin embargo, en las relaciones entre el Estado y las empresas, estas últimas mantienen su primacía sobre el Estado.

Appelbaum y Henderson (1995) sostienen que las compañías tendrán una presión creciente a niveles nacional e internacional a fin de formular estrategias corporativas que sean determinantes para lograr objetivos que tomen en cuenta la naturaleza de las estructuras de la gobernabilidad. El grado en el cual las compañías son capaces en algunos casos incluso interesadas en institucionalizar la innovación como el mayor objetivo de su operación, son centralmente importantes no solo para el desempeño económico nacional, sino que también para el grado en que pueden construirse sociedades más igualitarias y prósperas.

Así pues, no es sorpresa que las transformaciones económicas han traído consigo cambios políticos, sociales culturales y psicológicos, los cuales tienen que analizarse no solamente en sus actores, estructuras y procesos, sino también desde el punto de vista del ciudadano, a efecto de delimitar la urgencia que tiene el Estado para atender las exigencias de una ciudadanía más capaz para deliberar y tomar decisiones. Decir que los principios democráticos y los principios solo se manifiestan en un modelo económico "neoliberal" resulta una falacia, de tal forma que de la misma afirmación esos principios se convierten en antidemocráticos.

La existencia de principios democráticos y de libre mercado tampoco es garantía de un modelo de desarrollo social legitimado. De hecho, no existe todavía una economía pura de mercado donde la democracia esté totalmente consolidada. Lo que existen son democracias con diferentes grados de intervención estatal en la economía para garantizar a los ciudadanos ciertos bienes públicos, tales como la educación, salud, vivienda, etc. Por otro lado, la democracia está siendo delimitada por los cambios tecnológicos y el industrialismo.

De acuerdo con Linz y Stepan (1996), la consolidación de la democracia requiere de "la institucionalización de un mercado políticamente regulado. Esto requiere de una sociedad económica, que a su vez requiere de un Estado efectivo. Aun un objetivo tal como estrechar el alcance de la propiedad pública (por ejemplo, la privatización, como una actividad del Estado, que requiere una buena participación institucional) en una forma legal y ordenada es llevado a cabo con mayor eficacia por un Estado fuerte que por uno débil. El deterioro económico provocado por la incapacidad del Estado para desempeñar funciones regulatorias básicas en buena medida conjuga los problemas de la reforma económica y la democratización".

Autor:

Dr. Guillermo Hassel