Es en esta parte de la elaboración del Proyecto donde avanzamos al análisis de la problemática escogida por la comunidad y abordada por el equipo estudiantil.
2.2. Presentación del diagnostico.
Para la realización del diagnostico se utilizaron diversos instrumentos, entre los cuales se reseñaran los dos (02) mas objetivos e influyentes para la elaboración del proyecto "Justicia Social e Igualdad Real". Con la aplicación de estos se logro recabar la información pertinente para de esta manera realizar las conclusiones de esta fase.
Uno de los instrumentos aplicados corresponde al método "Investigación Acción Participante", por medio del cual se aplicó como instrumento una encuesta. El segundo método a mencionar corresponde al método "Análisis Coyuntural Marxista", por medio del cual se aplicaron como instrumentos la entrevista en grupos e individual, el cuestionario, análisis de datos recogidos en diarios de campo y conversatorios con los habitantes de la comunidad.
En la última fase se aplicaron diversas dinámicas grupales, visitas domiciliarias, charlas, debates, conversatorios y para culminar la fase se cerró con un Foro sobre la Función, Visión y Misión de los Organismos y Entes de Estado Barinas, (gubernamentales y dependientes) en cuanto a promoción y garantía sobre los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes.
Según información Obtenida mediante diferentes reuniones celebradas con los Representantes del Consejo Comunal e instrumentos aplicados a los habitantes de la Urb. El Milagro, parroquia Corazón de Jesús, municipio Barinas, Edo. Barinas, con la intención de obtener información necesaria para la realización del análisis de coyuntura y la aplicación del método hermenéutico, donde el grupo investigador, conjuntamente con la participación y colaboración de los facilitadores del PFG: Estudios Jurídicos, de la Aldea "Pio Tamayo", del VIII semestre, sección única, fin de semana; realizó un minucioso y detallado análisis de la influencia predominante del dogmatismo jurídico, la justicia social y la igualdad real y las causas de las fallas dentro de la estructura social, económica, política y especialmente en lo que respecta a los estudiantes del liceo Bolivariano "Rafael Medina Jiménez" de la comunidad objeto de estudio. Partiendo desde esta perspectiva, se logro conocer los diferentes ámbitos y aspectos que influyen y convergen sobre los diferentes conflictos sociales que se presentan, así como sus causas y consecuencias.
Aportando de esta forma un conocimiento objetivo que permite plantear soluciones enmarcadas en nuestra legislación vigente. Debido a la complejidad del objetivo de estudio, se hace necesario realizar un análisis minucioso a cada uno de los componentes del Árbol Social (método de investigación), para de esta manera poder desglosar cada uno de los aspectos que integran al mismo, con la finalidad de identificar los conflictos existente dentro de este y así mismo poder identificar la disfuncionalidad de sus partes o componentes.
Por tal motivo el equipo estudiantil, por acuerdo unánime, decidió realizar el análisis en orden ascendente comenzando por el ámbito local, este que se abordara investigando los aspectos: Ideológico, Socio-Jurídico, Político, Económico, que a su vez contemplara el marco jurídico vigente así como el dogmatismo jurídico causante del conflicto. En igualdad de proporción se abordaron los ámbitos: Estadal, Nacional e Internacional. Contemplándose en estos los mismos aspectos que en el ámbito local pero con una perspectiva basada en análisis de informaciones obtenidas por diferentes métodos como (compilación de datos procedentes de medios de comunicación: prensa, internet, etc.). Así como también se realizaron: Foros, Conversatorios, Ponencias, Charlas, asambleas comunitarias; para de esta manera comenzar a incentivar la ideología objetiva y cooperativista que reforzara en gran escala la alternativa que representa la organización comunitaria, ante la inseguridad e injusticia social.
Desde la décadas de los ochentas hasta la presente, el termino desarrollo social ha tenido una orientación sociopolítica de estado, sustentado por la acción de la política pública como eje central hacia la implementación de políticas sociales para la sociedad venezolana tomando en cuenta un slogan que es el de combatir la pobreza reflejada hacia sectores populares.
Tales orientaciones cargadas de debilidades han generado de una manera u otros impactos negativos hacia el desarrollo humano y social del sistema político, jurídico, social de la nación, contextos que mantienen un divorcio real en el cumplimiento de metas especificas relacionadas con los objetivos estratégicos del Plan Estratégico de la Nación "Simón Bolívar".
Cabe destacar que parte de esta realidad que viven y reinan en las instituciones públicas es por carencia de la aplicabilidad metodológica que son ajustadas a paradigmas contradictorios, que debilitan los procesos en función de brindar un mejor apoyo para el desarrollo endógeno de las comunidades, sin una verticalidad en la acción e intervención por parte de los organismos gubernamentales, donde la consolidación del modelo de gestión de las políticas sociales, perturba el desarrollo sustentable y sostenible de las mismas.
Por ello, el desafío forma parte de sistematizar las realidades institucionales de las llamadas "desarrollo social", permiten describir las contradicciones persistentes en el manejo y la administración de los recursos económicos, humanos hacia el cumplimiento de las políticas sociales y los programas que la conforman.
2.2.1. Antecedentes Teóricos.
El proyecto "Análisis Social de la Justicia" surge de la voluntad grupal en cooperar con el Proyecto País, (Proyecto Nacional Simón Bolívar); tomando como base que: gracias a este se puede acceder al sistema educativo del cual muchos individuos incluyendo a los que conforman el grupo de investigación habían sido excluidos por tantos años, y que ahora gracias a las políticas del sistema educativo realizan estudios en una Universidad (UBV), con principios políticos estrechamente vinculados con el actual sistema de gobierno, y siendo así, los integrantes del grupo se deben formar como profesionales comunitarios, sensibles, integrales, con principios y valores, comprometidos con el país y con el colectivo, dispuestos a buscar y ofrecer soluciones competentes para cada situación que así lo amerite y de esta forma contribuir en comenzar a construir los caminos por donde los sucesores de las generaciones actuales caminaran.
El 04 de Febrero de 1992, se conoció la "Agenda Alternativa Bolivariana" "La propuesta de Hugo Chávez para transformar a Venezuela" "Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2000-2007", hoy se recogen dichos fundamentos en las Siete Líneas Estratégicas del Proyecto Nacional Simón Bolívar, que es el núcleo de un modelo de acciones estratégicas conocido como "Triangulo de la Victoria", este consiste en: 1) ¿El Qué? Lo político; 2) ¿El Cómo? Lo estratégico; 3) ¿El Con Qué? Los instrumentos.
En este orden lo político representa el gran objetivo de la construcción del Socialismo en Venezuela, el cómo, es a través de las Siete Líneas Estratégicas del Proyecto Nacional Simón Bolívar, y él con qué, los Cinco Motores de la Revolución.
2.2.2. Marco referencial particular.
La esencia del proyecto "Análisis Social de la Justicia" es compatible con la del "Proyecto Nacional Simón Bolívar"; esta consiste en identificar cómo lograr la Suprema Felicidad Social, partiendo de la realidad concreta (el estado burgués heredado y el sistema capitalista); este que ha causado las desproporciones y desigualdades causantes de tantos sufrimientos, vicios y delitos en el país y en otros, por muy subdesarrollados que estos sean o, que aparenten ser. Hoy día se enfrenta un modelo impuesto, tradicional y absurdo proveniente de los gobiernos anteriores, y que, el actual sistema lucha por erradicar para así poder lograr la igualdad entre todos los individuos. Modelo este que, solo dejó como herencia los índices de marginalidad, exclusión, pobreza, miseria, entre otros que han caracterizado a la gran mayoría de los individuos de esta sociedad y que por tanto se traducen en la deformación de los valores y principios que deben regir al ser humano.
Realizando trabajos de investigación (trabajo de campo), en la comunidad, se logro observar un indicador periódico, que caracteriza al principal problema existente en la sociedad (la inseguridad). Pero cabe acotar que el concepto etimológico no corresponde a la interpretación popular del término; pues un porcentaje importante de los individuos menos privilegiados social y económicamente, asocian el término con: delincuencia, actos vandálicos, vigilancia policial, alteraciones del orden público, faltas a la moral, valores y buenos principios, entre otros. Cabe resaltar que, las últimas encuestas confirman que la "inseguridad" es uno de los grandes problemas de América Latina.
Y no se trata solo de una sensación, el índice de homicidios se ha duplicado desde 1980 hasta alcanzar niveles que podrían calificarse de epidémicos. La clásica respuesta se ha basado en los enfoques policiales y represivos conocidos como "mano dura" que, pese a su popularidad, no han dado los resultados esperados. Por el contrario, este camino impide diferenciar entre la delincuencia organizada y los actos delictivos de jóvenes excluidos y entorpece la elaboración de políticas capaces de enfrentar en profundidad la cuestión.
Solo un enfoque integral, que ubique la "inseguridad" en el contexto social y económico que atraviesa América Latina, permitirá un acercamiento efectivo al problema. Según los últimos datos del Latinobarómetro, la inseguridad es, junto a la pobreza, la falta de acceso a la salud y la educación, la corrupción y el desempleo, una de las grandes preocupaciones de la población. En la mayoría de los países ocupa el primero o el segundo lugar del ranking de preocupaciones. La percepción de inseguridad ha crecido. Casi cuatro de cada 10 latinoamericanos dicen que ellos o algún familiar ha sido asaltado, agredido o víctima de un delito en el último año. La percepción ya no es lejana sino parte de la propia experiencia. Y sería un error subestimarla: vivir sin miedo es un derecho absolutamente elemental; decir que no debe ser visto como un problema simplemente no funciona.
No se trata solo de una sensación. La evolución de la tasa de criminalidad en América Latina es alarmante.
En 1980, el promedio de homicidios por cada 100.000 habitantes era de 12,5 al año. En 2006 fue de 25,1, lo que significa que la criminalidad se ha duplicado en el último cuarto de siglo. Los especialistas coinciden en que un escenario de cinco homicidios cada 100.000 habitantes al año es considerado normal, entre cinco y ocho homicidios es alarmante, lo cual requiere repensar las políticas, y más de ocho constituye una tasa epidémica, lo que significa que el fenómeno es parte de estratos muy profundos de la realidad social y exige un cambio de paradigmas.
Los países con criminalidad más aguda son El Salvador (cinco veces la epidémica), Colombia (4,7 veces), Venezuela (4,25 veces) y Brasil (3,8 veces). Solo se hallan debajo de la cota de ocho homicidios Costa Rica, Cuba, Perú, Argentina, Chile y Uruguay. Comparativamente, la tasa de homicidios en América Latina es 17 veces la de Canadá (1,5) y 20 veces la de los países nórdicos (1,1 o 1,2). Es difícil exagerar la importancia de este problema. La criminalidad significa todo tipo de daños para la sociedad. Actualmente, según la comparecencia de los ministros pertenecientes al gobierno del presidente Hugo Rafael Chávez, misma realizada en el mes de febrero; El vicepresidente Elías Jaua, el ministro del Interior Tareck El Aissami y el canciller Nicolás Maduro asistieron a la Asamblea Nacional (AN) para ser interpelados por miembros de la oposición que tras una ausencia de cinco años volvió este año (2011) a la AN, y diputados oficialistas.
El ministro del Interior de Venezuela (hoy día Vice-presidente), Tareck El Aissami, reconoció que la tasa de homicidios que hay en el país, de 48 por cada 100.000 habitantes durante 2010 "sigue siendo una tasa muy alta" acotó. En primer término, por las vidas perdidas: en algunos países, como Brasil y Colombia, se ha transformado en la principal causa de muerte de los jóvenes.
También por las pérdidas materiales que ocasiona, porque distorsiona los presupuestos presionando a los gobiernos a gastar en seguridad en lugar de realizar inversiones prioritarias en desarrollo humano, y por los cuantiosos costos intangibles, imposibles de medir, derivados del hecho de vivir con miedo. ¿Cuál es el contexto económico y social de América Latina en el que se está produciendo el ascenso de la inseguridad? A continuación se describe brevemente, y luego se analiza la respuesta más obvia y común al problema.
(Las políticas de mano dura), así como los resultados negativos que ha arrojado. Posteriormente se examinan las verdaderas causas estructurales de este fenómeno y se evalúan algunas experiencias exitosas, para concluir con un planteo de respuesta integral al problema.
2.3. Situación Problemática Escogida por la Comunidad
2.3.1. Identificación del problema. El contexto de la inseguridad.
El crecimiento económico de América Latina ha sido en los últimos cinco años de 4,7%, cifra récord en las últimas tres décadas, en un contexto de equilibrio macroeconómico, con el mejor nivel de reservas internacionales y la mejor relación exportación–PIB de las últimas décadas.
Esto es resultado de los nuevos proyectos políticos emprendidos y de los virajes económicos, por supuesto, pero también de la revalorización de los términos de intercambio gracias, entre otros factores claves, al ascenso de los precios de las materias primas por el crecimiento de China y la India, y las bajas tasas de interés internacional. En México, los países de Centroamérica y otros, ha sido muy importante el fuerte incremento de las remesas migratorias, que hoy representan entre 17% y 40% del PIB. Estas son las buenas noticias: la economía de América Latina tiene una oportunidad. Sin embargo, las buenas noticias macroeconómicas no se trasladan mecánicamente a la microeconomía. El crecimiento ha sido importante pero la reducción de la pobreza no siempre lo ha acompañado.
En la región más desigual del planeta, la posibilidad de que el crecimiento se transforme en una mejora de la vida diaria requiere de muchísimas mediaciones en términos de políticas públicas. La tasa de pobreza latinoamericana, que era de 40,5% en 1980, fue 35,1% en 2009. Aunque el porcentaje expresa una mejora, es en términos absolutos como debe establecerse la comparación, pues se trata de seres humanos y cada uno importa. En 1980 había 136 millones de pobres; actualmente son 190 millones. Esto significa que hay casi 54 millones más de pobres y siete millones más de indigentes (pasaron de 62 a 69 millones) que en 1980. La persistencia de las desigualdades explica las altas tasas de pobreza a pesar del crecimiento económico. No se trata solo de desigualdad de ingresos sino también de desigualdad en el acceso a la salud, la educación y el agua (América Latina tiene 33% de las aguas limpias del planeta, pero hay 120 millones de personas sin instalaciones sanitarias y 60 millones sin agua potable). Uno de los errores más importantes en la estrategia para encarar estos temas es plantear que en América Latina hay pobreza y hay desigualdad cuando, en realidad, hay pobreza porque hay altos niveles de desigualdad.
Estos altos niveles de desigualdad generan las "trampas de la pobreza". Si un niño, en sus primeros años de vida, se cría en un hogar de pobreza significativa, las mediciones indican que ello va a incidir en un crecimiento neuronal insuficiente.
Con el tiempo, esto va a implicar capacidades de aprendizaje disminuidas, capacidades de utilización del lenguaje reducidas y una dotación de recursos biológicos deficitaria. Será difícil, en esas condiciones, que algún día pueda salir de la pobreza.
La extensión de la pobreza y las inequidades de acceso llevan a que en América Latina la mortalidad materna sea de 90 muertes (durante el embarazo o al dar a luz) por cada 100.000 partos de nacidos vivos. La de Canadá es seis. Pero hay que tener cuidado con lo que Mirta Roses, directora de la OPS, llama acertadamente "la tiranía de los promedios". La mortalidad materna en poblaciones indígenas llega a 400 o 500 por cada 100.000. En cuanto a la mortalidad infantil, la situación de pobreza hace que 30 de cada 1.000 niños no lleguen a cumplir los cinco años de edad, contra tres en Suecia o Noruega. Del mismo modo, en América Latina hay 220 millones de personas que viven en tugurios (nombre genérico para pobreza, miserias o ranchos), lo cual implica segregación residencial, distancias importantes a los posibles lugares de trabajo y falta de servicios básicos. Son "accidentes de nacimiento" que marcan claramente el destino de una persona si las políticas públicas no intervienen para superar estos obstáculos.
En el aspecto estadal; las políticas económicas y sociales del los anteriores gobernadores y alcaldes han llevado al estado Barinas hacia la pobreza. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadísticas el estado Barinas está por arriba del porcentaje nacional de hogares pobres y de pobreza extrema. (Fuente: http://www.abrebrecha.com/articulos.php?id=4756).
Los porcentajes nacionales de estos indicadores señalan que el índice de hogares pobres en el país se establece en un 31,7% y el de la pobreza extrema se ubica nacionalmente en un 7,30%; mientras que estos índices para el estado Barinas alcanzan el 52,4% y el 20,9% respectivamente. Desde el segundo semestre de 2006; hasta la presente fecha: 2010, Barinas destronó a Sucre y Apure, tradicionalmente los estados más depauperados del país y, desde ese momento nadie le ha quitado el liderazgo de pobreza en el país. En el mismo orden de idea, el Gobierno Bolivariano en el marco de la Gran Misión AgroVenezuela, en aras de fortalecer el desarrollo agroproductivo del Poder Popular Campesino, entregó este lunes 27 de junio de 2011, 20 unidades comunales de mecanización socialista, que beneficiarán a los consejos comunales de los municipios Obispos, Pedraza, Rojas, Barinas, Alberto Arvelo Torrealba, Andrés Eloy Blanco, Antonio José de Sucre, Sosa, del estado Barinas.
Cabe destacar que el monto entregado por la Banca Social en este acto que se llevó a cabo en la sede del Fuerte Tavacare, ubicada en el municipio Barinas, asciende a Bs. 19.779.762,76, para el desarrollo productivo de 13.180 hectáreas, en los rubros maíz blanco (consumo y semilla), maíz amarillo (consumo) y arroz (invierno), plátano, ají, lechosa, melón y pastos.
Al respecto, Lidin Ramírez, miembro del consejo comunal Hato Viejo 2, municipio Pedraza, dijo, "por primera vez los pequeños productores son tomados en cuenta, gracias a la Gran Misión AgroVenezuela para sembrar en colectivo los alimentos de la economía familiar y para abastecer a los sectores adyacentes al mencionado Hato"
De igual manera, Diego Hernández, del Consejo Comunal Colinas de Sucre, municipio Antonio José de Sucre, manifestó, "estamos muy contentos porque el Presidente Chávez está apoyando a los campesinos a través de esta Misión Socialista para que sigamos trabajando las tierras y producir alimentos. Gracias a la revolución, campesinos a los que nos decían pata en el suelo, ahora estudiamos y tenemos hijos graduados en las Misiones. Fuente: http://www.abrebrecha.com/147423_Misión-AgroVenezuela-entregó-unidades-de-mecanización-en-Barinas.html. Para la CEPAL la pobreza se define como un síndrome situacional en el que se asocian el infraconsumo, la desnutrición, las precarias condiciones de vivienda, los bajos niveles educacionales, las malas condiciones sanitarias, una inserción inestable en el aparato productivo o dentro de los estratos primitivos del mismo, actitudes de desaliento y anomia, poca participación en los mecanismos de integración social.
Para el Pnud la pobreza desde la perspectiva del desarrollo humano, significa que se privan de las oportunidades y las opciones más fundamentales del desarrollo humano: vivir una larga vida sana y creativa, disfrutar de un nivel de vida decente, libertad política, social y económica. Para los economistas, los niveles de pobreza, por lo general, son determinados por los ingresos nominales, la canasta de consumo y la distribución de los ingresos entre los hogares.
Un hogar se ubica por debajo de la línea de pobreza cuando sus ingresos no bastan para cubrir el costo de la canasta normativa de consumo total que incluye la de alimentos. Una canasta normativa de alimentos sólo incluye las necesidades básicas de calorías y proteínas de un hogar de mediano tamaño.
Una canasta normativa de consumo total, además de la alimentación básica, también incluye artículos como atención médica, vestido y vivienda. Si los ingresos son menores al costo de la balanza normativa de consumo total, entonces se considera que el hogar en cuestión es pobre. Si los ingresos son menores que el valor de la canasta normativa alimentaria, el hogar se cataloga como críticamente pobre. Barinas, como lo señala el INE, estos indicadores están por arriba de los nacionales, indicando esto un bajo nivel de desarrollo económico y social. Así mismo se aprecia el mismo impacto dentro de la comunidad de la urbanización "El Milagro".
La posible solución de esta problemática, como ya lo hemos señalado en otras ocasiones, es el buscar el camino hacia el desarrollo sostenido de la producción y el intercambio, camino que necesita de mentes frescas, creativas, educadas e informadas de las alternativas posibles con base en las potencialidades y restricciones de la entidad regional en cuestión. Todo desde una perspectiva jurídica que ofrezca a cada individuo la alternativa de poder ejercer sus derechos consagrados en nuestra carta magna, mediante la participación y protagonismo inherente y estrictamente necesarios para alcanzar el bienestar social y por ende la justicia.
La clave para superar la pobreza es poner el pie en la escalera del desarrollo; que en síntesis, es la necesidad de estimular la creación del capital humano, mejorar la salud, la nutrición y las capacidades necesarias para que las personas sean económicamente productivas, lograr estimular el capital social, buscar una buena infraestructura para la producción y el comercio, instalar un buen capital institucional público: legislación comercial estimulante de la producción, buenos sistemas judiciales y de servicios; a la par de esto, incentivar el saber práctico, científico y tecnológico que eleve la productividad y, sobre todo, aprovechar con eficacia el capital natural.
Barinas posee una diversidad, multiplicidad y abundancia de recursos para emprender y sostener procesos de desarrollo económico: su diversidad topográfica genera diversos ecosistemas naturales donde coexisten una gran variedad de suelos y climas propios para la agricultura y la ganadería. Tiene buenas reservas forestales, que a pesar de haber sido sometida a una explotación irracional, puede con un manejo adecuado que rescate su potencial servir de base para un desarrollo maderable.
La abundancia hídrica, pese a los efectos erosivos, suministra la posibilidad de un elemento vital para lo humano y lo productivo. Su ubicación geográfica como encrucijada y punto de encuentro de la región andina y de los llanos apureños, y su cercanía a Colombia y Brasil generan grandes posibilidades para un desarrollo comercial significativo, si también se sabe manejar el modesto potencial petrolero con que cuenta Barinas y Apure y desde estos aportes contribuir con el desarrollo endógeno de la región.
Si a todo esto se une la potencialidad que le puede generar una Universidad Innovadora como la UBV, pensada y organizada para sustentar tecnológica, científicamente el desarrollo agropecuario de la economía regional, con una estructura complementaria entre sus diferentes Programas de Formación de Grados, que tienen las bases necesarias para el estudio del desarrollo social y económico (endógeno), ya que fue pensada para complementar y proponer soluciones a las posibilidades de crecimiento y desarrollo de la región de los llanos Occidentales, cuyos estados (Barinas, Apure, Portuguesa y Cojedes) hoy día presentan, en general, bajos índices de desarrollo y pobreza.
Si se hace un análisis de la Constitución de 1961 y la de 1999 se puede observar dos modelos de Estado totalmente diferentes, siendo la primera el soporte normativo de una democracia representativa orientada a satisfacer los intereses de las élites económicas y políticas del país; mientras que la segunda es el fundamento y guía de una Democracia Participativa y Protagónica que atiende las necesidades y aspiraciones del pueblo, sin exclusiones.
El Estado emergente de la Constitución de 1961 fungió como un agente de las élites económicas, fundamentalmente representadas en Fedecámaras; administrado políticamente por las organizaciones AD y COPEI, con el apoyo vigilante de la Fuerza Armada Nacional y bajo la bendición de la jerarquía de la Iglesia Católica. Bajo este esquema político representativo se desconoce la voluntad popular y, de manera flagrante, se excluye al pueblo de la toma de decisiones, incluso en los aspectos fundamentales de la vida nacional.
El Pacto de Punto Fijo, suscrito originalmente por AD, COPEI y URD (este último se retiraría más tarde del mismo), vino a reforzar esa función del Estado, el cual instrumentó una política asistencialista hacia los sectores medios y populares de la sociedad, que creaba la ilusión de vivir en un país que perseguía el bienestar de todos sus ciudadanos/as; no evidenciándose la construcción de un nuevo país, ni muchos menos ofreció horizonte alguno para concretar una duradera transformación social; ni siquiera en los años 70, época de la llamada "Venezuela Saudita", cuando el país recibe ingentes recursos por la exportación de petróleo.
¿Cómo explicar esta desidia estatal? Es sencillo, el Estado estaba abocado a consentir las apetencias de los reducidos grupos económicos del país a través de las bondades del oro negro, mientras mantenía instituciones públicas deficitarias que estuvieron de espaldas al pueblo. Mientras existieron recursos para costear las políticas asistencialistas sin afectar los privilegios de la oligarquía, el Estado tuvo capacidad de maniobra para desmovilizar cualquier presión popular; pero, en los años 80 el país se ve enfrentado a una crisis económica caracterizada por los altibajos de los precios del petróleo, que hizo insostenible el papel del Estado no sólo en la economía sino en lo social, y esa capacidad de manejar la nación manteniendo la llamada "Paz Social".
Para paliar esta crisis, el Estado, administrado por el presidente Carlos Andrés Pérez iniciando su segundo mandato en 1989, hizo marcado énfasis en la capitalización de la economía nacional, cuya recesión era creciente, y generó las condiciones para la aplicación de medidas de ajuste de corte neoliberal bajo los "nobles" auspicios del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Pérez presentó en cadena nacional su plan de gobierno denominado "El Gran Viraje", conocido popularmente como el "Paquetazo Económico", el cual imponía, una vez más, grandes sacrificios a la población más desposeída con medidas como: aumento de la gasolina, liberación de precios, congelación de los sueldos y salarios del sector público, creación de impuestos como el IVA, aumento de las tarifas del transporte público en más de 100%, liberación de las tasas de interés, disminución de los subsidios, flexibilización de las políticas que protegían a los trabajadores, protección del Estado a empresas privadas y privatización de empresas públicas, entre otras. Como era de esperarse, este paquete económico provocó un descontento en la gente que se materializó en la rebelión popular del 27 de febrero de 1989, y días subsiguientes, conocida como "El Caracazo", que se expresó en todo el país.
Durante estos hechos, el ejército arremetió contra los grupos marginados y discriminados que irrumpieron en la escena política del país para oponerse a las medidas de ajustes. Se suspendieron las garantías durante 10 días y comenzó el toque de queda más cruento de la historia. Las fuerzas militares callaron con sus armas ciento de víctimas que bajaron de los cerros a defender sus derechos.
Y es bueno hablar de cientos de personas porque, hasta el momento, en Venezuela todavía se desconoce el número de víctimas que se produjeron durante la masacre de esos días y las cifras aportadas son parciales, por lo que sería irresponsable especular sobre datos específicos y fidedignos.
Como dice el coordinador general de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, Pablo Fernández, los familiares de las víctimas del 27F no encontraron espacio para sus denuncias, lo que generó una total impunidad en sus demandas.
Esto se viene a zanjar en el año 99 con la creación de la Defensoría del Pueblo, encargada de velar y defender a los ciudadanos/as de este tipo de arbitrariedades a raíz de estos hechos. De esta manera, las "bondades" del Paquetazo no cristalizaron, y no sólo por la efervescencia social que se generó, sino porque este modelo económico desencadenó una crisis social y de gobernabilidad que desembocó en las insurrecciones del 4 de febrero y 27 de noviembre de 1992, protagonizadas por militares nacionalistas, quienes enarbolando el bolivarianismo como fundamento ideológico y moral, insurgieron contra el gobierno de CAP, socavando las bases de éste y ganándose la simpatía popular. Uno de los líderes más destacado de ese movimiento fue el comandante Hugo Chávez Frías.
El viejo Estado: Esta insurgencia militar alertó a los estamentos políticos y económicos del país sobre los riesgos que corría su sistema, iniciándose la decadencia de AD y COPEI como partidos hegemónicos, y ascendiendo Rafael Caldera a la Presidencia en el año 93. Sin embargo, tampoco Caldera satisfizo las demandas populares: persistieron y se profundizaron el desempleo, el deterioro de los salarios, la contracción del consumo y la pobreza, que agudizaron la inequidad y la exclusión social. La democracia mantenía su carácter representativo, pero el Estado comenzó a debilitarse, especialmente por exigencias de las oligarquías regionales y partidos políticos emergentes, en consonancia con el diseño formulado para los países de América Latina, según los postulados del Consenso de Washington, que preveían menos Estado y más mercado. De esta forma, es obvio que el modelo neoliberal no dio respuesta a las exigencias de las mayorías.
Por ello, en 1998 asistimos al último respiro de un modelo político que vio asombrado cómo desde la preferencia del electorado nacional ascendió rápidamente el antiguo líder de la rebelión, Hugo Chávez Frías, hasta convertirse en el principal contendor de los partidos tradicionales.
Cabe señalar que es hasta este año 2011, cuando se discute y aprueba Ley para sancionar las torturas, desapariciones y violaciones de los derechos humanos (DDHH) cometidos durante los gobiernos de la Cuarta República, busca saldar una deuda política y social, e indemnizar a los familiares de unas 3 mil víctimas de la represión gubernamental que, bajo el antifaz de una democracia representativa y en defensa de los intereses imperialistas, dirigió los destinos de nuestro país, desde 1958 hasta 1998. Como ejemplo se pueden citar los casos de Noel Rodríguez, Luis Hernández, Felipe Malaver; los hermanos Pasquier, Víctor Soto Rojas (hermano del presidente de la AN, Fernando Soto Rojas) y Alberto Lovera, para ilustrar que sus asesinatos no deben quedar impunes y que sus deudos merecen y les corresponde por derecho la indemnización del Estado.
Es indiscutible que la aplastante victoria de Chávez abrió el compás para democráticos episodios en la historia de Venezuela, mientras el antiguo régimen pugnaba por mantener su sistema de privilegios en contra de una propuesta de Estado que contaba con el mayor respaldo popular. Dentro de este contexto, en el año 1999 se llevó a cabo una Constituyente que removió las bases de la organización política y económica del país y que garantizó profundas transformaciones de un modelo de Estado signado por el desempleo, la pobreza y la exclusión.
De esta forma, Venezuela edita un proceso de cambios en su sistema democrático, en el cual destaca el desplazamiento de los partidos tradicionales de la arena política, que durante cuarenta años protegieron una democracia que descargó en las espaldas de los sectores más vulnerables toda su ineficiencia.
Así, el país dio un giro de 180 grados, y el 15 diciembre de 1999 se presentó a la consideración de todos los sectores de la sociedad venezolana una Constitución cimentada en la Democracia Participativa y Protagónica, donde el pueblo tiene la posibilidad de conocer, debatir y tomar decisiones sobre diversos aspectos que les atañen directamente, desde el nivel comunal hasta nacional.
Esta nueva Constitución reivindicó los derechos humanos hasta verlos materializados; trascendiendo el plano del discurso retórico y con un alto grado de responsabilidad en la construcción y el fortalecimiento de la institucionalidad.
La Constitución de La República Bolivariana de Venezuela de 1999 da prioridad a las necesidades de todos/as los ciudadanos/as, quienes participan de forma activa en el debate de diversos temas que les afectan directamente, garantizando sus derechos humanos como el camino para la consecución de una sociedad más justa y equitativa, no sólo formalmente, sino en el hecho concreto, en el marco de una Democracia Participativa y Protagónica.
De esta manera, el nuevo Estado venezolano se fundamenta en un Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia; es decir, el Estado sometido a la legalidad. Un Estado que defiende como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación el goce, el respeto y la preeminencia de los derechos humanos como el respeto a la vida, empleo, educación, salud, vivienda, servicios públicos entre otros y que trabaja por la reducción de las asimetrías de poder, acceso a la justicia, igualdad de oportunidades, entre otros derechos fundamentales para alcanzar una vida digna. 2.3.2. Instrumentos Jurídicos que promueven la participación en Venezuela
Es imprescindible partir desde la misma Constitución venezolana, donde se establece que el Estado social es el "pueblo organizado", el asunto se trata entonces de implementar los ajustes necesarios en las leyes o introducir los elementos necesarios para hacerlo realidad.
La participación ciudadana se alinea a desarrollar leyes que construyan los mecanismos de participación, de control social, de fiscalización técnica social, de la comunidad organizada en atención al ordenamiento jurídico, económico y social del Estado. De manera que permita verdaderamente poner al Estado en manos de los ciudadanos. En el terreno de los valores esenciales, tanto en la función pública como privada, se han establecido normas que permitan extirpar la terrible corrupción, reformando el procedimiento y responsabilidad personal del funcionario.
En la esfera económica y social; se han elaborado leyes para la construcción de un nuevo modelo económico que ya está implícito en el texto de la Constitución. Orientadas a admitir la inclusión del colectivo en el desarrollo del país para alcanzar la igualdad y la equitativa distribución de las riquezas, en la búsqueda de mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos; a tenor de lo dispuesto en la Carta Magna.
Se plantea permitir diversas formas de propiedad, entre ellas la de propiedad privada, propiedad colectiva, empresas mixtas y las del Estado, donde la discusión se ha centrando en la nacionalización de los recursos naturales y ciertas áreas estratégicas como petróleo, redes de agua, las telecomunicaciones o la electricidad.
Muchas veces se habla, con ligereza, sólo de propiedad colectiva de los medios de producción para "construir el socialismo", pero lo que realmente importa es que independientemente de quién sea el dueño, el Estado deberá trabajar en la búsqueda de garantizar la función social de esa propiedad.
En el país desde hace mucho tiempo que la propiedad de las grandes empresas básicas han estado en manos de un estado de "pensamiento capitalista", carente del concepto de función social. "Sin duda alguna sigue y seguirá existiendo la propiedad privada". De lo que se trata, es de implementar leyes para que esa propiedad privada pueda cumplir su importante rol al servicio de la construcción de la sociedad y la República. Se busca que la propiedad privada produzca en función de las necesidades de la Nación, contribuyendo con que el producto llegue a todos al mejor precio, estimulando una corresponsabilidad con el Estado y los trabajadores en la reinversión de los derechos de las masas trabajadora, con justos salarios y el compromiso social del patrono con las comunidades. Otras de las leyes, que poco a poco, se han ido implementando paulatinamente, tienen que ver precisamente con los ámbitos financieros y tributarios. Se puede afirmar, sin temor a equivocarnos, que el sector bancario ha ganado en estos años, más dinero que ningún otro.
Cuando se vuelve al problema de cómo revertir esas ganancias en el país, cómo lograr que esa ganancia signifiquen un servicio social de apoyo con créditos de bajos intereses al sector agrícola, ganadero, avícola, pesquero que redundaran en beneficio del colectivo, no solo generando empleo, con la posibilidad de reactivar el aparato productivo, sino significando la producción de alimentos para todos y la reducción de la importaciones. Fuertemente se desarrolla también el área de economía social, el área cooperativa, las empresas de producción social que también pueden ser privadas, mixtas y del estado.
La participación ciudadana en el control del manejo y administración de los fondos públicos. Es fundamental comprender que la corrupción se ha convertido en la gran enfermedad mundial. Ya que no respeta fronteras geográficas, económicas, político-ideológicas, ni religiosas. Manifestándose desde tiempos muy remotos, representa una de las más terribles debilidades de la naturaleza humana.
En su origen, avance y combate se encuentran envueltos un cruce de enraizados intereses creados y fuertes poderes, económicos y políticos, pretéritamente establecidos. Picarescamente se manifiesta ante a la perversa combinación de poder y dinero, cuando lo ajeno es administrado "indebidamente", tanto en el sector público como en el privado. Ejemplo de esto es demostrable mediante el actual caso del Banco Federal; este que por medio de su dueño (Sr. Mezerane) estafo a los usuarios y huyo del país. Tristemente la impunidad le ha emparejado a la corrupción, imprimiendo su compás y nutriéndose no sólo desde el Poder Público, como desea presentarse ante los ojos de la ciudadanía. Para plantearse soluciones, es necesario reconocer que también se encuentran involucradas muchas de las organizaciones e instituciones fundamentales del área privada o semi-privada como: partidos políticos, sindicatos, gremios profesionales, grupos empresariales y bancarios, entre otros. Lo que indica que nadie está exento.
Se ha convertido en una sub-cultura que ha afectado al sistema político en todas sus extensiones: en lo económico, deteniendo el desarrollo, crecimiento e inversiones nacionales o extranjeras; en la educación y cultura, el individuo como persona humana, la Familia, la Sociedad y sus Comunidades.
Atentando contra organización Democrática, su estabilidad y su seguridad. Incluyendo la Soberanía Nacional, paz de la República, el Estado y el Poder Público todos sus ámbitos. Los antivalores de la viveza, la manipulación, la inmoralidad, el amiguismo han suplantado de manera vulgar a los méritos personales tradicionales como: la honestidad, capacidad, esfuerzo y autoestima que deben garantizar la obtención de cargos importantes para el verdadero avance del país. Muchas de las poblaciones son sacudidas, en lo actual, por una crisis general, que indiscutiblemente, parte desde lo ético-moral y educación. Agudizando peligrosamente conflicto en los hogares, la familia y sociedad.
Afianzando una cultura pro-corrupción y una educación con muy poca ética, incapaz de una real y eficiente formación de valores. Que derivan o generan una perjudicial situación, con sus amenazas de potencial explosión social con las constantes: inflación, especulación, carestía de la vida, con su consecuente descenso del nivel de calidad, desempleo, inseguridad personal, social y jurídica. Desencadenando en carestía o deficiencia de los servicios públicos en las comunidades. Por tanto, la corrupción debe considerarse un problema del "Estado y de la Sociedad", donde responsables o culpables somos todos, unos por acción y otros por omisión.
Acertadamente ha sido consagrado en el Preámbulo de la Constitución (…) con el fin supremo de refundar la República para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y puericultura en un estado de justicia (…) se debe reconocer que se ha dado un paso al frente al pasar de una democracia representativa a una protagónica y participativa. Ya que se requiere mucho más que políticas de Estado, que estén muy por encima de los intereses particulares o grupales y de las coyunturas políticas.
Resulta interesante que se le permita al ciudadano creer nuevamente en si mismo, que se colmen de esperanza y confianza que iluminara el camino a seguir. Con seguridad se encontraría que los seres honrados son más de los que cuentan y los individuos corrompidos no son tantos, solo que usan su poderío político-económico solo para sus fines particulares. Sirviéndoles sus fuerzas para magnificarse, generalizar, manipular, implantar disputas, caos y confusión con el fin de lograr la dominación de la masa e instaurar perverso clima de la "conformidad" que impide todo desarrollo humano.
Logrando que entretanto esos "pocos" que tienen la fuerza político-económica, con tan brillante estrategia, los "muchos" acepten sumisamente carencias y exclusiones económico-sociales, en lo relativo a información, adiestramiento, capacitación, educación para enfrentar los retos. Con el consecuente riesgo de desmoralización y sucumbiendo ante la tentación de la corrupción. De ahí que debe asumirse la denuncia como herramienta legal de participación.
La denuncia representa la emblemática figura dentro del juego de "participación ciudadana democrática". No se puede restar importancia a "la investigación", como instrumento viable para transmitir la verdad y hacer uso de la denuncia, tampoco permitir que con el derecho a la réplica se pretenda distorsionar la información, produciéndole daños irreparable a la democracia, las instituciones y a la persona humana en particular o como sociedad.
Todo ello amparado y establecido en el Título III de los derechos humanos, garantías y deberes ciudadanos, en la Constitución Nacional. Es de hecho el deber de reafirmar el compromiso ciudadano, y estar en claro conocimiento de lo que significa delinquir. Es delito el hurto de bienes y patrimonios de la Nación, el tráfico de influencias, soborno, halagos a funcionarios públicos para usufructo y provecho personal o corporativo, halagos, pagos ilegales a funcionarios públicos, para obtener beneficios, en perjuicio de los derechos de los demás ciudadanos.
El tener una función en el servicio público y no cumplir los fines para los cuales ha sido creado. El permitir, ignorar, amparar, ocultar o dejar que ocurran algunas de las conductas indebidas e indeseables señaladas anteriormente, sin tomar las medidas correctivas, disciplinarias o administrativas, punitivas o de denuncia ante los órganos competentes. Indistintamente como ciudadanos comunes o periodistas nos corresponde con obligatoriedad elevar la denuncia ante la opinión pública para que sea canalizada por los organismos de justicia.
Es importante destacar, que referente a los juicios, tipificación de los delitos y sanciones solo le corresponde a los tribunales de justicia competentes y no a los medios de comunicación.
Se debe dar inicio a la lucha contra el círculo vicioso de la corrupción, complicidad e impunidad, en lo preventivo y formativo. Es deber impartir los principios cívicos, morales, sociales y educacionales desde todo el campo del sistema educativo venezolano, donde cumplen un rol fundamental los medios de comunicación social, las iglesias y las diversas organizaciones e instituciones que interactúan en el proceso educativo. Todo encaminado al logro esencial de una conducta recta y sana que contribuya consigo mismo, como persona humana, con la familia, con el Estado, con la sociedad y sus comunidades y con las distintas instituciones públicas y privadas en la conquista de un Nuevo Orden Ético nacional e internacional, con diferente y contraria escala de valores, donde el dinero y el poder económico pasen a ocupar su justo lugar y donde puedan en el futuro menos lejano posible nacer y desarrollarse personas e instituciones superiores.
Comenzando con el adiestramiento personal, en especial al que se ocupa del control interno y del desarrollo de los recursos humanos. Tendiendo una red comunicacional de educación ciudadana, con base en el diseño de una campaña masiva por parte de los medios de comunicación social (prensa, radio, televisión, cine y otros), que parta de la clara idea de ayudar al rescate de la ética pública, como objetivo general, y a la preparación del ciudadano para que conozca los trámites elementales para la prestación del obligante servicio público, que sepa ejercer debidamente su derecho a la denuncia como figura democrática de participación ciudadana, que no caiga en las tentaciones y en el juego de los corruptos en cuanto a beneficios indebidos, en fin, que su actuación frente a la Administración Pública sea vigilante y sana moralmente.
Desde esta perspectiva el grupo investigador planteará una propuesta de grado. De acción educativa formal, en todos los niveles y modalidades de esta expresión del sistema educativo, en lo público u oficial y en lo privado, en lo civil y militar, en lo laico y religioso, en lo local, municipal, estadal y nacional.
Este programa ha de estar orientado hacia el paradigma en una escala deseable de valores y en función de principios y criterios directrices, objetivos, mecanismos de funcionamiento, seguimiento y evaluación, en procura de una ética democrática.
Para continuar trabajando con lo correctivo: en la gestión de acciones punitivas en forma progresiva, junto con la acción preventiva de la educación, de la necesaria simplificación administrativa y de los instrumentos legales que se puedan ir armando en el escenario legislativo, como el Código de Conducta y ética de los Servidores Públicos. De participación ciudadana, donde debieran interactuar, como expresión de la sociedad civil, el Voluntariado Público contra la Corrupción, que se viene promoviendo, estimulando y creando, y las Organizaciones no gubernamentales ganadas para esta causa, que tiene a su cargo el capítulo venezolano de Transparencia Internacional. De fortalecimiento y coordinación de la acción contralora en la Administración Pública, en la búsqueda de un eficaz control de gestión y de una correcta administración de los fondos públicos.
La erosión de la confianza ciudadana en los titulares de los oficios públicos es una cuestión muy seria, por lo que un grado de austeridad, de respeto y las buenas tradiciones y una severa conducta en la vida pública no solamente es deseable, sino esencial. La erosión en cuestión lleva un nombre, la corrupción, que distorsiona la función del Estado y tiene un alto costo para la sociedad, obtenida de la conjunción de factores de carácter político, económico, social y ético-moral, que ha afectado negativamente la credibilidad de la población en los valores del sistema democrático, cuya propia seguridad y estabilidad se siente por ello amenazada.
Debemos tener presente que un Estado de Derecho es por esencia un Estado Ético, conminado al ejercicio de sus competencias bajo el respeto de los principios de la legalidad y de la legitimidad ética. Entre los principales problemas del país la corrupción impune es uno de los más graves, pues carcome progresivamente los resortes morales de la sociedad y de la familia, de los valores ciudadanos, de la eficiencia del Estado, de la recuperación económica, de la capacidad de autodefensa de la Nación; y ella ha creado una especie de subcultura o anti-cultura, donde se la tolera, se la acepta y a veces hasta se la celebra.
Se soporta la acción permanente de factores que han venido erosionando las bases éticas y los más altos valores morales de la sociedad, dejándola campear libremente. Lo valores morales no pueden dejarse al solo albedrío de cada individuo, cuando se refiere a la vida en sociedad y a la relación entre seres humanos. La moralidad objetiva no ha sido transmitida con el mismo énfasis ni con la misma claridad a todos los grupos sociales. Porque no basta con cumplir con la Ley, que no siempre es moral, ya que todo cuanto se hace en sociedad tiene implicaciones éticas. Ser responsables significa que el estar aptos para responder por las acciones que se realizan o por las que se dejan de hacer, ya que la omisión de un deber ético es igualmente dañina y sancionable. La justicia ha sido definida a través de la historia como la virtud moral que inclina a dar a cada cual lo que le pertenece como propio. El objeto de esta virtud es el derecho objetivo, aquello que se debe a otro por estarle vinculado en fuerza de unos títulos naturales o adquiridos legítimamente.
Hay derechos primarios o fundamentales que son exigencia indispensable de la misma naturaleza humana, derivan de la ley natural pero no son primarios, otros en cambio, tienen como razón de existir la voluntad positiva de Dios o del hombre en cuanto representante de Dios. El hombre debe usarlos, haciendo mención al derecho formal y subjetivo. Así como también debe respetar a estos derechos, cumpliendo con el acto propio de la justicia de dar a cada uno lo que le pertenece. La justicia en consecuencia es la capacidad de vivir en la verdad con el prójimo, siendo ésta una de las virtudes más elevadas para la obtención de la paz social.
Por otra parte, la justicia legal es entendida como el medio a través del cual el Estado procura el bien común a todos los que habitan en un determinado territorio, mediante la promulgación de leyes justas y sabias, y en la constitución de un poder público capaz de darlas a conocer y de hacerlas cumplir; en tal sentido, la administración o regencia de tan vasto principio, emana de los ciudadanos y ciudadanas y se imparte en nombre de la República y por autoridad de la Ley, a través de los órganos que conforman el Poder Judicial.
Ahora bien, en virtud de las nuevas tendencias constitucionales que germinaron en Venezuela a finales del siglo XX, se devienen una serie de cambios o transformaciones en todos los estratos del Poder Judicial venezolano; cambios éstos por demás interesantes, ya que los mismos se fraguan en una sociedad donde más de las dos terceras partes de la población venezolana vive en estado de pobreza, es decir, sin la capacidad económica suficiente para al menos satisfacer sus necesidades básicas; siendo esto así, para ellos el acceso a un abogado y al sistema judicial para hacer valer sus derechos luce como una quimera inmensurable. Ciertamente en la actualidad venezolana, esta credibilidad y presencia de ética se ha visto opacada, en referencia a la "Justicia" y sus administradores. Los hechos acaecidos recientemente en la cárcel del Rodeo II han demostrado un elevado nivel de corrupción con fuentes muy enquistadas en nuestro sistema penal y judicial.
De este modo, se puede conceptualizar la justicia social de forma paralela a la inclusión social, por ende la inclusión social significa que todas las venezolanas y todos los venezolanos puedan desarrollarse integralmente, cumpliendo con sus deberes y, sobretodo, ejerciendo sus derechos a la educación, a la seguridad social, a la seguridad ciudadana, a la sana alimentación, al trabajo, a la vivienda digna y al pleno desarrollo de la personalidad del individuo, entre otros, garantizando así la igualdad de condiciones y de oportunidades que faciliten la justicia social y que garanticen el desarrollo humano y la paz integral. La justicia social se refiere a las nociones fundamentales de igualdad y de derechos humanos, y ambas pueden negarse o promoverse, a escala individual, local, nacional y mundial. Una situación de justicia es imprescindible para que los individuos puedan desarrollar sus capacidades por completo y para que se pueda instaurar una paz duradera. En Venezuela este concepto ha adquirido gran relevancia en lo social, lo político y lo cultural extendiéndose a lo social, sin embargo pareciera que la justicia está ligada meramente a la parte formal del derecho, cosa que le corresponde entenderla desde la perspectiva de la filosofía jurídica, de allí que la justicia social siendo un imperativo categórico para el Estado, no puede cubrir a todos los ciudadanos sino a un determinado grupo social vulnerable ante la justicia.
Justificación
Sustentados sobre las bases de nuestro ordenamiento jurídico vigente (preámbulo de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela) y comprometidos con la formación ideológica que se construye bajo el actual proceso político (socialismo del siglo XXI); se considera como fundamentación jurídica de este proyecto comunitario "Análisis Social de la Justicia", primeramente las líneas generales del "Plan estratégico de la Nación" y el "Proyecto Nacional Simón Bolívar" (la mayor suma de felicidad posible). Así mismo se considera como norma objetiva, pilar fundamental del sustento jurídico, el artículo 299 (CRBV), el cual establece:
El régimen socioeconómico de la República Bolivariana de Venezuela se fundamenta en los principios de justicia social, democracia, eficiencia, libre competencia, protección del ambiente, productividad y solidaridad, a los fines de asegurar el desarrollo humano integral y una existencia digna y provechosa para la colectividad. El Estado, conjuntamente con la iniciativa privada, promoverá el desarrollo armónico de la economía nacional con el fin de generar fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional, elevar el nivel de vida de la población y fortalecer la soberanía económica del país, garantizando la seguridad jurídica, solidez, dinamismo, sustentabilidad, permanencia y equidad del crecimiento de la economía, para lograr una justa distribución de la riqueza mediante una planificación estratégica democrática, participativa y de consulta abierta.
Las funciones esenciales del Estado Social coinciden el Estado de Derecho, los pactos, tratados y convenios suscritos por Venezuela. Su finalidad radica en crear, conservar y comprometerse a materializar esos derechos para satisfacer las demandas y necesidades de sus habitantes para lograr el bienestar general. Por ello, la justicia, la educación, la salud, la seguridad social, el propender a un desarrollo integral de la sociedad y del individuo, el establecimiento y la protección de los derechos humanos, siendo funciones indelegables del Estado. Aquellas que pueden acometer con mayor eficacia y eficiencia en la medida en que podríamos decir que son inherentes a la persona humana, es decir funciones que cuadran al estado en virtud de los fines y medios que estén a su alcance, así como la mejor preparación de sus actores gubernamentales para ejecutar las tareas que la Constitución y las leyes de la República le emanan por mandato del pueblo soberano.
Por lo tanto, el Estado venezolano en tiempos de la modernidad, estimula a sus conciudadanos a fomentar el espíritu de solidaridad, responsabilidad y ponderación en sus acciones ante otros organismos que no se inscriben en la función social. En este sentido, el cumplimiento de su función debe avocarse a orientar y apuntalar a la sociedad hacia la protección de los derechos humanos.
No basta establecer bases teóricas y leyes para el entendimiento de estos derechos, sino que debe ir más allá, hasta llegar a la función de educar, proteger, asistir y colaborar con aquellos ciudadanos y ciudadanas a quienes les han sido conculcados sus derechos humanos. Estado social de derecho en nuestros días, tiene relación con el estado democrático, en efecto, el estado social de derecho ha experimentado las luchas ideológicas y políticas del siglo XIX. Sin embargo, este concepto fue desarrollado en el siglo XX. El nacimiento del concepto de Estado de Derecho según sus consecuencias es producto de las críticas a la ideología liberal, tal como se había impuesto a partir de la revolución burguesa, y a su expresión jurídico-constitucional, con las primeras Declaraciones de Derecho (Virginia de 1776 y la Declaración Francesa de 1789), y las constituciones, norteamericana de 1787 y revolucionaria francesas, a partir de 1791; es fundamentalmente desde la segunda mitad del siglo XIX que surge el cuestionamiento de la concepción liberal originaria.
La transición desde la formalización o "positivación" del Estado de derecho, articulado al positivismo imperante desde el siglo XX hasta el presente, se identifica con la lógica formal (legalidad) producto de los actos parlamentarios en forma de ley, descartando las concepciones iusnaturalista que le habían definido los paradigmas racionalista e iluministas. Al reinterpretar el concepto de Estado de Derecho, en éste concurre una gama de corrientes ideológicas, como el socialismo pre-marxista, la social democracia clásica, el catolicismo social, entre otras.
Hacia 1949 el Estado Social de Derecho, es prescrito por la Constitución de la República Federal Alemana en su Art. 20 y 28. De ese modo, el Art. 20 consagra que la R.F.A es un Estado Federal, democrático y social. Es así como la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) de 1999, en el articulo 2 consagra que: "Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político". Esta constitución democrática compromete su existencia axiológica en el privilegio que le asigna a los derechos humanos como derechos fundamentales caracterizados por la universalidad de sus titulares.
Esta doctrina ha venido a sustituir al Estado Liberal de derecho como estructura de la convivencia occidental, con un nuevo contenido Estado Social de Derecho, esta vez positivo de la libertad individual. El bienestar social y la realización de la justicia, en su más alto y cabal sentido, aparecen, junto a la planificación, como funciones del Estado. Y esto no es incompatible con el mantenimiento del principio del imperio de la ley. El Estado Social de Derecho: (sozialer Rechtsstaat) se propone obtener la procura existencial (Daseinvorsorge) a través de la llamada administración "Prestacional" su nota definitoria es lo social y sus objetivos se encaminan hacia el bien común y la participación justa en la riqueza social. El intervencionismo del Estado social de Derecho es positivo, el Estado social de derecho fomenta la racionalidad del proceso político-económico-social por medio del Plan.
La idea de democratización debe incorporase al Estado de Derecho, además de ser usado como método de designación de gobernantes, debe materializarse en el seno de la sociedad, es decir, la democratización (democracia social), se convierte así en un componente indispensable de la nueva concepción del Estado de Derecho, el Estado Social de Derecho se transforma en un concepto más extenso, al incorporar en su interior otras líneas: política, ideológica, jurídica.
En síntesis, el Estado es el garante de la satisfacción de las necesidades básicas para una vida digna (necesidades vitales) de todos los ciudadanos, independientemente de las formas y modos de su relación con la economía, más o menos intensa, directa o indirecta (se incluye también la privatización de las empresas industriales y de servicios) invariablemente es imprescindible salvaguardar el rol del Estado como última instancia de garantía de la ejecución de la procura existencial, gracias a la protección y fomento de los derechos sociales y económicos.
Es fácil entender que el Estado Social de Derecho, es un concepto material, el cual demanda actos concretos o hechos sociales con contenidos valorativos en la praxis social, al asignarle obligaciones de hecho en el ámbito legislativo y administrativo.
En la Constitución descansa la norma jurídica, por lo tanto es el instrumento jurídico preeminente al que se remite como principio de base y razón de ser, en otras palabras es el complejo normativo del Estado. Las transformaciones del Estado que muchos autores identifican como el Estado en crisis, exige un poder capaz de ejecutar con eficacia las reformas necesarias en donde ese Estado se desempeñe en su verdadero rol para la sociedad actual, en ese sentido, "a pesar que en el campo doctrinario algunos consideran inútil la expresión o la incorporación del Estado Social, por estar comprendido en el término democrático".
De acuerdo a la posición de los autores, éstos discurren sobre la incorporación de esta acepción "Estado Social" ya que fortalece el principio fundamental y la responsabilidad que tiene el Estado de brindar respuestas concretas y objetivas a la población en general, sobre asuntos que se vinculan con los elementos axiológicos que se han convertido en reconocimiento de esos derechos y que se incorporan a las normas jurídicas. Sin embargo, estos derechos como se dijo anteriormente son producto de las luchas y la búsqueda de estos para el logro de reivindicaciones de tipo económico, social y político. En este sentido, el fortalecimiento del Estado Social de Derecho es fundamental para la plena inserción de los países a la comunidad de naciones del mundo, como para alcanzar la paz, proteger a la población, reforzar la legitimidad del Estado, alcanzar un desarrollo humano sostenible, y asegurar la eficacia de las políticas públicas en general.
La responsabilidad del Estado en materia de derechos humanos.
Referente a la responsabilidad del Estado en materia de derechos humanos como lo afirma Meléndez Florentín tiene su asiento como fuente el ámbito constitucional, pero también tiene su fuente en el derecho internacional público general y en el derecho internacional público privado, es decir en el derecho internacional de los derechos humanos, en el derecho internacional humanitario, en el derecho internacional de los refugiados, en el derecho penal internacional y el derecho internacional del trabajo.
Pactos, tratados y convenios suscritos por Venezuela.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, otorga a los Acuerdos, Convenios, Tratados, entre otros, suscritos y ratificados por Venezuela, la jerarquía constitucional, razón por la cual goza de preeminencia respecto al Derecho Interno.
Al respecto, es importante señalar que el texto constitucional contentivo a los artículos 152 al 155, establecen los principios a considerar en esta disciplina jurídica. En este orden de ideas el artículo 19, se refiere a que el Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad sin discriminación alguna, del mismo modo, le da el privilegio de que toda persona debe gozar y ejercer de forma irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos.
También alude al respeto y a las garantías que son obligatorio cumplimiento para los órganos del Poder Público venezolano, conforme a la Constitución, a los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República y de igual manera leyes que salgan del seno de éstos y puedan ser desarrolladas.
En cuanto al artículo 23 de la Carta Magna de 1999, establece que Venezuela se compromete a convenir tratados, pactos y convenciones relativas a derechos humanos, que son suscritos y ratificadas por la Nación venezolana, por lo que éstos poseen jerarquía constitucional y en todo caso, predomina sobre el ordenamiento jurídico interno del país. Los instrumentos internacionales en esta materia, muestran como se conforman y se materializan de forma profusa cuando se le asigna la responsabilidad a los Estados para que éstos cumplan de forma efectiva la ejecución de estos derechos, y una forma de cumplirlos, consiste en planificar, administrar, ejecutar y controlar las políticas públicas donde se incluyen programas y proyectos "tanto coyunturales como estructurales" a fin de instrumentar y darle existencia a los principios jurídicos, derechos y garantías que posibiliten en la práctica social hacer efectivos estos derechos. Y así de esta manera consolidar un mejor estilo de vida.
Estas disposiciones serán cristalizadas en la medida en que cada país haya convenido asumir como obligación en su carta política y sea capaz de adoptar las diferentes medidas conforme a su derecho interno; el reconocimiento de este conjunto de derechos como de especial importancia para el desarrollo del ser humano ha formado parte de un proceso histórico que se inicia principalmente con la aprobación en diversos Estados de una serie de documentos en los cuales se establece una relación de determinados derechos que son considerados como anteriores y superiores al Estado, el que a su vez se encuentra obligado a garantizarlos y protegerlos.
Entre las normas internacionales sobre derechos humanos que Venezuela ha suscrito se encuentran:
a. Instrumentos del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos
b. Instrumentos del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos
c. Ratificación y adhesión de tratados por los países andinos
En este punto específico, resulta importante recordar la reunión realizada en diciembre del año 2009; donde se pretendía "la conclusión de un acuerdo jurídicamente vinculante sobre el clima, válido en todo el mundo, que se aplicaría a partir de 2012". Sobre dicha cumbre podemos acotar como reflexión, que sacamos de esta cumbre, es la misma que hemos sostenido sobre la OEA y la ONU, en el caso del presidente hondureño Manuel Zelaya y que no es otra, que estos organismos son entes creados por los imperios dominantes en el mundo, para darle un marco legal a todas las fechorías, que se le ocurren hacer por todo el mundo.
Ejemplos de lo anterior sobran, las armas de destrucción masiva en Irak, la salida del hilo constitucional de su país, por parte del presidente Zelaya, la silenciosa invasión en Haití, la eterna represión al pueblo palestino, la posible intervención en el programa nuclear de Irán, la guerra de Afganistán, las maniobra militares entre EEUU y corea del sur para amedrentar a Corea del Norte (basados en la falacia del hundimiento de la corbeta sur-coreana), las recientes acusaciones (falsos positivos) por parte de funcionarios Colombianos en contra de la integridad y soberanía de nuestro país Venezuela, en fin, el actual bombardeo a Libia, solo hemos mencionado los mas recientes, todos estos ampliamente avalados, por estos entes supra-gubernamentales que como dijimos al comienzo, solo sirven a los intereses del imperio. Cláusulas sobre la protección nacional de los derechos humanos.
El Art. 27º de la Constitución señala que el proceso de amparo protege "los derechos y garantías constitucionales, aun de aquellos inherentes a la persona que no figuren expresamente en la Constitución o en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos" Cláusulas que reconocen el derecho de la persona a la protección internacional de los derechos humanos.
Artículo 31º.- Toda persona tiene derecho, en los términos establecidos por los tratados, pactos y convenciones sobre derechos humanos ratificados por la República, a dirigir peticiones o quejas ante los órganos internacionales creados para tales fines, con el objeto de solicitar el amparo a sus derechos humanos.
El Estado adoptará, conforme a procedimientos establecidos en esta Constitución y la ley, las medidas que sean necesarias para dar cumplimiento a las decisiones emanadas de los órganos internacionales previstos en este artículo. Cláusulas sobre el cumplimiento de las decisiones internacionales sobre derechos humanos.
Artículo 31º.- (…) El Estado adoptará, conforme a procedimientos establecidos en esta Constitución y la ley, las medidas que sean necesarias para dar cumplimiento a las decisiones emanadas de los órganos internacionales previstos en este artículo. Cláusulas sobre procedimiento de aprobación o denuncia de tratados.
El Art.154º establece: "Los tratados celebrados por la República deben ser aprobados por la Asamblea Nacional antes de su ratificación por el Presidente o Presidenta de la República, a excepción de aquellos mediante los cuales se trate de ejecutar o perfeccionar obligaciones preexistentes de la República, aplicar principios expresamente reconocidos por ella, ejecutar actos ordinarios en las relaciones internacionales o ejercer facultades que la ley atribuya expresamente al Ejecutivo Nacional". Venezuela en el gobierno actual, de manera fundamental, tiene una política de estrecha y amena relación con los demás países del globo terráqueo.
Derechos sociales fundamentales.
Venezuela, a finales del Siglo XX, se instituye desde la praxiología jurídica como un Estado Social de Derecho y de Justicia, además ha contado con una tradición democrática a través de los mecanismos de participación política, económica, social y cultural, incorporando programas sociales denominadas Misiones que en un momento se convirtieron en programas coyunturales con la finalidad de solventar la deuda social adquirida durante el siglo XX, y así tratar de paliar los errores de los gobiernos anteriores que sumergieron al país en un estado de desigualdad.
Estos programas alternativos enmarcados en la política social, se convirtieron en mecanismos para resolver los problemas de pobreza estructural, cuando se formaliza el reconocimiento de los tratados y convenios para hacer realidad esos derechos, se advierte una suerte de esperanza para aquellos que antes eran excluidos y que ahora son incorporados en proyectos y programas sociales que abarcan desde el Art. 75 hasta el 111 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Así, el Estado venezolano muestra fortalezas, representadas en la Constitución de la República y estabilidad democrática, en una legitimidad institucional reforzada en estos tiempos de dificultades, un aparato económico que ha resistido el embate de la corrupción, el despilfarro y lo más serio que antes de 1999 el Estado no había cumplido con los derechos sociales fundamentales de los ciudadanos.
La construcción del Estado social de derecho y de justicia, que sea garante de la plena participación del pueblo venezolano en los espacios de decisión de lo público, constituye el fin último de esta delegación legislativa, que además contempla el fomento del elemento ético como valor de máxima consideración al normar el manejo de la cosa pública. Desde la axiología a la praxiología socio jurídica (Artículo 26 de la OEA) – (Art. 2 CRBV 1999) Elaboración propia (septiembre, 2007) Cabe mencionar como ejemplo: la implementación o activación de las nueve (9) bases militares estadounidense en territorio colombiano; esta que representan una seria amenaza contra Venezuela y Latinoamérica, pues es muy bien sabido, que la principal intención de dichas bases es establecer mecanismos de presión contra los gobiernos de izquierda que resurgen en el continente. Así mismo pudimos conocer como se utilizó la estrategia imperial en el dominio del ex-presidente colombiano (Uribe) para buscar antes de la entrega de la presidencia de Colombia al recientemente electo presidente (Santos); un conflicto que pueda justificar la injerencia e invasión del imperio americano a nuestro territorio. Así como también la incursión militar en el hermano pueblo de Haití; donde actualmente se encuentran más de 20.000 soldados estadounidenses, con la supuesta intención de garantizar el orden público.
La misma estrategia se aplica en Libia, y en otros países que difieren de la subordinación para con los Estados Unidos. Al respecto, el Libertador Simón Bolívar expreso. "(…) Los Estados Unidos, parecen destinados por la providencia a plagar la América de miseria en nombre de la Libertad (…)"
"Su genus proximum", los derechos sociales fundamentales son derechos fundamentales, es decir derechos subjetivos con un alto grado de importancia. Pero lo que distingue a los derechos sociales fundamentales de otros de otros derechos fundamentales (differentia specifica) es que son derechos de prestación en su sentido estrecho, es decir, derechos generales positivos a acciones fácticas del Estado.
En este orden de ideas, los derechos sociales fundamentales son derechos generales, específicamente derechos generales positivos, el carácter general de los derechos sociales fundamentales se refleja en tres planos: el plano del titular del derecho el de su objeto y el de su justificación. En el plano del titular del derecho, todas las personas son portadoras de derechos sociales fundamentales. En el plano del objeto los derechos sociales fundamentales, son derechos constitucionales (derechos legales).
En el plano de la fundamentación filosófica, los derechos sociales fundamentales son derechos humanos cuyo carácter ideal (validez moral) se ha fortalecido mediante su positivización (validez jurídica). Una consecuencia directa de esto es la generalidad y la indeterminación de los derechos sociales fundamentales en contraste con la universalidad y la abstracción de los derechos sociales humanos. El concepto de los derechos sociales fundamentales se distingue por cinco características:
1. La norma jurídica
2. La obligación jurídica
3. La posición jurídica
4. El grado de importancia
5. El carácter general positivo
Bases conceptuales para la efectividad del acceso a la justicia
La Equidad: Entre las múltiples relaciones existentes entre la equidad y los derechos sociales se vinculan al concepto integral de desarrollo. En este sentido, cuando se ejercita y se activan los mecanismos de los derechos humanos, se elevará el valor instrumental que el mismo posee, en virtud de hacer sentir la voz de los excluidos reforzando las reivindicaciones sociales, de modo tal que el pleno disfrute de esos derechos constituyen en si mismo un elemento esencial y una meta hacía el desarrollo.
La equidad viene a constituir un componente del desarrollo humano, la igualdad en los bienes o servicios necesarios permitirá gozar de una adecuada calidad de vida. A este se le añade indudablemente una visión integral de reconocer la condición de persona de cada ser humano y de su dignidad, la cual se expresa principalmente en el conjunto de los derechos humanos. Siendo estos derechos aquellos que deben manejarse como libertades reales, tangibles y accesibles para todos. Se considera como una tendencia a tratar de manera desigual a los seres que forman parte de una misma categoría esencial, ella se desarrolla acortando la desigualdad debido a que se extiende hacia el establecimiento de un paralelismo perfecto de la justicia formal.
Solidaridad: Se considera como el segundo principio fundamental de las sociedades occidentales, en su esfuerzo por construir una sociedad humana. En este orden de ideas, "la solidaridad implica el reparto orgánico de la riqueza de un país, con la intención de crear riqueza común en materia de infraestructura de bienes y de servicios considerados necesarios e indispensables para el buen funcionamiento y el buen desarrollo de la solidaridad como seres humanos racionales que somos".
De acuerdo a lo antes dicho, el autor plantea que la solidaridad se enraíza desde un punto de vista mutualista, de porvenir individual y colectivo. Se puede distinguir la solidaridad mutualista de la solidaridad altruista en la medida en que la acción solidaria no espera obtener beneficios o retornos por aparte del o los beneficiarios de esa acción. Traduciéndose esto, como una forma de gratuidad normativa (acto a favor) de ó por los demás, sin esperar una contrapartida.
Bien común: Se puede arribar a este acepción considerando algunas reflexiones que podrán develar la génesis del mismo, sin embargo hay que cuidarse no caer en utopismos inocentes que pueden desvirtuar las condiciones de su concepto practico. Entonces, se debe repensar sobre la importancia de la existencia del otro que posibilite la convivencia humana y social.
El objetivo del bien común, obedece al conjunto de principios, reglas, instituciones y medios que permiten promover y garantizar la existencia de todos los miembros de una comunidad humana en el plano inmaterial, dicho de este modo. Para que el bien común sea entendido como un elemento esencial, debe verse a través de la trilogía: reconocimiento, respeto, tolerancia en las relaciones con el otro. Por otro lado, si nos ubicamos en el plano material, se puede evidenciar el bien común como aquella materialización dé bienes y servicios que se le proporcionan a los habitantes de una sociedad, población comuna, entre otros, los cuales se convierten en: alimentación, vivienda, energía, educación, salud, transporte, información, democracia y expresión artística. Para entender el bien común en el contexto venezolano, es necesario reconstruir lo inverosímil a lo verosímil de las relaciones humanas entre los congéneres. Del mismo modo, implica transformaciones de forma radical en el plano político, económico y social.
La idea del bien común para la Venezuela consiste en colocar en el sitial la urgencia de utilizar una nueva fiscalización y un nuevo sistema económico socio productivo para poner la economía y las leyes al servicio del bien común.
| Página siguiente |