El narcotráfico y su impacto en las relaciones internacionales

Enviado por dpenanina

Aunque pareciera que no hay esperanza, la dialéctica ilumina el futuro y en el nacer, crecer, durar y morir de todas las cosas, están la posibilidad del origen y desarrollo de otras vidas.- González Vidaurri, Alicia et al.

Introducción

El negocio del narcotráfico tiene tal dimensión, mueve tal cantidad de miles de millones de dólares, involucra a tal cantidad de Estados, está infiltrado de tal manera en las altas esferas de poder de naciones ricas y pobres, abarca un mercado mundial de tal magnitud y finalmente, envenena a tal cantidad de seres humanos, que desafía el corazón del sistema de una manera contundente, pone en tela de juicio los valores de la sociedad moderna y refleja los elementos más hondos de una crisis y un desmoronamiento, capaz de conducir a millones de personas a la autodestrucción ante la evidencia de un mundo que muchas veces parece no valer la pena de ser vivido.

El narcotráfico se ha destacado en las últimas décadas como la actividad delictiva generadora de un mayor número de crímenes y con un volumen de negocio más elevado. Muchos traficantes individuales y organizaciones ilegales que se dedican a él han conseguido acumular ingentes cantidades de dinero y medios materiales, lo cual les ha otorgado una posición de fuerza que les permite no sólo escapar a la actividad represiva de los Estados, sino incluso constituirse en centros de poder paralelos. El fenómeno, impulsado por el aumento generalizado del consumo y la revalorización del producto desde su origen hasta su recepción por el consumidor final (en ocasiones su valor se multiplica hasta por 100.000), comenzó a ser contemplado con preocupación por los gobiernos tras la Segunda Guerra Mundial. Ello motivó que en la, entonces, recién nacida Organización de las Naciones Unidas (ONU) se iniciara el estudio de las medidas de índole legislativa, política y policial que podían ser adoptadas.

En efecto, las dimensiones colosales del negocio de la droga son refrendadas por cifras como los más de 50 millones de consumidores existentes de heroína, cocaína y drogas sintéticas (entre un 3% y un 4% de la población mundial), así como los 400.000 millones de dólares estadounidenses en beneficios que genera anualmente esa industria, cantidad que supera la obtenida por el sector turístico internacional en su conjunto. También se trata de una actividad de la cual dependen decenas de miles de personas, ya sea en los procesos productivos, en el transporte y distribución o en el blanqueo de los beneficios. La dificultad de controlar y atajar las redes internacionales del narcotráfico se ve acrecentada por la globalización económica, alguno de cuyos procesos inherentes, como la universalización de las comunicaciones, las facilidades de transporte, la desregularización bancaria o la conclusión de acuerdos de libre comercio, han beneficiado el crecimiento y expansión de unas asociaciones ilícitas cuya capacidad organizativa es, en ocasiones, comparable a la de las grandes corporaciones multinacionales.

Los procesos a los que se ha aludido en el epígrafe anterior se agudizaron tras la caída de los regímenes comunistas y el final de la Guerra Fría, preludio de una libertad económica que influyó decisivamente en la mundialización de la producción, distribución y consumo de drogas. En nuestros días, la droga está presente en todos los continentes y áreas geográficas del planeta, lo cual no impide que puedan distinguirse una serie de centros principales de producción y rutas de distribución, así como lugares en los que se registra una mayor demanda y consumo. En concreto, destacan dos zonas como núcleos en los cuales se inicia el proceso del narcotráfico: el sur de Asia, en el caso del opio y sus derivados, y el noroeste de América del Sur, en cuanto a la producción de cocaína. Tampoco puede obviarse el auge que está experimentando en algunos países de Europa (Países Bajos, Polonia, Estados postsoviéticos, etc.) la producción de drogas sintéticas como el éxtasis y similares.

El narcotráfico internacional se ha convertido por sí mismo en un gobierno malvado y poderoso. Representa en la actualidad un poderío financiero, político y militar mayor que el de algunas naciones de las Américas.

El tráfico y el consumo de drogas, y sus resultantes de corrupción y violencia, son las mayores amenazas a nuestra seguridad, como región y como naciones individuales. Estas amenazas no reconocen fronteras, dentro de nuestro hemisferio, en su ataque inexorable y devastador a nuestras familias, nuestras comunidades, las instituciones democráticas de nuestras repúblicas soberanas y nuestros propios medios de vida.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El narcotráfico plantea la particularidad de que el cultivo de las sustancias narcóticas puede realizarse en un determinado país, la materia prima procesarse en el mismo país productor u otro país; el país destinatario del producto terminado puede encontrarse lejos del país productor y el traslado del producto, en muchos casos, necesita usar el territorio de otros países como puentes, antes de llegar a su destino.

Esta complejidad de producción, traslado del producto y mercadeo, involucrando diferentes países, convierte al narcotráfico en una acción delictiva múltiple que involucra diferentes países, lo que ha conllevado a considerarlo como un delito universal.

Por consiguiente, los países se ven obligados a colaborar entre sí y desarrollar estrategias de combate conjuntas para combatir el narcotráfico de manera integral.

0BJETIVOS

General:

Presentar un panorama sobre el narcotráfico en la actualidad y establecer las características de los cambios y modificaciones de visión en su combate.

Específicos:

Analizar los problemas que plantea el narcotráfico en nuestro país.
Investigar sobre la lucha que se sigue contra el mismo, en nuestro medio, y cuál es nuestra óptica nuestra realidad y aspiraciones prácticas

Metodología

Revisión de la bibliografía sobre el tema, internacional y local.
Análisis y discusión del material obtenido en las revisiones.
Elaboración del trabajo escrito.

Definición de narcotráfico

Es un delito contra la salud pública, consistente en la realización, normalmente con fines lucrativos, de actos que sirvan para promover, favorecer o facilitar el consumo ilegal de drogas naturales o sintéticas, ya sean estupefacientes, psicotrópicos o de cualquier otro tipo. Se trata de acciones que, aunque recogidas y definidas de forma muy diversa, están contempladas en las diferentes legislaciones como hechos ilícitos y son objeto de represión tanto en el ámbito interno como internacional. Todas ellas son englobadas habitualmente bajo la denominación de narcotráfico.

Concepción legal

Este es uno de los delitos de mayor aplicación práctica, por lo que la jurisprudencia sobre esta materia es muy extensa y pormenorizada. Nosotros dedicaremos en este tema de las drogas al estudio de aquellas materias más recurrentes. Como señala la doctrina legal, el delito contra la salud pública es un ilícito de riesgo abstracto y de consumación anticipada en el que el bien jurídico protegido es la salud pública, consumándose la infracción con la ejecución de alguna de las acciones incluidas en el precepto penal, resultando indiferente a los efectos de la calificación, la eventual lesión o perturbación física o psíquica de la persona que, finalmente, consume la droga objeto del tráfico ilícito, precisamente porque en esta figura delictiva el sujeto pasivo no es la persona concreta, receptora y consumidora de la sustancia prohibida, sino el colectivo social cuyo bienestar sanitario es el objeto de protección de la norma, por lo que los resultados dañosos que dicho consumo produzca en el consumidor del producto queda extramuros del marco del tipo penal.

Cooperación Internacional

En años recientes hemos comenzado ya a comprobar los resultados de algunos de nuestros éxitos colectivos. Todos los estados miembros de la OEA/CICAD han firmado, ratificado o ingresado en la Convención de Viena de 1988. Muchos han aprobado leyes básicas de control de narcóticos y legislación complementaria relacionada con el tráfico de drogas, incluso cláusulas sobre control de precursores químicos, lavado de dinero y confiscación de bienes. Las reuniones y declaraciones de la Cumbre de las Américas resultaron en acuerdos tomados por cada país de aprobar en la región leyes nuevas, abarcadoras y sin precedentes contra el lavado de dinero. Todos reconocemos que el lavado de dinero no sólo sustenta la actividad criminal subyacente que genera ese dinero; con demasiada frecuencia el tráfico de drogas también socava y corrompe las instituciones financieras legítimas de las cuales dependen la fortaleza de nuestra economía y, en último término, nuestros gobiernos. Pero mucho queda por hacer; todos sabemos que no podemos permitirnos limitarnos a llegar a acuerdos o a aprobar leyes. Debemos garantizar que nuestras autoridades de administración de justicia tengan los instrumentos, el adiestramiento y el personal para detectar e investigar el lavado de dinero a través de los informes de las instituciones financieras y el acceso legal a los registros bancarios cuando sea requerido. Debemos también garantizar que estas investigaciones antinarcóticos y otras relacionadas con ellas se llevan a juicio en sistemas de justicia penal que están equipados para asegurar encausamientos justos y efectivos, y que les impondremos penas apropiadas a aquellos que sean declarados culpables de cometer estos crímenes.

A despecho de los éxitos que ya hemos logrado, no seríamos realistas si no reconociéramos las realidades que despejan cualquier entusiasmo exagerado, del poder y alcance de las principales organizaciones del tráfico de drogas. Hay decisiones difíciles de tomar acerca de cómo aplicar con mayor efectividad un ataque coordinado, cohesivo contra estos criminales internacionales, y habrá desacuerdo entre nosotros, porque las mentes razonables pueden diferir y diferirán entre sí. Frente a estos obstáculos inevitables, debemos seguir caminando con pasos firmes, mesurados, con el objetivo de alcanzar resultados tangibles nacidos de una cooperación compartida contra una amenaza compartida. La Estrategia Hemisférica maximizará la aplicación de nuestros recursos limitados y minimizará la duplicación de esfuerzos y el conflicto de prioridades.

Para el enfrentamiento al narcotráfico internacional y su incidencia en nuestro país, es imprescindible la cooperación con el resto de los países del mundo, la que se ha venido consolidando e incrementando, debido a que este flagelo se internacionaliza cada vez más, y a los esfuerzos, voluntad política y prioridad que nuestro Estado y gobierno le prestan a la lucha contra las drogas.

Operativamente la Dirección Nacional Antidrogas (DNA) mantiene intercambios informativos a tiempo real y contactos de trabajo con Servicios antidrogas de otras naciones con el propósito de fortalecer la cooperación operacional, lo que se materializa a través de las visitas al país de sus representantes y oficiales de enlaces, así como por medio de nuestra participación en eventos o reuniones internacionales.

A través de estos nexos de cooperación hemos realizado investigaciones conjuntas contra miembros de organizaciones criminales y narcotraficantes, algunos de los cuales han querido utilizar nuestro país para la organización de sus operaciones, realizar contactos con estos fines y explorar las condiciones para asentarse temporalmente con la fachada de comerciantes. También hemos capturado prófugos de la justicia de otros países y desarrollado cursos de capacitación para nuestras fuerzas, tanto en el país como el exterior.

Como resultado de la cooperación policial internacional, se han fortalecido los nexos de colaboración que se mantienen con la Secretaría General de INTERPOL y sus Oficinas Centrales Nacionales (OCN), vía que se utiliza para el intercambio de información de interés y el control de criminales circulados internacionalmente.

La Estrategia Antidrogas en el Hemisferio

La estrategia es un compromiso de largo alcance para trabajar juntos atacando a los traficantes internacionales de narcóticos y los muchos problemas asociados con el tráfico y el consumo. La estrategia reconoce que para tener éxito debemos combatir todos los aspectos del problema de las drogas. O sea, debemos erradicar no sólo las plantas de coca, marihuana y opio, sino las organizaciones criminales que trafican con las drogas elaboradas con aquellas; debemos también reprimir la demanda de nuestros ciudadanos para consumir esas drogas. La estrategia presenta la guía cuidadosa que necesitamos para asegurar el éxito de nuestras metas de control de drogas.

Eso no quiere decir que cada nación representada en la ONU no debería aplicar el plan de acción más efectivo posible para combatir la amenaza más grave que pesa sobre sus ciudadanos. Como lo reconoce la Estrategia de Control de Drogas de 1997 del Presidente Clinton, en Estados Unidos, no podemos emprender un ataque efectivo contra el problema concentrándonos exclusivamente en la administración de justicia o la reducción de la demanda o de la oferta. Cada aspecto debe ser encarado y atacado vigorosamente en todos los frentes y en todas las naciones, de modo que nuestros esfuerzos combinados se fortalezcan y complementen entre sí.

Reducción de la Demanda

Los programas efectivos de reducción de la demanda deben llegar a cada segmento de la sociedad, desde nuestros niños más jóvenes hasta sus padres y maestros, desde los empleados gubernamentales hasta los gerentes de corporaciones, desde nuestra clerecía hasta nuestros medios de información. Debemos poner en ejecución programas de prevención y esforzarnos por obtener ambientes libres de drogas en las escuelas, los lugares de trabajo y las comunidades de cada uno de nuestros países. Al mismo tiempo, debemos reconocer y satisfacer la necesidad de contar con profesionales del cuidado de la salud, dedicados a ese propósito, que vigilen las tendencias cambiantes del consumo de drogas y procuren soluciones al consumo continuo de drogas. Para actuar, ninguno de nosotros puede permitirse esperar hasta que el consumo o la experimentación se convierten en un problema, especialmente cuando se trata de un problema que atrapa a nuestros jóvenes. En este caso, el antiguo dicho, "más vale prevenir que curar" es un consejo valioso.

Reducción de la Oferta

Reducir la demanda de drogas no es una meta que podamos alcanzar, en términos realistas, a corto plazo. Mientras trabajamos hacia este fin, no podemos pasar por alto la necesidad de eliminar las fuentes que alimentan estas demandas de drogas ilegales. Una estrategia de reducción efectiva de la oferta es esencial para nuestro éxito, y debe dirigirse a cada una de las etapas del tráfico de drogas, desde el cultivo, la producción, y el transporte.

Atacar la oferta en la primera oportunidad que nos ofrece requiere que establezcamos programas de erradicación decididos que reduzcan el cultivo de cosechas de drogas. Siguiendo esos mismos lineamientos, debemos basarnos en nuestro éxito en el campo de los precursores químicos desarrollando y aplicando adiestramiento para la inspección e investigación de técnicas usadas en el desvío ilícito de sustancias farmacéuticas y precursores químicos utilizados en la producción de drogas.

Sabemos que incluso con los programas de erradicación más decididos no exterminaremos todas las plantas mientras están en la tierra. Esa es la razón por la cual nuestros esfuerzos de interceptación individuales y colectivos deben desempeñar un papel esencial en nuestra estrategia. Primero, como resultado se confiscan drogas que reducirán la cantidad de heroína, cocaína y marihuana disponible a nivel internacional. Segundo, dislocan la línea de producción y distribución, lo cual hace más difícil el trabajo de los traficantes y aumenta los costos y riesgos de su negocio ilegal. Tercero, nos ofrece información acerca de cómo las organizaciones del tráfico llevan a cabo sus operaciones, información que resulta de valor inapreciable en nuestros esfuerzos colectivos para derrotar esas operaciones. Finalmente, los esfuerzos de interceptación verdaderamente exitosos aumentarán los costos de las drogas en nuestras calles hasta un nivel más allá de los recursos de nuestro mercado más vulnerable: nuestra juventud.

Organizaciones no gubernamentales de lucha contra el narcotráfico

El auge del consumo de drogas iniciado a partir de los últimos años de los setenta trajo como consecuencia, en apenas una década, un incremento de la conflictividad social que se manifestó de múltiples formas: delincuencia asociada, marginalidad y discriminación, propagación del SIDA y otras enfermedades, carencias asistenciales o propagación de la droga en las cárceles, etc. Para hacer frente a ese problema surgieron multitud de iniciativas ciudadanas desde los más diversos ámbitos geográficos y de actividad (asociaciones vecinales, grupos profesionales, organizaciones culturales, educativas o religiosas, etc.), que fueron configurando una tupida red asociativa que pronto se convirtió en una alternativa a las entidades asistenciales de carácter público. Configuradas como asociaciones, fundaciones o bajo cualquier otra forma de personificación jurídica, y dedicadas primordialmente a la asistencia al drogodependiente y su entorno familiar, esos grupos también han influido sobre la política de lucha contra el narcotráfico, ya que han colaborado con los poderes públicos en la elaboración de disposiciones normativas y programas asistenciales, además de promover el endurecimiento de la legislación represiva y comparecer en actuaciones jurisdiccionales contra traficantes y organizaciones clandestinas (a modo de ejemplo, ha de destacarse la gran notoriedad alcanzada por diversas asociaciones de madres de drogodependientes en su lucha a favor del desmantelamiento de los clanes gallegos de la droga).

Paulatinamente, las asociaciones no gubernamentales se han agrupado en entidades de coordinación que les permiten optimizar sus recursos, uniformizar los programas y pautas de actuación y mantener una relación más fluida con la administración.

Mecanismos internacionales de lucha contra el narcotráfico

Durante buena parte de este siglo, el control del negocio de la droga estuvo en manos de organizaciones ilícitas de carácter tradicional que operaban en el ámbito interno y desplegaban su actividad mafiosa en diversos sectores en los que podían obtener lucro (juego, prostitución, contrabando, etc.). El ejemplo paradigmático es el de Estados Unidos, donde entre los cincuenta y los setenta el negocio de la distribución de heroína era controlado en más de un 90% por La Cosa Nostra, grupo mafioso de origen italiano radicado en Nueva York. En esta ciudad floreció la red de narcotráfico denominada French Connection ("Conexión Francesa"), a través de la cual varios clanes mafiosos neoyorquinos distribuían entre los pequeños traficantes heroína procedente de la isla de Córcega y transportada desde el puerto francés de Marsella. La acción de las unidades federales antidroga acabó con la red de distribución en 1972, con lo cual se dio fin a una larga etapa de predominio de los grupos mafiosos internos.

La década de los ochenta trajo consigo un cambio significativo en la naturaleza del tráfico de drogas, que a partir de entonces pasó a estar controlado por organizaciones criminales de dimensión internacional. Aunque originarias y con sede principal en los países exportadores (principalmente en México, Colombia y otros estados sudamericanos), las nuevas mafias extendieron sus redes a varios territorios y pasaron a controlar directamente todas las fases del proceso, desde el cultivo hasta la distribución a los consumidores finales. Esas organizaciones operan de un modo muy similar al de los grupos terroristas, con una estructura de corte militarizado, caracterizada por su rígido control interno y su elevado nivel de tecnificación y especialización, así como el establecimiento de conexiones a los más altos niveles políticos y económicos. El Cartel de Medellín, poderoso sindicato de la droga radicado en aquella ciudad colombiana, es uno de los más conocidos ejemplos de esos nuevos protagonistas del crimen internacional. Tras varios años de actividades ilegales y violencia indiscriminada, su líder, Pablo Escobar, fue detenido en el curso de una acción conjunta de la Policía Nacional de Colombia y la Administración Antidroga de los Estados Unidos –Drug Enforcement Administration; DEA- (tras huir de la cárcel en la que fue recluido, resultó muerto en un tiroteo con la policía).

La complejidad y alcance supranacional de los nuevos agentes del narcotráfico obligaban a las autoridades estatales a dar una respuesta coordinada y conjunta, y con el fin de promover esa cooperación se hacía necesaria, por tanto, la discusión y adopción en los foros internacionales de medidas de carácter legal, político y policial. Para esa tarea hubo de partirse de los instrumentos jurídicos que ya estaban en vigor y proceder a su revisión y ampliación, así como dotar de más y mejores medios a las organizaciones existentes y arbitrar nuevos cauces institucionales para la lucha contra el narcotráfico.

Tratados internacionales para la fiscalización de sustancias narcóticas

La legislación internacional sobre esta materia se desarrolló en la segunda mitad del siglo XX, cuando se hizo insoslayable la necesidad de instaurar un sistema mundial de control de las drogas. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) tomó la iniciativa de impulsar esa regulación, y bajo sus auspicios se han promovido los instrumentos internacionales actualmente vigentes. En concreto, son tres los tratados elaborados hasta la fecha, todos ellos complementarios del resto. En ellos se regula todo lo relacionado con el tráfico ilegal de drogas, la provisión y disponibilidad de sustancias estupefacientes con fines médicos y científicos, y la prevención de su desvío a circuitos clandestinos de distribución. Son los siguientes:

Convención Única sobre Estupefacientes (1961)

Su principal objetivo es impulsar la lucha contra la droga a través de la acción internacional coordinada, para lo cual establece una regulación que persigue dos objetivos principales: limitar la producción, tratamiento, distribución, importación, exportación, venta, posesión y uso de estupefacientes a fines exclusivamente médicos y científicos, y perseguir el tráfico de esas sustancias mediante el establecimiento de mecanismos de cooperación internacional que permitan descubrir y detener a los narcotraficantes. La Convención Única sobre Estupefacientes fue posteriormente enmendada por un Protocolo de 1972.

En su virtud se fiscalizan más de 116 estupefacientes, respecto a los cuales se establecen medidas de diferente rigor según sean incluidos en una u otra de las listas que se elaboran para clasificarlos, lo cual depende de su capacidad para producir adicción, su valor terapéutico y los riesgos que comporta su uso indebido. Esas listas figuran como anexo al texto de la Convención, y su composición es competencia de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, órgano dependiente del Consejo Económico y Social que tiene la facultad de decidir si una determinada sustancia debe incluirse en la lista, trasladarse a otra o simplemente borrarse, tarea en la cual deben tenerse en cuenta los informes emitidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS). En general, puede afirmarse que la fiscalización internacional de estupefacientes ha funcionado de modo satisfactorio, ya que la práctica totalidad de la producción lícita no se desvía a los mercados clandestinos. En efecto, el tráfico ilegal de estupefacientes se nutre de la producción y fabricación clandestina (Colombia, Triángulo de Oro, etc.), ya que para la legal funcion el sistema de previsiones auspiciado por el Convenio, que abarca a todos los países y no sólo a los que firmaron su texto. Así, cada estado debe comprometerse a no rebasar las cantidades fijadas en esas previsiones, cuyo establecimiento corresponde a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), que también elabora informes sobre la oferta y demanda mundial de opiáceos destinados a fines terapéuticos, así como sobre el consumo y producción de materias primas. En función de ellos se elaboran recomendaciones a los gobiernos e instituciones interesadas, con el fin de asegurar el abastecimiento y controlar la producción.

Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas (1971)

Su adopción fue una respuesta a la aparición de nuevos tipos de drogas psicotrópicas, su rápida difusión y expansión por los mercados internacionales y el aumento de consumidores con fines distintos a los sanitarios o científicos. En su texto se establece un sistema de control internacional para las substancias psicotrópicas, así como una clasificación de las drogas sintéticas en función tanto de su potencial para el consumo abusivo como de sus aplicaciones terapéuticas.

Así, desde la entrada en vigor de la Convención se fiscalizan unas 105 sustancias psicotrópicas, la mayor parte de las cuales se encuentran en productos farmacéuticos de todo tipo, cuyo nexo es su incidencia sobre el sistema nervioso central (estimulantes, depresores, alucinógenos, etc.). Como sucedía en el caso de los estupefacientes, la Convención prevé la elaboración de listas que se publican como anexo, en las cuales se clasifican las sustancias psicotrópicas de acuerdo con los parámetros ya comentados. Los psicotrópicos son fabricados normalmente mediante el empleo de productos que se han elaborado en forma legal y se desvían al mercado clandestino, hecho que obedece a causas como la deficiente legislación de algunos países fabricantes y exportadores, y a la ausencia de previsiones sobre las necesidades del sector sanitario. El Consejo Económico y Social, a recomendación de la JIFE, solicitó a los gobiernos del mundo en 1980, 1981 y 1991 que facilitaran una previsión de las cantidades de sustancias psicotrópicas sometidas a fiscalización internacional que necesitaban para fines médico-científicos. La petición fue atendida por unos 170 países que hoy día facilitan periódicamente esa información al JIFE, lo cual ha permitido reducir en gran medida el porcentaje de desviación de productos hacia el tráfico ilegal, ya que los países exportadores pueden comparar el pedido recibido con las tablas que recogen las necesidades del país solicitante, de forma que pueda detectarse cualquier desfase entre ambas cifras. En ese caso, el estado exportador consultará a la JIFE sobre la procedencia del intercambio.

Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (1988)

Este instrumento jurídico ofrece un amplio abanico de medidas contra el tráfico de drogas, entre las cuales se incluyen varias destinadas a la persecución del blanqueo de capitales y la desviación al mercado clandestino de las sustancias químicas de las cuales se obtiene la droga. Tambien establece nuevos mecanismos para la cooperación internacional en materia de extradición de narcotraficantes o distribución controlada.

La Convención de 1988 extendió la fiscalización internacional de drogas a 22 productos químicos utilizados en la fabricación de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. En concreto, su artículo 12 confería al JIFE funciones inspectoras sobre la actuación de los gobiernos en relación con esas medidas fiscalizadoras y de evaluación de productos susceptibles de ser utilizados en la fabricación ilícita de drogas. Ese intercambio de información, de cuyos resultados se da cuenta a la Comisión de Estupefacientes, ha servido para crear un banco de datos gracias al cual la JIFE puede analizar qué sustancias deben ser objeto de fiscalización. Al mismo tiempo, los gobiernos cuentan con un instrumento para controlar la desviación de productos al mercado negro.

Organismos internacionales de lucha contra el narcotráfico

La dimensión institucional está estrechamente ligada a la normativa, pues lo regulado en los convenios antes citados sólo puede llevarse a la práctica mediante la adopción de medidas y acciones de diferente índole (jurídica, policial, técnica, etc.), lo cual requiere la creación de organismos suficientemente dotados de medios humanos y materiales. El protagonismo en la acción internacional contra la droga ha correspondido a la ONU, en cuyo seno se han creado los mecanismos institucionales necesarios para llevar a la práctica lo establecido en la normativa antes citada.

El entramado de entes especializados en materia de narcotráfico recibe cobertura institucional por parte de la Oficina de las Naciones Unidas para la Fiscalización de Estupefacientes y la Prevención del Crimen (ONUFEPC) –The Office for Drug Control and Crime Prevention; ODCCP-, organización que está integrada básicamente por el Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización de las Drogas (PNUFID) –United Nations International Drug Control Programe; UNDCP– y el Centro para la Prevención Internacional del Crimen (CICP) –Centre for International Crime Prevention; CICP-, y con la cual se relacionan todas las organizaciones auspiciadas por la ONU que se dedican a fines parecidos. Entre ellas destacan las ya mencionadas Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) –The International Narcotics Control Board; INCB-, órgano para el control de la aplicación de los tratados internacionales sobre drogas, y la Comisión de Estupefacientes de la ONU –Commission on Narcotic Drugs; CND-, foro en el cual se plantean y discuten las propuestas en materia de drogas. Los dos citados mantienen relación directa con el Consejo Económico y Social de la ONU y con el ONUFEPC a través del PNUFID. A continuación se expondrán los rasgos esenciales de estas entidades.

Oficina de las Naciones Unidas para la Fiscalización de Estupefacientes y la Prevención del Crimen (ONUFEPC)

Fue creada en 1997 como órgano de la ONU llamado a liderar a escala global la lucha contra el narcotráfico y el crimen internacional, para lo cual disponía a finales de los noventa de una plantilla de 350 especialistas y 22 delegaciones repartidas por todo el mundo, así como dos oficinas de enlace en Bruselas (Bélgica) y Nueva York (Estados Unidos). Aparte del PNUFID y el CICP, forman parte del mismo la División sobre Prevención del Terrorismo (Terrorism Prevention Branch) y los programas globales contra la corrupción, el crimen organizado y el tráfico de seres humanos. Su sede central está en Viena (Austria), y su máxima autoridad es el Director Ejecutivo, que lo es también de la Oficina de las Naciones Unidas en Viena.

Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización de las Drogas (PNUFID). Fue fundado en 1991 con el objetivo de difundir información acerca de los peligros que comporta el abuso de las drogas (en la fecha de su creación se calculaba que más de 200 millones de personas utilizaban sustancias narcóticas de forma abusiva en todo el mundo). El PNUFID pretende reforzar la acción internacional contra la producción, el tráfico y los crímenes relacionados con la droga, para lo cual prepara proyectos de vigilancia de cultivos y desarrollo alternativo, encaminados a abrir nuevas perspectivas económicas a regiones tradicionalmente volcadas en el cultivo de opio, coca o cannabis. También se ponen en marcha programas de prevención, tratamiento y rehabilitación, en los cuales se pretende involucrar a los poderes políticos y económicos de los estados, y se elaboran estadísticas completas y actualizadas sobre el consumo ilícito de drogas en el mundo a través del Programa sobre Evaluación Global (Global Assessment Programme). Asimismo, ha de mencionarse el Programa de Asistencia Legal (Legal Assistance Programme), que opera en colaboración con los estados al objeto de auxiliarles en la preparación de instrumentos legislativos para el control de las drogas, lo cual se realiza mediante la ayuda en la preparación de proyectos legislativos y la formación de jueces y magistrados. Con todo, las actividades más destacadas del PNUFID son las relacionadas con la aplicación de medidas ejecutivas y la persecución del blanqueo de capitales. A ellas se hará mención a continuación.

Sección de Medidas Ejecutivas para el Cumplimiento de la Ley (Law Enforcement Section). A través de esta sección, el PNUFID colabora con los Estados aportando formación especializada en técnicas de investigación y proveyendo de medios materiales (equipo técnico, etc.). A través de la Sección se colabora con la Interpol, la Organización Mundial de Comercio (OMC) y las agencias regionales mediante el intercambio de información sobre las tendencias del tráfico internacional de drogas, los procedimientos operativos de los traficantes y los perfiles y características de los correos de la droga. También tiene encomendada la valoración de los proyectos remitidos por las delegaciones, trámite que sirve para asegurar su adecuación a las previsiones de los tratados internacionales y para mantener una coherencia en cuanto a la línea de actuación a seguir. También recibe solicitudes de asesoramiento, que la Sección examina teniendo en cuenta la estrategia seguida por los departamentos locales en materia de lucha contra la droga, los medios humanos y materiales de que disponen y su posibilidad de cooperar con otras agencias de la región. En función de ese examen, la Sección colabora con el gobierno beneficiario en el diseño de programas destinados a optimizar la eficacia de la política desplegada en persecución del tráfico de drogas, a la vez que trata de fomentar la cooperación regional e interfronteriza.

Como ejemplo de lo anterior pueden citarse los proyectos impulsados en Asia Central para reforzar la cooperación y adoptar medidas conjuntas contra el tráfico de drogas con origen en Afganistán. En ellos participan estados ex-soviéticos como Tayikistán, Uzbekistán y Kirguizistán, y su objetivo principal es el establecimiento de controles eficientes en la zona (en concreto, en las provincias de Murgab -Afganistán-, Andijan -Uzbekistán- y Osh -Kirguizistán-), para lo cual se adoptaron medidas como la ubicación de puestos de control en localidades estratégicas, la inspección de vehículos y vagones de carga, el reforzamiento de la vigilancia fronteriza y el estrechamiento de la colaboración entre las fuerzas de seguridad de los países implicados. Otro proyecto importante es el diseñado para perseguir la utilización de puertos en el este y sur de África como punto de partida del tráfico de drogas hacia Europa y América del Norte; en aplicación del mismo se crearon en cada puerto investigado unidades especializadas en la detección de cargamentos ilegales.

La Sección de Medidas Ejecutivas también tiene entre sus cometidos el asesoramiento de la Comisión de Estupefacientes de la ONU y sus órganos subordinados, así como la revisión y análisis de los informes anuales remitidos por los estados miembros, con los cuales el PNUFID puede identificar las tendencias globales y regionales del tráfico de drogas y prever qué dirección futura tomarán.

Programa Global contra el Blanqueo de Capitales del PNUFID (UNDCP's Global Programme against Money Laundering). Se puso en marcha este programa para ofrecer una respuesta coordinada desde la ONU a un problema cada vez más acuciante en la moderna sociedad globalizada. En efecto, las ingentes sumas de dinero amasadas por las organizaciones criminales gracias al tráfico de drogas han de ser convenientemente camufladas, ya que sólo así se puede ocultar su origen ilegal y se evita dejar rastros incriminatorios (por lo general, esos grupos obtienen también ingresos procedentes de otras actividades delictivas, como el contrabando de armas o los delitos financieros). Este proceso, conocido usualmente con el nombre de blanqueo o lavado de capitales, puede ocasionar graves trastornos a la estabilidad y el desarrollo económico de un país, ya que, de realizarse a gran escala y no ser atajado a tiempo, puede alterar parámetros básicos de la economía nacional como la demanda de efectivo o los tipos de cambio (con los consiguientes efectos en la economía internacional). Además, la mera sospecha de su existencia puede hacer quebrar la confianza de los inversores en las instituciones financieras que presuntamente dan cobertura a estas prácticas, así como en los países en vías de desarrollo que favorecen la recepción de esos flujos para fomentar un crecimiento que será, en el mejor de los casos, ficticio e imposible de mantener a largo plazo, ya que la reticencia de los agentes económicos impedirá disponer de inversiones estables y generadoras de riqueza.

La dimensión del problema se ha agravado en las dos últimas décadas, en las cuales se han consolidado unos canales de blanqueo de capitales que son utilizados para ocultar sus beneficios por traficantes internacionales de droga, organizaciones terroristas y agentes públicos corruptos, cuyas actividades se ven favorecidas por la mundialización de la economía y el vertiginoso desarrollo de las tecnologías de la comunicación, que se traducen en una mayor facilidad para el movimiento internacional de capitales. A ello contribuye también la creciente utilización de dólares en los mercados negros, la tendencia a la desregulación financiera, la consolidación del mercado único europeo y la proliferación de paraísos fiscales.

Ante todo ello, la función del Programa Global es auxiliar a los gobiernos en su persecución de quienes se valen del sistema financiero internacional para legalizar el dinero obtenido por el tráfico de drogas. Para ello, aporta formación en materia de análisis financiero, propone medidas de desarrollo legislativo y proporciona personal experto en los aspectos jurisdiccionales de la cuestión. Se ocupa también de reforzar los mecanismos legales e institucionales para la persecución del blanqueo de capitales, de lo cual es muestra su patrocinio de la creación en los diversos estados de unidades policiales de inteligencia financiera. También se ocupa de recoger y analizar datos estadísticos, y de coordinar las acciones contra el blanqueo de capitales promovidas conjuntamente por la ONU y otras instancias internacionales.

Comisión de Estupefacientes de la ONU. Fue creada en 1946 por el Consejo Económico y Social, y se trata del principal organismo de decisión política de la ONU en materia de drogas. En la fecha de su creación contaba con 13 miembros, que en 1991 se habían elevado hasta 53, en lo que fue una ampliación necesaria para que la representación en la Comisión estuviera en consonancia con la expansión mundial del tráfico de drogas. Su función principal es analizar el problema planteado en todo el mundo por el uso abusivo de drogas y desarrollar propuestas para reforzar el control internacional sobre las mismas; también se ocupa de supervisar la aplicación de los convenios internacionales y acuerdos sobre drogas, así como de reforzar la cooperación regional en la lucha contra el narcotráfico, para lo cual ha establecido órganos subordinados como la Subcomisión sobre Tráfico Ilícito de Drogas y Asuntos Relacionados en el Cercano y Medio Oriente, además de una red mundial de responsables nacionales de agencias de lucha contra la droga, que se reúnen por regiones con la presencia de miembros de las comisiones regionales del Consejo Económico y Social. En esos encuentros también toman parte observadores de otros estados y organizaciones intergubernamentales con responsabilidades en materia de drogas.

Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE). Es un órgano independiente de naturaleza judicial que fue creado en 1968 por la Convención Única de 1961 sobre estupefacientes, aunque ya había tenido antecesores durante el periodo de vigencia de los instrumentos internacionales sobre drogas aprobados por la extinta Sociedad de Naciones. Con su Secretaría radicada en Viena, sus actividades son financiadas por la ONU y su independencia descansa sobre su absoluta separación tanto de los gobiernos como de aquella organización, ya que sus trece miembros ejercen sus funciones a título personal y no en representación de institución alguna. Son nombrados por el Consejo Económico y Social, tres en función de una lista propuesta por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros tres presentados por los gobiernos.

Su cometido principal es auxiliar a los gobiernos a cumplir las previsiones de los tratados internacionales sobre fiscalización de drogas, de la cual se ocupa tanto en su dimensión legal como ilegal. Respecto a la primera, los esfuerzos de la JIFE se encaminan a asegurar el suministro para fines médicos y científicos, así como a evitar el desvío al tráfico ilícito de la droga fabricada, intercambiada y vendida lícitamente. Los instrumentos existentes para esa labor son los sistemas de previsión establecidos para averiguar las necesidades que tienen los estados de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, así como el sistema de información estadística que contribuye a la supervisión del comercio internacional de drogas. La vigilancia se extiende a la labor de control ejercida por los gobiernos sobre los productos químicos necesarios para la fabricación de drogas, con el fin de evitar su desviación al mercado clandestino. En cuanto al tráfico ilícito de drogas, el JIFE analiza y supervisa los sistemas nacionales e internacionales de lucha contra el narcotráfico, y elabora propuestas con el fin de subsanar sus deficiencias. Asimismo, se ocupa de catalogar los productos químicos utilizados en la confección de drogas y a promover su fiscalización internacional. En el desempeño de esa labor puede sugerir a las instituciones especializadas o los órganos competentes de la ONU que presten asistencia técnica o financiera a los gobiernos que lo necesiten, con los cuales se mantendrá un diálogo permanente a través de consultas periódicas o misiones organizadas con la aquiescencia de los gobiernos. También se ponen en marcha programas de capacitación del personal que en cada estado está empleado en la lucha anti-droga, y seminarios regionales que sirven para facilitar la cooperación tanto internacional como con el JIFE (son organizados conjuntamente por el PNUFID y otras organizaciones autónomas del sistema de la ONU, como la OMS, o ajenas a él, como la Organización Internacional de Policía).

De todas sus actividades se da cuenta en el informe anual, que se presenta ante el Consejo Económico y Social a través de la Comisión de Estupefacientes. En él se recoge un diagnóstico sobre el estado del problema de la droga en el mundo, y se sugieren las posibles medidas de urgencia a adoptar frente a cualquier tendencia susceptible de agravarlo. Ese documento viene acompañado por informes monográficos sobre determinadas sustancias estupefacientes o psicotrópicas, en los cuales se recogen las previsiones anuales de consumo por parte de cada país y se aportan datos sobre producción, fabricación, comercio y consumo de las mismas.

Administración de Justicia

El decomiso de drogas es sólo una manera de aumentar los costos y los riesgos de ser narcotraficante. La Estrategia Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos en 1997 nos recuerda que todos nuestros recursos para la administración de justicia (militares y de inteligencia) deben trabajar conjuntamente para mejorar y coordinar mejor los esfuerzos para investigar, trastornar, desmantelar y destruir las organizaciones internacionales del narcotráfico. Debemos aspirar a una época en la que se realicen investigaciones internacionales mejor coordinadas, de las organizaciones de narcotraficantes. Estas investigaciones deben ir acompañadas no sólo de nuestros compromisos individuales para llevar a finalización enjuiciamientos más efectivos, sino también de la capacidad para cumplir esos compromisos.

Una meta de la Estrategia Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos en 1997 es la investigación, el enjuiciamiento y el desmantelamiento de los grupos más grandes nacionales e internacionales de narcotraficantes. Para lograr sus fines estas grandes redes del narcotráfico tienen tecnologías sofisticadas, combinando lo último en sistemas de comunicación y transporte, así como operaciones complejas para el lavado de dinero. Hemos logrado varios enjuiciamientos exitosos de grandes traficantes, en muchos casos debido a la cooperación sin precedentes entre las agencias locales de administración de justicia y de la fiscalía, y a la cooperación crucial de algunos de nuestros socios del hemisferio.

Ayuda Legal Mutua

Una de las maneras en que podemos aumentar estos esfuerzos cooperativos es mejorar nuestro intercambio de información sobre los narcotraficantes, los socios de éstos y las infraestructuras operativas y financieras de los carteles de la droga. Uno de los recursos más valiosos de los esfuerzos cooperativos de administración de justicia es el intercambio abierto y oportuno de información. Los mecanismos multilaterales y bilaterales, donde sean apropiados, nos ayudarán a investigar y perseguir a los delincuentes cuyas actividades y transacciones financieras cruzan las fronteras nacionales.

Una vez que se ha analizado la información y se han entregado las pruebas, debemos ser capaces de llevar a cabo hasta el final enjuiciamientos efectivos. Los enjuiciamientos efectivos requieren un sistema de justicia penal establecido, eficaz, honesto e incorrupto para llevar a la justicia a los narcotraficantes a fin de responsabilizarlos totalmente de sus actividades criminales. Este ideal no se alcanzará de la noche a la mañana. Los obstáculos que enfrentamos son reales y, en algunos casos, serán difíciles de superar: la corrupción, y la falta de recursos y de personal capacitado son sólo algunos de los obstáculos. No podemos pasar por alto estos problemas o pretender que no existen. Debemos dedicar nuestros mejores esfuerzos colectivos a efectuar mejoras en todos nuestros sistemas de justicia penal; no podemos darnos el lujo de permitir que se nos escape la oportunidad de actuar. Pero mientras trabajamos juntos para asegurar que cada uno de nuestros sistemas de justicia penal logre ese ideal, no podemos dejar escapar la oportunidad de realizar enjuiciamientos efectivos. Si lo hacemos, sólo permitimos que los mismos delincuentes que queremos derrotar se beneficien de la novedad, los errores y las diferencias temporales de nuestros respectivos sistemas legales.

La Extradición

Una de las herramientas más efectivas para negarles a los narcotraficantes algunos beneficios, especialmente los del refugio, es la extradición. Debemos ampliar y modernizar nuestra red de tratados de extradición y nuestras relaciones. La extradición es un tema difícil y delicado. Es un asunto que con frecuencia nos ha dividido en el pasado. Pero, en la realidad de los tiempos modernos, debemos considerar la extradición como una manera de unir a los países en esfuerzos cooperativos coordinados contra el narcotráfico internacional y otros delitos transnacionales. Creemos firmemente que la extradición es una herramienta esencial para promover la justicia y el imperio de la ley. Asegura que los fugitivos sean arrestados y enjuiciados de la manera más efectiva posible. Se basa en el principio sólido y lógico de que un fugitivo debe ser enjuiciado en el lugar donde el delito se cometió o donde el efecto del delito se sintió más, y el sistema de justicia penal puede, en ese momento, garantizar mejor un enjuiciamiento efectivo con todas las garantías del debido proceso de ley. Esta es la misma jurisdicción donde es más probable encontrar las pruebas del delito, donde residen víctimas y testigos, y donde es mayor el interés de la comunidad en que se haga justicia.

La extradición es también un sistema efectivo, equitativo y humano de reconocer los derechos de las víctimas del crimen y de sus familias. Es hora de ponderar y proteger los derechos de las víctimas del tráfico de drogas transnacional, así como los de los delincuentes mismos. En nuestra opinión, los casos deben tratarse donde convenga más a los intereses de la justicia en general.

Si bien hemos logrado tremendos progresos en cuanto a conseguir la cooperación entre las naciones, puede hacerse mucho más. Además de mejorar en general las relaciones de extradición, nuestra meta común debería ser la entrega universal de los propios ciudadanos de un país a la jurisdicción penal de otros países, de acuerdo con el sitio donde se cometió el crimen, o el impacto que ha tenido, y la efectividad de la jurisdicción para asegurar un encausamiento pleno y justo. Los países deberían conceder la extradición de sus propios ciudadanos basándose en la teoría de responsabilidad de las propias acciones, donde quiera que se realicen. Los ciudadanos acusados de delitos que afectan significativamente a otros países deberían ser extraditados a esos países. La extradición de ciudadanos del propio país o de otros países es un mecanismo que se basa en la confianza entre las naciones.

Conclusiones y propuestas de soluciones

El éxito sustancial en estas diversas medidas no pondrá fin inmediato a la oleada de narcóticos ilegales, pero en algún momento de nuestro futuro reducirá significativamente la cantidad de drogas que fluyen a nuestras calles, pueblos y ciudades.

Tenemos ante nosotros un programa de trabajo increíblemente desafiante. Tenemos confianza en que junto a los demás países del hemisferio podamos responder como país a las amenazas nuevas que surjan. Como naciones separadas, no lograremos detener el progreso del narcotráfico trasnacional, sin embargo, al unir nuestros esfuerzos no podemos fracasar.

El Estado dominicano no sólo está amenazado, sino penetrado, y no solamente a nivel de los organismos dedicados a la represión sino que el traficante de drogas, con un criterio empresarial muy agudo, está tocando otros resortes de poder y ha reclutado una base estable de funcionarios estipendiados por este sector. No sólo eso, sino que estamos entrando en una fase peligrosísima de amenaza de violencia generalizada en el país.

Con la muerte natural del comunismo, el único enemigo actual para EE.UU. es el narcotráfico. Lo cierto es que este fenómeno delictivo ha distorsionado los vínculos de nuestro país con la Casa Blanca. Los créditos del FMI, Banco Mundial, BID, Club de París, el Grupo de los Siete, etc. están condicionados por EE.UU.

Nuestras relaciones con EE.UU. debieran ser transparentes. En la medida en que el pueblo dominicano conozca la verdad, terminarán los misterios, y especulaciones. Además, existen políticas que repercuten en nuestro país como la decisión de la Corte Suprema de estados Unidos de "secuestrar" en cualquier parte del mundo a sospechosos de narcotráfico y terrorismo. Esta medida sienta un funesto precedente en el Derecho Internacional, y se constituye en una aberración jurídica. No es más que una expresión de la "ley del más fuerte". Es curioso que esta "monstruosidad jurídica", venga de la Corte Suprema norteamericana, que se supone guardián del Estado de Derecho, el ordenamiento jurídico y las garantías constitucionales y los principios universales del Derecho.

En este contexto, ¿podemos esperar una convivencia internacional pacífica? ¿Con qué autoridad moral EE.UU exige respeto cuando es el primero en vulnerar las normas supranacionales? ¿Acaso no ha sido suficiente el caso Noriega de Panamá y Arce Gómez de Bolivia? ¿Que pasaría si algún país secuestrara a un norteamericano, lo juzgara y condenara fuera de EE.UU?

Aunque la Embajada norteamericana en Santo Domingo y el Gobierno aseguran que no habrá ningún secuestro en República Dominicana, nada garantiza que en cualquier momento esta "política del secuestro exterior" no se haga sentir, después que nuestra Suprema Corte de Justicia le niegue a Estados Unidos la extradición de un nacional dominicano. Los riesgos son mayores ya que somos un tránsito obligado de la droga hacia Estados Unidos y existen presuntos 'extraditables" y pedidos en la Suprema Corte de Justicia del país.

BIBLIOGRAFÍA

Caporal, José Antonio. "Tierra de nadie: por ineptitud y corrupción policial" Semanario Vértigo. 28 de noviembre de 2004. México. Año IV. No. 193. P. 14.

Díaz Aguilar, Cecilia Natalia. Tesis de Grado para obtener el grado de Maestra en Derecho Penal por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco intitulada "Inteligencia y Contrainteligencia contra el narcotráfico: estudio y propuesta de reforma al Derecho Penal contra la Delincuencia Organizada en México", defendida con éxito ante el Sínodo el 5 de octubre de 2004.

Reveles, José. "Inquisición civil, el regreso de la Edad Media: el terrible rostro de la justicia por propia mano" Entrevista a David Ordaz Hernández. Diario El Financiero. México. Número 6686. 29 de noviembre de 2004. P. 73.

Enciclopedia Universal Multimedia ©Micronet S.A. 1999/2000

Enlaces en Internet

http://www.undcp.org/;Página oficial del Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización de las Drogas -PNUFID- (idioma inglés).

http://www.usdoj.gov/dea/;Página oficial de la Administración Antidroga de los Estados Unidos –Drug Enforcement Administration; DEA- (idioma inglés).

http://www.mir.es/pnd/;Página oficial del Plan Nacional sobre Drogas (idioma español).

http://www.fad.es/;Página oficial de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción -FAD- (idioma español).

http://www.magic-es.com/coordinadora/;Página oficial de la Coordinadora de ONG's que Intervienen en Drogodependencias (idioma español).

http://www.unad.org/;Página oficial de la Unión Española de Asociaciones y Entidades de atención al Drogodependiente (idioma español).

ANEXOS

PROPUESTA PARA EL COMBATE DEL NARCOTRÁFICO. VISIÓN NORTEAMERICANA.

EL PLAN DE LAROUCHE PARA LIBRAR LA GUERRA AL NARCOTRÁFICO

El estadista Lyndon LaRouche presentó la siguiente propuesta de 15 puntos en un seminario sobre la guerra continental al narcotráfico, celebrado el 13 de marzo de 1985 en México, DF.

1. Lo que combatimos no son tan sólo los efectos que tiene el consumo de drogas en sus víctimas. El narcotráfico internacional se ha convertido por sí mismo en un gobierno malvado y poderoso. Representa en la actualidad un poderío financiero, político y militar mayor que el de algunas naciones de las Américas. Es un gobierno en guerra contra naciones civilizadas, un gobierno al que debemos declarar la guerra, guerra que debemos librar con las armas de la guerra y que debemos ganar con el mismo espíritu con que los Estados Unidos lucharon por la derrota incondicional del nazismo entre 1941 y 1945.

2. Los métodos policíacos deben apoyar el aspecto militar de la guerra al narcotráfico. El mandato que se dé a las fuerzas policiales desplegadas en apoyo a esta guerra debe ser el principio de que la colaboración con el narcotráfico o con las fuerzas financieras y políticas de los narcotraficantes internacionales es traición en tiempo de guerra.

a) Cualquier individuo al que se sorprenda comerciando con drogas será juzgado como traidor en tiempo de guerra o como espía extranjero de una potencia enemiga.

b) Cualquier individuo que compre sustancias ilegales, abogue por la legalización del comercio de tales sustancias o pida benevolencia en la acción militar o policiva contra la producción y el tráfico de drogas, es culpable de prestar auxilio al enemigo en tiempo de guerra.

3. Debe firmarse un tratado de alianza bélica entre los Estados Unidos y los gobiernos de los Estados iberoamericanos que se sumen a la alianza para combatir al narcotráfico a la que se ha adherido el Presidente de México. Se debe alentar a otros Estados a unirse a esa alianza militar.

4. Bajo los auspicios de ese tratado se han de elaborar disposiciones para la acción de un mando militar conjunto. Dichas disposiciones deberán definir principios de acción común, a fin de que las formas necesarias de acción militar y policiva no subviertan la soberanía nacional de ninguna de las naciones aliadas en cuyo territorio se realicen operaciones militares. Estas disposiciones abarcarán:

a) crear grupos de trabajo militares bilaterales, por pares de las naciones aliadas;

b) crear un mando común encargado de proporcionar las formas de asistencia que se estipulen y que pudieren solicitar las entidades competentes de cada país o del mando bilateral de cualquier par de países;

c) crear, bajo la jurisdicción del mando común, una entidad central de inteligencia contra el narcotráfico, que funcionará a la manera de un estado mayor general, en sus aspectos de inteligencia y planeación, y desempeñará las funciones de un cuarto de guerra;

d) fijar normas que gobiernen las actividades de extranjeros encargados de aportar servicios y asistencia técnica en territorio soberano de cualquier miembro de la alianza.

5. En general, en tanto lo permitan los medios de que disponga cada nación miembro de la alianza, las acciones militares y de otro tipo que se emprendan contra los objetivos de la guerra al narcotráfico deberán realizarlas fuerzas militares de la nación en cuyo territorio ocurran dichas acciones. Fuera preferible, donde fuere factible, proporcionarle a la nación miembro pertrechos suplementarios y personal de apoyo, en lugar de involucrar en funciones de combate al personal extranjero de asistencia técnica. En la medida de lo posible, las funciones relativas al combate militar que tendrá el personal extranjero que se suministre deberán limitarse a:

a) operar equipos de detección y ciertos tipos de aeronaves y armamento antiaéreo que se provean para complementar las capacidades de las fuerzas nacionales;

b) aportar un grado razonable de asesoría técnica, inteligencia y servicios a los elementos apropiados de las operaciones de campo.

6. Con la ayuda de los Estados Unidos deberán proporcionarse los medios técnicos adecuados, entre ellos equipos de detección montados en aeronaves y satélites, para localizar y comprobar el cultivo, la elaboración y el transporte de estupefacientes. Tan pronto como se compruebe en una región determinada un cultivo de proporciones significativas, deberá lanzarse un ataque militar aéreo para destruir dicho cultivo; se enviarán así mismo fuerzas terrestres apoyadas desde el aire para catear la zona y realizar las operaciones complementarias que pudieren requerirse. El objetivo es eliminar hasta el último cultivo de marihuana, coca o adormidera en las Américas, con excepción de los cultivos debidamente autorizados por los gobiernos.

7. Echando mano de los mismos medios técnicos deberán detectarse y comprobarse los centros de elaboración, que se deberán destruir cuanto antes, todos y cada uno, de la misma manera que los campos donde se cultivan los estupefacientes.

8. Las fronteras entre las naciones aliadas, así como las fronteras entre éstas y otras naciones, se deben sellar en forma prácticamente hermética contra el narcotráfico. Deberá emprenderse acción militar para derribar cualquier aeronave que cruce una frontera o vuele sobre aguas caribeñas sin autorización y se niegue a aterrizar cuando se le ordene. En todas las fronteras y demás puntos de inspección aduanal se deberá inspeccionar de manera meticulosa todo vehículo acuático, carretero o ferroviario que llegue a cada país, inclusive los recipientes de carga. Se deben formar grandes concentraciones con la ayuda de fuerzas militares en las zonas de tránsito fronterizo y en todas las carreteras nacionales y vías acuáticas principales.

9. Deben elaborarse reglamentos detallados que gobiernen a las instituciones financieras, a fin de detectar depósitos y transferencias de fondos, tanto hacia fuera como hacia dentro, de los cuales pudiera sospecharse provengan del tráfico de estupefacientes.

10. Las fuerzas militares deberán ocupar de inmediato y confiscar, como se hace en tiempo de guerra, cualesquier instituciones financieras, comerciales o de bienes raíces, así como fondos personales, de los que pueda demostrarse han sido empleados en el cultivo, la elaboración, el transporte o la venta de drogas ilícitas. Cualesquier documentos comerciales o de propiedad de entidades empleadas por los narcotraficantes, así como cualquier individuo vinculado a la posesión u operación de tales entidades, se tendrá por sospechoso o por prueba material.

11 . El primer objetivo de la guerra al narcotráfico es de naturaleza militar: destruir el cuasiestado enemigo, el consorcio internacional del narcotráfico, destruyendo o confiscando los recursos económicos y financieros de ese cuasiestado, desmantelando todas las agrupaciones políticas o mercantiles asociadas con el consorcio narcotraficante, incautando las riquezas acumuladas en complicidad con las operaciones de los narcotraficantes, y encarcelando, sea como "prisioneros de guerra" o como traidores o espías, a todas las personas que den auxilio al consorcio narcotraficante.

12. Deberá concentrarse especial atención en los bancos, empresas de seguros y demás instituciones comerciales que de hecho forman parte del cartel financiero internacional que coordina el flujo de cientos de miles de millones de dólares al año en ingresos del narcotráfico internacional. A tales entidades deberá proscribírseles del régimen de derecho en tanto violan los preceptos sobre "delitos contra la humanidad" que fueron elaborados en la posguerra en los tribunales de Nuremberg. Se prohibirá toda relación comercial con tales entidades conforme a la prohibición de mantener comercio con el enemigo en tiempo de guerra.

13. La guerra al narcotráfico en las Américas tiene dos fases generales. El primer objetivo es erradicar en las Américas todo cultivo no autorizado de marihuana, coca o amapola, y destruir al mismo tiempo en este hemisferio las vías principales de importación y distribución de estupefacientes de las principales zonas de producción de los mismos en otras partes del mundo. Esas otras regiones son, en orden de importancia actual:

a) el Triángulo Dorado del sudeste asiático, todavía la más pujante fuente de opio y opiáceos;

b) la Media Luna de Oro, productora de menor envergadura que el Triángulo Dorado, pero de creciente importancia como vía de tránsito del opio del Triángulo Dorado al tráfico del Mediterráneo;

c) el reciente y veloz renacimiento de la producción de opio en el sur de India y en Sri Lanka, resurrección del viejo narcotráfico de la Compañía de las Indias Orientales británica;

d) el aumento de la producción de estupefacientes en ciertas regiones de Africa.

Una vez exterminada en las Américas toda producción importante de estupefacientes, la guerra al narcotráfico entra a su segunda fase, en la que la guerra se concentra en combatir el influjo de estupefacientes provenientes de fuera del hemisferio.

14. Uno de los principales problemas que seguimos enfrentando al combatir el narcotráfico, especialmente a partir de los acontecimientos políticos del período de 1977 a 1981, es la creciente corrupción de las dependencias y el personal gubernamentales, así como de influyentes facciones políticas, corrompidas por intereses financieros de gran poder político, vinculados ya al narcotráfico como tal o a las empresas que amparan la circulación de los ingresos del narcotráfico. Por éste y motivos afines fallan los métodos policiales o comunes para combatir el narcotráfico. Además de la corrupción de las dependencias gubernamentales, los narcotraficantes gozan de la protección de agrupaciones crecientes y poderosas que ya abogan por la legalización del narcotráfico o realizan campañas más o menos eficaces para impedir la aplicación efectiva de las leyes contra el uso y tráfico de estupefacientes. Las investigaciones han demostrado que las agrupaciones que realizan esa labor de proselitismo son tentáculos políticos de los intereses financieros vinculados al lavado de narcodivisas. Por consiguiente, debe dárseles el mismo trato que se le dio en los Estados Unidos a las organizaciones de simpatizantes del nazismo durante la Segunda Guerra Mundial.

15. La guerra al narcotráfico debe incluir acuerdos para asignar los miles de millones de dólares confiscados de los haberes del consorcio narcotraficante a fines benéficos de desarrollo económico en la infraestructura, la agricultura y la manufactura de bienes útiles. Dichas medidas se tomarán según el derecho de los Estados soberanos a tomar posesión de las propiedades de sus naturales, tanto en el territorio nacional como en el exterior, en razón de las obligaciones de esos naturales para con el Estado. El hecho de que los fondos mal habidos se transfieran a cuentas en bancos extranjeros o se inviertan en bienes raíces en otras naciones no excluye tales propiedades de la jurisdicción y recuperación del Estado del que es natural el propietario.

CONTRAPROPUESTA DE SOLUCIÓN. VISIÓN LATINOAMERICANA. NUESTRA REALIDAD ACTUAL. NUESTRAS ASPIRACIONES, COMO FORMA EFECTIVA DE COMBATE AL NARCOTRÁTICO Y CONSUMO DE ESTUPEFACIENTES.

Los resultados de las investigaciones coinciden en mostrar que la guerra contra las drogas ha causado más crímenes de los que ha logrado evitar. Las políticas, especialmente las represivas, no han controlado, menos erradicado el narcotráfico.

Cabe señalar que este problema es complejo para dejarlo en manos de uniformados; la solución entonces es socioeconómica. Se trata de un conflicto -el más largo del presente siglo- y mientras no cambiemos de estrategia, seguiremos luchando inútilmente.

Los esfuerzos realizados se han convertido en un boomerang, pues la fabricación, tráfico y consumo sigue ascendiendo y contaminando no sólo a policías, jueces, políticos y gobernantes, sino los sistemas políticos.

La represión violenta contra los narcotraficantes, no ha resuelto problema alguno. El mejor ejemplo es la trágica muerte del jefe narcotraficante colombiano Pablo Escobar en diciembre de 1993. El Cártel de Medellín sigue funcionando

El siglo XXI será un siglo siniestro de peste, hambre, violencia urbana y marginación. El resultado será, ni más ni menos que el exterminio. Hay una solución capitalista y burocrática para la pobreza absoluta: los extremamente pobres simplemente morirán. Los que creemos que estas muertes son simplemente un crimen contra la humanidad, creemos que sólo un radical salto en los objetivos y modalidades del desarrollo podrá evitarlo. Ni el interés burgués, ni el interés burocrático harán nada por lograr este salto. Unos están atrapados en una lógica que conduce a la destrucción del planeta, los otros en una lógica en que administrar a los que consumen es suficiente para justificar su poder de clases.

El furibundo optimismo tecnológico, rayano en la adoración, de los intelectuales al servicio del capital y de la administración, suele ser contradictorio. Todo parece ser posible para la técnica, llegar a Marte, clonar seres humanos, construir computadores inteligentes, vigilar paso a paso a cada ciudadano, producir armas eficaces que puedan asesinar sin que el bando atacante sufra ninguna baja. Lo único que pareciera imposible es usar estas técnicas para construir una vida digna y de abundancia para todos los seres humanos.

Tenemos derecho a creer que es perfectamente posible una economía de abundancia sin depredación, sin explotación y sin guerras. Todas las técnicas que hacen falta para esto ya existen. En particular las que permitirían procesar la información necesaria para una economía global descentralizada y autosustentable.

Una sociedad en que el trabajo social se ha repartido entre todos de tal manera que, gracias al uso intensivo de la tecnología, sea posible reducir radicalmente la jornada laboral u ocuparlo en reconstruir lo que el proceso productivo ha dañado. En un mundo en que todos tienen que cumplir con una cuota de trabajo socialmente necesario, la división social del trabajo no determinaría esencialmente nuestras vidas. La mayor parte del tiempo sería de trabajo libre. Ni la propiedad, ni la administración global serían necesarias. Esto es lo que Marx llamó comunismo.

Hay dos objeciones clásicas que apoyan esta idea. Una es que los seres humanos son por naturaleza egoístas, o que sus impulsos naturales los llevan a desear el poder, la ventaja, el agrado a costa del menor esfuerzo. Otra es que el capitalismo altamente tecnológico, apoyado en su poderoso sistema de comunicación social y en el uso a gran escala del endeudamiento, es capaz de mantener indefinidamente a los ciudadanos atrapados en las expectativas de consumo. O por egoísmo natural, o por consumismo adoctrinado, los trabajadores preferirían no poner en peligro, en lo sustancial, el sistema injusto en que viven. Y si lo hicieran, tarde o temprano resurgirían el afán de poder, o la avaricia natural.

Lo que para la izquierda clásica era evidente, es decir, que todo hombre consciente, ilustrado, de buena voluntad, al que se le explicaran los antecedentes, terminaría por asumir una postura moral a favor de toda la humanidad, ya no lo es.

La dominación altamente tecnológica se dirige más bien a las bases desde las cuales la consciencia se construye. Invadiendo el ámbito de la socialización primaria, totalizando el tiempo de descanso en torno a la industria del espectáculo, manteniendo el monopolio de los medios de comunicación más masivos y intensos, la dominación actual no necesita ilustrar, o educar, una consciencia conformista o resignada, es capaz de arraigar el conformismo y la resignación en las estructuras psíquicas más profundas.

Para mantener las expectativas que hacen que los ciudadanos acepten endeudarse, sobre explotarse, vivir con estrés, vivir en la incertidumbre y en el temor permanente a quedar sin trabajo, se debe prometer mucho. Se debe mantener una perspectiva en que el cumplimiento de las cuotas y el sacrificio que conlleva el esfuerzo cotidiano, sean recompensados suficientemente. Nadie niega que su trabajo es agobiante, que vive en permanente tensión. Lo que se alega, en cambio, es que esos esfuerzos tengan sentido. Las vacaciones, los objetos de consumo cotidiano, la casa propia, la educación de los hijos, la posibilidad de pequeños escapes y desahogos, como ver la televisión en familia, como salir en auto los fines de semana, son mostrados por muchas personas aparentemente razonables como resultados razonablemente compensadores de sus esfuerzos.

Sostengo que efectivamente hay contradicciones internas al sistema de consumo masivo. La contradicción central, de la que derivan todas las otras, es la diferencia creciente entre lo que el sistema promete y lo que es capaz de dar. Por un lado se consume y se busca en el consumo un mundo de reconocimiento y humanidad posible, por otro lo que se obtiene es un mundo dividido, violento, en guerra, donde impera la incertidumbre y la frustración.

Otra manera de plantear esto mismo es observar la contradicción que hay entre el mejoramiento local, a nivel de las familias, de los estándares de vida, y el empeoramiento global de la calidad de vida, a nivel de la ciudad, de cada país, del entorno natural en el planeta. Para los trabajadores que están efectivamente integrados al sistema de la producción altamente tecnológica cada día se puede vivir mejor en un mundo en que a la vez cada día vale menos la pena vivir. Y este empeoramiento de la calidad de vida infiltra y descompone el agrado que pueda significar el consumo cotidiano. Las calles llenas de autos, el encarecimiento de los servicios educacionales y de salud, paralelo a la compulsión por la salud y la educación, los alimentos poco confiables, las ciudades contaminadas, la inseguridad ante la amenaza constante de los más pobres, que buscan sobrevivir y a la vez desahogar sus iras acumuladas.

Hay que ir más allá de la inercia de la resignación y el escepticismo. Hay que darle el vuelo de un gran horizonte. Grandes cosas, importantes, nobles, de gran aliento. Eso es lo que debe estar en el centro de nuestra lucha. Las personas comunes y corrientes pueden entender perfectamente cuando se les habla de la felicidad. Los trabajadores, los más pobres, los ancianos, los niños. Hay que hablar al corazón y los anhelos más profundos. Que la política basada en las pequeñas transacciones quede para los que viven de usufructuar de la política.

Declaración de Panamá condena terrorismo y narcotráfico internacional Jul 29, 2005, 23:05 UTC

CIUDAD DE PANAMÁ, Panamá – Los jefes de Estado y/o Gobierno de la Asociación de Estados del Caribe (AEC), reunidos este jueves y viernes en Panamá, expresaron su condena a los actos de terrorismo en todas sus formas y su compromiso de lograr un Caribe libre del flagelo de las drogas ilícitas a través de la cooperación internacional.

En la Declaración de Panamá, firmada por los representantes de los 25 países miembros de la AEC que asisten a esta reunión, se reafirma el compromiso de los Estados de la región con la democracia y la necesidad de adoptar medidas individuales y conjuntas para prevenir, detectar y sancionar la corrupción en los ámbitos públicos y privados.

Igualmente, reiteran su respeto a los principios de soberanía, integridad territorial y de no intervención, así como el derecho de cada pueblo de construir en paz, estabilidad y justicia su propio sistema político, por lo que instan al gobierno de Estados Unidos a que ponga fin al bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba.

El documento registra el compromiso de la organización caribeña de trabajar hacia la promoción del restablecimiento, el desarrollo económico y el progreso social de Haití y hace un llamado a la comunidad internacional para que la apoye en esta causa.

Acordaron también que las políticas de Estado en sus distintos ámbitos deberán buscar eliminar las barreras que enfrentan las personas con discapacidad para lograr un amplio compromiso con su acceso e igualdad de oportunidades en las distintas esferas de la sociedad.

Sobre el tema del hambre, la desnutrición y el desarrollo social en el Gran Caribe, los firmantes reconocieron el apoyo prestado por la Oficina Regional del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas en el análisis integral de este problema e invitaron a esta entidad a crear, en coordinación con la AEC, una red entre gobiernos que permita eliminar progresivamente este flagelo durante la próxima década.

De igual modo expresan su preocupación por la amenaza que representa en el área caribeña la pandemia del VIH/SIDA, motivo por el cual se comprometen a desarrollar una estrategia intersectorial para cooperar con otros órganos regionales intergubernamentales y combatir tan grave enfermedad. Rechazan, asimismo, la utilización continua del mar Caribe para el tránsito y trasbordo de material nuclear y de desechos tóxicos y exhortan a los países que los producen a que implementen, de manera urgente, las medidas pertinentes para establecer plantas de reprocesamiento que pondrían fin a las necesidades de transportarlos de un lugar a otro.

En otros puntos del documento la AEC acoge la propuesta de Venezuela -presentada en 2004 dentro del marco del Banco de Desarrollo del Caribe- sobre la creación de un Fondo de Ayuda frente a Huracanes y respaldan las iniciativas en el organismo para establecer programas de turismo e incrementar el número de visitantes a la zona, en conformidad con el concepto de sostenibilidad.

Finalmente, reconocieron los esfuerzos del gobierno de Trinidad y Tobago para el establecimiento del fondo de estabilización petrolera, un programa de subvenciones establecido en el 2004, y los esfuerzos de Venezuela para cooperar con los países del área del Caribe en el tema del combustible, a fin de afrontar las dificultades ocasionadas por el incremento de los precios del petróleo.

Domingo Peña Nina

Claridania Rodríguez B.

Rosa Lozada

Septiembre 2005

Santo Domingo, D.N.