Tolerancia Cero.- Que básicamente delinea la erradicación total de la violencia contra la mujer, comprometiéndose el estado peruano a la promoción y protección de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, con ello se persigue disminuir la mortalidad materna, siendo una prioridad estatal; logrando un descenso significativo; 93 muertes maternas por cada 100 000 nacimientos.; siendo la meta es reducir al año 2017 a 60 muertes maternas por 100,000 nacidos vivos.
El Estado peruano, además se encuentra elaborando documentos técnicos en el marco de los derechos con enfoque intercultural, material en quechua e idiomas amazónicos con palabras claves para que el personal de salud pueda comunicarse durante la atención prenatal o de planificación familiar.
Se han adecuado culturalmente los servicios maternos neonatales y se cuenta con 503 casas de espera a nivel nacional las mismas que han permitido acercar a las gestantes a los establecimientos de salud para el parto y la resolución rápida de las complicaciones, explicó.Para reducir el embarazo adolescente se ha identificado tres pilares para la prevención del mismo: educación sexual integral desde niños, orientación en habilidades para la vida y servicios diferenciados con entrega de anticonceptivos a las que ya son madres. En el caso de los servicios diferenciados, ya para el año 2012, un total de 2,881 centros de salud contaban con este tipo de servicios, dándose así cumplimiento a la meta establecida en el Plan Nacional de Igualdad de Género PLANIG 2012-2017.
Para prevenir el embarazo adolescente contamos con la aprobación del Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2012-2021 (PNAIA), incorpora como meta reducir en un 20% el embarazo adolescente, así como que las y los adolescentes posterguen su maternidad y paternidad hasta alcanzar la edad adulta; y se encuentra trabajando el Plan Multisectorial para la prevención del Embarazo en Adolescentes 2013 – 2021, que contribuirá notablemente con las metas planteadas.
Como vemos, el Perú viene creando políticas de Estado, pero no sólo las tiene plasmadas en documentos sino que, las pone en ejecución con sus programas, y sus campañas, que conjuntamente con los organismos del Estado y Organizaciones Mundiales, crean un panorama favorable para nuestra nación.
4.1.1 MINISTERIO DE LA MUJER Y LA DIRECCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO . Perú, como la mayoría de los países latinoamericanos, se vio influenciado por la aprobación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer en 1979. A partir de entonces, poco a poco ha ido adoptando medidas de discriminación positiva para incorporar a la mujer a la esfera política.
El 29 de octubre de 1996 el Estado peruano creó el Ministerio de Promoción de la Mujer y de Desarrollo, encargándole el afianzamiento del rol de la mujer en la sociedad. Posteriormente, en el marco de la reforma del Estado, por Ley Nº 27779 de 25 de julio de 2002, su organización y funciones fueron modificadas convirtiéndose en el Ministerio de la Mujer y el Desarrollo Social (MIMDES) y cuyo objetivo es promover "la equidad de género y la igualdad de oportunidades para la mujer…". Desde el 2012, es el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).
LA MISIÓN DEL MIMP; es constituirse en un Sector integrado, moderno y articulador, liderando las políticas del sector, descentralizadamente y contribuyendo a la superación de la pobreza, inequidad y exclusión, orientado a las personas en situación de pobreza y grupos vulnerables, con un enfoque de desarrollo humano integral y de equidad, generando igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
La Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del Perú es la persona que, bajo el cargo de Ministro de Estado, está encargada del despacho del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables dentro del Consejo de Ministros. El cargo hasta ahora siempre ha sido ocupado por una mujer; sin embargo, no hay restricción legal alguna con respecto al sexo del ministro. La primera encargada del despacho fue Miriam Schenone. El 6 de enero de 1999, y actualmente este Despacho está encargado a María del Carmen Omonte Durand, desde el 24 de febrero del 2014.
La Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables es la encargada de velar por los derechos femeninos en el Perú, además de brindar ayuda social a los comedores de madres, el "Vaso de Leche" y demás actividades.
Sólo a manera de ilustración diremos que hasta el momento el Perú ha contado con 16 Ministras mujeres en el cargo desde la creación de este Despacho Ministerial, a continuación un cuadro describirá a nuestras representantes;
Ministras de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del Perú
El MIMP, enfocado dentro del Viceministerio de la Mujer liderado por Marcela Huaita Alegre, consciente de la importancia de la igualdad de Géneros, ha creado de la mano con las políticas públicas del Estado Peruano, Direcciones y/o Programas, que son los encargados de ejecutar diversas actividades y campañas, en pro de la igualdad de derechos de hombres y mujeres; entre ellas:
A) La Dirección General de Igualdad de Género y no Discriminación; es el órgano técnico normativo a nivel nacional, encargado de dirigir, coordinar, controlar y evaluar la gestión de las políticas públicas para la igualdad de género y no discriminación. Depende jerárquicamente del Despacho Viceministerial de la Mujer. Sus funciones:
Supervisar el cumplimiento de las políticas nacionales y sectoriales para la Igualdad de Género y No Discriminación a nivel nacional en el marco del proceso de descentralización y en el ámbito de nuestra competencia.
Formular, planear, ejecutar, dirigir, supervisar y evaluar las políticas nacionales y sectoriales en materia de igualdad de género y no discriminación, en el marco de las políticas de Estado y los objetivos de desarrollo nacional, encaminadas a reducir las brechas entre hombres y mujeres, especialmente aquellas que viven en la pobreza y sufren mayor desigualdad y discriminación.
Realizar la evaluación de los resultados de la ejecución de las políticas para la igualdad de género y no discriminación.
Proponer normas y lineamientos técnicos para la adecuada ejecución y supervisión de las políticas nacionales, la asistencia técnica y el fortalecimiento de capacidades, así como para el otorgamiento y ejercicio de derechos en el ámbito de su competencia.
Brindar asesoría técnica especializada en materia de normas y políticas de igualdad de género y no discriminación.
Supervisar la promoción de los derechos de las mujeres con especial énfasis en el fortalecimiento de su ciudadanía y autonomía a fin de garantizar sus derechos, con independencia de su edad, etnia y condición; la promoción del desarrollo integral e igualdad de oportunidades para las mujeres, y de la ampliación de la participación de éstas en el ámbito público.
Formular las estrategias para la promoción y protección de los derechos de la mujer en las instancias internacionales y en los sistemas de integración.
Identificar líneas de intervención relacionadas con el ámbito de su competencia susceptibles de ser financiadas con la cooperación internacional, estableciendo las coordinaciones institucionales que fueren del caso para que ésta se efectivice. Otras que le sean asignadas o que le correspondan de acuerdo a ley.
Esta Dirección General de Igualdad de Género y no Discriminación, a su vez la conforman dos direcciones:
La Dirección de Políticas de Igualdad de Género y No Discriminación; que es la instancia que formula, ejecuta y monitorea las políticas nacionales y sectoriales en materia de igualdad de género y no discriminación, todo ello en el marco de las políticas de Estado y los objetivos de desarrollo nacional, con el fin de reducir las brechas entre hombres y mujeres, especialmente de aquellas que viven en la pobreza y sufren mayor desigualdad y discriminación.
La Dirección de Promoción y Protección de los Derechos de la Mujer; esta instancia es la encargada de formular, ejecutar y monitorear las políticas nacionales y sectoriales en materia de protección y promoción de los derechos de las mujeres, en el marco de las políticas del Estado y los objetivos del desarrollo nacional. En tal sentido, promueve los derechos de las mujeres, en especial el fortalecimiento de su ciudadanía y autonomía, con independencia de su edad, etnia y condición; promueve su desarrollo integral en igualdad de oportunidades y su mayor participación en el ámbito público.
B) La Dirección General de Transversalización del Enfoque de Género, que es la autoridad técnico normativa a nivel nacional, encargada de dirigir, coordinar, controlar y evaluar la transversalización del enfoque de género en el diseño y gestión de las políticas públicas nacionales y subnacionales.
La Dirección General contra la Violencia de Género; que es un órgano de línea, técnico normativo, encargo de dirigir, coordinar y evaluar las políticas públicas para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género (física, sexual, psicológica y económica).
Para el cumplimiento de sus funciones cuenta con dos unidades orgánicas:
Para el cumplimiento de sus funciones cuenta con dos unidades orgánicas:
*DIRECCIÓN DE POLÍTICAS PARA UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA
*DIRECCIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA Y PROMOCIÓN DE SEVICIOS
4.1.2 REPRESENTACIÓN DE LA MUJER EN EL CONGRESO PERUANO
La demanda por igualdad de derechos civiles y políticos para las mujeres , se remonta al siglo XX, diferentes movimientos se formaron en torno a ello, sin embargo en el Perú , solo a partir de setiembre de 1955 , el Congreso de la República, mediante la Ley Nº 12391, otorgaría la ciudadanía a las mujeres, siempre que fuesen mayores de edad y que supiesen leer y escribir; con esa norma se logró que existiera en el Congreso mayor representatividad, una senadora y ocho diputadas serían las primera representantes femeninas ante el Parlamento Nacional.
Más de medio siglo después las mujeres seguimos luchando por este tan ansiado protagonismo en la política nacional; la cuota de género, que más gratificación ha generado en nuestra población política femenina es la aprobada en 1997; con la Ley N° 26859, Ley General de Elecciones, que establece la obligatoriedad de incluir en las listas de candidatos al Congreso de la República, un 25% de mujeres. Dicha cifra fue incrementada a un 30% por la Ley 27387 del 29 de diciembre de 2000. Igualmente se estableció dicha cuota para las elecciones municipales a través de la Ley 26864 de 13 de octubre de 1997 en relación a las listas de candidatos a regidores. Posteriormente con la ley 27683 de 14 de marzo de 2002, se incluyeron las cuotas de género (30%) en las listas de candidatos a Consejeros Regionales. En el año 2002 el sistema de cuotas adquiere rango constitucional con la Ley 27680, al modificarse el art. 191 de la Carta Magna señalando que "la Ley establece porcentajes mínimos para hacer accesible la representación de género (…) en los Consejos Regionales y en los Consejos Municipales". El 31 de octubre del año 2003 la Ley 28094, de Partidos Políticos incluyó la obligatoriedad de la cuota del 30% de mujeres en las listas de candidatos para cargos de dirección de los partidos o agrupaciones políticas. Por último, en el 2004, se aprueba la LERPA, Ley de Elecciones de Representantes ante el Parlamento Andino, en cuyo artículo 4 estable una cuota de representación del 30%. Sin embargo, pese a que formalmente existe un apoyo a la igualdad de género en la esfera política, en la práctica ésta no se cumple. Asimismo, cabe destacar que además de la ley de cuotas de género existe una cuota de jóvenes y una cuota "nativa", por las que se intenta incorporar a los fragmentos de la población que históricamente se han visto excluidos del ámbito político.
Actualmente se cuenta en el Congreso de la República Peruana, con una MESA DE MUJERES PARLAMENTARIAS, que ha sido creada con la finalidad de promover la igualdad entre hombres y mujeres, lograr el reconocimiento de las mujeres para el ejercicio pleno de sus derechos económicos, sociales, políticos y culturales, así como, para la familia peruana, por medio de iniciativas legislativas y diversas actividades de contacto con la ciudadanía. Entre las integrantes actuales tenemos 28 parlamentarias y las nombramos a continuación:
Como vemos, son muchas las esferas, que siguen luchando, en el PERÚ por una equidad de género, que se refleje en cualquier ámbito del desarrollo de nuestro país.
4.2. TRATAMIENTO DE LA EQUIDAD DE GÉNERO A NIVEL LATINOAMÉRICA
*DIFERENCIAS LEGALES BASADAS EN EL GÉNERO; A pesar de los avances legales registrados en el último informe del Banco Mundial, la región mantiene deudas pendientes con respecto a la violencia e igualdad efectiva.
El último medio siglo ha sido un período de amplias mejoras en los derechos de las mujeres en Latinoamérica, aunque los avances son dispares y todavía hay mucho por hacer. La región sin embargo, se ubica entre las que lograron reducir en un 50% las restricciones legales para acceder a derechos de propiedad o emprender actos legales.
En todo el mundo, las mujeres realizan el 66% del trabajo, producen el 50% de los alimentos, pero reciben a cambio solo el 10% de los ingresos y poseen solo el 1% de las propiedades. Así lo asegura el informe "Mujer, empresa y derecho" elaborado por el Banco Mundial (BM) y el mismo que ha sido publicado en setiembre del 2013; aquí se midió la diferenciación entre mujeres y hombres establecida por las leyes, las regulaciones y las instituciones de los distintos países y que repercuten en los incentivos de la mujer para trabajar o para constituir y administrar su propia empresa.
El informe del BM analiza las diferencias legales basadas en el género observadas en 143 economías bajo seis distintos aspectos: el acceso a las instituciones, el uso de la propiedad, la búsqueda de empleo, el manejo de los impuestos, la capacidad crediticia y la presencia en los tribunales.
Consultada por Infobae sobre los resultados del informe del Banco Mundial, la directora de ONU Mujeres para América Latina y El Caribe, Moni Pizani, destaca que los desafíos planteados para la región, tiene un reto principal que es los avances en la legislación tengan un impacto real sobre la vida de las mujeres; combatiendo la discriminación que todavía existe de facto; debiendo introducirse la perspectiva de igualdad de género en las políticas correspondientes, y utlizándose acciones positivas para acelerar en aquellas áreas donde los indicadores señalan rezagos.
Sin embargo y a pesar de las cuentas pendientes, existe un amplio consenso en torno a la necesidad de incorporar a la mujer al mercado de trabajo bajo las mismas condiciones que los hombres. "Hay un reconocimiento generalizado de que el empoderamiento económico de la mujer es crucial para la competitividad y la prosperidad".
El presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, manifiesta un ideal; "El ideal de igualdad ante la ley e igualdad de oportunidades económicas no representa sólo una política social acertada, sino también una política económica inteligente", por ello queda mucho por hacer.
Infobae ha precisado al Banco Mundial, que son doce los países de Latinoamérica que poseen leyes que contemplan los abusos hacia las mujeres en sentido amplio: físico, emocional, sexual y psicológico. Estos son Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Uruguay y Venezuela.
*LOS ÍNDICES DE LATINOAMÉRICA DE ACUERDO A SUS REFORMAS
Durante los últimos 50 años, las economías de Latinoamérica, el Caribe, y la África Sub-Sahariana son de las que más han reformado sus índices y el acceso a las instituciones en las áreas de negocios y leyes. En este período, se han destacado en sus reformas Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Perú y Paraguay. Detallando los siguientes ejemplos precisos por país :
Argentina, Solo hasta el año 1968 las mujeres casadas en Argentina no podían ser jefas de hogar, ni abrir una cuenta bancaria, ni iniciar procedimientos legales sin autorización de su marido.
Brasil, Hasta 1988 en Brasil los hombres casados eran los jefes de hogar, con la exclusiva capacidad de representar a la familia, elegir el domicilio familiar y administrar los bienes maritales y los de sus esposas. Desde entonces, las mujeres han logrado igualdad derechos en estas áreas.
Paraguay, La Constitución paraguaya de 1967 introdujo la garantía de igualdad de género. Veinte años después, las mujeres casadas lograron el derecho de ser la cabeza del hogar en las mismas condiciones que los hombres, abrir una cuenta bancaria, firmar un contrato e iniciar acciones legales sin el permiso de sus maridos. En 1992, se ampliaron las posibilidades legales de las mujeres casadas hasta incluir el derecho a aceptar un trabajo o ejercer su profesión por su cuenta
Bolivia, En Bolivia es solo desde 1975 que las mujeres casadas tienen derecho a iniciar acciones legales sin el consentimiento de su marido. En 1988 autonomía legal de las mujeres se expandió hasta tener la posibilidad de aceptar un trabajo sin el permiso de los hombres y les fueron concedidos los mismos derechos de propiedad. En 1994 la constitución boliviana introdujo la igualdad ante la ley, y fue reconocida la ley consuetudinaria, otorgando a los hombres la prerrogativa a "oponerse" a que sus esposas trabajen y a "impedirles aceptar un empleo". En 2009 fue introducido el género como una categoría protegida a la norma constitucional de no discriminación.
Los últimos dos años además fueron introducidas las siguientes reformas:
- Jamaica aprobó una enmienda constitucional que añadir una cláusula de igualdad de género y una cláusula de no discriminación de género como una categoría protegida.
–Chile introdujo la licencia por maternidad.
–Colombia y Venezuela aumentaron la cantidad de días de la licencia por maternidad, mientras que Bolivia y México introdujeron una licencia por paternidad remunerado. México, por su parte incorporó una legislación que prohíbe los despidos durante el embarazo.
A pesar de estos grandes avances en materia de paridad de los géneros, existen todavía restricciones legales que impiden a las mujeres desarrollar plenamente su potencial económico. En Chile por ejemplo, el Código Civil establece por default un régimen de bienes gananciales que concede a los esposos derechos administrativos sobre la propiedad de las esposas.
En la mitad de las economías de nuestra región, las mujeres aún están restringidas para desarrollar los mismos empleos que los hombres. Por ejemplo en Ecuador, las mujeres no pueden trabajar en minas ni en ningún otro empleo que requiera el empleo de la fuerza.
4.2.1 RASGOS DE DESIGUALDAD DE GÉNERO EN EL ÁMBITO REGIONAL .
América Latina es una región heterogénea en la que conviven países que difieren en cuanto a grados de desarrollo, tradiciones políticas y diversidad cultural. En este contexto se sustenta la afirmación de que es posible enfrentar de distintas maneras los desafíos, dado que lograr la igualdad entre mujeres y hombres es un objetivo que demanda evidencias y argumentos para superar las diversas formas de discriminación a las que están sometidas las mujeres. Este es el esfuerzo al que se procura contribuir con este trabajo.
Paradójicamente, la desigualdad se convierte en un rasgo distintivo que iguala a nuestra región y que plantea numerosos interrogantes acerca de sus causas. Sabiendo que solo se puede preguntar sobre aquello que se conoce, en este trabajo se ofrece información cuantitativa como para poner en cuestión temas de enorme relevancia social y política acerca de las causas de la desigualdad. ¿La pobreza afecta por igual a hombres y mujeres? ¿la educación tiene similar valor para todos? ¿es lo mismo ser jefe que jefa de hogar? ¿por qué las mujeres ganan en promedio menos que los hombres?.
Este trabajo de investigación, nos permitirá además observar los nudos críticos entre las relaciones de género y otros vínculos de discriminación existentes en la sociedad. Las sinergias entre pobreza, los factores determinantes vinculados al área de residencia, y la desigualdad en la distribución de oportunidades, recursos, tiempo y poder posibilitan el análisis de las brechas intragenéricas, por una parte, y de la discriminación de las elites femeninas, por la otra.
Un ejemplo interesante; es el del progreso educativo de las mujeres que, en términos del mismo indicador, muestra la severidad del analfabetismo entre las mujeres indígenas y rurales, en contraste con la situación de las mujeres no indígenas o blancas de las ciudades. A su vez, las mujeres blancas o no indígenas, a pesar de superar a sus pares varones en logros educativos, no reciben salarios equivalentes en el mercado laboral y siguen asumiendo la responsabilidad de las tareas familiares no remuneradas, incluso cuando cuentan con trabajo doméstico remunerado.
Para poder estructurar todos los problemas sobre Equidad de Género, de nuestra región, debimos investigar qué organismos podrían ser tentativamente consultados, para poder obtener los INDICADORES correctos índices y es ahí donde surgen nombres como los organismos de las Naciones Unidas; que son los que oficialmente recopilan y sistematizan información especializada en los países. Los organismos consultados fueron la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL ).
Entonces, nos encontramos con una gama extensa que hemos sabido compilar para poder mostrar la situación actual de los problemas que aquejan a la Equidad de Género; indicadores agrupados por áreas temáticas, como: población, hogares y familias, educación, trabajo remunerado y no remunerado, pobreza, salud, violencia, y participación política. La selección de las áreas ha obedecido principalmente a la disponibilidad de información pertinente y a la necesidad de agrupar la información en una estructura funcional y representativa de los diferentes campos de preocupación social, proporcionando así, una primera aproximación diagnóstica a los problemas de género atingentes a estos.
La Unidad Mujer y Desarrollo de la CEPAL, juega un papel muy importante en nuestra investigación, ya que nos orienta principalmente a satisfacer las necesidades de los usuarios interesados en las políticas públicas y en los hombres y mujeres investigadores y activistas de la sociedad civil. Las fuentes de información como: los censos, los registros administrativos y las encuestas de hogares, así como de encuestas específicas, las de demografía y salud, se han utilizado en este trabajo, y es que se busca con ello enfrentar los vacíos de información mediante la propuesta de un acercamiento pragmático para lograr un análisis más riguroso de la realidad social en la región.
INDICADORES.-
A) HOGARES Y FAMILIA.-
Analizar la estructura familiar de los hogares es fundamental para entender las desigualdades de género, ya que el tamaño, la composición y el tipo de hogares tienen diversas implicancias en la vida de hombres y mujeres. Los diferenciales se van haciendo cada vez más acentuados a partir de los 15 años de edad, etapa que suele coincidir con el inicio de la fase reproductiva femenina. Los hombres permanecen más tiempo en la condición de hijos que las mujeres, quienes se unen más tempranamente y asumen en una alta proporción la condición de cónyuges durante la vida adulta, mientras que los varones se constituyen con más frecuencia en jefes de hogar. Las implicancias de la jefatura femenina de los hogares ha sido ampliamente estudiada por su alta vinculación con la pobreza.
MADRES JÓVENES.-
PLANIFICACIÓN FAMILIAR.-
Como se observa en el gráfico, Haití encabeza la lista de países con mayor demanda insatisfecha de planificación familiar, con un 37,3%, lo que significa que casi cuatro de cada diez mujeres no tienen acceso a planificación familiar. También presentan altos niveles de demanda insatisfecha Guyana, con un 28,5%, Guatemala, con un 27,6% estable en el tiempo, Bolivia (Estado Plurinacional de) con un 20,1% y Honduras con un 16,8%.
*Las jefas de hogar; La jefatura femenina y la ausencia de cónyuges
En América Latina, los hogares con jefatura femenina se distinguen principalmente por la ausencia de cónyuge. La expresión "jefe de hogar" se utiliza en encuestas y censos a fin de identificar a un miembro del hogar que sirva como referencia para obtener información sobre las personas que lo componen y así conocer los vínculos de parentesco que los unen. Con esta información es posible desarrollar tipologías de hogares y caracterizarlos según su composición.
En los países de América Latina, los hogares con jefatura femenina se distinguen principalmente por la ausencia de cónyuge en el hogar; según el promedio urbano para el 2002, cerca de un 89% de las jefas vivía sin cónyuge, en contraposición con los jefes de hogar, de los cuales un 87% convivía con su cónyuge o pareja.
*La tipología de los hogares con jefatura femenina
Cerca del 86% de los hogares monoparentales está conformado por una mujer y sus hijos e hijas. La jefatura femenina ha ido en aumento en la mayoría de los países. En 1994, un 24%, en promedio, de los hogares urbanos estaba encabezado por una mujer, proporción que en el 2002 llegó al 28%. El leve, pero sistemático, incremento de la jefatura femenina que
se aprecia en los hogares nucleares biparentales puede ser indicativo de cambios culturales en que las mujeres empiezan a reconocerse como jefas, pese a que tradicionalmente esta designación había recaído en los hombres.
En el período, los hogares extensos han sido los que han experimentado un mayor aumento. La jefatura femenina en este tipo de hogares se da con la ausencia de cónyuge en el 90% de los casos.
Las diferencias de género se hacen evidentes en los hogares monoparentales y biparentales: en los primeros, cerca del 86% son hogares en los que la jefa vive sola con sus hijos o hijas, en tanto que en alrededor del 96% de los biparentales es el jefe quien vive con su cónyuge e hijos o hijas.
*Jefas de hogar solas y con hijos
La situación de las mujeres jefas de hogar es especialmente vulnerable, ya que en ellas, frecuentemente recae la responsabilidad tanto de la manutención económica del hogar como de la crianza de los hijos.
Cerca del 72% de las mujeres jefas de hogar y el 78% de los hombres jefes de hogar conviven con uno o más hijos. Sin embargo, al analizar la información según estado civil se advierte que cuando las jefas no están unidas, en su mayoría son ellas quienes viven con los hijos e hijas.
La magnitud de las brechas es más evidente entre separados y separadas ; un 84% de las jefas separadas y un 42% de las solteras convive con hijos o hijas, mientras que entre los jefes separados y los solteros esto se da solo en un 39% y un 5% de los casos, respectivamente. Tal situación es especialmente difícil para las mujeres que encabezan un hogar con menores a su cargo,ya que las responsabilidades de crianza y cuidado recaen especialmente en ellas, así como el conjunto de las labores productivas y reproductivas.
En el caso de viudas y viudos, el porcentaje que conviven con sus hijos e hijas tiende a mostrar valores más equivalentes; si se asume que la condición de viudez es más frecuente entre los adultos mayores, resulta que una proporción de entre un 61% y un 67% vive en compañía de sus hijos e hijas.
B) EDUCACIÓN.-
En los objetivos de desarrollo del Milenio se ha puesto especial énfasis en la necesidad de garantizar el derecho de las personas a la educación. Es así que el objetivo apunta a lograr la universalización de la enseñanza primaria, promover la equidad de género y la autonomía de la mujer, planteándose como meta eliminar las desigualdades entre los sexos en la enseñanza primaria y secundaria y en todos los niveles educacionales antes de fines del año 2015.
La mayoría de los promedios nacionales y regionales muestra que la situación educativa de las mujeres ha igualado o superado a la masculina. Sin embargo, se constatan importantes diferencias cuando la información se abre según distintas características de la población.
*Analfabetismo entre las mujeres
La alfabetización se define como la habilidad para leer, escribir y comprender una oración breve relacionada con la vida cotidiana (UNESCO).
Entre la población joven (15 a 24 años de edad), los promedios regionales van señalando progresos notables en la disminución de las brechas entre el analfabetismo femenino y masculino. Según estimaciones de la UNESCO, la diferencia entre mujeres y hombres que se advertía en los años setenta y ochenta se cierra en los años noventa y, a partir de entonces, se revierte la tendencia histórica y la brecha se vuelve ahora desfavorable a los varones.
Sin embargo, cuando se amplía el indicador a todas las mujeres mayores de 15 años se observan tasas de analfabetismo femenino superiores, lo que indica la persistencia de la brecha en mujeres que en su mayoría en Estadísticas para la equidad de género: magnitudes y tendencias en América Latina encuentran en la etapa productiva y reproductiva, de modo que los efectos positivos que tiene la educación sobre su propia autonomía y el bienestar familiar quedan coartados.
*Acceso a la educación básica de niñas y niños por zona de residencia
Las brechas de género en la educación se agudizan en presencia de otras desigualdades críticas como la socioeconómica y territorial. Como sustituto de la cobertura escolar de la educación primaria se utiliza este indicador para el tramo de población comprendido entre los 6 y los 12 años de edad.
En las zonas urbanas, cerca de un 98% de las niñas y niños no pobres asisten a algún establecimiento educacional, porcentaje que se reduce a un 94% en las zonas rurales.
Entre los menores pertenecientes a estratos pobres, las tasas de asistencia escolar descienden a un 95% en las zonas urbanas y a un 89% en las rurales; en estas últimas, un significativo 11% está fuera del sistema escolar, ya sea por la necesidad de trabajar o atender las tareas agrícolas o domésticas, problemas de distancia y transporte, o la renuencia de los padres a enviar a niñas y niños al colegio.
En relación con las brechas de género, el promedio regional no acusa diferencias de magnitud apreciables entre las tasas de asistencia escolar de niñas y niños.
*Promedio de años de estudio de mujeres y hombres en la etapa adulta
En el tramo de 25 a 59 años de edad se observa que en la mayoría de los países la población femenina urbana todavía no ha logrado el mismo nivel de estudios que la masculina, aun cuando la escolaridad de las mujeres ha registrado un mayor crecimiento.
El indicador de paridad en relación con los años de estudio alcanzados por mujeres y hombres y su evolución en el tiempo muestran que en prácticamente todos los países, a excepción de Paraguay, la escolaridad femenina ha ido creciendo a un mayor ritmo que la masculina. En el año 1990, solo 3 de los 14 países con información disponible (Panamá, Uruguay y Argentina) habían logrado equiparar los años de estudio de mujeres y hombres. Para el 2002, la equidad había sido alcanzada por cinco países, sumándose a los anteriores Brasil y República Bolivariana de Venezuela.
Cabe señalar que aun cuando Guatemala y Bolivia han registrado un aumento de la escolaridad femenina, la brecha con respecto a los varones continúa siendo bastante amplia, ya que en ambos casos la escolaridad de las mujeres representa cerca del 80% de la de los hombres.
*Promedio de años de estudio de mujeres y hombres en la población económicamente activa (PEA)
Las mujeres económicamente activas están hoy más calificadas que los varones. En la población económicamente activa de la mayoría de los países, las mujeres exhiben más años de escolaridad que los varones. Se constata así que en las zonas urbanas de 18 países y en las rurales de 14 de ellos, el promedio de años de escolaridad efectivamente terminados es mayor para la población femenina.
En las zonas urbanas, los países que presentan una ventaja femenina de entre uno o más años de escolaridad son: Brasil, Argentina (Gran Buenos Aires), Uruguay, Panamá, República Dominicana y República Bolivariana de Venezuela (total nacional). En las zonas rurales, por su parte, esta misma situación se presenta en Colombia, Costa Rica, Panamá, Chile y República Dominicana. Con diferencias más leves a favor de las mujeres figuran las zonas urbanas de Colombia, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, mientras que en las zonas rurales se advierte la misma situación en Brasil, Honduras y Nicaragua.
En Bolivia, Perú y Guatemala, las brechas urbanas son aún desfavorables para las mujeres, mientras que en las áreas rurales se amplían, especialmente en los casos de Bolivia y Perú, y son levemente más desfavorables en Guatemala.
Los países en los que la situación en las zonas urbanas es más similar entre hombres y mujeres son: El Salvador, Paraguay (Asunción), México, Ecuador y Chile; en lo que respecta a las zonas rurales, en cambio, dichos niveles más igualitarios se encuentran en Paraguay, México, El Salvador, Brasil y Honduras.
C) TRABAJO REMUNERADO Y NO REMUNERADO.-
Si bien hombres y mujeres se sitúan con distinta frecuencia en las diferentes actividades, las labores domésticas son realizadas casi exclusivamente por las mujeres. La participación de las mujeres en el mercado laboral ha experimentado un acelerado crecimiento, lo que permite prever que las brechas de género en este ámbito irán decreciendo rápidamente también y que, por ende, muchas mujeres que antes pertenecían a la población clasificada como inactiva estarán ocupadas o en busca de un trabajo remunerado. Sin embargo, la capacidad de respuesta del mercado laboral no ha evolucionado a la par con esta demanda como lo demuestran las tasas de desempleo femenino, que superan ampliamente las masculinas, lo que limita y desincentiva la inserción laboral de las mujeres.
*Actividades de hombres y mujeres de 20 a 24 años
A quienes desempeñan labores domésticas no remuneradas no se les reconoce la condición de trabajadoras, lo que contribuye indirectamente a devaluar el trabajo no remunerado realizado ante todo por las mujeres. Entre los 20 y los 24 años de edad las actividades de hombres y mujeres se concentran principalmente en la esfera económica. En general, los jóvenes realizan dos tipos de actividades; en primer lugar, aquellos en la población económicamente activa representan, a nivel regional, un 83%, seguidos de aquellos que estudian, con un 13%.
Entre países, este último valor varía ampliamente, desde un 6,4% en Honduras a cerca de un 24% en Chile. Las mujeres, por su parte, se concentran en tres tipos de actividades: la población económicamente activa femenina representa un 52% a escala regional, seguida de un 29% de mujeres dedicadas a los quehaceres domésticos, mientras que solo un 16% estudia. Este último porcentaje fluctúa entre un 9,3% en Paraguay y un 27% en Argentina.
*Actividades de hombres y mujeres de 25 a 49 años
Las actividades que realizan las mujeres en esta etapa se distribuyen entre el trabajo y el hogar. Los hombres no enfrentan la misma dicotomía, siendo que un 95% de ellos pertenece a la población económicamente activa. Así, más del 95% de los varones se ubica entre la población económicamente activa, valor que varía escasamente entre países. Por su parte, a nivel regional, el porcentaje de mujeres dedicadas a esta actividad registra un promedio de 63%, el más alto de todos los otros tramos de edad. Se advierte, además, que existe heterogeneidad entre países: Chile, Costa Rica, Honduras y México no llegan a un 55%, mientras que Bolivia y Uruguay sobrepasan el 70%. Los quehaceres domésticos constituyen una actividad casi exclusivamente femenina. Según el promedio regional, aproximadamente un 34% de ellas se dedica a estas labores, y también en este plano se observa heterogeneidad entre países. Mientras la mayoría de las mujeres enfrenta en este ciclo de vida la crianza de los hijos e hijas, la diversidad de las razones que las impulsan o las limitan a incorporarse al trabajo remunerado o dedicarse en forma exclusiva a las labores del hogar.
*Jornada laboral remunerada de mujeres y hombres
La jornada laboral remunerada de las mujeres es inferior a la de los hombres, debido principalmente al tiempo que demandan las responsabilidades familiares. Las horas de trabajo en el hogar aún no se miden, lo que invisibiliza la doble jornada de las mujeres. En el promedio urbano regional, las horas trabajadas por hombres y mujeres presentan una diferencia de cerca de siete horas semanales. Las mayores brechas entre la jornada remunerada femenina y la masculina son las que existen en Argentina, Costa Rica y Perú, países en los que difieren cerca de 10 horas, mientras que el valor mínimo se registra en El Salvador, país en el que la brecha de género es de solo una hora.
Las mayores brechas afectan a las mujeres dedicadas al trabajo por cuenta propia, cuya jornada laboral asciende en promedio a 35 horas semanales, mientras que la masculina es de 45 horas. Es importante señalar que el segmento de la población ocupada que percibe ingresos más bajos es justamente el de los trabajadores por cuenta propia y, entre estos, las mujeres. Por otra parte, entre mujeres y hombres empleadores se constata una menor diferencia; ellos trabajan 51 horas en promedio y las mujeres, 48.
*Desempleo entre las mujeres
Las tasas de desempleo de la población femenina son más altas y afectan
en mayor medida a las jóvenes, que en la actualidad cuentan con más años de estudio que sus pares varones. Las tasas de desempleo, tanto de los hombres como de las mujeres, han ido creciendo. No obstante, las tasas de desempleo femenino son mayores que las masculinas en todos los períodos; las diferencias de género han tendido a permanecer constantes en el tiempo, sobre todo en los tramos de edad comprendidos entre los 15 y los 34 años y a partir de los 45. Sin embargo es importante señalar, que las mujeres entre 35 y 44 años han experimentado un retroceso respecto de 1990, año en que la diferencia respecto de los varones era de poco más de un punto porcentual y que en el año 2002 llegó a 3,4 puntos porcentuales.
Se observa una clara relación inversa entre desempleo y edad, situación que no ha variado, y se advierte que a medida que aumenta la edad disminuye el desempleo. Por lo tanto, mientras la población joven presentaba la más alta tasa de desempleo en el 2002 (22,6%), en los mayores de 45 años este valor se reducía a un 7,4%. En este último tramo de edad, también se reducen las brechas de género y se invierte la situación de mujeres y hombres, pues el desempleo afecta más a los varones en 13 de los 17 países bajo estudio.
*Trabajadoras familiares no remuneradas
No solo los quehaceres domésticos son una labor sin remuneración y a la cual no se le reconoce estatus de trabajo, también las mujeres son mayoría entre los trabajadores familiares no remunerados, es decir, son parte de la población considerada como económicamente ocupada, pero que no recibe ingresos por su trabajo. Dentro del conjunto de trabajadores independientes figuran los que laboran por cuenta propia y los trabajadores familiares no remunerados, categoría a la que corresponden aquellas personas que ejercen un trabajo en relación con un miembro del hogar en un establecimiento familiar (negocio, almacén, taller de artesanía u otro), sin recibir pago en dinero por su labor y sin tomar en consideración el número de horas trabajadas durante el período de referencia. Es más frecuente que sean mujeres las que se desempeñan como trabajadoras familiares no remuneradas, solo para darnos una idea en 10 países la proporción de estas trabajadoras es de un 5% o menos y en otros 6 fluctúa entre un 6% y un 10%. En Guatemala y Bolivia, sin embargo, este valor aumenta hasta llegar a un significativo 12%. Las mayores brechas de género en este plano se observan en Bolivia, México, Ecuador, Perú y Guatemala. Aunque en estos trabajos sin remuneración las personas quedan clasificadas como ocupadas, es decir, no son consideradas ni desempleadas ni inactivas, es importante dar visibilidad a la frecuencia con que son las mujeres las que desempeñan estas actividades, cuya contribución no es valorada en términos monetarios. Si a estas trabajadoras se suma el número de mujeres que realiza quehaceres domésticos dentro de sus hogares, resulta que un amplio contingente de la población femenina contribuye gratuitamente al bienestar de sus familias y al desarrollo de los países.
*Diferencias de ingreso promedio entre hombres y mujeres por horas trabajadas
Las brechas entre las remuneraciones de mujeres y hombres son evidentes, incluso al controlar por horas trabajadas y nivel educativo. Las mujeres con mayor educación son también las que ganan significativamente menos que los varones en esta misma condición. La relación entre los ingresos laborales femeninos por hora en comparación con los percibidos por los hombres es de 83%, promedio que se constata para las zonas urbanas de los 15 países del gráfico. En el año 2002, la brecha aumentó en los estratos más educados, de modo que las mujeres con 13 o más años de instrucción ganaban por hora el equivalente al 72% de los ingresos masculinos. Las mujeres chilenas son las que menores remuneraciones perciben en relación con sus pares masculinos, situación que no solo se expresa a nivel total, sino también entre la población más educada (13 años y más de estudio). Los ingresos de la población femenina de Chile y Nicaragua aparecen como los más inequitativos. En Bolivia, El Salvador y Guatemala la relación de ingresos entre mujeres y hombres con más de 13 años de estudios es superior a la observada en el total de la población ocupada; no obstante, en ninguno de estos casos se alcanza la equidad en las remuneraciones.
D) GÉNERO Y POBREZA
Para entender las especificidades de la pobreza de las mujeres preciso tomar conciencia de que esta, en comparación con la de los hombres, no debe verse solamente como el resultado de la desigual distribución de los ingresos, sino como un producto de la subordinación de las mujeres. Esto permite identificar, por una parte, la desventaja y subordinación de las mujeres dentro de los hogares pobres y, por otra, la existencia de mujeres potencialmente pobres en hogares no pobres. En ese sentido, desde la perspectiva de género, la pobreza es aquella que pone a las mujeres en condiciones de desigualdad respecto de sus pares, lo que lleva la noción de pobreza más allá de un concepto descriptivo que establece la distancia respecto de un umbral de ingresos o recursos, sino que incluye una explicación de la desigualdad en las relaciones dentro de los hogares.
*La falta de autonomía económica
A nivel individual, la pobreza afecta con mayor intensidad a las mujeres por ser ellas quienes carecen de autonomía económica con mayor frecuencia que los varones. Desde la perspectiva de género se destaca que la condición de perceptor confiere a esta persona un mayor poder de decisión sobre el destino de sus ingresos, a la vez que aumenta su posibilidad de reservar parte de estos para sus gastos individuales. Por lo tanto, quienes son perceptores de ingresos disponen de un mayor grado de autonomía económica que los dependientes. Entre estos últimos se cuentan, con mayor frecuencia, los niños, los adultos mayores y las mujeres, mientras que al grupo de los perceptores pertenecen principalmente los hombres en edad productiva, cuya tasa de participación en la actividad económica es superior a la de los demás grupos de población. Por su parte, las mujeres, debido a su alta participación en actividades no remuneradas, suelen ser dependientes y no disponer de ingresos propios.
En el gráfico se observa que, entre la población sin ingresos propios, la proporción de mujeres supera ampliamente a la de hombres y que la brecha entre ambos sexos se presenta con mayor magnitud entre los 25 y 59 años de edad, grupo que reúne a la mayor parte de la población femenina en edad productiva y reproductiva.
Mientras el porcentaje de varones sin ingresos se sitúa en torno al 20% en ambas zonas de residencia, las disparidades entre mujeres urbanas y rurales se hacen evidentes. El promedio regional muestra que aproximadamente un 57% de las mujeres de zonas rurales no percibe ingresos, situación que se ve agravada por la baja participación que tienen en la posesión de otros activos, entre otros, tierra y animales.
*La sobrecarga de trabajo como otra expresión de la pobreza femenina
El mayor tiempo destinado por las mujeres a las labores domésticas y de cuidado y la baja participación de los hombres en estas aumentan la carga de trabajo total de las mujeres, limitan sus posibilidades de participar en otras actividades, reducen su capacidad de generar ingresos propios y afectan su bienestar. En los cinco países considerados en el gráfico puede verse que la mayor dedicación a los quehaceres domésticos corresponde a
las mujeres de 25 a 59 años de edad, en un rango que fluctúa entre seis horas diarias en Bolivia y Nicaragua y cerca de nueve en México (62 horas semanales). En el tramo de edad comprendido entre los 7 y los 14 años, el tiempo invertido por las niñas en el trabajo doméstico en Bolivia, Guatemala y Nicaragua es similar y asciende a 3,1 horas diarias, mientras que en el caso de los niños fluctúa entre 1,7 y 2,7 horas diarias.
E) SALUD
Por equidad de género en materia de salud se entiende la ausencia de disparidades innecesarias, evitables e injustas entre mujeres y hombres. Significa que las mujeres y los hombres tienen la misma oportunidad de gozar de las condiciones de vida y servicios que les permiten mantenerse en buena salud, sin enfermarse, discapacitarse o morir por causas que son injustas y evitables. En el último tiempo se ha incrementado notablemente el número de mujeres infectadas por el VIH/SIDA, muchas de ellas contagiadas por su pareja única y estable, debido a la escasa protección y falta de educación respecto de esta epidemia, y sobre todo a la falta de control sobre su propia sexualidad.
*Mortalidad femenina por cáncer de mama
El cáncer de mama es la neoplasia más habitual en la mujer y uno de los problemas de salud de mayor importancia, tanto por su frecuencia como por la mortalidad que conlleva, además de sus adversos efectos en la calidad de vida.
Según estimaciones del Organismo Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (IARC), en los países latinoamericanos el cáncer de mama se ubica entre las primeras causas de mortalidad femenina por cáncer, ya que cerca de 300.000 mujeres mueren anualmente por esta enfermedad (Robles y Galanis, 2002). El control periódico y la mamografía pueden ofrecer un diagnóstico temprano de esta dolencia y permitir que las mujeres accedan a un tratamiento que reduzca significativamente el riesgo de muerte.
*Mortalidad femenina por cáncer cérvico uterino
El cáncer cérvico uterino se puede prevenir y curar a un costo y riesgo bajos cuando se dispone del tamizaje para facilitar la detección oportuna de lesiones precursoras, junto con el diagnóstico apropiado, el tratamiento y el seguimiento. El cáncer cérvico uterino es la segunda forma más común de cáncer en las mujeres, luego del cáncer de mamas. La causa suele ser un virus de transmisión sexual —el virus del papiloma humano—, que ocasiona lesiones en el cuello del útero que, de no ser tratadas a tiempo, se transforman en cáncer. Hasta ahora, el principal método de diagnóstico es el Papanicolau, un examen que permite detectar a través del microscopio las células que han sufrido transformaciones anormales.
*Mortalidad materna
La mortalidad materna afecta mayormente a las mujeres pobres que viven en áreas rurales o en condiciones de marginalidad. Muchas de ellas pertenecen a poblaciones indígenas o son adolescentes cuyos embarazos no han sido planificados. La mortalidad materna, así como la morbilidad asociada a sus factores determinantes, constituye un grave problema de salud pública que revela algunas de las más profundas desigualdades en las condiciones de vida de las mujeres; asimismo, es un reflejo del estado de salud de las mujeres en edad reproductiva, así como de su acceso a los servicios de salud y de la calidad de la atención que reciben, incluida la disponibilidad de métodos de anticoncepción. Este problema conlleva defunciones y daños a la salud totalmente evitables mediante un adecuado control y atención. En particular, el aborto inducido y en condiciones sépticas, sea de manera directa o a raíz de sus complicaciones, es el factor responsable de más de una quinta parte de las muertes maternas que ocurren en América Latina y el Caribe.
*Mujeres con VIH/SIDA
Las mujeres y las muchachas suelen carecer de poder para abstenerse de tener relaciones sexuales o insistir en el uso del preservativo. En algunas culturas, incluso es probable que las muchachas y las mujeres jóvenes se vean coaccionadas a tener relaciones sexuales. La falta de equidad de género se refleja en el proceso de transmisión de la infección. En este contexto, la mayor vulnerabilidad de las mujeres está determinada por una cultura que limita su acceso a bienes y servicios y les impide tomar decisiones sexuales y reproductivas autónomas e informadas. Las mujeres son particularmente vulnerables al VIH. De hecho, se ven afectadas por la mitad de las infecciones que se producen en el mundo. Esta vulnerabilidad se debe fundamentalmente a los conocimientos deficientes sobre el SIDA, al acceso insuficiente a los servicios de prevención del VIH, a la incapacidad de negociar relaciones sexuales más seguras y la falta de métodos de prevención del VIH controlados por las mujeres.
F) VIOLENCIA DE GÉNERO
Haremos una mención especial al tema de la tipificación del FEMICIDIO O FEMINICIDIO
EN LAS LEGISLACIONES DE AMÉRICA LATINA.-
La tipificación del femicidio, que en algunos países se conoce como feminicidio, no existe en todos los países de la región.
En Costa Rica (2007) y Chile (2010) se ha tipificado como femicidio la muerte violenta de una mujer perpetrada por el cónyuge, en el marco de uniones de hecho, declaradas o no, por las parejas o exparejas. En el Perú se tipificó el feminicidio en 2011, definido como la muerte de una mujer provocada por su ascendiente, descendiente, natural o adoptivo, o quien es o haya sido su cónyuge, su conviviente, o una persona con quien esté sosteniendo o haya sostenido una relación análoga. En Guatemala (2008) y Nicaragua (2012), la ley se refiere a todos los casos de muerte violenta de mujeres en el marco de relaciones desiguales de poder, entre las cuales se inscriben el matrimonio y la convivencia. La violencia feminicida está penalizada en la legislación de México desde 2007 y de El Salvador desde 2010, y se entiende como la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y pueden culminar en femicidio (El Salvador), homicidio (México) y otras formas de muerte violenta de mujeres. Ambas legislaciones poseen una amplitud similar a la legislación guatemalteca. En las leyes de la Argentina (2012) y Colombia (2008) no se utiliza la palabra femicidio ni feminicidio, pero sancionan diferenciadamente y de manera agravada los homicidios de mujeres por razones de género.
**Las manifestaciones de violencia física, psicológica y sexual contra las mujeres por parte de su cónyuge o pareja muestran una alta prevalencia en América Latina. La mayoría de estas agresiones no se refleja en las estadísticas, ya que las mujeres que las denuncian o recurren a los servicios disponibles para su atención constituyen un porcentaje menor. Por lo tanto, las estadísticas basadas en registros administrativos provenientes de la policía, las instancias judiciales, los sistemas de salud y las organizaciones no gubernamentales, entre otros, podrían captar solo una parte de la población femenina agredida, desconociéndose la estadística real actual.
*El maltrato físico contra las mujeres
Los datos estadísticos disponibles sobre la violencia contra las mujeres resultan reveladores: en un alto porcentaje son agredidas por sus esposos o compañeros. La violencia física se define como el uso intencional de fuerza física con la posibilidad de causar muerte, incapacidad o daño. Incluye, pero no se limita a ello, rasguños, empujones, mordiscos, lanzamiento de objetos, jalones de pelo, bofetadas, golpes, quemaduras, uso de armas de fuego o cortopunzantes, o uso del propio cuerpo contra el otro.
En seis países de la región, el porcentaje de mujeres de 15 a 49 años de edad que sufren o han sufrido alguna vez violencia física por parte de una pareja oscila entre un 52,2%, registrado en Bolivia, y un 18%, en Haití. Por una parte, se constata una gran prevalencia de violencia en todos los niveles educativos; sin embargo, tiende a disminuir a medida que aumentan los años de estudio de la víctima, como lo demuestran, en general, las tasas de violencia física contra las mujeres con educación
*El abuso sexual contra las mujeres
La violencia y el abuso sexual ocurren tanto en el ámbito público como en el privado. Muchas mujeres son violentadas sexualmente por sus cónyuges o parejas. Por abuso sexual se entiende cualquier acto en el que una persona
en una relación de poder usa fuerza, coerción o intimidación psicológica para forzar a otra persona a realizar actos sexuales contra su voluntad, o a participar en relaciones sexuales no deseadas. Las cifras sobre la prevalencia de la violencia sexual en los cinco países con información disponible muestran que en cuatro de ellos entre un 10% y un 17% de las mujeres en el tramo de edad de 15 a 49 años han sufrido este tipo de abuso. En el caso de República Dominicana, la proporción es menor, de un 6%; no obstante, por su gravedad y los efectos que estas agresiones causan en sus víctimas tales niveles pueden considerarse altamente significativos. Entre las consecuencias que sufren las víctimas, se cuentan manifestaciones tales como depresión, stress postraumático, ansiedad, disfunción sexual, desórdenes alimentarios, baja autoestima, abuso de sustancias, lesiones, enfermedad pélvica inflamatoria, discapacidad, problemas ginecológicos y embarazo no deseados, entre otras, que incluso pueden llegar al suicidio.
G) PARTICIPACIÓN POLÍTICA
En algunos países de la región ya se han adoptado medidas de acción positiva combinadas con sistemas electorales proporcionales, conocidas como leyes de cuotas. Este tipo de leyes rige en los siguientes países: Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana, mientras que en República Bolivariana de Venezuela, las cuotas fueron derogadas tras una corta vigencia.
En efecto, si bien ya en 1929 las mujeres ecuatorianas conquistaron su derecho a voto, América Latina tuvo que esperar 61 años para ver a la primera mujer presidenta elegida en votación popular en la región, Violeta Barrios de Chamorro en Nicaragua (1990). En el Caribe, las primeras señales aparecieron con Lucinda da Costa Gómez-Matheeuws, que fue elegida Primera Ministra de las Antillas Neerlandesas en 1977. En Guyana, pasaron más de 40 años desde la aprobación del voto femenino en 1953 hasta que Janet Rosenberg Jagan llegó a la presidencia en 1997. Portia Simpson-Miller logró ocupar el cargo de Primera Ministra de Jamaica 62 años después de que las jamaiquinas pudieron participar en los comicios
electorales.
En América Latina, cuatro mujeres han sido elegidas por voto popular como presidentas desde 2000. En el Brasil, por ejemplo, pasaron 78 años desde que las mujeres ejercieron su derecho a voto por primera vez hasta que una mujer resultó electa para el cargo de máximo poder en el país. En la Argentina y Costa Rica, la distancia entre el derecho a voto y la primera mujer presidenta fue de 60 años, mientras que en Chile pasaron 57 años.
Actualmente, las comunidades políticas y sus liderazgos valoran positivamente la participación de mujeres y los cambios que introducen al ejercer los más altos cargos públicos. Así, el crecimiento económico de América Latina coexisten con poderes ejecutivos en que hay mujeres investidas con los más altos cargos, a los que han accedido por la vía electoral.
*Las leyes de cuotas y la presencia de las mujeres en la política
Mediante las leyes de cuotas o acciones positivas, que consisten en fijar un porcentaje mínimo de representación femenina en los puestos de gobierno o en los partidos políticos, se trata de contrarrestar los obstáculos que enfrentan las mujeres para acceder a cargos con poder de decisión.
Si bien la implementación de leyes de cuotas es aún escasa en la región, se puede apreciar que los países que las han instaurado tienden también a mostrar un mayor porcentaje de mujeres diputadas y senadoras. El único país que hasta el momento supera o iguala la cuota establecida en un 30% de representación femenina es Argentina .
*Mujeres en el parlamento
Las mujeres están todavía ausentes de las estructuras con poderes de decisión. Por lo tanto, gran parte de las resoluciones que atañen a la promoción de la mujer y la equidad de género continúan en manos de varones. El promedio para los países de la región indica que en la actualidad solo el 16% de los escaños parlamentarios están ocupados por mujeres. Si bien se han apreciado significativos progresos con respecto a la situación reinante en 1990, aún falta mucho por avanzar para alcanzar la paridad, como lo demuestra el hecho de que al proyectar este indicador sobre la base del ritmo de crecimiento histórico entre los años 1990 y 2005, se infiere, por ejemplo, que la región llegaría a un tercio de representación femenina recién en el año 2035.
LAS PARLAMENTARIAS.-
En la historia de las instituciones parlamentarias de América Latina y el Caribe, la primera vez que una mujer fue nombrada presidenta de un parlamento en la región fue en el Uruguay en 1963 y la última fue casi cincuenta años más tarde en Barbados, en 2012. Estos datos muestran la diversidad de situaciones que se aprecian en la región y cuán reciente es la llegada de las mujeres al máximo nivel del poder legislativo en algunos países. En la mayoría de ellos, el nombramiento de una mujer como presidenta del parlamento ocurrió en la década de 1990. En la actualidad hay instituciones parlamentarias en 190 países del mundo y solo 39 mujeres ejercen la presidencia de alguna de ellas.
LAS AUTORIDADES MUNICIPALES.-
En lo que respecta a los gobiernos locales, la participación de las mujeres en el nivel ejecutivo local se mantiene baja. Entre 2009 y 2011, el promedio regional mostró un leve aumento del 8,4% al 10,2%, que se explica por el aumento de alcaldesas electas en las últimas elecciones municipales realizadas en la Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Costa Rica, el Ecuador, México, el Paraguay y el Perú.
LAS MINISTRAS.-
La agenda sobre paridad ha tenido un impacto heterogéneo en la composición de los gabinetes ministeriales en los países de América Latina y el Caribe. Dependiente de la decisión presidencial, el nombramiento de ministras no se ha consolidado como una práctica común y, desde 2006 en adelante, la presencia de mujeres en los gabinetes ministeriales no se ha mantenido constante, sino que ha descendido como promedio regional desde un 26% ese año hasta un 18% en 2011.
H) EL PODER JUDICIAL EN AMÉRICA LATINA Y SU CUOTA DE EQUIDAD DE GÉNERO
En América Latina el poder judicial es también un ámbito predominantemente masculino. A pesar de ello, en la última década la participación de las mujeres en los máximos tribunales de justicia ha aumentado en forma considerable, desde un promedio del 10% en 2001 hasta el 22,6% en 2011.
En la mitad de los países de América Latina la presencia de mujeres en el máximo tribunal de justicia supera el promedio regional del 23%. Este es el caso de Chile (25%), Cuba (27%), la República Dominicana (27%), Nicaragua (29%) y, con porcentajes aun más destacados, El Salvador (33%), Costa Rica (35%), Puerto Rico (43%) y Venezuela (República Bolivariana de), que desde 2011 se acerca a la paridad, gracias a la designación de un 44% de mujeres en los cargos de juezas del Tribunal Supremo de Justicia. En Colombia, la presencia de juezas llega al 30%, porcentaje cercano a la cuota del 32% que rige a partir de 2010 para los cargos de mayor jerarquía en las entidades de las tres ramas y órganos del poder público.
REFLEXIONES FINALES A NIVEL LATINOAMERICANO.-
Las desigualdades existentes en la región no son aceptables y no se condicen con las condiciones materiales alcanzadas. Tampoco tienen justificación la mortalidad materna, el embarazo en adolescentes, el empleo precario o la desmesurada concentración del trabajo doméstico no remunerado en manos de las mujeres, y mucho menos la violencia de género. Como se ha expresado en los diferentes indicadores, que son a su vez reflejo de los problemas que se desarrollan en torno a la Equidad de Género, la desigualdad, la falta de autonomía, la injusticia, la mala distribución del poder, de los recursos y en especial los ingresos, y la desigualdad en el uso del tiempo entre hombres y mujeres, así como del desconocimiento de los derechos de las mujeres a participar en todos los espacios de toma de decisiones; son las principales causas de no lograr la equiparidad de géneros.
La participación laboral de las mujeres durante los últimos 50 años ha sido destacada como un factor decisivo en el desarrollo. Ha influido en el descenso de la fecundidad, lo que a su vez ha facilitado su acceso al mercado laboral. La educación también ha sido un factor de empoderamiento y de superación de la pobreza. Sin embargo, aún son muchas las mujeres pobres, e incluso las educadas siguen obteniendo menores ingresos que sus pares hombres. El aumento de la participación política de las mujeres ha cambiado el paisaje democrático, pero quienes llegan a los niveles más altos de representación aún deben enfrentar techos de cristal o barreras culturales y financieras que les impiden ejercer su ciudadanía política con más independencia y recursos. Pero sin duda es lo que varias autoras han denominado la pobreza de tiempo lo que ha puesto en evidencia la necesidad de que las políticas públicas intervengan activamente en la solución de problemas antiguamente considerados privados, como el cuidado y reproducción de la familia, que sigue siendo uno de los principales obstáculos para la igualdad real.
Estos indicadores mostrados, profundizan de alguna forma la mirada respecto de la situación de las mujeres de la región y se evidencia el efecto de las desigualdades de género en la pobreza, la incidencia de la pobreza según el sexo de las personas y el acceso desiguala los recursos monetarios, productivos y políticos. Este desarrollo comparativo en cifras, se fundamenta en la necesidad de medir y cuantificar las disparidades de género en distintas áreas y va en línea con el cumplimiento de la Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995) y los Objetivos de Desarrollo del Milenio; ofreciendo así un ejemplo nítido de los esfuerzos realizados, pero principalmente de los desafíos pendientes.
Recomendaciones
1.- Lo que debemos hacer es ofrecer oportunidades para que las mujeres y también los hombres puedan escoger con libertad lo que deseen. Así la mujer integrará su vida como mujer, madre, esposa y su vida profesional en paz y sin presiones sociales y que terminan dañando a la mujer.
2.- Lo que debemos hacer es promover y ayudar a las mujeres a escoger con libertad la vida que quieren vivir, valorando para ellas y para la sociedad tanto su trabajo profesional como la vida matrimonial, el cuidado de los hijos, etc., cada uno en su justa medida, como se debe hacer también con los varones, de forma que también ellos tomen su responsabilidad en el hogar.
3.- No descuidar al valorar que lo único que realiza a los hombres y a las mujeres es el trabajo profesional, se logra sacar del hogar a los padres dejando a los niños desprotegidos. 4.- Uno de cada tres niños en Europa nace fuera del matrimonio y en Inglaterra uno de cada cuatro niños crece sin un padre. Hay ya muchos estudios que demuestran que los niños se desarrollan más y mejor, con más estabilidad emocional cuando disponen de una cierta presencia de los padres en el hogar.
5.- No se beneficia la sociedad porque se daña el concepto de familia, de matrimonio, se promueve el descuido de los hijos, etc. Por ejemplo, en España hubo en el 2006 unos 210.132 matrimonios y 145.919 matrimonios rotos -entre divorcios, separaciones y matrimonios declarados nulos.6.- La situación social actual -ambos padres trabajando en horarios que no prestan atención a la familia o a los hijos- ha creado la necesidad de recurrir a sustitutos para cuidar de los infantes.
7.- Es un hecho comprobado que la desatención de los padres de familia suele crear en los hijos personalidades débiles, incapaces de pensamiento crítico, sujetos siempre a la moda imperante y con temor de enfrentar el status quo, y reducidas a una máquina de consumo. Esto sin duda es algo cómodo para algunos grupos que quieren adquirir y mantener el poder político por generaciones y sería ya suficientemente malo de por sí, pero además, es el preludio para manipulaciones.
8.-Las facultades de derecho tienen que estructurar programas permanentes que contengan la parte teórica, la interpretación de la ley y el análisis de la jurisprudencia. Toda persona que va a ocupar un puesto, dentro de la carrera judicial, debe estar capacitada para aplicar la ley con respeto a la igualdad de los derechos. Esto incide en la calidad de la justicia que se impartirá. Es fundamental dirigir la capacitación a quienes ocupan los puestos En nuestro medio, el organismo que se ocupa de la situación y status de la mujer y su desarrollo, es el Despacho Viceministerial de la Mujer del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, encargado de promover, coordinar, dirigir, supervisar y evaluar las normas, políticas, planes, programas y proyectos en el campo de Los derechos de las mujeres y contribuir a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, es decir equidad de género, en especial de aquellas en situación de pobreza, pobreza extrema, discriminación, violencia, inequidad y exclusión social; mantiene relaciones funcionales con las demás unidades orgánicas del MIMDES, incluyendo sus Programas Nacionales, Organismos Públicos Descentralizados del Sector y con otras entidades de la administración pública, en los ámbitos nacional, regional local, y entidades privadas vinculadas a su competencia.
9.- Es necesario el empoderamiento de las mujeres tanto en términos individuales como colectivos para lograr institucionalizar el género en la corriente principal del desarrollo.
10.- Los objetivos del PLANIG, se irán concretando paulatinamente, por lo que sería pertinente fijarse metas de corto, mediano y largo plazo para el logro de dichos fines, teniendo en cuenta que la meta general de la equidad de género requiere cambios profundos.
11.- Es preciso efectuar cambios en las normas, y una redistribución del poder y los recursos.
12.- Sensibilizar frente a los aspectos de género y capacitar al personal y la formación de equipos especializados.
13.- Lo más conveniente, para lograr un avance real en el empoderamiento de las mujeres sería combinar programas específicos dedicados a las mujeres, con la transversalización del enfoque de género. Este escenario debería garantizar además las capacidades técnicas y los recursos necesarios para su implementación, así como un compromiso político decidido.
14.- Vincular pobreza y violencia contra las mujeres es un error que afecta en la percepción multidimensional del problema e impide el diseño de políticas públicas efectivas que contribuyan a erradicar esta lacra social, que goza todavía con un alto grado de impunidad y tolerancia social. Se conoce que existe un mayor porcentaje de mujeres afectadas por violencia en el área urbana que rural y, en lo referente a los quintiles de pobreza, las mujeres del quintil inferior (más pobre) y superior (más rico) serían las que menos violencia sufren, frente a las situadas en los quintiles segundo, tercero y cuarto.
15.- Desde un punto de vista legal, se ha mejorado el marco normativo referente a la conciliación entre la vida familiar y laboral a través del derecho a la licencia por paternidad, aunque se hace necesario una campaña de difusión y sensibilización para que el reparto de responsabilidades, tanto de la crianza de los hijos e hijas como del cuidado del hogar y otros adultos dependientes, sea una realidad compartida entre hombre y mujeres y permita a ambos un desarrollo personal y profesional satisfactorio y equitativo.
Conclusiones
1.- El género, esa simbolización cultural construida a partir de la diferencia sexual, rige el origen humano y se manifiesta en la vida social, política y económica. Entender ¿qué es y cómo? opera el género nos ayuda a vislumbrar como el orden cultural produce percepciones específicas sobre las mujeres y los hombres, percepciones que se erigen en prescripciones sociales con las cuales se intenta normar la convivencia. La normatividad social encasilla a las personas y las suele poner en contradicción con sus deseos, y a veces incluso con sus talentos y potencialidades. En ese sentido el género es, al mismo tiempo, un filtro a través del cual miramos e interpretamos al mundo, y una armadura, que constriñe nuestros deseos y fija límites al desarrollo de nuestras vidas.Entonces, el género es el conjunto de características sociales, culturales, políticas, psicológicas, jurídicas, económicas asignadas a las personas en forma diferenciada de acuerdo al sexo. El género está estrechamente vinculado tan al factor cultural como al social; este último está referido a los aspectos socioeconómicos que participan en los procesos de producción y reproducción de género, tales como las diferencias salariales, que las mujeres sean las máximas responsables de las tareas domésticas, las más ¨machacadas¨, desigual distribución de los roles domésticos, desigual o diferente representación en los espacios de toma de decisión; el primero comprende todo el simbolismo relacionado con el ser mujer o ser hombre, presente en cada cultura y época histórica.
2.- Equidad de género es la justicia en el tratamiento de varones y mujeres de acuerdo a sus respectivas necesidades. Implica el tratamiento diferencial para corregir desigualdades de origen a través de medidas no necesariamente iguales, pero conducentes a la igualdad en términos de derechos, obligaciones, beneficios y oportunidades. La equidad de género es un concepto que se refiere a la distribución justa entre varones y mujeres de las oportunidades, recursos y beneficios, para alcanzar su pleno desarrollo y la vigencia de sus derechos humanos. La equidad de género supone el reconocimiento de las diferencias, y la garantía de la igualdad en el ejercicio de los derechos.
3.- Igualdad de género es la igual valoración de los diferentes comportamientos, aspiraciones y necesidades de los hombres y las mujeres. En una situación de igualdad real, los derechos, responsabilidades y oportunidades de los varones y mujeres no dependen de su naturaleza biológica y por lo tanto tienen las mismas condiciones y posibilidades para ejercer sus derechos y ampliar sus capacidades y oportunidades de desarrollo personal, contribuyendo al desarrollo social y beneficiándose de sus resultados.
4.- Para lograr la igualdad de género será necesario adoptar medidas específicas, diseñadas para eliminar las desigualdades y situaciones de discriminación que existan, como son:
. El empoderamiento de la mujer es esencial para lograr la igualdad de género.
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