También es necesario hacer especial atención a los hogares encabezados por una mujer, ya sean unipersonales o monoparentales, y que en 2011 llegaban al 28,5% de la población, ya que la pobreza afecta principalmente a hogares con jefatura femenina, situándose en el 31% de las familias encabezadas por una mujer frente al 26,4% si el cabeza de familia es un hombre.
2.2.5 Lucha contra la violencia hacia las mujeres
La violencia que sufren las mujeres peruanas sigue siendo uno de los problemas más graves que afecta al país. Sin embargo, está lejos de superarse y las estadísticas muestran que en los últimos años apenas ha variado el número de casos de violencia familiar (en torno a 100 denuncias cada día), violencia sexual (alrededor de 13 denuncias al día) y feminicidio (entre 8 y 10 mujeres asesinadas al mes por causas relacionadas exclusivamente con su condición de mujer). En cuanto a los casos de trata de personas, las mujeres, junto con los niños y niñas, son las víctimas más habituales de este delito que va de la mano de otras actividades ilícitas, como el narcotráfico o los campamentos mineros.
En el marco del Plan Nacional de Violencia contra la Mujer y el Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas, los diferentes niveles de poder del Estado (nacional, regional y local) han puesto en marcha diversas alianzas para prevenir este tipo de delitos. En los últimos años se ha observado una mayor cobertura de los servicios de atención para mujeres víctimas de violencia, principalmente a través de las 29 Comisarías de Mujeres con presencia en el territorio nacional, y los Centros de Emergencia Mujer (CEM) que en sus 148 delegaciones atendieron más de 200.000 denuncias por violencia familiar y sexual durante el periodo 2007-2011. Por otra parte en 2007 se creó el Centro de Atención Integral para dar tratamiento psicoterapéutico de varones agresores judicializados por hechos de violencia familiar.
Desde otras instancias, como el Ministerio Público, se pusieron también en marcha iniciativas para contribuir a paliar este problema, como el Programa de Asistencia a Víctimas y Testigos o la División de Investigación de Delitos contra la Trata de Personas desde la Policía Nacional. En lo que respecta al marco normativo, se hicieron esfuerzos para hacerlo más integral y que abarcara los diversos aspectos a través de los cuales se manifiestas la violencia. Otros datos relativos a denuncias y víctimas de violencia familiar, sexual y trata son los siguientes:
2.2.6 Acceso de las Mujeres al Mercado Laboral
Aunque el acceso al mercado de trabajo y, más concretamente, al trabajo decente sería una de las estrategias más eficaces para lograr revertir muchas situaciones de inequidad entre hombres y mujeres, la participación equitativa de las mujeres en el mercado laboral es aún una meta a alcanzar. Las tasas de desempleo y subempleo de las mujeres (8,4% y 41,5%) son mayores que para los hombres (4,9% y 27%) y en el periodo que va de 2007 al 2011, año en el que la situación económica del país mejoró notablemente, la tasa de participación femenina en la población activa se incrementó muy levemente y en las ocupaciones más precarias.
En lo que respecta a ingresos, Perú es el cuarto país de la región en discrepancia de salario por cuestiones de sexo, siendo el ingreso medio de las mujeres es el 66,9% del ingreso medio de los hombres. En cuanto al ingreso mensual promedio proveniente de trabajo, la evolución entre hombres y mujeres en los últimos años muestra que a la brecha de género es mayor cuanto menor es el salario de la mujer:
Muchas mujeres trabajadoras, especialmente de los sectores más vulnerables, continúan haciéndolo desde la precariedad y la informalidad, como emprendedoras de pequeños negocios productivas o asalariadas de microempresas, en ocasionas sin la adecuada cobertura social. En este sentido, son las trabajadoras domésticas las que se encuentran en una situación más vulnerable y, a pesar de ciertos esfuerzos encaminados a regularizar su situación, el logro más relevante consiste en su inclusión en el sistema de salud, faltando aún un largo camino por recorrer en lo que respecta a respeto de horarios, bajas por enfermedad y vacaciones.
2.2.7 Acceso de las Mujeres a Servicios de Salud de Calidad
La salud sexual, y reproductiva en concreto, la salud materna, y la prevención del embarazo no deseado, siguen siendo prioridades. En el caso de la reducción de la mortalidad materna, el Estado ha puesto una serie de medidas para la atención temprana de mujeres gestantes, la adecuada integración de un enfoque multicultural, la capacitación continua para el personal médico, y la puesta en marcha de comités de prevención a nivel nacional. A pesar de estos avances, el Perú sigue siendo, uno de los países de la región con mayor tasa de mortalidad materna.
En el caso de la prevención del embarazo adolescente, la tasa apenas ha variado a pesar de las múltiples iniciativas puestas en marcha para su prevención. A nivel general, el 15% de las jóvenes peruanas entre 15 y 20 años está embarazada o ha tenido un embarazo, índice que sube considerablemente en las regiones de Loreto (30%), Ucayali (28%), San Martín (28%), Madre de Dios (27%) y Amazonas (26%).Por estrato étnico, la maternidad es una realidad para el 44% de adolescentes mujeres de lengua asháninka, el 21% de lengua quechua y el 16% de lengua aymara.
La calidad sigue siendo un reto para el sistema de salud, principalmente en lo que respecta a salud sexual y reproductiva. Esta calidad, además, varía mucho dependiendo de la zona geográfica y puede sufrir variaciones notables de una ciudad a otra. En lo que respecta a garantizar la cobertura universal de salud, en 2011 se logró que el 83% de las mujeres rurales y el 68.7% a nivel nacional pasaran a estar cubiertas por algún seguro de salud, principalmente el Sistema Integral de Salud (SIS).
Algunas medidas, como la prohibición del Tribunal Constitucional en 2009 de la distribución gratuita del Anticonceptivo Oral de Emergencia (AOE) por parte del MINSA o el cobro, aunque sea muy reducido, para acceder a los servicios de salud, afectan en mayor medida a las mujeres pobres y reduce sus posibilidades de recibir servicios médicos.
Se calcula que cada año se llevan a cabo en Perú unos 370.000 abortos clandestinos y que un gran número de casos que se registra como muerte materna, especialmente aquellos ligados a infecciones o hemorragias, son causados por complicaciones en la realización de abortos, aunque la ilegalidad en la que se llevan a cabo estas prácticas hace difícil hacer un cálculo real.
2.2.8 Acceso de las Mujeres a la Educación integral y de calidad
En general, se ha constatado un incremento en las tasas netas de matrícula, al igual que un aumento en la asistencia de los niños, niñas y adolescentes a la educación básica regular. También se observa un crecimiento de la tasa de asistencia escolar femenina en el nivel secundario, de manera particular en el área rural. Sin embargo, este aumento en la escolaridad de niños y niñas no va de la mano con la deseable calidad educativa necesaria para lograr que el logro educativo sea satisfactorio.
La tasa de matrícula en educación superior es todavía baja, en torno al 23% en 2011. Las principales diferencias se dan entre los quintiles más bajos (con tasas que figuran entre el 4% para las mujeres y el 4,1% para los hombres) y los quintiles más altos (con 46,6% para mujeres y 49,9% para hombres). El programa Beca 18, puesto en marcha recientemente, podría contribuir a promover un mayor acceso a la educación superior para los sectores más desfavorecidos. Este análisis debe llevar también a observar la segregación en los estudios que cursan las mujeres ya que solamente el 8,2% eligió una ingeniería frente al 30,1% que se decidió por educación.
Por lo que se refiere a educación cultural bilingüe, en 2010 el 11,5% de los centros educativos de primaria del ámbito rural indígena brindaba enseñanza en lengua originaria. Sin embargo, el 28,87% de los niños y niñas no es atendido por el sistema educativo y el 73% tiene atraso escolar grave, lo que sin duda afecta negativamente a su continuidad en el sistema escolar. Es importante señalar, la relación que existe entre la formación de la madre y el nivel educativo que alcanzan los hijos, señalando que entre los pueblos indígenas amazónicas apenas el 50% de las mujeres ha asistido a la escuela, frente el 80% de los varones.
En cuanto a la tasa de analfabetismo, y aunque esta se va reduciendo progresivamente, todavía afecta en una proporción mayor de mujeres que de hombres (13,8% frente al 4,6%), que en 2010 ascendía al 7,4% de la población mayor de 15 años. En el área rural, los datos indican que el 33,9% de las mujeres son analfabetas, incrementándose este índice hasta el 48,5% de las mujeres de lengua nativa frente al 14,3% de los hombres.
2.3 LOGROS ACTUALES DE LA ONU EN EL PERU, RESPECTO A EQUIDAD DE GÉNERO.-
La promoción de la igualdad entre los hombres y las mujeres es fundamental en la labor de las Naciones Unidas. La igualdad de género no sólo es un objetivo en sí misma, sino que también se reconoce como un medio esencial para alcanzar todos los demás objetivos de desarrollo. Las iniciativas encaminadas a superar la pobreza y reducir el hambre en el mundo giran cada vez más en torno al papel central de la mujer en el desarrollo económico y social.
Las Naciones Unidas respaldan activamente el empoderamiento de la mujer y el disfrute de sus derechos humanos mediante la adopción de normas y políticas generales y a través de sus actividades de asistencia para el desarrollo.
En julio del 2010 la Asamblea General de la ONU votó unánimemente por la creación de una nueva entidad para la igualdad de género y empoderamiento de la mujer, que tendrá el nombre "ONU Mujeres". Esta nueva entidad fusiona y refuerza las cuatro agencias de género existentes hasta ahora en el marco de las Naciones Unidas (OSAGI, DAW, INSTRAW y UNIFEM) y estará operativa en 2011.
En el Perú**
Además de para ONU Mujeres, la mujer es fundamental para la labor de todas las organizaciones del Sistema ONU en el Perú. Gran parte del mandato del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) se refiere a la salud y a los derechos reproductivos de las mujeres. Así, busca contribuir a la consolidación de mecanismos institucionales nacionales y prácticas socioculturales que promuevan y protejan los derechos de las mujeres y las niñas y fomenten la equidad y la igualdad entre los géneros.
Por su parte, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en el Perú da énfasis en la educación de la niña, como un enfoque transversal en todas las acciones que realiza para garantizar la inclusión y mejorar la calidad educativa. A nivel nacional planifica y coordina acciones con el Ministerio de Educación y redes interinstitucionales; a nivel regional y local coordina con las Direcciones Regionales de Educación, Unidades de Gestión Educativa Local, instituciones de formación docente, autoridades locales y padres de familia.
Asimismo, la mujer es también fundamental para el trabajo del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA), ya que la experiencia ha demostrado que los alimentos en manos de las mujeres tienen más probabilidades de llegar a quienes más lo necesitan en sus familias. Sin embargo, muchas madres saben poco sobre nutrición para aprovechar al máximo los alimentos. Estudios demuestran que madres que han recibido educación tienen hijas e hijos más saludables. El PMA también entrega raciones de alimentos a las familias que envían a sus hijas a la escuela.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo promueve la equidad de género a través de la transversalización de la perspectiva de género. La estrategia corporativa de la organización está diseñada con el fin de integrar en todos sus ámbitos de trabajo el empoderamiento de las mujeres y la equidad. La estrategia llama a que esta tarea sea trabajo de todos y no únicamente responsabilidad de algunos especialistas y se apoya en tres pilares:
Generación de capacidad – tanto a nivel de país como a nivel interno – para integrar los desafíos en materia de igualdad de género en todas las áreas temáticas como también en los marcos de cooperación con los países.
Provisión de servicios de asesoramiento sobre políticas que promueven la equidad de género y el empoderamiento de las mujeres; y
Apoyo a intervenciones específicas que benefician a las mujeres y extienden modelos innovadores como aquellos desarrollados y probados por el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM).
Por ello ONU Mujeres, coordina permanentemente con diferentes instituciones del Estado Peruano (Ministerios como el de la Mujer, el de Economía y Finanzas, el de la Salud…), Municipalidades, Organizaciones sociales (Flora Tristán, Manuela Ramos, PROMSEX, Calandria, DESCO, Filomena Tomaira, ONAMIAP, ARPI-S.C., CONAMI, AIDESEP…) y centra su trabajo en cinco áreas prioritarias, en las cuales se agrupan las iniciativas y proyectos:
En cuanto a la erradicación de la violencia contra las mujeres y la participación de las mujeres en todos los aspectos de los procesos de paz y seguridad ONU Mujeres viene desarrollando una serie de iniciativas como:
Programa Regional Ciudades Seguras: Proyecto Perú: "Ciudades Seguras para las Mujeres, Ciudades Seguras para Todos y Todas" , que pretende fortalecer una ciudadanía activa de las mujeres en el ejercicio de sus derechos, a fin de reducir la violencia pública y privada que se ejerce contra ellas.
Respuesta al VIH/SIDA y a la violencia contra las mujeres y sus vínculos, y el fortalecimiento de las Mujeres que viven con VIH y/o son víctimas de violencia en el Perú. Iniciativa a través de la cual se contribuye al esfuerzo de reversión de la propagación del VIH/SIDA en mujeres y niñas y al fortalecimiento de las organizaciones de mujeres que viven con VIH y que viven violencias. En esta misma línea también está el proyecto "Acceso de las mujeres que viven con VIH/SIDA a servicios de salud sexual y reproductiva, libre de discriminación y violencia en la Región de Lima y Callao"
Gracias al apoyo del Fondo Fiduciario para Eliminar la Violencia contra las Mujeres se están implementando varios proyectos: "Promoviendo estrategias sostenibles para incrementar el impacto en prevención y atención de la violencia de género en la Región de Puno" , para reducir la incidencia de la violencia familiar y sexual hacia las mujeres a través del fortaleciendo instancias públicas y privadas que brindan atención y protección a estas mujeres. Y el proyecto "Innovando la Participación Ciudadana para la Incidencia Política desde las y los adolescentes: Ejerciendo nuestro derecho a una vida libre de violencia contra las mujeres en seis distritos rurales de Piura, Junín y Amazonas. Costa, Sierra y Selva del Perú, que busca generar recursos sociales y políticos locales con las/os adolescentes, como promotores/as locales, fortalecer espacios intersectoriales adecuados a las diferencias generacionales, interculturales y de género con estrategias efectivas para prevenir las diferentes formas de violencia. Y "Articulación de Políticas y Acciones contra la violencia hacia las mujeres desde la Municipalidad Metropolitana de Lima" , para mejorar los niveles de protección y reducir la impunidad en casos de violencia intrafamiliar y/o sexual contra mujeres y niñas.
También se viene trabajando en el diseño de propuestas para la reparación integral y justicia para mujeres víctimas de violencia sexual en contextos de conflictos armados. Así como propuestas para establecer criterios para la valoración de la prueba en delitos sexuales. Diseño y validación de instrumentos para valorar el daño sicológico; validación de un modelo de casa refugio.
En cuanto al aumento del liderazgo y la participación de las mujeres, es una estrategia presente en todas las iniciativas pero que también podemos ver volcada en proyectos con las mujeres indígenas:
"Construcción de propuestas políticas de mujeres indígenas andinas y amazónicas para mejorar la efectividad de los servicios de justicia en el Perú" que, además de contribuir al posicionamiento y reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas para el buen vivir "Allin Kausay", busca mejorar la capacidad propositiva y gestora de las mujeres indígenas en los espacios comunales, organizativos y nacionales.
"Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas inciden en políticas públicas para garantizar el Buen Vivir de nuestros pueblos", para fortalecer la incidencia de las mujeres indígenas andinas y amazónicas para incidir en políticas públicas que garanticen la promoción y defensa de sus derechos individuales y colectivos como mujeres y pueblos indígenas.
"Participación de Mujeres Indígenas: Asháninca, Yanesha y Nomatsiguenga en el Proceso de Descentralización, Gestión local y gobernabilidad democrática intercultural" . También para fortalecer los sistemas de participación de las mujeres indígenas, que aseguren la gestión de su desarrollo con identidad y la mejora en la calidad de vida en los procesos de participación democrática en la gobernabilidad intercultural en los gobiernos locales.
Otras áreas prioritarias para ONU Mujeres, son la igualdad de género como un elemento central de la planificación y de los presupuestos nacionales y el empoderamiento económico de las mujeres. A través delPrograma Regional de Presupuestos Sensibles al Género, se promueve que los presupuestos sean herramientas para medir el compromiso de los gobiernos con la igualdad de género. Para ello, en Peru se trabaja con el Estado a nivel nacional, sectorial y local así como con la sociedad civil.. Las iniciativas dentro de esta área son:
Convenio con el Ministerio de Economía y Finanzas para la construcción de herramientas y directivas que permitan la inclusión del enfoque de género en el Presupuesto Público. A través del diseño de estrategias, políticas, planes y programas presupuestales que contemplen el enfoque de género, así como el fortalecimiento de los conocimientos en temas relacionados a Presupuesto y Género al interior del Ministerio de Economía y Finanzas, los sectores y diferentes niveles de gobierno.
"Hacia un Gobierno Local y un Presupuesto Participativo con equidad de género". Con la Municipalidad de Villa El Salvador para mejorar la implementación de políticas de equidad de género en la gestión municipal.
"Empoderamiento de las Mujeres organizadas en la Vigilancia al Presupuesto Público Nacional". Busca favorecer el ejercicio de los derechos económicos y sociales de las mujeres, a través de la apropiación por parte de ellas de conocimientos sobre el presupuesto nacional y la asignación de recursos.
CBMS-GRG. "Sistema de Monitoreo Comunal para Presupuestos Locales con Perspectiva de Género". Propuesta metodológica para la adaptación y aplicación de herramientas de recojo de información basadas en la comunidad, como insumo para la elaboración de presupuestos sensibles al género.
"Efectividad de la Ayuda para el Desarrollo y Presupuestos Sensibles al Género ". con el MEF (Ministerio de Economía y Finanzas), MIMDES (Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social), MINSA (Ministerio de Salud), APCI (Agencia Peruana de Cooperación Internacional) y MESAGEN (Mesa de Genero de la Cooperación Internacional). Con los objetivos de fortalecimiento de capacidades de estas instituciones en manejo de herramientas de incorporación de enfoque de género en los instrumentos de gestión del presupuesto nacional, por un lado y de potenciar diálogos entre agencias de cooperación internacional para priorizar la equidad de género en los programas internacionales.
"Supervisión Defensorial a los Gobiernos Regionales en el marco de la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres para la reducción de las brechas de género existentes en cada región". Contribuyendo al cumplimiento de la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres en los Gobiernos Regionales haciendo énfasis en el presupuesto asignado para la reducción de las brechas de género.
Otras iniciativas en estas áreas son la valoración del trabajo doméstico remunerado y no remunerado de las mujeres. Para lo cual se viene impulsando la Campaña de Incidencia Política para garantizar el "Trabajo digno para trabajadoras del hogar en el Perú". Su objetivo es promover y fortalecer las capacidades de las dirigentas de las organizaciones para la incidencia en la modificación de la Ley 27986 de las trabajadoras del hogar. Así como la elaboración e institucionalización de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo.
Con todo ello, como defensora mundial de mujeres y niñas, ONU Mujeres fue establecida para acelerar el progreso que conllevará a mejorar las condiciones de vida de las mujeres y para responder a las necesidades que enfrentan en el mundo.
"Se trata de que la mitad de la humanidad participe. El progreso de las mujeres significa…el progreso del mundo." U. Joy Ogwu, embajadora de Nigeria ante la ONU, presidenta de la junta ejecutiva de ONU Mujeres 2011. (7)
CAPÍTULO III
Plan nacional de igualdad de género 2012-2017 -MINP- Perú
3.1 EVOLUCIÓN QUE JUSTIFICA LA CREACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE IGUALDAD DE GÉNERO
El año 1995 el Perú suscribió los acuerdos de la Plataforma de Beijing concretando así su compromiso con la erradicación de las brechas de género y de toda forma de discriminación por sexo.
*Un primer hito importante fue la creación de un Ministerio de la Mujer como ente rectoren la materia cuyo mandato fue "diseñar, proponer y ejecutar políticas de desarrollo social y humano promoviendo la equidad de género y la igualdad de oportunidades para la mujer, niñez, adulto mayor y poblaciones en situación de pobreza y pobreza extrema, discriminadas y excluidas", a partir del cual se ha venido desarrollando un conjunto de políticas nacionales y promoviendo la adopción de medidas concretas para el desarrollo de las mujeres.
Hoy, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables mantiene la rectoría en las políticas nacionales y sectoriales sobre mujer, e incluso tiene como competencia la promoción y fortalecimiento de la transversalización del enfoque de género en las políticas públicas.
*Un segundo hito importante ha sido la formulación de políticas públicas como el Plan de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres. El Primer Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Varones tuvo vigencia entre los años 2000 al 2005 (DSNº 001-2000-PROMUDEH). El segundo fue implementado entre los años 2006-2010 cuyo Decreto de aprobación fue refrendado por los siguientes Ministerios: PCM, MIMDES,MINJUS, MININTER, MTPE, MEF, MINAG, MINEDU y MTC (Decreto Supremo Nº 009-2005-MIMDES).
(7) Asamblea General de la ONU , AÑO 2010 , ONU MUJERES
*El presente Plan Nacional de Igualdad de Género corresponde a la tercera etapa de políticas públicas que incorporan el enfoque de género. A diferencia de los anteriores planes de igualdad que fueran concebidos antes de la aprobación de la Ley de Igualdad de Oportunidades (LIO, Ley 28983 del 16 de marzo de2007), el actual plan se enmarca en la vigencia de dicha Ley, lo cual constituye un tercer hito importante.
La LIO tiene por objetivo "establecer el Marco Normativo, institucional y de políticas públicas en los ámbitos nacional, regional y local, para garantizar a mujeres y hombres el ejercicio de sus derechos a la igualdad, dignidad, libre desarrollo, bienestar y autonomía impidiendo la discriminación en todas las esferas de su vida pública y privada ,propendiendo a la plena igualdad".
La LIO, en tanto Ley marco para la implementación de políticas, programas y acciones para lograr la igualdad entre mujeres y hombres, obliga al Estado Peruano – a nivel nacional,regional y local – a tomar decisiones concretas para alcanzar el goce y ejercicio de los derechos de las personas sin ningún tipo de discriminación. Obliga también al impulso de mecanismos que permitan monitorear y evaluar los procesos de toma de decisiones y los resultados de las políticas públicas implementadas, así como mecanismos para su rendición de cuentas.
El Plan Nacional de Igualdad de Género-PLANIG 2012-2017 es concebido bajo el paraguas normativo de la LIO, cuyo Artículo Nº 4, referido al Rol del Estado, establece la necesidad de implementar políticas públicas bajo una perspectiva de género.
La implementación de la LIO requiere de un instrumento intersectorial y multisectorial para su gestión, considerando que esta abarca a todo el Estado y la sociedad en su conjunto, lo cual configura un tramado denso de instituciones que deben asumir retos encaminados hacia la igualdad de género, premunidas de estrategias inter y multisectoriales enmarcadas en la reforma y modernización del Estado, donde la descentralización constituye una oportunidad para el avance en políticas para la igualdad de género.
3.2 MARCO NORMATIVO NACIONAL E INTERNACIONAL DEL PLAN NACIONAL DE IGUALDAD DE GÉNERO
3.2.1. MARCO NORMATIVO NACIONAL .
-Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres – Ley Nº 28983, publicada el 16 de marzo de 2007.
– Ley Orgánica del Poder Ejecutivo – Ley Nº 29158, publicada el 20 de diciembre de2007.
– Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables – Decreto Legislativo Nº 1098, publicada el 20 de enero de 2012.
– Ley Orgánica de Gobiernos Regionales – Ley Nº 27867, publicada el 18 de
noviembre de 2002 y sus modificatorias.
– Ley Orgánica de Municipalidades – Ley Nº 27972, publicada el 27 de mayo de 2003.
– Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto – Ley Nº 28411, publicada el 08 de diciembre de 2004 y sus modificatorias.
– Ley de Partidos Políticos – Ley Nº 28094, publicada el 01 de noviembre de 2003.
– Ley de Fomento de la Educación de las Niñas y Adolescentes Rurales – Ley Nº27558, publicada el 31 de octubre de 2001.
– Ley que fomenta la reinserción escolar por embarazo – Ley N° 29600, publicada el15 de octubre de 2010.
– Texto Único Ordenado de la Ley Nº 26260, Ley de Protección contra la Violencia Familiar, publicado el 27 de junio de 1997.
– Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual- Ley Nº 27942, publicada el27 de febrero de 2003 y sus modificatorias.
– Ley que modifica el artículo 107 del Código Penal, incorporando el feminicidio – Ley Nº 29819, publicada el 27 de diciembre de 2011.
– Ley contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes – Ley Nº 28950, publicada el 16 de enero de 2007 y su Reglamento el D.S. Nº 007-2008-IN, publicado el 30 de noviembre de 2008.
– Ley que concede el derecho de licencia por paternidad a los trabajadores de la actividad pública y privada – Ley Nº 29409, publicada el 20 de septiembre de 2009.
– Ley de los trabajadores del hogar – Ley Nº 27986, publicada el 03 de junio de 2003.
– Ley que incluye el trabajo no remunerado en las cuentas nacionales – Ley Nº 29700, publicada el 04 de junio de 2011.
3.2.2. MARCO NORMATIVO INTERNACIONAL .
-Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado por el Perú mediante Decreto Ley Nº 22128 el 28 de marzo de 1978,
– Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado por Decreto Ley Nº 22129 del 28 de marzo de 1978,
– Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer – CEDAW y su Protocolo Facultativo, aprobada por Resolución Legislativa Nº 23432 del 04 de junio de 1982,
– Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra La Mujer – Convención Belém Do Pará, aprobada mediante Resolución Legislativa Nº 26583 del 11 de marzo de 1996
– Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, aprobado por Resolución Legislativa Nº 27517 del 16 de setiembre de 2001 y ratificado el 5 de octubre de 2001. Reconoce como crimen de lesa humanidad, la violación sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de agresión sexual de gravedad comparable, así como la esclavitud, el tráfico de personas en especial de mujeres y niños, siempre que los delitos enumerados consistan en un ataque generalizado contra una población civil.
– Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia organizada Trasnacional, incluyendo sus dos Protocolos Adicionales: Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños y el Protocolo Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire; los cuales han sido aprobados mediante Resolución Legislativa Nº 27527 del 8 de octubre de 2001.
– Convenios de la Organización Internacional del Trabajo –OIT
-Declaración de las Naciones Unidas sobre la Mujer Indígena, adoptada por la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer en su 56º periodo de Sesiones: 27 de febrero a 9 de marzo de 2012.
-Consenso de Brasilia, aprobado en la Décima Primera Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, CEPAL realizada en Brasil en el 2010.
3.3. ENFOQUES DEL PLAN NACIONAL DE IGUALDAD DE GÉNERO
*ENFOQUE DE GÉNERO: que considera que para lograr la igualdad de género es necesario que las políticas, programas y proyectos del Estado se desarrollen de manera igualitaria para hombres y mujeres.
*ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS: se basa en que debe existir y prevalecer el respeto a la dignidad de toda persona, por su sola condición de ser un SER HUMANO.
*ENFOQUE DE INTERCULTURALIDAD: describe el hecho de poder dialogar respetuosamente entre las diversas culturas y grupos culturales, conviviendo en un mismo espacio pero con respeto y tolerancia.
*ENFOQUE DE RESULTADOS: que implica, resultados realistas basados en evidencias; identificación clara de los beneficiaros y sus necesidades, realizar el seguimientos de los progresos realizados.
*ENFOQUE DE ARTICULACIÓN: eliminando las brechas entre hombres y mujeres, a través de tres modalidades; la intersectorial, la intergubernamental y la de planes sociales.
3.4. OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL DE IGUALDAD DE GÉNERO
Son ocho los objetivos, que se ha trazado el MINP, por ende el Estado Peruano, para ser
desarrollado a partir del año 2012 al 2017 ,mencionamos:
Objetivo estratégico 1:
Promover y fortalecer la transversalización del enfoque de género en los tres niveles de gobierno.
Objetivo estratégico 2:
Fortalecer una cultura de respeto y valoración de las diferencias de género.
Objetivo estratégico 3:
Reducir brechas educativas entre mujeres y hombres.
Objetivo estratégico 4:
Mejorar la Salud de las mujeres y garantizar los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y hombres.
Objetivo estratégico 5:
Garantizar los derechos económicos de las mujeres en condiciones de equidad e igualdad de oportunidades con los hombres.
Objetivo estratégico 6:
Reducir la violencia de género en sus diferentes expresiones.
Objetivo estratégico 7:
Incrementar la participación de mujeres y hombres en la toma de decisiones y la participación política y ciudadana.
Objetivo estratégico 8:
Valorar el aporte de las mujeres en el manejo sostenible de los recursos naturales.
3.5. EL PLANING , INSTRUMENTO DE POLÍTICA PÚBLICA
El Plan Nacional de Igualdad de Género 2012-2017 (PLANIG) es el instrumento cuyo objetivo es transversalizar el enfoque de género en las políticas públicas del Estado Peruano, en sus tres niveles de gobierno, garantizando la igualdad y la efectiva protección de los derechos humanos para mujeres y hombres, la no discriminación y el pleno desarrollo de las potencialidades y capacidades individuales y colectivas.
De esta manera, se espera garantizar a todas las personas, el ejercicio de sus derechos a la igualdad, dignidad, libre desarrollo, bienestar y autonomía; así como erradicar toda forma de discriminación, para alcanzar la igualdad real y efectiva.
Todo ello en el marco del cumplimiento de la Ley N° 28983, Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres y el Decreto Legislativo Nº 1098, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
Transversalización del enfoque de género; en las políticas públicas es el proceso de examinar las implicancias que tiene para hombres y mujeres cualquier acción planificada, incluyendo legislación, políticas o programas en todas las áreas y en todos los niveles.
Permite hacer de las necesidades e intereses de hombres y mujeres una dimensión integrada en el diseño, la implementación, el monitoreo y la evaluación de políticas y programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales, de manera que hombres y mujeres se beneficien igualitariamente.
En efecto, al aprobarse el presente plan, el recientemente creado Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – MIMP confirma y refuerza su rectoría en materia de igualdad de género y asume el desafío de fortalecer su actuación bajo un enfoque integral, que comprende un trabajo intersectorial e intergubernamental, orientado por este instrumento.
Las funcionarias encargadas del desarrollo de éstas políticas de fortalecimiento a la igualdad de género, son profesionales comprometidas con el desarrollo, y las nombraremos para conocer quiénes son las responsables de los resultados:
*La Directora General de Igualdad de Género Dra. Grecia Rojas Ortiz ( [email protected]) y
*La Directora de Políticas de Igualdad de Género Lic. Silvia Quinteros ([email protected])
3.6 POLÍTICAS PÚBLICAS CON ENFOQUE DE GÉNERO
Las políticas forman parte de la agenda pública y están constituidas por las decisiones de las autoridades respecto a cómo y hacia dónde conducir el desarrollo y dar respuesta a problemas sociales. Están compuestas por normas, leyes, decretos supremos, lineamientos, programas y proyectos, entre otros mecanismos. El desarrollo sostenible, la reducción de la pobreza y la igualdad entre mujeres y hombres están estrechamente asociados.
Las políticas, programas y proyectos fracasan cuando suponen iguales condiciones de vida y oportunidades de partida para hombres y mujeres, y no tienen en cuenta las particulares condiciones de vida de las mujeres y en general de determinados grupos específicos.
Las políticas públicas no son neutrales al género, pueden mantener o pronunciar las desigualdades entre los sexos, o por el contrario, pueden disminuir las brechas de género existentes y mejorar la posición social de las mujeres y potenciar el desarrollo humano.
Los resultados y el impacto de las políticas son distintos para hombres y mujeres debido a que las mujeres tienen menos acceso a los recursos económicos, sociales y culturales y sus condiciones materiales de vida son más precarias y de menor calidad debido a los roles que les asigna la sociedad, que con frecuencia terminan sobrecargando a las mujeres en su
jornada diaria y afectando su salud.
Las políticas públicas con enfoque de género parten de reconocer que mujeres y hombres tienen diferentes necesidades debido a que desempeñan diferentes roles en la sociedad y viven de manera diferente los mismos problemas, es decir, dependiendo de dónde se encuentren ubicados hombres y mujeres podrán aprovechar o no los efectos de las políticas.
3.7. POLÍTICAS DE IGUALDAD DE GÉNERO
La política de Igualdad de Género alude a la generación de condiciones y medidas establecidas desde el Estado, a fin de garantizar el ejercicio de derechos sociales, económicos, políticos y culturales de todas las personas, teniendo en cuenta el marco del principio universal de Igualdad de mujeres y hombres sin distinción ni discriminación.
Las políticas de Igualdad de Género incorporan el enfoque de género, el cual propone desarrollar esfuerzos por transformar a fondo los modelos de políticas públicas predominantes, corregir los desequilibrios existentes, reducir las brechas de género,
tomando en cuenta las diferencias entre los géneros y las causas y consecuencias de las desigualdades, legitimadas por las estructuras institucionales y culturales.
Desde esta óptica, la política de Igualdad de Género considera necesario implementar diversas medidas y estrategias tales como:
Políticas de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres; que representan un avance sustantivo frente a las anteriores políticas indiferentes al enfoque de género, buscan eliminar las desigualdades que impiden la participación de las mujeres en la vida política, económica y cultural y garantizar la participación de las mujeres en el ámbito público, con las mismas oportunidades que los hombres (educación, salud, ingresos, etc.).
El objetivo es asegurar igual participación de hombres y mujeres en el proceso de toma de decisiones, igual acceso y control de mujeres y hombres a las oportunidades, recursos y resultados del desarrollo, reducción de la pobreza para hombres y mujeres y mejoramiento del crecimiento económico y desarrollo sostenido en general.
Medidas positivas o afirmativas; que tienen como función favorecer a grupos de mujeres que presentan desventajas y/o privaciones permanentes, mediante mecanismos de eliminación y/o corrección de las discriminaciones y desigualdades reales", como por ejemplo programas de alfabetización dirigidos a las mujeres, mecanismos de cuotas de género en los procesos electorales, incentivos para fortalecer las micro empresas dirigidas por mujeres, etc.
Las medidas positivas o afirmativas permiten eliminar desventajas que afectan a las mujeres, aseguran que todas y todos cuenten efectivamente con los medios, recursos y beneficios específicos de programas sociales y proyectos, y constituyen una estrategia indispensable y complementaria a la igualdad de oportunidades.
La transversalización del enfoque de género; la transversalización del enfoque de género surge con la intención de corregir las políticas de género basadas exclusivamente en la creación de oficinas nacionales y puntos focales, sin involucrar al resto del aparato público, incorporando el enfoque de género en todas las dimensiones de la vida social, política, cultural e institucional.
El objetivo es integrar esta perspectiva desde el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de políticas y programas y en todas las esferas y niveles de cualquier acción planificada. Se trata de integrar las consideraciones de género en todos los niveles de la gestión pública, en la planificación, normas y procedimientos, procesos, cultura organizacional, política laboral y presupuesto.
Es considerada en la actualidad, como una de las estrategias de mayor alcance destinada a incluir el enfoque de género en las políticas públicas, debido a su efecto articulador, lo que permite alcanzar mayores resultados e impactos. Incorpora el enfoque de género en todas las dimensiones de la vida social, política, cultural e institucional. Se desarrolla desde la consolidación de la voluntad política, la institucionalización de mecanismos, la planificación desde la perspectiva de género y el fortalecimiento de capacidades de funcionarios/as, acciones todas que son responsabilidad del Estado y de la sociedad en pleno.
La institucionalización del enfoque de género; la institucionalización del enfoque de género ha adquirido gran importancia ante la necesidad de formalizar los acuerdos y procedimientos en todas las instancias y gestión de las organizaciones. Desde este punto de vista, la institucionalización se encuentra estrechamente asociada a los procesos de transversalización del enfoque de género, considerando el papel que cumplen las instituciones en la interacción humana.
Institucionalizar el enfoque de género implica el establecimiento de reglas y
mecanismos para darle el carácter permanente a una política con enfoque de género, con la intención de convertirla en una práctica regular de la organización. Esto significa que en los procesos de toma de decisiones para la gestión y administración de la organización, se ha incorporado un conjunto de normas y procedimientos que orientan desde un enfoque de género el proceder de quienes deciden y ejecutan las políticas, planes y programas, transformando la cultura institucional y las concepciones de sus agentes, haciéndolas eficaces y sostenibles.
3.8. ESTADO ACTUAL DE LAS BRECHAS DE GÉNERO
A diciembre de 2011, la situación de las mujeres peruanas así como las brechas de género en el Perú se expresan en la siguiente data:
Educación: Inequidades en la permanencia y conclusión en el sistema educativo de las mujeres rurales que hablan lenguas nativas.
– La asistencia a la educación primaria fue mayor en los niños (95,1%) que en las niñas (94,6%). En el área urbana los niños presentan una tasa de 95,7% y las niñas de 94,6%; mientras que en el área rural, las niñas son las que tuvieron mayor asistencia (94,4%) que los niños (93,7%). Un panorama similar presenta la asistencia escolar de la población de 12 a 16 años de edad en educación secundaria.
– En el 2009, el porcentaje de la población rural femenina con edades de 15 a 19 años que tenía al menos primaria completa creció de manera importante, (más del 88% para las mujeres y 90% para los hombres en ese año), por lo que no existe una brecha de género estadísticamente significativa en la culminación de la educación primaria en el área rural.
– A setiembre de 2011, la asistencia escolar de la población de 12 a 16 años de edad en educación secundaria, registra una tasa neta de asistencia de 81,5% en las mujeres y de 80,6% en los hombres; asimismo, en el área rural se registra mayor asistencia al colegio en las mujeres que en los hombres, 71.2% las adolescentes y 69.6% los adolescentes.
– Sólo el 57.8 % de las mujeres que hablan una lengua materna nativa y viven en área rural, acceden a la matrícula del nivel secundario, frente al 66% de los hombres en la misma condición.
– A través del Programa Nacional de Movilización por la Alfabetización –PRONAMA, se redujo la tasa de analfabetismo nacional en 6.49% al 2010. Pero la mujer que vive en zonas rurales sigue siendo el grupo poblacional analfabeto más grande del país, con una tasa de 14.4% en promedio e identificando a los departamentos de Huancavelica, Apurímac, Ayacucho, Puno y Cusco, como los departamentos con una mayor tasa de analfabetismo, el cual alcanza hasta a un cuarto de la población femenina
de 15 años a más.
– Los porcentajes de atraso escolar, es decir cuando la edad cronológica de los/las estudiantes es mayor que la normada para su respectivo grado de estudios, no evidencian brechas de género significativas, pero las niñas, niños y las y los adolescentes que residen en el área rural presentan mayores desventajas en la escuela. Así en el 2010 el 30.7% del total de niños y niñas de 6 a 11 años de edad del área rural que asisten al nivel primario lo hacen con un grado menor al que le corresponde por su edad, similar comportamiento se muestra en el nivel secundario del área rural, donde el 30.1% del total de adolescentes hombres y mujeres que asisten a la escuela, lo hacen con un grado menor al que le corresponde por su edad. Asimismo el 57% de los y las adolescentes en situación de pobreza extrema y el 67% con lengua materna quechua accede a la educación secundaria,
de este grupo más de la mitad lo hace a un grado inferior al que le corresponde para su edad.
Salud: Inequidad en el acceso a servicios de salud, de orientación y a métodos anticonceptivos, limitan el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y adolescentes.
Diversas dimensiones de la maternidad de mujeres en etapa adolescente constituyen elementos cruciales de reproducción de trayectorias de pobreza, la mayor prevalencia del embarazo fuera del matrimonio, la mayor deserción del sistema escolar producida ante el embarazo o la maternidad, así como una inserción precaria en el mercado laboral aunada a la trasmisión intergeneracional de patrones de maternidad adolescente, generan condiciones para que las adolescentes mujeres y con ellas sus hijos e hijas, conformen un tipo de hogar vulnerable desde el punto de vista económico y social, entrando así en un círculo vicioso. A mayor pobreza, mayor embarazo en adolescencia, y viceversa.
Las adolescentes sexualmente activas en situación de pobreza, sea cualquiera su situación conyugal, son quizás las más vulnerables de todas las mujeres sexualmente activas, pues están expuestas a una edad temprana a los riesgos de infecciones de ITS-VIH, embarazo, parto y aborto.
– En el 2010, el 61.3% de la población masculina y 65.6% de la población femenina, se encontraban afiliados o afiliadas a algún seguro de salud (al amparo de la Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud, Ley Nº 29344).
– En el 2010, en el área rural, el 83,2% de las mujeres y el 75,7% de los hombres contaban con algún seguro de salud. De las aseguradas mujeres, el 21,6% son beneficiarias de ESSALUD mientras que el 39,1% corresponde al SIS. De acuerdo a las estadísticas del SIS, el total de asegurados a setiembre de 2011 creció ligeramente en 0,6% respecto de setiembre de 2010.
– La tasa de fecundidad ha venido disminuyendo28 tanto en el área urbana (2.2%) como rural (3.5).
– Se ha incrementado el uso de métodos anticonceptivos, mostrando el área rural una tasa más dinámica, se ha pasado del 51.2% en el año 1996 al 72.4% en el año 2010.
– Los partos atendidos por personal calificado alcanzan el 83,8% a nivel nacional. Sin embargo, aún se presenta un desafío respecto del área rural en la que si bien dicho servicio se ha incrementado en un 35% respecto del año 2000, sólo el 63,7% de mujeres cuenta con esta atención.
– La mortalidad materna, ha disminuido a 93 muertes maternas por cada 100,000 nacimientos.
– Se ha incrementado la cobertura del parto institucionalizado en las zonas rurales y dispersas. Se cuenta al respecto con 401 casas de espera distribuidas a nivel nacional.
– En el 2010, el porcentaje de adolescentes alguna vez embarazadas fue de 13.5% a nivel nacional, 11.3% en el área urbana y 19.3% en el área rural34.
– El 28% de las adolescentes considera que no acceder a métodos de planificación es uno de sus principales problemas en su salud reproductiva, mientras que el 41% considera que lo es la falta de información sobre salud reproductiva. En esa línea, el 86% de las adolescentes está de acuerdo con que las adolescentes en general tengan acceso a métodos anticonceptivos para prevenir embarazos.
– No hay datos estadísticos oficiales sobre la problemática del aborto, según un estimado estadístico realizado a fines del año 2006, en el Perú se practicarían 371,420 abortos clandestinos cada año. El aborto en el Perú está penalizado, salvo el caso de la indicación terapéutica cuando pone en riesgo la vida de la gestante o implica un peligro grave para su salud.
Violencia de género en sus múltiples expresiones: A pesar de los avances las mujeres continúan desprotegidas.
– El 38,4% de las mujeres que han vivido alguna vez en unión de pareja, señala haber sufrido violencia física y/o sexual. Según ámbito geográfico, el porcentaje de mujeres que manifiestan haber sufrido violencia sube ligeramente en la zona urbana (39,2%) y baja en la zona rural (36,5%).
– El 67,9 % de mujeres alguna vez unidas manifestó que su esposo o compañero ejerció alguna forma de control sobre ellas, el 21,9 % de las mujeres declararon que habían sido humilladas delante de los demás, el 21,1% refieren haber sido amenazadas por sus compañeros o ex compañeros con ausentarse de la casa, quitarle a los hijos e hijas o dejar de aportar económicamente.
– En el periodo 2004-2011 se reportaron 547 casos y 1,648 víctimas del delito de trata de personas. Del total de víctimas 639 eran mujeres mayores de edad y 670 eran niñas y adolescentes mujeres (el total de víctimas menores de edad eran 738, por tanto el 91% de las víctimas de trata de personas menores de edad eran mujeres).
Al mes, en promedio, 10 mujeres son víctimas de feminicidio 40; es decir, son asesinadas por sus ex parejas o parejas. En el año 2010 se registraron 130 víctimas de feminicidio y 49 tentativas de feminicidios.
– No hay datos estadísticos oficiales sobre la dimensión del problema de hostigamiento sexual, siendo este muy recurrente. A la fecha se registran avances en su tratamiento habiéndose aprobado 17 ordenanzas regionales contra el hostigamiento sexual.
– En el contexto de la violencia política durante el periodo 1980-2000, se registró la afectación de 1,976 mujeres por violencia sexual y 423 mujeres por violación sexual, víctimas que deben ser resarcidas y que están en la prioridad de la agenda gubernamental.
– Asimismo se evidencia el acoso político que expresan las mujeres autoridades, quienes en el ejercicio de sus cargos son víctimas de prácticas sexistas y de discriminación de género que afecta su integridad moral y profesional. Este acoso llega a convertirse en un "mecanismo de expulsión en el ejercicio de su cargo".
Empleo y Trabajo: Persisten fuertes inequidades de género en la carga de trabajo no remunerado y en la participación en la actividad económica.
– La mujer peruana representa el 45.6% de la población económicamente activa – PEA (7 millones 48 mil mujeres).
– La PEA femenina en el área urbana es de 46% y 44,9% en el área rural.
– La tasa de actividad económica es para los hombres 82.3% y para las mujeres 64.8%. La tasa de actividad de la mujer en el área urbana alcanza el 63.0% y de la mujer del área rural, 74.1%.
– El 71.4% de la PEA ocupada femenina urbana se concentra en empresas que tienen entre 1 a 10 trabajadores, el 21,1% en establecimientos de 51 y más trabajadores y el 7,5% en empresas de 11 a 50 trabajadores.
– El 67% de las mujeres frente al 53% de los hombres trabajan en el sector informal. Por cada 100 hombres hay 108 mujeres en pobreza extrema.
– El ingreso promedio de la PEA femenina (S/. 826.8) en el 2010, representó el 65,0% del ingreso promedio de la PEA masculina (S/. 1,323.3).
-El porcentaje de hogares con jefatura femenina (23.9%) en el año 2008 muestra un incremento en 4.4% respecto del año 2000 (19.5%). Según el área de residencia, en el año 2008 la jefatura femenina llega a 25.7% en el área urbana y 19.9% en el área rural.
– En el año 2010, el tiempo que dedican las mujeres a las actividades domésticas no remuneradas es en promedio semanal, el doble que el tiempo que dedican los hombres (39 horas con 28 minutos las mujeres y 15 horas con 53 minutos, los hombres).
– La distribución de la carga global de trabajo52 es desigual entre mujeres y hombres. Las mujeres dedican casi la mitad de su tiempo de trabajo, al trabajo no remunerado (52%), mientras que los hombres solo dedican 24% de su tiempo, esto explica porqué los hombres tienen mayor oportunidad que las mujeres para obtener ingresos.
– La insuficiencia de servicios públicos para el cuidado de personas, como guarderías y centros de atención para adultos mayores y personas totalmente dependientes, incrementa el tiempo de trabajo no remunerado de las mujeres. Es así que, el tiempo dedicado al cuidado de niños, niñas y adolescentes que destinan las mujeres afecta su ciclo laboral, a diferencia de los hombres, que no asumen las responsabilidades del cuidado de manera equitativa.
– Las mujeres, a pesar de conformar el 45% de la PEA activa se encuentran en puestos de trabajo que no cuentan con protección legal laboral, ya que se ubican en regímenes laborales especiales como trabajadoras del hogar, trabajadoras familiares no remuneradas, trabajadoras asalariadas de la agroexportación, conserveras, entre otras.
-Por ello, las mujeres que trabajan cuentan con reducidas posibilidades de participación en procesos de negociación colectiva y en organizaciones sindicales, derechos laborales respaldados por la OIT.
Medio Ambiente y Género: Necesidad de valorar el aporte de las mujeres en el manejo de los recursos naturales y la protección del medio ambiente
– Las mujeres del área rural, dedican 19 horas con 41 minutos promedio semanal a cocinar, y si consideramos que el 68.5% de los hogares rurales cocinan con leña y bosta y el 16% lo hace con estiércol, podemos entender el importante papel que tendrían las mujeres en la preservación del medio ambiente y en la salud pública, en la ejecución de políticas de
cambio a tecnologías más limpias y menos contaminantes.
– Según la información de COFOPRI55, el 2011 se entregaron 68,881 títulos de propiedad a mujeres56. El 20.3% de unidades agropecuarias son dirigidas por mujeres, pero sólo el 4.7% de las productoras rurales tiene su título de propiedad.
-El acceso a agua insalubre y la falta de saneamiento adecuado son factores de riesgo de morbilidad y mortalidad prevenibles58. El acceso a fuentes mejoradas de saneamiento en zonas urbanas era de 81%, mientras que en las zonas rurales 43%59. En los hogares más pobres sólo cuatro de cada diez alcanzan a tener este servicio.
F) Acceso a la Identidad: Una tarea pendiente para la
inclusión de las mujeres
– A inicios del 2011 según la RENIEC, hay 128,996 personas mayores de 18 años que no cuentan con DNI, de ellas el 56.6% (73,019) son mujeres. Así mismo, de 69,399 personas mayores de 18 años que no tienen acta de nacimiento, el 56% (38,864) son mujeres mayores de 18 años.
– Durante el periodo 2010-2011 se ha logrado documentar a 9'297,148 niños, niñas y adolescentes entre los 0 y 17 años; sin embargo este esfuerzo es aún insuficiente ya que quedan 1´380,546 niños, niñas y adolescentes sin documentar, además, se estima que cerca del 1% de la población peruana permanece en la invisibilidad absoluta, es decir no cuentan con el reconocimiento formal de su existencia como miembro sujeto de derechos.
G) Toma de decisiones, participación política y ciudadana: Mejorar los mecanismos existentes para el acceso paritario de las mujeres a cargos de representación política
– De los 18 Ministerios y la Presidencia de Consejo de Ministros, las Ministras representan el 15.8% y de un total de 32 viceministerios, solo el 21.9%64 es ocupado por mujeres.
– En las elecciones del 2011 ninguna mujer alcanzó el cargo de Presidenta Regional y sólo dos ocuparon el cargo Vicepresidenta Regional, 72 (28.1%) mujeres ocuparon Consejerías Regionales. Asimismo, sólo 9 (4.6%) mujeres fueron electas alcaldesas provinciales y 406 regidoras provinciales (23.9%), únicamente 60 mujeres fueron elegidas alcaldesas distritales (3.7%) y 2,377 regidoras Distritales (28%)65.
– En las elecciones del 2010, el Congreso de la República quedó conformado por 78% de hombres y 22% de mujeres, cifra que redujo en 6% la representación femenina respecto a las Elecciones 2006. De los 1,518 candidatos/as inscritos/as el 61% fueron hombres y sólo el 39% mujeres.
Sólo doce (12) Gobiernos Regionales 67 reportaron la aprobación de normas que fomentan la participación de las mujeres en el Consejo de Coordinación Regional a través de cuotas de género: Arequipa, Callao, Huancavelica, Huánuco, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Tacna, Ucayali y La Libertad.
3.9. LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN EL PERÚ
3.9.1 LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN EL PERÚ: PROBLEMA DE GÉNERO
Estudios hechos en muchas partes del mundo acerca del comportamiento de jueces acerca de la forma en que se administran justicia, demuestra, que los primeros jueces, desde su formación social y a lo largo de su historia, fueron hombres que ocuparon los más altos cargos en la administración de justicia. Nuestro país no es una isla, nuestra historia también lo demuestra esto; sin embargo, en el proceso evolutivo del poder judicial, este "rostro" ha ido cambiando a "rostro de mujer".
No existe hasta el momento estudios de género en el poder judicial, en tanto que, desde la constitución de la República, siempre la administración de justicia recaía en el género masculino, por tanto, las leyes y las resoluciones judiciales estaban directamente relacionadas con las formas en que los hombres ventilaban los casos que se veían en el poder judicial.
El Estado peruano es parte de los más importantes tratados internacionales sobre derechos humanos, garantizando así, la no discriminación entre hombres y mujeres, podemos afirmar entonces, que todas las personas gozan de los mismos derechos, garantías y obligaciones en el ejercicio de la ciudadanía; la igualad ante la ley y la prohibición de discriminación se encuentran consagradas al más alto nivel constitucional.
Los preceptos constitucionales y la normatividad son buenas, en tanto que, el Estado no remueve los obstáculos ni impide los factores que mantienen y propician la discriminación por razones de género, tampoco promueve las condiciones y os mecanismos para que la igualdad sea real y efectiva, no se da en los hechos el igualitario acceso de las mujeres a la función pública no electiva.
Así, la carencia de políticas y acciones concretas que contribuyan a disminuir la discriminación en nuestro medio atenta contra la igualdad, que es una de las principales bases de la democracia que disfrutamos, lo que haría pensar, que la democracia tradicional es una construcción de hombres para relacionarse entre ellos, excluyendo a las mujeres; por tanto, es también territorio de hombres, que a veces es usada la violencia de género para apartar a las mujeres del poder; más aún, las acciones políticas que: se han desarrollado en los últimos tempos, no van de la mano con los avances en materia jurídica en el país, por ello, la aceptación de las mujeres en estos espacios, no solo constituye un problema político, sino también un problema de identidad y de orden simbólico del mundo tanto para las mujeres como para los hombres.
Esto nos da una explicación de por qué no hay una representación equitativa de mujeres en la estructura de poder, no hay democracia genérica o democracia entre géneros; es por ello, que la ausencia de medidas y de acción para acabar con esta situación por parte de de los que tienen el poder y el deber de hacerlo, demoran el desarrollo del sistema de igualdad de género, no solo en la administración de justicia, sino también en los principales rangos jerárquicos de la estructura de poder en el país.
Para disminuir esta diferencia, se tuvieron que legislar en materia de género en las elecciones a partir de fines del siglo pasado; este avance no quita las diferencias que se vienen haciendo en la administración de justicia en el país. Esto nos da una explicación de por qué no hay una representación equitativa de mujeres en la estructura de poder; así, el concepto de género plantea que la representación y valoraciones de lo femenino y lo masculino, las normas que regulan sus comportamientos, las atribuciones de cada uno de ellos en materia de género y de la división del trabajo social, son productos de una compleja construcción social y cultural que se elabora a partir de las diferencias de género.
El derecho es uno de los sistemas normativos poderosos para la convivencia social dentro de un orden, su fuerza radica en un sistema de legitimidades que facilitan la aceptación de sus postulados normativos por los ciudadanos La coacción como recurso validado para reprimir el desorden social, económico, político, etc., garantiza la mantención y reproducción de la cultura patriarcal que hasta ahora es discriminadora y excluyente de las diferencias, particularmente de las mujeres.
La Dra. Alda Facio,((8) eminente tratadista de género y derecho expresa que la metodología de análisis de un texto legal, desde la perspectiva de género, se funda en la concepción del fenómeno legal, y está constituido por tres componentes: 1) el formal normativo, 2) el estructural y 3) el político-cultural relacionados entre sí de tal manera que constantemente uno es empleado, limitado y definido por el otro, a tal grado que no se puede conocer el contenido y efectos que puede tener una determinada ley, un principio legal, una doctrina jurídica si no se toma en cuenta estos tres componentes.
Ahora bien, el componente formal del derecho será sinónimo de lo que los tratadistas llaman la norma "agendi", es decir la ley normalmente promulgada, constitución, tratado internacional, leyes sustantivas y adjetivas, decretos, reglamentos, convenios colectivos, etc. El componente estructural sería el contenido que las Cortes, las oficinas administrativas, la policía y todos los funcionarios que administran justicia, le dan a las reglas y principios que se encuentran en el componente normativo, al seleccionar, aplicar e interpretarlas. En el componente estructural, existen normas no escritas, ni promulgadas o derogadas, pero que están en la conciencia de las personas. El componente político-cultural, es el contenido que las personas dan a la ley por medio de la doctrina jurídica, las costumbres, las actitudes, tradiciones y el conocimiento que de ella tenga la gente, así como el uso que se haga de las leyes existentes. En el componente estructural esas normas no escritas o derogadas son poderosas, a veces más efectivas que los propios códigos, se aplican diariamente porque son obedecidas por una gran mayoría de la gente[3]
Así, y teniendo en cuenta las experiencias que se presenten en el aspecto laboral por ejemplo, existen situaciones reveladoras donde el trabajo está diseñado alrededor de un empleado "ideal"(9) que labora a tiempo completo y si es necesario en forma "extra", que no toma tiempo libre para embarazos, crianza de niños, ni tolerancia para la lactancia, permisos para controles médicos o enfermedades de su prole es decir que no debe estar sobrecargado con responsabilidades familiares de ese tipo y por lo tanto pueda dedicar toda su atención al desempeño de sus labores, este es un hombre.
De manera que las mujeres casadas o con hijos no interesan al empleador que por lo menos no son motivo de su preferencia. Esta norma no escrita que subyace en la conciencia social, no es una norma sin género pues está instrumentada alrededor de los hombres; entonces vemos claramente que tratar a hombres y mujeres igual frente a una situación desigual no ofrece verdadera equidad de género, sino una continua discriminación contra las mujeres en el ámbito laboral. Consecuentemente si se deja intacta la norma no escrita del trabajador ideal, no se brinda igualdad de oportunidades a las mujeres salvo a las trabajadoras ideales, que excepcionalmente las hay, cuando los hijos han pasado las edades críticas de crianza, o ellas han renunciado al matrimonio y la maternidad.
La verdadera igualdad en el trabajo para la mujer y por lo tanto su independencia económica, que es tan importante para ella y su familia, exige de construir esas normas del trabajador "ideal"[4] y reconstruir el trabajo de mercado con la oferta de horarios más flexibles y apoyos sociales que permitan a los trabajadores de ambos sexos dar a su familia el cuidado diario que necesitan, esto bajo el principio constitucional de protección a la maternidad y la familia[5]10).
La igualdad de género, no exige más que igualdad de trato ante la ley, que no siempre se da. Así por ejemplo, una ley estatal de La Florida, establece la que si dos personas de categoría elegible aspiraban a administrar un patrimonio, se prefería automáticamente al hombre por sobre la mujer. Se justificaba este trato diferente porque hombres y mujeres no eran iguales, sus valores domésticos y su exclusión de lo público significaba que probablemente ellas tendrían menos pericia en asuntos financieros del que tendrían los hombres y menos tiempo para dedicarse a la difícil tarea encomendada. Para salvar esta situación se debe de construir los roles domésticos que la sociedad asigna a las mujeres, debiendo ser estos compartidos por los hombres dentro de la familia, y darle a la mujer mayor participación en los espacios públicos que le permitan mayor capacitación.
3.9.2. Justicia de calidad
Todos los tratados obligan a la igualdad. En especial, los poderes judiciales están obligados a hacerlos cumplir, pero muchos jueces desconocen esos principios, declaran los actores jurídicos y sociales. Después de estudiar muchos trabajos llevados a cabo al respecto, se describe un panorama en el que, al igual que en otras muchas áreas del desarrollo, se aprecian modestos avances al inicio de un largo camino por recorrer. De ahí que algunos críticos sostienen se avanzó en la justicia pronta pero no en la justicia de calidad, resaltan.
Muchos jueces desconocen las obligaciones contraídas para aplicar la ley con equidad. Por otro lado, la sistematización de la nueva jurisprudencia en esta área ocasiona el frecuente cambio de parecer de los tribunales. A poco que el sistema intimide o confunda al demandante, la víctima abandona su cometido o se resigna a resultados injustos.
3.9.3. Indices sobre representación de mujeres en el Poder Judicial.
Revisando las estadísticas existentes sobre la participación del sector femenino en el poder judicial, específicamente en su condición de jueces, encontramos el siguiente cuadro. En la Corte Superior de Lima se puede constatar que la presencia de a mujer en los últimos ocho años se ha incrementado; así, mientras en 1986 el 35 % eran autoridades judiciales mujeres, en 1994 alcanza al 50.7 %.
Estos resultados son ampliamente superados por el estudio que se llevó a cabo a nivel nacional de todos los distritos judiciales del país. Si bien es cierto que la Corte Superior de justicia de Lima es la más importante, por cuanto representa el 30 % del total existente.
La investigación llevada a cabo en todos los distritos judiciales del Perú nos lleva al convencimiento de que el problema de género sigue latente
La administración de justicia siguen las pautas desde los albores de la independencia, donde los jueces eran únicamente hombres, porque en ellos recalan la responsabilidad de hacer cumplir con los preceptos jurídicos.
Por su puesto no es el único caso que sucede en la región, sino que también se presentan en otras partes de América, tal como nos lo presenta los estudios hechos por especialistas. Hay razones poderosas que explican la incorporación de mujeres en la administración de justicia en nuestro país.
Nuestra hipótesis de trabajo relacionado con las formas en que el órgano de Control de la Magistratura en nuestro país ha sancionado a los jueces, se advierte que el menor número de magistrados pertenecen al género femenino; e incluso, las jueces mujeres que fueron sancionados, la mayoría de ellas son con amonestaciones y un porcentaje mínimo han sido separadas, caso contrario se produjeron con los jueces varones, desde este punto de vista podemos sostener, que el nuevo rostro de administración de justicia en nuestro país tiene "rostro de mujer".
3.9.4 PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN EL PODER JUDICIAL
Durante la segunda mitad del siglo XX, la conciencia sobre la necesidad de superar la discriminación contra las mujeres, ha producido un gran avance en el ámbito legislativo internacional. La Declaración Universal de !os Derechos Humanos de las Naciones Unidas del 1 de diciembre de 1948, proclama que su contenido se aplica a todos los seres humanos de manera incondicional y sin distingo alguno de raza, color, sexo, idioma. Los derechos que ahí se establecen, encuentran una implementación efectiva en dos instrumentos internacionales posteriores a saber los Pactos Internacionales de Derechos Civiles, Políticos, de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. En 1975, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el Año internacional de la Mujer, el cual mareé el punto de partida del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer (1975-1985). Daba inicio con ello, a un proceso mundial dirigido a examinar la situación y los derechos de la mujer, que desembocé en la elaboración de una serie de instrumentos internacionales, cuyo contenido enriqueció el concepto de igualdad, y no discriminación por razones de género.
Las mujeres y los hombres tienen diferentes necesidades, intereses, y recursos, por lo que, con el fin de lograr una igualdad de género es necesario que toda política, programa y proyecto, tome en cuenta esas diferencias, con la finalidad de provocar un resultado igual en los hombres y en las mujeres.
En el análisis de género y poder, al enfrentar los problemas que se originan en los privilegios tradicionales de los hombres y en las desventajas tradicionales de las mujeres, se exige reconocer y eliminar esos factores. Debe entenderse que cuando las mujeres y los hombres amplían sus opciones, en condiciones de igualdad y equidad, la familia y en general, la sociedad se beneficia. Lo anterior encuentra respaldo precisamente en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer que establece: "Los Estados Partes tomarán en todas las esti.ras, y en particular en las esferas política, social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre". Encuentra eco además, en el elenco de jerárquicamente más altos, sobre todo, teniendo en consideración a que en este nivel hay pocas mujeres. Esto implica buscar estrategias apropiadas. El trabajo debe ser global y coordinado. En la implementación de los programas ha de involucrarse a todos los sectores vinculados. Urge centralizar la información y ponerla a disposición de los y las usuarias. Debe darse una evaluación y un seguimiento permanente a lo que se implemente. Como conocedoras de las imperfecciones de las leyes y de su aplicación, es Importante que el sistema judicial cuente con espacios de evaluación permanente de estos servicios que, a la vez, propugnen soluciones y reformase
Se trata de procesos que generan sus propios cambios. Deben llevarse estadísticas minuciosas. Los mecanismos de registro idóneos (estadísticas) permiten llevar el pulso de la aplicación de las leyes y de los problemas que se generan. Debe existir un contacto permanente entre los involucrados e involucradas y el aparato judicial, Partiendo de que los sistemas judiciales no son entes aislados, deben crearse espacios para compartir con entes públicos y privados que tienen relación con otras fases de la problemática. Esto le permite al servidor o servidora judicial estar en permanente contacto con la realidad. No debe temérsele a la crítica si se tiene la tranquilidad de que se está haciendo algo o que se tiene esa disposición. La acción debe ser inmediata y ejecutarse con los recursos que se tengan. Es claro que los temas a los cuales la institución dedica sus esfuerzos se vinculan a los intereses y vivencias de quienes la conforman, y quienes administran justicia deben ser socializados con los valores imperantes. Por eso los problemas siguen siendo muchos y válidos las críticas que se hacen.
CAPÍTULO IV
Situación de la equidad de género en el Perú y Latinoamérica
4.1. TRATAMIENTO DE LA EQUIDAD DE GÉNERO A NIVEL DEL PERÚ ACTUAL .
El gobierno peruano ha asumido el compromiso de lograr la igualdad de género y la construcción de sociedades inclusivas, este es un compromiso asumido, por el Estado peruano delimitando así políticas públicas para este tema como la Equidad de Género, nuestra viceministra de la Mujer, Marcela Huaita Alegre, tiene conjuntamente con las sociedades civiles y la población en general la gran responsabilidad de encaminar las directrices de una sociedad igualitaria para hombres y mujeres.
El Perú, reafirma así un compromiso con especial énfasis en los derechos sexuales y reproductivos; las necesidades de las y los adolescentes; los pueblos indígenas, y otros grupos vulnerables. Nuestra Viceministra Marcela Huaita Alegre, actualmente en representación de Perú, ha asumido una de las Vicepresidencias del Consejo Directivo de la Primera Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y del Caribe; (evento que se llevó a cabo del 12 al 15 de agosto del 2013, en Montevideo, Uruguay); con esta responsabilidad el Estado peruano está comprometido hoy más que nunca con el avance de las agendas de temas de población, personas adultas mayores, personas migrantes, con el objetivo de lograr su articulación con la agenda global e integral de población.
Se deberá para ello, reforzar la integración de la agenda de población y desarrollo en los procesos mundiales, sobre la base de una perspectiva de género y de derechos y considerando los cambios producidos en el contexto del desarrollo como: la globalización, la descentralización, las acciones directas sobre la pobreza, el desarrollo sostenible y el cambio climático, así como la mejora de la capacidad, las técnicas y el conocimiento para el uso de los datos socio-demográficos.
Prueba del cabal cumplimiento de los compromisos asumidos es que por primera vez en su historia, el Perú cuenta con un Gabinete con una mayor presencia femenina, que se enmarca en una política del gobierno oficial de empoderar política y económicamente a las mujeres, como ejes fundamentales para el logro de la igualdad de género y la construcción de sociedades inclusivas; siendo 7 las mujeres que acompañan esta maratónica labor; Eda Rivas Franchini, Ministra de Relaciones Exteriores; Midori de Habich Rospigliosi Ministra de Salud; Ana Jara Velásquez, Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo; Blanca Silva Velarde-Álvarez, Ministra de Comercio Exterior y Turismo; María del Carmen Omonte Durand, Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables; Diana Álvarez Calderón Gallo, Ministra de Cultura y Paola Bustamante Suárez , Ministra de Desarrollo e Inclusión Social .
Existen además, medidas paralelas que se viene trabajando con respecto a temas como el Endurecimiento de penas, y Tolerancia Cero; las mismas que explicamos a continuación:
Endurecimiento de penas.- Con la finalidad de erradicar la violencia hacia la mujer, se está legislando con la finalidad de endurecer en el Perú las penas y ampliar el tipo penal; incorporando el feminicidio no íntimo, es decir, el feminicidio cometido por una persona sin vínculo sentimental con la víctima. Ahora , se cuenta ya con un Registro Nacional de Feminicidio el cual ha permitido evidenciar que un porcentaje importante de mujeres muere por razones de discriminación de género.
Se está incrementado la cobertura de los múltiples servicios que ofrece el Estado peruano para atender la violencia familiar y sexual cubriendo inclusive otras formas de violencia como el feminicidio y la trata de personas; todo ello evidenciado en el aumento de 3.53% la atención a través de los Centros de Emergencia Mujer (CEM) a nivel nacional, y con la implementación de una estrategia para llegar a las mujeres más lejanas y excluidas, como son las del ámbito rural, permitiendo así atender a poblaciones de zonas afectadas por el narcotráfico y la extrema pobreza.
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