Los 22 miembros de la CSJ votan, por mayoría, a favor de los poderes supra-constitucionales de la Asamblea Constituyente, por lo que Cecilia Sosa renuncia a su cargo de presidenta del tribunal y hace la siguiente declaración: "La Corte Suprema se suicido para no ser asesinada". El 8 de septiembre la Asamblea Constituyente intervenía el Consejo de la Judicatura y creaba una Comisión de Emergencia que se encargaría de revisar 3 mil denuncias de corrupción.
Entre las normas transitorias aprobadas en la Constitución se decreta en la norma 4ª, numeral 5, que la Asamblea Nacional, en el transcurso del primer año a partir de su instalación, aprobará "la legislación al Sistema Judicial…".
A los siete días de promulgada la Constitución, sin haberse nombrado la Asamblea Nacional para que dictase las leyes y normas que regulen el ordenamiento jurídico y las leyes correspondientes a los poderes públicos, el presidente de Venezuela, Hugo Rafael Chávez aprovecha la transitoriedad, atribuyéndose poderes propios de la Asamblea y designa, a dedo, los miembros del Consejo Electoral; los miembros para representar los cargos del Poder Moral designa para Fiscal General a Julián Isaías Rodríguez, su primer vicepresidente; para la Defensoría del Pueblo a Germán Amundaraín y para la Contraloría General a Clodosvaldo Russián, ambos connotados camaradas; y para los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, valiéndose de la experiencia de Luis Miquelena (mentor de Hugo Chávez) y de José Vicente Rangel, designa la mayoría de los magistrados del Tribunal Supremo. Manuel Quijada, brazo derecho de Luis Miquelena, se encarga de seleccionar a los miembros de los tribunales del país. En breve tiempo logra que el 86% de los jueces a nivel nacional sean sustituidos por jueces transitorios, con la promesa de que en el tiempo se harían concursos para regular la transitoriedad. Concursos que no se realizarán, favoreciendo la transitoriedad a que los jueces sean incondicionales en sus decisiones a los deseos de Presidente. Una sentencia, contraria a la manera de pensar el Presidente, será suficiente para ser despedido el juez que la dicte.
La separación de Don Luis Miquelena del Gobierno, en diciembre de 2001, va a debilitar el poder de Chávez en el Tribunal Supremo de Justicia, al no contar con la inquebrantable lealtad de los jueces, necesaria para llevar adelante su proyecto revolucionario y contrarrestar los retos con la sociedad, como el de pretender imponer la reforma a la educación con el Decreto 1011, ( "con mis hijos no te metas"), la creación de las 49 leyes por Decreto Ley a través de la habilitación aprobada por la Asamblea Nacional.
El Fiscal General de la República, Isaías Rodríguez introduce ante el Tribunal Supremo de Justicia una solicitud de antejuicio de merito para poder enjuiciar a los Generales y Almirantes: Efraín Vázquez Velasco, Pedro Pereira Olivares, Héctor Ramírez y Daniel Comiso Urdaneta por los sucesos del 11 de abril de 2002. La Sala Plena del Tribunal Supremo, al no encontrar méritos para enjuiciarles, exonera de toda responsabilidad penal a los oficiales presentes en el 11 de abril, por desobedecer al Presidente, al no aplicar el plan Ávila y pedirle la "renuncia la cual aceptó" el 14 de agosto de dicho año. La sentencia dejo claramente que no hubo golpe de Estado, si no, un vacío de poder, por lo que los militares estaban exentos de la imputación del Fiscal General[15]
Los Círculos Bolivarianos, creados para defender la revolución e incondicionales a las órdenes directas del Presidente, se amotinan a las puertas del Tribunal Supremo de Justicia a protestar la sentencia dictada, causando violentos disturbios. El Presidente el domingo siguiente en Aló, presidente, lanzó la frase celebre "los Jueces pusieron la plasta y se fueron de vacaciones".
Previo a la decisión del Tribunal Supremo, el Presidente desde el Archipiélago de los Roques el domingo 12 de agosto pretende presionar a los jueces con uno se sus furibundos discursos, al anunciar: "que nadie, ni él, ni el pueblo, ni la Fuerza Armada Nacional aceptaría una sentencia contraria a los intereses de la revolución". Incitó a los Círculos Bolivarianos a tomar las calles, a estar en pie de guerra, a defender la "verdad", pues si al Tribunal se le ocurre desoír la voz del pueblo y seguir los dictámenes de sus conciencias en Venezuela se producía un Golpe de Estado.
Dos días después, dándose cuenta de las consecuencias de enfrentar, de tal manera, al Tribunal Supremo, desde el estado Anzoátegui, se contradice diciendo: "yo no dije" -lo que todos habían escuchado-, sino que fue mal interpretado. La interpretación dada por los exégetas del régimen -José Vicente Rangel, William Lara y Diosdado Cabello- fue "el Presidente lo que quiso decir es que él no estaría de acuerdo con una sentencia adversa a los hechos del 11 de abril de 2002, aunque la acataría".
La triste experiencia de los días de abril, si fue un golpe de Estado, un vacío de poder o un autogolpe para depurar a la meritocracia de Petróleos de Venezuela y de las Fuerzas Armadas, puso al Presidente en el disparadero de acelerar la revolución a como diese lugar o tener que abandonar cualquier día Miraflores.
El Tribunal Supremo de Justicia había que cambiarle a como diese lugar, sustituyendo los magistrados institucionales y de carrera por jueces comprometidos con el proceso y cuya virtud principal fuese la lealtad a la persona del Presidente.
El fiscal Danilo Anderson, encargado de imputar a los autores de los muertos y heridos de la tarde del 11 de Abril de 2002, anuncia que Rafael Cabrices, Richard Peñalver, Henry Atencio y Nicolás Rivera militantes del MVR (partido del gobierno), vistos disparando en el Puente Llaguno contra la manifestación multitudinaria y desarmada que se acercaba a Miraflores, insistió que deberán permanecer detenidos y considera que el fallo dictados del juez Alejandro Batista es "ilógico" e "incongruente". Sin embargo son absueltos por el juez accidental Alejandro Batista y el Gobierno los condecora como héroes revolucionarios.
En su verborrea el Presidente, en estos días, acusaba sin piedad a jueces y fiscales por no cumplir con su misión revolucionaria de meter en la cárcel a los golpistas y saboteadores del proceso, "no puede ser que no haya un solo juez que meta presos a los golpistas y terroristas".
El abogado Maikel Moreno, defensor de Richar Peñalver, es premiado con la nominación de juez de control, sin tener las credenciales para ello, y uno de sus actos fue dictar las órdenes de aprensión a Carlos Ortega, presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) y a Carlos Fernández, presidente de Federación de Cámaras Empresariales (FEDECAMARAS).
La captura de Carlos Fernández, fue celebrada por el Presidente, comiéndose un dulce de lechosa, que le envió su madre doña Elena.
El objetivo para el Presidente, una vez superado el paro petrolero y poner a caminar los buques anclados en Lago de Maracaibo, es reestructurar el Poder Judicial a como diese lugar. A pesar de la sumisión de la mayoría de jueces y magistrados a las decisiones del Presidente, éste tenía dudas sobre algunos tribunales que aún no estaban dispuestos de dictar sentencias que transgrediesen principios éticos y jurídicos. Desde Maracaibo, el 4 de abril de 2003, dijo: "En Venezuela sólo están presos los pobres". "El 90 % de los jueces", nombrados por su administración, -añade- "no pueden seguir ahí" y a continuación señala la necesidad de controlar el Poder Judicial. "Una de las metas, que nos hemos fijado a corto plazo, es una gran ofensiva para poder tener un Poder Judicial que verdaderamente administre justicia, que sea capaz de llevar a la cárcel a los ladrones, a los corruptos, a los golpistas, a los criminales"[16]. Estaba tipificando los crimines que se incorporarían a la reforma al Código Penal, y a la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión.
El Presidente de la República, Hugo Chávez, desde ciudad Bolívar el 17 de febrero de 2003, incitaba a las masas para que presionasen a la Asamblea Nacional a fin de que ésta aprobase la Ley de Responsabilidad Social de Radio y televisión, acusando a los dueños de los medios de comunicación de violar las leyes. "De todos modos -dice el Presidente- mientras se aprueba la ley, hay que recordar que se han abierto unos procedimientos administrativos en contra de los cuatro grandes canales de televisión de Venezuela, para que respondan sobre hechos irregulares". Y dirigiéndose al poder judicial exclama: "Llamo a los tribunales para que asuman su responsabilidad, porque ahora parece que no hay jueces que quieran asumir responsabilidades". Y recomienda a la población que comience a exigir a los magistrados que cumplan con sus obligaciones. "Aquí son los jueces los que hay que cambiar si no quieren asumir su responsabilidad. No es Chávez el que tiene que irse. Y que (los jueces) le den paso a venezolanos honestos".
La tensión, contra el Tribunal Supremo de Justicia, lleva al Presidente a dictar la norma de no acatar los organismos del Poder Ejecutivo sentencias que no favorezcan el proceso revolucionario. La sentencia contra la Guardia Nacional, del 16 de enero de 2003, por la cual la Guardia Nacional debía devolver las instalaciones, las motos y las armas incautadas a la Policía Municipal de Caracas, no se llevó a efecto.
Contra la sentencia de la Sala Contencioso Administrativo del TSJ, que prohibía el ejercicio de los médicos cubanos de Barrio Adentro, los cuales deben ser sustituidos por médicos venezolanos o extranjeros que hayan revalidado los estudios, Chávez, desde la Habana, dice: "el gobierno mío no está obligado a aceptar una decisión como esa, sin duda arbitraria, politizada y violatoria de la Constitución". "Los jueces de la Corte de lo Contencioso Administrativo no merecen estar allí".
El 12 de junio de 2003, la Sala Constitucional, ante el hecho de que La Asamblea Nacional no había nombrado un Consejo Nacional Electoral y que aun estaba en funciones el Consejo Electoral provisorio, nombrado por el Presidente en diciembre de 1999, admite las acciones inconstitucionales, por omisión de la Asamblea Nacional. Los diversos partidos que componen la Asamblea, después de varias sesiones sin llegar a ponerse de acuerdo las dos terceras partes (2/3) de los diputados para nombrar los miembros del Consejo Nacional Electoral, llegan a afirmar, un mes después, que de no llegar a un acuerdo para elegir a los miembros directores y suplentes de la directiva del CNE, dejarían la decisión al TSJ.
Los ataques al Tribunal Supremo de Justicia subieron de tono: el Presidente, el miércoles 30 de julio de 2003, en cadena de radio y televisión, recordaba a los magistrados que hacía un año habían puesto la "plasta" y les recuerda: "No acepto el nombramiento de la directiva del Consejo Nacional Electoral por el Tribunal Supremo de Justicia, y estoy dispuesto a modificar la Constitución (La Bicha) para que se elija por mayoría simple".
Los acólitos repiten, por todos los medios de comunicación, las pretensiones del Tribunal Supremo de entrometerse en el poder Legislativo; llaman al desacato a la decisión del TSJ de nombrar el CNE y piden a los poderes populares Fiscalía, Defensoría y Contraloría, para que califiquen de falta grave, la intromisión del TSJ, por lo que insisten en destituir a los Magistrados.
La diputada Cilia Flores, el 7 de agosto de 2003, desde el Congreso llama a los simpatizantes del gobierno a salir a la calle. Propone: "El 11 y 12 salimos a la calle a defender el proceso, y los haremos otra vez contra cualquier poder que intente oponerse contra el Orden Constitucional".
La diputada Iris Varela, en la conmemoración de los 60 años de la Guardia Nacional en Valencia, el 08 de agosto de 2008, refiriéndose al hecho de nombrar el Tribunal Supremo de Justicia al Consejo Nacional Electoral, dice: "Una usurpación de funciones del Poder Judicial hacia atribuciones que tiene el Legislativo, lo cual es un delito y sus actos son nulos".
La autoridad trata por todos los medios mantenerse en el poder. Los últimos cartuchos los están quemando ante la proximidad del Referendo Revocatorio. Ya se ha dicho: las firmas no son válidas, no se acatará la decisión del TSJ de nombrar el CNE, y, si éste toma tal decisión, "esa sería una decisión desestabilizadora y el CNE quedaría inhabilitado".
Los Magistrados de la Sala Constitucional anuncian, el 19 de agosto, la elaboración de las lista de los directivos principales y suplentes del Consejo Nacional Electoral. Seis días después el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Iván Rincón daba los nombres de los miembros que compondrían el CNE a quienes dijo: "prohibido equivocarse".
El mal ya estaba hecho, el tribunal nombró, de los cinco miembros, tres incondicionales al gobierno y dos a la oposición. El control del Consejo Nacional Electoral estaba logrado y las próximas elecciones están a merced del un arbitro imparcial.
¿Qué se movió debajo de la mesa para cambiar tan radicalmente el Sr. Presidente? No sólo acepta la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de nombrar los miembros del Consejo Nacional Electoral, habiendo dicho, unos meses antes, que no aceptaba la nominación de un CNE por el Tribunal Supremo, que antes cambiaba la Constitución para que ésta, por mayoría simple lo nombrase, sino que además desautoriza a quienes denunciaron "usurpación" de funciones parlamentarias con esa designación y dijo que mientras el Congreso no nombre un directorio definitivo se debe aceptar el interino, aunque arremetió contra algunos jueces del TSJ, a quienes no identificó, enlodándoles al afirmar: que "hay magistrados que no obedecen a su conciencia sino a las jineteras". [Las cuatro jineteras para el Presidente son los cuatro canales privados de televisión que admiten ser opositoras, a las que hasta ahora Chávez llamó "jinetes del Apocalipsis"]. Iván Rincón ha sido uno de los mayores ejemplos de la más crasa cobardía y sumisión al gobernante autoritario, por que si alguien era consciente de que se estaba caminando por una trocha de arbitrariedades que vienen del Gobierno, es él…. no ha tenido el coraje ni la habilidad de respetarse a sí mimo y cumplir con su deber.
El 20 de mayo de 2004, es aprobada la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia; de los 20 miembros que se componían las salas del máximo organismo de justicia con la nueva ley pasan a ser 32, distribuidos de la siguiente manera: la Sala Constitucional estará integrada por siete miembros principales y las otras salas cinco cada una.
La nueva Ley permitirá a La Asamblea Nacional destituir, por mayoría simple, a los magistrados que se resbalen, al tomar una decisión incómoda al Presidente de la República.
El abogado Tulio Álvarez considera, el 24 de mayo de 2004, que la Ley del TSJ es un golpe certero contra el poder Judicial, ante lo cual solicita a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que deje sin efecto la recién promulgada, por ir contra la Constitución al subordinar el comité de postulaciones a la Asamblea Nacional, así como la destitución de Magistrados por una mayoría simple de diputados.
3.500 abogados del País, el 19 de mayo, presentaron ante la Sala Electoral un abrogatorio a la nueva ley del TSJ.
Sobre la sentencia del TSJ, el mismo Luis Miquelena dice: es un zarpazo rabulesco, que da al traste con toda esperanza de legalidad y le pone una lapida a la llamada V República. Y sobre la lapida escribe aquí murió una esperanza.
El diputado Luis Velásquez Alvaray (MVR) aseguró, el 20 de mayo, que la semana que viene se iniciará el Comité de Postulaciones a tenor del Art. 13 de la ley.
La Asamblea en sesión plenaria designará, por mayoría simple a cinco diputados para integrar el Comité de Postulaciones con los seis miembros de la sociedad civil para la selección de los miembros candidatos para los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.
Los partidos de la oposición se niegan a integrar el Comité de Postulación para nombrar los nuevos magistrados del TSJ. Las razones alegadas por los partidos a no tomar parte son el no considerar necesaria la enmienda del Tribunal Supremo de Justicia de 20 miembros llevarlo a 32.
El lunes 13 de diciembre la Asamblea Nacional, con mayoría oficialista, de los 157 preseleccionados por el Comité de Evaluación de Postulaciones del Poder Ciudadano, designa a 49, nombrándoles magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, dos por cada una de las cinco Salas; 32 suplentes y cinco para ocupar las vacantes de los ex magistrados Rafael Pérez Perdomo, José Manuel Ocando, Alberto Martín Urdaneta, Rafael Hernández Uzcátegui y Franklin Arrieche, este último destituido por el Parlamento.
Dos días después se lleva a efecto la juramentación de los 49 (17 principales, más los 32 suplentes) ante el Poder Legislativo.
El Presidente de la Asamblea Nacional, el capitán Ameliach -quien por séptima vez en el año ocupó la silla de la Asamblea- en las palabras de juramentación de los nuevos magistrados dijo: "Hoy es un día histórico, pues ustedes han recibido el mandato del pueblo de impartir justicia", -al tiempo que agregó- "hoy el pueblo está en la calle pidiendo justicia, ante el asesinato terrorista del fiscal Danilo Anderson, ante el crimen contra la ciudadana (Linda) Loaiza y contra la sentencia del 14 de agosto de 2002, la cual burla la inteligencia de los venezolanos"
El Presidente de la Asamblea Nacional reconoce la falta de justicia en Venezuela y por eso el pueblo en la calle pide justicia y como militante del MVR, quiere que el nuevo Tribunal Supremo de Justicia borre la sentencia que dictó la Sala Plena, el 14 de agosto de 2002, en la que se libera de culpa de Rebelión Militar a los cuatro Generales que actuaron el 11-A (11 de abril) unidos al pueblo que tomó la calle. Ameliach afirma que ese acto es el causante de los acontecimientos posteriores: el paro-cívico, las Guarimbas e incluso el asesinato de Danilo Anderson.
Se felicitaba -el presidente de la AN- por que el Parlamento ha cuestionado la sentencia de doctor Franklin Arrieche, destituido hoy, gracias a Dios por esta Asamblea. Esta afirmación no fue aplaudida por los componentes del Tribunal. Ahora el oficialismo al contar con mayoría en el tribunal de justicia revisaría la sentencia, anulará la anterior y declarará que el 12 de abril de 2002 hubo un golpe de Estado, culpando a la Policía Metropolitana de varias de las muertes ocurridas en la manifestación. El Gobierno quedaba brindado en la interpretación de la Historia.
Las opciones, para nombrar la nueva directiva del Tribunal Supremo de Justicia, los primeros días de enero de 2005, barruntan una lucha interna por controlar el poder entre los nuevos magistrados y los anteriores. Las primeras manifestaciones que se vislumbran es un acomodo de los magistrados a la autoridad del jefe de la revolución, en cuya mano se concentró todos los poderes. El mismo Presidente del TSJ, Iván Rincón, ante rumores de la renuncia por presiones y que el candidato a sustituirle en la presidencia era el Dr. Omar Mora Díaz, por ser más incondicional al proceso revolucionario, manifiesta: "ni me jubilo, ni declino, lo que existe, en realidad, es que hay diecisiete nuevos magistrados y yo soy un magistrado al que le quedan ocho años de vigencia en el TSJ". Lo que pasa es, que a pesar de estar en la presidencia, desde la extinta Corte Suprema de Justicia, los 32 magistrados, por mayoría simple nombrarán el presidente de La Sala Plena al comenzar las sesiones en 2005.
El 1º de febrero de 2005 el Dr. Omar Mora es nombrado por 30 votos presidente del Tribunal Supremo de Justicia en sustitución del anterior Iván Rincón, quien prefirió acogerse a la jubilación.
Al asumir los nuevos cargos los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia en el acto el nuevo Presidente, Omar Mora Díaz, confesó sus inclinaciones políticas a favor del "proceso revolucionario", los magistrados y jueces asistentes, vestidos de "rojo rojito", manifestaron se mediocridad, claudicando a su independencia al anunciar la sumisión al Líder de la revolución con grito "Uh, Ah Chávez no se va". En el acto el nuevo presidente, Dr. Omar anunció la remoción de los jueces y magistrados "golpistas" y su posición a favor de revertir la sentencia de la Sala Plena del 14 de agosto de 2002 que absolvió a cuatro militares acusados de rebelión por los sucesos de abril de 2002. Entre los nuevos magistrados figuran algunos, que hasta el momento de su designación, se desempañaron como militantes y simpatizantes del partido de Gobierno, miembros de la bancada oficialista de la Asamblea Nacional y uno de ellos, Francisco Carrasquero, presidente del Consejo Nacional Electoral.
El 11 de marzo de 2005, la Sala Constitucional, integrada por siete miembros (2 de ellos suplentes), anunció que había sido anulada por unanimidad la sentencia firme de la Sala Plena del 14 de agosto de 2002. Dicha sentencia expresaba que no había méritos para enjuiciar por rebelión militar a los Generales Efraín Vásquez y Pedro Pereira, Vicealmirante Héctor Ramírez y Contralmirante Daniel Comiso. La anulación de esta sentencia viola el principio de cosa juzgada y lo hace además apelando a argumentos formales y a vicios de forma sin tocar el fondo de la materia.
El Presidente de la República necesitaba, para confirmar su propia versión de los hechos, que los cuatro generales fuesen sentenciados por el Tribunal Supremo de Justicia de haber promovido un golpe de Estado y difundir a los cuatro puntos cardinales que no hubo vacío de poder, ni auto golpe. Sin embargo la ponencia que elaboró el doctor Francisco Carrasquero y que fue votada unánimemente por la nueva Sala Constitucional hizo suponer que los generales Vásquez Velasco y Pereira Olivares, así como el vicealmirante Ramírez Pérez y el contralmirante Comisso Urdaneta gozaban de plena libertad porque la metida de pata ya había sido juzgada, por lo que la nueva sentencia no aporta nueva novedad. La novedad, si podemos así llamarla, está en "la apreciación de "errada y grotesca" que revela la pluma de Francisco Carrasquero en la sentencia de la Sala Constitucional del viernes 11 de marzo de este año, que sirvió de base para que el TSJ se lave las manos al decidir sin darle la razón al Fiscal General, Isaías Rodríguez quien probablemente esperaba que el TSJ confirmara que la "Carmonada" fue un golpe de Estado y no un "vacío de poder", así como dio la razón a los militares involucrados en el hecho que esperaban, a manera de milagro, que el TSJ de hoy siguiera actuando, como cuando lo manejaba Miquilena. Incluyendo en esta cuenta al trisoleado Lucas Rincón que pasará a la historia por aquello de "le fue pedida la renuncia, la cual aceptó".
El punto emblemático, del 11 de abril de 2002, para el vencedor (el Gobierno) al querer imponer su versión histórica de los hechos está en que a los seis años no hay ningún condenado por la muerte de las 19 personas y más de un centenar de heridos la tarde del 11 de abril.
El Fiscal General, para justificar que los hechos del 11 de abril fue un golpe de Estado, ha imputado a 8 policías y tres comisarios de la Policía Metropolitana. Todos, privados de libertad, han soportado el juicio más largo de la historia, con cientos de pruebas inconsistentes y después de 6 años para los 8 policías y 4 para los Comisarios, el tribunal que lleva el caso en la ciudad de Maracay (85 kilómetros de la capital de Caracas) no ha conseguido una prueba para poder condenarles. Los jueces adictos a complacer a la parte acusadora, y en especial al Fiscal General, no han podido sentenciar los por falta de una prueba que los incrimine. Pensar que los Comisarios en los viajes de Caracas a Maracay han cubierto, esposados, 30.000 kilómetros.
La figura de "Complicidad", inventada por el tribunal para imputar a los policías de la Metropolitana y los tres Comisarios por los sucesos del 11 de abril, quiere decir que no se está acusando de ninguno de los 19 crímenes por falta de pruebas. El Diccionario de la Real Academia Española dice de la palabra cómplice "persona que sin ser autora de un delito o falta, coopera en su ejecución con actos anteriores o simultáneos".
El abogado Alberto Arteaga a la pregunta ¿Qué pasó el 11-A? contesta "no lo sabemos, ni lo sabremos, porque no se creo la comisión de la verdad". A los policías y comisarios se le ha acusado por tres de los muertos, sin poder dictar sentencia por falta de pruebas. Después de seis años, cabe la pregunta ¿quienes son los autores de los otros 16 muertos restantes y el centenar de heridos?
Ningún juez, menos si es provisorio, va a sentenciar alguno miembro de los Círculos Bolivarianos o de la Guardia Nacional, que estaban rodeando el Palacio Presidencial y dispararon a la marcha que se acercaba por la avenida Baralt.
El futuro de la Justicia
El Presidente del Comité de Postulaciones de los Candidatos a jueces Pedro Carreño [Diputado por Movimiento Quita República (MVR) por el estado Barinas, después Ministro de Relaciones Interiores y Justicia], afirmó que los presentables eran adictos incondicionales al proceso revolucionario y que "no iban a meterse un autogol".
El nuevo magistrado a la Sala Constitucional, Luís Velásquez Alvaray, anteriormente diputado a la Asamblea Nacional, afirma que impulsará la revolución desde el Poder de justicia y que él no se va "deslastrar" de su pasado partidista: "no tengo que deslastrarme de ningún pasado. Yo he luchado y seguiré luchando por estas ideas. Nunca podré hipotecar mis ideas ante una situación como esta (su designación como magistrado). Voy a aplicar un proyecto revolucionario en el Poder Judicial y en eso nadie puede llamarse a engaño".
El nombramiento del Fiscal General es una de las pruebas de control de poderes Ejecutivo. El nombramiento de Isaías Rodríguez rompe la separación de poderes, de Vicepresidente de la República pasa a ocupar la presidencia de la Fiscalía General y cumplido el periodo de seis años es nombrado por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, por mayoría de votos, Conjuez asistente de la presidenta Dra. Luisa Estela Morales, para suplir sus ausencias.
La Fiscalía General, tiene como fin garantizar los derechos humanos y acuerdos internacionales y encausar los ilícitos cometidos ante los tribunales. Recodemos el juicio al presidente Carlos Andrés Pérez introducido por el Dr. Escobar Salón, siendo Fiscal General, por uso indebido de 250 millones de bolívares de la partida secreta al ser destinados para ayudar la candidatura de Violeta Chamorro a la presidencia de Nicaragua. El ex Fiscal General Isaías Rodríguez ¿qué garantía pudo ofrecer ante los ilícitos de personeros del Gobierno, si fue cuestionado por manipulación de las actas, y fabricar el testigo falso Giovanny Vásquez en el caso del asesinato de Danilo Anderson, tapando a los autores materiales e intelectuales, condenando a personas inocentes, enemigos del proceso[17]
Ante la negativa de los directores del Consejo Electoral Nacional y de los partidos políticos, que dicen contar con copias de las actas de las mesas de votación de la consulta sobre la Reforma Constitucional del 2 de diciembre de 2007, de dar los resultados definitivos, surgen las sospechas de componendas entre el Consejo Electoral y los partidos de la oposición, creando la desconfianza del electorado y confirmando una vez más las acusaciones de fraude electoral.
Pero nada de esto puede sorprender si se tiene alguna noción cierta sobre lo actuado el 02 de diciembre de 2007 por la comunidad política electoralista de ambos bandos. Al dar el Consejo Nacional Electoral los resultados de los primeros y únicos boletines, se estaba demostrando que estamos en presencia del fraude de más alcance y profundidad de la historia electoral de este país.
No hay otra manera de explicar el absurdo estadístico planteado desde la madrugada del 03 de diciembre de 2007, cuando la presidenta del CEN, Tibisay Lucena, faltando por escrutar 1.800.000 votos de los 9 millones de votantes, dijo que se sabía que la diferencia del 1% entre el No y el Sí era irreversible. Esta es una afirmación numéricamente insostenible.
El General Raúl Isaías Baduel, ex ministro del Ejército, en declaraciones al diario El País de España, afirmó que el 2 de diciembre, cuando tuvo los resultados electorales a la mano, amenazó a la Presidenta del CEN, Tibisay Lucena, con divulgarlos en una rueda de prensa si ella misma no lo hacía[18]A las diversas reclamaciones y la negativa de la presidenta de la directiva del Consejo Electoral Nacional, Tibisay Lucena, los profesores e investigadores, Celina Áñez, Eudes Vera y Baldomero Vásquez presentaron un amparo constitucional ante la Sala Constitucional del TSJ. La respuesta de la Sala Constitucional, se hace cómplice de la violación de las leyes de la Republica al contestar que el CEN no está obligado a publicar los resultados definitivos del Referendo Consultivo del 2 de diciembre de 2007[19]La presidenta de la Sala Constitucional y del Tribunal Supremo, Luisa Estela Morales dice: "el desconocimiento de los resultados totales no se constituye en desmejoras a un interés general de la sociedad o de un sector de ella". Y como consuelo agrega que "los quejosos' pueden seguir su petición por medio de un recurso contencioso electoral"[20].
El show del presidente para debilitar los poderes
El Presidente, el 10 de enero, con motivo de la juramentación para su segundo periodo presidencial, arremete contra los antivalores capitalistas: los de los sueldos escandalosos que devengan algunos funcionarios públicos (de 16 a 32 millones de bolívares mensuales de sueldo, mientras la mayoría devenga salario mínimo de Bs.512.325, lo que denigra de un revolucionario, así como el uso de vehículos Hummer, BMW, y Audi en manos de los revolucionarios. En su perorata invita a los aludidos a rebajarse el sueldo libremente hasta un 50%. Los magistrados de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, el 24 de enero haciéndose eco del discurso presidencial, se rebajan el sueldo en un 50%.
La directiva del Poder Judicial, contra la opinión de que los magistrados devengaban un sueldo de 32 millones bolívares mensuales, aclara que el sueldo es solo de 15 millones. Además, del sueldo mensual de 15 millones, los Magistrados perciben una suma casi igual por concepto de bonificaciones, dietas y otras especies.
Los Magistrados se quejaban de que el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera (SENIAT) les pechaba con el impuesto sobre el total de lo que devengaban.
El doctor Omar Mora, presidente del Tribunal Supremos de Justicia propone hacer corte a las prestaciones sociales, porque según la ley constitucional "las prestaciones sociales son derechos laborales adquiridos irrenunciables, inalienables e inembargables". La proposición fue aprobada por 29 magistrados, llegando algunos a cobrar hasta 800 millones por concepto de utilidades. La Sala Constitucional, para liberar a los compañeros de las apetencias del Seniat de seguir pechando los ingresos, el 27 de febrero en la sentencia nº. 01-2862, modifica el artículo 31 de la referida norma emanada de la Asamblea Nacional de la manera siguiente: Se considera como enriquecimientos netos los salarios devengados en forma regular y permanente por las prestaciones de servicios personales bajo relación de dependencia; la segunda parte del artículo queda intacto. A lo previsto en el texto los siete Magistrados de la Sala Constitucional redactan la nueva interpretación sobre la imposición de impuestos a pagar por los que devengan salarios altos: a los efectos previstos en este artículo, quedan excluidos del salario las prestaciones de carácter accidental, las dadivadas de la prestación de antigüedad, y las que la Ley considere que no tienen carácter salarial.
La Asamblea Nacional, vimos más arriba, como llega el 22 de marzo a rasgar sus vestiduras acusando al TSJ de intromisión de poderes, llegando a denigrar de los siete magistrados de la Sala Constitucional, y llegando a decir que pertenecen a una "mafia".
Prescindiendo si hubo o no usurpación de poderes, y siguiendo la máxima "no comparto la decisión del tribunal, pero acato la decisión". La Asamblea Nacional exhorta al pueblo y al SENIAT a que haga caso omiso a la decisión del Tribunal Supremo, cometiendo públicamente un delito constitucional al incitar al pueblo y a los agentes cobradores de impuestos a no aceptar las decisiones judiciales. El papel de la Asamblea en este caso ha debido limitarse a su papel de legisladora y al de modificar el artículo 31, a su anterior estado. (Y no exhortar al desacato, por más furia que hubiesen tenido en este momento los legisladores)
Por otra parte la Asamblea Nacional es la menos indicada para cuestionar la usurpación de poderes, cuando apenas hace unos días ha transferido al Presidente el poder de legislar en cuanta materia crea conveniente, incluso sobre impuestos tributarios. Poder que se le otorga por espacio de 18 meses. La Asamblea debe recordar, que con mayoría simple nombró los 32 magistrados para tener mayoría en las decisiones del Máximo Tribunal, llegando a defenestrar magistrados no afectos al proceso revolucionarios.
El Tribunal Supremo de Justicia ha legislado, en la Quinta República, usurpando funciones propias de la Asamblea nacional. El primer Consejo Electoral, nombrado transitoriamente por el presidente Hugo Chávez, duró varios años en funciones sin que la Asamblea Nacional diese cumplimiento a las normas transitorias de la Constitución, nombrar los miembros del Consejo Electoral. Al ser cuestionada la junta provisoria la Asamblea intenta ponerse de acuerdo sin llegar a las 2/3 partes necesarias. La Sala Constitucional del TSJ procede a nombrar los miembros de Consejo Nacional Electoral. Claro en esta ocasión la resolución de la Sala Constitucional es favorable al proceso liderado por el presidente Hugo Chávez. La Asamblea Nacional se mostró complaciente, por que las decisiones favorecían al proceso revolucionario.
El diputado Carlos Escarrá, defensor de posiciones radicales, considera que la sentencia de la Sala Constitucional de pagar impuesto sobre lo devengado en calidad de salario "viola el principio de justicia tributaria, progresividad, de proporcionalidad, vulnera las prestaciones sociales, el derecho a la jubilación de los trabajadores". El ex magistrado de la desaparecida Corte Suprema de Justicia, Duque Corredor recuerda a Carlos Escarrá, cuando era magistrado, la sentencia que él firmó el 2001 a favor de los obreros de empresas extranjeras, quienes no debían tributar sino sobre el salario básico, sin tener en cuenta la bonos de productividad y otros aditamentos.
Se ha puesto al descubierto que el show montado por el Presidente ha servido para que los que aun creen que tenemos democracia se terminen de convencer, que la democracia supone división de poderes y el Padre de la Patria, a quien gusta citar el presidente Chávez, en el discurso de Angostura reconoce la división de poderes, decretada en el Congreso constituyente del 1811.
Duque Corredor asoma que segundas intenciones pueden estar detrás de la Asamblea Nacional para garantizar el proyecto estrella del Presidente, la Reforma de la Constitución que se está trabajando entre dos luces y en silencio para evitar las voces, no solo de la oposición sino de los mismos miembros del proceso opuestos a la reelección indefinida del Señor de Miraflores. Lo que ha ocurrido, más que un enfrentamientos o conflicto de poderes, es una amenaza de controlar el Poder Judicial por parte del Gobierno que es el que está detrás de todas esta denuncias, que se han hecho contra de algunos magistrados del TSJ; y el segundo aspecto es que surjan denuncias de este tipo, después de tres o cuatro años de designado el actual TSJ, cuestionando precisamente la sala que iría a controlar la constitucionalidad de los proyectos de reforma constitucional.
Otro que ve la mano de Chávez detrás la Asamblea Nacional, al pretender investigar a los magistrados de Tribunal Supremo de Justicia, es el Secretario Nacional de Acción Democrática, Henry Ramos Allup, quien afirma: "Un golpe de este tamaño y alcance no pudo ser dado por el Parlamento sin una autorización de la mismísima cabeza del Ejecutivo, creo que estas son cuestiones de Chávez". Añade que el enfrentamiento ha desatado entre la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia es "una guerra de poder y es que Chávez quiere liquidar el Tribunal porque alguna sala le está resultando estorbosa, pero no a propósito de garantizarle derechos constitucionales a los ciudadanos sino para consolidarlo todavía más".
La magistrada de la Sala Penal del TSJ, Blanca Rosa Mármol, una de los tres jueces que no firmó la proposición del presidente doctor Omar Mora, sale en defensa de la sentencia emitida por la Sala Constitucional que modifica la Ley del Impuesto sobre la renta. La integrante de la máxima corte del país manifestó que le "preocupa mucho" la negativa del Legislativo a acatar una decisión del TSJ, y señaló que esta situación "no puede tolerarse". "Lo que aquí está en crisis es la división de poderes como sustento del sistema democrático porque no puede tolerarse que un poder diga que no acata una decisión del Tribunal Supremo de Justicia".
El Tribunal Supremo de Justicia ha perdido su autonomía
La junta directiva del colegio de abogados de Caracas, electa el 31 de mayo de 2008, es desconocida por la Sala Constitucional y nombra, usurpando funciones del gremio, una nueva directiva. La presidenta electa el 31 de mayo, Ivette Lugo, rechazando la intromisión del Tribunal Supremo, dice: "es grave problema que tiene la justicia venezolana, al recibir directrices del Ejecutivo Nacional".
¿Cual será la respuesta de la Corte Constitucional a los inhabilitados por el Controlador Glodosvaldo Russián? Siguiendo órdenes del Presidente el Controlador General ha inhabilitado 386 ciudadanos para presentarse a electores en las próximas contiendas para gobernadores y alcaldes. El Consejo Electoral -cuatros de los cinco rectores- ha considerado la listas del Controlador Russián validas para no admitir a la inscripción a los cargos. El quinto rector, Vicente Díaz considera que la decisión de los compañeros es un error inconstitucional, reconoce que la Constitución está por encima de las otras leyes y en concreto contra el Art. 105 de la Ley de la Contraloría. Los artículos 42 y 65 de la Carta Magna establecen que sin sentencia firme no es posible inhabilitar a ninguna persona de sus derechos políticos. Russián ante las criticas responden que a los incluidos en su lista de inhabilitados les queda el recurso de apelar a la Corte Suprema. El Presidente, al final del desfile de 24 de junio en el Campo de Carabobo (conmemoración de la batalla final entre las tropas independentistas y realistas) echó la bendición al Controlador, por su valentía de atacar la corrupción.
El Tribunal Supremo se encuentra en este momento en un dilema: acatar las órdenes del Ejecutivo a través del todo poderoso Russián o salvar la Constitución. Cecilia Sosa ex presidenta de la Corte Suprema de Justicia recuerda su posición en defensa de la Constitución, cuando hace 10 años se cuestionaba la candidatura a la presidencia de la Republica del teniente coronel Hugo Chávez a quien dijo: "Usted si puede ser candidato a la presidencia porque no fue sometido a sentencia firme, aun cuando usted dio dos golpes de Estado. Los tiempos han cambiado y Chávez tiene un controlador, que por órdenes suyas dice: ustedes no pueden ser candidatos, aunque no tengan una sentencia firme de un tribunal de la Republica. Qué decidirá la Sala Constitucional ¿saldrá en defensa de la Constitución o violando ésta, seguirá arrodillada al Controlador?
Rocher Lander ex Controlador General considera que la decisión del Consejo Electoral de rechazar a las 386 personas de la lista Russián de participar en las elecciones de Gobernadores y Alcaldes es un golpe de Estado a la Constitución. Cuando el pueblo, según los últimos sondeos de Alfredo Keller y Asociados está rechazando las inhabilitaciones en un 80%.
El control de los medios de comunicación
En el primer "Aló, presidente" llevado a cabo, el 23 de mayo de 1999, el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela hace la primera advertencia a los medios de comunicación que no comulgan con su manera de ver las cosas, afirmando: que "aquí en Venezuela a veces hasta se abusa, se denigra, se miente, se lanzan campañas de difamación por algunos medios de comunicación". Anuncia una campaña en su contra diciendo: "este es un combate por Venezuela, por el futuro de nuestro hijos, por el futuro de la patria y yo lo que ando es cumpliendo con la responsabilidad, así que amigos, aquí estamos en la batalla por la libertad de expresión"[21]
Vladimir Villegas, periodista, presidente del canal del Estado, dice que "los medios de comunicación en general se vieron obligados a aceptar esa dura realidad, llamada de Hugo Chávez Frías"; pero después de los primeros días en que coquetearon pensaban que podrían manejar a Chávez. Al llegar los primeros enfrentamientos surgió "la constante desconfianza entre el jefe de Estado y los dueños de las empresas de comunicación social"[22].
Alcides Rondon, viceministro de Comunicaciones sostiene que Chávez no cede y "es frontal con los medios".
Ángela Zago, quien fue una asidua visitadora a los presos en la cárcel de Yare y colaboradora de Chávez en los comienzos del gobierno, tuvo con él un encontronazo en 1999, con motivo de la discusión, originada por incluir el concepto de "información de la verdad" en la nueva Constitución. Se trataba de poner barreras a la libertad de expresión. No entendía, Ángela Zago el interés del Presidente por enfrentarse con los dueños de los medios de información. Cuando trato de intercambiar opiniones con el Presidente, éste le dijo: "Ángela, esa pelea yo la quiero dar". Desde ese momento (noviembre de 1999) Ángela Zago afirma que el Presidente empezó el enfrentamiento contra los medios de Comunicación[23]
En la cumbre de la OPEP (septiembre de 1999) celebrada en Caracas acusó al canal Internacional CNN de "tergiversar" y "mentir" sobre la información de la cumbre. Un grupo de bolivarianos protestó ante las oficinas de la Associated Press. La reacción de Chávez, en Aló, presidente, contra una entrevista realizada por Mario Vargas Llosa en El Nacional, no se hizo esperar: llamó a los partidarios a defender la soberanía nacional y tildó al escritor peruano Mario Vargas Llosa de "analfabeto".
En el 2002, Chávez despotrica de las televisoras nacionales por no haber retransmitido el hecho de que él no había firmado la renuncia la madrugada del 12 de abril y elogia a la cadena CNN, poniéndola de ejemplo de buen periodismo y objetividad en la información, al decir al mundo que Hugo Chávez "no había firmado ninguna renuncia". Esta luna de miel de Chávez con CNN se acabará a los dos años, al reseñar CNN, en una nota de color, la presencia de una vaca flaca en el centro de Caracas, propiedad de una chavista que la estaba engordando para una parrillada; el Presidente reacciona en sus cadenas de radio y televisión a la nota folclórica de CNN y cambia las letras de la Cadena Internacional CNN por CÑM (Insulto grosero y de mal gusto, que significa una mentadera de madre) [24]
A mediados del año 2.000, se introduce en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones un mecanismo de perturbación. El artículo 209 da "al Ejecutivo la potestad de suspender la transmisión de cualquier medio de comunicación para resguardar los intereses de la nación".
Los Grupos Bolivarianos, encabezados por Lina Ron, se apuestan a las puertas del diario "El Nacional", a altas horas de la noche, del 6 de febrero de 2002, impiden la entrada y salida de los trabajadores, solicitan un derecho a replica y lanzan toda clase de improperios. Y así se repite con otros medios de comunicación.
Los medios de comunicación son el instrumento de promoción y a la vez los verdaderos enemigos de la revolución. Con motivo de la Asamblea General de la ONU de 2002, mientras los mensajeros del Secretario de la OEA tratan de instalar una mesa de negociación en Venezuela entre el Gobierno y la Oposición para salir de la crisis, Chávez toma la delantera y desde el podium del máximo organismo internacional acusa a los medios de ser los verdaderos responsables del "golpe fascista" del 11 de abril de 2002. Insiste en la necesidad de luchar contra el "terrorismo mediático", acusando a los medios de manipular los hechos., poniendo como ejemplo: la proclama de los militares rebeldes del 11 de abril, gravada por las cámaras de televisión, donde aparecen los Círculos Bolivarianos disparando contra la marcha que se acercaba por la avenida Baralt y haber ocasionado la muerte de los seis (6) primeros muertos, después retransmitida por todos los canales de televisión y radio. Este episodio es escenificado por Chávez en el podium de la ONU, aunque no logra convencer a la oposición de su renuncia y abandono del Poder, ante el Alto Mando Militar, si logra, ante los organismos internacionales, dejar la idea de que él fue una victima de un golpe intentado por los militares y secundado por los medios y periodistas[25]
El domingo 12 de enero de 2003, en Aló, presidente dice: a los dueños de las cadenas privadas de televisión "que tienen un permiso de operar, otorgado por el Gobierno, se les puede quitar si continúan en su empeño irracional de darle pie a la subversión fascista". A continuación añade: "he ordenado revisar el ordenamiento jurídico, porque si ellos no recuperan la normalidad, si tratan de reventar el país, yo estaría obligado a revocarles la concesión". Nombró a los dueños de los cuatro canales privados nacionales de televisión por nombre y apellido, etiquetándoles el apodo de "jinetes de la Apocalipsis"[26].
Comienza una guerra contra los cuatro canales de televisión, que de ahora en adelante, los llamará "jineteras" (nombre que en Cuba se da a las prostitutas). Después, dirigiéndose algunos magistrados, con motivo de haber designado a los directores del Consejo Nacional Electoral, dice: "Hay magistrados que no obedecen a su conciencia sino a las jineteras".
El 13 de marzo, la Agencia de Noticias del Estado VENPRES calificó a unos periodistas de narcos-periodistas.
Un montaje de los canales de Televisión.
El 4 de diciembre de 2002, Joao Gouveia dispara alegremente la pistola sobre las personas reunidas en la Plaza de Altamira, dando muerte a 3 personas y dejando 11 heridos de la plaza. La acción de Joao Gouveia que segó la vida a 3 personas e hirió a 11 más acaeció unos días después de un discurso incendiario del Presidente contra los militares de la Plaza Francia. ¿Pura casualidad? El autor material fue capturado in fraganti por la policía del municipio Chacao. El propio Joao Gouveia se declara culpable. El tribunal tras las averiguaciones condena a Gouveia, como único autor material de los hechos y descarta la existencia de autor intelectual que hubiese ordenado abrir fuego contra las personas reunidas en la Plaza en desobediencia civil al Gobierno.
La instigación constante contra las personas reunidas en la Plaza Altamira, en desobediencia civil, no se tomó en cuenta. Además, para desviar el camino a la investigación, el Presidente, el sábado siguiente a los hechos, ante una multitud de los Círculos Bolivarianos, reunidos a las puertas de Miraflores, disculpa a Joao Gouveia, aduciendo que ni se encontraba ese viernes en Venezuela, sino en Portugal. Ante la acción de la policía de Chacao, que lo prendió infragante, y la propia confesión de culpa de Joao Gouveia, Hugo Chávez le restó importancia y alegremente afirma que el video, que mostraba al asesino junto a Freddy Bernal, era un montaje de los canales de televisión. En esta oportunidad lanza el grito de guerra a sus partidarios para "que se preparen para la batalla del petróleo". El control de Petróleos de Venezuela es imprescindible para la implantación de su proceso revolucionario.
Los partidarios del Gobierno habían comprendido el mensaje del líder, al declarar la guerra sin cuartel contra los golpistas y los medios de comunicación y al grito "así se gobierna" daban un contundente respaldo al jefe de la revolución. Mientras la oposición seguía creyendo en pajaritos preñados con la Mesa de Negociación instalada por la OEA, Chávez seguía incitando a los Círculos Bolivarianos a provocar. Así el lunes 9 de diciembre los Círculos Bolivarianos armados atacaron y produjeron graves daños a los canales de televisión de Globovisión en Maracaibo, de Pomar TV en Barquisimeto, de Televisora de Oriente en Puerto La Cruz y de Televisora Regional del Táchira. En la ciudad de Caracas las hordas guiadas por los diputados Iris Varela, Luis Tascón, Cilia Flores, Nicolás Maduro, y Desirée Santos Amaral rodearon los canales privados de televisión y el edificio del diario El Nacional.
Diosdado Cabello y la ministra de Información y Comunicaciones justifican las acciones vandálicas, como una reacción lógica del pueblo por las provocaciones de los medios de comunicación.
A tal incitación se llegó, que el autor del la masacre del tren del Encanto, ahora diputado, Guillermo García Ponce, no solo justificaba la acciones vandálicas, sino que invitaba al "Pueblo permanecer en la calle y defender la revolución con nuevos ataque a los medios de comunicación[27]
El Ministro de Infraestructura acude a los canales de Globovisión y Radio Caracas Televisión para iniciar proceso administrativo. El Ministro de Relaciones Exteriores, Roy Chardenton, acusa a los medios de comunicación, a los líderes empresariales y sindicales de fomentar "la cultura del magnicidio"; Carlos Ortega, presidente de la CTV, se asila en Costa Rica; la Corte de Apelaciones de Derechos Humanos concede libertad plena al ex presidente de Fedecamaras. En esta tensión, la Sociedad Internacional de Prensa manifiesta gran preocupación por el deterioro de la "libertad de prensa en Venezuela".
Chávez en el discurso incendiario del sábado, 09 de enero de 2003, llegó a afirmar que el paro y la huelga petrolera era producto de una oposición desesperada, golpista, fascista orquestada y dirigida por los medios de comunicación en especial por los canales de televisión privada. El remedio era evitar que éstas (Las televisoras) retransmitan lo que está pasando en Venezuela y así el pueblo verá la verdad retransmitida por el Gobierno.
La libertad de expresión en entredicho.
El Domingo 10 de enero de 2003 en "Aló presidente" volvió a repetir los mismos razonamientos: "Joao es inocente", "los videos de Joao y Bernal en la campiña, que el pueblo vio por las televisoras privadas eran mentira, veneno terrorista que el pueblo se encargar de extirpar[28]
En el discurso, ante la Asamblea el 17 de enero de 2003, sataniza a los medios de comunicación y anuncia una nueva batalla: "No hay forma de tapar el sol con los medios", por lo que se hace necesario que "la próxima batalla de la revolución sea la batalla mediática, esa todavía tenemos que darla". Hay que romper las cadenas que nos atan al pasado. No vasta haber conseguido el dominio de los recursos petroleros, ahora hay que debilitar a los medios de comunicación, a los que logró calificar de "perversos al distorsionar la información". En el seno de las Naciones Unidas, a donde acudió desde Quito para entregar la presidencia del grupo de los 77, intenta inmunizar a la comunidad internacional de los próximos pasos que tenía en mente dar.
Para esta nueva batalla, el Presidente nombra a Diosdado Cabello ministro de Infraestructura con dos misiones a realizar: la primera, promover el proyecto de la Ley de Responsabilidad Social de la Radio y Televisión, introducido por el Ejecutivo en la Asamblea Nacional; y la segunda preparar expedientes administrativos a los canales de televisión de Globovisión y Radio Caracas Televisión. Después se metería con las otras televisiones privadas[29]
Un mes después, el 17 de febrero de 2003, el presidente de la República, Hugo Chávez pisa el acelerador, en ciudad Bolívar para que la Asamblea apruebe pronto la Ley de Responsabilidad Social de Radio y Televisión, al decir: "es necesario que el pueblo presione a los parlamentarios". "De todos modos, -añade el Presidente- mientras se aprueba la ley, hay que recordar que se han abierto unos procedimientos administrativos en contra de los cuatro grandes canales de televisión, para que respondan sobre hechos irregulares".
La reforma al Código Penal, para el oficialismo con mayoría en la Asamblea era primordial.
En la exposición de motivos del proyecto de reforma del Código Penal se señala el análisis de la situación que atraviesa la sociedad, "debido a la diversidad de delitos que han surgido, y tomando en cuenta que los derechos humanos consagrados en nuestra Constitución no pueden ser menoscabados, se propone la inclusión de un conjunto de modificaciones e incluso de algunos artículos en el vigente Código Penal venezolano". Se introducen las protestas, rechazos al régimen, dedicación de cacelorazos al Presidente o altos personajes del Gobierno […] estos actos serán sancionados con penas de 2 a 4 años de prisión. No sólo se va a penalizar los hechos, si no que va más allá, mediante la modificación del Art. 286 que dice: "el que pública o privadamente instigue a la desobediencia de las leyes o al odio entre los habitantes o hiciera apología de hechos que la ley prevé como delitos, de modo que ponga en peligro la tranquilidad pública, será castigado con prisión de tres a seis años". A esta medida contra el instigamiento o apología a hechos contra la tranquilidad pública o privada añaden en el Art.297-A "todo el que cause pánico en la colectividad o la mantenga en zozobra, valiéndose de informaciones falsas difundidas por cualquier medio escrito, radial, televisivo, satelital, telefónico, videos, correos electrónicos o escritos panfletarios anónimos, será castigado de dos a cinco años[30]
La aplicación de estos artículos del Código Penal quedan en manos del un tribunal incondicional al "proceso revolucionarios". Además el Art. 286-B prohíbe manifestaciones que obstaculicen el transito por las vías públicas, lo que va a ser motivo de una cacería de brujas contra los dirigentes y militantes de la oposición, organizadores de las manifestaciones de protesta. Los presos por estos delitos para el Defensor del Pueblo, Germán Amundaraín, "no son presos políticos, sino políticos presos".
Ley contra el terrorismo
El texto de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión parece inocuo políticamente, puesto que luce, apenas, como una normativa dirigida a proteger a la sociedad de los excesos de violencia, sexo y chabacanería en general, que caracteriza buena parte de la programación de televisión, pero una lectura más atenta permite percibir la trampa de la censura y de las limitaciones a la libertad de expresión en el campo de lo político.
El peligro de que la ley opere como un garrote dirigido a castigar conductas políticas que el oficialismo considere "incorrectas" está plasmado en los artículos 19, 20 y 21. En estos artículos se concretan los organismos públicos que manejarán la aplicación de la ley: la Gerencia de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, adscrita a Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL); el Directorio de Responsabilidad Social y el Consejo de Responsabilidad Social. La integración de estos tres organismos está garantiza por una mayoría aplastante de servidores del gobierno. El Directorio de Responsabilidad Social estaría integrado por el director general de CONATEL, por el gerente del área de responsabilidad social y por un representante de los siguientes organismos: ministerios de Información y Comunicación, de Educación y Cultura, de Salud, del Instituto Nacional de la Mujer y del Consejo Nacional de los Derechos del Niño y del Adolescente. Hasta aquí van 7 de sus 11 miembros, todos pertenecientes a instituciones absolutamente dependientes del Ejecutivo y obedientes a éste. Los cuatro restantes serían representantes de las iglesias, de las universidades en sus áreas de docencia e investigación de la comunicación, de los usuarios y de las organizaciones no gubernamentales relacionadas con la protección de infantes y adolescentes.
Aun admitiendo que estos cuatro no respondan a directivas oficialistas (lo que estaría por verse), porque sus representantes serían elegidos en asambleas de cada sector, convocadas por CONATEL, es obvio que en ese directorio se hará lo que decida la mayoría oficialista, cuyas decisiones están aseguradas con siete integrantes del oficialismo.
El Gerente de Responsabilidad Social en Radio y Televisión será el verdadero Zar de este sector, puesto que sus competencias, establecidas en la ley, le dan poderes prácticamente discrecionales y sus actuaciones serán convalidadas, sin duda alguna, por el Directorio ya mencionado.
El Gerente de Responsabilidad Social deberá consultar al Consejo de Responsabilidad Social, pero la integración de éste, semejante a la del Directorio en cuanto a la mayoría automática del oficialismo, garantiza la más absoluta coherencia entre las tres instancias.
¿Dónde está el veneno en todo esto? Imaginemos que en un programa político de televisión se emiten conceptos contra el Gobierno. Inmediatamente el Zar de la televisión "descubre" que en un programa del horario "protegido" fue exhibido un seno desnudo o se dijo una grosería y por tanto aplica la multa (gigantesca) prevista. El Directorio y el Consejo, desde luego, respaldarán la actuación del Gerente de Responsabilidad Social. Aunque aparentemente la sanción no tuvo una causal política ya el canal respectivo sabrá a qué atenerse.
Un proyecto de ley que podría ser visto con agrado, porque, supuestamente regularía los excesos de violencia o sexo en TV, terminaría siendo un instrumento de control político, y nada de extraño será que logrado este objetivo los propósitos explícitos de la ley en materia de sexo y violencia sean dejados de lado.
La finalidad de la nueva Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión es plausible y bien acogida por todos los ciudadanos: "desarrollar las normas y principios contenidos en la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, en la Ley Orgánica de Educación, en la Ley Orgánica de Salud y en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, para garantizar, que a través de los servicios de divulgación, se contribuya al desarrollo social, cultural y económico de la sociedad venezolana y, en particular, al desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, a los fines de lograr el necesario equilibrio entre los deberes, derechos e intereses de las personas, de los prestadores de servicios de divulgación y sus relacionados"(Art. 1º). Sin embargo, los fines del Estado son un control de los medios de comunicación a través de normas que le permita hacer uso de los mismos para difundir mensajes del oficialismo, retransmitiendo actos de Estado e incluso para actos de proselitismo del partido de gobierno, y amedrentar a los periodistas al imponer la obligación de revelar la fuente de información, y coartar la información a través de los tribunales.
Impedir que se filtren las noticias
La periodista Ybeyise Pacheco, en su columna de los viernes del diario El Nacional, publica el contenido de dos reuniones reservadas en grado treinta y tres del oficialismo. La primera se celebrada en la casa del Presidente. En ella se habla de secuestro, asesinato a hombres de la oposición. La segunda se realiza en un cuartel. En ésta el Presidente amenaza a los militares que intenten alzarse contra él. La periodista, una mujer con guáramo tiene gente que filtran las conversaciones más secretas del Gobierno. Hay revuelo y amenazas de hacer la un juicio. Están tratando de amedrentarla y averiguar quien del entorno de Chávez es el que revela los más íntimos secretos.
Están locos por la aprobación de la Ley Mordaza, para evitar que se hable de corrupción, de falta de alimentos, y de paralización de la economía del País.
A fines de 2004 se promulga la "Ley de Responsabilidad Social" o Ley de Contenidos, llamada por la oposición la "Ley Mordaza", mediante la cual se controla los noticieros, los programas informativos y los espacios de opinión.
Para dar fuerza a las leyes de Responsabilidad Social y de Telecomunicaciones se añade un nuevo elemento coercitivo, la Reforma al Código Penal, incluyendo penas de prisión y pecuniarias por difamación e injuria a personas públicas.
El periodista Teodoro Petkoff advierte el peligro que contenía esta reforma. Ironías de la vida, Petkoff, director y dueño del diario Tal-Cual y el humorista Laureano Márquez, colaborador en el periódico, tendrán que pagar, con la ayuda del pueblo sendas multas multimillonarias por una carta de humor y respeto dirigida a la hija menor del Presidente, Rosa Inés de 9 años de edad, pidiendo la intercesión ante su papá para que no discriminara a los llamados escuálidos.
Otro de los casos penalizados fue, la opinión del General Francisco Usón en un programa de televisión, dirigido por Marta Colomina. El General Usón responde a la pregunta de la periodista de cómo funcionaba un lanza-llamas. La explicación del funcionamiento de un lanza-llamas fue interpretada como un agravio a las Fuerzas Armadas, por lo que se le acusó y condenó a cinco años de prisión. El incidente ocurrido en el Fuerte Mara del estado de Zulia, donde hubo un incendio en una celda de reclusión y a consecuencia se quemaron ocho soldados, de los cuales dos murieron a consecuencia de las quemaduras. Cometarios de periodistas llegaron a firmar, que en fuego no se produjo por un cigarrillo de unos de los soldados que estaba en la celda de penados y se quedo dormido, sino que el fuego fue lanzado desde fuera de la celda.
En el V. Foro de Porto Alegre de enero de 2005 el Director de Le Monde Diplomatique monsieur Ignacio Ramonet presenta al Presidente de Venezuela, teniente coronel Hugo Chávez Frías, al auditorio como "El Libertador de la América del Sur". Con esta presentación Hugo Chávez va a ganar el show de Porto Alegre, donde se encuentran los intelectuales de la izquierda más recalcitrante y todos los grupos que en los respectivos países de América anhelan un orden más justo. En su discurso, hábilmente agradable al auditorio, anuncia al partido de "Los Sin Tierra" del Brasil que Venezuela es un ejemplo que debe seguir el gobierno del Brasil. Propone debatir sobre "la dictadura Mediática Mundial de los medios de Comunicación", para ello Venezuela ha dado un primer paso al aprobar la Asamblea Nacional la Ley de Responsabilidad Social de Radio y Televisión y unir las fuerzas contra los "Estados Unidos que es la fuerza más negativa del Mundo". Son los puntos de la proclama revolucionaria bolivariana mundial: "El Presidente de Venezuela, Hugo Chávez, fue la figura más convocante del Foro Social Mundial, en cuyo acto llamó a "conspirar contra el Imperialismo" y proclamo la muerte al Área de Libre Comercio de las América (ALCA.)"
Radio Caracas Televisión (RCTV) en la mira
Las metas para el 2007, después de las elecciones del 3 de diciembre de 2006, en que fue reelecto presidente Hugo Chávez, se prevé serán el control de las universidades y los medios de comunicación:
En primer lugar pretende poner el guante a la educación para llegar a controlar la autonomía universitaria. Los métodos para lograrlo comenzaron con la infiltración de los grupos violentos entre el estudiantado para fomentar desordenes a fin de que las autoridades de las universidades soliciten la intervención de las policías. En los últimos días se han presentado disturbios, por problemas de mal servicio en los comedores y en el transporte, en las universidades de Carabobo, Mérida y Maracaibo.
En segundo lugar, el Estado no descansará hasta lograr acallar los medios disidentes de comunicación mediante una mayor inversión en mejorar los medios manejados por el Estado y aplicar sanciones a los medios privados que no se sometan a las directrices del oficialismo.
Repotenciación de los medios que maneja el oficialismo. El presidente de la Televisión del Sur (TeleSur), Andrés Izarra anuncia la adquisición del Canal Metropolitano de Televisión (CMT), el 13 de diciembre, con él, el Estado dispone de seis estaciones de audiencia nacional: Venezolana de Televisión (VTV), Vive Teve, Asamblea Nacional Televisión (ANTV), Televisora del Sur (TeleSur) y ahora el Canal Metropolitano de Televisión (CMT), más una docena de estaciones de radio y por lo menos 130 sitios de Internet. Una docena de estaciones de TV comunitarias y hasta 250 estaciones de radios comunitarias también son controladas por el gobierno.
Otro medio para controlar la libertad de estar informados es el abuso, jamás conocido en el mundo, de encadenar los medios de comunicación estatales y privados (Televisoras y radios) para retransmitir cualquier evento nacional, e incluso del partido político del oficialismo al capricho del Presiente.
Para el presidente de la Republica la utilización de las cadenas ha sido un medio fundamental en la política comunicacional del gobierno. A partir 2 de febrero de 1999 a 11 de mayo de 2008, se han producido 1.710 cadenas para un total de 1.048 horas de transmisión. Mientras las clases alta y media con el control buscan un canal por suscripción, los sectores más pobres, que no tiene televisión por cable, optan por apagar el televisor. Según el estudio realizado por la empresa AGB Nielsen Media Research, especializada en medición de audiencia, un 30 por ciento del público televidente opta por apagar el televisor[31]
Al no disponer de un canal por suscripción, y verse obligados a escuchar actos públicos, como saludos a diplomáticos, concesión de micro créditos a campesinos, imposición de medallas, graduaciones de las misión Robinsón, Ribas, alocuciones desde algún fundo recién invadido, retransmisión de sus giras internacionales realizada por el Presidente, este treinta por ciento de televidentes prefiere apagar el televisor.
Nielsen Media Research estudia la pérdida del Shere (personas que optaron por apagar el televisor) en 30 cadenas seleccionadas. La transmisión que sufrió la mayor caída fue la del 13 de enero de 2006, con 44,4 por ciento de televidentes que se ausentaron. Se trata de una cadena que duró casi 6 horas y se refirió a la rendición de cuentas de Hugo Chávez a la Asamblea Nacional, correspondiente a la gestión del año 2005.
Por el contrario, la que contó con menor deserción fue la cadena del 12 de marzo de 2006, de poco más de tres horas de duración y correspondió a un desfile militar del Día de la Bandera, en la que el Presidente izó por primera vez la bandera de 8 estrellas y mostró los cambios que hizo la revolución de los símbolos patrios[32]
De las 1.000 horas de transmisión por cadena se contabilizaron unas 108 horas en año 2000; 116 horas con 58 minutos en 2001; 73 horas en 2002; en 2003 llegó a superar 165 horas y el 2004 hasta el 15 de Julio estuvo hablando en cadenas 87 horas con 23 minutos.
Con la ley de Responsabilidad de Radio y Televisión en su artículo 10 los medios radioeléctricos están obligados a retransmitir 70 minutos semanales de publicidad gratuita del Gobierno.
"Aló, presidente" es otro de los medios que se usa semanal mente, de 4.21 horas la minima a 8,8 la de más duración. Normalmente se trasmite por Venezolana de Televisión (VTV), los domingos de las once de la mañana en adelante. En oportunidades encadena el resto de los canales oficiales y privados. A través de este medio se comunican las políticas oficiales: Lo mismo defiende el "Currículo Escolar", el cambio de ministros, la estatización de empresas, expropiación de finca, entrega de créditos a campesinos, la movilización de tropas a la frontera con Colombia por el ataque colombiano al campamento de Raúl Reyes en Ecuador. Aunque la audiencia, generalmente, se concreta a los militantes del Gobierno, los medios de comunicación reseñan al día siguiente[33]
Los canales privados RCTV y Globivisión siguen en la mira
Los canales privados de televisión: Venevisión y Televen han sido neutralizados, acallando toda opinión, que pueda molestar al gobierno. Como dirá el comunista diputado Carlos Ezcarrá: éstos (Venevisión y Televen) hicieron "contrición por lo que no se les persigue" como a RCTV.
En una entrevista la víspera de las elecciones presidenciales de diciembre de 2006 con los periodistas Eduardo Rodríguez, Eleazar Díaz Rangel y Carlos Croes, éste le hace una pregunta al Presidente sobre RCTV, a lo que contesta que no toleraría las televisoras que estarían en su contra. Carlos Croes le reposta: "¿Y eso no es un derecho que ellas tienen?" Hugo Chávez contesta puede ser que tengan derecho, pero yo tengo la facultad "de no darles una concesión".
El 28 de diciembre de 2006, el Presidente, en su discurso de salutación de fin de año a la Fuerza Armada Nacional, anunciaba que no sería concedido el permiso a Radio Caracas Televisión de retransmitir por señal abiertamente. "Es mejor que vayan preparando sus maletas y vayan viendo a ver qué van a hacer a partir de marzo. ¡No habrá nueva concesión para ese canal golpista que se llamó Radio Caracas Televisión (RCTV)!"."Ya está redactada la medida, así que vayan (…) apagando los equipos, pues. No se va a tolerar aquí ningún medio de comunicación que esté al servicio del golpismo, contra el pueblo, contra la nación, contra la dignidad de la República. ¡Venezuela se respeta!".
Días antes el Presidente había anunciado que las concesiones radioeléctricas de Radio Caracas Televisión vencían en marzo de 2007 (error del presidente 27 de mayo). Sobre el particular se ha suscitado en los días pos-elecciones el problema de las concesiones de espacios radioeléctricas. Los medios comunitarios han anunciado la posibilidad de promover un debate democrático sobre la renovación de las concesiones radioeléctricas al canal de RCTV, a lo que los voceros del oficialismo han manifestado seguir la línea trazada. William Lara, reseña a Efe que la decisión final "corresponde al Jefe de Estado en consejo de ministros, por lo que estamos planteando, como ocurre ya cotidianamente en las decisiones del Estado venezolano revolucionario, es que aquí también se haga sentir la opinión del pueblo, expresada en las organizaciones de comunicación alternativa y comunitaria". Andrés Izarra, presidente de Telesur afirma: "Yo no estoy de acuerdo -someterlo a consulta popular- porque el Estado no puede ceder las prerrogativas".
En la presentación de la Memoria y Cuenta, el 13 de enero de 2007 el Presidente recordó la decisión de no conceder la concesión del espacio radioeléctrico a RCTV. "Chillen, pataleen, hagan lo que hagan, se acabó la concesión a ese canal fascista de RCTV.
"Esa señal es de los venezolanos y será nacionalizada para los venezolanos" sigue diciendo el Presidente.
El ministro de Comunicación, William Lara, reitera, cuatro días después, 17 de enero de 2007, que la licencia de transmisión de RCTV se "extinguirá" el 27 de mayo y la "señal quedará libre", pero garantiza que no habrá "confiscación, decomiso o embargo" de sus equipos.
El Ministro Jesse Chacón, un mes más tarde, el 16 de febrero de 2007, afirmaba la posibilidad de llegar a un acuerdo con los dueños de Radio Caracas Televisión (RCTV) para adquirir los transmisores, y de no llegar a un acuerdo se recurrirá a mecanismos legales. "Ojala podamos llegar a un acuerdo con los dueños del canal, sino la ley prevé los mecanismos claritos de declaración de utilidad publica, expropiación y negociación de precios".
Las declaraciones de Jesse Chacón se fundamentan en el artículo 191 de la Ley de Telecomunicaciones, sancionada en el años de 2000, la cual dice: "ninguna persona natural o jurídica o grupo de personas podrá, por sí o por interpuesta persona, obtener en concesión o llegar a controlar más de una estación de radiodifusión o televisión abierta, en la misma banda de frecuencia por localidad. Esta misma restricción opera con relación a los accionistas de una empresa concesionaria".
El ministro del Poder Popular para las Telecomunicaciones e Informática, Jesse Chacón, sugiere la conveniencia de llegar al "método Chaaz" (Abreviatura de los apellidos Chávez y Azpurua) mediante el cual al expropiar la hacienda la Marqueseña al señor Carlos Azpurua, el Estado le obligó llegar a una negociación en octubre de 2005.
Las sentencias del TSJ, contra recursos interpuestos por los dueños y periodistas de RCTV, aunque no se esperaba otra por ser los magistrados "rojos rojitos", a través de La Sala Constitucional, pasa la pelota a CONATEL, y a la Sala Contencioso Administrativa, organismos para dirimir la contienda si se debe o no prorrogar la concesión radioeléctrica. Creerá la Dra. Luisa Estela Morales, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, ¿que el pueblo ignora que CONATEL es una dependencia del Ejecutivo y que el presidente Hugo Chávez ha venido, desde el primer anuncio del 28 de diciembre de 2008 hasta la misma fecha de la juramentación de la directiva de la Televisora Venezolana Socialista (TeVeS), repitiendo que no dará un paso atrás"? y ¿qué no permitirá que el Tribunal Supremo de Justicia vuelva a "poner la plasta?"
La Sala Contencioso Administrativa del Tribunal Supremo falló el 23 de mayo de 2007 contra el canal de Radio Caracas Televisión (RCTV), el canal debe dejar de operar el 27 de mayo, a las 12 de la noche, mientras la Corte evalúa su apelación contra la medida oficial de no renovarle la concesión para transmitir. Quedando pendiente de que se lleve a cabo juicio sobre si la concesión radioeléctrica vence el 27 de mayo de 2007 o vence en el año 2022.
El máximo tribunal expresó en un comunicado que ''decidió asumir la competencia para conocer el recurso contencioso administrativo de nulidad'' presentado por RCTV, pero que es ''improcedente'' la solicitud de medida de protección presentada al tribunal. Éste aún está estudiando la apelación presentada por el canal.
Esta decisión es francamente contradictoria puesto que no impide, como debería hacerlo, el cierre de RCTV, que afecta a más de 200 periodistas, 3.000 trabajadores, y a toda la audiencia del canal su derecho a elegir sus preferencias.
El tribunal sostiene, que en la decisión tomada, deja abierto el camino para que "se inicie oficialmente el juicio en contra de la decisión de cierre, puesto que hay méritos suficientes para ello''.
A pesar de la contradicción existente en las decisiones del TSJ y de las múltiples presiones y amenazas de voceros del oficialismo para que el Tribunal Supremo de Justicia falle en contra del canal de RCTV, toma fuerza la opinión de que el cierre del canal es ilegal y arbitrario.
El Ministro de Telecomunicaciones, Jesse Chacón afirma, el 25 de mayo de 2008, que el fallo del Tribunal ratifica que "no se está violando ningún derecho a la libertad de expresión e información, porque existen otros vehículos para que si quieren informar, sigan informándose".
La nueva televisión comenzará a operar la fecha fijada en Caracas y Maracaibo, y que se estaba en contacto y negociando equipos con varios países para cubrir todo el territorio nacional. El ministro de Información, William Lara a la pregunta de un periodista ¿con que equipos iba a operar desde la primera hora del 28 de mayo? responde que el Gobierno tiene todo previsto y bajo control.
Un mal paso
El cierre del canal 2, Radio Caracas Televisión, es la gota que se necesitaba para que muchos venezolanos y la comunidad internacional se convenzan de que el presidente Hugo Chávez jugaba a mantener el equilibrio en la cuerda floja, ocultando el Napoleón Sudamericano-caribeño que lleva dentro, con el disfraz de demócrata amigo de los pobres.
Controlados todos los poderes del Estado, y valiéndose de todas las artimañas posibles para aparecer triunfante en cuanta elección se presenta, Hugo Chávez se ha dado a la tarea de poner en práctica el Socialismo del Siglo XXI, sumando este nuevo objetivo "Socialismo del Siglo XXI" al control de los poderes políticos: Asamblea Nacional, Tribunales, Poder Moral, manejo personal de las empresas Petroleras (Pdvsa), Teléfonos de Venezuela (CANTV), Compañías de Electricidad, Empresas Petroleras de la Faja del Orinoco y el Banco Central.
Por si fuera poco esta vorágine de poder, el presidente Chávez amenaza de salirse del BM, FMI y de la OEA, si esta última intenta encausar al Gobierno por las violaciones a los derechos humanos de periodistas de Radio Caracas Televisión. Llevar a la práctica el control de los medios de comunicación, es la meta a conseguir, para que sólo se oiga la voz oficial y evitar que se pueda disentir de la línea trazada por el partido único revolucionario.
Las dificultades, para salir al aire el nuevo canal la Televisora Venezolana Social (TeVeS) a primeras horas del día 28, son de tal envergadura que, incluso, partidarios del gobierno interponen dos recursos ante el Tribunal Supremo de Justicia: el primero presentado por 13 comités de usuarios contra el Presidente de la República y el Ministro de Telecomunicaciones, a fin de que se abstengan de intervenir el canal al no tener garantías de prestar un servicio de calidad y de cobertura nacional; por lo que sugieren dar una cautela a RCTV, mientras se dirime la sentencia anterior de Sala Contencioso y Administrativa. El segundo recurso, interpuesto por tres personas chavistas demandando que se garantice la transmisión a nivel nacional de la nueva televisora de servicio público, pidiendo se ordene a RCTV permitir a TeVeS el acceso, uso y operación de la plataforma de transmisión para facilitar que las transmisiones de la nueva televisora lleguen a todo el país. La nueva televisora, que sustituiría a Radio Caracas Televisión, apenas cuenta con tres transmisores, con los cuales sólo pode cubrir la audiencia de Caracas y Maracaibo.
| Página siguiente |