El Gráfico N° 6 da cuenta de la incidencia de las microfinanzas en el país, el mismo que en América Latina tiene la mayor cantidad de prestatarios en relación con la población total y que a escala mundial se encuentra entre los de mayor penetración del servicio de microcrédito: 6% de la población nacional. Si se considera el tamaño de los créditos y que en Bolivia la pobreza tiene una incidencia importante, se hace evidente que las microfinanzas nacionales han logrado el acceso masivo al financiamiento de sectores de pobreza que normalmente no accedían a este tipo de servicios.
Desde el punto de vista del desarrollo, el financiamiento al sector productivo es central en la medida en que es el genera valor agregado, empleo y dinamiza el conjunto de la actividad económica nacional.
El Acceso Físico
Para lograr esta cobertura en sus servicios de crédito, ahorro, cambio de moneda, giros, cobro de servicios básicos (agua, energía y telefonía), pago de salarios y bonos, recepción de aportes y pago de impuestos, el sistema de microfinanzas desarrolló una importante red de agencias, sub agencias y puestos de atención a la población, con una evolución casi vertiginosa desde 2003, lo que le ha permitido superar a la banca en número de agencias, pues si se suman las de las entidades reguladas y las de las no reguladas, llegan caso a 800 en todo el país, mientras que la banca solamente cuenta con 308, especialmente luego de su expansión a partir de 2008.
En el siguiente grafico se puede observar cómo han evolucionado el número de agencias al pasar los años, esto se debe al aumento de la demanda de las microfinanzas.
Ilustración 3. Evolución del Número de Agencias.
El Acceso de la Población Rural
Tratándose de una población agricultura, la ausencia o insuficiencia de asistencia técnica, transferencia de tecnología y crédito constituyen graves limitaciones. Las microfinanzas, especialmente las IFD han puesto por ello énfasis en la atención de la población rural del país, mediante la apertura de un importante número de agencias en ese contexto.
El siguiente grafico muestra la evolución de esas oficinas, donde se percibe el dominio absoluto del sistema regulado y no regulado de microfinanzas: 309 agencias, frente a 67 de la banca convencional. La presencia de las cooperativas y mutuales es mucho menor.
Ilustración 4. Evolución de agencias rurales.
En el grafico podemos observar que la banca convencional se mantuvo prácticamente constante a través de los años, mientras que las microfinanzas reguladas y las IFDs fueron aumentando considerablemente, a finales del 2010 estas dos últimas fueron superiores a la banca convencional.
Equidad de Género
Otro núcleo poblacional reconocido como más afectado por la pobreza en general y por la derivada de condiciones de discriminación es el de las mujeres, el mismo que se ha constituido en el principal generador de la masa de clientes de las microfinanzas de Bolivia, tal como lo demuestran los siguientes datos a diciembre de 2010 consignados en el Cuadro N°1.
La información anterior muestra que existe una muy importante participación de las mujeres en los servicios de las instituciones de microfinanzas, en algunos casos incluso en una mayor proporción que los varones, lo que permite inferir sobre la existencia de un empoderamiento de ellas tanto al interior del hogar como ante la sociedad, pues se trata de servicios que utiliza tanto para la seguridad de la familia ante eventuales contingencias (diferentes formas de ahorro), como para la generación de ingresos (crédito y cuentas corrientes).
Ilustración 5. Clientes de Microfinanzas según su Género.
En este cuadro mostrado se puede deducir que el género femenino es un elemento importante en el ámbito de las microfinanzas.
El Costo del Acceso
Un tema de alta sensibilidad es la tasa de interés, la misma que es particularmente alta en el sistema de microfinanzas debido a sus costos comparativos mayores: i) pagan tasas pasivas algo más altas que la banca para hacer atractivos los depósitos ii) tienen previsiones regulatorias y voluntarias más altas iii) sus gastos son mucho más altos en razón de la cantidad de personal necesario para evaluación de cada pequeño cliente. El sistema de microfinanzas reguladas muestra una tendencia constante a la reducción de las tasas activas, la misma que tiene que ver con dos procesos simultáneos: i) una mayor eficiencia administrativa por el aprendizaje y la competencia entre instituciones y ii) el crecimiento de su cartera y en general del volumen de sus operaciones le ha posibilitado economías de escala.
La tasa de microfinanzas reguladas (19% en promedio) respecto a las que cobra la banca (7% en promedio) no parece tener un carácter crítico para los microempresarios, para quienes parece pesar más la no exigencia de garantías hipotecarias y el hecho de que en términos absolutos la tasa de interés signifique pequeñas sumas de dinero. Mientras que por otro lado la tasa promedio que cobran la IFD es algo más alta, pues a diciembre de 2010 se ubicaba en 23.98%, debió a que sus costos administrativo son también más altos, situados en alrededor del 16.5%.
Ilustración 6. Microfinanzas Reguladas.
Finalmente, el Gráfico N° 10 muestra un acercamiento a lo que viene a ser la estructura de la tasa de interés en las diferentes instituciones del sistema financiero nacional, donde se observa que el rubro de mayor incidencia es el de los gastos administrativos, con la diferencia que en las microfinanzas más de 12% del 19% cobrado como interés está compuesto por estos gastos. Esos costos se vinieron reduciendo desde 1997, cuando eran del 17.7%, sobre la base de una mayor eficiencia y del crecimiento de la cartera. Se observa también que la utilidad o margen neto de estas instituciones representa el 2.65% de la tasa, lo que equivale a decir que sin alguna política pública estableciese por decreto una tasa tope promedio de 16% estas entidades empezarían a tener pérdidas y en relativamente corto plazo entrarían en situación de insostenibilidad o quiebra.
Ilustración 7. La formación de la tasa de interés.
Impactos en la Pobreza y otros Indicadores Sociales
Como se dijo, se trata de resultados más difíciles de medir y sobre los que no existen en el país estudios completos. Sin embargo existen algunas aproximaciones que es importante sintetizar. En 1999 se realizó un estudio del impacto de FADES durante 1994-98, IFD que hasta ese año trabajó con el apoyo de la ONG Belga SOS FAIM por $us 885.000. Con ese monto la institución logró una rotación que le permitió colocar $us 4.2 millones en créditos para engorde de ganado, agricultura y comercialización de productos agrícolas en Tarija, Oruro, Potosí y la Paz. Los principales impactos fueron:
La producción agropecuaria promedio creció de 40% a 300%, según las zonas.
El impacto sobre los ingresos varía de 29% a 85% según las zonas; la excepción fue Potosí, afectado por el fenómeno del Niño.
Los ingresos del microcrédito para comercialización tuvieron como destino mejora de vivienda (35%), material y equipo de cocina (34%), bicicletas (24%), radios (19%) y educación de los niños (11%).
Por otra parte, un estudio de evaluación de impacto más agregado realizado en 2003 por FINRURAL sobre los programas de microcrédito de ocho instituciones de diverso tipo: IFD, Instituciones reguladas y cooperativas de ahorro y crédito arrojó los siguientes resultados:
El ingreso: en el micro-negocio cuyas ventas no superaban $us 500 por mes, se redujo en 18%; en los que vendían entre $us 500 y $us 2.000 se incrementó en 12% y en los que vendían más de $us 2.000 por mes subió en 6%.
El empleo: en los negocios que operaban con 1 ó 2 trabajadores redujo en 15%; en los que contaban 3 ó 4 trabajadores, se incrementó en 9% y en los que contaban con más de 5 creció en 6%.
La inversión: en los negocios con capital inferior a $us 500 se redujo en 19%, en los tenían entre $us 500 y $us 5.000 se incrementó en 13% y en los que superaban los $us 5.000 aumentó en 6%.
En el ingreso familiar: en las familiar con ingresos mensuales menores a $us 200 se redujo en 12%, en los contaban con ingresos que oscilaban entre $us 200 y $us 2.000 en incrementó en 2% y en los que tenían ingresos superiores a $us 2.000 subió en 10%.
La seguridad alimentaria de los hogares se incrementó en promedio en 10%.
La prevención de la salud de los hogares mejoró en 4%
La vivienda de los hogares mejoró en un 11%
La autoestima de las mujeres mejoró en 13% en las que fueron sujeto de crédito.
Las habilidades empresariales de las mujeres, medidas en su capacidad de llevar registros contable sencillo se incrementaron en 13% en promedio.
Conclusiones
Las instituciones de microfinanzas nacieron para atender un sector poblacional que desarrolla actividades económicas de pequeña escala desatendido por el sistema financiero tradicional y atendido erráticamente por el Estado. Esta orientación es importante en el país, caracterizado por la escasa generación de empleo formal y la presencia de una masa importante de autoempleo bajo la forma de microempresas, la mayoría informales.
Las microfinanzas tienen un papel social crucial creando directa e indirectamente nuevas oportunidades de trabajo para los grupos sociales más desprotegidos. No tienen un rol declarado en la salud y la educación, pero cumplen un papel en esos sectores a partir de i) los mayores ingresos de los microempresarios exitosos les permite atender de mejor manera sus necesidades de la familia.
La demanda reiterada de los microempresarios por los servicios de las entidades de microfinanzas constituye un indicador de la preferencia de esta clientela por ellos, la misma que se basa en la utilidad que le representa.
La permanencia del servicio constituye una necesidad de cualquier usuario, por lo que las instituciones de microfinanzas buscaron esta continuidad de su servicio en la autosostenibilidad.
La propuesta agraria del plan nacional de desarrollo: mucho ruido pocas nueces
El Plan Nacional de Desarrollo (PND) tiene un marco general agrarista, en el sentido de que toda su conceptualización inicial sobre el desarrollo concibe a la sociedad boliviana como una sociedad eminentemente agraria, donde deberían funcionar, como en el pasado, principios comunalistas y de reciprocidad.
Si alguna caracterización general puede hacerse del PND del gobierno antes de entrar a un análisis sectorial, es que constituye el reflejo de la gran confusión intelectual de sus autores, que llegan al extremo de elaborar una propuesta eminentemente agraria para un país fundamentalmente urbano. No hay un razonable reconocimiento de que el mundo urbano boliviano tiene fuertes vínculos económicos, sociales y culturales con el mundo rural debido a la migración reciente y se oferta retornar a una sociedad casi paradisíaca, sin propiedad privada, de bondadosos hombres originarios que habrían existido en un momento indeterminado en nuestro territorio.
La propuesta de transformación agraria
El Plan tiene como eje central su declarado deseo de solucionar los problemas de pobreza de las poblaciones originarias e indígenas, lo que constituiría una loable intención si no constituyera algo monotemático, que omite y olvida a sectores agropecuarios tan importantes como los de la agroindustria y la agro exportación, que constituyen ejes articuladores de la economía de regiones como Santa Cruz, Tarija, Beni, Pando y crecientemente Cochabamba.
Tras estas definiciones centrales, el PND diseña un conjunto de siete políticas (que si se suman son en realidad ocho, lo que muestra el apresuramiento de sus autores) ""para estos sectores" (es decir, los pueblos originarios e indígenas, pues al parecer no existen o no interesan los otros). Los aspectos más importantes contenidos en estas políticas son los siguientes:
Transformación de la estructura de tenencia y acceso a la tierra
Aquí, las propuestas aparecen en principio como sensatas y hasta administrativas: i) acelerar el saneamiento de tierras de modo que hasta el 2010 se logre beneficiar con este proceso a 56 millones de hectáreas (ha), ii) distribución inmediata de 2.2 millones de ha, las mismas que deben llegar a 20 millones al finalizar la gestión de gobierno, iii) crear un sistema de administración y registro de tierras iv) crear el catastro rural y desarrollar un sistema tributario sobre la tierra. Por otro lado; en consecuencia con su postulado comunitario, el PND anuncia que las tierras" se entregarán con carácter de propiedad colectiva a favor de un conjunto de familias que se registren previamente" y no podrán ser transferidas a terceros.
Dinamización de las capacidades de comunidades y territorios
Se trata de una confusa divagación sobre asentamientos humanos asistidos. Mientras que el Afianzamiento de derechos de los pueblos indígenas y originarios. Nuevas divagaciones sobre un Estado intercultural y el establecimiento de derechos territoriales indígenas y originarios, la recuperación de suelos degradados en altiplano y valles (sin decir cómo lograrlo ni con qué financiamiento).
Desarrollo tecnológico de producción agraria
Se trata de propuestas conocidas para combinar la recuperación de tecnologías tradicionales con otras externas, fuertemente centradas en la producción ecológica. Y la Ampliación de la cobertura de riego. Casi una copia de la Estrategia Nacional de Desarrollo Agropecuaria y Rural (ENDAR) denostada sólo porque fue elaborada durante el gobierno de Sánchez de Lozada.
También se tiene, la Producción para la soberanía alimentaria. Acápite mal concebido, donde parece sostenerse que la orientación principal debe ser la autosuficiencia de alimentos. En tanto que no se habla de productividad ni competitividad, es de presumir que estos son factores sin importancia para una economía muy cerrada, casi totalmente endógena.
Desarrollo rural
Donde se postula con bastante buen criterio la necesidad de vincular el mundo rural con el urbano a través del desarrollo de la agroindustria y la capacitación técnica agropecuaria y no agropecuaria (nuevamente muy parecido a lo de la ENDAR), pero poniendo énfasis en la propiedad colectiva o por lo menos asociativa de las plantas beneficiadoras, procesadoras y transformadoras, cuyos titulares serían las Organizaciones Económicas Campesinas (OECAs).
Industrialización de la coca
El programa culmina con la ya conocida propuesta de industrialización de la coca (solamente menciona trimate y harina) productos para los cuales se creará un programa encargado de buscarles mercado. Esta búsqueda implica un reconocimiento de la fragilidad de la propuesta, pues es evidente que no se puede industrializar algo que no se sabe si se podrá vender o no.
El sector agropecuario y la seguridad alimentaria
La subida de los precios de los alimentos constituye un fenómeno relativamente nuevo en el país, que afecta la economía familiar en general, pero especialmente la de los sectores de menores ingresos, que son los que destinan la mayor parte de su presupuesto al rubro alimenticio.
El incremento de los precios de los alimentos constituye desde 2004 una tendencia general, persistente y poco reversible en el corto plazo. Quiere decir que si bien algunos factores coyunturales la han acicateado en los tres últimos años, existen condicionantes estructurales que permiten pensar en un fenómeno de largo plazo (ver cuadro 1).
Ilustración 8. Índice anual de precios de los alimentos en el mundo deflactado.
Los factores estructurales que se encuentran detrás de este incremento y que hacen pensar que se trata de una tendencia de largo plazo son:
El aumento del ingreso medio de la población a nivel global, el mismo que se traduce en mayor consumo de alimentos básicos.
El crecimiento de la población de países en desarrollo en África, Asia y América Latina.
La reducción de la pobreza en China e India que en menos de 20 años ha incorporado al consumo a más 400 millones de personas.
Adhesión de la China a la OMC y por lo tanto incorporación de un mercado gigante al comercio liberalizado.
Los campos agrícolas del mundo están ocupados en labores de ganadería en un 70 por ciento, como tierras de pastoreo o de producción de pienso.
La situación nacional de precios y las políticas públicas
Naturalmente, la inflación alimenticia externa incidió en el incremento de los precios en Bolivia, pero también fueron importantes los factores internos, entre los que se cuentan tanto los de orden macroeconómico como los específicos del sector. Entre los primeros destacan:
El incremento de la masa monetaria en poder del público que abarata el precio del dinero e incentiva la demanda, principalmente de alimentos.
Las remesas de los bolivianos en el exterior que, al estar generadas en sectores de estratos bajos de la población, se orientan en lo fundamental al consumo.
El incremento del gasto corriente del gobierno, especialmente en sueldos y salarios de una masa creciente de empleados del Estado y de las nuevas empresas públicas.
Los bonos del gobierno a diferentes sectores de la población que tienden a reforzar el consumo.
El auge de la minería y la construcción, con la consiguiente generación de capacidad de consumo en los sectores asalariados de ambos sectores.
El siguiente cuadro presenta un panorama del incremento de precios acumulado producido en las tres ciudades del eje central del país en de los principales alimentos a partir de 2007; su cálculo parte de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), (ver cuadro 2).
Ilustración 9. Evolución del precio de productos de la canasta alimenticia.
En esta información destacan los elevados incrementos porcentuales del precio del azúcar y el maíz, pero también de la lechuga y la papa. Los dos primeros son productos vinculados a la agricultura mecanizada del Oriente, pero los dos últimos corresponden a las regiones de tierras altas, donde el predominio de la pequeña propiedad familiar campesina es absoluto.
La disponibilidad nacional de alimentos y los productos fundamentales
La seguridad alimentaria es un concepto bien trabajado y preciso que se refiere la necesidad de garantizar la disponibilidad de alimentos en un país y el acceso de la población a los mismos de manera permanente, inocua y nutritiva. Se trata por lo tanto de un concepto que articula la fase productiva y comercial de los alimentos con fenómenos tan complejos como la generación de ingresos y la situación nutricional de la población.
La agroindustria alimenticia
Para diferenciar la agroindustria de otras industrias no siempre se cuenta con estadísticas que la desagreguen de otras ramas industriales. El gráfico 9 ubica a la agroindustria en el contexto más general de la industria manufacturera y da cuenta de su importancia en la economía nacional, pues más de la mitad (el 52.2 por ciento) de las empresas existentes trabajan en el rubro de alimentos, bebidas y tabaco.
Ilustración 10. Estructura de la industria.
A su vez, tanto en la generación de valor agregado como de empleo, es el rubro de mayor incidencia dentro de la manufactura (ver cuadro 4).
Ilustración 11. Incidencia de la agroindustria en la industria manufacturera.
El comercio exterior alimenticio
Las exportaciones no conspiran contra la seguridad alimentaria pues constituyen un incentivo de ingreso sostenido muy importante para los productores y se traducen a la larga en incrementos en producción y productividad y en la generación de valor agregado, tal como ha sucedido con el complejo oleaginoso que se inició con la producción de semillas (granos) y hoy tiene su punto fuerte en los derivados.
Dada la concentración de las exportaciones en los productos sujetos a regulación gubernamental, la pérdida de los mercados que conlleva dejar de exportar los volúmenes de otros años, puede traducirse en el mediano plazo en un retroceso del crecimiento exportador del país en los rubros no tradicionales.
Por otra parte, las exportaciones agropecuarias constituyen una fuente de ingresos estratégica para el país, pues a diferencia de la minería y los hidrocarburos se trata de recursos naturales renovables, con efectos multiplicadores en otros sectores de la economía, generadores de empleo y con crecientes procesos de agregación de valor.
Coca: cultivo sin competencia
Durante los 90, la coca representó el 3 por ciento del PIB con una movilización de recursos de US$ 200 millones por año. A su vez la salida de sus derivados representó un 14.5 por ciento de las exportaciones del país. El desarrollo del producto tiene más o menos la siguiente historia:
Hasta 1990 creció la superficie y la producción con rendimientos de 2.3 TM/ ha.
Entre el 90-98 se mantuvo la producción y la superficie, pero los rendimientos cayeron a 2.2 TM/ha.
Con el Plan Dignidad, en el 2000 la superficie bajó de 37,921 ha a 19,953 ha.
Del 2000 en adelante se volvieron a incrementar las superficies y la producción al calor de los movimientos sociales del Chapare.
En 2007 la superficie llegó a 27,537 ha con 18,847 toneladas de producidas.
En 2008 se llegó a 30,500 ha.
Las estimaciones señalan que en 2010 se estaría en 35,000 ha.
No siendo un producto alimenticio, la coca incide indirectamente en la seguridad alimentaria debido a que compite con ventaja con cualquier cultivo tropical o semi-tropical, siendo el factor precio el determinante en su dinamización. Ello es tan evidente que mientras los programas de desarrollo se esfuerzan con poco éxito en promover a través de la capacitación la incorporación de nuevas tecnologías productivas para los cultivos alimenticios, la hoja de coca se cultiva en andenes trabajados con esmero, beneficiándose de todos los agroquímicos necesarios para su preservación y en algunos casos con sistemas de riego por aspersión.
Ilustración 12. Evolución de los rendimientos de la coca.
Algunas conclusiones
Hablar de departamento "estratégico" podría constituir una falacia chauvinista si no fuera evidente que en los próximos años el mundo continuará viviendo un proceso de crecimiento acelerado de los precios de los alimentos.
Un elemento fundamental que emerge de todos los diagnósticos es que el departamento de Santa Cruz es estratégico para la seguridad alimentaria nacional, pues genera los volúmenes más importantes de los productos que son básicos para atender los requerimientos de alimentación de la población. Constituye el nuevo granero de Bolivia.
Los precios internos de los alimentos continuarán teniendo presiones al alza como producto de la incidencia de los factores inflacionarios externos, pero también por las condiciones internas, entre las que corresponde destacar el incremento del ingreso de estratos pobres de la población producida en los últimos años a raíz de la confluencia de los precios externos de los productos de exportación, las remesas, las políticas públicas redistributivas y las actividades informales. Es decir, existe una inflación por demanda que incide en el índice de precios al consumidor.
Las políticas públicas han sido relativamente exitosas en la contención de la inflación y la disponibilidad física de alimentos, pero han sido de corto plazo, atacando en lo inmediato el precio y la escasez con altos costos para el erario nacional, pero sin promover el desarrollo de la oferta a largo plazo. Al contrario de ello, tanto los lineamientos macroeconómicos (tipo de cambio) como los específicos sectoriales (controles de precios, restricciones a las exportaciones, importaciones subvencionadas) han castigado a los productores en aras de proteger al consumo, generando pérdidas y desincentivos para la inversión y el crecimiento de la oferta.
Es evidente que la exportación de alimentos no es la causa del eventual desabastecimiento del mercado interno o del incremento de los precios, sino que más bien se requieren incentivos de precios (externos e internos) a los productores para crear la capacidad adquisitiva rural y superar la pobreza.
No es menos evidente que el incremento del precio de los alimentos afecta a los hogares más pobres, gran parte de los cuales tiene diversos niveles de desnutrición crónica, pero ello no debe llevar a que las políticas públicas sacrifiquen a los productores, sino que debe ser objeto de acciones específicas y focalizadas.
En el largo plazo la seguridad alimentaria de Bolivia ha mejorado, especialmente en los últimos 30 años de estabilidad macroeconómica, pues se han sustituido importaciones en diversos productos componentes de la canasta alimentaria, quedando solamente el trigo como producto con insuficiente oferta interna. De todos modos, con excepción de sus ciudades capitales, los departamentos de Potosí, Chuquisaca, Oruro, Cochabamba y La Paz son vulnerables en términos alimentarios.
En general existe en el país un culto a la pequeña propiedad que ignora las limitaciones de la escala micro en la economía y que tiende a castigar al que crece, generándole inseguridad jurídica mediante políticas punitivas, como la reversión de la tierra por causas menores.
Otra señal negativa que reciben los productores son las revisiones bi-anuales al cumplimiento de la Función Económico Social (FES) establecidas en la Ley de Reconducción Agraria, pues pende sobre ellos la amenaza de reversión de las tierras por razones a veces menores. Ello los inhibe de realizar nuevas inversiones y puede inducirlos a trabajar solamente el 25 por ciento de sus propiedades; es decir, lo estrictamente necesario para no incumplir la FES.
El gobierno nacional ha destinado un presupuesto especial para que cada municipio desarrolle proyectos de riego (US$ 300.00 para cada uno); sin embargo, no se produjeron desembolsos debido a la inexistencia de estudios de factibilidad.
La coca afecta de alguna manera a la seguridad alimentaria, no solamente debido a que incide en el deterioro de suelos y afecta la cobertura vegetal con los chaqueos que propicia, sino también a que con su rentabilidad genera desincentivos para otros productos.
A continuación, se proponen acciones para el mejoramiento de la seguridad alimentaria nacional y el desarrollo agropecuario en general, algunas de las cuales fueron tomadas de la agenda del Grupo DRU Y otras emergen de los estudios de la presente publicación.
Inmediatas
Es imperativo eliminar las restricciones comerciales, de precios y de exportación a los productos alimenticios que frenan el desarrollo a mediano y largo plazo de la producción e implican un castigo a los productores.
Incentivar la inversión privada agropecuaria orientada a la producción de alimentos Mediante la facilitación del acceso a financiamiento adecuado, tanto 150 en crédito como en otras modalidades.
Moderar y/o reducir la sobrevaloración de la moneda nacional con objeto de evitar la pérdida de competitividad de la producción nacional.
Subsidiar directamente el consumo de alimentos de los sectores más vulnerables, previa identificación y focalización, y evitar el subsidio generalizado al consumo.
Generalizar la práctica del desayuno escolar en todos los municipios del país, con compras de productos nacionales y locales.
Liberar de impuestos la importación de semillas de alimentos y de fertilizantes.
Dejar de ver la crisis alimentaria mundial como una amenaza y orientar las políticas públicas y el accionar privado a transformarla en una oportunidad, tanto para aprovechar los precios para el desarrollo de la economía nacional como para acelerar el estrechamiento de los términos de intercambio campo-ciudad y apoyar por esa vía la reducción de la pobreza.
Modificar la Ley de Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria con objeto de que sus beneficiarios sean de verdad productores y no organizaciones político- territoriales no vinculadas directamente a la producción.
Reconocer a las asociaciones de productores y las OECAs como los interlocutores válidos de los pequeños productores del Occidente con objeto de concertar políticas productivas de apoyo a la seguridad alimentaria.
Promulgar la Ley de Garantías muebles y prendarias con objeto de facilitar el acceso al crédito a aquellos productores que carecen de garantías inmobiliarias.
Mediatas
Recuperar la potencialidad productiva del occidente del país.
Crear sistemas descentralizados de extensión agropecuaria y asistencia técnica, utilizando la capacidad instalada existente de recursos humanos en instituciones, ONGs, proyectos y empresas.
Aclarar la división de roles entre el Ministerio de Salud, las Alcaldías y el SENASAG e institucionalizar este ultimo de modo que cumpla su misión de certificar las condiciones exportables de la producción nacional y de garantizar la inocuidad de los alimentos que consume la población.
La capitalización: apuntes para una evaluación
Antecedentes: las empresas estatales bajo el modelo del 52
El proceso de capitalización iniciado en Bolivia en 1994 constituye un intento por dar salida a la crisis del Estado del 52, la misma que presenta síntomas terminales desde principios de la década de los años 80.
En lo estructural, el Estado del 52 había mostrado resultados de enorme importancia, junto con notables fracasos. Entre los primeros destaca la nacionalización de las minas, como medida orientada a concentrar los excedentes de la minería con objeto de destinarlos al desarrollo y a la vertebración nacional. El resultado de esta concentración fue la incorporación del oriente boliviano a la actividad económica y productiva del país.
Pero lo que constituyó un éxito en el proceso de desarrollo de la nacionalidad llevaba implícito el germen de su fracaso económico, pues la transferencia de los excedentes generados por la COMIBOL a otros destinos privó al consorcio estatal minero de recursos para exploración y renovación tecnológica. Además de ello, la administración estatal de lo productivo generó un nuevo patrón de acumulación privado, centrado en la articulación de una burguesía intermediaria, ligada estrechamente con los negocios del Estado empresario.
En Bolivia se concibió entonces que los transportes, la energía y los recursos del subsuelo constituían sectores estratégicos que debían ser reservados al control del Estado o, a lo sumo, concedidos en contratos temporales de administración al sector privado. COMIBOL, YPFB, ENFE, ENDE, LAB, ENTEL Y ENAF fueron la expresión empresarial de estos sectores, aunque algunas de ellas habían nacido antes de la Revolución Nacional.
De este modo, la revolución de 1952, que sentó las bases de un país estatista, tuvo el mérito de construir una nación más integrada, al incorporar a la por entonces mayoría indígena a la vida ciudadana y al utilizar los excedentes mineros para el desarrollo de otros sectores y regiones. Por lo demás, la intervención estatal en la producción y en los servicios aparecía como fundamental en un país con un casi nulo desarrollo del mercado de capitales y la ausencia de un empresariado dinámico.
Sin embargo, al concebirse como eje de la redistribución y benefactor de las nuevas clases sociales emergentes, también consolidó un modelo de políticas públicas que obstruyeron la vida de las empresas y el propio desarrollo nacional.
La situación interna de las empresas y sus desafíos
Como casi todos los países de la región, Bolivia desarrolló grandes empresas estatales en actividades que casi siempre constituyen monopolios naturales o exigen elevados niveles de inversión: dos productoras (YPFB y ENAF) y cuatro de servicios no transables (ENTEL, ENDE, ENFE y LAB). La otra de las grandes empresas -COMIBOL- virtualmente ya no existe y se limita a la administración y concesión de unidades descapitalizadas.
Con todos sus problemas, esas empresas constituyen un patrimonio nacional que durante muchos años la conciencia nacional se negó a enajenar, probablemente intuyendo que constituían parte de una acumulación del país. Sin embargo, es importante analizar, caso por caso, su realidad y las condiciones que hicieron necesaria y posible su capitalización, sustituyendo todas las propuestas de enajenación o privatización directa.
La empresa nacional de electrificación
El desarrollo inicial de la energía eléctrica en el país es el resultado combinado del impulso de la economía minera en el Occidente y del esfuerzo cooperativo de sus habitantes en el Oriente. Este último tuvo las características de un auto esfuerzo solidario verdaderamente ejemplar, especialmente en Santa Cruz.
Esta ejemplaridad, sin embargo, es propia de una fase de gestación, nacimiento y crecimiento de urbanizaciones, cuando la cuota del vecino sirve para la compra del postaje y el tendido de cables y las actividades económicas empiezan a perfilarse, pero resulta insuficiente cuando se la pretende aplicar a complejos contextos urbanos, afectados por industrias demandantes.
De hecho, el tema energético es sumamente complejo, pero en Bolivia el sector tuvo las características desordenadas de la emergencia, aunque siempre con avances positivos. Desde la creación de la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica, en 1908 -como un esfuerzo privado fallido-, esta tarea tuvo que ser asumida por una sociedad mixta con fuerte injerencia estatal.
La empresa mixta de Cochabamba, la empresa privada en La Paz creada en 1925 y la CRE de Santa Cruz fundada en 1962 son expresiones de la mixtura de modalidades institucionales, tecnologías, jurisdicciones y funciones que existían en el país incluso después de la creación de ENDE en 1962, cuyo principal mérito consiste en haber logrado la interconexión entre los sistemas. Las más importantes empresas eléctricas del país eran la siguientes:
Empresa Nacional de Electricidad S.A. (ENDE)
Compañía Boliviana de Energía Eléctrica S.A. (COBEE)
Cooperativa Rural de Electrificación Ltda. (CRE)
Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica Cochabamba S.A.M. (ELFEC)
Cooperativa Eléctrica Sucre S.A. (CESSA)
Servicios Eléctricos Potosí S.A. (SEPSA)
Servicios Eléctricos Tarija S.A. (SETAR)
Cooperativa de Servicios Eléctricos Trinidad Ltda. (COSERELEC)
Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica de Oruro S.A. (ELFEO)
Varias cooperativas y municipalidades que distribuyen energía eléctrica.
En esta multiplicidad de agentes, no había una estructura racional que separe con nitidez y transparencia las fases de generación, transmisión y distribución lo que introducía ventajas monopólicas en actividades que pueden ser fácilmente competitivas, como era el caso de COBEE.
Probablemente, ENDE ha sido de lejos la mejor de las empresas públicas desde el punto de vista de su gestión. Ello ha sido posible debido a dos factores concurrentes: (i) su organización como sociedad anónima, donde se imponía el criterio del Directorio por encima de los de los ministros sectoriales, y (ii) el poder de veto sobre la designación de los gerentes que tuvo el Banco Mundial durante 15 años, por ser el principal ente financiador.
Ilustración 13. Capacidad instalada y generación de energía 1995.
En este contexto, el sector presentaba un sistema tarifario absolutamente arbitrario y distorsionado, que, por una parte, no reflejaba el costo del servicio, y, por otra, introducía subvenciones o imposiciones indiscriminadas a la industria, el comercio y los servicios, haciendo imposible determinar la verdadera competitividad de los agentes económicos.
El potencial hidroeléctrico del país se estima en 18.000 MW de potencia instalable para una producción potencial de energía de 90 Mwh por año. Uno de los desafíos del sector de energía eléctrica en Bolivia es crear condiciones para un desempeño eficiente y competitivo de las empresas encargadas tanto de la generación como de la distribución, con el doble objetivo de que el costo energético no se constituya en un factor de alta incidencia en el desenvolvimiento de la economía nacional y que, sin embargo, el sector sea atractivo para las inversiones, especialmente para desarrollar el potencial hidro y termoeléctrico del país.
Ilustración 14. Distribución de energía y demanda 1995.
Pero, a decir verdad, Bolivia no cuenta con industrias electro intensivas sino con aquéllas en las que la electricidad es apenas un insumo. Los recursos para las inversiones necesarias para este rubro no existen en el país y las posibilidades de financiamiento externo al sector público son prácticamente nulas, lo cual es grave si se considera que el sector eléctrico es intensivo en capital.
En este sentido, el principal desafío consiste en que la capacidad instalada nacional se desarrolle de manera tal que atienda la demanda interna, pero sobre todo que sea posible ganar los mercados de los países vecinos, fuertemente afectados por una demanda potencial insatisfecha: Brasil, entre 200 y 500 MW; Chile, 150 MW; Perú, entre 60 y 100 MW; y Argentina, 60 MW.
La empresa nacional de telecomunicaciones
La Empresa Nacional de Telecomunicaciones nació a fines de 1965 con objeto de prestar servicios públicos. En realidad, se trataba de servicios muy precarios que operaban con grandes dificultades no solamente debido a la obsolescencia de los equipos, sino también a la carencia de un sistema regulatorio que evite el congestionamiento.
A pesar de las limitaciones propias de toda empresa estatal, ENTEL ha tenido un sistemático e importante desarrollo, el mismo que le ha permitido contar con un patrimonio interesante desde el punto de vista económico, pero muy importante desde el punto de la incorporación de tecnología.
En 1995, Bolivia sólo tenía 260.000 líneas en servicio, con una demanda insatisfecha de 240.000. La densidad telefónica era de 3,8 por cada 100 habitantes con un diferencial de 7,02 a nivel urbano y de 1,2 a nivel rural, comprendiendo un total de 538 centros poblados atendidos. La antigüedad promedio de los equipos era de más de 10 años, justo en el momento en que la revolución tecnológica está provocando un acelerado proceso de descarte en el rubro de las comunicaciones.
Los indicadores del a continuación, muestran por un lado la baja densidad del servicio de comunicaciones en Bolivia y, por otro, hasta qué punto este servicio constituye una suerte de producto suntuario, que está al alcance de las élites, pero que resulta sumamente oneroso para el conjunto de los ciudadanos, y para el sector empresarial.
Ilustración 15. Indicadores de comparación internacional 1995.
De acuerdo a la escala de penetración de las comunicaciones, los flujos económicos y el tráfico de ENTEL son pequeños: US$ 68,3 millones de venta de servicios en 1994; 149,5 millones de minutos por año de tráfico nacional y apenas 21,9 millones de minutos en el tráfico internacional.
Finalmente, dada la particular posición geográfica del país, el desarrollo de una infraestructura de comunicaciones le abriría las puertas de un vasto mercado regional, que podría contar en Bolivia con una suerte de centro articulador del tráfico de las telecomunicaciones.
El lloyd aéreo boliviano
El Lloyd Aéreo Boliviano (LAB) fue creado en 1925 a partir de la donación de un avión monoplano Junkers f-13 de un solo motor y con capacidad para dos tripulantes y cuatro pasajeros. La donación fue hecha por los residentes alemanes en Bolivia en ocasión del primer centenario de la República (Boero).
Como muestra el cuadro, el LAB fue siempre una pequeña empresa de aviación comercial dotada de una muy pequeña flota de aviones, la misma que llegaba a 10 al momento de su capitalización. En 1992 cubría 21 rutas nacionales y 16 destinos internacionales. En 1994 las primeras se habían reducido a 12, como consecuencia de la eliminación de algunos destinos que no solamente no eran rentables, sino que representaban una carga onerosa para la empresa, la misma que venía acumulando pérdidas durante muchos años, especialmente desde 1992, lo que disminuyó su patrimonio.
Ilustración 16. Las flotas del LAB.
La principal ventaja que presentaba el LAB era que, en su calidad de línea bandera nacional, había suscrito una importante cantidad de convenios con diferentes países del mundo para abrir servicios hacia ello.
La empresa nacional de ferrocarriles
Bolivia cuenta con 3.643,9 km de vías férreas en dos redes desconectadas entre sí en la medida en que obedecen a dos lógicas y dos historias diferentes. La Red Occidental, especialmente la que orienta ramales hacia el Pacífico, es la más antigua y tiene su origen en 1913, cuando se planteó la necesidad de la minería andina de conectar los centros de producción con las ciudades proveedoras de insumos y alimentos y, demás, con los mercados externos.
Ilustración 17. Red ferroviaria nacional.
El material rodante de ENFE está conformado por unidades que no han sido nunca renovadas. Sus locomotoras constituyen piezas únicas en el mundo que en su momento fueron compradas en fábricas de Alemania y Japón que ya han discontinuado la producción de este tipo de máquinas; por ello, la reparación de cada una de ellas demora por lo menos 8 meses, pues los repuestos deben ser fabricados expresamente. El costo promedio de reparación de cada una asciende a US$ 400.000.
Siendo iguales los problemas descritos en ambas redes, la Oriental tuvo permanentemente ventajas sobre la Occidental. En primer lugar, la soya boliviana está en expansión y es el principal producto transportado hacia Puerto Quijarro, mientras que en Occidente los minerales están en decadencia y además las políticas nacionales se orientan a reducir sistemáticamente las importaciones y donaciones de trigo.
Finalmente, ambas redes mantenían un sistema tarifario orientado a subvencionar a determinados sectores, con objeto de hacerlos competitivos en el mercado externo o de mantener precios estables en el mercado interno. En el primer caso eran los exportadores de minerales y soya, y en el segundo los importadores de trigo.
El sueño boliviano de unir la Red Occidental y la Oriental no tiene posibilidades de concreción en el corto plazo, al menos mientras el país no pueda garantizar altos tonelajes de carga a los ferrocarriles. Pero resulta que todos los altos tonelajes que se comercializan hacia ultramar, con excepción de los que llevan minerales, salen por el océano Atlántico y no por el Pacífico, pues son los traders y no los países los que organizan los flujos comerciales mundiales.
Frente a esta realidad, el país tenía tres alternativas: cerrar los ferrocarriles (al menos en su red occidental), continuar cargando al Estado con una pérdida de US$ 20 millones por año o buscar una administración privada medianamente eficiente.
Yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos
En poco más de 60 años de existencia, YPFB sólo exploró el 13 por ciento del territorio potencialmente hidrocarburífero del país y mantuvo un nivel de producción que osciló entre los 20.000 y los 25.000 barriles diarios de petróleo, debido principalmente a su crónica carencia de tecnología y capital y a las transferencias realizadas al TGN (Royuela). Asimismo, hasta la fecha en el país solamente se han perforado 1.600 pozos y se encuentran en producción 470 (Fundación Milenio, 1996a).
El cuadro muestra la existencia de 61 campos petrolíferos manejados por YPFB y sus contratistas, 17 centros de almacenamiento de productos, 4 plantas de tratamiento de gas y 4 refinerías. Del total, 37 campos se encuentran en producción, 9 en reserva y 14 fueron abandonados. En estos datos, llama la atención la poca cantidad de infraestructura gasífera a pesar de ser los yacimientos principalmente de gas. Ello explica que debido a la inexistencia de mercado se debe proceder a la quema o a la re-inyección de condensado. Lo primero representa una pérdida neta, lo segundo un costo tan alto como el que se tiene para la extracción.
Ilustración 18. Infraestructura hidrocarburífera.
El Cuadro No.7 muestra la infraestructura de transporte existente en el país, compuesta en total por 3.791 km de oleoductos y poliductos y 2.431 km de gasoductos. A ellos se sumarán el proyectado gasoducto Santa Cruz – Trinidad y el de exportación a Brasil. Este último tendrá en territorio boliviano una extensión de 563 km y en territorio brasileño de 1.240 km.
Ilustración 19. Ductos existentes.
Con objeto de evitar la descapitalización, desde 1985 Yacimientos niveló sus precios con los del mercado internacional, pero mantuvo la obligación de entregar el 65 por ciento de sus ingresos brutos al TGN. Del 35 por ciento restante debía aún aportar el 11 por ciento como regalías a las regiones productoras, cubrir sus costos operativos e invertir.
Los niveles de inversión de YPFB no han sido desdeñables, pues han permitido mantener las reservas de hidrocarburos en niveles aceptables, garantizando el abastecimiento por 12 años. Estas inversiones se estiman en US$ 70 Millones por año, pero se han venido concretando a través de endeudamiento interno y externo, lo que implica que mantener ese ritmo no era ya sostenible. A pesar de ello, algunos niveles de obsolescencia son graves, como por ejemplo en la refinería de Chuquisaca.
Es decir, el principal desafío de YPFB consiste en desarrollar sus reservas de gas de modo de transformarlas de probables en probadas y convertirse así en proveedor de este producto al Brasil y eventualmente a otros países de la región. Más aún, dada la posición central del país respecto a los eventuales mercados, desarrollar una infraestructura de ductos hacia Brasil, que es y será de lejos el principal demandante, es interesante incluso para canalizar a través de ellos las exportaciones gasíferas de otros países.
La empresa metalúrgica de vinto (emv)
La fundición de estaño en Bolivia es parte de los intentos de emancipación económica nacional, pues es consecuencia de prolongados esfuerzos técnicos y políticos por superar casi 80 años de exportación de concentrados que incluían, por una parte, metales como plomo, plata y cobre por los que no se le reconocía valor alguno, y, por otra, tierra inaprovechable sobre la que se pagaban fletes falsos.
El cuadro muestra las vicisitudes de la producción de la EMV debidas en lo fundamental: (i) a la crisis internacional de los precios del estaño; (ii) a problemas tecnológicos producidos a raíz de la dificultad del diseño original para adaptarse a la evolución del tipo de mineral ofertado por el mercado; y (iii) a los problemas financieros provocados por la planta de concentrados de baja ley. Pero los problemas se debieron también a la ausencia de gerencia con sentido empresarial y a la presencia de un sindicalismo corporativo.
Ilustración 20. Producción de estaño metálico de ENAF.
Los problemas financieros de la empresa llegaron a ser tan graves, que su funcionamiento solamente se hizo posible merced a su situación monopólica, derivada de la obligación impuesta a los productores de entregar el 100 por ciento de su producción a Vinto.
Las alternativas: privatización o capitalización
La realidad interna de las empresas estatales constituye una expresión nítida del agotamiento del modelo de capitalismo de Estado, proceso en el cual aquéllas pasaron de ser ejes articuladores del desarrollo, sustitutivos de la precaria burguesía nacional, a centros propiciadores de procesos de acumulación originaria y finalmente a meros resortes de a temperamento del desempleo urbano.
Independientemente de los posibles efectos perversos de dichos fenómenos, lo evidente es que la globalización no es sino la consecuencia del cambio tecnológico sin precedentes que está viviendo la humanidad, que posibilita nuevas escalas de producción, pero también nuevas calidades. Ello supone, a su vez, formas diferentes de organización de los servicios y de aprovisionamiento de materias primas (Baldivia).
La hipótesis del fortalecimiento de las empresas estatales no es por tanto viable en el país en la época actual o, en todo caso, resulta orientada solamente a la prolongación de su rol de amortiguadora del desempleo, más aún cuando se integran en el sistema pre bendal desarrollado por el sistema político boliviano.
Por lo tanto, la privatización de las empresas estatales supone por lo menos que ellas tienen la posibilidad de ser rentables; caso contrario, el Estado tiene la opción de continuar sosteniéndolas artificialmente, cerrarlas o enajenarlas a precios de liquidación. De hecho, es lo que ha venido sucediendo con algunas de las minas de COMIBOL y con varias de las empresas creadas por la CBF.
El proceso de capitalización: descripción y contenido
El proceso de capitalización, que se inició en Bolivia con la Ley No. 1544 de 21 de Marzo de 1994, autoriza al Poder Ejecutivo a aportar los activos de las empresas estatales para la constitución de nuevas SAM, a distribuir gratuitamente su paquete accionario a los ciudadanos bolivianos mayores de edad a través de las AFPs y a vender, mediante licitación pública internacional, las acciones de nueva emisión resultantes de un proceso de incremento de capital de las empresas. Finalmente, establece determinadas inhabilitaciones para asegurar la transparencia del proceso.
El proceso de capitalización tiene ocho pasos fundamentales, que es preciso sintetizarlos para comprender sus alcances y sus diferencias y similitudes con la privatización llana:
Determinación del valor en libros del patrimonio de cada una de las empresas a ser capitalizadas "de acuerdo a normas contables y de auditoría aceptadas nacional e internacionalmente'' (Ministerio de Capitalización, 1997a).
Los trabajadores de las empresas tenían frente a sí la opción de continuar como asalariados o comprar acciones hasta un monto equivalente a sus beneficios sociales y convertirse así en socios de empresas administradas por capitales extranjeros. La disyuntiva no era fácil, pues en el marco del tradicional accionar de los sindicatos ello equivalía a "traicionar a la clase obrera".
Ilustración 21. Trabajadores que compraron acciones.
Esta participación de los trabajadores en la composición accionaria de las empresas es similar a la que se ofreció al sector laboral en otros procesos de privatización de América Latina.
A diferencia de un proceso de privatización directo, donde lo fundamental es la oferta económica, en el caso de la capitalización la licitación resultó más compleja, pues más allá de la oferta era preciso calificar y verificar la idoneidad técnica y administrativa de los inversionistas que se constituirían en socios capitalizadores. La aplicación de este proceso de verificación requirió, por su complejidad, de la participación de 24 empresas asesoras internacionales.
El Gráfico ilustra los resultados del proceso de capitalización emergentes de esta fase, en la que se obtuvieron US$ 1.670 millones de inversión nueva en 5 de las 6 empresas. Este monto no tiene precedentes en la inversión privada en el país, porque además significa recursos netos que ingresan al país, ya que no constituyen un pago por el patrimonio previamente existente, sino un aporte patrimonial a las empresas. El conjunto de ellas pasó de US$ 689 millones de patrimonio a US$ 2.359 millones.
Ilustración 22. Aporte de socios vs valor en libros.
Las empresas de electricidad
El paso previo a la capitalización de ENDE fue una organización del mercado mediante la Ley de Electricidad No. 1604 de 31 de Diciembre de 1994. La desregulación afecta primordialmente a la generación, estableciendo un mercado competitivo para esa actividad, mientras que las fases de transmisión y distribución se mantienen reguladas debido a sus situaciones monopólicas Con carácter previo al proceso de capitalización del sector, con el objetivo de crear situaciones para un desempeño eficiente y competitivo de las empresas del sector y atraer la inversión privada para la expansión. El mercado de generación está compuesto por un mercado mayorista de operadores dentro del SIN en el que existe un mercado de contratos de suministro y un mercado spot de transacciones de compra-venta de electricidad a corto plazo. Las preselección de los operadores de la generación fueron las siguientes: un mínimo de 200 MW de capacidad de placa (instalada en planta) en centrales de su propiedad en los últimos 3 años; antigüedad no menor a 5 años en el rubro; eficiencia hidráulica del 90 por ciento y térmica del 85 por ciento; patrimonio neto superior a US$ 100 millones y relación deuda/patrimonio máximo de 5.
Los montos deben destinarse en un 90 por ciento a bienes de capital y un 10 Por ciento a operación, lo que comprende un fenómeno de gran magnitud en el desarrollo energético del país, pues hasta el presente ENDE no contaba con recursos propios para invertir y para hacerlo siempre debió acudir a la deuda externa, el mismo que era permanentemente subrogado por el gobierno. En los últimos años, los principales financiadores (Banco Mundial y BID) restringieron sus créditos al sector como parte de su política de no subsidiar sectores que pueden lograr desarrollos tecnológicos importantes si cuentan con una administración privada. El aporte de inversión de más de US$ 1 39 millones logrado con la capitalización garantizara el crecimiento tecnológico y genera condiciones para iniciar la exportación de electricidad a los países vecinos.
El método tarifario constituye ahora que las empresas de generación cobran Según su precio marginal, es decir, a tarifas competitivas, porque la superintendencia sectorial solamente fija los topes máximos. Las empresas de transmisión Cobran según su precio más un rendimiento establecido y las de distribución según un precio tope con un factor de eficacia. Estos sistemas tarifarios basados en lo fundamental en la eficacia económica suelen traer aparejados graves problemas políticos, pues las distorsiones actuales del método se transparentan en los costos y ello incide inevitablemente en elevaciones tarifarias que molestan a la comunidad. Esto es precisamente lo que sucede tras la capitalización en Bolivia. Asimismo, este método de tarifación no motiva al empresario eléctrico a buscar la eficacia en el futuro, sino simplemente a trasladar los costos al usuario.
La Empresa Nacional de Telecomunicaciones
La capitalización de ENTEL planteo como objetivos duplicar la densidad telefónica a nivel nacional, renovando la red y los servicios ofrecidos y así constituir la infraestructura para la apertura del mercado. Con la aportación del capital, la telefonía debe alcanzar -en los próximos 6 años- a todas las poblaciones del país que tengan más de 350 habitantes; se tiene que instalar -en 18 meses- 5.000 nuevos teléfonos públicos; se asegura que en 6 años se satisfará el 95 por ciento de las solicitudes de servicio telefónico y en ese mismo lapso se reemplazará todos los equipos de tecnología antigua por equipos digitales, de modo que en todo el país se cuente con los servicios de larga distancia nacional e internacional, satélite, telefonía celular, distribución de señales por cable, transmisión de datos, télex y telegrafía, buscapersonas, teléfonos públicos y telecomunicaciones locales.
Los requisitos para la selección de las empresas que pretendían ser socias estratégicas, eran las siguientes: ser operador del sector o estar relacionado con una empresa que lo sea; haber prestado servicios telefónicos en 1994 a más de 900.000 líneas principales; contar con un nivel de ingresos superior a US$ 2.000 millones y un rating crediticio a largo plazo "A" o "BBB".16. Hablando de la telefonía pública tiene un 90 por ciento de avance en método de instalación de 5.000 conexiones en todo el país, de las cuales 1.400 están en las áreas rurales. A su vez, en 1996, la telefonía rural ha llegado a 50 nuevas poblaciones. Sin embargo, el avance de mayor importancia se está concretando en materia de telecomunicaciones es el tendido de la red de fibra óptica, que ya tiene un avance del 80 por ciento y esto permitirá ampliar la red analógica de transmisión al sur y sucesivamente a la red troncal digital para finalmente ofrecer a los países vecinos un nodo de transmisión que sea el puente del tráfico internacional entre Brasil, Paraguay, Argentina, Chile y Perú, además del tráfico de cada uno de esos países hacia el resto del mundo (ENTEL).
La fibra óptica es considerada como la tecnología más avanzada en comunicaciones, pues tiene las siguientes ventajas:
Permite llevar mucha información por una sola fibra (mientras el mejor cable común transporta hasta 140 megabits, cada fibra lleva más de 2.000), es inmune a las tormentas, no le afecta la electricidad, no puede ser interferida y el peso y tamaño de los cables es pequeño.
Finalmente, en materia laboral la empresa capitalizada ha introducido el contrato colectivo de trabajo, vieja aspiración del sindicalismo boliviano, que comprende una novedad en materia del relacionamiento obrero-patronal. Esta modalidad supone, por un lado, un sistema de remuneración variable, basado en premios e incentivos relacionados con la productividad, medida a su vez a través de parámetros Acordados con los trabajadores, y, por otro, condiciones de estabilidad.
El Lloyd Aéreo Boliviano
La capitalización del LAB se encamino a modernizar la flota, expandir rutas, Lograr economías de escala, evitar la interferencia político-sindical en la administración y mejorar los servicios para establecer competencia a largo plazo. Debido a la dificultad de poner metas precisas a los potenciales socios en un rubro tan delicado y con una empresa tan precaria, no se fue demasiado rígido en el señalamiento de las contribuciones del inversionista, de modo que se abrieron cuatro líneas de posibles aportes: (i) efectivo; (ii) aeronaves y equipo relacionado, (iii) aportes especiales en asesoría gerencial y alquiler operativo de naves; y (iv) una combinación de las tres anteriores.
Si supera los problemas de servicio, el LAB capitalizado se aprovecha al máximo las potencialidades dormidas de la empresa, que consisten en el conjunto de acuerdos suscritos con otros países para operar con ellos. De hecho se ha abierto la ruta a México y está próxima a abrirse otra a Cuba. Sin embargo, la perspectiva más importante que busca explotar el LAB capitalizado es el movimiento del MERCOSUR, tanto entre los países que lo constituyen como en su relacionamiento con los puertos del océano Pacífico.
Las empresas ferroviarias
La táctica de capitalización de los ferrocarriles bolivianos se orientó primero a distribuir los bienes de ENFE en tres tipos:
Bienes que se transfieren en calidad de propiedad a cada una de las empresas capitalizadas: material rodante y repuesto, equipos de telecomunicación, existencias en almacenes y equipos y materiales de maestranzas.
Bienes que continúan siendo propiedad del Estado, pero que se otorgan en licencia a las empresas capitalizadas: vías y obras, infraestructura ferroviaria, edificios y terrenos necesarios para las operaciones, y vehículos y equipo pesado.
Bienes que permanecen en poder de ENFE estatal hasta que sean liquidados: bienes raíces excedentarios, vehículos, equipo pesado y todo tipo de material excedentario.
Las empresas capitalizadas deben explotar el mercado ferroviario de pasajeros y carga, sustentar y reparar la infraestructura y comercializar los servicios. Los derechos de operación se conceden por 40 años.
Dentro de estas empresas, el socio estratégico debe administrar por 7 años renovables la empresa capitalizada, invertir el aporte comprometido y prestar un Servicio eficiente y seguro, resguardando el buen estado de los bienes afectos. Por su parte, la subsistente ENFE estatal debe liquidar los bienes excedentarios y crear unidades empresariales de servicios ferroviarios. Se trata, por tanto, de una empresa estatal en proceso de desaparición.
En síntesis: los desafíos viables que deben enfrentar los ferrocarriles del país son más bien modestos, pero importantes para favorecer la articulación de la producción nacional con los mercados externos. Bajo la administración estatal ello no solamente que se había tornado imposible, sino que la crisis tenía características terminales y se encaminaba a la desaparición de la empresa de ferrocarriles.
Las empresas hidrocarburíferas
La Ley de Hidrocarburos, aceptada antes de la capitalización, creo la restricción de operación de cada una de las etapas de la explotación, desde la exploración hasta la comercialización al detalle de los productos refinados. Las condiciones de preselección de los socios estratégicos del sector fueron básicamente tres:
Ser actualmente operador del sector hidrocarburos o estar relacionado con uno que lo sea.
No ser parte de empresas extranjeras en las que directa o indirectamente el sector público de otros países participe con más del 50 por ciento en la propiedad accionaria.
Tener una calificación crediticia "Senior unsecured" en los mercados internacionales de capital que sea por los menos "B" (excepto para comercialización).
Las fases más caras del proceso y que requieren mayores niveles de tecnología y de inversión -la exploración, la producción y el transporte por ductos- fueron capitalizadas con el aporte de 3 compañías.
Las acciones de exploración y operación de hidrocarburos (gas y petróleo) fueron divididas en dos bloques equivalentes en todo el territorio nacional y concedidas a dos consorcios que pagaron montos muy superiores al valor en libros y que participarán a prorrata en los mercados de gas y petróleo y competirán entre sí. La exploración compromete 8 años de adjudicación inicial, al cabo de los cuales la concesionaria deberá devolver por lo menos el 50 por ciento del área que le tocó, salvo que haga descubrimientos comerciales, en cuyo caso podrá seleccionar un área de explotación que tenga como máximo 25.000 has.
Las operaciones de exploración y operación fueron juntadas con el objetivo de que cada una de las empresas concesionarias tenga como aliciente de la exploración la consecuente explotación de los recursos.
La fundición de Vinto
La capitalización de esta empresa fue uno de los fracasos del proceso de Capitalización en su conjunto, las razones de este fracaso pueden atribuirse, por un lado, al clima social reinante en los mencionados centros mineros y, en general, en el departamento de Oruro, que poco ha cambiado respecto al pasado Por otro lado, colocar en un mismo paquete las minas y la fundición pudo haber sido un contrasentido, en la medida en que las primeras suponen una actividad muy diferente de la segunda.
Algunas conclusiones
La capitalización de las principales empresas estatales del país comprenden un intento de respuesta a la crisis terminal del Estado del 52, el mismo que había llegado a su punto crítico de agotamiento tanto por razones internas como externas. Entre las primeras se puede mencionar la utilización de los excedentes de las propias empresas en destinos diferentes a los de su expansión y desarrollo interno, y entre las segundas la exigencia de incorporación de nuevas tecnologías como condición básica de competitividad.
En consecuencia, la capitalización comprende también una respuesta a la necesidad de atraer capitales externos ante la evidencia que las condiciones de insuficiente ahorro interno no posibilitan la existencia de recursos de inversión internos en cantidades suficientes. En este sentido, el programa de capitalización logró comprometer US$ 1.670 millones de inversión extranjera.
La capitalización puede ser entendida como una modalidad de privatización, pero solamente en dos direcciones: por una parte, en el sentido de transferencia de la gestión a los socios estratégicos; y, por otra, como una realidad de largo plazo, cuando las acciones de propiedad nacional puedan ser comercializadas libremente en el mercado.
En conclusión, la capitalización imagina el nacimiento de 10 nuevas sociedades anónimas mixtas, con participación accionaria paritaria del país y del socio capitalizador en cada una de ellas, en sustitución de las anteriores 5 empresas públicas
Como resultado material, se puede afirmar que la capitalización es todo un éxito, en tanto los socios estratégicos están cumpliendo los planes de inversión comprometidos. Ello se ha hecho más visible en el caso de ENTEL, debido a la naturaleza del servicio, pero se ha concretado también en las inversiones de las empresas generadoras de electricidad y en el LAB. Las empresas petroleras apenas están en el proceso de transferencia, por lo que no es posible evaluar en ellas este tipo de resultados.
Como transformación de la organización del Estado Nacional, la capitalización ha supuesto un proceso de racionalización, asignando al aparato estatal la función normativa, delegando a los privados la actividad productiva y de servicios, y encomendando la regulación a entes autárquicos especializados.
Viéndolo desde un punto de vista más global, la capitalización está comprendida en un aumento del flujo de formación bruta de capital y tiene la posibilidad de crear un marco de eficiencia en la provisión de energéticos y servicios para el desarrollo de la industria, el comercio y otros servicios en términos competitivos. Pero ello solamente puede ser posible en la medida en que el método regulatorio opere a plenitud, acrecentando, por un lado, la unidad contradictoria y por tanto dialéctica que existe tanto entre Estado y Gobierno, y, por otro, incrementando el margen de autonomía relativa del Estado con respecto a la burguesía nacional e internacional.
La privatización directa de empresas públicas se realizó también en el periodo comprendido entre 1993 y 1997, en el marco de la Ley Ns 1330, que autoriza a las instituciones, entidades y empresas a enajenar activos o aportarlos a la constitución de Sociedades de Economía Mixta.
Los procedimientos establecidos fueron básicamente dos:
Licitación pública: licitación, reunión técnica, ofertas, adjudicación, forma del contrato y entrega de bienes.
Subasta mediante un martillero independiente.
El "social comunitarismo" indigenista
Mito sin realidad
El nacionalismo y el socialismo, formas de pensamiento político que están presentes en el discurso del MÁS y su gobierno, pero que lo están de una manera más difusa o en todo caso penetradas por el indigenismo. Así, el nacionalismo es largamente superado por el etnocentrismo indígena, y el socialismo por el comunalismo andino.
No tratándose de una ideología que se encuentra sistematizada y escrita, con sustentos filosóficos o programáticos, el análisis debe sustentarse más bien en una decodificación de documentos, discursos y programas dispersos, pero sobre todo de las propuestas centrales del Presidente y de sus principales colaboradores políticos. Por ello, con el objetivo de que el análisis no se torne una especulación sin sentido, trataremos de limitarnos a los elementos discursivos más evidentes.
El origen de los 500 años En el razonamiento político y económico que nos ocupa es clave la dicotomía entre el mundo indígena y el del colonialismo blanco o blancoide, la misma que aparece como la contradicción principal de la sociedad boliviana y que por momentos parece adquirir carácter de antagónica y encaminarse por tanto a una violenta decisión.
La Colonia española sometió a los indígenas estableciendo un ordenamiento económico de tipo feudal, aunque comercialmente ligado al mercantilismo internacional que sentaba las fases del emergente capitalismo, Los españoles no encontraron en el Alto Perú las cantidades de oro que buscaban, pero sí abundante plata. Importaron tecnología, desarrollaron otra y sellaron el destino minero de la región, constituida en un enclave andino ligado al comercio internacional de la riqueza.
Entonces, al encontrar una población nativa conocedora de la agricultura, los españoles reprodujeron el sistema feudal de tenencia de la tierra, apropiándose de vastas extensiones "hasta donde se pierde la vista", trabajadas en lo fundamental por mano de obra gratuita sometida a un régimen de vasallaje y de prestaciones en moneda y en especie.
En resumen, la Colonia impuso un método de dominación sobre bases feudales parecidas a las vigentes en Europa, en el que la mita minera fundo un mecanismo particularmente duro para los pueblos sometidos. Por otra parte, España introdujo una importante diversificación productiva que fue incorporada definitivamente por los pueblos originarios andinos: el trigo, la cebada, la oveja, la vaca, el caballo y todos los animales domesticables, con excepción de los camélidos.
De taras y q"haras
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