Contrarreforma del Sistema de Pensiones y la Ley 1732 (Bolivia) (página 5)

El mismo necesita particular agilidad, pues en algunos temas como en el caso de la seguridad social la realidad siempre irá más adelante que la legislación.

La cultura legislativa que pretenda adelantarse no debe perder de vista ésta situación entre la necesidad existente y la regulación por dictar, por tal motivo no podemos separar el análisis de la situación social boliviana con la actitud política que hayan adoptado los diferentes gobiernos, la misma que no difiere mucho en el corto período de recuperación democrática, que aunque eminentemente capitalista no puede ignorar la necesidad de satisfacción de sectores mayoritarios de la población en cuando a equidad, pues eliminar el Estado benefactor que tuvo un importante papel en la posguerra (incluído el new deal) tanto como urgencia como para lograr el desarrollo significa no aceptar que en nuestro medio todavía vivimos una situación similar de emergencia expresada en el subdesarrollo, que va creando una sensación en los sectores continuamente deprimidos de que la democracia simplemente no les es útil, (especialmente los indígenas campesinos) abriendo las puertas a pesadillas ideológicas cuya acción política pone en riesgo el Estado mismo, o sea que Bolivia no puede prescindir displicentemente del Estado Benefactor, pese a las dificultades economicistas de su ejercicio, ya que aunque se pretenda implementar un estado de derecho, no sólo no se debe ignorar lo obtenido por el Estado Benefactor, sino recordar que los cambios requieren tiempo para ser aplicados y para ser perfectibles de modo que las políticas sociales son primordiales para el Estado, sin éstas no sobrevivirá mucho, es más ni siquiera encontrará su rumbo y entrará en crisis . Hay que destacar que no se deben confundir la política social con el Estado Benefactor, cada uno tiene su ámbito.

La evolución del Estado Boliviano, como no podía ser de otra manera desde su nacimiento, obedece a las fuertes corrientes Internacionales, formando parte del margen de esa masa histórica dinámica desde el siglo XIX cuando el modelo liberal, tan prolífico en ideas, luchas y cambios, se agotó habiendo adoptado una actitud supuestamente desinteresada del poder de la autorregulación del libremercado y de mostrarse ajeno a la actividad económica privada, lo que por supuesto era sólo aparente (recordemos las pérdidas territoriales bolivianas asociadas a recursos naturales y su explotación privada). El alcance del libremercado en la regulación de los derechos ciudadanos era tal que se suponía que sus virtudes producían un orden social legítimo al acompañarse de un intercambio aceptado de bienes. La confrontación del liberalismo con el absolutismo monárquico había dejado en su lugar una marcada separación entre la Sociedad civil y el Estado dejando displicentemente a las posibilidades individuales las necesidades de los ciudadanos. Sin embargo históricamente se vuelve intrascendente que cambien los modelos políticos si no se eliminan las causas que produjeron los cambios, y el Estado Liberal se vio obligado a tomar avances pero siempre desde su perspectivas, entre ellas proteger el denominado mercado autónomo, interviniendo a favor de la propiedad privada, conteniendo los movimientos y organizaciones obreras y estableciendo ayuda y beneficencia a los pobres, sin afectar la fuerza de trabajo y su mercado.

La falta de justicia que acarreaban las supuestas virtudes del intercambio no regulado, afectó la existencia de los Estados dando lugar a la segunda generación de los derechos humanos que accede a que las reivindicaciones sociales queden protegidas por los avances en el ordenamiento jurídico, dando lugar el Estado Liberal al Estado de Derecho.

Frecuentemente se ubica en medio de esta transformación al Estado Social como una corriente que se interesa en los problemas sociales y culturales de una gran cantidad de sus miembros, que casi privados de su ciudadanía al encontrarse marginados por el orden producen una crisis permanente en su sociedad para la que se necesitan metas de justicia social para los nuevos derechos sociales. En éste momento, la pobreza es tomada como un problema de todos, ya no sólo de la persona afectada, sino que se involucra a toda la sociedad haciéndola la nueva responsable, la participación colectiva en la responsabilidad social produce la satisfacción de reforzar la identidad nacional.

De este modo se vislumbra un nuevo paradigma: controlar lo incierto del futuro, crear la cultura de la previsión social, del porvenir, la política social encontrará una estructura en la Seguridad Social. El Estado social de Derecho ya sabe que no puede haber libertad sin igualdad, como manifiesta a mediados del siglo XX en nuestro horizonte histórico la revolución nacional, que es cuando aparece el desarrollo de las coberturas y las medidas de protección social, y comenzamos a transformarnos demográficamente de un régimen del alta mortalidad y alta fecundidad a uno de baja mortalidad y baja fecundidad, aumentando desde entonces nuestra población, aunque todavía existan condiciones parecidas a las de hace cien años, con cambios profundos incluida la urbanización e inmigración de la población rural. Pero por primera vez se intenta una política social procurando rescatar al país del atraso por medio de una revolución nacionalista. Los censos pronto mostraron la diferencia de la expansión demográfica.

El Estado además comienza un proceso contradictorio de su tradicional espacio al dejar de ser sólo protector, y aplicar su autoridad y participación inversora en la economía con el fin de aplicar su poder en la organización de la macroeconomía y la sociedad. No obstante en seguridad social no comenzó a actuar en toda la población sino en la que tenía relación obrero patronal en las industrias de las ciudades, así como empiezan a predominar conceptos preventivos más que reparativos.

¿Cuál sería el camino del Estado Benefactor, ahora ocupado en generar y acumular riqueza, y al mismo tiempo aplicar inacabables inversiones en políticas sociales? Una serie de exponentes que nos llevarán a la Seguridad social inician con Bismarck, en un ambiente conflictivo, con diversos grupos políticos ideológicos complejos y organizados, ante lo que se hizo necesario un pacto social, y una mejora de las condiciones de los trabajadores, luego Beveridge en un medio parlamentarista pluripolítico, pues todas las variedades ideológicas aceptaban gustosas la necesidad de la protección social y otros hicieron efectivos los mecanismos para aplicar la responsabilidad de los gobiernos para mejorar las condiciones de vida de la población, establecieron los principios de solidaridad , equidad y universalidad, así como las contribuciones y prestaciones.

Sin embargo pese a ésta predisposición contemporánea, al asumir la organización y la economía de la sociedad, las formas de gobierno no pueden evitar que las contradicciones se trasladen al Estado con su consecuente crisis. La respuesta es lograr la estabilidad y el desarrollo, se conducen las políticas fiscales y monetarias, se regula el crédito público, comercio y tarifas, las formas de producción, pero en el nivel de vida de los ciudadanos se destaca la capacidad de demanda, que deberá superar efectivamente los embates de la depresión y sus ciclos asegurando los ingresos de los asalariados con la consecuente movilización del consumo y la productividad, se destaca entre éstos mecanismos el ahorro forzoso solidario de los sistemas de reparto, o seguros sociales de capitalización para la jubilación, que al mismo tiempo de permitir al gobierno disponer de fondos, asegura también el consumo futuro del ciudadano.

Estas visiones optimistas se acompañaron con la sensación de que el crecimiento industrial, de la productividad y del poder adquisitivo de los asalariados no tenía límites ni precedentes en la historia que los contradigan. Sin embargo las diferencias, en especial las del desarrollo económico y la tecnología, la saturación del mercado y otros, produjeron su efecto sobre la productividad y la caída del ritmo de acumulación, situación en que aparece un síntoma frustrante del Estado Benefactor: el desempleo y las políticas de austeridad que afectan el mercado laboral.

La respuesta refleja del Estado generaría más contradicciones al intentar autojustificarse midiéndose y autoevaluándose en términos de eficiencia con lo que comenzó a comparar el perfil de sus resultados y procesos con los de la empresa privada, ignorando sus fines propios. De algún modo además el concepto de que el bienestar es un problema que debe ser asumido por toda la comunidad, fue reemplazado por una rectoría total estatal, lo que produjo varias consecuencias en la estructura y el funcionamiento de la seguridad social, como ser centralismo, burocracia, sectoralización y clientelismo, hasta acabar confundida por el protagonismo político partidista, sindical y empresarial, en lugar de fortalecerse como una institución en sí, y dejando también a sus afiliados a merced de la manipulación.

En las últimas décadas del siglo XX, el Estado Benefactor y su entusiasmo por las políticas de seguridad social sufren un revés con la aparición de un decidido ataque crítico por el nuevo protagonismo del neoliberalismo, que llega con la promesa de reanimar la economía, corregir las cuentas fiscales y controlar los procesos inflacionarios, e increíblemente en especial en países dominados por la pobreza, se les cree, aunque en realidad es difícil atribuir a los supuestos derroches en materia social del Estado Benefactor como causa de nuestra crisis, cuando en realidad en nuestro país un amplísimo sector de la población nunca llegó a beneficiarse con el sistema. Sin embargo en 1982 al aparecer la crisis de la deuda externa, los organismos económicos internacionales se suman contundentemente a los interesados en disminuir el déficit fiscal y en redireccionar la actitud Estatal, mediante los programas de ajuste estructurales, (en realidad la palabra ajustes quedó corta), ya que en sus cálculos de transferir al sector privado todas las empresas por supuesto rentables, se incluyeron los sistemas de previsión social. Los experimentos comenzaron dividiendo alegremente corto plazo de largo plazo, pretendiendo que se trataba de dos cosas totalmente diferentes cuando la seguridad social filosóficamente y en la praxis es única, aplicando para ello esquemas de capitalización y afiliación coactiva a las recién creadas administradoras de fondos de pensiones, y si bien buscaban asesorar al gobierno boliviano para disminuir su déficit fiscal, le impusieron que el endeudamiento de la reforma sea asumido por el Estado, logrando en forma espectacular un resultado contrario al esperado al quedar el déficit por pensiones apenas por detrás de la deuda externa en montos, con grandes posibilidades de ocupar un dudoso primer lugar ante las políticas de condonación de la deuda externa ante la grave situación de la mayoría de los ciudadanos sometidos a pobreza extrema, desnutrición, analfabetismo poniendo en riesgo la reconstrucción de la democracia.

El Estado militante de su propio país, impulsor del desarrollo, de la identidad del ser Nacional, de la economía, la defensa de los recursos naturales, de las Leyes que protegen a sus ciudadanos, del progreso, del fortalecimiento a la economía, o sea el Estado que creara las condiciones amplias para la acumulación capitalista, era ahora mostrado como estancador e ineficiente, especialmente por abarcar demasiado, tener muchas competencias, un gasto público enorme, recargando y estorbando a la economía productiva. Inclusive en un concepto increíblemente similar al del coloniaje se desarrolla el concepto que el Estado benefactor le quitaría las ganas de trabajar a los ciudadanos, al encontrarse protegidos y con pleno empleo no tendrían la motivación de la dinámica de la sociedad capitalista que exige espíritu de empresa, ética laboral y esfuerzo individual. No se menciona el soporte que brindara el Estado con sus recursos al de los Capitales privados para enfrentar desde inversión hasta los cambios en el mercado. Sin embargo después del experimento neoliberal, no sólo no aumentó la productividad sino que en cambio se mantuvieron si no se agravaron el subdesarrollo y la pobreza, así los conflictos sociales comienzan a marcar gravemente el horizonte nacional.

Al momento que vuelven a tomar fuerza los conceptos distributivos y de justicia social, si no tenemos un sistema solidario, y los ricos disponen de servicios privilegiados la consecuencia es evidente, y un programa que se encargue sólo de los pobres, acabará siendo pobre, vemos además que por más dudas que se hayan echado sobre el Estado benefactor está claro que la seguridad social ha producido tantos beneficios igualitarios que aún agredido ha servido para amortiguar los efectos de inequidad de las gestiones del neoliberalismo, quien inclusive considera inequitativas las intervenciones redistributivas, por no respetar la ventaja de los grupos privilegiados sobre los de los más necesitados, que casi consideran además el círculo de la pobreza como un "Incentivo", pues para ellos los pobres parecen ser los únicos responsables de sus propios problemas y la única distribución natural la debe hacer el mercado, y aún más como los beneficiarios deben identificados se apela al certificado de pobreza creando clases de ciudadanos que quedarán junto con sus familias estigmatizados.

De éste modo se justificó la disección en vivo del sistema de seguridad social, buscando el retorno de las prestaciones al ámbito del libremercado competitivo; se separan las porciones que podían producir ganancias como es la captura de altocotizantes, y la simplista separación entre corto y largo plazo; se dejan los sectores deficitarios o no contributivos, se reubican los beneficios para ponerlos en las estructura de las ganancias; para ello, se eliminan los beneficios sociales y otras cargas como son las fiscales, se deja a la oferta y a la demanda los niveles salariales y se instaura la flexibilización laboral, todo con el fin de que la producción de bienes y servicios rentables, aún siendo sociales quede en manos privadas y en un pensamiento individual antisolidario, en cuanto a la Seguridad Social, se busca además que los recursos se sometan a la elección y competencia, es decir los que valgan la pena por redituables que obtendrán calidad ideal en servicio y funcionamiento, aunque en realidad cuando hablamos de competencia de oferta se está refiriendo simplemente a la rivalidad publicitaria y de mercadeo, entre los grupos ya asegurados, de ningún modo de los que no están incluídos en el aseguramiento.

La cobertura universal también es así desechada, pues simplemente prefiere desconocerse que las rentas desiguales proceden de un acceso discriminado y diferenciado a los bienes, Los criterios redistributivos son pues incompatibles con el modelo, llegando a verse como una virtud el hecho de que las empresas aseguradoras privadas garantizan que no transferirán recursos de un grupo de personas a otro, o sea individualismo antisolidario, discriminación que a la larga provocaría la decepción de los megaagentes del mercado que deberán repromover nuevas formas de intervención estatal, para sostenerse, llevando sus inversiones hacia el mismo, provocando al mismo tiempo la normativa legal que permita a sus intereses imponerse a los intereses del estado, inclusive que los gobiernos los hagan propios.

En sociedades desarrolladas (con las que somos totalmente asimétricos) se consideró que el afectar a sectores empobrecidos minoritarios era un costo político aceptable, por su escasa capacidad de representación y participación que son además fácilmente controlables por medida de fuerza, pero por cierto quienes importaron con entusiasmo estas ideas a nuestros países subdesarrollados están en una posición peligrosamente simplista y fuera de la realidad, ya que en Bolivia el nivel de pobreza afecta al 70% de la población, y los eventos que hicieron fracasar los cálculos de los planificadores de la reforma muestra que el gobierno que crea que podrán ignorar la protesta social está fatalmente equivocado. Para traer modelos no basta sentirse "moderno", pues si se va a redefinir las relaciones entre el Estado, la sociedad y el mercado es fundamental tener en cuenta la realidad del país a que quiere aplicarse. Esta situación no es aislada, pues cuando revisamos la reforma de Pensiones vemos que increíblemente los planificadores, asesores y gobernantes no previnieron ni analizaron las consecuencias de sus planteamientos. Si en los países desarrollados predominan los problemas subsecuentes a la inclusión, nuestro principal drama al contrario, es la patología de la exclusión.

En la última década del siglo XX se escucharon voces de importantes teóricos, políticos y gobernantes de nivel Internacional quienes advierten sobre el peligro de haber ignorado las consecuencias de no combatir enérgicamente la pobreza, y que todos estos sistemas implementados para distintos grupos sumaban a su insuficiencia para solucionar los problemas nacionales de salud un grave estado de desigualdad, y quienes implementan políticas mediante reformas que no otorgan beneficio social inmediato a la comunidad.

El presidente del BID (Enrique Iglesias) señaló en 1997 "que el proceso de cambio ha dejado sin resolver en la gran mayoría de los países un tema central: la pobreza crítica y la mala distribución del ingreso. Otras personalidades (Madeleine Albright y Celso Furtado, 1998-99) alertan que la región se halla en riesgo por lo que está sucediendo en materia social, pues en la práctica hemos obtenido un desarrollo distorsionado que beneficia algunos sectores de la sociedad aumentando las brechas internas y disminuyendo la calidad de vida entre ellas la de la salud. La OPS estima que 130 millones de latinoamericanos carecen de acceso a la salud y los servicios, Stalintz (Directora de la CEPAL) indica que la agravación de las desigualdades hace de las noventa una década perdida, y Stiglitz dice que hemos aprendido que el desarrollo no solo es un asunto técnico sino una transformación de la sociedad.

De modo que pese a los problemas que pueda tener el sistema sanitario gratuito, hay que evitar su desacreditación, sobre todo si ésta se da con el fin de orientar la medicina social hacia intereses privados, que no es un fenómeno aislado. Muchas potencias económicas buscaron fortalecer la economía competitiva debilitando el Estado, lo que en Latinoamérica ha consistido en una campaña por desgastar y deliberadamente averiar las organizaciones estatales para así luego poder justificar ante la opinión pública las intenciones de privatización. Como es evidente que no estamos ganando la batalla contra la pobreza es necesario reanimar la vocación comunitaria del Estado, para que además de buscar metas macroeconómicas se le dé la misma importancia a las metas de desarrollo social, las mismas que nunca aparecerán espontáneamente por el solo crecimiento económico. Hasta ahora existe en Bolivia una fuerte tendencia a los recortes para solucionar los problemas financieros, con el propósito de reducir el déficit fiscal con efectos devastadores en la política social, sobre los sueldos, condiciones de trabajo y las perspectivas profesionales de los funcionarios de salud.

La discusión sobre el rol del Estado parecía casi terminada, ya que hace unos años con entusiasmo se lo desmantelaba cuestionando sus funciones y, capacidades, procurando su presencia mínima, sin embargo como lo demostraron las demandas sociales durante los últimos años el Estado ha sido convocado en forma apremiante por toda la sociedad civil para solucionar sus problemas, (y también los de la libre empresa) por lo que se vuelve necesario retornar a un nivel intermedio de reformas, no a extremos.

El Banco Mundial ha recomendado en 1997 en su informe especial sobre el rol del Estado que "sin un buen gobierno no hay un buen desarrollo social sustentable y político en forma activa y eficientemente gerencial". Una eventual liquidación de la Seguridad Social en Bolivia provocaría que la mayoría de los trabajadores deban ser atendidos a través de seguros médicos privados. Esto de acuerdo a la inversión personal, pueden obtener desde una cobertura total hasta parcial, lo que de principio definitivamente no refleja la necesidad del trabajador y su familia, más bien puede ajustarse a intereses ajenos o propios de la aseguradora.

En nuestro país hasta ahora existe un hecho evidente; los Seguros de Salud privados no se encuentran bajo control del Ministerio de Salud sino bajo la Superintendencia de Pensiones lo que de por sí implica dificultades en el control de las prestaciones los servicios y otras normas. Otras características de los prestadores que tienen por objetivo ganar más, pueden ser o son la exclusión de condiciones preexistentes, las primas suben de acuerdo a la utilización de servicios, así los que están más enfermos pagan más; se limitan y burocratizan los estudios diagnósticos se tiende a excluir a los enfermos y pobres como a inasegurables y no cubren catástrofes, las medicaciones y laboratorios tienen más condiciones. Asimismo algunas condiciones propias de nuestro medio, como el Seguro Universal de Salud y el Seguro Médico Gratuito de Vejez se verían inmediatamente perjudicados por su característica de grupos especiales que teniendo actualmente seguro, acabarían volviendo al sistema público, así como aquellos trabajadores que por padecer enfermedades, bajo salario y familias numerosas quedarían excluidos de poseer un buen seguro privado.

Un sistema con visión nacional tiene que ser administrado por el Gobierno pues es la única manera de controlar costos y promover servicios igualitarios. Y el argumento que fija la posibilidad de calificar mediante la apreciación del sistema per cápita es viciado pues lo que determina el acceso al mercado de atención de la salud no es el ingreso per cápita de un país, sino como éste se distribuye entre la población. Al respecto la polarización en América latina es peor aún que en África ya que el 10% más rico recibe el 45% bruto del producto nacional, mientras que el 20% más pobre obtiene sólo el 4%.

Hasta ahora el sistema de Desregulación en Bolivia ha tenido su principal acción en la desafiliación y reafiliación impulsada desde la promulgación del D.S .24540, el mismo que fue emitido a poco tiempo de finalizar una gestión Gubernamental, como muestra de una línea política acorde con los programas de ajuste estructural (PAE) promovidos por organismos reguladores y por las prestadoras privadas internacionales de salud, las que habiendo cubierto el mercado de los países desarrollados se orientan hacia Latinoamérica, donde de un modo u otro el gasto en salud es mayor que en Asia o África (pero no así su distribución), sólo que en nuestro país las características sociales otorgan un campo económico muy estrecho en el ámbito privado, por lo que la fijación en la seguridad social es inevitable. A ello se añade el hecho de que en lugar de buscar empresas evasoras no incorporadas, lo que podría ampliar la cobertura se prefiere a los pacientes ya asegurados de las Cajas de Salud, las que con el objetivo de responder a la competencia, deben mejorar los servicios ofrecidos a las personas que pagan por ellos, creando un afán de atraer pacientes en los cuales los hospitales invierten en calidad y tecnología cada vez más sofisticada y cara.

El resultado es que las Cajas deben practicar un mercadeo para conseguir pacientes que consuman esa inversión en infraestructura y tecnología, en franca competencia lo que significa entrar al libre mercado antes que a los principios sociales, o sea que la libre elección acaba siendo nada más que un encarecimiento de la salud, que arrancando aparentemente de un tema menor puede afectar el sistema de beneficios sociales. De este modo, la concepción y la satisfacción, la calidad, la calidez y otros objetivos de eficiencia gerencial, inculcaron en el beneficiario la idea de que sus aportes son de interés y propiedad del estado, pues constituyen impuestos, podían y debían ser utilizados en función de servicios de nivel diferenciado ignorando la función social. Curiosamente, las personas no otorgaban a otras contribuciones impositivas, como ser vivienda, pensiones, seguridad, educación, etc., llevando así el afán por la privatización de la salud, al peligroso filo de la desafiliación, capaz de destruir la seguridad social a corto plazo.

Amparados en el concepto de que con el aporte incluido en el costo del producto destinado para atención médica, pudría elegir servicios de su preferencia, sin embargo no se produjo en la opinión del usuario la misma conclusión en otros descuentos impositivos, en los que acepta dar las contribuciones sin cuestionar si ese recurso tendría derecho a gastarlo con más satisfacción personal en servicios privados, sin estar haciendo una doble erogación.

Estas medidas privatizantes incipientes irán progresando en la medida de que el Estado se vea imposibilitado a resolver la crisis de salud, por lo que debemos evitar la insuficiencia de fondos asignados lo que unido a una mala administración y a la falta de políticas de salud orientadas a la previsión, pueden llevar al descalabro del sistema sanitario gratuito por debatir alrededor de la salud defensiva como tema central. Es indispensable institucionalizar como el principal método de combate a la corruptocracia, despolitizando con el fin de defender a la seguridad social y porque además la acción de llevar políticas sociales debe efectuarse a través de las organizaciones existentes.

Los números, contratos y administración de la Seguridad Social deben salir de los cuartos oscuros en que tienden a permanecer, y desde donde se justifican las medidas hacia la privatización, que en este momento pueden encontrarse en la paulatina desregulación de las obras sociales a la libre competencia entre prestadores de salud. La prensa internacional ya identificó entre estas acciones que procuran hacer desertar a los afiliados de mayores sueldos hacia servicios diferenciados como a la "crema" del negocio, con la repercusión inmediata de que las cajas que sí mantienen la carga social pasan a percibir menos fondos de los aportes de sus afiliados. Siempre queda pendiente el peligro de que un nuevo poder político permita el "descreme". Las acciones de la reforma deben también orientarse a hacer llegar la atención a sectores desprotegidos, pues se corre el riesgo de que por mantener una visión economicista como principio, podamos obtener solamente un aumento de los costos económicos y sociales en salud sin que los servicios que otorgan alcancen sus objetivos y servicios de calidad no sólo a los más pudientes, pues no podemos pensar en formular un plan de salud universal si los beneficios cubiertos no son iguales para toda la población. La seguridad social debe ante todo mantener sus principios e identidad por las que fue creada, y en esto sin negar los derechos de los aportantes, no puede quedar divorciado de la realidad nacional, así como sus principales promotores deben ser los trabajadores y aquellas personas moralmente comprometidas con este bastión social.

En la seguridad social particularmente debe interactuar la sociedad civil, pues los pactos de las partes son fundamentales para los éxitos del sistema, además se debe crear una cultura de la previsión social en la población de modo que el ciudadano esté interesado desde su juventud en invertir y protegerse durante toda su vida y no acordarse de la jubilación relativamente tarde. Para que así, el sistema atienda al individuo desde antes del nacimiento hasta después de la muerte aliviando así a su familia.

Hemos visto (en un fenómeno común en toda Latinoamérica) que experimentamos un proceso de empobrecimiento, la crisis económica viene acompañada de desempleo en un fenómeno creciente que puede superar las previsiones y lo peor de todo que pareciera que llegó para quedarse, o sea que la mayor parte de población busca su sobrevivencia en formas de trabajo para las cuales la seguridad social no está preparada.

El trabajo informal, el subempleo, el temporal, el subcontratado, y otros, constituyen un amplio grupo poblacional con formas de trabajo para los cuales la seguridad social debe prepararse, constituyendo además una amplia mayoría de ciudadanos en condiciones de trabajar en personas con necesidades básicas insatisfechas, lo que plantea un problema político que pone en duda la legitimidad de los gobiernos, en relación con sus conciudadanos si no les dan acceso a una cobertura de sus necesidades incluida la seguridad social y el seguro para los desempleados.

Otro sector ignorado por nuestra Seguridad Social son los Bolivianos emigrantes, refugiados económicos en edad y condiciones laborales que se ven obligados a abandonar el País, actualmente son alrededor de tres millones de personas , que envían entre 2 a 3 millones de dólares al día al país, muchos de ellos han dejado sus hijos, esposos y padres, a quienes deberíamos estar en condiciones de darles Previsión Social, y aliviarles la condición de preocupación que para ellos significa estar lejos. Esta fuerza laboral en el extranjero es quizá más grande que la que tenemos en el país, y abarca desde la fuga de cerebros hasta los humildes que en su necesidad van a ocupar los llamados Junk Jobs, o "trabajo basura" que los locales no quieren realizar, pero para quienes debemos estar listos a atender sus consecuencias de enfermedades laborales, que por su ilegalidad no pueden ser resueltos donde se encuentren

Es por tanto necesario extender la afiliación independientemente a los planes para recuperar la senda del desarrollo económico y reducir las tasas crecientes de desempleo, y elaborar planes objetivos que permitan a la brevedad posible incorporar en forma real a los sectores como transportistas, gremiales, campesinos y otros grupos que hace años intentan asegurarse sin lograrlo por falta de visión política. hasta ahora es increíble que ya sea invitando a jubilarse a 30.000 trabajadores, o exportando 3 millones de personas en edad laboral, más bien nuestros índices de desempleo aumenten. Afortunadamente, las nuevas ideas están ingresando en el escenario.

El que el Estado Benefactor haya fracasado, y el que su reforma nos haya dejado peor, no nos debe dejar sin recursos mentales. Hay que plantear la Contrarreforma que vuelva a reorientar los principios e la Seguridad Social, es evidente a un análisis de sentido común. La situación socioeconómica latinoamericana puede quedar con graves lesiones si se aplican displicentemente con elementos de análisis propios de potencias económicas, la intención simplista puede dar lugar a paradojas con crisis consecuentes por la aplicación de un dogma; esto no justifica querer replantear el Estado sin tener en cuenta las particulares relaciones entre mercado y sociedad de una comunidad, y en la que los ingresos ya de por sí caracterizados por su disparidad, son acentuados por la transferencia que hace el estado. Las actividades rentables a grupos de capitales de altísima concentración y restringiendo los gastos sociales al transformarlos en solidarios a la lógica del individualismo total que exigen la afiliación coactiva a organismos de fondos de pensiones que se originan en la decisión de fuertes posiciones políticos-partidistas con el resultado de adversidad para sectores sociales empobrecidos pero que si además el discurso del Estado era mejorar el déficit fiscal, resulta que estas medidas vienen acompañadas de fuertes subsidios estatales que se transformarán en un monumental endeudamiento asumido por el Estado Boliviano.

Durante los últimos años que se han caracterizado por la convulsión social con el relevo de varios gobiernos y presidentes de la república quienes debieron renunciar por tener la audacia de aventurarse a tomar medidas neoliberales, el país pareciera no saber a dónde se dirige, así como brillan por su ausencia las propuestas que conformen un plan nacional.

En realidad, la respuesta está al alcance de la conciencia: Construir una sociedad con sinceros esfuerzos para que los que sufran sean cada vez menos. Si no tenemos esta intención y no trabajamos en ella no podremos desarrollar las ideas cómo hacerlo y un ejemplo de esto es la seguridad social Trabajando juntos la comunidad puede afrontar mejor los requerimientos y establecer su modalidad nacional propia, sólo el esfuerzo conjunto de los gobernantes y gobernados ha dado lugar al establecimiento de los puntos fundamentales y la producción de ideas trascendentales como es la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, que nace de un concepto tan elemental como es el de reconocer a la persona sus derechos por el simple hecho de serlo. La generación de ideas y pensamientos, tan empobrecidas en las décadas posteriores a los ideólogos de la Revolución Nacional, ha dado lugar a la importación oportunista de proyectos preconcebidos y generalmente desubicados, con críticas sin creatividad que nos permita alcanzar mejor convivencia cuya sensación de pertenencia al grupo, que permita a los ciudadanos obtener las transformaciones que les otorgue una vida digna.

La educación, otro factor fundamental sobe cuya utilidad ya nadie discute, aunque no tenga efectos inmediatos, es indispensable especialmente en sus formas básicas y formal. El nivel cultural así obtenido no es reemplazable por ningún otro tipo de educación, ni siquiera el adiestramiento, por lo que el estado no puede dejar de otorgar esta virtud cueste lo que cueste, para que sus ciudadanos obtengan un nivel de cultura con capacidad creativa capaz de acceder a la tecnología y conocimiento.

Es evidente también que el concepto de "Buen Gobierno para todos" es fundamental, no basta que un Gobierno esté simplemente establecido si no se guía por criterios que le den la dirección adecuada, el fenómeno de la exclusión es una barbaridad, pero promovida como política de gobierno, es un crimen. Al margen de deficiencias como la corrupción y otra interminable lista, el estado debe obedecer y actuar de acuerdo a los mandatos que conduzcan al bien de la comunidad, lo que parece ser ignorado de plano en nuestro medio ya que una vez que se otorga el poder soberano por la vía electoral, los programas de gobiernos y propuestas electorales entran en el olvido o la distorsión. No sólo por parte de los gobernantes; la misma cultura ciudadana acepta fatalistamente que los tributos son otorgados al gobierno para que haga lo que quiera, ya que nadie piensa en el destino de ellos, se otorga tácitamente carta blanca y situaciones comunes en otros países como son la devolución de impuestos a los contribuyentes son simplemente inimaginables, sin embargo cuando el aporte tiene carácter de pertenencia personal, el boliviano no va a permitir que le quiten el dinero que comprende como suyo, tal es el caso de las violentas movilizaciones de la generación "Sándwich" que inclusive produjeron atentados suicidas en el Parlamento.

Queda la pregunta que qué les habrá hecho pensar a los planificadores que la población no va a reclamar sus aportes de toda su vida que según la Ley de Pensiones pasan a ser patrimonio de las AFP. Además de que el Estado debe obedecer a los mandatos de la comunidad, pues buscan el real beneficio de la población, no deben olvidar los gobiernos que ellos son procedentes porque tienen la misión dentro de diferentes paradigmas de realizar la necesidad natural de contar con las condiciones necesarias y la dinámica para vivir y desarrollarse, lo que en sí es el ejercicio de la soberanía, ya que la autoridad y el ejercicio del poder, no son superiores a la seguridad jurídica, que es lo que da a cada ciudadano la convicción de que su persona, derechos y posesiones no serán violentados; aunque pertenezca a un sector privilegiado podrá convivir en paz y defender su nación. (Manuel Herrera y Lasso, señala en su exposición del aspecto humano del amparo y su sentido nacional que: "Las constituciones no son estatuto autoritario sino instrumentos de liberación cívica") y como mencionamos antes es en la Constitución Política del Estado donde nace nuestra Seguridad Social, pero además no basta disponer de buenas normas, o programas adecuados de gobierno, si no observamos su efecto y aplicación en la vida diaria.

En nuestro caso la legitimidad electoral sirvió para ejecutar impunemente las reformas en base a rodillos electorales de un parlamento viciado por no ejercer su cualidad de poder, que en el Estado moderno se desarrolla la habilidad de adoptar lo positivo, y aún mejorarlo y perfeccionarlo, y más buscando impunidad y justificación de sus actos por ser incapaces de llegar más allá de los discursos y la simples medidas transitorias como el Bonosol, los seguros no contributivos y otros, que significan en realidad que a cambio del saqueo del país se otorgan medidas distractivas que conceden el mínimo indispensable a sectores marginados, que no producen de verdad cambios importantes pero que se espera que a cambio amortigüen la violencia, la misma que cuando aparece es tan grave.

Apenas en Bolivia, y tal vez más de lo que suponemos a instancias y preocupación de organismos internacionales y por la lastimera imagen internacional que tenemos, se desarrollan políticas como la Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza (EBRP), ley del diálogo o del HIPIC (High Indepter Poor Countries), que buscan hacer llegar a la población aún por encima del espectro de la discriminación, el nivel mínimo debajo del cual no debe encontrarse ningún ser humano. La discusión de la interacción entre naciones fuertes y las débiles actualiza los conceptos de 1967 de la encíclica Populorum Progressio, de Paulo VI, que clama por el desarrollo solidario de los pueblos antes que se engendre injusticias que provoquen violencia, pues el sano desarrollo de los débiles "es el nuevo nombre de la paz". Juan Pablo II en Centesimus annus, dice que el desarrollo no debe ser entendido sólo de manera económica sino de fundar sobre el trabajo una vida más digna.

No es posible entonces que a título de mejorar la transformación social en que se sostiene la transformación personal como es la protección de los obreros en caso de accidentes, enfermedad y vejez, se proceda a cambiar la estructura y los fines del Estado para obtener lo contrario, donde el actuar con sentido social no cultive la solidaridad plena de sus ciudadanos; el inicio ya es evidente, las políticas fiscales contributivas deben servir fundamentalmente para distribuir la riqueza nacional. El buen gobierno rector del desarrollo económico y social, no aparece por generación espontánea, hay que trabajar por él deliberadamente y con patriotismo comprometido, hay que construirlo procurando un grado satisfactorio de disfrute de bienes materiales y sentido de pertenencia cultural. Sólo así podremos decir que nuestro sistema democrático es efectivo y que todos los ciudadanos se sientan libres. Reiteremos que actualmente en Bolivia hay grupos que consideran que la democracia no les sirve y sus discursos están cargados de segregación hacia otros bolivianos.

Ya establecimos que el Estado no tiene derecho a sentirse agobiado por el peso de sus obligaciones sociales, por lo que afectó injustamente a la seguridad social al inmiscuirla en la crisis económica nacional, que de ningún modo es un factor dominante por sí mismo que justifique decidirse a sacrificar a la ciudadanía, su intervención en todo caso debe caracterizarse por esforzarse en evitar la relegación del Estado en cuanto a sus responsabilidades sociales. Pareciera que el concepto de función pública, así como el de empresa pública que en su origen son conceptos nobles para fines concretos han sido desacreditados, así como el hecho de que en realidad el ser funcionario público debe ser un honor, ya que la comunidad le otorga un reconocimiento y una responsabilidad bajo su rol. Sin embargo estos conceptos han sido desplazados casi en su totalidad haciendo evidente sus fracasos y la mediocridad de los funcionarios, los enemigos ideológicos de la participación del Estado (que frecuentemente son los mismos que lo mal administraron) encuentran en el mal funcionamiento de la función estatal un generoso arsenal que es descargado sin consideración a la institucionalidad.

En el tema que tratamos centralmente, la corrupción y el malfuncionamiento del SENASIR, arroja tremendas sombras sobre la reinstauración del sistema de reparto, aunque se estén realizando esfuerzos que incluyen participación de organismos internacionales. Si vamos a tener una visión nacional debemos ser conscientes, que de no ubicar o aceptar la crisis como una realidad, (si en realidad existe) a partir de la cual debemos planificar, es un grave error estratégico, y sujetarse a la realidad económica es inevitable aunque pueda ser incómodo.

Es una conocida letanía de ineficiencias la que caracteriza a los organismos estatales y los desacredita, y que por cierto son superables con una buena decisión de política de Estado: malversación, corrupción, burocracia, desmotivación, incompetencia, irresponsabilidad, politización, dispersión de fines, falta de visión a largo plazo, etc. Pero aunque esta situación no constituye la regla y hay excepciones en que las empresas estatales cumplen junto con su función roles impecables, en estos casos suelen ser ignorados, así como no se menciona que en las empresas privadas también se producen desastres con colapsos, y aunque suele ajustar y corregir sus errores más rápidamente se suceden cierres de plantas y cesación de administradores, y aunque los conceptos de eficiencia tienen puntos en común, también tienen factores que deben ser evaluados en forma diferente, pues la función social específica y con propósitos objetivos como ser la atención médica gratuita para sectores marginados debe considerar la pérdida o el subsidio y la utilidad razonable que tendría una empresa privada con los precios del mercado. Otro factor que no se suele mencionar es el uso por la empresa privada de subsidios sin contar con la actual participación masiva de empresas y empresarios en la competencia electoral política con el fin de usufructuar como privados de la inversión y el aparato Estatal. Lo cierto es que ante la incapacidad económica social o empresarial se recurre al Estado, el capital privado no duda en invocar la protección del Estado, aún en cantidades cuantiosas.

Otra característica de la gestión inversora Estatal es que sus objetivos frecuentemente sufren recargos o desvíos de su función central. Por ejemplo, la inversión en caminos para el desarrollo agropecuario, busca de paso el desarrollo de regiones deprimidas, de accesos a otros recursos naturales, de la defensa o de otros fines políticos, ni siquiera se considera que el gobierno pueda regular o revertir injusticias, desigualdades o abusos del mercado, lo que de ningún modo es procedente en la empresa privada que no acepta desvíos ni confusión de sus objetivos. Lo cierto es que ambas críticas son consideradas potencialmente desestabilizadoras, y si se acusa al Estado por ser propenso a hacer demasiadas cosas, motivo por el cual no las hace muy bien, éste concepto debería incluir no sólo las funciones sociales sino también las privadas.

Observando el desenfreno de quienes proyectan la visión del neoliberalismo económico, pareciera que incluso buscan que el Estado sea una especie de ausente, que prescinda absolutamente de participar de toda las actividades de la economía, incapaz ante los excesos del mercado incontrolable e insensible ante las necesidades sociales, sin considerar en este extremo que la función que desempeña la Seguridad Social, y no tanto por su magnitud administrativa sino fundamentalmente por sus alcances y función, son temas totalmente congruentes y esenciales, y es uno de los instrumentos que ha demostrado su impacto en el desarrollo nacional con franca capacidad para mejorar la sociedad, como es que de desde allá debe proyectarse aceleradamente a la población marginada obteniendo así, la universalización de la salud.

Los parlamentarios que aprobaron las reformas, entre ellas las de pensiones, parece que no se encontraban en el lugar correcto, pues hacían lo contrario para lo que fueron elegidos, y votaron contra un supuesto "exceso de Estado", o sea contra un exceso de ellos mismos como poder, haciendo uso de prerrogativas que esgrimían pero que subordinaban a título de gobernabilidad, la futura crisis boliviana, con tanta elaboración que será difícil y tendrá un costo alto salir de esa situación.

A título de sumarse al el fenómeno de transformación mundial Se prefirió el desvarío y el silencio cómplice en lugar del análisis claro y patriótico que fácilmente demuestra que no es posible que el progreso de la sociedad dependa únicamente del mercado, sino que son indispensables la intervención estatal y la organización participativa de la comunidad ejerciendo la redistribución como práctica fundamental de la solidaridad sin considerarla caridad o protección estatal, o lo que es peor, derroche. Pero se prefirió la vía ignorante del neoliberalismo económico con sentimiento de capitalismo salvaje y perversión hacia sus habitantes, perverso aún más si se aplica a sociedades que sufren desigualdad y retraso, no es una solución disminuir la tensión competitiva de la sociedad de mercado disminuyendo el estado social concediéndole la "flexibilización" de las normas laborales lo que de por sí ya acarrea disminución en las prestaciones sociales, no podemos preferir las necesidades del capital financiero y que un estado social de derecho sea reemplazado por un estado comunitario de deberes, y que el determinante principal de las políticas sociales y fiscales se haga siguiendo el movimiento de las bolsas. La seguridad social, entre otras cosas por su naturaleza está entre las funciones que sólo el Estado puede desempeñar de manera razonable, la misma que ha contribuido poderosamente en los últimos cincuenta años al desarrollo y la justicia social, y en realidad los presupuestos asignados a salud y educación son mínimos o han producido un alto rendimiento social.

Se ha hecho mucho gracias al sistema de aportes que permite un constante financiamiento, y que nos permite proyectar las prestaciones gratuitas como una transferencia de lo social a veces superior al crecimiento de la producción, o sea que junto con los sistemas productivos la creación estatal de los organismos de Seguridad Social no son simplemente susceptibles a enajenación o liquidación por la implícita función social y por contar con muchas características sólidas de organización y financiamiento. Inclusive es un sistema que ha podido enfrentar con éxito un fenómeno de la medicina, su vertiginoso progreso terapéutico gracias a la ingeniería y otros recursos científicos que multiplicaron las opciones de atención así como sus costos. Actualmente es notorio en especial en países desarrollados que más del 50% de las camas hospitalarias son ocupadas por mayores de 60 años.

En la década de los cincuenta, cuando se elabora el Código de Seguridad Social, apenas se enfrentaban algunas patologías y terapias como es la de las hemodiálisis, en sus momentos regulados por las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Entre otros recargos permitidos por una seguridad social institucional invaluablemente fuerte, como dijéramos antes, están los seguros no contributivos para no derechohabientes (Materno infantil y de Vejez) y los aportes para el programa de inmunización (vacunas), dicho de otra manera indiferentemente de que los gastos médicos se incrementan a un ritmo varias veces mayor que el de la producción interna, que la disminución del poder adquisitivo se acompaña de mayor demanda de los servicios de salud y las conquistas laborales, las pensiones, los factores demográficos, los recursos regionales que requieren en la mayor parte de país soporte extra. El permanente estancamiento del universo de cotizantes, las restricciones presupuestarias y otros, son algunas de las dificultades a los que la seguridad social responde otorgándoles bondades, que son la mejor defensa contra la privatización y más bien requiere consolidarse, pues la reforma más que basarse en una valoración racional lo ha hecho bajo la expresión de uno u otro sesgo ideológico o político.

De todos modos pese a la intensidad de la Reforma en Bolivia, sus propulsores no han podido evitar que el Estado Boliviano siga siendo el agente más importante en la compre de bienes y servicios, en especial salud, vivienda, e inclusive en Seguridad Social, lo que actualmente constituye un mecanismo neutralizador si no capaz de revertir las capitalizaciones y al que el sistema político deberá en algún momento abordar, no es sólo una tendencia boliviana, ya que naciones Unidas lo definieron como uno de sus objetivos básicos, y nuestro país no puede tener lo que hasta ahora carece: una estrategia Nacional de modernización.

El papel de las nuevas figuras emergentes políticas no contempla una posición clara respecto a la seguridad social, quienes deben primero tomar conciencia y frente al círculo de privatización contra la fuerza compensatoria que la población tiene por expectativa de una mejor y más profunda protección social, inclusive más allá de la limitante de la capacidad financiera que tengamos como país, y tratar de realizar las expectativas en la medida de lo posible, o por lo menos racionalizar según las urgencias, Dicho de otra manera, ver que llegue a los sectores más necesitados, que deje su exclusividad en la relación obrero patronal, así como decidir cuales serían las prestaciones basadas en los derechos adquiridos y las que corresponden a la asistencia social de la necesidad, si no obtenemos definiciones no sólo no sabremos que hacer con nuestra creciente población de la tercera edad si no que además no obtendremos un impacto de desarrollo en nuestra franja de población infantil y juvenil, que son una gran mayoría. Lo cierto es que aunque a los planificadores les espera una gran oportunidad de llevar a cabo un buen trabajo no deben caer en la impericia que caracterizó la reforma de pensiones, hay que partir del hecho de que nuestra reforma nunca debió ser tan radical, el costo en retraso supera lo esperado en efectividad y rentabilidad, antes de los cambios radicales es preferible trabajar sobre las proyecciones poblacionales y en el aspecto técnico que nos permitan enfrentarnos a la generación continua de problemas. Inclusive hay que considerar la variedad, pues es absurdo que la posibilidad de implementar sistemas de pensiones privados, simplemente aparte del camino el sistema solidario destruyéndolo. También se deben indicar las pensiones de acuerdo al costo de la vida, pues su poder adquisitivo se deteriora más rápidamente que los de los trabajadores activos quienes consiguen más fácilmente incrementos. La vida después de la jubilación debe poder seguir llamándose vida. El hecho de que los seguros privados han aumentado notoriamente su presencia a nivel mundial es en sí una señal de que las medidas de control de costos son factibles. El sistema privado puede inclusive ser alentado por el Estado en especial entre personas con ingresos altos, sin que por eso dejen de contribuir pero al sistema solidario.

En las regiones rurales de Bolivia, existe como institución fuertemente arraigada el núcleo comunitario, y su importancia para el individuo es enorme, sin embargo la migración, la urbanización de la población como fenómeno acarrea un cambio en el estilo de vida, y conducta familiar al dejar a las personas desprotegidas de su ambiente comunitario que comprende la sustitución de la familia numerosa y multigeneracional por la familia nuclear, la integración de las mujeres al trabajo o como cabeza de familia, el aumento de divorcios, y el gradual alejamiento de los vínculos y convivencia interfamiliares. No se puede ignorar que todos estos fenómenos tienen un efecto sobre la seguridad social, que además de acudir en ayuda de la familia con más hijos debe replantear la natural protección de los mayores ya que en realidad el núcleo familiar que no contempla tres generaciones está en desventaja de protección, es por eso que las prestaciones deben extenderse a todos los miembros y no tratar de aplicar lógicas de individualización y de este modo las inclusive las viudas deben continuar con los ingresos de sus esposos, pues en nuestro medio que los ingresos de varones y mujeres alcancen el mismo nivel aún llevará tiempo, pese a las políticas de género.

La seguridad social, no es pues una carga, es una gran obra, cuyo accionar por la eficiencia y eficacia es vital que sea continuo. Sus administradores deben planificar a largo plazo el modo de enfrentar las amenazas y dificultades, no dejarse seducir por los modelos privatizadores experimentales, no se debe confundir ni interpretar las contribuciones como gastos privados, entonces serían primas de seguros. El considerar los gastos sociales como rentas perdidas para los gobiernos, el único resultado será no llegar a ser una sociedad industrializada, el individualismo egoísta que se pretende enaltecer es tan anticomunitario que en la modernidad es la actitud más representativa de la conducta Cainista: "¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? (Génesis 4. 9)

"El desarrollo es en última instancia un proceso que permite ampliar las opciones al alcance de los ciudadanos, y no sólo elevar los ingresos nacionales" (Informe sobre desarrollo humano 2003)

CONCLUSIONES

En Orden de posibilidad se presenta la siguiente conclusión ya que la Ley de Pensiones ha sido hecha fuera del contexto nacional.

Por sus efectos de ser una Ley lesiva a los intereses Nacionales y Ciudadanos, debe realizarse la Contrarreforma de la Ley de Pensiones por lo que se recomienda la:

1. Para precautelar a la Seguridad Social, es necesario eliminar la intención de ésta norma, que busca seguir sobreponiendo los intereses del capital a los Intereses del Estado, para lo que es necesario:

2. ABROGACIÓN DE LA LEY No. 1732 DE PENSIONES Y VOLVER AL SISTEMA SOLIDARIO INTERGENERACIONAL DE REPARTO.

   Teniendo en cuenta que más del 70% de nuestra población no dispone de una protección previsional en Salud, y en el fortalecimiento de los Entes Gestores se encuentra el futuro de una Universalización de la Salud, es justo:

3. DEROGAR SU CONTENIDO PRIVATIZADOR DE LA SALUD SOCIAL.
4. MODIFICAR LAS NORMATIVAS DE LAS COMPRAS DE SERVICIO DE SALUD, PARA QUE SEAN HECHOS UNICAMENTE EN LAS PRESTADORAS ESTATALES Y PARAESTATALES

ANEXO

Decreto Supremo 24469 del 17 de enero de 1997 reglamento de la Ley de Pensiones versión ordenada, y otras Resoluciones Administrativas de la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros

Primera Parte, Decretos modificatorios y Resoluciones de la SPVS

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Carlos Sandoval Landívar

Santa Cruz de la Sierra Septiembre del 2006