Contrarreforma del Sistema de Pensiones y la Ley 1732 (Bolivia) (página 4)

Cuadro 3 Tomado del Informe de La SPVS memoria anual del 2002

Cuadro 4 tomado de la SPVS memoria anual del 2002

Ahora bien, ¿Con qué va a pagar el Estado estos títulos? Pues bien, con nuevos títulos, medida simple que deja más deuda interna y menos recursos tangibles inquietantes al depender de la salud financiera del Estado. Entonces haciendo números, las inversiones obligadas del FCI a fines del 2002, presentan una concentración en valores emitidos por el Tesoro General de la República y el Banco Central de Bolivia con un 70%. Estos bonos del TGN, adquiridos como vimos, con carácter obligatorio por las AFP, representan el 57% de la cartera.

Posteriormente, se encuentran las inversiones en el sector privado con 28,50% donde los DPF de los distintos bancos y los bonos del sector privado, tienen una participación de 14,59% y 12,92% respectivamente, mientras que las erogaciones por pensiones de muerte e invalidez por Riesgo Común a afiliados al SSO, al igual en el 2002, las compañías de seguros Provida y La Vitalicia, pagaron durante aproximadamente 45 millones de bolivianos a 1.910 beneficiarios cada mes, acumulándose desde la gestión 1998 al 2002 cerca de 93 millones de bolivianos y concentrándose la mayor parte de lo pagado en el eje central: La Paz 32%, Santa Cruz con el 20% y Cochabamba 26%, totalizando el 78% del total pagado, pero nada de esto benefició al sistema de salud, que es quien atenderá hasta su curación o fallecimiento a las personas, sin tener en cuenta que uno de los motivos de las reformas en salud se debe al reconocimiento de que estos servicios son cada vez más caros y complejos.

Otro recurso imaginativo del Gobierno consistió en plantear la "Ufevización", como los bonos del TGN no inspiraban una confianza incondicional lo que por cierto está latente porque la economía boliviana no está generando los ingresos suficientes para cubrir la deuda, ni los intereses acumulados, esto no sólo a nivel nacional sino que también cada que queremos hacer negociaciones para financiamientos la comunidad de organismos internacionales nos pide sinceridad, pues siempre estamos al borde del default de la deuda interna, o sea el incumplimiento de pago de la deuda externa, pues las finanzas fiscales no están generando los ingresos suficientes para cubrir la deuda, ni tampoco los interés acumulados , con ésta medida se buscaría un efecto: Bajo el sistema inicial, establecido en la Ley de Pensiones, las AFP se obligaban a comprar bonos y letras del Tesoro General de la Nación (TGN) por hasta 180 millones de dólares anuales, a una tasa de interés del ocho por ciento. Hoy el nuevo sistema ofrece una tasa de interés del cinco por ciento, pero en UFV.

Las Unidades de Fomento de Vivienda (UFV) son certificados de deuda que se contratan en bolivianos y se pagan también en bolivianos. Su precio oscila no según la oferta y la demanda, sino según la inflación. A mayor inflación las UFV se venderán en un precio más alto. O sea decir que si una persona contrata un crédito de 100 bolivianos deberá cancelar otros 100 bolivianos al momento del pago. Pero si entonces la UFV vale 1,05, deberá pagar 105 bolivianos. Su marco legal se inició al 27/12/2002, a través de la R.M. 1355, el despacho de Hacienda determinó que las deudas del Estado con las AFP dejaban de ser en dólares para calcularse en UFV.

Esta medida comenzó a regir el 1 de enero de 2003. Desde ése momento los aportes de los trabajadores a las AFP para su jubilación que estaban en dólares y eran prestados al Estado en esta moneda con una tasa de interés del ocho por ciento. Desde la "ufevización", las deudas se calculan en Unidades de Fomento de Vivienda (reiteramos: certificados de deuda que varían en función de la inflación) y la tasa de interés bajó al cinco por ciento.

Por lo tanto esta variación que va generando un rezago acumulativo en relación con el dólar derivará en una menor rentabilidad de los ahorros que los trabajadores tienen en las AFP, lo que conllevará a que deban trabajar diez años más, lo que nos lleva a sumar a los 15 años por el aumento de la edad al sistema de bajo el Sistema de Reparto.

Con esta medida que tiende a disminuir el déficit de la reforma de pensiones bajará la pesada carga de la deuda interna (2.000 millones de dólares), pero el único beneficiado será el Estado a costa de los trabajadores. Pero además de la aprehensión que produce en los futuros pensionistas, la ley inquieta a los bolivianos en los diferentes estamentos de su sociedad, generando protestas de los sectores populares, y también del Empresariado Privado Nacional.

Una comunicación de la CAINCO señala que "una reforma de pensiones debe hacérsela con equidad intergeneracional y no de la manera como se la encaró, cargando todo el costo de la reforma al TGN." Aunque el entonces presidente de la CAF, el boliviano Enrique García, calificó al proceso como uno de los mejores del mundo, incluida Europa en una apreciación preocupante, ya que comparado con el cuadro de las Reformas en el Cono Sud, vemos que es la peor. (Cuadro No. 5). La preocupación de la sociedad boliviana es cierta, muchos se enteraron con asombro cuando el Expresidente de la República Carlos D. Mesa en su primer informe presidencial televisado, en que mostró el gasto fiscal, y la consecuente lesión de asumir la carga social de la reforma de pensiones. "Si ellos nos metieron en esto, tendrán que sacarnos" refiriéndose a la imposición de Organismos Internacionales: ingresan 9.600 millones de bolivianos (5900 de impuestos, 449aduana, 957 regalías petroleras) y gastamos 15.000 millones de bolivianos de los cuales ocupa un increíble segundo lugar la deuda asumida por el Estado en la Reforma de Pensiones o sea 2.800 millones siendo de los 3000 comprometidos en deuda externa e intereses.

De éste modo el país se encuentra ante una situación patética en la que el déficit fiscal, del 2003, 8% del PIB, un 5%, 330 millones de U$ eroga el estado. Particularmente además el antiguo sistema que fue cerrado el año 1997, fue postergando mediante decretos sucesivos su recepción hasta el punto de que el 2001 habían 10.000 personas más esperando su calificación en el SENASIR de este modo han sobrepasado con mucho la expectativa del número de sus pensionados, ya que se esperaba que éstos fueran disminuyendo por razones naturales, pero más bien han ido aumentando. Se observa también una acumulación, ya que puede haber atrasos considerables: hace siete años los trámites eran 5000, hoy son 29000, o sea, un problema creciente.

Con éste panorama agravándose más como carga al presupuesto en un cercano futuro no sólo hablaremos de la década de los 80 como la década perdida, porque ahora tenemos la posibilidad de perder medio siglo de desarrollo social (Bolivia cargó con un incremento en el déficit del 5% del PIB para poder cubrir las rentas del antiguo sistema. Este déficit adquirido displicentemente por el Estado, que se estima que será recién cubierto en 50 años más). El problema es de tal magnitud que el tamaño y la dinámica del pasivo pensional a cargo del Estado es con certeza la mayor amenaza para la sostenibilidad futura de las finanzas públicas todo con el fin de otorgar a las AFP las mejores condiciones, sin embargo las consecuencias ya son evidentes.

Estas complicaciones comenzaron al incluir a los fondos complementarios en la reforma; los planificadores establecieron que el gasto en este sector no debía exceder el 1,6% del PIB, sin embargo ya en la siguiente gestión anual se instaló un problema crónico alejado de lo previsto que hablaba del 5% del PIB. Como consecuencia, el Estado se presta de las AFP de 140 a 160 millones de dólares, de modo que al iniciarse el proceso de reforma el déficit fiscal era de 321,1 millones de bolivianos, y antes de cinco años se había incrementado a 1.364 millones de bolivianos.

La transición prometía sólo tres gastos que debía hacer el Estado, las rentas ya calificadas o con trámite en curso, las que su calificación estaba en curso, y el traspaso de los afiliados al nuevo sistema con la compensación de cotizaciones.

Una serie de eventos fueron presentados para justificar lo sucedido, sin embargo no logran explicar la falta de seriedad en la planificación, inicialmente se argumentaba que el sistema de reparto requería 3.395 millones, en cambio el Seguro Social Obligatorio necesitaría 2.360 millones, con el consiguiente ahorro al Tesoro General de la Nación, Ya en 1997 la proyección económica del SNP-UDAPE, que consideraba el pago de rentas ( FOPEBA, FONCOMS), y Compensación de Cotizaciones por parte del TGN para los afiliados activos transferidos al SSO) era de $us 231.5 millones, pero fue en realidad de $us 271.7 millones, una diferencia inicial de 40 millones de dólares, por no haber considerado el tipo de cambio junto a otras causas.

En el período 98-2001 las rentas del régimen complementario si se encontraban indexadas al dólar. Desde 1998 se hizo evidente luego de una ampliación de plazo que aumentó el número de rentistas calificados, y otros motivos como subestimar las rentas por invalidez, vejez y muerte, a reconocer beneficios del antiguo sistema, omisiones respecto a las rentas de Cossmil, reintegros por rentas en curso, y el aumento salarial con la fusión de salarios. Luego los acuerdos de Caracollo y Patacamaya aumentaron la renta mínima del sistema de reparto primero a 550 Bs. y luego a 850, con lo que el costo no previsto se incrementó en 28.6 millones de dólares, hasta la gestión 2001 el Tesoro había sido sobrecargado con 64.1 millones de dólares, el beneficio, inicialmente aprobado para los rentistas del sector minero es luego mediante Decreto ampliado a los demás sectores. Además, el costo hasta ese momento se había incrementado desde los 207.4 a 224.8 millones de dólares por una inesperadamente curiosa causa: los bolivianos no morían de acuerdo a las tasas de mortalidad proyectadas (tal vez porque éste grupo había tenido protección social), la dirección de Pensiones además se encontró con 37 mil nuevos rentistas de los cuales un 47% correspondían a rentas con reducción de edad, por cierto, también pareció incidir la falta de un sistema totalmente confiable en identificación, dando paso a modificaciones de edades.

Entre la cincuentena de disposiciones legales, que aumentaron el gasto, muchos de ellos logrados bajo presión social, se destacan cuatro Decretos Supremos (DS.26001, Caracollo para mineros, DS 26104 para otros sectores, DS 26163 en Patacamaya que aumenta a la renta en curso de pago, el DS 26199 que da 850 bs. Para el tramo más bajo) que permitieron la ampliación para el ingreso de 27 mil personas, que se añadieron a las 243 mil del 1 de Mayo de 1997 (según la Ley podían presentar personas con la documentación en orden hasta diciembre de ese año. La Dirección de Pensiones, pronta a convertirse en SENASIR, esperaba entre mayo y diciembre a 3.000 personas, en su lugar se encontró con 30.000. Esta nueva dependencia también se encargaría de gestionar el cobro de la deuda en mora de 200 millones de dólares mediante los actos procesales necesarios, lo que significa que el sistema de reparto estaba desfinanciado por falta de pago de los aportes.

El Estado también tiene su participación pues no pagó sus aportes varias décadas, sin contar que la desdolarización en 1983 y la expropiación de los recursos de los fondos complementarios también agravó la situación. Esta carga multifactorial con su carga activo/ pasivo demostró en la planificación que no alcanzaba para otorgar rentas a todos, el resultado fue la aparición de la generación "sándwich", o sea una solución para crear nuevos problemas, así como la reducción de la edad en 50 años para los varones y 45 para las damas que fueran cumplidos hasta el 30 de abril del 97, al momento de si implementación en 1997 se comenzó a evidenciar la inviabilidad del nuevo sistema, ya que anualmente cada Gobierno de turno debió prestarse de las AFP entre 140 a 160 millones de dólares para cubrir el déficit fiscal en el área de pensiones.

Cuadro 5 Comparativos con las Reformas de Países vecinos, ninguno es tan radical ni castiga al Estado como la boliviana

El siguiente paso fue la emisión por parte del Tesoro que debió emitir bonos que fueron ascendiendo desde 791 a 901 millones de bolivianos, el 2002 el Tesoro se vio en la necesidad de desembolsar el 5.1% del PIB, 2807 millones de bolivianos para pagar las rentas de vejez (Casi 263 millones más que el 2001) un ascenso insostenible. Lejos de ayudar a las arcas públicas la reforma ayudó a que el déficit sea del 8% del PIB, por cada cien dólares que el Estado recibía, gastaba 108, representando los 400 millones de dólares año con que participa en esto pensiones, la carga más grande al déficit fiscal, además de estos 400 millones de dólares la mitad va a pagar los intereses de la deuda interna correspondiente a la venta de bonos redimibles del TGN y las AFP, financiando así a través de su adquisición un 37% de las rentas que reciben 135.000 jubilados.

La reforma había cargado al Estado con la carga de los pensionistas que integraban el antiguo sistema, y había dejado lo apetecible, los cotizantes jóvenes activos a las AFP (Cuadro No 6), además de no considerar los estragos económicos nacionales mencionados, tampoco tomó en cuenta que los afiliados cotizantes al sistema nuevo están aún lejos de cumplir con los requisitos de cotizaciones y de edad necesarias para jubilarse, por lo que los ingresos superan con creces a los egresos del pago de prestaciones, o sea todas las imaginables condiciones para un redondo negocio privado. Entre muchas otras causas, tan sólo esta, el déficit fiscal justifica la única solución posible: Volver al antiguo sistema de Pensiones, una solución que es rechazada de plano por los capitales transnacionales.

Otro problema crítico actual es la situación de miles de ex trabajadores que reclaman la devolución de sus aportes, o por el contrario, acceder a la jubilación ya que dentro de la extraña política del Gobierno de turno de no defender los intereses nacionales un amplio sector de aportantes, o sea de personas con derechos y directamente interesadas fue simplemente ignorada, pese a las dudas, se sabía lo que pasaba con los trabajadores antiguos que se jubilaron en el antiguo sistema, y cual era el plan con los más jóvenes, que entraron directamente a formar cuentas individuales.

Sin embargo, no se había previsto que generaciones enteras habían aportado durante años al antiguo sistema sin tener las condiciones ni la edad para jubilarse, ya que la edad había aumentado de 50 años para las mujeres y de 55 para los hombres a 65; además también se incrementó el número de aportaciones de 180 a 300 (no podían jubilarse 9000 personas de los cuales 3.500 eran mineros y 1.500

fabriles), la cultura popular les dió a estos ciudadanos un nombre tristemente apropiado, "Generación Sándwich", su sacrificio reabrió el debate sobre la naturaleza inhumana de las Reforma, cuya Ley de Pensiones permitió que un gran número de aportantes quedaran "emparedados" entre el sistema de aportaciones solidario, que proporcionaba seguridad social mediante la solidaridad generacional (ello fueron trabajadores activos aportando para el sustento de los pasivos). Mientras 30.000 ciudadanos protestaban tenazmente por sus aportes considerando que les habían robado su Jubilación, un drama humano volvió a mostrar la cara social ignorada de la Reforma, tras la inmolación de Eustaquio Picachuri, quien aportó 15 de 20 años laborales, de sus 47 de edad y se encontraba desesperadamente desempleado.

Cuadro 6. Gastos actuales de las AFP (Jubilados 2%

La tragedia del minero, al que le enviaran a negociar a personeros técnicamente inflados pero insensibles, llevó a un desenlace en forma fatalista, y justo allí en el Legislativo, tuvo lugar la explosión. Luego de la convulsión nacional y ante nuevas amenazas radicales, la protesta concluyó con una negociación entre sindicatos y el gobierno, que aceptó otorgar una pensión vitalicia equivalente a 50 dólares a todas las personas que no pudieron jubilarse bajo el antiguo sistema y con vistas a no hacer claudicar el déficit fiscal creó el impuesto a las transacciones financieras para obtener 90 millones de dólares (En los momentos más cruciales de la guerra del gas, el Gobierno anterior expresó lacónicamente que el déficit de pensiones pensaba ser pagado con la exportación del gas, lo que quiere decir que como seguramente sucederá, eventualmente el precio de los hidrocarburos se elevará en el mercado Internacional, pudiendo llegar a producirnos un superávit importante del PIB, pero atrás de la bonanza temporaria económica estará escondido el gasto deficitario, que podía haberse utilizado en desarrollo económico. este empecinamiento de buscar soluciones parches como el impuestazo o los carburantes recargadas a la economía popular tuvieron consecuencias violentas sobre la democracia) e intervino el sistema estatal de pensiones, cambió la directora del SENASIR y tomó rápidamente otras medidas: ninguna jubilación superaría los 1012 u$ con el D.S. 27427, (incluye militares, y excluye expresidentes); antes de ésta medida el 95% recibían de 100 a 500 u$, el resto recibía de 3 a 7mil u$. Todas estas decisiones que no concluyen con los montos requeridos para solucionar el problema fueron complementados pasando a la generación sándwich de un sistema a otro, se decidió que estos ciudadanos perciban una "compensación de cotizaciones" que consiste en transformar los aportes ya realizados en una deuda del Estado que se registra y contabiliza en sus cuentas individuales especiales.

Se estableció el marco legal que permite realizar la Compensación de Cotizaciones. Utilizando una fórmula para, en base a los descuentos realizados a los salarios de los afiliados aportados al sistema de reparto, poder calcular la suma de dinero que el Estado abonará a las cuentas individuales de esas personas en cuanto se jubilen, usándose estos fondos para engrosar sus rentas, o sea ya no es dinero de los trabajadores perdido.

No significa que tengan garantizada la Jubilación, sino que con el sistema de reparto se necesitaban 180 aportaciones, correspondientes a quince años laborales, además de los requisitos de edad de 50 años para las mujeres y 55 para los varones (ahora son necesarios 65 años), con esto se tendría acceso al 70 % del salario que percibían. La compensación de cotizaciones reconoce el 42 por ciento del salario que ganaba. Pero para lograr el 70 por ciento necesario que le permitiría jubilarse, se requieren 10 o15 años más de trabajo. Y para jubilarse con el 42 por ciento de su salario necesita esperar que pasen otros 15 años, hasta cumplir los 65 años.

Esta medida tuvo su origen en la necedad del Gobierno de no asumir el real costo de la Reforma, ya que para las 400.000 personas en esta situación el fisco debería gastar 460 millones de Bs. o sea 54 millones de dólares, y eso sin haber contabilizado aún a las personas que en momento de la Reforma no estaban inscritos o desempleados, así como a los ciudadanos que emigraron a otras países, o a los que viven en zonas casi inaccesibles del país. El déficit fiscal por la deuda interna suma y sigue, el expresidente Carlos Mesa, en su primer mensaje a la nación, advirtió de que la deuda interna paga intereses superiores a los que se tienen por la deuda externa, y los impuestos que recauda el Estado no llegan a cubrir gran parte de esos compromisos. Pero eso no es todo, aún viene lo peor, cuando los trabajadores comiencen a jubilarse bajo el nuevo sistema

Como ambos sistemas son tan diferentes en su concepción, sucede que la compensación de cotizaciones tiene dificultades procedimentales necesarios, como ser: Haberse afiliado o abierto una cuenta en una AFP, cuánto le corresponde a las nuevas cuentas individuales, la llamada "densidad de los aportes", o sea el dinero que el trabajador había aportado, y el último nivel salarial que percibía en 1996.

La Ley de Reactivación Económica estableció dos procedimientos de compensación. El primero de ellos es llamado "automático", y se aplica a todos los afiliados a la base de datos del Ministerio de Hacienda, que son aproximadamente 250 mil. El otro procedimiento es llamado manual, por no estar en la base de datos los aspirantes deben proveer documentación y es necesaria, la verificación de los aportes realizados por el trabajador por parte de la Dirección de Pensiones. Éste trámite es un remanente de cómo se hacía normalmente cuando un trabajador solicitaba su jubilación. En ésta situación hay alrededor de 100.000 personas que junto con las que no se inscribieron en las AFP, y otras 20.000 que quieren jubilarse con el antiguo sistema y 350.000 traspasadas de un sistema a otro en la compensación, la deuda del Estado con los FCI para pagar los actuales jubilados del sistema antiguo conforman el problema del Estado.

Lamentablemente de algún modo la historia de las falencias de los fondos complementarios tiende a repetirse en el SENASIR, el daño a quienes propugnan el sistema de responsabilidad del Estado miran con preocupación la tendencia a la corrupción y a la ineficiencia administrativa pública que parecer llevar repetidamente al fracaso del sistema solidario, esto es esgrimido por los privatizadores cuyos sistemas reducen al mínimo las posibilidades de fraude, por lo menos las del aportante (dobles planillas, edad, años de servicio, evasión, falsificación de documentos, etc.), y es que esa tendencia al engaño de las personas que buscan elevar la remuneración de los años finales, y la aspiración generalizada de ser mantenidos por el Estado, produce consecuencias graves al noble sistema de Seguridad Social, que son criticadas a veces por aquellos mismos que gerentaron el sistema antiguo en forma tan deplorable: los partidos políticos que con mentalidad de botín político y prebendalismo partidario electoral otorgaron a la teoría neoliberal sus argumentos y que además sucedía, ( o puede seguir sucediendo) que los gobiernos utilicen estos fondos intangibles para aliviar sus perennes problemas de iliquidez e inversión.

La Jubilación en sí es un proceso difícil, numerosos motivos hacen un calvario para los prejubilados llegar a disponer de su pensión ya que no saben cuánto tiempo deberán subsistir sin ingresos pues los trámites deberían durar 90 días pueden demorar 2 a 5 años, tiempo bastante largo para a ésa edad no tener de que vivir, por lo que se logró tratar con el gobierno el pago de 1.056 bolivianos mientras duraran los trámites. Además del siempre presente fantasma de la corrupción, la mala atención va de la mano de la desesperación complementada de varios motivos:

Las deudas empresariales, (más de 1000 empresas debían a la dirección de pensiones, por lo que los aportes de los trabajadores nunca llegaron al Estado, lo que deriva en procesos y búsqueda de datos), la falta de documentos (se exigen aunque las empresas ya no existan por lo que a veces es una intención imposible) la burocracia y falta de tecnología (desde la utilización de carpetas manuales, sólo el tras paso e fondos a las AFP ha generado un base de datos, pero aún hay un sector de procedimiento de trámite Jubilatorio que apropiadamente se llama "manual"), la proliferación legislativa, la politización, la sobrecarga del despacho, evasión, movimientos demográficos, la ausencia de una unidad de seguimiento y verificación, y la distancia que complica el envío y el contraenvío de documentos a, en especial con el interior. A esto se le añade el proceso de revisión y aprobación de las carpetas y la consecuente acumulación pues se consideró gasto superfluo la implementación de tecnología, hasta que los 5.000 trámites en curso se transformaron en 29.000.

Un tema de difícil solución, más aún cuando los propios trabajadores reclaman por la anulación de la Ley de Pensiones y el fin del sistema privado de las Administradoras de Fondos de Pensiones, administradas por capitalistas españoles. (los garantes de las AFP son las firmas Invesco, Argentaria y el Banco Bilbao de Vizcaya).

También son importantes los grupos de trabajadores marginados de la Seguridad Social, cada vez mayoritarios en nuestro país (informales, desempleados, subempleados, independientes etc.) y que el libremercado considera simplemente mercados inapropiados, o al máximo muestra interés por los que puede considerar "pobres rentables", ignorando totalmente a los que considera "pobres no rentables" sin ninguna oportunidad, contra el sentir de la Seguridad Social se ha pasado de una política priorizaba la oferta prestaciones a otra que se centra en las aportaciones que al fin y al cabo los consideraba sectores marginados por la falta de relación obrero patronal que les impedía ingresar al sistema. No hay otra posibilidad contra la exclusión. Ni siquiera se considera el problema de los desocupados o la posibilidad de establecer un sistema de pensión universal que no requiera aportación de los interesados, que se financie con el producto de los gravámenes y que podría complementarse con un sistema basado en ingresos así como aquellos que por el trabajo que desempeñan tienen características especiales y no pueden ser enmarcados en la visión actual de pensiones que es incapaz de implementar una prestación que en otros países existe, pero que aquí parece impensable: un seguro por cesantía que proteja de la grave condición de desocupación.

Si tomamos como ejemplo de situaciones especiales a los miembros de la Policía, que en un número aproximado de 20.000 soldados con un salario de 800 Bs., su aporte del 12.5% significan 100 Bs. mensuales, o sea por todos ellos 2 millones de Bs. en un mes y en 15 años serían 30 millones de Bs. Pero como estos grupos de trabajadores no pueden desempeñar sus funciones hasta los 65 años, se verán obligados a desempeñar otras labores que no comprenden el Seguro Social Obligatorio, perdiendo su rendimiento, por lo que se deben corregir la norma estableciendo un nuevo sistema de devolución del capital o de retiros parciales anticipados con el rendimiento por inversiones. Además la edad de Jubilación de 65 años es demasiado alta, debe considerarse los 60 años para los hombres y 55 para las mujeres, ya que completar 65 años para la redituabilidad del 70 % es lesivo o un espejismo si a esto le sumamos que las probabilidades de aumentar la esperanza de vida con el tiempo disminuyen, no aumentan.

Si un trabajador tuviera la posibilidad de poner su ahorro en una mutual o banco, o en un sistema de ahorro de libre disponibilidad, tendríamos un concepto más cercano al concepto de ahorro individual. Pero los sistemas de previsión privado consideran al individuo como un inversor (no un ahorrista) de su propio capital humano, justificando así las incertidumbres del futuro de su capital, por lo que trabajan concluyentemente con la irrevocabilidad de las aportaciones. Los conceptos entre ambos sistemas son tan diferentes técnica y administrativamente, que si bien la medicina social no busca superávit, y si lo tiene rápidamente debe reinvertirlo en servicios hasta abarcar a toda la comunidad, los sistemas privados buscan la eficiencia para la competitividad interna, bajo reglas rígidas de inversiones, manejo de recursos y otros en la medida de su organización y bajo el control de la Superintendencia.

Los principios de ambos sistemas son también diferentes: mientras la Seguridad Social tiene como fin redistribuir la Renta Nacional y preservar la calidad y el riesgo de la paz social nacional, el sistema privado busca cumplir el contrato de contingencia que ha hecho con su contraparte, pero su fin macro es generar cantidades de capital mediante el ahorro forzoso y buscar lucro para sus accionistas empresarios, lo que conciencialmente es justificado y legítimo en la actitud capitalista. Es necesario además establecer procedimientos por los cuales los aportantes participen en la gestión de sus recursos, aunque sea en forma consultiva, pues aunque no son copartícipes capitalistas de la empresa, son afiliados y se manejan sus aportes, además esto es permitido en muchas modalidades empresarias, aunque sea en forma consultiva; también podía hacerse desde el interior de la AFP.

Según el Artículo 9º del reglamento de la Ley de Pensiones, el capital que cada persona aporta luego de una vida laboral (durante 20, 30, 40 años) incluyendo intereses correspondientes será transferido en su totalidad a nombre de la entidad aseguradora o AFP correspondiente con la que el afiliado hubiera firmado el contrato de pensiones. .

Esta situación es reiterada en el artículo 16, que en su inciso "d" señala:

d.)…será financiado con la totalidad del capital acumulado en la cuenta individual del afiliado. Este saldo será transferido en su totalidad por la AFP como prima única a la Entidad Aseguradora con la que el afiliado suscribió contrato de pensión o a la cuenta de mensualidades vitalicias variables de la AFP que corresponda. Una vez firmado el contrato de pensión y transferido el capital acumulado en la cuenta individual éste pasará a formar parte del patrimonio de la Entidad Aseguradora o de la Cuenta de mensualidades vitalicias Variables.

O sea que el aporte del trabajador de un porcentaje elevado de su magro salario que forma un capital acumulado por años, prácticamente se pierde, pues es transferido a las AFP o a las compañías de seguro como una prima por anticipado de la renta que le va a reconocer. La renta en este modelo, es en realidad solamente el interés que rinde ese capital acumulado.

En cuanto al capital éste pasa a ser patrimonio de las compañías de seguros quienes entregan como renta al asegurado el rendimiento del interés de dichas sumas acumuladas en la vida laboral, y aunque ésta entrega se suspende un vez que fallece el asegurado, la compañía de seguros aun se queda con el capital y también con los intereses que continúe generando, o sea la redituabilidad del mismo. De este modo, esta capitalización parte del derecho de propiedad de la administradora sobre el aporte, sin ninguna disponibilidad para el aportante, aún después de muerto. Al tiempo de Jubilarse la administradora en un acto patriarcal cuidando estos dineros de una posible "dilapidación irresponsable" le entregará este seguro vitalicio en cuotas para sobrevivir, y mientras viva nunca dispondrá del capital acumulado, aunque alguna vez haya sido su esperanza.

Los principales beneficiados con el sistema son los gobiernos (que de un modo u otro disponen de estos fondos) y las AFP que cobran por el manejo de las aportaciones el 0,5 %, que hasta marzo del 2000, significó 23 millones de dólares, de este modo los trabajadores pagan por el dinero que entregan para que las compañías de seguros hagan inversiones, ésta comisión debería estar inmersa dentro de las utilidades de la inversión, o sea de los intereses que generan, y no salir del sueldo de los trabajadores. O sea que aquí apreciamos que el nuevo sistema de Pensiones no tiene nada en común con el antiguo, es totalmente diferente de ahí que quizás se genere confusión en los pensionistas, el antiguo sistema cultiva la solidaridad, éste el individualismo, el antiguo sistema era un fondo de ahorro, el nuevo más bien se parece a la compra de un seguro en el que si el individuo tiene "la suerte" de utilizarlo recibirá un beneficio (como en el caso de un accidente del SOAT), si no su aporte se pierde, así ahora se apuesta llegar a los 65 años, y a partir de ahí se apuesta a cuánto se sobrevive, las posibilidades aún se extienden más allá ¿será que los fondos existirán en el futuro?, es también posible que no, pues si bien se argumenta la efectividad administrativa del sistema privado sobre el control estatal, nadie puede garantizar seriamente el resultado, pues lo que precisamente caracteriza a los negocios en los mercados de capitales es el riesgo y la inseguridad de los efectos macroeconómicos de una gran acumulación de capital, inflación o una eventual baja de intereses entre otros.

En todo caso si los capitales se pierden, ¿quién se perjudica?, los aportantes ya traspasaron sus dineros acumulados al patrimonio de las AFP, quienes cobraron una comisión por su manejo, el problema quedará para el Estado y sus disposición a otorgar un estipendio a los jubilados con la esperanza de que no sobrevivan mucho.

Cuadro 7.– Ingresos por aportes al nuevo sistema entre mayo 97 a mayo del 2000 en millones de dólares.

Como Riesgo Común, se comprenden las enfermedades y accidentes que suceden fuera del trabajo, éste aporte laboral del 2%, generó hasta Marzo del 2000, 80 millones de dólares (Cuadro 7), sin contar los intereses, y su finalidad era la de que las AFP contrataran los servicios de salud necesarios para la atención del beneficiario aportante. La misma figura se presenta para los riesgos profesionales, o sea aquellos que suceden dentro del trabajo, y a las que también las AFP consideran que corresponde atender a los seguros que atienden la enfermedad, sin embargo esto además de vulnerar el artículo 31 inciso m.) de la Ley: "Son obligaciones de las AFP contratar los servicios de salud necesarios hasta la recuperación de los afiliados que sufren enfermedad y accidente profesional, o hasta que sean declarados inválidos permanentes y definitivos", de no cumplirse ésta disposición los aportes por riesgo común y riesgo profesional no tienen sentido. Aunque la Ley ya tuvo una modificación intencional antisolidaria. Como se señala en el pie de página 39 en que este artículo es "derogado por el Artículo 27 numeral 2 de la Ley 2064 de RE 2. ARTICULO 31º. Se deroga el inciso (m) con lo que esta aportación deja de ser aplicable a la atención se salud por lo menos en casos prolongados o crónicos, sin embargo los incisos k y l establecen la contratación y pago por servicios médicos, pero en su definición de "ente gestor de salud" médica comprende también la privatización de los servicios de atención médica.

Al respecto el Código de seguridad Social, aún vigente y el D.S. 21637, confieren a la Caja la administración de los regímenes de enfermedad, maternidad y riesgos profesionales a corto plazo, y le da al riesgo común condición de siniestro especial, motivo por el que precisamente se creó en la Ley de Pensiones el Seguro del Riesgo Común con el aporte económico antes señalado del 2% para ésta contingencia. Incluyendo la invalidez que en riesgo común tienen rentas mínimas.

En el caso de riesgos profesionales. Las AFP se hacen cargo del pago de los rentistas (140.000), quienes son en su mayoría mineros (Cuadro 8) con limitada expectativa de vida, al contrario del sistema de recaudación del 2%, por lo que también debe pagar a las cajas por atenciones e otras enfermedades crónicas cada vez más emergentes y dar las prestaciones de rehabilitación, ortopedia y readaptación personal, cuyos altos costos las cajas actualmente asumen, sin recibir nada de los montos antes citados. Además, estos fondos deberían estar en cuentas especiales.

Cuadro No.8 Tomado de la SPVS Memoria anual del 2002

La realización los pagos por pensiones de muerte e invalidez por Riesgo Común a afiliados al SSO, al igual que en el anterior caso, las compañías de seguros Provida y La Vitalicia, pagaron durante la gestión 2002 aproximadamente 45 millones de bolivianos a 1.910 beneficiarios mensualmente, acumulándose desde la gestión 1998 al 2002 cerca de 93 millones de bolivianos y correspondiendo la mayor parte de los pagos en el denominado eje central: La Paz 32%, Santa Cruz con el 20% y Cochabamba 26%, totalizando el 78% del total.

El Artículo 35 de la ley de Pensiones especifica que no puede haber exclusividad de AFP, aunque por supuesto los monopolios están prohibidos por la Constitución Política del Estado las normas y los contratos de administración se refieren ambiguamente a "áreas de exclusividad de cada AFP y en el territorio de explotación común" o al destino por años de nacimiento, la Superintendencia de Pensiones, debe mantener la competitividad. En mayo del 2002 venció el periodo de exclusividad de las Administradoras de Fondos de Pensiones, abriéndose el mercado para el ingreso de una tercera AFP. Se procedió a normar el procedimiento para el otorgamiento de Licencias a las AFP, y se dio inicio a través de Licitación Pública Internacional al ingreso de una nueva AFP. Sin embargo la licitación fue declarada desierta ante la inexistencia de interés de empresas extranjeras. En realidad no se debe dejar de percibir las ventajas que nos pudiera otorgar el libre mercado, la mejor oferta y la demanda, la libre competencia, pero en varios países latinoamericanos existen múltiples administradoras de fondos de pensiones, (cuadro 9) reguladas en la veracidad de su marketing

Cuadro 9 Números de Administradoras de fondos de pensiones en algunos países

Algunos otros ajustes de la actual Superintendencia de Valores y seguros deben ser tomados pues menoscaban su propia estructura y disminuyen la fuerza de su sistema entre ellos: existe una relación entre capitalizadas y AFP (fondo de capitalización individual y fondo de capitalización colectiva) inexplicable, Sin ninguna ley las AFP designan personas para representar en los directorios a los bolivianos, frecuentemente a profesionales con potenciales conflictos de intereses al haber pertenecido a las capitalizadas cuestión delicada más siendo un tema que puede ingresar en cualquier momento en agenda política. También está el hecho técnico de que las SOCAS Sociedades capitalizadas con inversiones paritarias (1+1= 2) producen dividendos más bajos que además deben ser repartidos entre dos.

Las acciones deben ser medidas no en la bolsa boliviana de valores, sino en la internacional, el artículo 305 establece la inversión en bonos del TGN, con el fin de que este obtenga fondos para el pago de las rentas, de este modo para el pago de las rentas, y por un período no mayor de quince años los aportes deben ser invertidos por las AFP en títulos valores de largo plazo (bonos) emitidos por el TGN, realizando ésta inversión del "Mercado del Ahorro Voluntario" en el "Mercado Primario Local" . Sin la fiabilidad de la bolsa internacional, queda la duda si ésta cantidad en los años fijados podrán ser pagados por un gobierno, si la compra se mantendrá en el ámbito nacional, y también se desvirtúa el principio de la Ley de Pensiones que pretende tener la esencia de la inversión con probada rentabilidad y que esos recursos sean invertidos en cumplimiento de planes sociales.

Tampoco se practica uno de los principios de las políticas públicas, el IEC, (información, educación y comunicación), de modo que no se estimula una cultura de previsión entre los jóvenes ni se estimula la decisión de los individuos en el ahorro, o programas de orientación previos a la jubilación que incluyan información sobre las consecuencias financieras de la jubilación.

El superintendente de pensiones, valores y seguros, Lic. Guillermo Aponte Reyes Ortiz en una entrevista (El Deber, 13 de Febrero del 2005), señala que no se está utilizando los aportes a las AFP para pagar el Bonosol, pero que sí se están comprando acciones de las empresas capitalizadas, de las que ahora somos dueños los 870.000 aportantes (pero, ¿acaso los aportes no pasaban a ser patrimonio de las AFP o acaso la Capitalización gozará siempre de buena salud política y financiera?), lo cierto que con eso se completó el pago de 90 millones de dólares del Bonosol, un programa que más allá de sus características, vuelve a la mesa de discusión con cada gestión Gubernamental, aunque el se estime que el año 2060 se extingan por razones naturales los beneficiarios de la Capitalización. La medida como explica el Lic. Aponte, no es difícil de tomar por los gobiernos, pues estos no ponen ni un centavo o sea que podemos decir que aunque el Bonosol es una política económica redistributiva que llegó a 470.000 personas el primer año se estima que llegarán al millón, no es gracias a las finanzas estatales paternalistas. Las AFP se verán cada vez más comprometidas a financiar la Reforma por la falta de recursos del Estado.

Evidentemente esta actitud además de ser posible es repetitiva ya que en pasado contrajeron contratos con la entonces Superintendencia de Pensiones (hoy Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros) y debieron negociar con el Gobierno, antecedente que establece que no hay ninguna garantía de que en el futuro no existan otros cambios en el pago de los beneficios de la capitalización, ya que existe una cláusula que da vía libre a cualquier ajuste que el Estado considere necesario aun sin el consentimiento de los accionistas (más bien de los beneficiarios, ya que traspasaron sus fondos a patrimonio de las AFP). La cláusula 24ta. del contrato dice: "Cualquier estipulación del contrato puede ser modificada, enmendada o complementada mediante un acuerdo escrito entre la Superintendencia y la AFP o, si corresponde, entre la Superintendencia y la AFP, los titulares de la participación comprometida y los garantes", añade: "Cualquiera de las partes del contrato podrá en cualquier momento solicitar que se sostengan discusiones para revisar la ejecución de cualquier estipulación del contrato y sin ningún compromiso, determinado si debería ser modificada, enmendada, corregida mediante acuerdo mutuo, o condiciones que, de no existir dicho acuerdo, las estipulaciones del contrato, según su última modificación, si fuere el caso, continuarán ejecutándose en los términos y condiciones ya previstos ".

Un ejemplo de que esas modificaciones pueden ser efectuadas son las metas establecidas en el contrato para las gestiones 1998 al 2001, que dicen que las AFP "deberán pagar el Bonosol a beneficiarios que, en conjunto, representen el número menor entre 116 mil o el 90 por ciento de la base de datos del Fondo de Capitalización Colectiva (FCC) actualizada al 31 de diciembre de 1997.

El número de beneficiarios que como vimos aumenta cada año, también ha cambiado según la óptica de los gobiernos, como fue la promulgación de la Ley PCP determinando entre otras cosas el Bolivida y la acción popular, y la vuelta de intención proselitista del siguiente gobierno con la Ley del Bonosol anulando lo anterior, ya que sólo hace falta que se pongan de acuerdo el Superintendente de Pensiones, Valores y Seguros y las AFP. Las AFP tienen la obligación, según el contrato, "de pagar los beneficios correspondientes al FCC (el Bonosol, luego Bolivida y Acción Popular) exclusivamente con la liquidez generada por la administración de los recursos de dicho FCC, efectuada en conformidad a la Ley de Pensiones, reglamentos y el contrato, pero la AFP no tiene la obligación ni función de generar liquidez en el FCC, por medios diferentes a los expresamente permitidos por las norma, si así fuera ¿Para qué se procedió a desprender las empresas rentables estatales bolivianas pretendiendo fortalecerlas al capitalizarlas?.

Empero, el monto que lograron las AFP como resultado de la administración del FCC fue insuficiente para cubrir los gastos de los beneficios de la capitalización en 1997, lo que hizo que el gobierno del MNR obligue a las entidades a endeudarse para pagar el Bonosol, en un compromiso más bien demagógico, algo que no estaba contemplado en el contrato. La falsa expectativa de que la rentabilidad de las capitalizadas produzca utilidades del 12%, nunca se alcanzó, pero arrojó sombras, especialmente sobre el futuro de los jubilados.

De acuerdo con los datos del gobierno, las AFP asumieron una deuda de 50 millones de dólares para cubrir el pago del Bonosol en 1997, a una tasa de interés del 11,5 por ciento. Ese monto tuvo que ser cancelado a lo largo de los tres últimos años con los dividendos logrados por las empresas capitalizadas entre 1998 y 1999. Otra de las facultades que otorga la Ley de Pensiones a las AFP es que pueden decidir libremente la venta de las acciones de las empresas capitalizadas para garantizar el pago de los beneficios de la capitalización. ¿Quién asegura un buen futuro económico a la Reforma y a las esperanzas de los Jubilados?

Sin embargo, esta opción no fue aplicada porque no todas las empresas están inscritas en la bolsa, es más casi no hay interés del empresariado de embarcarse en este sistema, y por cierto deben tener sus razones, (Cuadro 11) ya que además de desconocerse el valor de mercado de las acciones, las AFP pueden valuar las acciones de las empresas capitalizadas "de conformidad a la oferta adjudicada en cada proceso de capitalización, hasta que transacciones significativas establezcan un precio de mercado de acuerdo con las normas reglamentarias".

A ello podemos añadir la presión política para evitar la venta de las acciones, pues desde los inicios de la Capitalización ventas de las empresas nacionales en un principio, la venta fué a precio de "gallina muerta".

Lo que indudablemente en algún momento va a regenerar la recuperación de estos recursos por presión social y popular nacionalista, por el momento representantes políticos nacionales no han permitido la colocación de un candado que evita estos cambios constantes, que aunque generan desconcierto en la población y dudas de los beneficiarios de la capitalización, son soberanos. Muchos de los problemas económicos sociales deben ser buscados sus orígenes fuera de las fronteras nacionales.

Cuadro 10 La razón 13.I.2006

Cuadro No 11 Las recaudaciones aumentaron promedio año del 19,48% desde 1997, acumulando 7.468 millones de Bs. a diciembre del 2002, sin embargo las empresas inscritas disminuyeron por la compensación de cotizaciones.

El Superintendente señalan que el FCI supera los 1.615 millones de dólares, (Cuadro 12) una buena expectativa por la que se creó para que como ahorro puedan ser aplicados en inversión y desarrollo Nacional, pero algo de las muchas cosas que como vimos a lo largo de este análisis no fué previsto en

la visión de la Reforma, se hizo presente, ya que en este caso no hay la reacción de la empresa privada nacional que permita ofertar los instrumentos bursátiles cumpliendo los requisitos para financiar estas inversiones con un margen de seguridad .

Actualmente destinan un porcentaje importante de sus recursos a la compra de bonos del TGN, y a la adquisición de bonos voluntarios emitidos por el Banco Central de Bolivia debido a las carencias de instrumentos bursátiles, sólo hay 80 empresas nacionales en el mercado de valores, cifra minúscula comparada con los 18.174 empleadores cuyos trabajadores aportan a las AFP, lo que señala que hay poca confiabilidad en el sistema, aún con las ventajas de financiamiento a largo plazo, las bajas tasas de interés y la rentabilidad elevada.

Pese a que las Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión (SAFI) han superado su monto administrado de 160 millones de dólares, al comenzar la gestión llegó a colocar 300, aunque puede considerarse una mejoría, esto señala que uno de los motivos de la reforma estructural, el coadyuvar en la reactivación económica del país puede no cumplirse.

Otro servicio que otorga el Fondo de Capitalización Individual son los retiros mínimos y el pago de gastos funerarios por Riesgo Profesional y Riesgo Común. Estos retiros mínimos se los realiza cuando el afiliado no llega a cumplir con los requisitos mínimos para optar por una pensión de invalidez o una pensión de jubilación (por ejemplo un afiliado mayor de 65 años cuya cuenta individual no ha acumulado lo suficiente para una pensión vitalicia). El importe acumulado por retiros mínimos al 31 de diciembre de 2002 alcanza a 17,79 millones de bolivianos

Cuadro 12 Recaudaciones de los Fondos de Pensiones según registros de la SPVS

El espíritu de la Reforma parece priorizar las aportaciones, no las prestaciones: El artículo 14 de la Ley de Pensiones señala que "Las cotizaciones al Seguro Social Obligatorio de largo Plazo efectuadas de conformidad a la presente Ley no constituyen Tributos, ¿Para que desregularlos por ley? Además éste es un concepto peligroso para abrir las puertas a la privatización de la salud social de corto plazo cuyos aportes sí constituyen tributos, por lo que son de interés del estado. Es necesario también apreciar lo que sucede en naciones hermanas, y cómo hicieron su reforma de pensiones en otros países latinoamericanos como Argentina, Colombia, Costa Rica, Perú, Uruguay con programas mixtos paralelos combinando sistemas de repartos con individuales, y el tamaño de sus economías sí les permite establecer marcos legales para el funcionamiento de multifondos, de modo que el afiliado pueda elegir si la inversión de sus aportes será en acciones o bonos de renta fija o variables.

Como epílogo, diremos que si bien el liberalismo filosófico nos conduce hacia la democracia, el liberalismo económico lo hace hacia el capitalismo que en sus formas más agresivas de libre mercado necesita originar la globalización.

Este evento histórico particularmente impulsado en los últimos tiempos, precisa que los competidores se encuentren en cierta armonía o condiciones de participar del sistema para que funcione, no se trata de un acto de ecuanimidad, sino que en las desigualdades se encuentra el germen del peligro que provoque la crisis del sistema.

Aunque la historia se detuvo al concebir la evolución de la democracia liberal, la humanidad está muy lejos de considerarse en igualdad de condiciones de desarrollo, menos aún desde la perspectiva del consumismo que en una progresión sin precedentes aumenta su oferta en las últimas décadas, haciendo difícil a los pueblos alcanzar el ritmo del desarrollo tecnológico. Aunque sus conocimientos ancestrales les hayan permitido vivir en armonía con la naturaleza durante milenios, un "atraso" de décadas le crea un universo de necesidades que desde nuestra perspectiva modernista los encasilla en el nuevo apartheid social: la exclusión, o en una nueva categoría perversa: la pobreza, como consecuencia de preferir una buena administración privada aún a costa de un mal impacto popular.

Para Bolivia, el tratamiento privatizante de los social es una "gran marcha atrás" está fuera del contexto nacional al no considera nuestro principal fenómeno: La pobreza, no tiene sentido establecer un sistema, que instrumente un Estado con fobia a lo social aunque haga parecer una cosa "natural" ignorar la inversión en salud social, simplemente embargando las posibilidades de la mayoría, si se habla de la década de los 80 como la década perdida, y si bien a la ciudadanía no le pusieron un arma en la cabeza para que aceptara, sí se usó desinformación, y falsedad ideológica que es éste caso podemos considerarlos un acto ilegítimo, los gobiernos neoliberales parecen empeñados en hacernos perder décadas de progreso, en una era que como la actual los vertiginosos avances tecnológicos y culturales hacen de los años un factor decisivo del desarrollo de los pueblos, para los cuales hay que preparase para enfrentar los costos humanos y de recursos de los mismos pues de no tener ésta visión en pensiones, nos espera en el futuro un país con un millón de adultos en la indigencia..

La Ley de Pensiones además es hecha tan fuera del contexto nacional, y de nuestra dinámica demográfica, que no sólo no afecta sino que además perpetúa y acentúa una grave situación que nos lleva a un círculo vicioso letal (Fig. 10) ya que un sector mayoritario de la población, nada menos que las tres cuartas partes, está doblemente afectada, no sólo está excluida de la asistencia médica que otorga la seguridad social y por tanto gravita alrededor del Estado, que cubre materialmente deficientemente (cuando lo cubre), y por otro lado esta gran mayoría de seres humanos, nuestros conciudadanos está desamparada contra las contingencias de invalidez o el desempleo, aunque sean jóvenes, y con seguridad en la senectud.

A esta Ley no le importa mínimamente el desamparo total en que se encontraren no sólo del individuo, sino de grupos familiares completos y quizás de todos los bolivianos, pues directamente se ignora el efecto social y no se plantean asistencias alternativas que en realidad deben ser prioritarias, la OIT define como "asistencia social" al "servicio o régimen que otorga prestaciones a las personas de escasos recursos, por derecho en cantidad suficiente para satisfacer normas mínimas de necesidad, se financia mediante la imposición fiscal.", naturalmente su evolución es a ser reemplazada por seguridad social.

Otros elementos del debate, hacen notar que nuestro país parece no haber completado la evolución que tuvo la seguridad social hacia un derecho subjetivo desde los conceptos de caridad y beneficencia social cuando la persona es fuente de necesidades insatisfechas, que se acentúan más en cuanto el sistema se hace más irreconocible de lo que era a causa de sus cambios y deterioro en su favor que sin importar el peso de sus antecedentes, se prefiere establecer que no todo lo socialmente deseable es económicamente posible, cayendo en la pereza de actitud que no se puede hacer mucho más, cuando en realidad si se debe llegar más allá, pues en la medida que logremos bienestar no debemos dejar de reconocer nuestro grave índice de pobreza. Es de notar que se ha reconocido entre los riesgos contemporáneos a calamidades como calentamiento global, sequías, violencia, desempleo, inestabilidad social, terrorismo, hiperinflación, migraciones desordenadas, la muerte, y otros entre los que se encuentra cerrando la lista, el costo de las transiciones económicas (enciclopedia Larousse). Otro golpe contundente para el país.

Se ha creado un ambiente pesimista, sostenido en el argumento de que el sistema de reparto no tiene garantías financieras, y todo con el fin de sustituirlo con el sistema privado, error que nos llevará a más sectarismo y exclusión, pues es conocido el hecho de fondo que sin un continuo desarrollo de la sociedad y la economía nada puede funcionar bien, ni siquiera los sistemas privados.

Así vemos que los argumentos de un prometido y seguro sistema estable individual, no son ciertos, recordemos el premio Nóbel de Economía 2001 J. Stíglitz, quien nos demostró la asimetría de la información económica. Las contingencias que puede sufrir una persona y sus familia tendrán un impacto económico negativo si la protección no es parte de su vida, de acuerdo a esto, en el ambiente Europeo, lo público tiene grandeza y es lo confiable, y más bien lo privado puede tener el concepto de sospechoso, o sea que necesariamente, no es mejor lo privado que lo público, inclusive en Latinoamérica no todos los países mantuvieron el camino de la capitalización del ahorro individual, algunos como Brasil prefirieron ser mas solidarios estableciendo sistemas mixtos de reparto, amparando a las muchas personas sin capacidad de ahorro, y abriendo las puertas a la posibilidad de la protección universal social de sus habitantes, manteniendo el Estado su tutela.

En otros sistemas más experimentados, como en la Unión Europea, se mantiene la cultura por lo público explorando los sistemas privados sólo como una opción complementaria para mejorar la seguridad individual. Pero no podemos ver primero el financiamiento y después recién a las personas, ya que nuestro objetivo son los ciudadanos en primer lugar, por lo que las discusiones financieras deben ser dirigidas hacia cómo lograr hacer efectivo el ingreso de todas las personas al beneficio.

Aunque nuestra seguridad social tiene una fuerte dependencia de la relación obrero patronal, en realidad la necesidad de las personas es independiente de sí se encuentran en el mercado formal o informal, en el sector urbano o en el rural, o si están en edad laboral o no, en la práctica la persona parece no ser importante antes de iniciar su vida laboral, y después de terminarla, lo que es un absurdo, es necesaria la flexibilidad de los medios que busquen una meta más amplia, que parta del reconocimiento de un derecho para todos, que se considere unas Política Nacional que con claridad busca invertir en dar oportunidad a las personas, las mismas que considera sus potenciales sociales sostenibles, inclusive se reconoce el potencial de las personas con discapacidades y de quienes por motivos de su edad también pueden aportar a la sociedad y al mercado, y si algunos no pueden llegar a esto por lo menos buscar la grandeza de proporcionarles seguridad y dignidad. En realidad está fuera de discusión el beneficio que la educación y la inversión en la persona tiene sobre la economía acrecentándola.

En lugar de pretender un sistema como el nuestro, en el que las personas jubiladas se presenten como un grupo que recibirá un estipendio mensual controlado sin reconocer sus capacidades, se debe llevar el concepto de que su envejecimiento natural una persona debe conservar su independencia, y más bien en lugar de aislarse, tiene que ampliar su participación social, al tiempo que prolonga su vida útil. Lo contrario, inclusive la incapacidad o la muerte del anciano conlleva un hecho que también suele ser relegado, y es que su fallecimiento o deterioro físico o social también puede influenciar en la calidad de vida de generaciones más jóvenes, un hecho conceptual secular es que el núcleo familiar debe estar compuesto por tres generaciones, por el importante apoyo que otorgan los mayores en el apoyo y crianza de los más jóvenes, en especial en los países no desarrollados donde la muerte o emigración de los padres sumerge en profundos conflictos a los nietos que deben ser criados por los abuelos, aquí aparece otro fenómeno no tomado en cuenta, que es que los beneficios de la seguridad social intergeneracional, conllevan también beneficios intrageneracionales, mejorando la distribución y la oportunidad.

No es posible entonces medir la seguridad social en cuanto a costos para el Estado, por muy alto que éste sea, las consecuencias futuras de no proteger s a sociedad son mucho más costosas, para comenzar el aumento de la pobreza, la misma que de por sí ya nos es muy difícil de disminuir, por no decir de vencer, y en la que siempre nuestros habitantes serán seres vulnerables, luego esto nos lleva a un fenómeno que hoy en nuestro país ha creado condiciones políticas graves, como es la exclusión, y de la que se supone que mucho más de la mitad de los bolivianos no podrán salir de ella durante su vida, ellos al estar en ésta situación no pueden desarrollar y aportar su potencial al país al estar durante todas las etapas de su vida ahogados por la falta sus necesidades básicas , no tener acceso a bienes, servicios y derechos.

Si no hay una apreciación objetiva, los recortes estatales en servicios sociales y de salud generarán posteriormente más gastos para el Estado, como solicitudes de aumento salarial, jóvenes sin haber tenido las condiciones para desarrollar capacidades para ser el capital humano de un país, desempleo y pérdida de capital social, pues las familias pobres sólo pueden esperar ayuda del Estado, y si éste deja de hacerlo no podrán tener sostenibilidad, y ellos perderán confianza en valores como la confianza en la sociedad cuestionándola. Estos fenómenos además tienen carácter acumulativo afectando al final la democracia, ante lo que aparecerán planteamientos de extremismo político. El gobierno que quiera ignorar la inversión social con fines de ahorro, comete un acto increíblemente inconsciente y negligente. Somos un país pobre, y no podemos dejar de priorizar el desarrollo social, la pobreza sólo se puede combatir con inversión en el área social.

La capitalización individual, agravó además la exclusión, ya de por sí nuestra Seguridad Social estaba conceptualizada únicamente para las personas con relación obrero patronal, como la industria no es uno de los fuertes nacionales, dejaba afuera a las personas que se buscan la vida como pueden y los cataloga como "grupos difíciles de asegurar", estos grupo sin embargo son la mayoría nacional, es más provienen del propio ambiente de pobreza en que se hallan sumergidos, y donde estos conceptos parecen querer mantenerlos , sabemos que en un país pobre, más aún uno afectado por el neoliberalismo que inhibe el Estado aumentan los informales, los por cuenta propia, ocasionales, independientes, domésticos, desempleados, subempleados temporales , campesinos y otros. Ellos no han tenido la fortuna de pertenecer a un sistema empresario o estatal donde en realidad la diferencia está en que es más fácil afiliar y recaudar las contribuciones.

En éste caso esa es la diferencia fatal entre formal e informal, y es donde nuestros gobiernos debieron concentrar sus esfuerzos. Es interesante que haya sido más fácil implementar seguros no contributivos como el de Vejez y el Materno infantil, de indudable utilidad e impacto, pero queda el gran desafió de aumentar la cobertura de la afiliación, de ser posible comenzar a establecer un marco legal de afiliación obligatoria o voluntaria.

Una pregunta que quedó pendiente en Bolivia, es si existieron opciones para la Reforma, es decir si se pensaban hacer cambios, que opciones habían, en realidad nos encontramos con que hubo una crítica unilateral contra el sistema público, exaltando los beneficios del sistema privado, entendiendo por sistema público aquellos en que el monto de las contribuciones pueden ser variables, sus prestaciones son establecidas, su régimen es de reparto o capitalización parcial colectiva y su administración es pública, se entiende como sistema privado aquellos que tiene su aporte definido, sus prestaciones no están definidas, su capitalización es individual y lo administran sistemas privados, se supone que éste último sistema es conlleva un incentivo de seguridad personal que hace que el contribuyente sea un afiliado entusiasta y puntual pues es propietario de su cuenta individual, pero en Bolivia, sus aportes pasan a ser patrimonio de la administradora, que les devolverá solo los intereses, como ya mencionamos.

Lo cierto es que se hace creer que todos los países diligentemente implementaron estos sistemas privados, lo que no es cierto, (cuadro 13) ya que se entendió que las Reformas estructurales de pensiones son aquellas que o bien sustituyen un sistema público de pensiones por otro privado o también pueden crear un sistema privado que compite con el sistema público en el que también puede haber un sistema complementario coadyuvando al sistema público. Otro tipo de Reforma propuesta, aunque en nuestro país no se mencionaron, son las paramètricas, Reformas paramètricas son aquellas que mantienen el sistema público mejorando sus aspectos financieros y administrativos a largo plazo con las medidas necesarias como ser modificando los cálculos, las edades de retiro, estableciendo prestaciones y otras, hasta el 2003 doce países de Latinoamérica habían aplicado reformas estructurales de pensiones, pero otros habían preferido las reformas paramètricas. Otros estaban en consideraciones entre ambos sistemas. Los países que acometieron las reformas estructurales, nosotros entre ellos, sufrimos hoy las consecuencias de dicho entusiasmo.

Cuadro 13 diversas preferencias de países ante las opciones de las reformas

Estando los bolivianos ante una nueva Constitución, no podrá dejar de considerarse que cuando un ciudadano tenga su vida en riesgo ante lesión o amenaza el Estado deberá proteger inmediatamente el núcleo esencial del afectado y reconocerle su carácter sagrado, ante lo que resultará violatorio que se antepongan intereses de carácter económico en la conservación de la vida y el respeto de la dignidad humana, ante la necesidad de recibir atención de salud para conservar su existencia.

Estos derechos el Estado debe materializarlos a través de la organización de un sistema que responda a las demandas de atención de salud que se hagan en la comunidad, pues la salud pasa a ser un servicio que además de derechos fundamentales genera derechos prestacionales a través del sistema de servicio de salud mediante un desarrollo de los aspectos técnicos, económicos, legislativos y políticos, inclusive genera derecho subjetivo, aplicado mediante la acción de tutela, y garantizar a todos los habitantes su derecho a la seguridad social.

La nueva legislación también no debe permitir que volvamos a tener retrocesos en salud pública, estableciendo la progresión continua obligatoria en materia de salud y educación mediante la priorizaciòn de instituciones y procedimientos, dejando amparados los recursos necesarios que no deberán ser afectados ni siquiera bajo motivos de reactivación económica., es más aquellos recursos para la seguridad social, tampoco bajo ningún motivo deben ser destinados a otros propósitos que no sean la prestación de salud de los servicios de seguridad social.

Constitucionalmente ni siquiera deberán permitirse impuestos sobre el aporte del pago por capitación. Sin embargo no podemos dejar de considerar dos fenómenos que en los últimos años rápidamente han ocupado el escenario nacional, ambos contradictorios, y aparentemente excluyentes: son el Indigenismo y las reivindicaciones Autonómicas, ambos tienen sus propios paradigmas que entrarán en contraposición, pues su naturaleza son distintas. Ambos deberán plantearse modelos de servicio social, si alguno tiene en su visión un concepto moderno, universal y por tanto incluyente de sus habitantes, habrá logrado ponerse adelante al mejorar uno de los parámetros del Índice de Desarrollo Humano (IDH) un ciudadano sano, y educado impulsará el camino al desarrollo económico logrando la ventaja de su grupo, y los pensadores de estas tendencias ya deben estar tomando para sí este problema, pues no podrán desentenderse del mismo.

Las numerosas Autonomías Europeas, han tenido diversas reacciones para asumir la atención de sus ciudadanos, pero un hecho es evidente, que la prestación de un servicio a quien lo necesite es mejor otorgado por la organización administrativa que esté más cerca, este caso el Municipio o la Región Autónoma, ya sea en el grupo Anglosajón, Mediterráneo, Escandinavo (Folkhemmet), Continental u Oriental, dicha función a despertado ineludible interés centrándose en las Rentas Mínimas de Inserción, combatiendo la exclusión, con particular interés en España, en los lander de Alemania (Socialhilfe), Francia (RMI), en las regioni Italianas y otros. También autonomías Indígenas, como en Nicaragua asumen estos retos contribuyendo para no quedar como mendicantes y asumir así derechos y obligaciones. En fin contrariamente a la corriente impuesta en Bolivia , en países con más desarrollo la tendencia es a aumentar el apoyo social a los sectores necesitados.

Y es que la Seguridad Social no debe ser sólo una declaración retórica sino una decisión de Estado. El minimizarla con demagogia puede conducir a actitudes como la Reforma de Pensiones. El propio Simón Bolívar, visionario ya en 1838 sugirió el principio de Justicia Social como rector de las economías nacionales en beneficio del pueblo, él mismo, en el célebre discurso de la Angostura (1819) acuñó el término de "Justicia Social", luego en 1850 comienza a tomar forma en la nueva ley de los pobre (New Poor Law) de los Ingleses, antecedentes que en nuestra era fueron utilizados en la Carta del Atlántico en 1941 por Franklin D. Roosevelt y Winston S. Churchill, quien esgrimía el informe Beveridge, de tal modo que el tema tuvo que estar presente en el New Deal en el Acta Social (Social Act.).

Si bien en nuestro momento, al elaborar el código de Seguridad Social, siguiendo el modelo Sueco, que aunque laborista es de un criterio muy amplio, en éste momento, es notoria la falta de un proyecto de Estado Nacional, y la desorientación que esto nos produce en la sociedad civil al no existir planificaciones y metas que nos permita tener una agenda política que implemente la protección social. El Estado desde que obedece a las relaciones entre las personas y su capacidad para producir cambios, es dinámico y perfectible, lo que se logrará en la medida de que ciudadanos vayan tomando conciencia de sus necesidades, y tengan la rapidez y la capacidad de generar ideas y soluciones incluyendo el correspondiente marco legal, para todos los ciudadanos, no sólo para un grupo, ya que el desafío actual boliviano es convivir.