La unión europea. Instituciones y políticas comunitarias (página 4)
Enviado por Benedicto Cuervo Álvarez
– Estatuto de los diputados al Parlamento y estatuto de los partidos políticos europeos.
– La Comisión (composición y funciones del Presidente).
– Las demás instituciones (Tribunal de Justicia, Tribunal de Cuentas, Comité Económico y Social Europeo, Comité de las Regiones).
-El Banco Europeo de Inversiones;
– Denominación del Diario Oficial.
El artículo 3. Contiene las modificaciones del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Tratado EURATOM).
El artículo 4. Contiene las modificaciones del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (Tratado CECA).
El artículo 5. Contiene las modificaciones del Protocolo sobre los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo.
El artículo 6. Contiene las modificaciones del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de las Comunidades Europeas.
La segunda parte contiene las modificaciones transitorias y finales y los artículos 7 a 13.
Finalmente, hay cuatro protocolos anexados a los Tratados:
Protocolo sobre la ampliación de la UE relativo a la composición del Parlamento, a la de la Comisión y a la ponderación de votos en el Consejo.
Protocolo sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia.
Protocolo sobre las consecuencias financieras de la expiración del Tratado CECA (Comunidad Europea del Carbón y del Acero).
Protocolo sobre el artículo 67 del Tratado UE (cooperación adminis trativa entre las administraciones de los Estados miembros en materia de «visados, asilo, inmigración y otras políticas relacionadas con la libre circulación de personas»).
LOGROS DEL TRATADO
La reforma institucional llevada a cabo en Niza ha sido calificada de «técnica» y de «limitada». En efecto, el Tratado no introduce cambios importantes en el equilibrio institucional, sino que más bien supone ajustes que giran en torno a dos ejes principales: por una parte, la cuestión atinente al funcionamiento y a la composición de las instituciones y, por otra, las cooperaciones reforzadas. Fueron raros los asuntos de naturaleza no institucional abordados al margen de las discusiones sobre la reforma de las instituciones.
Por razones de claridad, esta guía del Tratado de Niza se ha dividido en tres grandes secciones, que cubren las principales reformas introducidas.
CUESTIONES INSTITUCIONALES.
El Consejo de la Unión Europea y la nueva ponderación de votos en el Consejo: Medidas de reajuste del peso respectivo de los Estados miembros en favor de los más poblados y reparto de los votos en una Unión de 25 y luego de 27 y 28 Estados miembros. Se sustituye la unanimidad por la mayoría cualificada, alegando la dificultad de alcanzar un acuerdo unánime con la ampliación de la UE.
La Comisión Europea: Modificación de la composición de la Comisión, refuerzo de los poderes del Presidente y modificación del sistema para su nombramiento. El Presidente de la Comisión decidirá la distribución de las carteras y podrá alterar estas responsabilidades durante el mandato, asimismo fija la orientación política de la Comisión.
Sistema jurisdiccional: Introduce, mediante el Tratado de Niza, una nueva arquitectura judicial europea con un nuevo reparto de las competencias entre las dos instancias (Tribunal de Justicia y Tribunal de Primera Instancia) y posibilidad de crear salas jurisdiccionales especializadas. El Tribunal de Justicia estará compuesto por un número de jueces igual al de Estados miembros, no tendrá que reunir todos los jueces en pleno sino reunir en sala grande de trece jueces, de esta manera se podrá funcionar y deliberar en plazos razonables.
Otras instituciones.
El Parlamento Europeo: Ampliación del procedimiento de codecisión y modificación del número de diputados que corresponde a cada Estado miembro y a futuros Estados miembros. De tal forma que se pasa de 626 miembros a un máximo de 732. Además se refuerza el papel institucional del Parlamento a través de la extensión de la adopción de decisiones por el procedimiento de codecisión.
El Tribunal de Cuentas, el Comité Económico y Social Europeo y el Comité de las Regiones: Composición y nombramiento de los miembros.
Procedimientos de decisión.
Cooperaciones reforzadas: El Tratado de Niza ha flexibilizado el sistema de cooperaciones reforzadas (condiciones menos estrictas, supresión del derecho de veto y ampliación de los ámbitos concernientes).
Votación por mayoría cualificada: Ampliación de la votación por mayoría cualificada respecto a una treintena de nuevas disposiciones que entrarán en el ámbito de este procedimiento de decisión.
DESPUÉS DE NIZA, LA CONTINUACIÓN DE LA REFORMA INSTITUCIONAL
Declaración sobre el futuro de la Unión.
En una declaración sobre el futuro de la Unión aneja al Tratado de Niza, la Conferencia Intergubernamental apeló a un debate más amplio y profundo sobre el futuro de la Unión Europea. Este debate debía asociar a los Parlamentos nacionales y al conjunto de la opinión pública, así como a los países candidatos, y desembocar en una nueva CIG en 2004.
El debate debía abordar, en particular, cuatro cuestiones principales:
La forma de establecer una delimitación más precisa de las competencias entre la Unión y los Estados miembros.
El estatuto de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
La simplificación de los Tratados.
La función de los Parlamentos nacionales en la arquitectura europea.
La Declaración de Laeken (diciembre de 2001).
En la reunión de Laeken, en diciembre de 2001, el Consejo Europeo presentó el método adoptado para llevar a cabo la reforma (la convocatoria de una Convención), el calendario y definió el contenido del debate.
La Convención.
Conforme a la Declaración de Laeken, se optó por el modelo de la Convención para preparar la próxima CIG. Inspirada en la Convención que elaboró la Carta de los Derechos Fundamentales, la Convención estaba compuesta por representantes de los gobiernos y de los Parlamentos nacionales de los Estados miembros y de los países candidatos, por representantes del Parlamento Europeo y de la Comisión. Su sesión inaugural tuvo lugar el 28 de febrero de 2002 y sus trabajos finalizaron tras diecisiete meses de discusiones.
La Convención elaboró un proyecto de Tratado por el que se instituye una Constitución para Europa, que fue presentado por su Presidente, el Sr. Giscard d'Estaing, al Consejo Europeo de Tesalónica. La Convención terminó sus trabajos en julio de 2003.
La Conferencia Intergubernamental y el proyecto de Constitución.
El proyecto de Constitución, fruto del trabajo de la Convención, sirvió como base para las negociaciones de la CIG convocada en octubre de 2003. El 18 de junio de 2004 se alcanzó un acuerdo político como consecuencia del trabajo de dicha CIG, y el proyecto de Constitución se transmitió a los jefes de Estado. Todos ellos lo firmaron el 29 de octubre de 2004.
La ratificación de la Constitución era la última etapa a superar antes de su entrada en vigor. La Constitución debía, así, ser ratificada por todos los Estados miembros, con arreglo a sus respectivas normas constitucionales, bien mediante ratificación parlamentaria, bien mediante referéndum.
A raíz de las dificultades que hubo en determinados Estados miembros en lo concerniente a la ratificación, en el Consejo Europeo de los días 16 y 17 de junio de 2005 los Jefes de Estado o de Gobierno decidieron iniciar un «período de reflexión» sobre el futuro de Europa.
El Tratado de Lisboa
La ciudad de Lisboa conoció épocas de esplendor, cuando cientos de curiosos aventureros, entre ellos Vasco da Gama, se lanzaban al mar deseosos de descubrir y explorar nuevas tierras que la convirtieron en potencia marítima, y épocas de desastre y miseria, que la dejaron al borde de la ruina. Sin embargo, nada pudo evitar que Lisboa resurgiera como una ciudad pujante y de cara al futuro. He aquí un resumen de su historia. La leyenda cuenta que fue Ulises quien fundó Lisboa en su vuelta a casa luego de la guerra de Troya. Ulises habría llamado a la ciudad Olissi po, un derivado de su nombre que a su vez derivó en Olissipona, Lissapona, hasta la voz actual de Lisbon para el inglés, Lisboa para el castellano y el portugués. En realidad no se sabe a ciencia cierta si fueron los griegos o los fenicios quienes la fundaron en el 1200 a.C. y la bautizaron Olissipo, un derivado de Allis Ubo, que en lengua fenicia significa "puerto encantado".
Al principio la ciudad era disputada por fenicios, griegos y cartagi neses, debido a su ubicación estratégica para el comercio marítimo. Fueron los romanos quienes la ocuparon allá por el 205 a.C., y la llamaron Felicitas Julia. Formaba parte de la colonia de Lusitania y era la ciudad más importante de la península ibérica cuando Julio César llegó al poder, en el año 60 a.C.
Cuando cayó el imperio romano, las tribus bárbaras avanzaron, y alanos y suevos ocuparon la ciudad. Los visigodos eran quienes habían tomado la ciudad cuando en el 711 los musulmanes del norte de África la invadieron y ocuparon durante 450 años. De este período pueden observarse aún sus huellas en las sinuosas calles de Alfama y el Castillo de San Jorge.
El primer rey de Portugal fue Alfonso I Enriques, quien expulsó a los musulmanes en 1147, y más abajo del castillo de San Jorge construyó una catedral, la Sé, adonde llegaron los restos de San Vicente, mártir en la lucha contra los musulmanes y luego patrono de Lisboa. En el 1256, bajo el reinado de Alfonso III, la ciudad devino capital de Portugal. Con su hijo Dinis Lisboa se expandió comercial y culturalmente y en 1290 se fundó la primera universidad. Se amplió la ciudad a los pies del castillo y en la zona de la Baixa. Cuando en 1373 la ciudad fue saqueada por Enrique II de Castilla, Fernando I hizo construir unas murallas como protección para sus 40.000 habitantes. La peste negra sacudió a Lisboa y la economía se desestabilizó; sólo se recuperó la prosperidad en la Era de los Descubri mientos. Después de que Cristóbal Colón emprendiera sus viajes en busca de las Indias, muchísimos marinos soñaban con hacerse a la mar para probar suerte también. Uno de ellos fue Vasco da Gama, que en 1497 se embarcó en Belém y abrió la ruta hacia las Indias bordeando Africa. El 26 de enero de 1531 la ciudad sufrió un terremoto en el cual murieron miles de personas. No obstante, las riquezas obtenidas con el comercio de especias, aumentadas también por las provenientes de Brasil, convirtieron a la ciudad en una potencia, el centro comercial de Europa. En estos tiempos Manuel I levantó la Torre de Belém y el Mosteiro Dos Jerónimos, como agradeci miento a Dios por tanta riqueza. En el siglo XVI se trazó la Plaza de Comercio (Terreiro do Paço) frente al río, y surgió el Bairro Alto, con comerciantes que venían a establecerse en la ciudad. La Inquisición instaló su régimen de terror y numerosas ejecuciones tuvieron lugar en la Plaza de Comercio y en la Plaza del Rossio.
Cuando murió Sebastián I, la ausencia de herederos animó a los españoles a ocupar Portugal en 1580. No fueron expulsados sino hasta el año 1640, cuando el duque de Braganza subió al trono como João IV. El oro traido de Brasil renovó la prosperidad de la ciudad y el rey João V emprendió ambiciosos planes de edificación, entre ellos, el del Acueducto de Aguas Livres, que llevaba el agua desde el valle de Alcántara. Todala prosperidad cayó en pocos minutos cuando un nuevo terremoto sacudió Lisboa el 1º de noviembre de 1755, dejándola totalmente destruida.
La reconstrucción de la ciudad quedó en manos del primer ministro de José I, el marqués de Pombal. Este había planificado un diseño de cuadrícula, con el centro de la ciudad en la zona de la Baixa. La eficacia con que se enfrentó la crisis y el desarrollo enérgico de su plan lo convirtieron en la figura política del momento. Cuando Napoleón invadió Portugal, el rey debió huir a Brasil, la capital del imperio pasó a Río de Janeiro y los proyectos no se continuaron, provocando la decadencia de Lisboa. No obstante, el diseño de Pombal puede observarse aún hoy en las calles de la Baixa, llamada por eso Baixa Pombalina. El plan tardó bastante en concretarse y el Arco de Triunfo que cierra la Rua Augusta se acabó cien años más tarde, en 1873. Durante la segunda mitad del siglo XIX llegó la revitalización econó mica. Se construyeron carreteras, vías férreas, circularon tranvías, se hizo un muro de contención en el Tajo.
En 1908 asesinaron al rey Carlos y su hijo Luis Felipe cuando pasaban por la Plaza de Comercio y dos años más tarde caía la monarquía. Antonio Oliveira Salazar, que implantó una dictadura desde 1926 a 1968, continuó modernizando Lisboa en detrimento del resto del país. En 1966 se levantó el puente Salazar sobre el Tajo, que pasó a llamarse Ponte 25 de abril conmemorando la Revolución de los Claveles de 1974, que acabó con la dictadura. Tras la revolución, el país vivió años de gran euforia y cambios en la política. Portugal pasó a formar parte de la Comunidad Europea en 1986, lo que significó que la economía evolucionara favorablemente.
En 1988, nuevamente la tragedia tocó a la ciudad, cuando el fuego arrasó con el barrio del Chiado. Las pérdidas en cuanto a patrimonio edilicio fueron cuantiosas y fue convocado uno de los mejores arquitectos de Portugal para la reconstrucción: Alvaro Siza Vieira. Lisboa fuecapital cultural europea en 1994 y sede de la Exposición Universal de 1998, cuyo tema fue el océano, una forma de rendir homenaje a su inigualable historia marítima.
En la actualidad, la ciudad de Lisboa, capital de Portugal, cuenta con unos 600.000 habitantes. La Agenda de Lisboa fue un acuerdo de la Unión Europea basado en medidas para la mejora de la economía europea, firmado en Lisboa en 1999. Sin embargo, es la firma del Tratado de Lisboa en diciembre de 2007, el evento más trasendental que ha celebrado la UE en esta ciudad.
Europa ya no es la misma que hace 50 años, como tampoco lo es el resto del mundo. Hoy más que nunca, en un mundo globalizado que no deja de cambiar, Europa debe afrontar problemáticas nuevas: mundialización de la economía, evolución demográfica, cambio climático, abastecimiento energético, nuevas amenazas para la seguridad.
Los Estados miembros no están ya en condiciones de afrontar en solitario todos estos nuevos retos, que no conocen fronteras. Sólo un esfuerzo colectivo a escala europea permitirá hacerlo y responder a las preocupaciones de los ciudadanos. Pero, para ello, Europa tiene que modernizarse. Necesita instrumentos eficaces y coherentes adaptados no sólo al funcionamiento de una Unión recientemente ampliada de 15 a 27 miembros, sino también a las rápidas transformaciones del mundo actual. Esto implica renovar las normas de la vida en común establecidas en los Tratados.
El Tratado de Lisboa se diseñó para mejorar el funcionamiento de la Unión Europea (UE) mediante la modificación del Tratado de la Unión Europea (Maastricht) y el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (Roma). Algunas de las reformas más importantes que introduce el Tratado de Lisboa son la reducción de las posibilidades de estancamiento en el Consejo de la Unión Europea mediante el voto por mayoría cualificada, un Parlamento Europeo con mayor peso mediante la extensión del procedi miento de decisión conjunta con el Consejo de la UE, la eliminación de los tres pilares de la Unión Europea, y la creación de las figuras de Presidente del Consejo Europeo y Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad para dotar de una mayor coherencia y continuidad a las políticas de la UE. El Tratado de Lisboa también hace que la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea sea vincu lante jurídicamente.
Estos son, básicamente, los objetivo del Tratado firmado en Lisboa el 13 de diciembre de 2007. Al acordar esas nuevas normas, los Jefes de Estado o de Gobierno tenían presentes los cambios políticos, económicos y sociales que se estaban produciendo y la necesidad de responder a las esperanzas y expectativas de los ciudadanos europeos. El Tratado de Lisboa establece qué puede y no puede hacer la UE, y qué medios puede utilizar. Modifica la estructura de las instituciones europeas y sus métodos de trabajo, para que puedan dar mejor servicio a la democracia y a los valores fundamentales de la Unión.
Este Tratado es el fruto de negociaciones entre los Estados miembros reunidos en la Conferencia Intergubernamental, en la que participaron también la Comisión y el Parlamento Europeo. Ha sido ratificado por los 27 Estados miembros. Cada uno de ellos podía elegir su propio método de ratificación, de acuerdo con sus normas constitucionales.
El Tratado de Lisboa, por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea y el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, fue firmado por los representantes de los veintisiete Estados miembros en la capital portuguesa el 13 de diciembre de 2007. Entró en vigor el 1 de diciembre de 2009, una vez ratificado por todos los Estados miembros.
El Tratado de la Unión Europea incluye una disposición que permite la revisión de los Tratados: el artículo 48 prevé que cualquier Estado miembro, el Parlamento Europeo o la Comisión podrán presentar al Consejo proyectos de revisión de los Tratados. El Consejo remitirá dichos proyectos al Consejo Europeo y los notificará a los Parlamentos nacionales. Si el Consejo Europeo adopta una decisión favorable, el Presidente del Consejo Europeo convocará una Convención compuesta por representantes de los Parlamentos nacionales, de los Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros, del Parlamento Europeo y de la Comisión. La Conven ción examinará los proyectos de revisión y adoptará por consenso una recomendación dirigida a una Conferencia intergubernamental (CIG), que convoca el Presidente del Consejo. El Consejo Europeo también podrá decidir, por mayoría simple y previa aprobación del Parlamento Europeo, no convocar una Convención cuando la importancia de las modificaciones no lo justifique. En este último caso, el Consejo Europeo establecerá el mandato para una CIG que a continuación será convocada por el Presidente del Consejo. De este modo, en ambas hipótesis se convocará una CIG compuesta por todos los Estados miembros (precedida o no por una Convención), y cualquier modificación de los Tratados requerirá siempre la ratificación por parte de todos los Estados Miembros con arreglo a sus respectivas normas constitucionales.
El Tratado de Lisboa es el último de los Tratados que, en el pasado, han modificado los Tratados sobre los que se han fundamentado las Comuni dades y la Unión Europea, tales como el Acta Única Europea (1986), el Tratado de la Unión Europea (Maastricht) (1992), el Tratado de Áms terdam (1997) y el Tratado de Niza (2001).
El 1 de diciembre de 2009, tras años de negociación sobre cuestiones institucionales, entró en vigor el Tratado de Lisboa.
El nuevo texto modifica los actuales Tratados de la UE y la CE, pero no los sustituye. El nuevo Tratado brinda a la Unión el marco y los instrumen tos jurídicos necesarios para afrontar los retos del futuro y responder a las expectativas de los ciudadanos.
1º. Una Europa más democrática y transparente.
El Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales tienen mayor protagonismo, hay más oportunidades para que los ciudadanos hagan oír su voz y es más fácil saber cómo se reparten las tareas entre la Unión y los países miembros.
Mayor protagonismo del Parlamento Europeo: el Parlamento Europeo, directamente elegido por los ciudadanos de la Unión, estrena nuevas competencias sobre legislación, presupuesto y firma de acuerdos internacionales por la UE. Cabe destacar el mayor recurso al procedi miento de codecisión, pues coloca al Parlamento Europeo en pie de igualdad con el Consejo, que representa a los Estados miembros, para la mayor parte de la legislación de la UE.
Mayor participación de los Parlamentos nacionales: los Parlamentos nacionales pueden participar más en las labores de la UE gracias, en particular, a un nuevo mecanismo que garantiza que la Unión sólo actúe cuando resulte más eficaz (subsidiariedad). Esta novedad, unida al mayor protagonismo del Parlamento Europeo, acrecenta la democracia y la legitimidad de las actuaciones de la Unión.
A la escucha de los ciudadanos: gracias a la "iniciativa ciudadana", un grupo de al menos un millón de ciudadanos de un número significativo de Estados miembros puede pedir a la Comisión que haga propuestas de legislación.
Reparto de tareas: la relación entre los Estados miembros y Unión Europea queda más perfilada gracias a una clasificación precisa de las competencias de cada cual.
Retirada de la Unión: el Tratado de Lisboa prevé explícitamente por primera vez la posibilidad de que un Estado miembro se retire de la Unión.
2º. Una Europa más eficaz.
Con métodos de trabajo y votación simplificados, instituciones moder nas y adaptadas a la Unión de los Veintiocho y más capacidad para actuar en los ámbitos prioritarios para la UE de hoy.
Eficacia en la toma de decisiones: la aprobación por mayoría cualificada en el Consejo se amplía a otras políticas, con el fin de agilizar las decisiones e incrementar su eficacia. A partir de 2014 la mayoría cualificada obedecerá al principio de doble mayoría (mayoría de los Estados miembros y de la población), que refleja la doble legitimidad de la Unión. La doble mayoría se alcanzará cuando los votos favorables representen, como mínimo, el 55% de los Estados miembros y el 65% de la población.
Un marco institucional más estable y racionalizado: el Tratado de Lisboa crea el cargo de Presidente del Consejo Europeo elegido por dos años y medio, vincula directamente la elección del Presidente de la Comisión a los resultados de las elecciones europeas, prevé nuevas dis posiciones relativas a la futura composición del Parlamento Europeo e introduce normas más claras sobre las cooperaciones reforzadas y los aspectos financieros.
Mejorar la vida de los europeos: el Tratado de Lisboa mejora la capacidad de la UE para abordar cuestiones que hoy día son prioritarias para la Unión y sus ciudadanos. Es el caso de la actuación en el campo de la justicia, la libertad y la seguridad, ya sea para luchar contra el terrorismo o combatir la delincuencia. Lo mismo ocurre, en cierta medida, con otros campos como política energética, salud pública, protección civil, cambio climático, servicios de interés general, investigación, política espacial, cohesión territorial, política comercial, ayuda humanitaria, deporte, turismo y cooperación administrativa.
3º. Una Europa de derechos y valores, libertad, solidaridad y seguridad.
Potenciando los valores de la Unión, concediendo rango de Derecho primario a la Carta de los Derechos Fundamentales y estableciendo nuevos mecanismos de solidaridad que garanticen una mejor protección a sus ciudadanos.
Valores democráticos: el Tratado de Lisboa especifica y consolida los valores y objetivos sobre los que se basa la Unión. Dichos valores constituyen un punto de referencia para los ciudadanos europeos y representan lo que Europa puede ofrecer a sus socios de todo el mundo.
Derechos de los ciudadanos y Carta de los Derechos Fundamentales: el Tratado de Lisboa conserva los derechos ya existentes e introduce otros nuevos. En particular, garantiza las libertades y los principios enunciados en la Carta de los Derechos Fundamentales, cuyas disposiciones pasan a ser jurídicamente vinculantes. La Carta contiene derechos civiles, políticos, económicos y sociales.
Libertad de los ciudadanos europeos: el Tratado de Lisboa conserva y consolida las "cuatro libertades" y la libertad política, económica y social de los ciudadanos europeos.
Solidaridad entre los Estados miembros: el Tratado de Lisboa establece que la Unión y los Estados miembros actúan conjunta mente con espíritu de solidaridad si un Estado miembro es objeto de un ataque terrorista o víctima de una catástrofe natural o de origen humano. También se hace hincapié en la solidaridad en el sector de la energía.
Mayor seguridad para todos: la Unión tiene más capacidad de actuación en el campo de la justicia, la libertad y la seguridad, lo que redunda en beneficio de la lucha contra la delincuencia y el terrorismo. Las nuevas disposiciones sobre protección civil, ayuda humanitaria y salud pública también pretenden impulsar la capacidad de la UE para enfrentarse a las amenazas contra la seguridad de los ciudadanos europeos.
4º.Hacer de Europa un actor en la escena global.
Combinando los instrumentos con que cuenta la política exterior europea a la hora de elaborar y aprobar nuevas políticas. Gracias al Tratado de Lisboa, Europa está en condiciones de expresarse con más claridad ante sus socios internacionales. Se ponen en juego todas las capacidades económicas, humanitarias, políticas y diplomáticas de Europa para fomentar sus intereses y valores en todo el mundo, respetando los intereses particulares de los Estados miembros en el marco de las relaciones exte riores.
La figura del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad —que también es Vicepresidente de la Comisión— da mayor peso, coherencia y visibilidad a la actuación exterior de la UE.
El nuevo Servicio Europeo de Acción Exterior asiste al Alto Representante en el desempeño de sus funciones.
La personalidad jurídica única de la Unión fortifica su poder de negociación, convirtiéndola en un actor más eficaz a escala interna cional y un socio más visible para otros países y organizaciones internacionales.
El desarrollo de la Política Europea de Seguridad y Defensa conserva un sistema especial de toma de decisiones. Sin embargo, también prepara el terreno para la cooperación reforzada de un grupo más reducido de Estados miembros.
Las negociaciones para lograr esta reforma de la UE se han venido desarrollando desde el año 2001 con el fallido intento de creación de una Constitución Europea. El Tratado se firmó en Lisboa (dado que Portugal ostentaba la Presidencia del Consejo de la UE a la sazón), y habría sido ratificado por todos los Estados miembro para finales de 2008, a tiempo para las Elecciones al Parlamento Europeo de 2009. Sin embargo, esto no fue posible debido al rechazo inicial del Tratado por parte del electorado de Irlanda en junio de 2008, por lo que el texto no entró en vigor hasta el 1 de diciembre de 2009.
Algunos detractores del texto aseguran que este promociona la desre gulación del mercado y no favorece la intervención del Estado para lograr objetivos sociales así como por ser, en esencia, el mismo tratado que fue rechazado por Francia y Holanda en 2004, la Constitución Europea. Por su parte, algunos partidarios del tratado consideran que hará a la UE más eficaz y democrática.
Actividades económicas comunitarias
A)Política agrícola comunitaria.
La mayor parte del territorio europeo está formado por tierras agrícolas y forestales vitales para nuestra salud y nuestra economía. La política agrícola común de la Unión Europea garantiza que agricultura y conservación del medio ambiente vayan de la mano. Interviene en el desa rrollo del tejido económico y social de las comunidades rurales y les ayuda a afrontar los nuevos retos como el cambio climático, la gestión hidroló gica, la bioenergía y la biodiversidad.Más información
La política agrícola de la UE está en evolución constante. Hace 50 años, su fin principal era abastecer de alimentos a una Europa que intentaba recuperarse de una década de escasez inducida por la guerra. Hoy día, subvencionar una producción a gran escala y comprar los excedentes en interés de la seguridad alimentaria es en gran parte agua pasada. Ahora, su objetivo es que los productores de alimentos en todas sus formas -desde cultivos y ganado a frutas y hortalizas o vino- sean capaces por sí mismos de sobrevivir en los mercados europeos y mundiales.
Para ello, la política agrícola europea ha sufrido transformaciones considerables en los últimos años. Los textos legislativos son ahora más cortos y más fáciles de leer. Se han suprimido casi 80 actos normativos como parte de lo que técnicamente se conoce como "organización común de mercados".
Las redes de seguridad financiera siguen estando ahí, pero se utilizan de manera mucho más selectiva. Por ejemplo, la Política Agrícola Común (PAC) interviene ofreciendo ayuda financiera a los agricultores afectados por catástrofes naturales o brotes de enfermedades animales como la fiebre aftosa o la fiebre catarral ovina.
Cuando hace falta, la PAC complementa la renta de los agricultores para garantizarles un nivel de vida razonable. Pero esas ayudas están supeditadas al cumplimiento de objetivos más generales de higiene de las instalaciones, seguridad alimentaria, sanidad y bienestar animal y conser vación del paisaje rural tradicional, así como protección del medio natural y de las aves.
La PAC ha sido, con gran diferencia, la política común más importante y uno de los elementos esenciales del sistema institucional de la Unión Europea. Sus objetivos están establecidos en el artículo 39 del Tratado de Roma: incrementar la productividad, garantizar un nivel de vida equitativo a la población agrícola, estabilizar los mercados, garantizar la seguridad de los abastecimientos y asegurar al consumidor suministros a precios razonables. Ese mismo artículo reconoce la necesidad de tener en cuenta la estructura social de la agricultura y las desigualdades estructurales y naturales entre las distintas regiones agrarias, así como la conveniencia de efectuar gradualmente las oportunas adaptaciones.
La política agrícola común se creó en los años sesenta, en un momento en que Europa era deficitaria en la mayoría de los productos alimenticios. Sus mecanismos se configuraron para resolver esa situación, siendo su función principal la de apoyar los precios y las rentas interiores mediante operaciones de intervención y sistemas de protección fronteriza.
Esta política contribuyó positivamente al crecimiento económico y logró garantizar el suministro al consumidor europeo de una amplia gama de productos alimenticios de calidad a precios razonables. Hasta mediados de la década de los 90, la PAC fue, a gran distancia, la política comunitaria más importante, especialmente desde el punto de vista presupuestario. La Unión Europea se convirtió en el primer importador y el segundo exportador de productos agrícolas a nivel mundial.
Sin embargo, el sistema, que respondía acertadamente a una situación de déficit, puso de manifiesto una serie de deficiencias al comenzar la Comunidad a producir enormes excedentes de la mayoría de sus productos agrícolas. Montañas de mantequilla, lagos de leche y vino que debían destruirse por no encontrar demanda interna o externa. Surgieron tensiones en las relaciones con terceros países, especialmente EEUU, inquietos por los efectos que estaban teniendo las exportaciones subvencionadas de la UE en el precio mundial y en su propia presencia en el mercado internacional. Los costes de esa política llegaron a ser inaceptables.
Las reformas que se introdujeron en la PAC en los años ochenta y noventa han permitido a la UE responder a las obligaciones que le incumben en virtud de los acuerdos de la Ronda Uruguay del GATT y las indicaciones de la OMC. El Acuerdo, de carácter recíproco, requirió una reducción de un 20% del apoyo interior prestado a la agricultura, un recorte del 36% del gasto presupuestario destinado a la subvención de las exportaciones y otra disminución de un 21% en el volumen de las expor taciones subvencionadas.
Las reformas han puesto a disposición fondos para fomentar alimentos de calidad que sean competitivos en los mercados internacionales, la innovación en el cultivo y transformación de alimentos, así como el desarrollo rural y la diversificación de las economías rurales. Cuando se les consulta sobre la política de calidad de los productos agrícolas, los agricultores europeos señalan como problemas principales "competir en los mercados mundiales" y "satisfacer la demanda de los consumidores".
Los consumidores son ahora cada vez más exigentes con la calidad y aprecian las etiquetas voluntarias de la UE que les permiten conocer lo que compran. Hay etiquetas alimentarias para indicar claramente el origen geográfico, la elaboración con ingredientes o métodos tradicionales, o la producción ecológica.
Los presupuestos europeos de investigación subvencionan aquellas innovaciones en agricultura que aumentan la productividad y al mismo tiempo resultan más compatibles con el medio ambiente. Por ejemplo, entre los proyectos financiados figura la investigación del posible aprovecha miento de los subproductos y residuos de las cosechas para obtener energía sin abandonar el fin principal de producir alimentos y piensos.
Las reformas de la política también apuntan a un comercio mundial más justo. Se ha reducido el riesgo de distorsión de los mercados mundiales por las subvenciones de la UE a la exportación del excedente de producción. En la llamada "Ronda de Doha" de conversaciones internacionales para liberalizar el comercio internacional, la UE ha propuesto la supresión total de las subvenciones a la exportación de aquí a 2013 aunque fracasen las conversaciones.
Dentro de la Ronda de Doha, la UE también ha ofrecido una reducción significativa de los derechos de importación de productos agrícolas. Aun sin estas medidas, la UE es ya el mayor importador mundial de productos alimenticios y el mayor mercado de alimentos procedentes de países en desarrollo.
Una de las novedades más recientes en relación con una serie de cambios decididos por los dirigentes de la UE en 2008 es la realización de un "chequeo" de la política agrícola. El objetivo del repaso era verificar la aptitud de la política agrícola para hacer frente a problemas y oportuni dades de nueva aparición tales como el cambio climático.
El "chequeo" pretende modernizar, simplificar y agilizar la PAC, suprimir restricciones para los agricultores, ayudarles a reaccionar mejor al mercado y a hacer frente a los nuevos retos. Así, por ejemplo, suprime el requisito de dejar en barbecho un 10% de las tierras cultivables, aumenta gradualmente las cuotas lecheras hasta su eliminación en 2015 y recurre a la intervención en los mercados (compra de oferta excedentaria por parte de la UE) como red de seguridad cuando los precios de los alimentos bajan a niveles insostenibles. Además, prevé reducir los pagos directos a los agricultores y transferir ese dinero a un fondo para el desarrollo de las regiones rurales.
La agricultura sigue siendo el sostén fundamental de la actividad econó mica y del tejido social en la mayor parte de las zonas rurales. Las deficiencias estructurales de muchas explotaciones suponen por ello un grave condicionante para el desarrollo rural.
Pese a las reformas, la PAC es la más integrada de todas las políticas de la UE, por lo que supone una gran parte de su presupuesto. Aun así, su nivel máximo de casi el 70% del presupuesto comunitario en los años 70 ha bajado hasta un 34% durante el periodo 2007-2013. Esto refleja la expansión de la UE hacia otras responsabilidades, los ahorros de gastos a raíz de las reformas y el nuevo interés por el desarrollo rural, que durante ese mismo periodo recibirá el 11% del presupuesto.
La corrección de estas deficiencias, mediante acciones dirigidas a modernizar la estructura productiva de las explotaciones, constituye un factor fundamental para conseguir que mejore su competitividad y por ende para asegurar su subsistencia, que es a su vez una condición imprescindible para frenar el despoblamiento del mundo rural.
Las distintas Administraciones, conscientes de este hecho, han venido desarrollando activamente políticas dirigidas a estimular la modernización de las explotaciones agrarias.
La política agraria de la Unión Europea está dedicando una atención creciente a este tipo de acciones, dotándolas de mayor coherencia y nivel de recursos.
Las medidas de desarrollo rural para modernización de Explotaciones Agrarias forman parte de las establecidas en el Reglamento (CE) 1257/1999 del Consejo, de 17 de mayo, sobre ayuda al desarrollo rural a cargo del Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA).
Estas medidas, han sido desarrolladas conforme al Reglamento (CE) 1260/1999 del Consejo, de 21 de junio de 1999 por el que se establecen disposiciones generales de los Fondos Estructurales, y al Reglamento (CE) 1257/1999 del Consejo, de 17 de mayo, mediante los Programas Opera tivos y de Desarrollo Rural, aprobados por la Comisión de la Unión Europea, de aplicación en el período 2000-2006.
B) Política ganadera comunitaria.
La industria ganadera de la UE ha visto obligado a pérdidas significativas en la campaña de comercialización 2007/2008, con el aumento de los precios del grano, mientras que precios de la carne y la leche no se han mantenido. La mala cosecha de 2007 ha sido el problema clave, pero la imposibilidad de importar alimentos de todo el mundo debido a las preocupaciones GM-también tuvo un impacto significativo de costos.
Nuevas variedades de maíz genéticamente modificado ha sido aproba do y crecido en otras partes del mundo, pero aún no se han aprobado en la UE. La tolerancia cero sobre nuevas variedades GM no aprobado de la UE han dejado prácticamente de la importación de piensos de gluten de maíz y granos secos de destilería (DDG), como ingredientes de alimentos de valor, en un año de escasez. Si continúa el proceso de autorización a tomar más tiempo que en los países de exportación, Europa aislarse del mercado mundial. En un esfuerzo conjunto, la Asociación de Comerci antes de Granos Europea (COCERAL), la Comunidad Europea de Fabri cantes de piensos (FEFAC) y la ganadería europea y comercio de derechos de Carne (UECBV) envió un informe del estudio de caso a la Comisión Europea Barroso y el Presidente Dr. miembros del grupo GM Sherpa, la estimación de este coste para la industria ganadera en el 10-15% de la pérdida total o más de € 2,5 mil millones.
Con los suministros de soja en Argentina y EE.UU. están 95-97% de GM en Brasil y la partida del 80%, la cadena de suministro conducirá rápidamente a la presencia de residuos técnicamente inevitable con estas nuevas variedades modificadas genéticamente. Sería el caso de modifica dos genéticamente, así como suministros de GM. Se admite una tolerancia cero significa que la soja importada se vería gravemente restringida como los expedidores no correr el riesgo en la importación de las mercancías.
El desarrollo del mercado está creciendo a un ritmo mucho más rápido que la evolución de la regulación. Esto se puede ilustrar de la siguiente manera:
• Las importaciones de piensos en la UE se han perdido debido al nivel bajo (LL) la presencia de eventos aún no aprobados de la UE (maíz de EE.UU., los piensos de gluten de maíz, granos secos de destilería, harina de colza de Canadá)
• El nuevo Roundup Ready 2 Yield caso de la soja representa el último evento GM amenaza para la protección europea de piensos. En la actualidad 70 eventos transgénicos de maíz, la violación y la soja están en espera de la aprobación y que esta cifra se espera que se mueven rápidamente a más de 100 en los próximos dos años. Sólo el 17 eventos son autorizados en la Europa de los alimentos y la alimentación animal.
• La Unión Europea ha adoptado una postura de tolerancia cero hacia la importación de eventos biotecnológicos aún no aprobados en la Unión Europea.
• La primera generación de tecnología de Monsanto Roundup Ready ya disfruta de una cuota de mercado del 95% de la superficie de soja MG. El nuevo Roundup Ready Rendimiento (RR2Y) semillas proporcionan un fuerte incremento de los rendimientos (8-11% por hectárea), así como tolerancia a los herbicidas. La adopción se espera que suceda lo más rápido que Monsanto puede multiplicar las semillas.
• Nuevos mercados de consumo mundial han surgido, como China. Brasil, Argentina y EE.UU., tradicionalmente los principales proveedores de la UE, ya no están obligados a atender a los estrictos requisitos europeos, mientras que son más grandes y más rápido crecimiento de los mercados de suministro europea de seguridad de suministro de alimentación se ve ame nazada por la política de tolerancia cero de la UE debido a la posible presencia de trazas RR2Y en las importaciones de piensos. Si continúa el proceso de autorización a tomar más tiempo que en los países de exporta ción más importantes de Europa se aislarse del mercado mundial. Europa depende de los suministros de materias primas y de los posibles sustitutos que podrían utilizarse para sustituir el consumo europeo de harina de soya (SBM) simplemente no están disponibles en cantidades suficientes para sustituir hasta el 10% del consumo europeo de soja.
La UE es el mayor importador mundial de harina de soja, que ha proporcionado un impulso adicional a especificar las prácticas de producción en el pasado. Ahora que China ha tomado un papel más signifi cativo es el mayor importador mundial de ambos granos enteros y aceite de soja, Europa ha perdido gran parte del mercado de su influencia histórica. Sin embargo Europa sigue importando grandes volúmenes de harina de soja, que se centran en la alimentación más importantes de Europa y la carne de las naciones productoras. Suplentes pastas de soya se derivan de la colza, girasol, etc y tienen niveles mucho más bajos contenido de proteína. Sin embargo, todas estas alternativas tienen niveles mucho más altos de fibra. Sustituyendo estas comidas otra proteína de la harina de soja en las dietas de los cerdos y las aves de corral en los resultados de un mayor volumen de estiércol y las emisiones de nitrógeno (amoníaco). Por lo tanto, los sustitutos potencialmente tener un impacto mucho mayor sobre el medio ambiente. Los EE.UU., Argentina y Brasil producen más del 90% de las exportaciones de soja del mundo. Con la soja GM como el tipo domi nante de la semilla sembrada, se ha convertido en mucho más caro para separar granos no modificados genéticamente a partir de semillas GM, incluso en Brasil, una vez que el principal proveedor de soja no-GM. GM no SBM se ha convertido en un nicho de mercado y, por tanto mando primas de gran precio.
El rasgo RR2Y representa la punta del iceberg, mientras que un gran número de rasgos se encuentran actualmente en procesos de aprobación para la siembra entre 2009 y 2010. En 2010, la disponibilidad de los no GM y GM autorizados SBM de Brasil, Argentina o los EE.UU. será menor del 10% de los suministros actuales. En 2010 los productores de América del Sur se espera que utilicen apilados eventos (Bt/RR2Y) que aún no están en el proceso de autorización de la UE. Contrariamente a la situación en la UE apilados variedades GM no necesita la aprobación de nuevos en los países de exportación.
Los márgenes de vista en la producción porcina en toda Europa son muy estrechos. Hay poca influencia en poder del productor para exigir mejores precios para sus productos a pesar de los crecientes costos de producción. Los márgenes de las aves de corral son igualmente vulnera bles al aumento de la base de costes como los gastos de alimentación representan el 60-75% de los costes de producción. Sin embargo, durante 2007 los precios fueron más fuertes debido a la pérdida de suministro por causa de la gripe aviar en Asia brotes. Mientras tanto, la estrategia de Brasil para modificar el porcentaje de las exportaciones brasileñas más en favor de la carne de mayor valor en lugar de las materias primas se están desarro llando bien.
La política de restricción de las importaciones de Europa de las impor taciones de piensos modificados genéticamente y los efectos paralizantes de su producción local de carne es una excelente señal para las exporta ciones de carne brasileña. Además, la industria de la carne no es capaz de trasladar los mayores costos.
Los cálculos del coste del impacto de la alimentación y sector de la carne proporcionan una clara indicación de que la política de cero tolerancia de la UE ha tenido un impacto significativo en la rentabilidad del sector ganadero de la UE: aproximadamente el 17% de los costos de alimentación extra de € 15 mil millones (año de comercialización 2006 / 2007) se puede atribuir a la política de tolerancia cero que se traduce en una cuota de aproximadamente el 10-15% en la pérdida total por cerdo en canal registrado por la industria procesadora de carne en la campaña 2007/08.
En cuanto a las perspectivas para la campaña de comercialización de este año, la industria ganadera UE podría enfrentarse a una pérdida masiva de la competitividad. A medida que la disminución de la producción de ganado de la UE, a continuación, las importaciones aumentarán. Irónica mente estas importaciones han sido alimentados con estos "no autorizada" productos modificados genéticamente. Por lo tanto, la UE tiene que tener una visión práctica y aplicar un umbral viable para eventos.
C) Política Pesquera Común.
La Política Pesquera Común (PPC) es el instrumento de gestión de la pesca y la acuicultura de la Unión Europea.
Las primeras medidas comunes en el sector pesquero se establecieron en 1970, cuando se acordó que los pescadores de la UE debían tener igualdad de acceso a las aguas de los Estados miembros. Aun así, se reservó una franja costera para que los pescadores locales que faenaban tradicionalmente cerca de sus puertos de origen pudieran seguir haciéndolo. También se adoptaron medidas para crear un mercado común de productos de la pesca y se estableció una política estructural para coordinar la modernización de los buques y de las instalaciones en tierra.
Todas estas medidas adquirieron un mayor relieve en 1976, cuando, a raíz de los acontecimientos internacionales, los Estados miembros ampliaron sus derechos a los recursos marinos de 12 a 200 millas a partir de sus costas y decidieron que la Unión Europea era mejor interlocutor que cada uno de ellos para gestionar los caladeros de las aguas bajo su jurisdicción y defender sus intereses en los foros internacionales. Tras años de arduas negociaciones, la PPC vio la luz en 1983. Veinte años después, se reformó radicalmente. El objetivo de la reforma de 2002 era garantizar el desarrollo sostenible de la actividad pesquera desde los puntos de vista ecológico, económico y social. También se quería que las decisiones se basaran en unos dictámenes científicos sólidos y transparentes y en una mayor participación de los interesados. Otros elementos importantes eran la responsabilidad, la eficacia y la coherencia con las demás políticas de la UE, especialmente las de medio ambiente y desarrollo.
La Política Pesquera Común se reformó en 2002 para garantizar la explotación sostenible de los recursos acuáticos vivos. Se introdujo entonces un criterio de precaución encaminado a proteger y conservar esos recursos y reducir al mínimo el efecto de la actividad pesquera en los ecosistemas marinos. La meta era contribuir a la eficacia de las actividades en una industria pesquera y acuícola económicamente viable y competitiva, ofrecer un nivel de vida equitativo a quienes dependen de la actividad pesquera y tomar en cuenta los intereses del consumidor.
La reforma de 2002 introdujo una estrategia de gestión pesquera más a largo plazo, mediante planes plurianuales de recuperación de las poblaciones que estuvieran por debajo de los límites biológicos de seguridad y planes plurianuales de gestión de las demás poblaciones. El objetivo era la aplicación progresiva de una gestión pesquera basada en el concepto de ecosistema.
En 2008 la Comisión inició una revisión de la Política Pesquera Común en la que analizará los aciertos y desaciertos de la política actual y estudiará las experiencias de otros sistemas de gestión pesquera al objeto de entresacar posibles directrices para el futuro.
En el folleto La Política Pesquera Común – Guía del usuario encontrará una descripción detallada del funcionamiento práctico de la PPC.
Para que la presión de la pesca no supere los límites que pueden soportar las poblaciones de peces, la PPC cuenta con medidas de conservación, como son los totales admisibles de capturas, la limitación del esfuerzo pesquero o las medidas técnicas (normas referidas a los artes de pesca y tallas mínimas de desembarque), y obliga a registrar y comunicar las capturas y los desembarques.
La PPC cuenta con diversas medidas para limitar las repercusiones medioambientales de la pesca. Entre ellas cabe mencionar la protección de las especies no objetivo – mamíferos marinos, aves y tortugas -, los juveniles y las poblaciones vulnerables (por ejemplo la estrategia para prevenir las capturas accesorias y eliminar los descartes), o la protección de los hábitats vulnerables (por ejemplo las medidas para eliminar las prácticas pesqueras destructivas).
El Fondo Europeo de Pesca (FEP) es el elemento financiero de la PPC. Tiene una vigencia de siete años (2007-2013) y un presupuesto total aproximado de 3 800 millones de euros. Su objetivo es sostener los objetivos de la Política Pesquera Común (PPC) mediante lo siguiente:
Apoyo de la explotación sostenible de los caladeros.
Consolidación de la competitividad y la viabilidad de los agentes económicos del sector
Fomento de métodos de pesca y producción respetuosos del medio ambiente
Apoyo adecuado a los trabajadores del sector
Incentivo al desarrollo sostenible de los caladeros.
La política de gestión de la flota de la PPC va encaminada a limitar su capacidad pesquera, con objeto de conseguir un mejor equilibrio entre ésta y los recursos disponibles.
La meta de la organización común de mercados (OCM) es equilibrar las necesidades del mercado y los intereses de los pescadores en la Unión Europea y garantizar el cumplimiento de las normas de competencia leal.
La UE mantiene bastantes acuerdos con terceros países que le permiten acceder a sus caladeros. Con la reforma de 2002, los acuerdos pasaron de ser concesiones de acceso con una contrapartida financiera a verdaderas asociaciones para el desarrollo de la pesca sostenible y responsable.
La UE ha suscrito numerosos acuerdos internacionales en materia de pesca y derecho del mar y desempeña una importante labor en diversas organizaciones regionales de pesca que gestionan los recursos pesqueros en alta mar y luchan activamente contra la pesca ilegal y las prácticas pesqueras destructivas.
Corresponde a los Estados miembros de la UE garantizar que se cumplan las normas de la PPC. El control de la pesca es esencial para impulsar el cumplimiento, disuadir del fraude y garantizar la pesca sostenible. Existe también una inspección de la UE para garantizar que todas las autoridades nacionales responsables apliquen los mismos criterios de exigencia e imparcialidad. Para reforzar los controles, en la reforma de 2002 se decidió crear una Agencia Comunitaria de Control de la Pesca, que empezó a funcionar en 2007 y que potenciará la uniformidad y eficacia del cumplimiento de las normas aunando los medios de inspección y control nacionales y de la UE y coordinando las actividades. En 2008, la Comisión propuso una reforma del sistema de control de la pesca con objeto de fomentar una mentalidad proclive al cumplimiento de las normas y crear unas condiciones equitativas para los pescadores europeos
D) Política industrial comunitaria.
El concepto de política industrial hoy es completamente diferente de lo que era hace veinte o treinta años. En la década de los años sesenta y setenta, los gobiernos europeos consideraban que la clave de la prosperidad estaba en el proteccionismo, esencialmente en la utilización de normas y barreras comerciales discriminatorias para proteger a sus empresas de la competencia exterior. Hoy en día está ampliamente aceptado que el aislamiento sólo puede llevar al estancamiento, y que es la liberalización de mercados la que reporta los mayores beneficios, tanto para los consumidores como para las empresas, y la que ayuda a éstas a mantenerse rentables en un mercado cada vez más planetario y cada vez más competitivo.
Por consiguiente, la cuestión clave que hoy intenta abordar la política industrial es ¿qué hay que hacer para ayudar a las empresas a competir en el mercado mundial? Inevitablemente, esta cuestión afecta a muchas otras políticas y cualquier respuesta eficaz incidirá en la educación y la formación, la investigación y el desarrollo, la competencia y el medio ambiente.
Por eso, muchas políticas de la UE están contribuyendo a reforzar la competitividad de la industria europea de manera que genere un crecimiento más rápido y más empleos. Dada la importancia que se asigna a las pequeñas y medianas empresas, se han adoptado medidas específicas para este sector. El núcleo fundamental de la política industrial comunitaria se inspira en el Tratado de la Unión Europea, que entró en vigor en noviembre de 1993. En él se establece como tarea fundamental asegurar "la existencia de las condiciones necesarias para la competitividad de la industria comunitaria".
El Tratado establece cuatro objetivos:
Acelerar la adaptación de la industria a los cambios estructurales.
Fomentar un entorno favorable a la iniciativa y al desarrollo de las empresas en el conjunto de la Comunidad y, en particular, de las pequeñas y medianas empresas.
Fomentar un entorno favorable a la cooperación entre empresas; y
Favorecer un mejor aprovechamiento del potencial industrial de las políticas de innovación, de investigación y de desarrollo tecnológico.
En su Libro blanco sobre el crecimiento, la competitividad y el empleo, presentado al Consejo Europeo en diciembre de 1993, la Comisión Europea proponía soluciones prácticas para conseguir un crecimiento dinámico que genere empleo, basado, entre otras cosas, en el desarrollo de las infraes tructuras y mercados de la información, a fin de poner a punto a las empresas europeas para la competencia en los mercados mundiales.
De cara a estos objetivos, la Unión procura siempre simplificar las condiciones en las que trabajan las empresas y suprimir trámites buro cráticos. Asimismo, gestiona y apoya programas y proyectos para el desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías, y se esfuerza por alentar a la industria a adaptarse a los cambios, una de las claves del éxito en los mercados modernos, siempre en rápida evolución.
Para crear este entorno favorable, la UE lleva a cabo dos tipos de actuaciones:
Actuaciones sobre el funcionamiento de los mercados, incluyendo la reglamentación del acceso al mercado, las características de los productos, la política comercial y la política de competencia.
Actuaciones en relación con factores que afectan a la capacidad de la industria para adaptarse a los cambios, como la estabilidad del entorno macroeconómico, la necesidad de tener en cuenta las expecta tivas del público con respecto a la industria (entre otras cosas, la consecución de un desarrollo sostenible y el respeto de ciertos principios éticos), y la promoción de las inversiones intangibles en campos como la tecnología y la formación.
La industria sólo puede sacar pleno fruto de estas actuaciones si se llevan a cabo en conjunción con las de los Estados miembros.
De acuerdo con las orientaciones del Libro blanco sobre el crecimiento, la competitividad y el empleo, y con las expuestas en diferentes comuni caciones sobre la política de competitividad industrial, las prioridades de la Unión en lo que respecta a la creación de un entorno favorable a la industria son las siguientes:
Fomento de las inversiones intangibles,
Desarrollo de la cooperación industrial,
Fortalecimiento de la competencia,
Modernización de las administraciones públicas relacionadas con la industria.
Agrupados en estos cuatro grandes apartados, la Comisión tiene una lista de objetivos destinados a asegurar la complementariedad entre diferentes acciones, establecer prioridades y detectar carencias en los planteamientos actuales.
E)El sector servicios de la UE.
En la actualidad, el sector terciario o de servicios representa la principal fuente de riqueza para numerosos países, hasta el punto de que naciones como Holanda o Bélgica, carentes de recursos propios y con un nivel industrial moderado (dado su pequeño tamaño), cuentan con un producto interior superior al de otras naciones más potentes.
El sector servicios en Europa se concentra en tres actividades fundamentales:
La banca y los servicios financieros: los bancos europeos, especialmente tras la implantación del euro como moneda única en la UE, se cuentan entre los más importantes del mundo.
Los transportes.
El turismo: constituye un importante recurso para países menos industrializados, como el Estado español, Grecia o Portugal, pero también se explota en naciones ricas, como Francia e Italia. El turismo abarca todos los sectores del ocio: bares, restaurantes, alojamientos, etc.
Todos los servicios de interés general son esenciales para el día a día de los ciudadanos y las empresas comunitarias, y reflejan el modelo social europeo. Juegan un papel muy destacado en la cohesión social, económica y territorial de la UE, y constituyen un elemento vital para el desarrollo sostenible de los países comunitarios en términos de empleo, integración social, crecimiento económico y calidad medioambiental. Aunque su alcance varía considerablemente en función de la historia intervencionista de cada estado, pueden ser definidos como servicios clasificados de "interés general" por las autoridades y, por ello, sometidos a específicas obligaciones de los poderes públicos. Esto significa, esencialmente, que las autoridades tienen la responsabilidad de decidir, en gran medida, cuál es el verdadero alcance del servicio de interés general y como llevar a cabo su prestación. La Administración puede decidir si proporcionar un servicio público por sí misma o a través de una empresa, pública o privada, que gestione la prestación con o sin ánimo de lucro. Al mismo tiempo, los suministradores deben someterse a las leyes recogidas en el Tratado CE y a las leyes comunitarias que les sean de aplicación. Además, para otorgarle al asunto una dimensión comunitaria, muchas de las industrias que prestan servicios de interés económico general deben respetar las Directivas específicas que la UE dicta en cada sector. Conjuntamente con las autoridades nacionales, comunitarias y locales, la UE juega un papel muy importante en la regulación de los principios y condiciones que deben regir la prestación de una amplia gama de servicios. Esta responsabilidad compartida se halla recogida en el Tratado y subrayada por el Protocolo de Servicios de Interés General anexado al Tratado de Lisboa.
La UE es miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC) desde el 1 de enero d 1995. Los 27 estados miembros (en 2007)de la Unión son a la vez miembros de la OMC por derecho propio. El incremento del comercio impulsa el crecimiento mundial, lo que favorece a todos. Los consumidores disponen de una gama más amplia de productos. La competencia entre los productos locales y los importados hace que desciendan los precios y aumente la calidad. La liberalización del comercio permite que los productores más eficientes desarrollen su actividad en condiciones de equidad con sus competidores de otros países, cuyos gobiernos deben reducir los derechos de importación que protegen a las empresas nacionales. La filosofía esencial de la UE es abrir sus mercados a las importaciones, a condición de que sus socios comerciales obren de igual modo. La UE está también deseosa de liberalizar el comercio en el sector de los servicios. Sin embargo, está dispuesta a hacer concesiones a los países en vías de desarrollo, de modo que puedan liberalizar sus mercados más lentamente que los países industrializados; además, ayuda a estos países a integrarse en el sistema mundial de comercio.
Podemos distinguir dos tipos de servicios de interés general en función de la forma en que éstos son regulados por las autoridades comunitarias:
A) Servicios de interés económico general: el suministro y la organización de estos servicios están sujetos a las normas internas del mercado y de la libre competencia del Tratado CE. En el caso de grandes compañías industriales de servicios de interés general, existe un marco específico de regulación comunitaria. Del mismo modo, ciertos aspectos de determinados servicios públicos están regulados por legislación específica de la UE, como por ejemplo la Directiva de "televisión sin fronteras". Otros servicios de interés económico general, en cambio, se hallan fuera de ningún régimen legal específico a nivel comunitario (es el caso del tratamiento de residuos y aguas residuales o el suministro de agua). De todas formas, para determinados aspectos, les son de aplicación algunas normas comunitarias específicas (medioambientales o de protección al consumidor, por ejemplo). Además, algunos servicios de interés económico general se hallan sujetos al régimen establecido por la Directiva de Servicios.
B) Servicios sin interés económico: se trata de algunos servicios básicos vinculados a los estados, tales como los cuerpos de seguridad, policía, justicia, inteligencia, etc. que no poseen una regulación comunitaria específica ni se hallan cubiertos por las normas internas y de competencia del mercado que recoge el Tratado. Algunos aspectos de la organización de estos servicios deben estar sujetos a otras normas del Tratado, como, por ejemplo, el principio de no discriminación.
Los europeos disfrutan de un grado sin precedentes de movilidad personal, y las mercancías se envían rápida y eficazmente desde las fábricas a los clientes, a menudo en distintos países. La Unión Europea ha estimulado esta libertad abriendo los mercados nacionales y eliminando las barreras físicas y técnicas. Sin embargo, los modelos de transporte y las tasas de crecimiento actuales son insostenibles.
Europa apuesta por las redes transeuropeas (RTE) para facilitar la libre circulación de mercancías, de personas y de servicios en toda la Unión. Las redes transeuropeas se crearon en los años ochenta con la instauración de un mercado único. El objetivo era facilitar la armonización y el desa-rrollo de las infraestructuras de los Estados miembros reforzando al mismo tiempo la cohesión económica, social y territorial de la Unión Europea. La Unión puede reivindicar el éxito de algunos proyectos como la red de gran velocidad (TGV) entre Londres, París y Bruselas, aunque todavía queda mucho por hacer. Europa ha limitado su objetivo inicial y se ha centrado en el desarrollo de 30 proyectos prioritarios. Estos pasillos transnacionales son en un 80% ferroviarios, como el tren de alta velocidad entre Francia y Alemania, la vía entre Lyon, Turín y Trieste, Budapest y las fronteras ucranianas o un nuevo eje de mercancías en los Pirineos. Las "autopistas del mar" unirán los países aislados y duplicarán las infraestructuras terrestres saturadas, como la ruta de los Alpes y de los Pirineos. Las redes de transporte también se apoyan en grandes proyectos industriales destinados a desarrollar sistemas de radionavegación por satélite (GALILEO), de interoperabilidad ferroviaria (ERTMS) y de modernización de la gestión del tráfico aéreo.
Desplazar personas y mercancías de manera rápida, eficaz y económica es un elemento central del objetivo de una economía dinámica y una sociedad con más cohesión en la UE. El sector de transportes genera el 10% del Producto Interior Bruto (PIB) de la Unión y emplea a más de 10 millones de personas.
El constante crecimiento de la movilidad somete los sistemas de transporte a una gran presión. El resultado es la congestión del tráfico aéreo y por carretera, que redunda en menor eficacia económica y mayor contaminación y consumo de combustible.
Aunque muchos aspectos de la política de transportes son competencia de los gobiernos nacionales, es lógico que un mercado europeo único cuente con una infraestructura de transportes única. De ahí que en los últimos diez años la UE haya abierto a la competencia los mercados nacionales de transportes en toda la Unión, sobre todo en los sectores aéreo y por carretera y, en menor grado, el ferroviario.
Los camiones pueden así operar en países distintos de los propios y ya no vuelven de vacío en los viajes internacionales. En 2003 entró en vigor un primer paquete de medidas de liberalización, que abrió a la competencia alrededor del 70-80 % del tráfico de mercancías por ferrocarril a larga distancia.
La liberalización del tráfico aéreo ha supuesto más competencia, precios más bajos y mayor número de conexiones entre los Estados miembros. En 2007, tras años de negociaciones, la UE refrendó un acuerdo denominado "de cielos abiertos" con Estados Unidos gracias al cual las líneas aéreas de la UE pueden volar desde cualquier aeropuerto de la UE a cualquiera de los EEUU. Con ello, las ventajas de la liberalización se extenderán pronto a los trayectos transatlánticos.
La UE también promueve proyectos importantes de infraestructura de transporte: las llamadas redes transeuropeas (RTE). Entre los proyectos prioritarios figuran los siguientes:
A) La eliminación de cuellos de botella en la principal vía navegable interior entre el este y el oeste que une los ríos Rin, Meno y Danubio.
B) Un programa de regulación del tráfico en rutas marítimas muy frecuentadas frente a las costas de la UE.
C) La mejora de varias líneas de ferrocarril norte-sur y este-oeste.
La liberalización por sí sola no puede solucionar problemas profundamente arraigados: el protagonismo de la carretera frente a otras formas de transporte, la contaminación y la fragmentación de los sistemas de transporte, incluida la escasez de enlaces con las regiones periféricas o entre las distintas redes regionales o nacionales.
El 44% de todas las mercancías transportadas en la UE se desplazan por carretera, frente al 39% por vía marítima, el 10% por ferrocarril y el 3% por vías navegables interiores. El predominio de la carretera es aún más acusado en el transporte de pasajeros (principalmente en automóvil), que representa el 81%, frente al 6% del ferrocarril y el 8% del avión. El paso del transporte de mercancías y pasajeros por carretera a medios de transporte menos contaminantes será la clave de toda política de transporte viable. Otra prioridad será integrar los modos de transporte mediante combinaciones tren-carretera, tren-barco o tren-avión.
También se está introduciendo la llamada «carga de congestión (impuesto destinado a evitar atascos)» mediante la cual los usuarios pagan por el uso de infraestructuras escasas. Un ejemplo es el sistema introducido por primera vez en Londres en 2003 y en el que se cobra a los automo vilistas por acceder a los centros urbanos.
En una economía de mercado democrática, el paso de la carretera al ferrocarril (aunque deseable) no puede venir impuesto ni por los gobiernos nacionales ni por la UE. Debe hacerse mediante incentivos, como por ejemplo inversiones dirigidas a otros medios de transporte, de modo que pueda hacerse frente a la sobrecarga, y sistemas de precios que reflejen el coste real del uso de la carretera y fomenten una migración «natural» a formas alternativas de transporte. El propósito es la transferencia de pasa jeros y mercancías del transporte por carretera al ferrocarril y la sustitución de determinados vuelos de pasajeros de corta distancia por el tren.
El tren es el primer objetivo. Actualmente, los de mercancías viajan en la UE a una velocidad media de 18 kilómetros por hora. Debe aumentarse la velocidad y calidad de los servicios si quiere atraerse el tráfico actual por carretera.
El sector del transporte, principalmente por carretera, es responsable en la UE del 28 % de las emisiones de CO2, principal gas de efecto invernadero. Entre las medidas que empiezan a introducirse cabe mencio nar la mejora de la eficacia en el consumo de combustible,el uso de combus tibles alternativos y la limitación de las emisiones de los automóviles.
Dada la extensión de su costa y el riesgo de vertidos de petróleo, la UE está endureciendo las normas de seguridad marítima: inspecciones más rigurosas de los buques, sanciones por contaminación debida a negligencia grave y aceleración de la retirada de los petroleros monocasco.
En 2001 la Comisión introdujo un plan de acción de 10 años para el sector de transportes. La revisión intermedia de 2006 señalaba que el plan de acción debía concentrarse en incrementar la competitividad del ferroca rril, introducir una política portuaria, desarrollar sistemas de transporte que empleen tecnologías avanzadas, cobrar por el uso de infraestructuras, produ cir más biocombustibles y estudiar cómo descongestionar las ciudades.
Europa, en materia de turismo, ocupa una posición privilegiada que la sitúa a la cabeza a escala mundial. En este contexto europeo, España se ha convertido en uno de los principales países receptores de turismo, situán dose en el segundo puesto dentro de la Unión Europea, por detrás de Fran cia y en el tercer lugar en el ranking mundial por detrás de Estados Unidos y Francia.
En las últimas dos décadas, la actividad turística en el conjunto de países de la Unión Europea se ha incrementado de manera significativa. Mientras que el incremento en el número de plazas hoteleras y el número de estancias ha crecido progresivamente, el aumento de población lo ha hecho de forma mucho más moderada. Baste decir que el crecimiento medio en la capacidad hotelera fue del 28% entre 1980 y 2000, y que el número de pernoctas fuera del hogar ascendió en un 64%, excluyendo el Reino Unido. En el periodo comprendido entre 1995 y 2000, se produjo una sensible aceleración en este proceso, especialmente en países como Alemania. La salud general del turismo en la Unión no parece haberse resentido tras la crisis provocada por los atentados de Nueva York en septiembre de 2001. Las buenas expectativas creadas en 2000 se mantuvieron en 2001, que fue un año de estabilización para el sector.
A principios del actual siglo, el número de plazas hoteleras aumentó significativamente en casi todos los países de la Unión, a excepción del brusco descenso de Francia, y de leves bajadas en Reino Unido, Bélgica y Luxemburgo. España era el tercer país en importancia por número total de plazas, solo superada por Alemania e Italia. No obstante, contemplando otras formas de alojamiento, como campings, apartamentos y similares, existen diferencias estructurales importantes, dependiendo de cada país. Así, el número de plazas de acampada en Francia es, con gran diferencia, mucho mayor que el de otros países receptores de turismo, como es el caso de Italia o España, o, más acusadamente, de Grecia.
Los niveles de ocupación hotelera describen una curva similar en todos los países de la Unión, cuyos máximos se sitúan en los meses de verano, especialmente julio y agosto. Tan sólo Austria, que posee una importante afluencia de turistas de invierno, tiene dos picos en su ocupación de plazas hoteleras, siendo el mayor el de febrero que el de los meses estivales. Los mayores índices de ocupación (es decir, número de plazas ocupadas con relación al total) se dan en Grecia, país que recibe un elevado número de visitas pero que no cuenta con infraestructura suficiente capaz de hacer frente a la posible demanda de turismo. Resultan más signifi cativos los resultados medios, que sitúan a Francia y España como princi pales países receptores, con medias anuales cercanas al 60% de ocupación. Asimismo, son los países que presentan picos de ocupación más amplios, comenzando en febrero o marzo y alcanzando hasta noviembre.
Un aspecto muy relevante en cuanto que afecta al equilibrio ecológico de las regiones, es el nivel de ocupación de las zonas de mayor demanda turística de cada país. Las regiones más densas de Europa son: Islas Baleares (España), con 55,2 plazas por habitante y 87,1 pernoctaciones por habitante; Noto Argayo (Grecia), con 56,4 y 64,1 respectivamente; Tirol (Austria), 39,8 y 45,5; Algarbe (Portugal), 33,4 y 43,1.
Al hablar de turismo, el principal factor que influye en el medio ambi ente viene dado por la densidad. De esta manera, el primer indicador que habrá que evaluar será el formado por la cantidad de turistas por kilómetro cuadrado que afluyen a una región o país, y la oferta de infraestructuras turísticas de que dispone. Ambos aspectos, oferta y demanda, resultan indispensables para comprender posteriores análisis.
Si se plantea el análisis a escala nacional, no se obtienen resultados de masiados esclarecedores. Los principales receptores de turismo en la Unión Europea, Francia y España, no disponen de ratios elevados de plazas hoteleras por persona y kilómetro cuadrado, donde países centroeuropeos como Holanda, Bélgica o Luxemburgo alcanzan cifras muy superiores. Hay que tener en cuenta, como ya se señaló anteriormente, que el fenómeno turístico se concentra en determinadas zonas o regiones, y que es esa alta concentración la que produce riesgos y peligros para el medio ambiente. Resulta difícil evaluar el impacto ambiental originado por las activi dades turísticas. Dos de los indicadores utilizados como referencia son el consumo de energía eléctrica y el de agua.
Como muestra el informe de Schmidt (2002), se ha encontrado cierta relación entre el incremento del turismo y el mayor consumo de electri cidad, aunque esto no se puede extrapolar con seguridad ya que ciertas comparativas no ofrecen resultados significativos. Es el caso de las regio nes alemanas de Bremen (de escasa afluencia) y Bayern (zona que acoge muchos más turistas), donde los niveles de consumo por habitantes son similares. No obstante, la tendencia general es un ligero aumento del consu mo, con la excepción de Grecia, donde la diferencia entre regiones puede llegar al 300%.
En cualquier caso la cuantificación de la relación entre turismo y el consumo eléctrico es compleja, debido a que sería necesario desglosar el consumo en el sector servicios para definir qué parte de esa energía está dedicada a atender las necesidades turísticas.
El segundo factor de análisis, el consumo de agua, presenta un problema similar; en el caso del informe ya reseñado, se tiene en cuenta el volumen de agua tratado en cada municipio, de manera que el análisis de los datos queda contaminado por la aportación del consumo de agua en industrias. Teniendo en cuenta este importante sesgo, los resultados encontrados son similares a los referentes a la electricidad; los aumentos en el consumo de agua son generalizados, pero no siempre se producen.
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