- Hablando de Economía…
- Hablando de lo Social…
- Opiniones políticas emitidas a partir de la sentencia 1.013
- La sociedad venezolana frente a esta polémica
- Hablando de Política….
- Conclusión
El problema que nos congrega sobre estas líneas se refiere a la situación por la que actualmente transita la Democracia en Venezuela, ya que luego de 40 años de estabilidad, forjada con instituciones de representación extendidas y consolidadas, está hoy atravesando por una situación de incertidumbre, temor y desconcierto. Nuestro análisis comprenderá la coyuntura que ha dado paso a la fundación de la V República, coyuntura con raíces en un giro en la situación económica, en una ola de revueltas y en un golpe frustrado, hecho éste último que ha desencadenado con celeridad la total revolución del Estado. A partir del discurso dado por Hugo Chávez para comunicar a sus compañeros de armas el fracaso del golpe, la ola de descontento y crítica se generalizó, la idea de reunir a la Asamblea Nacional Constituyente empezó lentamente a dar esperanzas de un cambio en la conducción de los agudos problemas económicos y sociales.
Los hechos que analizaremos están en pleno desarrollo, puesto que estamos en vísperas de la primera etapa del proceso eleccionario que permitirá poner en práctica la nueva constitución que la Nación venezolana se ha dado. Esto implica elegir al total de las "autoridades" que conformarán los poderes del Estado. El domingo 30 de Julio se efectuará la elección presidencial y parlamentarias, dejando para el 1 de Octubre las municipales. Asistimos a los primeros pasos que la sociedad venezolana da en el camino hacia la institucionalización de la nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en la que se busca la transparencia de las Instituciones Públicas, las que habían caído en descrédito producto de la gran Corrupción advertida en el sistema.
Durante toda la década de los noventa se observaron esfuerzos por cambiar el sistema de Punto Fijo, se agudizó la necesidad de reducir las desigualdades y estas tensiones fueron haciendo insoportable la brecha entre las dos Venezuela. Una, desesperanzada e indignada por la frustración que conlleva el caos; preocupada por el futuro, trabajo, esfuerzo; con angustia existencial, por el robo, por la ineficiencia, por la impunidad, por la falta de justicia, de moral y de ética. Otra, negativa y perniciosa, que ha causado tanto daño al país; una gran capa de venezolanos indolentes, irresponsables, flojos, que corrían tras la riqueza fácil, o que simplemente esperan que el Estado se lo dé todo, como antaño; que buscaban y conspiraban dentro de las entidades públicas y los partidos políticos, para obtener el negocio fácil, el contrato para su empresa; que ejercen un liderazgo negativo; que hoy destruyen la moral con su descarada defensa del puntofijismo; que no aportan nada, y que sólo dilapidaban el futuro de la Nación.
A partir de la definición que Samuel Huntington da respecto de Revolución, y a la luz del proceso coyuntural que ha convulsionado a Venezuela en los últimos 3 años, se ha decidido plantear una hipótesis de investigación que problematiza con dicha pauta de análisis, pues al aplicarla en el estudio del caso surgió la necesidad de replantearse el concepto. Este autor sostiene que una Revolución es un proceso de cambio rápido, fundamental y violento, que afecta a los valores y mitos dominantes en una sociedad, sus instituciones políticas, su estructura social, sus liderazgos y la actividad y normas de su gobierno.
En su definición, Huntington reconoce las fases y condiciones que han de estar presentes en las coyunturas revolucionarias que para él resultan paradigmáticas y que se diferencian de otras coyunturas que no representarían una Revolución propiamente tal, como insurrecciones, rebeliones, alzamientos y golpes. Una Revolución comenzaría a manifestarse con la emergencia de nuevas fuerzas sociales, cuyas demandas van a ser canalizadas por las nuevas élites políticas recientemente constituídas, las que liderarán la lucha por revertir la ausencia de instituciones que sirvan de canales de expresión para los nuevos actores políticos. Estas van a evidenciar el desgaste en que se encuentran las estructuras del régimen, promoviendo la movilización en aras de las nuevas demandas de participación. Estas demandas llegarán a un punto de saturación, después del cual tenderán a producir una "explosión" de violencia con el objetivo de eliminar todo vestigio de las desgastadas instituciones. Mas, como dice el autor, "la medida del éxito de una revolución es la autoridad y estabilidad de las instituciones a que da nacimiento".
A partir de lo expuesto por Huntington, se podría establecer que hay Revolución donde no hay Democracia. Esto nos indica que en la práctica estas realidades se oponen, porque en la Democracia las demandas de participación son canalizadas por las vías de participación y representación que la permiten, como elecciones, partidos políticos y libertad de expresión, evitando la explosión de violencia. En una Revolución, la coyuntura se ha desatado por la necesidad de Democracia, la urgencia de una participación mayor, a través de la violencia.
La realidad del caso de Venezuela nos revela la necesidad de precisar el concepto, por cuanto el proceso coyuntural que observamos nos plantea la posibilidad de una Revolución para Democratizar. No hablemos de Reforma, porque eso significa mantener las instituciones y normas del régimen cuestionado, hablemos de Revolución Pacifica o Revolución Democrática, porque se cumple la teorización dada por el autor acerca de Revolución, pero sin violencia, es decir, Democratizar desde la Democracia, a partir de la conciencia política generalizada de los actores, respecto de la caducidad de la realidad. No hay un verdadero cambio sin nueva institucionalización.
Hablando de Economía…
Luego del levantamiento parcial del paro, Venezuela enfrentará en los próximos meses los efectos de una economía de guerra sin precedentes en la región, con previsiones de inflación cercana al 100%, y una caída del PIB de hasta 25% este año, señalaron los expertos.
Anticipando las consecuencias de la crisis, el propio secretario general de la OEA, Cesar Gaviria, dijo que "no hemos podido encontrar una contracción (económica) de este tamaño en ningún lugar, ni en una guerra civil".
Un grupo de analistas económicos ya había advertida el sábado pasado en un documento, que "Venezuela está a punto de caer en una crisis económica y social sin precedentes en la historia del país", y señalaron el peligro de un estallido social este año.
Según diversos especialistas consultados, los indicadores de la economía venezolana registrarán niveles record en 2003, en algunos casos sin parangón en la historia de América Latina.
De acuerdo con diversas estimaciones, al cierre del año la inflación se ubicó por encima del 50%, el desempleo se aproxima al 30%, la economía informal alcanzará niveles de 70%, y la caída del producto interno bruto (PIB) experimentará la más brusca caída de país latinoamericano alguno, al contraerse hasta en 25%, principalmente como efecto del paro en PDVSA, el desplome de la inversión extranjera y la casi paralización de la economía no petrolera.
El Gobierno tendrá pocas opciones para manejar la enorme deuda interna, que creció de 1,56 mil millones de dólares en 1998, a 8,13 mil millones de dólares al cierre de 2002, de acuerdo al economista Pedro Palma.
Para el experto Domingo Fontiveros, la inflación podría alcanzar un techo de 93% a fin de año. Otros, como el analista Carlos Dorado, estiman que la economía venezolana podría enfrentar un escenario de hiperinflación, con un dólar a 4.000 Bs. En el mercado negro.
Según las estadísticas de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), de Caracas, el ingreso per cápita del venezolano se reducirá a la mitad con respecto a 2002, por debajo de los 2.500 dólares. En comparación, en 1990 el ingreso se ubicó en 10.000 dólares por habitante.
Asimismo, el PIB caerá de 126.200 millones de dólares en 2001, a solo 65.000 millones de dólares a finales de 2003, un decrecimiento de 50% en dos años.
"Esta no es una economía de guerra, sino una economía de guerra civil. Venezuela está poniendo sus recursos no para pelear contra un enemigo sino contra si misma.", dijo Jorge Salazar, director del Centro de Estudios Económicos de la Universidad Internacional de Florida (FIU), al caracterizar la actual coyuntura venezolana.
El más reciente informe del español Grupo Santander, propietario del Banco de Venezuela, una de los mayores del país suramericano, calculó que el PIB experimentará una contracción de 40% solo en el primer trimestre del año, mientras que la firma calificadora JP Morgan estimó en el mejor de los casos, una caída de 17% de este indicador al cierre de 2003.
"La caída del PIB va a ser la más alta de la historia latinoamericana. No conozco nada parecido. Esta va a ser una caída record", aseguró Salazar.
En la historia reciente de América Latina, la crisis venezolana superará incluso el peor caso de contracción económica en el continente, que fue de 22% del PIB experimentado por el gobierno de Salvador Allende, en 1973.
"Ni siquiera Nicaragua sufrió una caída tan vertiginosa durante la guerra en los 80", precisó el académico de la FIU.
Con un aldabonazo de la descomunal crisis que se cierne sobre el país, el presidente de Fedeindustria, Miguel Pérez Abad, dijo que por lo menos 25 mil pequeñas empresas permanecerán cerradas durante el primer semestre de 2003. Tanto Fedeindustria como Fedecámaras calculan que el número de desempleados aumentará en un millón para los próximos meses.
Para Carlos Fernández, presidente del gremio empresarial, "estamos ya prácticamente viviendo una economía de guerra. Tenemos 12 mil establecimientos comerciales cerrados y unas 5 mil empresas quebradas. Y ahora el gobierno va a comenzar a utilizar una herramienta tan poderosa como el control de cambio, para atacar al sector productivo nacional".
Las consecuencias presentes tendrán además una dimensión continental, subrayó Salazar. "El caso venezolano va a tener influencias significativas en el decrecimiento del PIB, el crecimiento de la inflación y el crecimiento del desempleo en toda América Latina. Y cuando se esperaba un crecimiento de 3% en la región, ahora vamos a tener un decrecimiento de 1%."
El 27 de agosto de 2000, el mandatario presidencial, Hugo Chávez Frías, en su programa radial, "Aló Presidente", desafía abiertamente a Elías Santana, a raíz de un conjunto de declaraciones emitidas por este. Posteriormente, el 29 de agosto de 2000, el coordinador de Queremos Elegir, solicita al presidente que le permita asistir a su programa radial, el 3 de septiembre, con el fin de ejercer su derecho a replica, en respuesta a los comentarios del primer mandatario.
El día fijado, 3 de septiembre de 2000, Elías Santana no recibe el derecho a réplica consagrado en la ley. De acuerdo a la interpretación que el jefe de estado hace de la prerrogativa, el presunto agraviado debe acudir al medio de comunicación y no a su programa radial.
El 9 de octubre de 2000, Elías Santana acude al Tribunal Supremo de Justicia con el objeto de interponer un recurso de amparo, alegando la supuesta violación de sus derechos. Según Santana, "el Presidente emitió información inexacta y agraviante, al calificar como amenaza sus apreciaciones en torno a la elección de los poderes públicos". El abogado de Santana, Alonso Domínguez, explica que el recurso de amparo presentado ante la Sala Constitucional busca ejercer el derecho a replica y la información imparcial, previsto en el articulo 58 de la constitución.
El 14 de junio de 2001, El Tribunal Supremo de Justicia emite un fallo en el que se establece que Elías Santana no tiene derecho a réplica o rectificación alguna, por ser un periodista con una columna fija y con un programa radial. A juicio de TSJ, Santana podrá utilizar su columna o su espacio radial para divulgar todo lo que crea conveniente para contestar.
El 18 de junio de 2001, ante los numerosos cuestionamientos, el Tribunal Supremo de Justicia hace uso de su derecho a replica y defiende la decisión tomada por la Sala Constitucional. El TSJ alega que la sentencia esta fundada en las siguientes leyes: la Constitución Nacional, el Código Penal, el Código Civil, la Ley Aprobatoria de los Derechos Civiles y Políticos, la Ley Aprobatoria de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos (Pacto de San José), Ley de Ejercicio del Periodismo, varios fallos del Tribunal Constitucional Español (sobre veracidad), fallos del Tribunal Constitucional Alemán (sobre informaciones inexactas y caso Richard Schmid vs. Der Spiegel) y fallo del Tribunal Supremo de EEUU (sobre real malicia, caso New York Times vs. Sullivan).
El 3 de julio de 2001, el TSJ ratifica su decisión. Durante un encuentro solicitado por los periodistas, 15 de los 20 magistrados de la Sala Plena deciden apoyar el criterio de la sentencia 1.013 argumentando que la decisión "ya está tomada y aún es pronto para asegurar que se está violando o se violará alguno de los dos derechos mencionados.
Opiniones políticas emitidas a partir de la sentencia 1.013
Muchos son los comentarios que se originaron a partir de la promulgación de la sentencia 1.013. Por ello, aquí se tomarán y analizarán algunas de las opiniones más representativas y controversiales que se emitieron.
La Oficina de Asesoría Jurídica de la Asamblea Nacional, emitió un informe en donde se exponen las opiniones, que a raíz de la sentencia, se originaron en esta. En el texto, suscrito por Roberto Hernández Wohnsiedler, se señala que algunas aseveraciones de la sentencia admitirían matizaciones que podrían acoplarlas con mayor facilidad al espíritu de los derechos de expresión e información que la Constitución reconoce.
Con este preámbulo, la Consultoría Jurídica de la Asamblea Nacional apunta que "no debe confundirse la información veraz, constitucionalmente exigible, con la identificación o no de la línea de opinión de un medio, ni con el número de columnistas adscritos a una sola tendencia ideológica, extremo de difícil constatación (entre otras cosas porque el derecho a la libertad ideológica o de pensamiento tiene una faceta negativa, que consiste en el derecho a no declarar expresamente sobre la propia ideología)" .
Por otra parte, la Defensoría del Pueblo, en la voz de German Mundaraín, explicó que la disparidad de criterio se fundamenta ´en que en el artículo 58 de la Constitución Bolivariana dice que la comunicación es libre y plural, y establece que toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, sin censura, (…) así como el derecho a réplica´.
Desde su punto de vista, "hacer distingos entre quienes son periodistas, dueños de medios o columnistas, y otras personas que no tienen acceso a los medios de comunicación, no pareciera estar en sintonía con el referido artículo 58 ni con el 14 del Pacto de San José, último que establece que el derecho a rectificación corresponde a toda persona afectada por informaciones inexactas".
También se emitieron impresiones internacionales como las de El Foro Noruego para la Libertad de Expresión (NFFE – siglas en Inglés), quien llamó a la anulación de la sentencia 1013, que libró la Sala Constitucional del Tribunal Supremo y que fue cuestionada por reglamentar los derechos a la libertad de expresión, información y réplica. Además, instaron a dejar sin efecto la decisión que niega el derecho a réplica a los periodistas, columnistas y dueños de los medios de difusión. Entre otros aspectos cuestionaron que la jurisprudencia obliga a investigar las tendencias ideológicas de los columnistas y considera que no constituyen formas de censura las tasas impuestas a los medios, o la concesión de frecuencias radioeléctricas.
Mediante un comunicado conjunto, la Escuela de Comunicación Social, el Centro de Investigaciones de la Comunicación, el Programa de Postgrado en Comunicación Social y la Dirección de Prensa de la Universidad Católica Andrés Bello, acordaron por su parte rechazar categóricamente "cualquier intento de establecer limitaciones al derecho a la libertad de expresión, con responsabilidad del emisor, en relación con los derechos de las demás personas y a ciertos bienes colectivos como principios reguladores de la convivencia democrática". Así fijaron posición sobre la sentencia del TSJ. Repudiaron el planteamiento del equilibrio ideológico dentro de cada medio y la posibilidad de que algún organismo pretenda interferir en la estructura y constitución de la nómina de los medios de comunicación con la supuesta intención de garantizar el pluralismo. Adicionalmente, declararon el apoyo a las acciones internacionales necesarias parta corregir los errores cometidos en la sentencia.
Allan Brewer Carías, integrante de la Asamblea Nacional, instó a todos los ciudadanos a desobedecer lo resuelto por el máximo juzgado del país en materia de libertad de expresión y derecho a la información. "El Tribunal Supremo de Justicia usurpó la función legislativa y, por ello, esa sentencia en sí misma se puede considerar nula y sin ningún efecto. Todos los venezolanos, incluyendo los periodistas, estamos en la obligación de desconocer esta decisión", señaló Brewer Carías. Esto también tiene que ver con la desobediencia civil, establecida en el artículo 350 de la Carta Magna en los siguientes términos: "El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticas o menoscabe los derechos humanos".
Héctor Faúndez, miembro de la Comisión Andina de Juristas, señala que desde su punto de vista "es una sentencia política que demuestra un alto grado de ineptitud profesional y de desconocimiento de lo que es el derecho por parte de los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo, pues el único punto en el cual no se equivocaron fue en negar la rectificación o respuesta al señor Santana, por una razón muy sencilla: lo que estaba en debate eran opiniones y no informaciones".
El periodista Eleazar Díaz Rangel, por su parte, afirmó que la sentencia 1013 dictada por el Tribunal Supremo de Justicia contiene elementos restrictivos "de la libertad de opinar y de los medios de fijar política editorial, y también es discriminatoria con los periodistas cuando se les niega el derecho a réplica".
La sociedad venezolana frente a esta polémica
Las organizaciones civiles, personalidades y representantes institucionales suscribieron una declaración, en donde se presentan las observaciones y preocupaciones de la Sociedad Civil sobre el contenido de la decisión 1.013 del Tribunal Supremo de Justicia.
Fundamentándose en los Derechos Humanos, estas organizaciones manifiestan que la decisión de la Sala Constitucional perjudica la libertad de expresión y el derecho a la información, ambos consagrados en la Constitución Nacional y en los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos suscritos y ratificados por Venezuela.
Afirman que la decisión es discriminatoria en la titularidad del derecho a replica y a la rectificación, impidiendo de esta forma el derecho fundamental de los periodistas, columnistas o cualquier otra persona que tenga acceso a los medios de comunicación.
También alegan que la decisión establece regulaciones que no son aceptables en cuanto a la libertad de expresión, al afirmarse que "es un atentado contra la información veraz e imparcial tener un número mayoritario de columnistas de una sola tendencia ideológica".
Por ultimo observan que la decisión crea el marco propicio para la aplicación de medidas que conduzcan a la censura, al considerar como contrario a la libertad de información emitir conceptos negativos o críticos sobre ideas, pensamientos, juicios o sentencias.
Ante todos estos graves aspectos se señala que la libertad de expresión y el derecho a replica y rectificación son derechos universales que se encuentran consagrados en la Constitución de la República (Art. 57 y 58), en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Art. 13 y 14) y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Art. 19)
El articulo 1.1 de la Convención Americana establece que los estados "se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, sexo, olor, idioma, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social".
El Sistema Interamericano de los Derechos Humanos a través de sus órganos ha establecido abundante jurisprudencia y doctrina sobre esta materia. En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha indicado que:
"El derecho de rectificación o respuesta sólo se comprende y se explica en función de la libertad de pensamiento, expresión e información. Estos derechos forman un complejo unitario e independiente".
Como ha señalado la Corte Interamericana:
"La ubicación del derecho de rectificación o respuesta (Art. 14) inmediatamente después de la libertad de pensamiento y expresión (Art. 13) confirman esta interpretación. La necesaria relación entre el contenido de estos artículos se desprende de la naturaleza de los derechos que reconoce, ya que al reglar la aplicación del derecho de rectificación o respuesta los estados partes deben respetar el derecho de libertad de expresión que garantiza el artículo 13".
Como también lo ha establecido la jurisprudencia de la Corte Interamericana:
"La libertad de pensamiento y expresión (Art. 13) constituye uno de los elementos esenciales de una sociedad democrática y una de las condiciones primordiales de su progreso y del pleno desenvolvimiento de la personalidad de cada uno de sus miembros. Hay que reconocerla incluso cuando su ejercicio provoque, choque o inquiete".
Y como bien lo ha afirmado la Corte Europea de los Derechos Humanos "… es ello una exigencia del pluralismo, la tolerancia y el espíritu abierto sin los cuales no es posible la existencia de una sociedad democrática".
Con esta declaración la sociedad civil persigue expresar su más contundente rechazo al contenido de la decisión 1.013, y a su vez, sumarse a las iniciativas que se presenten en el sistema interamericano de derechos humanos, con el objeto de unificar esfuerzos, colaborar para lograr la idoneidad de las mismas y procurar una rápida y eficaz decisión de estos órganos internacionales a fin de que se restablezcan los derechos conculcados por esta decisión del TSJ.
Además, se desea promover la intensa, cívica y contundente movilización de la sociedad venezolana en torno a este tema, sin distingos partidistas, personalistas, gremiales o corporativos, con el propósito de instar al Estado Venezolano a una sana rectificación y también para evidenciar ante la comunidad internacional la honda inquietud consensual de la sociedad venezolana sobre esta materia.
Para poder comprender la real dimensión de las transformaciones ocurridas en la coyuntura por la que Venezuela atraviesa, será necesario establecer el contexto en el cual se desenvolvió la Democracia venezolana, remitiéndonos en este capítulo a revisar su Origen y analizar su Evolución. Dejaremos para el próximo capítulo el análisis que nos permitirá determinar las causas inmediatas de su Crisis.
Para desarrollar este propósito, relacionaremos el diagnóstico con el aparato conceptual entregado por Mainwaring y Scully respecto de los sistemas de partidos. Para los autores, el caso de Venezuela representaba el paradigma de su teorización. Estos autores señalan que para la consolidación de una democracia es fundamental contar con un Sistema de Partidos Institucionalizado (SPI), lo que implica que los partidos políticos son, dentro de ese esquema, los instrumentos básicos de movilización y acción políticas; serán los agentes principales para la organización y canalización de los conflictos políticos. En la política moderna, llegarán a ser centrales el consentimiento y los votos movilizados. Y para que exista un SPI fuerte, se requerirá que los partidos tengan cierto grado de institucionalización y coherencia con el estado de la Sociedad Civil, que den cabida a sectores amplios de la población y que los grupos económicamente dominantes se consideren representados en el sistema de partidos, ya sea mediante un partido conservador o dentro de los demás partidos, más heterogéneos. Será necesaria la celebración de elecciones competitivas, regulares, libres, limpias y abiertas.
Los partidos políticos han estado presentes en la Democracia venezolana moderna desde el comienzo. Durante el siglo XIX los "partidos políticos" no pasaban de ser bandas armadas al mando de un caudillo, prestando un vital servicio a los intereses de las elites económicas de la región andina, donde se encontraban los estados más ricos y poderosos de Venezuela. Pero avanzado el siglo XX, surgen y obtienen su fuerza de los cambios sociales masivos acarreados por el petróleo. Podemos afirmar que ellos mediaron y portaron toda forma de acción política desde el principio, siendo fundamental su rol en la creación de la Democracia en 1945 y en su renacimiento en 1958.
No deja de ser sugerente la semejanza entre el proceso mediante el cual Venezuela se desembarazó de la dictadura de los vástagos del general Gómez, y la actual coyuntura por la que pasa nuestro país hermano.
Juan Vicente Gómez habría sido uno más de los tantos caudillos venezolanos, pero tuvo la fortuna de estar en el poder cuando la industria del petróleo llegó a Venezuela. Utilizó hábilmente esos inmensos recursos para estabilizar el país y destruir a sus enemigos. Durante su dictadura se produjo el desarrollo de la industria petrolera (desde 1920 en adelante), lo que conllevó discontinuidades radicales con el pasado; se produjo el fin de la economía agraria, se crearon ejércitos y burocracias nacionales permanentes; se construyeron caminos y se produjo una intensa migración interna. Junto con estos procesos, surgen nuevos grupos y fuerzas sociales, portando la necesidad de una expresión organizativa legítima: se trata de los movimientos universitarios y sindicales. Estas demandas no fueron consideradas sino hasta después de la muerte del dictador.
La vida moderna venezolana comenzó con la muerte de Gómez, la que se produjo el 17 de diciembre de 1935. Al día siguiente asume el general Eleazar López Contreras, en calidad de encargado de terminar el período del mandatario fallecido. Para el siguiente período (1936-1943), el Congreso eligió al mismo López, pero reduciendo el período a 5 años. A pesar de su pasado como Ministro de Guerra del dictador, su gobierno se realizó con el mayor respeto a las normas cívicas. El nuevo régimen inició la difícil tarea de realizar la transición de la dictadura a la democracia. Este proceso fue favorecido por el compromiso asumido por su sucesor, Isaías Medina Angarita, de respetar la estricta alternabilidad en el ejercicio de las funciones públicas. A poco de comenzar su gestión el general Medina Angarita se ganó la voluntad popular, impulsándola a una idea de libertad que el pueblo siempre ambicionó. Comenzó por entonces una gradual liberalización del régimen, facilitando la organización sindical y política.
En este contexto surge el primer partido político reconocido legalmente: Acción Democrática (AD) en 1941. Sus líderes y activistas se propusieron construir un tipo de estructura política desconocido hasta entonces en Venezuela: un partido que fuera permanente, con presencia en todos los niveles de la vida nacional y local, capaz de integrar muchos intereses y grupos en su vida organizada. Ellos presenciaron la creación de la sociedad civil, incluyendo sindicatos, grupos campesinos, organizaciones de profesores, sociedades de estudiantes y profesionales, etc., e integraron a esos grupos desde un comienzo, produciendo una sólida alianza con las masas. Se observa como desde un principio los partidos políticos en Venezuela han sido socialmente heterogéneos.
El poder continuaba firme en las manos de las elites militares y estatales andinas, de un tradicionalismo a ultranza. Había organización masiva, pero no poder real; las elecciones seguían siendo indirectas y con un sufragio limitado. El 18 de octubre de 1945 marcará el inicio de la política de masas en Venezuela. Seis meses antes de terminar el período constitucional, y en plena discusión política para candidatos a las elecciones de presidente para el nuevo período, un golpe militar, con el apoyo del partido AD, derribó el régimen. Al día siguiente, una junta revolucionaria de gobierno tomó el poder; fue integrada por dos oficiales del ejército, cuatro dirigentes de AD (Rómulo Betancourt como presidente) y un independiente. En un discurso a la Nación comunicaron que su misión inmediata sería la de "convocar al país a elecciones generales, para que mediante el sistema de sufragio directo, universal y secreto, puedan los venezolanos elegir a sus representantes, darse la Constitución que anhelan y escoger el futuro presidente de la república". El 17 de diciembre de 1946 se reunió la Asamblea Nacional Constituyente, la que aprobó una nueva Constitución en 1947 y un nuevo estatuto Electoral, realizándose las elecciones para presidente en medio de grandes disturbios. Se inscribieron 1.621. 607 sufragantes mayores de 18 años. Los resultados fueron favorables para Rómulo Gallegos (AD), quien recibió el poder de manos de la junta de gobierno el 4 de febrero de 1948. El régimen de partidos nació muerto, por cuanto la excesiva polítización de los ciudadanos impulsó a elementos reaccionarios de las Fuerzas Armadas a derrocarlo, produciéndose un golpe militar el 24 de noviembre de 1948. En realidad, los temores habían sido despertados entre la antigua élite, pues AD controlaba las organizaciones populares como garantía de su poder; en cambio, las élites económicas y sociales, confiaban en el ejército y el control de la administración para perpetuar sus privilegios.
Durante este período, conocido como el trienio, se formaron nuevos partidos: el Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI), inspirados en la doctrina social de la iglesia católica; y la Unión Radical Democrática (URD), representando a la izquierda no comunista. También se extendieron los sevicios a la población, recibiendo Educación (el analfabetismo superaba el 50%), Salud, Agua y acceso a los medios de comunicaciones.
Luego del derrocamiento del primer gobierno propiamente democrático de Venezuela, vinieron 10 años de dictadura militar, a cargo del coronel Marcos Pérez Jiménez, quien se hizo notar por la crueldad en la persecución de los enemigos políticos y por el enriquecimiento ilícito por el cual el dictador y todo un sector de la burguesía se enriquecieron visible e ilegalmente. Bajo su mandato, todos los partidos políticos desaparecieron, aunque de todos modos subsistió una red clandestina de resistencia, la que fue aumentando notoriamente desde 1957. Ese mismo año, Pérez Jiménez se burlaría del pueblo venezolano, causando su propio derrocamiento. Confiado, llamó a elecciones en diciembre. De pronto, y sin mediar consulta alguna, canceló la elección y la sustituyó por un plebiscito: habría un solo candidato por cada cargo. El pueblo tomó estos hechos como una afrenta, lo que unió y estimuló a la oposición. Se encendió la lucha callejera y una ola de manifestaciones, por parte de fuerzas políticas clandestinas, las que se unirían a un movimiento militar. Esta situación alcanzó su punto culminante el 23 de enero de 1958.
Una junta militar se hizo cargo del gobierno, para luego ceder el poder a una junta de gobierno integrada por los líderes políticos que regresaron del exilio. Ambas dirigieron el país durante una breve transición a la democracia representativa. Ésta se inició cuando el fundador de AD, Rómulo Betancourt, asumió la presidencia después de su triunfo en las elecciones. El carácter específico de la transición a la democracia en 1958 reside en que se trató de una empresa construída sobre coaliciones, que integraron a los partidos políticos, a grupos de empresarios y profesionales, a organizaciones populares y a sectores claves entre los militares.
Antes de las elecciones de 1958, los principales partidos no comunistas (AD, COPEI, URD) firmaron 2 acuerdos: el Pacto de Punto Fijo, que obligaba a los firmantes a respetar los resultados de las elecciones, a mantener la tregua política, despersonalizando el debate y asegurando mecanismos de consulta entre los partidos para la toma de decisiones de trascendencia; y el Programa Mínimo de Gobierno, que corresponde a un modelo de desarrollo basado en capital privado, extranjero y nacional, subsidios al sector privado y un enfoque cauteloso respecto a las reformas económicas y sociales. Se procuró desincentivar la oposición potencial: a los militares se les destinaron jugosos presupuestos, la Iglesia obtuvo un status mejor y fue permanentemente consultada en materia de educación y en lo social, se llevó a cabo la baja de la oficialidad opositora en el Ejército y se derrotó a la Izquierda guerrillera. Así Venezuela, de ser el país menos democrático de América Latina antes de 1958, pasó a ser una de las democracias más estables después.
Punto Fijo estableció la necesaria solidaridad política sobre la estabilidad del poder civil, poniéndole límites al canibalismo político y salvaguardando el régimen democrático que se estaba fundando. La democracia no habría sido posible en Venezuela sin un pacto para moderar las controversias y las pugnas por el poder. Es por esto que se considera que la viabilidad de la consolidación de la democracia comenzó sobre la base de este pacto, firmado el 31 de octubre de 1958. El día antes de los comicios, los tres candidatos firmaron, en la sede del Consejo Supremo Electoral, una Declaración de principios y el Programa Mínimo. En las elecciones del 7 de diciembre de ese año fue electo presidente Rómulo Betancourt. Quedando demostrado así como la organización de los partidos decidió las elecciones y, en los años posteriores, decidirán las siguientes elecciones y la vida de la Nación en su conjunto.
En 1961 se puso en vigencia una nueva Constitución, y en 1963 se dio el primer traspaso de mando legítimo, cuando triunfa en las urnas Raúl Leoni (AD) el 1 de diciembre. Durante la década de los 60, el juego político irá cambiando, aunque se mantendrá el espíritu de cautela y compromiso, de dedicación a la competencia y a la democracia, que seguirá marcando el proceso de consolidación. En esa década se superó la fragmentación y surgió un sistema de partidos dominado por la competencia bipartidista. Esto, debido a la declinación constante de AD y al crecimiento sostenido de COPEI, que gana las elecciones de 1968, que marca la cota más alta de dispersión electoral en la historia política de Venezuela, marcando un hito, pues posteriormente se producirá una alta concentración de los votos por parte de AD-COPEI. El nuevo presidente fue el doctor Rafael Caldera (COPEI), quien ganó por un escaso margen de 30 mil votos. Durante su presidencia, en el marco del proceso de "pacificación" que emprendió, el Partido Comunista de Venezuela (PCV) se reintegró al debate político pacífico y legal (había apoyado al movimiento guerrillero procastrista que pretendió tomarse el poder unos años antes).
Desde los 70, la competencia entre los dos partidos "grandes" ha dominado el escenario político. En las elecciones de 1973 se consolidó el sistema bipartidista, resultando electo para presidente Carlos Andrés Pérez (AD). El nuevo residente del palacio de Miraflores, apoyado en su gran popularidad y en la abrumadora mayoría parlamentaria, promovió la nacionalización de la industria petrolera en 1975. Esto coincidió con un aumento notable de los precios del petróleo, lo que llevó al país a una especie de euforia y distensión por la riqueza fácil. Asimismo, el Estado se fue haciendo cargo de una serie de compromisos que después le pasarían la cuenta, solicitando créditos para la construcción de monumentales obras públicas y subvencionando los artículos de primera necesidad hasta en un 50%.
En las elecciones de 1978 volvió al poder el partido democratacristiano COPEI, eligiendo a Luis Herrera Campins. Con esos resultados, los venezolanos dieron un notable ejemplo de la viabilidad de la alternancia pacífica en el poder, robusteciendo sus instituciones democráticas. Al comenzar el nuevo período presidencial, la bonanza económica se estimuló por una nueva alza en los precios internacionales del petróleo, hasta caer estrepitosamente hacia el final del mandato. Esto provocó la devaluación del bolívar y una inédita inflación, la que se agregó a la generalización de la corrupción administrativa, a manejos inescrupulosos en las entidades bancarias y a la intensificación del escándalo político; elementos de descomposición social y política de esos años.
Al promediar la década de los 80, encontraremos los orígenes de la Crisis del sistema de partidos, tema que abordaremos en el próximo apartado.
La Crisis de los tres febreros.
En este capítulo deseamos abordar la urgencia de reforma fundamental que se comenzó a sentir en el régimen de partidos en Venezuela durante la década de los 80 y comienzos de los 90. Esta tomó sentido de Crisis luego de tres hechos ocurridos en febrero y que afectarán a los pilares sobre los cuales se sostenía la democracia de Punto Fijo.
El 18 de febrero de 1983 se produjo el llamado "Viernes Negro", que debilitó la fuerte economía, iniciando un inusitado período de inflación. Tras todos los problemas económicos y sociales que esto suscitó, el sistema político fue siendo objeto de una creciente crítica, ante lo que se veía como la incapacidad del sistema para garantizar un mejor estándar de vida a una población mal acostumbrada a la opulencia de los años de oro del "oro negro"; incapacidad para canalizar las nuevas demandas por mayor participación política y socioeconómica. El debate se centró en la necesidad de efectuar reformas electorales, pues se cayó en cuenta que el sistema electoral vigente hasta entonces favorecía la oligopolización del juego político, lo que se conoce por "partidocracia". Esto se debe a que se votaba por lista cerrada, adquiriendo una desmesurada relevancia la competencia interna de los partidos por la selección de los candidatos, donde los líderes decidían más, entre sus cuatro paredes, que el pueblo con sus votos.
En este contexto, AD vuelve al poder por las elecciones del 4 de diciembre de 1983, resultando presidente Jaime Lusinchi, para el período 1984-1989. El nuevo presidente, escuchando a la opinión pública, creó la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE), el 17 de diciembre de 1984, debido a la insuficiente complejidad de las instituciones políticas en comparación con la complejidad alcanzada por la sociedad venezolana. Las propuestas de reformas tuvieron tres objetivos: procurar la democratización interna de los partidos, establecer condiciones de "juego justo" en la competencia entre partidos, y la mencionada reforma institucional para el fomento de una mayor calidad en el proceso electoral. Como resultado se pudo apreciar por primera vez el nombre de los candidatos en el voto, dejando atrás el método de lista cerrada.
Se introdujo la separación de las elecciones municipales, es decir, un voto para alcalde y otro para concejal, lo que dio mayor relevancia política e identidad al gobierno local, permitiendo a los partidos y grupos pequeños competir en política y obtener una representación para sus minorías. También se instauró la elección directa de los gobernadores estatales, creando un nuevo espacio de participación y de paso reforzando la tendencia a la descentralización del poder. En general, la puesta en práctica de dichas reformas generó nuevas dinámicas en el sistema de partidos venezolano, pero, como lo prueban los hechos posteriores, fueron reformas más de forma que de fondo.
Durante el gobierno de Lusinchi, las complicaciones económicas y sociales fueron agravándose, afectando la credibilidad y legitimidad de la que gozaban los partidos políticos y deteriorando seriamente la calidad de vida de la población. Al mismo tiempo, se ponía en entredicho la capacidad de la democracia y de los partidos para hacer frente a esas complicaciones y resolverlas. La crisis económica hizo dudar sobre la capacidad del sistema de operar en circunstancias tan adversas y tan distintas a los inicios de la democracia. Al finalizar su período, Venezuela está inmersa en una crisis global. Situación que será aprovechada por el ex presidente Carlos Andrés Pérez (quien solo podía presentarse a la reelección tras dos períodos, es decir 10 años), para presentarse a las elecciones del 4 de diciembre de 1988, en las que obtuvo un rotundo triunfo.
Su gobierno comenzó con grandes expectativas, pero casi de inmediato debió afrontar una inesperada oleada de varios días de protestas populares acompañadas de saqueos y violencia, lo que constituirá el segundo febrero.
Las sangrientas manifestaciones urbanas (saqueos) que estallaron el 27 de febrero de 1989, se produjeron en respuesta al ajuste estructural del gobierno, cuando el pueblo se negó a pagar los precios que exigían los transportistas. Esta manifestación espontánea minó la capacidad de los partidos de canalizar y controlar la participación. En respuesta a la furia popular, que en corto tiempo desbordó a la policía, el presidente Pérez envió al ejército a controlar la situación en Caracas y decretó la suspensión de las garantías constitucionales y la vigencia del toque de queda. Estas fueron las repercusiones sociales a los ajustes del tipo venezolano, esos en los que "ustedes se aprietan el cinturón pero nosotros seguimos haciéndonos de mansiones, cuentas bancarias y lujosos viajes".
El 27 de febrero de 1989 representa el inicio de la noción de Crisis del régimen democrático venezolano, y al inicio de las demandas por "democratizar la democracia", solicitando nuevos canales de participación ciudadana, ante la emergencia de nuevos grupos y/o movimientos, más allá de las redes controladas por los partidos. Esa jornada, triste por las tres centenas de muertos, por los saqueos y los casi 200 incendios provocados por la turba, fue señalada como "el 23 de enero social", por los historiadores venezolanos, significando con esto el arranque de una lucha por una nueva sociedad. En marzo de ese año, fue restituída la libertad de expresión, las garantías constitucionales y el presidente anunció vastos programas sociales.
En lo sucesivo la abstención irá creciendo a ritmo sostenido, hasta llegar a niveles impensables en 1958. Diversos actores afloran en la escena política y hacen suya la demanda por una reforma completa del sistema institucional del gobierno, incluso de los partidos políticos y del Poder Judicial, acusados de ser cómplices y culpables de la dilapidación de la rica Venezuela.
Durante el mandato de Pérez, un grupo de militares jóvenes encabezó un levantamiento armado, que pretendía aniquilar al presidente, y que fracasó. Eso si, el intento de golpe militar del 4 de febrero de 1992, derribó la superioridad obtenida por los partidos en el equilibrio de fuerzas con los militares. Después de la intentona liderada por Hugo Chávez Frías, nuevas organizaciones comenzaron a consolidarse como organizaciones políticas alternativas y los líderes de los partidos vieron con horror el eco favorable que las intentonas golpistas tenían en la opinión pública.
Luego de la deposición de las armas vino el encarcelamiento de los rebeldes, castigo que duró hasta que, tras la destitución por corrupción de Carlos Andrés Pérez en 1993, el nuevo presidente Rafael Caldera los liberara en 1994. En todo caso esos meses sirvieron para generar la convicción de que el mejor camino para acabar con los corruptos era la vía de los votos, no la de la violencia. El descontento económico y social comenzó a hacerse oír, dejando la sensación de que los partidos eran dirigidos por camarillas corruptas que se habían distanciado irreversiblemente de las masas y que habían creado un sistema de gobierno de los partidos, más que del pueblo. La crítica se hizo despiadada y arreciaron las acusaciones de corrupción, amiguismo y apoyo mutuo e interesado entre los dos partidos principales. Así surgió el concepto de "puntofijismo", que sirvió a los nuevos portadores de demandas de participación, para designar al sistema de partidos originado en el Pacto de Punto Fijo de 1958, y que tiene una connotación negativa.
Entre los nuevos actores políticos destacan el Movimiento al Socialismo (MAS) y el Movimiento V República (MVR), que apoyaron la candidatura de Hugo Chávez y su programa de profunda y radical reforma del Estado, materia que será analizada en el próximo capítulo.
El "puntofijismo" se ha convertido en un calificativo denigrante de tono claramente peyorativo dentro del lenguaje empleado en la realidad que se está viviendo en Venezuela. Para algunos esto resulta vergonzoso puesto que sin un Pacto de Punto Fijo para moderar las controversias y las pugnas por el poder la democracia no habría sido posible en Venezuela. Un venezolano, quien participó en la política en aquellos días, solía decir que "si los venezolanos fuéramos tan pacientes con la democracia como lo éramos con las dictaduras, otra sería la situación". Durante los primeros años de la democracia abundaron los intentos de golpe militar, como el encabezado por el general Castro León. Las raíces de la dictadura mostraban resistencia al cambio. Si la alianza de los partidos para defender el régimen democrático de estos coletazos dictatoriales, este no hubiese sobrevivido, pese al respaldo masivo con que contaba la democracia. Quienes concertaron el cambio, los jefes de AD, COPEI y URD, interpretaron inteligentemente lo que era una prioridad de carácter histórico. Cometieron un error: discriminaron al Partido Comunista, quizás por el temor que éste suscitaba entre los militares, lo que generó malestar en el tiempo.
Punto fijo tuvo vigencia, así, para preservar, ante todo, el poder civil. Hubo coaliciones de partidos para ejercer el poder, en unas ocasiones de los tres partidos, en otras de dos partidos y finalmente, el pacto se redujo al Parlamento. Punto Fijo se fue ocultando en el pasado, mientras en los partidos se pensaba que la democracia estaba garantizada de una vez y para siempre. Craso error, porque la democracia es una batalla cotidiana.
De esa concepción de Punto Fijo a la utilización de la palabra "puntofijismo" para condenar todo lo que es condenable del pasado, y confundirlo con lo que no es condenable, no le rinde ningún tributo a una interpretación equilibrada de la política. Se tuvo éxito por que los partidos se comprometieron también a no monopolizar el poder, como había ocurrido en el período 1945-1948.
Ahora están frente al renacimiento de los dos males políticos que se trató de evitar entonces: el canibalismo y el monopolio del poder. El debate ha degenerado en pugnas personales. Se dividieron los generales del 4 de febrero, y se pusieron de manifiesto discrepancias y enconos que pocos imaginaban. Civiles y militares del MVR no parecen estar conformes unos con otro, y se ha abierto entre ellos un duelo impredecible. En una palabra, que el poder concentrado a sido inmanejable, y que quienes lo controlan parecen haber perdido la perspectiva del enorme compromiso adquirido con el país. De modo que todo aquello que se condena indiscriminadamente con la palabra puntofijismo no desaparece de la escena.
El país se encuentra envuelto en una alarma generalizada. Ha pasado de la incertidumbre al desconcierto y al temor. Venezuela deberá enfrentar el complejo proceso de relegitimación de los poderes, en un clima de inusitada "violencia verbal". Se necesitan medios que garanticen la transparencia en los asuntos del Estado, y como en las peores prácticas de la tradición venezolana, antes de Punto Fijo, y con Punto Fijo, los factores políticos se obstinan en mantener como secretos de Estado todo lo que legítimamente concierne a los dominios de la opinión pública.
Dentro de los argumentos que esgrime Hugo Chávez para ganar las elecciones podría sintetizarse de la siguiente manera: en las elecciones de 1998 su eslogan electoral fue "hay que acabar con esto", y a la inmensa mayoría de los venezolanos, hastiados de ese régimen corrupto, compartió esa necesidad. A partir de 1999 cambia el discurso electoral, ahora es "la culpa de tu pobreza la tiene los ricos, y yo voy a quitarles a ellos para darte a ti". Ya no son los corruptos de la Cuarta República, son los ricos. Una apelación directa al sentimiento más ruin de los que tiene enraizado la mente humana desde tiempo inmemorial: la envidia generadora del odio social. Según la estrategia chavista al envidioso en realidad no le importa si por su voto él permanece igual o si incluso empeora. Lo que le importa es que le quiten algo al envidiado. La segunda parte de la oferta, que después se lo den a él, le importa menos. En otras palabras ya no es el puntofijismo y su corrupción que desaparecieron, el enemigo responsable de la pobreza, ni siquiera los nuevos corruptos de la quinta república, sino que los responsables desde tiempos de la Independencia, son los oligarcas.
Las Fuerzas Armadas Nacionales.
La Constitución de 1961 establece que las FAN son una institución profesional, impersonal y apolítico al servicio exclusivo de la Nación, y tiene por objeto fundamental su defensa, el mantenimiento de la estabilidad interna y el cumplimiento de la Constitución y de las leyes; sus miembros no pueden ejercer el derecho de sufragio, pertenecer a agrupaciones políticas ni tomar parte en las actividades de éstas, mientras permanezcan en servicio activo.
Durante la época de Betancourt se hicieron esfuerzos en el sector militar por definir de manera clara las funciones de las Fuerzas Armadas en un país democrático. Al efecto, las FAN fueron definidas como instrumento político, se adoptó la separación del poder civil y el poder militar, y se estableció su carácter de institución profesional, impersonal y apolítica.
A finales del gobierno de Leoni se alcanzó un modelo de articulación civil-militar caracterizable en su definición de resguardadora de la integridad del sistema, un papel político dado formalmente por unas normas legales complementadas sustitutivamente por unas reglas no escritas y un proceso de socialización política, y por garantizar su desarrollo profesional y su estabilidad socioeconómica.
El presidente Chávez por su parte ha conducido a las FAN a jugar un papel político convirtiéndolas en centro de su Gobierno, el Plan Bolívar 2000y las utiliza en toda la sociedad venezolana para enfrentar la crisis social, buscando una simbiosis cívico-militar, a esto hay que agregar que el Partido de gobierno es constituido de una manera importante en su junta directiva por los oficiales que estuvieron involucrados en el 4 de febrero y el 27 de noviembre; esto, a la vista de especialistas puede resultar muy peligroso y delicado, comprometiendo al régimen político existente en el país. Agregan que por lo menos lo venezolanos han interpretado que por lo menos las FAN están jugando un papel por encima de lo que establece la Constitución.
En general los militares han considerado que no deben votar, porque consideran que el voto puede dividir las FAN, que el país no está suficientemente maduro y que hay demasiada pasión por la política.
Asamblea Nacional Constituyente.
Es la forma como el pueblo ejerce el poder constituyente. El poder constituyente es la voluntad primaria y soberana del pueblo que se manifiesta en la creación de una Constitución, mediante la cual se organiza como República o Estado y regula su convivencia en comunidad. Es, por tanto, la soberanía misma, que se ejerce para estructurar el sistema político. Consiste, por ende, en la suprema capacidad y dominio del pueblo sobre sí mismo, al darse por su propia voluntad una organización política y un ordenamiento jurídico. Es el inicio de la coyuntura concreta que abordamos en este trabajo.
El vocablo "constituyente" fue creado por al Abate Sieyes como adjetivo calificativo de aquel poder específico que constituye la expresión de la soberanía. A partir de ese momento quedó el término e incorporado al derecho público moderno, desde la publicación de su famoso libro "¿Qué es el Tercer Estado?" (1788).
La importancia del poder constituyente se percibe en los momentos de cambio de la Constitución, "pacíficos o revolucionarios", cuando surge de un "clima constituyente" que sensibiliza a la opinión pública. Aunque la mayoría de los ciudadanos ignora los argumentos y términos jurídicos, este clima constituyente les atrae y obliga a seguir los debates en torno al nuevo texto constitucional.
Es soberano o supremo, porque el poder constituyente está por encima de todos los demás poderes y órganos. No se encuentra subordinado a ningún poder externo o interno. Las bases fundamentales de la organización y funcionamiento de la comunidad han de proceder de la voluntad soberana del pueblo, ya que afectan su existencia y continuidad.
Es primario u originario, porque el poder constituyente no deriva de la Constitución sino del pueblo integrado en Nación. El poder constituyente es distinto a los poderes fundados en la Constitución (ejecutivo, legislativo y judicial). El poder lo ejerce el pueblo a través de representantes suyos extraordinarios.
Mediante el ejercicio de su poder soberano, el pueblo puede romper "revolucionariamente" con el régimen jurídico, político o socioeconómico que no se adecue a sus aspiraciones o que sea obstáculo para su progreso. De allí que el poder constituyente tenga, en primer lugar, un fin destructivo, en cuanto rompe con el sistema anterior. Y, en segundo lugar, un fin constructivo, porque persigue construir un nuevo sistema jurídico-político en el cual se plasmen los designios del pueblo, se apunten las soluciones a los grandes problemas que lo afectan y se indique las medidas para satisfacer las necesidades y carencias colectivas.
El sujeto originario sobre el que descansa el poder constituyente es el Pueblo, en cuanto colectividad orgánica y unitaria. Encuentra su justificación en las exigencias imperiosas del bien común.
Si la soberanía reside en el Pueblo, el Poder Constituyente sólo a él pertenece. Es, por tanto, la actividad que el pueblo despliega para realizar una determinada finalidad que el mismo se propone, consistente en darse una constitución positiva en la que se conviertan en normas jurídicas los elementos que constituyen la "constitución real"; es decir, el ser, el modo de ser y el querer ser populares. El ser de un pueblo es su existencia misma; el modo de ser, sus atributos; y el querer ser entraña sus designios, aspiraciones e ideales.
El pueblo no puede ejercer por sí mismos el poder constituyente. Es imposible que todo el pueblo participe en la elaboración de la Constitución. Esta tarea es obra de la inteligencia y de la voluntad y su producción requiere la acción del entendimiento manifestada en varias operaciones sucesivas tales como la redacción de un proyecto, su estudio y discusión, y finalmente su aprobación. Estas operaciones no son susceptibles de realizarse por el mismo pueblo directamente. Por esta razón el ejercicio del poder constituyente se delega en un cuerpo integrado por representantes del pueblo que se denomina Asamblea Constituyente.
Este es el órgano al cual se le confía o entrega el ejercicio del poder constituyente. Por este motivo los títulos de legitimidad de dicha asamblea y de su obra derivan de la relación directa que exista entre ella y el pueblo, o sea, de la auténtica representación popular que ostente. Sin esa relación directa o faltando la representación, la obra constitucional, por más perfecta que se suponga, tendrá un vicio de origen: su carácter espúreo o ilegítimo.
En el plano político, la propuesta fundamental del programa del ahora nuevamente candidato presidencial Hugo Chávez es hacer una Revolución Democrática, en forma pacífica y por medios democráticos. Con ello se pretende transformar el marco institucional, dentro del cual los actores económicos, políticos y sociales hacen sus planes y toman sus decisiones; marco institucional que estaba caracterizado por el dominio de las cúpulas de los partidos políticos tradicionales que, a su vez, controlaban los diferentes poderes del Estado en casi todos los ámbitos territoriales, tanto nacional como regional y local. Una pequeña elite de los partidos tradicionales, decidía quienes ocuparían los cargos para ser miembros de la Corte Suprema de Justicia, el Fiscal General de la República, el Contralor General de la República y los directivos del Consejo Supremo Electoral, ahora Consejo Nacional Electoral. Esos mismos cogollos decidían sobre el comportamiento de las fracciones políticas en el Congreso e influían decisivamente en las decisiones de la Corte Suprema de Justicia. Con lo que, en la práctica, quedaba cercenada la división de poderes. Esto impidió una sana y dinámica relación entre los diversos actores de la vida nacional. Las decisiones de carácter e interés nacional eran sometidas al tutelaje de las direcciones partidistas, sin que sobre éstos existiera algún control efectivo por parte de la sociedad venezolana. El alto grado de concentración de poder, combinado con un Estado que ha manejado y maneja grandes recursos provenientes del negocio petrolero, trajo consigo la generación de corruptelas, compadrazgos y clientelismo, erosionándose el desarrollo democrático de la vida nacional.
La forma en que se pretende alcanzar esta Revolución Pacífica es, corroborando lo propuesto por Huntington, procurar la Institucionalización de la V República. Una vez concluidas las megaelecciones, se dejará atrás el proceso de transición institucional, en el que era necesario definir al adversario, las elites corruptas e ineficientes del puntofijismo, aislarlas, segregarlas y desplazarlas. Lo que se logró pacíficamente, con métodos democráticos y con un mínimo de tensiones sociales y de perturbaciones en la vida institucional.
Ahora entramos en el período de institucionalización de la V República. Serán elegidos los miembros del Tribunal Supremo de Justicia; del Poder Ciudadano, Fiscal General, Contralor General y Defensor del Pueblo; del Poder Electoral, conforme a la normativa de la Constitución Bolivariana. Lo que implica, contrariamente al proceso anterior, mecanismos de negociación entre los sectores representados en los diferentes organismos de los Poderes del Estado, legitimados mediante el proceso eleccionario y actuando dentro de las reglas del juego establecidas en la Constitución.
A continuación ofreceremos una síntesis de las principales diferencias entre la Constitución de la IV República, cuya data es de 1961, con la nueva Constitución Bolivariana. Aquella Carta fundamental rigió el juego democrático durante los 40 años de existencia de la democracia de Punto Fijo y el Pueblo venezolano buscó producir los cambios que ese sistema requería, mediante el proceso coyuntural resumido en la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Los cambios, y sus repercusiones, son:
Un nuevo nombre para la República.
En el artículo primero de la nueva Carta Magna se lee: "Venezuela se declara República Bolivariana, irrevocablemente libre e independiente, y fundamenta su patrimonio moral así como los valores de libertad, justicia y paz internacional en la doctrina de Simón Bolívar, el Libertador". Analistas consideran que con esta decisión la ANC introdujo un componente ideológico de tinte nacionalista en la Carta Magna. Gerardo Fernández, abogado constitucionalista, estima que se trata de un "antojito revolucionario" para complacer al presidente Chávez.
El Voto militar.
La nueva Constitución señala que "los integrantes de la Fuerza Armada Nacional en situación de actividad, tienen derecho al sufragio de conformidad con la ley". La posibilidad de extender el derecho al sufragio a los militares sin ningún tipo de discriminación por rangos, no debe confundirse con el carácter apolítico y no deliberante de la institución. La existencia de uno no impide la aplicación del otro. El derecho al voto por parte de los miembros de la Fuerza Armada Nacional, implicaría la igualdad de condiciones frente a los civiles en cuanto al sufragio como derecho universal. Además, el ejercicio del voto por parte de los militares debe asumirse como una decisión privada y no pública o institucional. El nuevo texto constitucional consagra como pilares fundamentales la disciplina, la obediencia, la subordinación y la acción conjunta y se puntualiza que no les está permitido optar a cargo de elección popular, participar en actos de propaganda, militancia o proselitismo político partidista.
La reelección presidencial inmediata.
La nueva Constitución establece que "el período presidencial será de seis (6) años. El Presidente de la República puede ser reelegido, de inmediato y por una sola vez, para un período adicional". El historiador Manuel Caballero advertía desde los comienzos del proceso constituyente, que la principal preocupación del presidente Hugo Chávez era lograr la reelección a través de la Asamblea. Caballero denominaba a la ANC, "la reelectuyente". Hoy el camino queda abierto para que el primer mandatario permanezca en Miraflores hasta el 2011, si el primer año de gobierno (1999) no es contado en la relegitimación del Poder Ejecutivo. Algunos detractores de la decisión advierten acerca del peligro que encierra la permanencia en el poder por muchos años (sobre todo en países de fuerte tradición caudillista y militar), y el desgaste de la legitimidad presidencial.
El Vicepresidente.
Cada una de las ramas del poder público tendrá determinadas novedades: el Ejecutivo suma a la figura del primer mandatario la del vicepresidente, su más directo colaborador. El deberá coordinar las relaciones con el Legislativo y los demás entes de la administración pública. Estará para suplir al presidente con todas las atribuciones que éste le delegue. Este miembro del Ejecutivo tiende a cambiar las características de la política nacional. La figura es suceptible del voto de censura de la Asamblea Nacional (Legislativo), al igual que cualquier ministro. Pero si en un período la Asamblea sanciona a tres vicepresidentes, el presidente adquiere la potestad de disolver al parlamento para que sea renovado en elecciones.
La unicameralidad.
El nuevo parlamento será un cuerpo con un menor número de miembros y también con menos atribuciones, sobre todo en el ámbito militar. Quizás por ser sujeto de críticas populares, la Constituyente puso especial énfasis en este nuevo poder. Sus miembros, de mandato revocable, perderán potestades como la amplia inmunidad que anteriormente disfrutaban. La primera razón a favor de una sola cámara, fue la reducción de la burocracia, lo que daría celeridad a la actividad legislativa. Se ha dicho incluso, que anteriormente todo el trabajo lo hacía la Cámara de Diputados, por lo que la Cámara de Senadores estaría de más en una estructura donde se busque mayor efectividad. Este argumento es desmentido por quienes aseguran que la unicameralidad es utilizada en países donde se concentra el poder en un sólo partido político y sin tradición democrática.
El Tribunal Supremo de Justicia.
"Corresponde al Tribunal Supremo de Justicia la dirección, el gobierno y la administración del Poder Judicial, la inspección y vigilancia de los tribunales de la República y de las Defensorías Públicas.". Este organismo viene a sustituir a la Corte Suprema de Justicia como ente rector del sistema judicial venezolano. La forma de elección de los nuevos magistrados será más compleja y participativa. Hasta ahora eran electos por mayoría simple del Congreso. En adelante serán electos en el Legislativo, pero se requerirá de un proceso que se inicia con postulaciones personales y se obliga a escuchar a la comunidad. Esto busca que sean magistrados más autónomos y que actúen sin la presión de haber sido elegidos por sectores políticos.
El Poder electoral.
Se establece que el Poder Electoral se ejerce por el Consejo Nacional Electoral como ente rector y, como organismos subordinados a éste, la Junta Electoral Nacional, la Comisión de Registro Civil y Electoral y la Comisión de Participación Política y Financiamiento. Este nuevo poder público viene a cumplir una reiterada petición del sector para que se diera rango constitucional al órgano que realiza las elecciones. Desaparece el Consejo Nacional Electoral, ente que curiosamente no llegó a cumplir dos años de vida. Los miembros serán sólo cinco. Las otras nuevas instituciones constitucionales del ámbito electoral que la Constituyente consideró pertinente crear, tratan de unificar el registro Civil y el Electoral, y la coordinación de la participación ciudadana, que ha sido emblema político de los últimos años.
EL Poder Ciudadano.
La nueva Carta Magna reza: "El Poder Ciudadano se ejerce por el Consejo Moral Republicano integrado por el Defensor del Pueblo, el Fiscal General y el Contralor General de la República". Toda una novedad en la vida republicana de Venezuela. Incorpora una nueva figura, el Defensor del Pueblo, cuyas funciones son prevenir, investigar y sancionar los hechos que atenten contra la ética pública y la moral administrativa; velar por la buena gestión y la legalidad en el uso del patrimonio público; el cumplimiento y la aplicación del principio de legalidad en toda la actividad administrativa del Estado y promover, igualmente, la educación como proceso creador de la ciudadanía, así como la libertad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y el trabajo. Inspirado en la frase de El Libertador: "Moral y Luces son nuestras primeras necesidades", este poder público fue rechazado por quienes argumentaban que no se justifica en una democracia que ya contempla a las figuras del Contralor y del Fiscal como entes autónomos. En adelante, al formar parte de un mismo poder, no habrá vigilancia recíproca entre éstos.
Rendición de cuentas del Banco Central.
En la nueva Carta Magna el Banco Central de Venezuela (BCV) "se regirá por el principio de responsabilidad pública, a cuyo efecto rendirá cuenta de las actuaciones, metas y resultados de sus políticas ante la Asamblea Nacional, de acuerdo a la ley". A los economistas les preocupa esta decisión. Estiman que si esa rendición de cuentas se hace sobre la gestión monetaria y cambiaria, el ente emisor perdería la potestad de controlar la inflación, y tal es su objetivo
La evasión fiscal como delito penal.
"La evasión fiscal, sin perjuicio de otras sanciones establecidas por la ley, podrá ser castigada penalmente". En Venezuela una de las grandes debilidades de la recaudación fiscal está en la evasión y corrupción administrativa.
Petróleos de Venezuela (PDVSA) propiedad absoluta del Estado.
En la nueva Constitución el Estado conservará la totalidad de las acciones de PDVSA o del ente creado para el manejo de la industria petrolera por razones de soberanía económica, política y de estrategia nacional, exceptuando las de las filiales, asociaciones estratégicas y cualquier otra que se constituyan como parte del desarrollo de la empresa. La disposición constitucional deja abierta la posibilidad de que las filiales puedan tener capital mixto, y contempla la posibilidad de que se realicen asociaciones estratégicas.
Los derechos indígenas.
"El Estado reconoce la existencia de los pueblos y comunidades indígenas, su organización social, política y económica, sus culturas, usos y costumbres, idiomas y religiones, así como su hábitat y derechos originarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan y que son necesarias para desarrollar y garantizar sus formas de vida". Expertos de la frontera venezolana consideran que si se aceptan los "derechos originarios" de los indígenas, éstos, basándose en el principio inalienable de autodeterminación de los pueblos, estarán en capacidad de exigir y obtener derechos para la explotación de sus propias tierras, con sus recursos naturales y minerales; la desmilitarización de las mismas; recibir préstamos internacionales o la restitución de los territorios que hayan sido confiscados o dañados. El contralmirante (r) Ramiro Pérez Luciani, presidente del Instituto de Estudios Fronterizos, advierte que estaríamos frente al desmembramiento de una porción de Venezuela.
Las percepciones sobre los acontecimientos que están sucediendo en Venezuela, las llamadas "megaelecciones", han suscitado múltiples opiniones, a menudo muy diversas entre sí, y que a continuación recogemos con el fin de ilustrar que opina la sociedad, una sociedad que ve su futuro desde una perspectiva positiva, y otros como algo incierto y de rasgos pesimistas. Las fuentes utilizadas para tal cometido, son artículos de prensa venezolana, extraídas de Internet.
Al referirnos a una visión positiva de la realidad en Venezuela, queremos decir que existe un optimismo sobre los resultados que se obtendrán en las próximas elecciones del 30 de julio, y que significarían la consolidación del proceso de democratización de la democracia.
En el artículo de Ricardo Combellas, que lleva por título "Caudillismo versus Democracia Participativa", se aprecia una incertidumbre sobre qué camino tomará luego de las elecciones, la política venezolana. El autor cita a Aristóteles, "la esperanza es el sueño de un hombre despierto", y opina que al extrapolar su significado, a la Democracia Participativa podemos concebirla como un desiderátum, una esperanza del sistema político venezolano. La verdad para el autor es que ésta nunca ha existido, ni siquiera en las formalidades constitucionales. Sin embargo se muestra optimista, pues la aprobación de la Constitución Bolivariana significa a su entender una buena señal para el avance de la Democracia en Venezuela y la apertura a un mapa ambicioso para su desarrollo. Admite que realizar este sueño no será una tarea fácil, principalmente por la tradición, la de un caudillismo autoritario, que vence pero no convence. A raíz de esto el autor cita a Unamuno, "Venceréis pero no convenceréis. Venceréis porque tenéis sobrada fuerza bruta. Pero no convenceréis porque convencer significa persuadir y para persuadir necesitáis algo que os falta razón y derecho en la lucha". Los valores universales democráticos de la libertad y la igualdad son ajenos, extraños a la vida de los venezolanos. Esta situación es explicada por la pobreza creciente que ha convertido a la mayoría en incrédulos en relación a la igualdad, es decir, frente a las promesas de mejor nivel de vida y de justa distribución del ingreso.
El autor Baldomero Vásquez Soto, en su artículo "El final de la Democracia como Idelogía", agrega a los factores antes señalados la degradación institucional de los poderes ejecutivo, legislativo, judicial, electoral y militar, a causa de la apropiación indebida que la élite dominante hizo de ellos, y que ha traído como consecuencia el hecho de que el pueblo considere moralmente ilegítimas las instituciones políticas de la democracia venezolana y rechace abiertamente a aquellos que la ejercen: los partidos políticos. Esta desligitimación institucional que padece el régimen democrático es el detonante del fenómeno chavista. La travesía que ahora emprende Venezuela es "hacia la mayoría de edad para hacer realidad una sociedad productiva, democrática y moderna. Un capitalismo verdadero, para utilizar las palabras del presidente Chavéz".
El artículo de Salomón Baum, titulado "Las dos Venezuela", da testimonio de dos realidades, dos capas que conviven, se enfrentan a veces. Las que están conformadas por una Venezuela de trabajo; la otra Venezuela corrupta. La primera capa, según el autor, debe ser estimulada y relanzada para que termine por dominar, por infiltrarse en todas partes, para que así silencie y opaque a la capa infructuosa. No hay duda para él, en la necesidad de grandes y profundas reformas, destaca la iniciativa de Hugo Chavéz, candidato a la presidencia en la convocatoria a una Constituyente. Para el autor estas reformas no tienen por qué ser violentas, ni implicar amenazas, como tampoco conllevar la imposición de sistemas de gobierno autoritarios y demagógicos, que coarten la libertad. La revolución debe ser pacífica, y debe implicar el cambio radical de actitud del venezolano, mediante el ejemplo y la práctica de todo el tren gubernamental. La postura presentada muestra un optimismo, que se refleja en la confianza hacia un nuevo gobierno, el cual debe sustentarse sin duda alguna en el ejemplo, para que de ese modo se logre una culturización democrática en la sociedad venezolana.
A continuación se tratarán aquellos artículos que no ven futuro próspero para los resultados que se obtendrán en las megaelecciones, pues asumen de antemano el fracaso del proyecto político de Hugo Chavéz, que significará un estancamiento en la ya destrozada Venezuela.
Es un hecho reconocido el pensar que en Venezuela la Democracia ha existido durante cuarenta años. Sin embargo el artículo de Alicia Alamo Bartolome, titulado "Eso es verdad…", nos muestra una realidad que se aleja de todo parámetro mínimo de Democracia, en donde ha existido un Congreso de parásitos privilegiados, ausentismos, curules vitalicios, viáticos a granel para viajes, teléfono gratis, jugosas jubilaciones, prestaciones sociales incalificables por la naturaleza del servicio que debían prestar, impunidad – más que inmunidad – parlamentaria, más toda clase de ventajismos. También critica la despreocupación del gobierno demostrada ante la pasada catástrofe ambiental, ya que éste se encontraba concentrado en el triunfo del "SI" a la nueva constitución. Para la autora después de un año constitucional poco ha variado la situación de Venezuela, los personeros del régimen hacen los mismos negocios, se arrogan los mismos privilegios, se saltan "sus" nuevas leyes eligiendo a dedo, practican el "quítate tú para ponerme yo".
En el artículo de Nicomedes Zuloaga titulado "El veneno de la Democracia", vemos de manera tajante como se expresa, citando para ejemplificar su postura a Norberto Bobbio, sobre uno de los atributos más importante de la Democracia, Elección por la Mayoría . Zuloaga considera que las Elecciones son en realidad un verdadero mal necesario del sistema que puede destruirlo, todo a raíz de la mayoría que apoya a Chavéz, lo que considera como el producto de lo que él llama "deseo de retroceder y profundizar aún más la crisis".
En la opinión de Mercedes Medina, "Democracia y Cultura", complementando la anterior opinión, precisa que al pueblo venezolano le falta preparación y tradición cultural, y asegura que Democracia y Cultura son temas indisolubles, forman un juego dialéctico en el que la primera es la base de la segunda y la segunda influye en la primera.
Otra percepción pesimista la encontramos en el historiador y ex Presidente de la República Ramón J. Velásquez ( entrevista). Para él lo que está proponiendo Chavéz es "Caudillismo y Personalismo". Lo único realmente nuevo para él es la democracia. La palabra " Política" estuvo prohibida hasta bien entrado el S. XX. y cuando el partido político es armado, como en el liberalismo amarillo, no hay debate ni contraste de ideas, no hay libertad ni dignidad.
Ultimamente se han hecho oír las voces de protesta de algunos militares venezolanos, llegándose a hablar de un "Ruido de Sables" que estaría perturbando al gobierno de Chávez. "De seguir así, hay posibilidades de un Golpe de Estado. No quisiéramos que eso sucediera, pero si el Presidente no rectifica los errores cometidos, podríamos ir a una situación de ese tipo", advierte el almirante Huizi Clavier. Este último agrega también que "hay un descontento interno de las Fuerzas Armadas, con una alta explosividad por los problemas sociales del país, que no sabemos hasta donde Venezuela puede aguantarla".
Podemos afirmar que la hipótesis propuesta para interpretar los hechos que se han desarrollado durante la coyuntura que sirve como objeto de estudio en este trabajo se cumple. Esta aseveración tiene su fundamento en el respeto por las vías democráticas que se ha podido comprobar, para llevar a cabo un proceso de cambio rápido y fundamental, aunque no violento.
El Cambio ha sido rápido, porque si bien la noción de Crisis y la necesidad de reformas de fondo en el sistema se presentan desde mediados de los 80, la coyuntura que ha desenvuelto el proceso revolucionario corresponde al período comprendido entre la elección de Chávez en 1998, y el proceso eleccionario actual, que pretende formar las nuevas instituciones democráticas según la nueva Constitución.
Durante estos 3 años se produjo un cambio fundamental, que se inició con la acogida de las demandas de llamar a la formación de la Asamblea Nacional Constituyente, que venían escuchándose durante el gobierno de Caldera, de parte de todos los sectores (incluyendo a Fedecámaras, agrupación de los industriales) ese mismo año. Así, un día cualquiera Venezuela amaneció con el notición del cierre del Congreso Nacional, lo que significó la muerte para la Democracia de Punto Fijo, de tan célebre estabilidad durante 40 años. Esto se tradujo en que los partidos políticos que animaron dicho juego democrático desde la fundación de la política de masas en 1958, Acción Democrática (adscrita a la Internacional Socialista) y COPEI (partido democratacristiano), fueron desplazados del poder, quitándoles el Pueblo la legítima representación de sus intereses. Lo fundamental del cambio radica en la profunda transformación que supone para la estructura de un Estado, la refundación del mismo, dando paso a la llamada V República. Su fundamentación se encuentra en las páginas de la nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada por plebiscito en 1999.
Hoy estamos ad portas del fin de la incertidumbre sobre el futuro de este proceso, pues lo que el mega proceso eleccionario que está desarrollándose en estos días busca, es iniciar la institucionalización de la V República, mediante la elección de la totalidad de las nuevas "autoridades" que ejercen el accionar de los poderes del Estado. Aún está por verse si esto podrá llegar a buen puerto, pues una vez finalizado el período de inestabilidad de la coyuntura, y de excepcionalidad en la conducción del proceso (queremos decir que mientras no se elijan a los nuevos representantes y no se ponga en marcha plenamente la V República se vive una situación un tanto caótica, por cuanto no se tiene total claridad para realizar su aplicación); mientras esas dudas no se disipen, no se podrá saber si es o no es viable la Revolución Pacífica. Cabe señalar que el presidente Chávez ha construído su base de apoyo en torno al populismo y apelando a la desesperación de las alicaídas masas venezolanas; esto es lo que lo tiene "con la soga al cuello", y es lo que tendrá que enfrentar una vez aquietadas las aguas. Afirmar la economía, en el actual sistema económico internacional, implicará la toma de medidas impopulares, pero necesarias, lo que podría llevarnos a sospechar de la debilidad de la nueva República, por cuanto descansaría sobre una base débil, tras un discurso fuerte.
Orángel Hernández
Maracaibo