Venezuela en la Comunidad Andina de Naciones 1969-2000

En mayo de 1999, la Comunidad Andina de Naciones (CAN) celebraba en Cartagena de Indias su trigésimo aniversario de existencia; esta fue una ocasión propicia para revisar y evaluar la actuación de este grupo de Integración suramericano, pero sobre todo, para analizar las perspectivas del grupo a fin de insertarse en un mundo globalizado con cara al nuevo milenio que ya estamos viviendo.

El proceso de integración andino se ha enfocado hasta ahora en el proceso económico. Por lo tanto se esperaría que en este ámbito los resultados concuerden con las expectativas. Pero el proceso se ha destacado por su retraso respecto a los plazos previstos y su lenta evolución; en menos de 10 años el Mercosur ha obtenido mejores resultados que la CAN en 30.

Sin embargo existen factores que justifican esta situación. En primer lugar la dinámica de un proceso de integración depende en gran medida de sus miembros, es decir de los países que lo conforman. En ese sentido no se puede comparar la situación económica de Brasil o Argentina con la de los países Andinos. Por otro lado dicho proceso tuvo que enfrentar la crisis de la deuda externa y la década pérdida de América Latina, mientras que el Mercosur sólo ha actuado en una coyuntura de fomento al libre comercio y la integración, como es la de la década de los noventa. No obstante existe una realidad innegable y es la de la consolidación de un mercado ampliado. La armonización de políticas y las normas comunitarias han permitido obtener importantes avances en muchos aspectos

Los antecedentes de la Comunidad Andina se remontan al 26 de mayo de 1969, cuando un grupo de países sudamericanos del área andina suscribieron el Acuerdo de Cartagena, también conocido como Pacto Andino, con el propósito de establecer una unión aduanera en un plazo de diez años.

A lo largo de casi tres décadas, el proceso de integración andino atravesó por distintas etapas. De una concepción básicamente cerrada de integración hacia adentro, acorde con el modelo de sustitución de importaciones, se reorientó hacia un esquema de regionalismo abierto.

La intervención directa de los presidentes en la conducción del proceso dentro del nuevo modelo, impulsó la integración y permitió alcanzar los principales objetivos fijados por el Acuerdo de Cartagena, como la liberación del comercio de bienes en la Subregión, la adopción de un arancel externo común, la armonización de instrumentos y políticas de comercio exterior y de política económica, entre otros.

El grado de avance alcanzado por la integración y el surgimiento de nuevos retos derivados de los cambios registrados en la economía mundial, plantearon la necesidad de introducir reformas en el Acuerdo de Cartagena, tanto de carácter institucional como programático, lo que se hizo por medio del Protocolo de Trujillo y el Protocolo de Sucre, respectivamente.

Las reformas institucionales le dieron al proceso una dirección política y crearon la Comunidad Andina (CAN) y el Sistema Andino de Integración (SAI). Las reformas programáticas ampliaron el campo de la integración más allá de lo puramente comercial y económico.

A partir del 1 de agosto de 1997 inició sus funciones la Comunidad Andina con una Secretaría General de carácter ejecutivo, cuya sede está en Lima (Perú). Se formalizó también el establecimiento del Consejo Presidencial Andino y del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores como nuevos órganos de orientación y dirección política. Se amplió además el papel normativo de la Comisión, integrada por los Ministros de Comercio, a los ministro sectoriales.

La CAN tiene como objetivos los siguientes:

Promover el desarrollo equilibrado y armónico de los países en condiciones de equidad, mediante la integración y la cooperación económica y social.
Acelerar el crecimiento de los países andinos y la generación de ocupación.
Facilitar la participación en el proceso de integración regional con miras a la formación gradual de un mercado común latinoamericano.
Propender a disminuir la vulnerabilidad externa y mejorar la posición de los países miembros en el contexto económico internacional.
Fortalecer la solidaridad subregional y reducir las diferencias de desarrollo existentes entre los países miembros.

Definir políticas sociales orientadas a la elevación de la calidad de vida y al mejoramiento del acceso de los diversos grupos sociales de la subregión a los beneficios del desarrollo.

Para alcanzar estos objetivos se emplearán los siguientes mecanismos: Un programa de liberalización total del intercambio comercial; Un Arancel Externo Común; La harmonización gradual de políticas económicas y sociales y la aproximación de las legislaciones nacionales en las materias pertinentes; Intensificación del proceso de industrialización subregional; Programas para acelerar el desarrollo de los sectores agropecuario y agroindustrial; Acciones en el campo de la integración física y fronteriza; Programas para el desarrollo científico y tecnológico; y Programas de Desarrollo Social.

En esta breve cronología se presentan los hechos más relevantes desde la fundación del Acuerdo de Cartagena:

26-5-1969	Suscripción del Acuerdo de Cartagena.
13-2-1973	Adhesión de Venezuela al Acuerdo de Cartagena.
30-10-1976	Retiro de Chile del Acuerdo de Cartagena.
28-5-1979	Suscripción del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia.
25-10-1979	Creación del Parlamento Andino.
12-11-1979	Creación del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.
19-5-1983	Entra en vigencia el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia.
12-5-1987	Suscripción del Protocolo de Quito.
17-12-1989	Presidentes aprueban Diseño Estratégico en Galápagos.
22-5-1990	Creación del Consejo Presidencial Andino.
29-11-1990	Presidentes adelantan plazos para formar Zona de Libre Comercio.
17-5-1991	Presidentes aprueban política de cielos abiertos y profundizar integración.
5-12-1991	Presidentes aprueban Acta de Barahona por medio de la cual disponen la adopción de un arancel externo común (AEC) con base en 4 niveles.
27-8-1992	Suspensión temporal, por parte de Perú, de sus obligaciones respecto al Programa de Liberalización.
31-1-1993	Entra en pleno funcionamiento la Zona de Libre Comercio para Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela.
26-11-1994	Aprobación del Arancel Externo Común por medio de la Decisión 370.
1-2-1995	Entra en vigencia Arancel Externo Común.
5-10-1995	Presidentes aprueban, en Quito, Nuevo Diseño Estratégico.
10-3-1996	Presidentes aprueban Protocolo de Trujillo.
3-8-1996	La Comisión del Acuerdo de Cartagena aprueba, mediante Decisión 395, el marco regulatorio para el establecimiento, operación y explotación del Sistema Satelital "Simón Bolívar".
25-6-1997	Se aprueba Protocolo de Sucre.
30-7-1997	Se logra acuerdo para la incorporación gradual de Perú a la Zona Andina de Libre Comercio (Decisión 414)
1-8-1997	Entra en funcionamiento la Secretaría General de la Comunidad Andina.
15-1-98	I Reunión de Representantes Máximos de los Órganos e Instituciones que integran el Sistema Andino de Integración.
19 y 20-1-1998	Se inicia el diseño para definir la política exterior de la Comunidad Andina.
2 y 3-3-1998	Primera Reunión del Consejo Asesor de Ministros de Hacienda y Finanzas, Bancos Centrales y Responsables de Planeación Económica de la Comunidad Andina.
19-3-1998	Los Países Andinos participan, por primera vez a través de una vocería única, en las negociaciones para el ALCA, obteniendo la presidencia de tres de nueve grupos de negociación.
11-6-1998	Se aprueba el Marco General de Principios y Normas para la Liberalización del Comercio de Servicios en la Comunidad Andina.
26-8-1998	Suscripción del Acuerdo de Paz entre Perú y Ecuador y del Convenio de Aceleración y Profundización del Libre Comercio entre el Perú y Ecuador.
30-10-1998	Los países de la Comunidad Andina y Estados Unidos suscriben un Acuerdo relativo al establecimiento del Consejo Andino-Estadounidense sobre Comercio e Inversión.
23 al 27-5-1999	La XI Cumbre Presidencial Andina fija las prioridades para profundizar la integración en el próximo lustro y los jefes de Estado se comprometen a establecer el Mercado Común a más tardar el 2005.
24-5-1999	El Consejo Asesor de Ministros de Hacienda o Finanzas, Bancos Centrales y Responsables de Planeación Económica de la Comunidad Andina se compromete, en su III reunión, alcanzar la estabilidad económica de los países miembros y converger, para ello, a metas inflacionarias menores al 10%.
25-5-1999	El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores aprueba los Lineamientos de la Política Exterior Común y dispone el establecimiento de las prioridades.
25-5-1999	El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores aprueba la Política Comunitaria para la Integración y el Desarrollo Fronterizo y dispone su instrumentación
31-6-1999	Suscripción del Entendimiento de Cooperación en materia de Comercio e Inversiones entre la Comunidad Andina y el Gobierno de Canadá en Ottawa.
3-7-1999	La Comunidad Andina y Brasil culminan la negociación del Acuerdo de Preferencias Arancelarias Fijas, que entra en vigencia el 16 de agosto
16-9-1999	Los gobiernos de Colombia, Ecuador y Venezuela suscriben un nuevo Convenio de Complementación Industrial en el Sector Automotor y disponen su entrada en vigencia a partir del 1º de enero del 2.000.
28 y 29-10-1999	La Comunidad Andina y Argentina dan inicio a las negociaciones de un Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica de Preferencias Arancelarias Fijas.
1-1-2000	Entra en vigencia por diez años el Convenio de Complementación en el Sector Automotor, suscrito por Colombia, Ecuador y Venezuela con el fin de sentar las bases para un mayor desarrollo del sector en la subregión.

Este trabajo presentará una visión un poco más innovadora para analizar la posición de Venezuela en este grupo de integracional regional como lo es la CAN, y es ver en que medida los acontecimientos de política interna o política nacional afectaron o incidieron en la actuación del país en la CAN, y de igual manera en las relaciones exteriores de la nación.

Se estructuró en tres partes, cada una correspondiente a una década desde la creación del Acuerdo de Cartagena, hasta los actuales momentos; de igual manera se recoge en cada una de estas partes, los principales aspectos de política interna, hechos económicos, política exterior y se hace un análisis de la actuación del país en la CAN, así como de la actuación del organismo como tal. La primera parte (que abarca un período desde 1969 hasta 1979) versa sobre el tema de la creación de la CAN, el porqué Venezuela no ingresa a la misma en 1969, sino en 1973, y todo lo que fue el proceso de estructuración del grupo, este período corresponde al primer gobierno de Rafael Caldera y al primer gobierno de Carlos Andrés Pérez.

En la segunda (1979-1989) se tratan principalmente los aspectos del porqué se considera una década pérdida para Venezuela y para la CAN; corresponde a los gobiernos de Luis Herrera Campins y de Jaime Lusinchi. En la tercera parte, que comprende desde 1989 hasta ahora, se tratan los aspectos de la reestructuración de la Comunidad Andina y del resurgimiento; corresponde al segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, que fue culminado por Ramón J. Velásquez; al segundo gobierno de Rafael Caldera y al gobierno de Hugo Chávez.

PARTE I

LA DÉCADA DE LA CONSOLIDACION

1969-1979

Capítulo 1

RAFAEL CALDERA

13/3/1969 – 10/3/1974

Su gobierno, es el tercero del período democrático iniciado en 1958, después de la caída del régimen de Marcos Pérez Jiménez. Llega a él, al ganar como candidato del entonces principal partido de oposición COPEI; representando así, el primer gobierno que resulta del triunfo electoral de un partido de oposición.

La democracia venezolana pasó así exitosamente una de sus pruebas de fuego; la cual consistió en que el partido dominante reconoció el triunfo electoral de un partido de oposición.

De igual modo, cabe destacar que éste es el primer gobierno monopartidista entre los posteriores a 1958; ya que Rafael Caldera y COPEI deciden gobernar solos, sin hacer coaliciones formales cono ningún partido. Caldera conformó su gabinete con miembros de su partido y con independientes cercanos a otros partidos, que pudieran servirle de puente hacia ellos cuando fuere necesario.

Por su parte, desde el punto de vista des sus recursos políticos, fue el de Caldera un gobierno con grandes dificultades de actuación. Su período demuestra que un Congreso en manos de una oposición activa es un obstáculo importante para cualquier presidente, sea cual sea su estilo personal.

Su agenda de gobierno, no estaba mayormente determinada por la resolución operativa de los problemas que planteaba la realización de los planes generales de desarrollo económico, estabilización y modernización política y asistencia social que se habían puesto en marcha en los gobiernos anteriores.

Política Nacional:

La realización más importante durante este quinquenio, consistió en la Política de Pacificación, mediante la cual se les ofreció la posibilidad de reincorporarse a la vida normal y a la lucha política legal a personas y grupos que habían participado en la subversión armada, y que, a falta de tal posibilidad, estaban obligadas a llevar una vida clandestina o a continuar en una actividad guerrillera.

Cabe destacar, que dicha decisión de Caldera de ampliar y llevar hasta su término la pacificación es de gran importancia; y requirió el despliegue de interesantes formas de "artesanía política", así como grandes dosis de voluntad y continuidad. Se trataba de una operación muy delicada, que involucraba difíciles decisiones legales y tocaba sensibles fibras militares; todo lo cual requería que estuviese respaldada por una autoridad muy firme de parte del Presidente.

Por otra parte, no cabe duda de que la Política de Pacificación, tuvo gran influencia en la actividad económica; ya que al desaparecer el fantasma de la violencia castrista, la sociedad venezolana pudo ver con mayor optimismo las perspectivas del país, cuyo sistema político parecía haber alcanzado un mayor grado de madurez.

De igual modo, es pertinente resaltar que durante la presidencia de Caldera, comenzó a funcionar el llamado Pacto Institucional, según el cual el partido de gobierno tendrá la presidencia del Congreso aunque no tenga mayoría parlamentaria, mientras que el principal partido de oposición (que siempre ha sido uno de los dos pactantes) dispondrá de la presidencia de la Cámara Baja.

Por su parte, dicho Pacto ha sido considerado por los líderes políticos como un resultado lógico y cónsono con los lineamientos de Punto Fijo; y funcionó a partir de 1970 y hasta 1984 prácticamente sin conflicto.

Otro elemento en el ámbito político que caracterizó al período en consideración, fue el equilibrio de fuerzas que se estableció entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo; ya que Caldera gana las elecciones con un estrecho margen de votos; pero sin embrago, el Congreso Nacional quedó ampliamente controlado por la oposición. Dicho balance de poderes, aunque sin duda dificultó la actuación del Presidente, contribuyó de manera efectiva a que el sistema democrático funcionara a cabalidad y posiblemente fue una de las causas de las disciplinas con la cual se manejaron los asuntos públicos. En 1970, el presidente Caldera propicia una reforma a la Ley de Universidades.

Política Exterior:

En lo que respecta a América Latina, ésta quedó signada por la Doctrina del Pluralismo Ideológico y la Solidaridad Pluralista, por la cual se reconoció diplomáticamente a gobiernos de facto y se admitía la cooperación entre regímenes políticos de distinta naturaleza e ideología.

Por su parte, dichas Doctrinas sustituyeron a la "Doctrina Betancourt" y se tradujeron en el establecimiento de relaciones diplomáticas con todos los gobiernos latinoamericanos (democráticos o no), excepto Haití y Cuba y en una política de distensión con este último.

En el campo mundial, hubo una apertura diplomática hacia el bloque socialista.

El gobierno de Caldera, decidió firmar con Guyana en 1970 el llamado Protocolo de Puerto España, durante el cual se congeló la discusión sobre la Guayana Esequiba durante 12 años.

Se impulsó la apertura hacia el Caribe, llamada "Diplomacia hacia el Caribe"; en donde se toman una serie de medidas como lo fueron:

Se crea en Trinidad el Instituto de Cooperación, con la meta de enseñar el español a los pobladores de habla inglesa.

El canciller venezolano (Arístides Calvani), visita los países del área; se reciben visitas de diferentes funcionarios y personalidades del Caribe y además, se firman una serie de acuerdos bilaterales de carácter cultural.

De igual modo, se crea el Instituto de Comercio Exterior en 1970; y se le complementó con la Ley de Incentivos a la Exportación y con el Fondo de Financiamiento a las Exportaciones (FINEXPO).

En cuanto a Relaciones Económicas Internacionales durante la presidencia de Caldera, ocurrieron varios hechos de importancia como lo fueron:

La denuncia del Tratado de Reciprocidad Comercial con Estados Unidos (1972).
Por otra parte, el Estado venezolano tomó el control de algunas actividades periféricas de la industria de los hidrocarburos. En 1971 el Estado se reservó la industria del gas natural y en 1973 la actividad de comercialización interna de los hidrocarburos.
Se promulga la Ley de Reversión Petrolera (1971), la cual restringe los traslados de bienes físicos que las compañías estaban llevando a cabo, como complemento del proceso de desinversión que habían iniciado, y en previsión de la extinción de las concesiones y del paso a manos del Estado de todos los activos de las compañías.

En resumen, las relaciones entre el Estado y las compañías extranjeras, cada cual obedeciendo a su propia lógica, se hacen cada vez más tensas y contradictorias.

El aumento del impuesto a las compañías, la fijación unilateral de los precios de referencia del petróleo y como consecuencia de ello, en el transcurso de 1973, la violenta elevación de los precios del barril de petróleo.
Por otro lado, expresión de la apertura hacia América Latina y de la Política Económica Internacional, fue el ingreso de Venezuela al Acuerdo de Cartagena o Pacto Andino en febrero de 1973, luego de laboriosos procesos de negociación.

Y, en parte por razón de esa firma, se produjo la denuncia del Tratado Comercial con Estados Unidos; ya que era incompatible con el Pacto Andino, cuyo objetivo era precisamente el de ofrecer un mercado especial a los países firmantes, sin que ninguno de ellos pudiera permitir la entrada por la puerta trasera de un Tratado Comercial a mercancías norteamericanas que irían a competir con las andinas en condiciones favorables. Denunciando el Tratado, Venezuela eliminaba un obstáculo para su mayor integración al mercado andino.

Por otra parte, el gobierno de Caldera convirtió en parte de su agenda y de su política, la reanudación de los procesos de ocupación del territorio venezolano. El objeto de dicha iniciativa fue el Sur, Guayana, y hacia allá se dirigió un volumen importante de recursos humanos, económicos y decisorios que constituyeron la política denominada La Conquista del Sur.

Hechos Económicos:

El gobierno de Caldera se orientó hacia el mismo tipo de objetivos genéricos de las administraciones anteriores:

Diversificación Económica.
Aumento de las exportaciones no tradicionales.
Ampliación del mercado interregional.
Mayor equidad distributiva.
Disminución de la vulnerabilidad alimenticia.

Y los realizó, dentro de una misma idea de Estado interventor, empresario y asistencialista.

Por su parte, el proceso de regionalización y de planificación de la Administración Pública dio pasos significativos, con implicaciones potenciales en cuanto a la descentralización del Estado. La promulgación de la Ley de Carrera Administrativa en 1970, fue un paso fundamental hacia la estabilidad y continuidad del cuerpo de funcionarios de la Administración Pública.

Otro elemento característico del período de Caldera, fue la disciplina fiscal, es decir, el ordenado manejo de los gastos gubernamentales; ya que durante el período analizado, los egresos del sector público se ajustaron a sus ingresos.

También en el aspecto fiscal, cabe mencionar que el Ejecutivo propuso, la necesidad de aprobar una reforma tributaria integral que permitiera ampliar la base de tributación mediante la creación de un Impuesto sobre el Valor Añadido. Siendo la primera vez que en el país se presentaba la posibilidad de crear un mecanismo impositivo moderno y a tono con los más adelantados sistemas tributarios.

Durante dicho período, la actividad económica fue capaz de absorber a un porcentaje cada vez mayor de la población activa del país, con lo cual la tasa de desempleo experimentó un descenso casi sostenido.

Por su parte, la liquidez monetaria en poder del público creció durante el quinquenio considerado, a tasas superiores a las experimentadas en el período anterior. Lo que contribuyó a un incremento moderado en el nivel de los precios. Y para contrarrestar tal situación, el Ministro de Hacienda procedió en dos oportunidades a revaluar el signo monetario.

Por otra parte, dicha revaluación del signo monetario se tradujo en un estímulo a las importaciones, las cuales, de esta forma, actuaron como válvula de escape a las presiones inflacionarias imperantes.

De igual modo, la formación bruta de capital experimentó un importante crecimiento durante los 5 años del mandato del Presidente Caldera, tanto por lo que respecta al sector público como al privado.

Por otro lado, cabe destacar que durante el gobierno de Caldera ocurrieron varios hechos políticos de importancia, sea porque cambiaron la estructura del juego político nacional, sea porque excluyeron de él a algunos participantes potencialmente disruptivos como lo son:

En 1969, es tomada la Universidad Central de Venezuela por la policía y la Guardia Nacional, operación que es normalmente referida como "el allanamiento de la UCV por el gobierno de Caldera".
La división del Partido Comunista que dio origen al Movimiento al Socialismo (MAS), en 1971. Por su parte, del grupo que se separa del PCV, una parte muy minoritaria prefiere quedarse fuera del MAS e iniciar otro movimiento, que con el tiempo dará lugar a La Causa R.
Enmienda Constitucional número I, por la cual se excluye de la posibilidad de ser elegidos Presidente de la República y otros cargos, a personas que hayan sido condenadas a penas de presidio o prisión superior a 3 años o por delitos cometidos en el desempeño de funciones públicas. Por su parte, esta fue una enmienda constitucional "hecha a la medida"; sacaba de la competencia electoral a un inquietante contendor (Pérez Jiménez, quien había sido condenado a 5 años por delitos de este tipo).
Fueron fundadas 28 instituciones públicas y privadas de nivel universitario; dándole una considerable expansión al sistema educativo superior.

Capítulo 2

CARLOS ANDRÉS PÉREZ

12/3/1974 – 2/2/1979

Su ascenso a la primera magistratura constituía la recuperación del poder gubernamental para Acción Democrática, partido del cual el nuevo Presidente de Venezuela había sido su secretario general.

En términos generales, su programa de gobierno se sintetizaba en los principales propósitos que formuló en el primer mensaje a la Nación al inicio de su mandato; entre lo que podemos encontrar: el adelanto de la reversión petrolera, el aumento de los salarios, una auditoria nacional de los Institutos Autónomos y de las Empresas del Estado, la reconstrucción de la agricultura, el desarrollo de la pequeña y mediana industria, la defensa internacional de los derechos de América Latina y el uso del petróleo como instrumento de política internacional.

En este primer período, Carlos Andrés Pérez introduce por primera vez en el período democrático a su equipo de gobierno, con cargos claves y con una gran influencia general en el estilo de gobierno, a personalidades no pertenecientes al partido del Presidente; así como a extraños en los que respecta a extracción social, trayectoria política e inclinaciones ideológicas.

Cabe destacar, que en los primeros días del nuevo gobierno se produjo en el país la mayor ola de terrorismo de los últimos 6 años, como expresión, del descontento y la protesta de los grupos extremistas por el ascenso al poder de Carlos Andrés Pérez, quien, durante el gobierno de Rómulo Betancourt, había dirigido las acciones contra el aparato guerrillero.

Política y Gestión del Presidente durante el Quinquenio.

Año 1974:

Tras asumir el gobierno, el presidente Pérez expresó su apoyo a la creación de un organismo regional en el que los países de Hispanoamérica y del Caribe pudieran discutir problemas regionales y replantear iniciativas políticas y económicas en forma unificada ante los Estados Unidos.

De igual modo, por Decreto Presidencial, se crearon la Comisión Organizadora del Consejo Nacional de la Cultura y la Comisión Femenina Asesora de la Presidencia.

Y, por medio de otros decretos el gobierno adoptó una serie de medidas como lo fueron:

Creación de la Fiscalía Nacional de Mantenimiento de las instalaciones públicas.

Se determinó que la Oficina Central de Información (OCI), centralizara y coordinara los servicios de información del Estado.

La inversiones extranjeras son reglamentadas por el gobierno nacional; y se prohíben los despidos injustificados de trabajadores.

Por su parte, en el Congreso de la República fue sancionada la Ley que otorgaba poderes extraordinarios al presidente para dictar medidas económicas y financieras mediante Decretos, por el lapso de un año.

Se crean el Fondo de Desarrollo Agropecuario y el Fondo de Desarrollo Industrial; así como el Consejo Nacional de la Industria del Carbón.

Se dictó el Reglamento del puerto libre de la Isla de Margarita

En lo que respecta a las relaciones exteriores de Venezuela en este año, tenemos:

Las relaciones diplomáticas establecidas entre nuestro país y la China Comunista.
El Acuerdo firmado entre Venezuela y Bulgaria, para establecer relaciones diplomáticas a nivel de Embajadas.
Venezuela y Cuba, reanudaron sus relaciones diplomáticas; interrumpidas por Betancourt en 1961.
En Caracas, tiene su sede la III Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

Año 1975:

El 1° de enero, el Presidente de la República desde la ciudad de Puerto Ordaz, anunció la nacionalización del Hierro. Se promulgó el Decreto que ordenaba extender los beneficios del Seguro Social para prestaciones en dinero por invalidez, incapacidad parcial, muerte.

Por Decreto Presidencial, se creó el Instituto Nacional de la Vivienda en sustitución del antiguo Banco Obrero. De igual modo, se dictaron normas para el desarrollo de la industria nuclear; y además se creó el Consejo Nacional de dicha industria.

Por su parte, en Viena, la reunión de la OPEP resuelve un aumento del 10% en los precios del petróleo y la congelación de los mismos por 9 meses; resolución que contó con la decisiva intervención de Venezuela.

Se dicta la exoneración de impuestos a las actividades agropecuarias productoras de bienes de consumo diario.

Cabe destacar, que durante este año en Bogotá, el ministro de hacienda (en nombre del gobierno) confirma el aporte de $100.000.000 para el fondo de reservas del Grupo Andino.

Se instaló en Caracas, la VII Asamblea del Parlamento Latinoamericano.

El 17 de Octubre, se firma el Sistema Económico Latino Americano como un proyecto de cooperación de América Latina bajo el liderazgo de Carlos Andrés y de Luis Echeverría de México.

Año 1976:

Se promulga la Ley de Nacionalización Petrolera y se crea Petróleos de Venezuela S.A., bajo la figura de un "holding" con 4 filiales productoras, correspondientes a las antiguas compañías extranjeras. A partir de aquí, se inicia todo un proceso de reconstrucción de la industria petrolera y un gran esfuerzo de exploración.

Se instala en Caracas con la participación de los representantes de 25 países la reunión preparatoria del Sistema Económico Latino Americano.

Venezuela y Japón firman un Acuerdo internacional de suministro petrolero.

De igual modo, se aprueba la creación del Fondo de Ayuda de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Por intermedio del Banco Central, se adoptan medidas monetarias y financieras para detener la inflación, entra las que podemos encontrar:

Restricción del Crédito Hipotecario.

Incremento del encaje legal de los bancos.

Aumento de los precios de los dólares vendidos a los bancos comerciales.

Se promulga la Ley Orgánica del Ambiente y se firma la Ley Orgánica de Seguridad y Defensa y la Ley de Crédito Público. Así como también se sanciona la Ley Orgánica de la Administración Centralizada.

Venezuela es elegida para formar parte del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Por último, se ponen en pie proyectos complementarios; siendo el más notorio de ellos el programa de becas Gran Mariscal de Ayacucho, el cual envió a Universidades extranjeras a miles de estudiantes de todo nivel y vocación.

Año 1977:

En conformidad con la nueva Ley de Administración, se decreta la creación de otros 7 Ministerios como lo fueron: Ministerio de Transporte y Comunicaciones; de Energía y Minas; del Ambiente y los Recursos Naturales Renovables; de Desarrollo Urbano; de Información y Turismo; de la Juventud y de la Secretaria de la Presidencia.

Se reúnen en Macuto los 5 jefes de Estado de los países del Pacto Andino, con los miembros de la Junta del Acuerdo de Cartagena, para estudiar el programa automotriz del Pacto.

El 1° de Enero Venezuela ingresa al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Año 1978:

Se firma en Curazao, el Tratado de Límites de Áreas Marinas y Submarinas entre Venezuela y las Antillas Neerlandesas. Y de igual modo, Venezuela firma el acuerdo de la fundación del Fondo de Desarrollo del Caribe.

En la ONU, Venezuela es elegida miembro del Consejo Económico y Social.

Se firma el Tratado de Cooperación Amazónica, conformado por 8 países: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela; en donde se consagra áreas de cooperación en cuanto concierne a desarrollo, medio ambiente, utilización racional de sus recursos naturales, etc.

Es creada, la Empresa Estatal del Carbón.

De igual modo, también es importante destacar que en dicho año, se informa del ingreso al Tesoro Nacional del empréstito de 20.000.000.000 de yenes, equivalentes a $80.000.000, contratado por Venezuela en el Japón mediante la colocación de bonos.

Es importante resaltar, que el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez es visto como el inicio de una pérdida de rumbo del país, y el arranque de un proceso de corrupción cada vez más amplio, que si bien ya había dado algunas muestras de existencia, se aceleró desde entonces bajo el efecto combinado de la bonanza financiera, la desorganización del Estado, los entornos íntimos y el creciente declive de la calidad ética del liderazgo político.

Hechos Económicos:

Durante este quinquenio, el crecimiento de los ingresos impulsó a Pérez a poner en marcha un ambicioso plan de desarrollo, en el cual se contemplaban vastas inversiones en proyectos de expansión en todas las industrias básicas, así como un acelerado crecimiento de los servicios gubernamentales.

Bajo tales circunstancias, el territorio nacional ya no fue suficiente para extender la acción paternalista y benefactora del Estado venezolano. Así, se emprendieron los más generosos programas de ayuda a nivel internacional; por lo que Venezuela (en proporción al nivel de sus ingresos), pasó a ser el país que mayor ayuda internacional concedía.

Lo cierto es, que los recursos utilizados por Pérez a los fines anteriores no provenían de las reservas internacionales, sino del Fondo de Inversiones de Venezuela (FIV), el cual había sido creado en 1974 con el objetivo fundamental de represar transitoriamente los ingresos excedentarios que el país estaba percibiendo como consecuencia del aumento de los precios petroleros.

Por otra parte, los abultados ingresos permitieron nacionalizar la industria petrolera y la del hierro, lo cual se hizo después de indemnizar a las empresas concesionarias que hasta ese momento venían actuando en el país. Lo que a su vez produjo, un cambio estructural de enormes dimensiones para la economía del país. Y a partir de ese momento quedó definitivamente consolidado en Venezuela un peculiar sistema al cual se le ha dado la denominación de "Capitalismo de Estado".

Por su parte, al finalizar el año 1977 se hacía evidente que el país tendría que pagar por los excesos cometidos durante los años de la bonanza petrolera. El mercado petrolero también evidenciaba crecientes signos de debilidad, ya que las naciones desarrolladas habían sido capaces de propiciar nuevas zonas productoras de petróleo.

Durante su mandato, las presiones inflacionarias aumentaron de manera sustancial, a pesar de que a través de severos controles de precios y elevados montos de subsidios se logró atenuar un incremento mucho mayor en el nivel de los precios.

Durante el primer quinquenio de Carlos Andrés Pérez se engendraron la mayor parte de los desequilibrios y desajustes que desembocaron en el largo período de estancamiento que posteriormente sufriría la economía venezolana.

De igual modo tenemos, que a fin de evitar que nuestras reservas internacionales cayeran a niveles críticos, el gobierno de Pérez recurrió a un endeudamiento externo masivo. A partir de 1976, la deuda externa del país se incrementó aceleradamente, llegando a transformarse en una de las mayores amenazas para el futuro de nuestra economía.

En conclusión, al finalizar el primer mandato de Carlos Andrés Pérez y después de haber transitado el país por la mayor etapa de bonanza que recuerde nuestra historia, Venezuela había adquirido una deuda pública externa que según el BCV superaba los 11.000 millones de $. Y dicho endeudamiento externo masivo, fue utilizado para impedir que las reservas internacionales del país cayeran a niveles inaceptables que hubieran conducido a la aplicación de un control de cambios.

En síntesis, el saldo de dicho período fue:

Aguda intensificación del poder económico del Estado.
Gigantesco crecimiento del consumismo, el clientelismo político y la corrupción administrativa; así como del endeudamiento público y privado.
Asfixia de amplios sectores productivos medianos y pequeños bajo el peso de monopolios favorecidos por el Estado.
Acentuación de la tendencia a percibir a Venezuela como un "gran poder" con la capacidad no sólo de transformarse en el centro motor de la integración regional; sino también de influir decisivamente en el cambio del sistema mundial y en la creación de un nuevo orden económico y político internacional. El Presidente Pérez nos colocó, como miembros del genérico "Tercer Mundo", a pesar de que él mismo aceptaba que las características de la evolución económica y política venezolana eran "atípicas".

Capítulo 3

VENEZUELA EN LA DÉCADA DE LA CONSOLIDACIÓN

El Grupo Andino emergió en el escenario Internacional Latinoamericano el 26 de Mayo de 1969, cuando los plenipotenciarios de Bolivia, Colombia, Chile y Perú suscribieron el Acuerdo de Cartagena.

Venezuela ingresa a dicho Acuerdo de Cartagena o Pacto Andino, durante la presidencia de Rafael Caldera; específicamente el 13 febrero de 1973, luego de grandes y trabajosos procesos de negociación.

El gobierno tuvo que luchar contra la oposición llevada a cabo por Fedecámaras al ingreso de Venezuela en el Pacto Andino (Acuerdo de Cartagena), desde finales de los setenta y hasta 1973; mientras no fueran aceptadas sus condiciones.

La iniciativa de crear un mercado común entre los países andinos (Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela) había surgido luego de que la más amplia y complicada Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) fundada en 1960, resultara incapaz de conciliar las diferencias entre los países miembros.

Dicha idea tomó forma con la Declaración de Bogotá, suscrita en 1966 por los Presidentes de Colombia (Lleras Restrepo), Chile (Eduardo Frei) y Venezuela (Raúl Leoni); así como por el ex Presidente de Ecuador y el Canciller de Perú.

A través de esta Declaración, los Presidentes señalaron la necesidad de dar una nueva orientación al proceso de integración Latinoamericano y tomaron la decisión de adelantar una acción conjunta a fin de lograr la adopción de fórmulas prácticas para acelerar al máximo el progreso de los países de menor desarrollo económico relativo y de mercado insuficiente.

Para Venezuela, la decisión de participar en el Pacto Andino significaría hallar empleo a la creciente capacidad ociosa de su industria. Además, las relaciones comerciales de Venezuela con sus vecinos eran ínfimas; y desarrollarlas contribuiría a reducir la dependencia del país con relación al mercado petrolero de EU.

Por su parte, Venezuela entra a formar parte de la ALALC bajo la presidencia de Leoni, partidario entusiasta de la integración, en 1966; pese a la continua oposición de Fedecámaras. Para ello, garantizó la estabilidad del bolívar y prometió un régimen proteccionista a la industria nacional. El gobierno de Leoni, demostró su voluntad integracionista, participando en la primera tentativa de formulación del Pacto. Pese a ello, la incorporación de Venezuela no se pudo llevar a cabo por la oposición del sector privado.

Fedecámaras se oponía al ingreso con el argumento de: "las peculiaridades de la economía venezolana"; lo que quería decir que moneda, nivel de vida y salarios eran altos con relación a los países vecinos.

Los pequeños y medianos productores se unieron a Fedecámaras por miedo a ver invadido el mercado con productos a bajos precios, al igual que los banqueros que suponían el advenimiento de un proceso inflacionario.

De igual modo, los industriales para lograr el apoyo de los sindicatos hacían énfasis en el argumento según el cual el desempleo se acentuaría si, con el propósito de hacer más competitiva la industria dentro del Pacto, era necesario hacer más intensa la participación del capital.

Fedecámaras utilizó una variedad de recursos para disuadir al gobierno de su decisión de ingresar al mercado andino.

En un documento oficial, aprobado en 1967, Fedecámaras consignó las objeciones del sector privado a la participación de Venezuela en el nuevo esquema integracionista que se estaba negociando; argumentando, que en él "no se da un debido aprovechamiento de las economías de escala, de especializaciones productivas y de integración positiva entre países de desigual desarrollo económico". Sostenía, que el proyecto Andino era contrario a la política de desarrollo agropecuario que necesitaba aplicar el país.

A pesar de tantas oposiciones en materia arancelaria, medidas monetarias, régimen de exoneración, entre otros, el gobierno de Leoni no "mermó" esfuerzos en impulsar el Acuerdo de Cartagena. Pero, la inclusión de alguna de esas demandas (en la oposición venezolana), generó conflictos con las otras delegaciones que no se encontraban dispuestas a realizar concesiones que desfiguraran el Acuerdo ya negociado. En consecuencia, Venezuela no se pronunció sobre el texto del Acuerdo, argumentando que no era satisfactorio el sistema de votación de la Comisión.

Al ganar las elecciones Rafael Caldera, el sector privado se sintió esperanzado a raíz del apoyo que le había dado y de las concesiones que éste prometió otorgar a los industriales. Empleados de Fedecámaras fueron incorporados a la delegación oficial venezolana; y fueron esenciales en la formulación de una nueva contraposición venezolana más industrialista. Al mismo tiempo, se exigía más poder decisorio al organismo técnico (la Junta). Lo que no fue aceptado por los demás países participantes, y el Acuerdo de Cartagena fue firmado en mayo de 1969 sin Venezuela.

Sin embargo, cabe destacar que se aprobó un protocolo adicional que permitía continuar las negociaciones, con el fin de otorgarle tiempo al gobierno venezolano de conciliar los intereses nacionales y poder incorporarse al proceso.

Caldera, ferviente impulsor de la integración, había tomado en cuenta las demandas del sector privado; formulando así una nueva estrategia que buscaba establecer el tema en un nivel de política nacional, para luego convencer al sector privado, con un sólido apoyo político interno.

El bloque firme de Fedecámaras, se comenzó a desquebrajar y los sectores sindicales se mostraron favorables a la integración; argumentando que el Pacto Andino era la única posibilidad que tenía Venezuela para incorporarse a un esquema integracionista que la salve del aislamiento político-económico internacional. Fue así, como el sector técnico consiguió los apoyos necesarios para propulsar su tesis integracionista.

En 1971, se comienza a abandonar el terreno para permitir la participación venezolana en el Acuerdo. Los órganos comunitarios facilitaron la tarea y la oposición de Fedecámaras se vio neutralizada por el apoyo político interno con que contaba el gobierno de Caldera.

Luego, en 1973 Venezuela suscribió el Acuerdo de Cartagena, recogiendo muchas de las demandas largamente negociadas por el sector privado.

En síntesis, Venezuela tendría la facultad de vetar los aranceles externos y de tomar medidas unilaterales en caso de producirse una competencia dañina.

El Instrumento Adicional del Acuerdo de Cartagena para la adhesión de Venezuela fue suscrito el 13 de Febrero de 1973; y sometido a consideración del Comité Permanente de la ALALC para verificar si era compatible con los principios y objetivos del Tratado de Montevideo. Dicho instrumento fue refrendado, el mismo 13 de Febrero, por medio de la Decisión 70 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. En ella, se fijan las condiciones para la adhesión de Venezuela al Acuerdo, tanto en lo que se refiere al Programa de Liberación como al Arancel Externo Mínimo Común, la Nomenclatura Arancelaria Común, el Programa Sectorial de Desarrollo Industrial de la Industria Metalmecánica y el Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros.

La firma del Acuerdo por Venezuela se verificó en Lima por la intervención directa en esa ciudad del Presidente Caldera, quien acababa de realizar una gira oficial por Colombia, Chile, Ecuador, Argentina, Bolivia y Perú.

El gobierno venezolano decidió dar el paso de entrar al Pacto Andino, con la intención de participar en el marco formal que prometía una ampliación del mercado a los industriales y productores venezolanos; los cuales a su vez, empezaban a reconocer la necesidad de dicha ampliación, y adoptaban de forma creciente un discurso pro-integracionista.

Venezuela adhiere por el Consenso de Lima que:

Representó los desvelos de pacientes negociaciones, con objeto de salvaguardar lo específico de la economía venezolana en el proceso de integración subregional La Ley de incentivo a las exportaciones marca un momento interesante en nuestro desarrollo hacia el exterior, porque a través del crédito fiscal se estimula a empresarios venezolanos, a adentrarse en la gran aventura del comercio internacional.

Por su parte, la incorporación de Venezuela al Pacto Andino, coincidió en lo interno, con la bonanza petrolera, es decir, con el ingreso que recibe el Estado debido a la cuadruplicación de los precios del petróleo; y en lo regional, con una etapa de estancamiento en el proceso de integración, debido al incumplimiento o retraso de diversos compromisos, tanto en el ámbito industrial como en el comercial, a raíz de la crisis chilena. Se enfatizó así la oposición comercialista-industrialista, lo que condujo al retiro de Chile del Pacto en 1976. Y lo que a su vez, debido a la nueva relación de fuerzas favoreció a Venezuela en el seno de la organización tanto en su influencia política como en la importancia de su mercado.

Por otro lado es importante resaltar, que en Marzo de 1979 es firmado por los Presidentes de los países andinos el Mandato de Cartagena; el cual pone énfasis en el significado político del Pacto dentro de una concepción global de desarrollo conjunto de dichos países. El documento avalora las formas de organización política dirigidas a asegurar una amplia participación popular en el proceso de administración del Estado, la formulación de los objetivos del desarrollo económico y la orientación global del desarrollo social.

Junto a esto, se coordina el desarrollo de una política exterior común, la cual se formaliza con la constitución del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del Grupo Andino, en noviembre de 1979. Y este nuevo enfoque, ha sido propulsado en gran medida durante la presidencia de Carlos Andrés Pérez; quien a través de su política exterior fue capaz de reivindicar un nacionalismo latinoamericano y tercermundista sin una ruptura con los países centrales. Lo que a su vez generó cierto liderazgo venezolano dentro del Pacto Andino, liderazgo que sufrió un debilitamiento en el quinquenio del Presidente Luis Herrera Campins, debido a la agudización de la crisis económica y su controvertida diplomacia hacia los países de Centroamérica.

Por otra parte, tenemos que, Venezuela ha tenido una vocación integracionista y los sucesivos gobiernos han tratado de integrarse; más la integración no ha dado los resultados económicos que se esperaban, porque el mayor error del Acuerdo de Cartagena fue erradicar la inversión extranjera con la Decisión 24 y creer que los países andinos por sí mismos llegarían a ser autosuficientes.

Para cumplir con los objetivos que trazó el Acuerdo de Cartagena, se establecieron plazos: 1985 debía ser el tope para alcanzarlos y poco a poco se irían implementando las decisiones; pero sucedió, que el 13 de Diciembre de 1975 no se habían logrado firmar aún la Programación Industrial Conjunta, por lo que se resolvió aplazarla. Se convino en firmar un Protocolo adicional (Decisión 100), mediante la que se modificaron los plazos.

El comercio entre los países miembros aumentó entre 1969 a 1976 de 143.000.000 $ a 800.000.000 $. Los logros del Pacto Andino en esos años se pueden sintetizar en que se aprobaron Programas Sectoriales de Desarrollo Industrial:

Programa metalmecánico (Decisión 57).
Programa Petroquímico (Decisión 91).
Programa automotor (Decisión 120).

De igual modo, se fijaron normas para crear empresas multinacionales en la subregión; se pusieron en vigencia normas para incrementar el comercio de productos agropecuarios; se aprobaron instrumentos andinos de seguridad social y de migración laboral.

Parte II

La Década Pérdida

1979-1989

Capítulo 4

LUIS HERRERA CAMPINS

12/3/1979 – 2/2/1984

El 3 de diciembre de 1978, se llevaron a cabo las quintas elecciones desde la instauración de la democracia representativa en 1958; en esta oportunidad 10 candidatos se disputaron la presidencia de la República; resultando electo Luis Herrera Campins, quien registró hasta ese momento la más alta votación de toda la historia política venezolana, 2487577 votos (47,3%); por lo que COPEI quedó convertido en el primer partido político del país, gracias a su sostenido crecimiento, desplazando a Acción Democrática, junto a su candidato Luis Piñerúa Ordaz a un segundo lugar, después de un predominio de 37 años.

Como Presidente de la República, Herrera tomaba en sus manos la conducción del Estado Venezolano para acometer la ejecución de su compromiso con Venezuela, en el cual resaltaba como uno de los principios rectores de sus proposiciones el del: ‘hombre, centro y meta de la vida social’, en lo concerniente al desarrollo y promoción del ser humano, que quiere decir lo fundamental de la Nación; es decir, su recurso humano.

En su discurso de toma de posesión, el nuevo presidente esbozó un programa de gobierno en donde señala como asuntos prioritarios: el desarrollo de la agricultura y de la industria dentro del concepto de Estado promotor; la dedicación especial a la educación, desde la enseñanza primaria hasta la científica y tecnológica y la implementación de una política sanitaria. Afirmando, en el mismo discurso, el compromiso de disciplinar el gasto público, enfrentando el despilfarro consumista y la corrupción administrativa, para sincerar la situación económica del país.

Durante la gestión del Presidente Herrera, se revelan como hechos y sucesos importantes los siguientes:

La celebración de las elecciones municipales el día 3 de junio, las cuales fueron las primeras realizadas por separado desde 1958; y también las primeras en celebrarse a escala nacional. En donde cabe destacar, que COPEI obtiene una amplia mayoría sobre Acción Democrática.
Anuncio de una Reforma Educativa, consistente en la implantación de un Ciclo Básico Común de 9 años (28 de junio de 1979).
Aprobación en el Congreso Nacional de la Ley de Aumento de Sueldos y Salarios (23/11/1797) y posteriormente el 21 de diciembre de la Ley del Presupuesto para el año 1980, por un monto de 57.076.800.000.
En 1980, destaca en el Congreso el debate sobre los casos de corrupción administrativa del Gobierno anterior, particularmente por irregularidades y sobreprecio detectados en la compra de un barco, el Sierra Nevada, el cual culmina con un juicio al ex presidente Carlos Andrés Pérez y a otros altos funcionarios que, por decisión de una mayoría parlamentaria el día 18 de abril, resultan exonerados de los cargos presentados en su contra (siendo éste, el primer intento de juicio a un ex presidente democráticamente elegido).
La Confederación General de Trabajadores (CTV), controlada por AD, se convirtió en el principal protagonista de la oposición al gobierno, sobre todo con ocasión del alza de precios que aquel adoptó.
Resultan por otra parte, la promulgación de la nueva Ley de Educación el 27/07/1980, el Decreto Presidencial del año sesquicentenario de la muerte del Libertador, entre el 17 de diciembre de 1980 y el 17 de diciembre de 1981, la sanción del Congreso a la Ley del Presupuesto (para el año 1981) por una cantidad de 76.205.350.000 Bs.; y de la Ley Tutelar de Menores.
Promulgación de la Ley de Financiamiento del Programa de Inversiones Públicas en el sector eléctrico.
La Ley del Programa de Contratación y Financiamiento del Metro de Caracas.
La Ley del Instituto Autónomo de Ferrocarriles del Estado.
La Ley de Crédito Público, la cual busca controlar y regular la contratación de la deuda pública por parte de los organismos del Estado.
Anuncio y Presentación de la versión definitiva del VI Plan de la Nación.
La muerte de Rómulo Betancourt, acaecida en Nueva York, el 28 de Septiembre de 1981.
Por otra parte se aprueba el presupuesto para el año 1982 por un monto de Bs. 87.400.000.000; se realiza el XI Censo Nacional de Población a partir del 20 de noviembre.

El primer anuncio de relevancia del año 1982, fue el Mensaje de año nuevo del presidente de la República, en donde anuncia el propósito de crear un bono alimenticio de 100 Bs. para beneficiar a asalariados con ingresos no mayores a 1500 Bs. mensuales. Distinguiéndose además como hechos importantes en el transcurso del año: el 3 de abril, el comunicado del Gobierno de Venezuela expresando su solidaridad con la República Argentina que, por la soberanía de las Islas Malvinas, confrontaba un conflicto bélico con Gran Bretaña. El 27 de julio se promulgó el nuevo Código Civil.

El 3 de octubre, luego de haber ocurrido en la región de Cantaura una serie de enfrentamientos con elementos irregulares, una presunta reunión cumbre de guerrilleros del Frente Revolucionario Américo Silva, celebrada en las cercanías de esta población, fue violentamente desmantelada, en una acción conjunta de las FAN y las fuerzas policiales, con un saldo de muertos de 23 guerrilleros y 2 miembros de las fuerzas del orden, este hecho causó una gran conmoción en la opinión pública por considerar desproporcionada la magnitud de esta represión. El 27 de noviembre fue intervenido el Banco de los Trabajadores de Venezuela por la resolución No. 1490 del Ministerio de Hacienda.

El 18 de diciembre se promulgó la Ley de Salvaguarda del Patrimonio Público, y el día 28, se aprueba la Ley de Presupuesto para 1983, luego de que el Congreso la rechazara y obligara al Ejecutivo a la reconducción de la misma, que al final fue aprobada por un monto de 95.382.000.000 Bs.

Otros sucesos significativos serían: la inauguración del primer tramo de la línea 1 del Metro de Caracas, desde la estación Pro-patria hasta la estación La Hoyada; de igual manera se inauguró el Complejo Cultural Teresa Carreño en el marco de las celebraciones del bicentenario del Natalicio del Libertador Simón Bolívar (24 de julio de 1983); de igual manera de se celebraron los Juegos Panamericanos, en donde Venezuela tuvo una buena actuación deportiva.

Se aprobó el presupuesto para el año 1984 de la Ley de Presupuesto por un monto de Bs. 77.477.000.000; se celebraron elecciones presidenciales el 4 de diciembre de ese año. En virtud de que se le hizo una enmienda a la Constitución Nacional (N° 2), la transmisión de mando fue adelantada para el 2 de febrero de 1984.

Hechos Económicos:

El nuevo gobierno presidido por Luis Herrera Campins había recibido, como el mismo lo decía "un país hipotecado" y cuyas perspectivas distaban mucho de ser favorables. Por lo que la vida económica del país, experimentó varios episodios contrastantes, que tuvieron un desenlace traumatizante.

Al inicio del gobierno, las nuevas autoridades adoptaron un conjunto de medidas por el lado de la oferta, tendientes a disminuir los controles exagerados que pesaban sobre las distintas actividades productivas. Se procuró estimular la competencia en el sector financiero, se implantó una política de liberación de precios (la cual modificaba una larga política de precios regulados que hasta entonces había tenido la democracia); y en general, se intentaron políticas de corte monetarista con el objeto de frenar el crecimiento en el gasto público. Y la lucha contra la inflación se transformó en uno de los objetivos más importantes.

En los años 1980-81, una guerra entre dos importantes productores de petróleo (Irán e Irak), produjo un nuevo aumento de los precios del crudo; que elevó el precio del barril a 38$ en 1981, de 13$ en que estaba en 1978; esto trajo como consecuencia un serio estancamiento en la economía mundial, el cual terminó también por afectar a la economía venezolana.

Por su parte, a partir de 1981, las políticas de austeridad se revirtieron. El gobierno animado por el aumento de los precios petroleros, abandonó sus políticas iniciales de corte monetarista y nuevamente se adoptaron las tradicionales medidas de inspiración Keynesiana con el objeto de estimular la demanda agregada. Sin embargo, la bonanza petrolera fue de corta duración, produciéndose en 1982 una fuerte caída de los ingresos petroleros.

El mencionado cambio de rumbo, al no estar acompañado por una reactivación de la economía, es decir, por un aumento en las cantidades de bienes y servicios producidos y prestados, se tradujo en un incremento de las presiones inflacionarias. Por otro lado, el Estado venezolano se endeudaba aceleradamente; debido a que las entidades y organismos autónomos, solventaban sus apuros financieros contrayendo préstamos con una banca internacional.

Por último, en 1981 fue provocada una moderada fuga de divisas debido a que el presidente del Banco Central de Venezuela, Leopoldo Díaz Bruzual, decidió establecer unas tasas muy bajas, inferiores a las que estaban pagando los bancos norteamericanos. En 1982 el BCV liberó las tasas de interés y éstas se colocaron a un nivel superior a las internacionales. Pero, la salida de divisas se aceleró.

A partir de 1982, la situación de Venezuela experimentó nuevamente un profundo cambio. Los ingresos petroleros, empezaron a disminuir. La crisis económica mundial, y en particular la de los países latinoamericanos, comenzó a afectar profundamente al país. Por esta razón se anunciaron una serie de medidas económicas, implementadas para cubrir el déficit fiscal de 13.400.000.000 Bs., entre estas medidas figura el aumento del precio de la gasolina, la reducción de Bs. 8.500.000.000 de los gastos de los ministerios y los institutos autónomos, el aumento del impuesto de salida del país de Bs. 80 a Bs. 400 por persona y la prohibición, por el término de un año de las importaciones de ropa y calzado para caballeros.

	1979	1980	1981	1982	1983	1984
PIB	77396	75857	75628	76144	71867	71894

	1979	1980	1981	1982	1983
Reservas Internacionales	7740	7025	8619	10039	11149

Para comienzos de 1983, el flujo de divisas era insostenible. Y es así, como el 18 de febrero del mismo año, el Ministro de Hacienda anuncia al país el establecimiento de un régimen de cambios diferenciales y de una nueva tasa de cambios, con diferentes precios del dólar según fuera el uso que se les iba a dar. Por primera vez, los venezolanos no podían comprar dólares libremente y el precio de los que compraran era notoriamente más caro. Por lo que cabe destacar, que dicha fecha ha pasado a la historia económica del país, con el nombre de ‘Viernes Negro’; fue una fecha importante, ya que era la primera vez que el país recibía una señal seria, que trastocaba sus hábitos y modos de vida. El gobierno se vio obligado a reconocer que resultaba imposible hacerle frente a los compromisos externos que vencerían ese año. Al mismo momento se inicia un proceso de renegociación de la deuda externa venezolana cuyo monto, entre deuda pública y deuda privada, se estimó que sobrepasaba los US $ 50.000.000.000.

Se crea la Oficina del Régimen de Cambios Diferenciales (RECADI), organismo encargado de analizar el registro de la deuda externa privada y de autorizar el otorgamiento de dólares calculados a las tasas preferenciales de Bs. 4,30 y Bs. 7,50 por dólar para las importaciones de productos esenciales o para gastos prioritarios (becas de estudio, etc.). Se implantó el Sistema Administrativo de Precios a través del cual se impusieron severos controles para impedir la transferencia a los precios fiscales de los incrementos en los costos de producción. El control de precios aplicado, consistió en una congelación transitoria en todo el Territorio Nacional, del precio de todos los bienes y servicios a los niveles vigentes al 18 de febrero de 1983.

Vencido el plazo establecido de 60 días, dentro del cual todos los precios habían quedado congelados, se puso en vigencia el referido Sistema Administrativo de Precios, que implicaba el regreso a la política de control generalizado de los precios. Por su parte, cabe destacar que con el pasar del tiempo RECADI se convirtió en foco de innumerables casos de corrupción donde se despilfarró una gran cantidad de dinero proveniente de las finanzas públicas venezolanas.

De igual modo es importante resaltar, que durante dicho quinquenio el crecimiento del ahorro privado experimentó una contracción importante, ya que el público prefirió destinar un porcentaje cada vez mayor de sus ingresos al consumo. Y paralelamente a esto, los niveles de desempleo se fueron incrementando paulatinamente hasta alcanzar al final del período cifras que sin duda eran alarmantes.

En resumen, en el curso de la gestión de Luis Herrera, se origina un cambio de rumbo en la economía nacional que es producto de la reducción de las exportaciones del petróleo y de la caída de sus precios a escala mundial.

Política Exterior:

Ya vimos como el componente interno fue marcando los distintos acontecimientos durante este quinquenio; en Política Exterior se trazaron tres metas básicas y concretas para alcanzar en ese período: la búsqueda de un nuevo orden económico internacional; la institucionalización de la libertad, y la búsqueda de un área de seguridad con presencia venezolana.

En la búsqueda de un Nuevo Orden Económico Internacional hemos tratado de propiciar un clima de armonía y entendimiento para la solución de los problemas que afectan a la comunidad mundial, promoviendo al mismo tiempo la conjunción de esfuerzos y voluntades de los países en desarrollo para contribuir, en forma unida y solidaria a un nuevo orden internacional de paz y de justicia para todos los pueblos. La nueva orientación del Grupo Andino demuestra con claridad que es posible realizar una acción concertada y beneficiosa frente a diversos asuntos políticos de interés mundial y regional. (…) Venezuela compromete sus esfuerzos para coadyuvar al fortalecimiento de la paz y seguridad internacionales.

Con la profunda convicción de que la autodeterminación en el derecho de los pueblos es condición básica para alcanzar la justicia social auténtica y duradera, nuestra política exterior se ha planteado la búsqueda del fortalecimiento de principios esenciales de la democracia en el ámbito internacional. Esta actitud expresa un mandato moral y constituye una forma de robustecer y consolidar nuestro poder político.

Durante dicho quinquenio, el gobierno venezolano se mostró dispuesto al diálogo con Cuba y solicitó (aunque luego retiró su solicitud a causa del veto de Guyana) su ingreso en el Movimiento de Países No Alienados.

En lo que respecta a la disputa territorial con Guyana, durante la Asamblea General de la OEA celebrada en Santa Lucía (diciembre de 1981) se debatió largamente el problema relacionado con el art. 8 de la Carta de la OEA, según el cual no puede ser aceptado como Estado Miembro aquel que tenga pendientes cuestiones territoriales con un Estado miembro de la organización. El tema cobró especial relieve por razón de la independencia de Belice, ocurrida en septiembre de 1981, y su ingreso a la ONU. Venezuela en concordancia con la posición sostenida anteriormente, fue muy particular al reconocer la independencia de Guyana. Distintas razones fueron esgrimidas por la representación venezolana tanto en el Consejo Permanente como en la Asamblea de la OEA, las cuales fueron acogidas por un número de países suficiente para impedir el proceso de discusión específica del contenido del art. 8.

La visita que realizó a Caracas en abril (1981) el Presidente de la República Cooperativa de Guyana, Forbes Burnham, sirvió para precisar la posición del Gobierno Nacional en cuanto a la represa del Alto Mazaruni y la aplicación del Protocolo de Puerto España. LHC manifestó en aquella ocasión que Venezuela ha mantenido una clara posición en el sentido de enmarcar las cuestiones relativas a las relaciones con Guyana sobre el territorio en Reclamación, dentro de la normativa del Acuerdo de Ginebra.

Respecto al Protocolo de Puerto España, prórroga del Acuerdo de Ginebra al concluir el año 1981, se notificó a los Gobiernos de Gran Bretaña y de Guyana la decisión de no continuar aplicando dicho Protocolo más allá del 18 de junio de 1982. La misma notificación se le hizo al Secretario de las Naciones Unidas en New York. Guyana entonces tomó la decisión de internacionalizar el conflicto y el gobierno guyanés presentó ante las ONU, FAO, UNESCO, OMS y OIT acusaciones agresivas contra nuestro país.

Al reanudarse la vigencia del Acuerdo de Ginebra el gobierno nacional planteó al gobierno de Guyana, la escogencia de la negociación como modo de solución de la controversia de conformidad con lo previsto en el art. IV del Acuerdo, el artículo IV otorga un período de tres meses para que las Partes escojan uno de los modos de solución pacífica; al dejar pasar el tiempo, Guyana rechazaba la invitación a negociar y contrapuso acudir ante la Corte Internacional de Justicia; Venezuela rechazó tal propuesta y anunció su propósito de referir al Secretario General de la ONU la escogencia de los modos de solución pacífica, cosa que el gobierno de Guyana rechazó, porque ello constituiría la tercera etapa del procedimiento.

La necesidad de revitalización y puesta al día del Sistema Interamericano fue planteada por el Canciller en septiembre de 1979 ante el Consejo Permanente de la OEA; en dicha oportunidad, Venezuela señaló la necesidad de una audaz ‘diplomacia de reacción’, que había anquilosado el marco institucional de la Organización Hemisférica. El Estado venezolano auspicia una ‘diplomacia de proyección’, basada en la necesidad de actuar emprendedora y sustantivamente en la escena mundial por oposición a una política exterior tradicionalmente refleja, que sólo era capaz de dar respuestas a estímulos del momento, y se mostraba refractaria a adoptar una actitud abierta a la imaginación y a la fijación de objetivos reales en función del ‘interés soberano del país’. Tal diplomacia, se basaría en el diálogo como instrumento de excelencia de las subregiones.

El presidente Herrera emprendió una gira por los países árabes; esta visita ocurrió antes de terminar el primer año de gobierno, en tiempo propicio para influir sobre la preparación de la próxima reunión Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno, en donde invitó a la OPEP a buscar fórmulas que aseguren el mantenimiento del poder adquisitivo del petróleo que exporta; a lograr influencia en los mercados monetarios internacionales; a buscar la reapertura del diálogo Norte-Sur sobre bases más firmes y realistas, incluyendo un selecto número de cuestiones importantes que aparte de la energía, analice problemas tales como el de las materias primas, comercio y asuntos monetarios y financieros; a convertir en una realidad la Agencia de Noticias de la OPEP para salir al paso de sus enemigos y detractores.

Durante este gobierno se firmaron tres acuerdos con países caribeños: Saint Kitts-Nevis-Anguilla, Santa Lucía y Monserrat en 1980; esto con el fin de consolidar la posición de Venezuela en este espacio geográfico.

Otro hecho particular lo constituye la crisis surgida con ocasión del conflicto armado en las Islas Malvinas en 1982. La posición asumida por el país y por el gobierno nacional fue de absoluta solidaridad con la hermana República Argentina, a pesar de que estaba gobernada por una dictadura militar en las manos de Leopoldo Fortunato Galtieri. El apoyo venezolano durante la crisis representa además la permanencia de la posición tradicional de respaldo a la soberanía argentina sobre las islas. En el seno de la OEA, en el Comité Jurídico Interamericano, en el Comité de Descolonialización y en la ONU ha sido inequívoca la posición venezolana. Las Islas Malvinas constituyen parte integrante del territorio argentino; y por lo tanto, el problema que enfrenta la comunidad internacional no es de autodeterminación sino de integridad territorial, pues ha sido desmembrada la Nación Argentina de una parte del territorio que le corresponde en virtud el uti possidetis iuris de 1810 después de haber obtenido su independencia.

Acontece en este período un episodio de política internacional que revela un rasgo general de la política venezolana. Desde el gobierno de Raúl Leoni se había planteado entre Venezuela y Colombia un diferendo respecto a la delimitación de las aguas marinas y submarinas del Golfo de Venezuela. Numerosas comisiones negociadoras han estado desde entonces tratando de encontrar una línea divisoria que satisfaga ambas naciones.

A lo largo del segundo semestre de 1979 y el primero de 1980, las comisiones negociadoras del momento llegaron a trazar una línea que parecía la base de un posible acuerdo. Por el lugar (Caraballeda) donde las comisiones trabajaron para llegar a ella, la propuesta recibió el nombre de ‘Hipótesis de Caraballeda’. Cuando la propuesta se hizo pública, hubo una fuerte reacción contraria, tanto de parte de grupos de opinión muy beligerantes en el tema de las relaciones bilaterales colombo-venezolanas y que tienen siempre el viento a favor en materia tan sensible para los venezolanos, como de parte de las Fuerzas Armadas, que no habían tenido participación en el proceso de negociaciones y que no estaban de acuerdo con la línea de Caraballeda, por razones de seguridad nacional.

Era razonable pensar que el gobierno respaldaba la hipótesis, puesto que la comisión negociadora lo representaba y el gobierno había permitido que las negociaciones avanzaran hasta formular esta propuesta. En esas circunstancias, por primera vez en mucho tiempo hubo rumores de inquietud militar y de la preparación de un golpe de Estado, en caso de que el gobierno venezolano firmara un acuerdo con Colombia. Ante esa reacción, LHC dejó la propuesta de su cuenta, para que muriera indefensa y el asunto quedó así.

Partes: 1, 2, 3

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