Venezuela en la Comunidad Andina de Naciones 1969-2000 (página 2)

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Capítulo 5

JAIME LUSINCHI

2/2/1984 – 2/2/1989

El gobierno del Doctor Jaime Lusinchi corresponde al período constitucional 1984-1989; es el sexto gobierno del sistema democrático iniciado en 1958. Jaime Lusinchi (JL) fue el candidato de AD en los comicios que se realizaron el 4/12/1983. Triunfó con 3775341 votos (56,5%), mientras que el candidato de COPEI, Rafael Caldera obtuvo 2298176 votos (30,6%). El triunfo de AD en las tarjetas pequeñas también fue holgado, obteniendo 113 diputados y 28 senadores, lo que le otorgó al gobierno una mayoría sólida en ambas cámaras.

Seis meses después, el 27 de mayo de 1984, se realizaron las elecciones municipales, las cuales arrojaron como resultados un 66% de los votos para el partido AD y 23,7% para COPEI. Puede decirse que el electorado colocó en manos del partido AD todo el poder necesario para que este pusiera en práctica su respuesta a la crisis que padecía la sociedad años atrás y que se agravó en el último año de gobierno de Luis Herrera Campins.

Los primeros pasos del gobierno (1984-1985):

Pese a la abrumadora victoria, JL inició su gestión de gobierno, el 2 de febrero de 1984, con palabras que reflejaban modestia y conciliación. Le tocaban tiempos difíciles, pues hacía un año que la moneda había sido devaluada, primer símbolo del estremecimiento de la economía sustentada en la renta petrolera. Los signos monetarios, fiscales y económicos eran negativos y existían contradicciones radicales entre las autoridades monetarias y las fiscales sobre los métodos para resolver la crisis, lo que contaminaba el ambiente ahondando la incertidumbre. Las fallas en los servicios públicos y la corrupción administrativa hecha pública contribuían a oscurecer el panorama. A todo esto se agregaba el problema de la deuda interna y externa que daba un relieve dramático a la coyuntura, al reducir las posibilidades de implementar soluciones.

El día de la toma de posesión Lusinchi reafirmó su promesa electoral de ser el presidente que siempre hablaría con la verdad. Al referirse al problema de la deuda externa afirmó que "Venezuela pagará todo lo que debe, hasta el último centavo"; insistió en lo apremiante de una reforma integral del Estado para "redimensionarlo y restituir su jerarquía" y reiteró la necesidad del "pacto social", ofrecido durante su campaña electoral, para sanar las heridas y alcanzar una distribución más equitativa de la riqueza. En ese discurso inaugural desarrolló su percepción del problema de la corrupción, a la cual caracterizó como una cultura de gran arraigo derivada de la renta petrolera, asegurando que su gobierno daría ejemplo de honestidad. Sobre política exterior prometió la solidaridad como una obligación hacia América Latina. El discurso tuvo una acogida favorable en la opinión pública, a tono con las expectativas del momento, y concordante con la imagen que de Lusinchi tuvo la población durante la campaña electoral.

El discurso de toma de posesión fue complementado el 24 de febrero con el anuncio del conjunto de medidas económicas que guiarían su acción de gobierno. Se establecieron 4 tipos diferenciales de cambio: el Bs. 4,30 por dólar, fijado por LHC un año antes, se mantuvo dándole como fecha máxima de vigencia el mes de diciembre de 1985; se otorgó sólo para el pago de las cuotas de capital de las deudas externas, para los estudiantes en el exterior y ciertos alimentos esenciales y medicinas determinados por una resolución previa del Ministerio de Hacienda. El dólar a Bs. 6 se concedió para la compra y venta de divisas de los sectores petroleros y del hierro, el de Bs. 7,50 para las transacciones comerciales y financieras de los sectores público y privado, así como para el servicio de la deuda. Para las actividades restantes, el dólar fluctuaría de acuerdo con la demanda.

En cuanto política de precios, se mantuvo el sistema administrado de precios que venía de la gestión anterior. En materia petrolera, se anuncio la voluntad de devolverle autonomía financiera a la industria para asegurarle sus inversiones y futuro desarrollo, y se anunciaron próximos aumentos del precio de la gasolina y otros derivados del petróleo. Poco después el precio de la gasolina se fijó en Bs. 1,20 la alta y Bs. 0,80 la baja.

En el campo financiero, se anunció una baja drástica de las tasas de interés y el pago en breve de las deudas del Estado, sobre todo aquellas contraídas con los agricultores y pequeños y medianos empresarios. En la búsqueda de un equilibrio social, se anuncio, entre otros, un bono compensatorio de transporte de Bs. 100 mensuales para los asalariados de menos de Bs. 3000 mensuales durante un período de 2 años; el establecimiento de comedores industriales y la promesa de incrementar en un 10% la nómina de las empresas para el próximo semestre. Por otra parte, se ordenó a los ministros revisar sus programas para reducir los gastos de funcionamiento.

Se anunciaron algunas medidas tendientes a estimular el desarrollo agropecuario entre ellas elevar el aporte de la banca privada a la agricultura a un 22,5% de sus carteras crediticias. El presidente recalcó la onerosa cifra de la deuda, que ubicó en los Bs. 175.000 millones, un endeudamiento, dijo, muchas veces contraído al margen de la ley, y reiteró que se estableciera la verdad sobre el mismo.

En septiembre de 1984 el presidente anunció desde New York, donde se encontraba para pronunciar un discurso ante la Asamblea General de la ONU, un acuerdo con la banca internacional mediante el cual se establecían las bases para un convenio de financiamiento de la deuda externa y a fines de noviembre, Cordiplan presentó al Congreso los "Lineamientos generales del VII Plan de la Nación". La presentación del VII Plan desató fuertes críticas y polémicas, en especial por parte del sector empresarial, viéndose prontamente troncada su realización, lo que conllevó a la renuncia del ministro Luis Raúl Matos Azócar al iniciarse 1985.

Este Plan traía algunas novedades, entre ellas, la aplicación de la planificación estratégica, la cual trataba de superar los límites de la planificación tradicional, llamada normativa, al incluir las consideraciones de los actores capaces de generar las decisiones necesarias para la acción planificadora.

Pese a lo efímero del VII Plan vale la pena destacar algunos de sus elementos. Diagnosticó la situación del momento como de agotamiento del modelo venezolano de crecimiento y afirmó la necesidad de avanzar, desde la sociedad rentista, hacia otra donde el crecimiento y el desarrollo resultaren del trabajo productivo de los venezolanos. Se hizo un listado de los problemas del país, empezando con la consabida excesiva dependencia de la explotación petrolera y se expuso como estrategia general un conjunto de ‘proyectos de acción’ destinados a reiniciar el crecimiento económico, acelerar el desarrollo social y crear una sociedad más libre.

La estrategia descansaba para su viabilidad en dos bases: la conformación de un proyecto político consensual llamado "El Pacto Social y la reestructuración del Estado"; como eje de la estrategia económica se promovían la agricultura, la industria y el turismo, buscándose al mismo tiempo una transformación y modernización del sector público para redefinir su papel en la actividad económica. Se señaló la necesidad de privatizar o transferir al sector privado un conjunto de actividades y servicios. Dentro de la estrategia social se habló de establecer incentivos especiales para las empresas que adoptasen tecnologías intensivas en mano de obra. Se afirmó que se facilitaría para el sector informal acceso al crédito y la tecnología, mediante fondos de garantía y apoyo a las empresas familiares de abastecimiento de alimentos, construcción, confección y artesanía.

Se señaló la necesidad de una política tributaria centrada en la renta personal y el consumo suntuario. Se asentó igualmente, que se diseñaría un "Sistema Integrado de Transferencia Sociales" que incluía entre otros, la cesta familiar, becas a los escolares, programas de atención nutricional en el preescolar, atención prioritaria en salud, vivienda y educación.

En cuanto a la estrategia política, el VII Plan planteó la profundización de la democracia mediante la conquista de la ‘democracia social’, la cual exigía democratizar al Estado, las relaciones entre sociedad civil y el Estado e incluso la base de sustentación de la sociedad civil mediante un tercer sistema de propiedad, que se llamó el "Sistema de Cooperación Económica". El objetivo de alcanzar con este sistema era el de extender el acceso a la propiedad empresarial a sectores de menores recursos, equilibrando con ellos las relaciones de propiedad.

El proyecto de acción que se correspondía con esta estrategia, implicaba la privatización de varias empresas estatales para conformar las bases sobre las cuales crear y desarrollar dicho sistema. La temprana salida del ministro Matos Azócar ilustró las dificultades que confrontó el Ejecutivo para implementar su pacto social y anunció el distanciamiento de uno de los sectores de AD que lo habían llevado al poder: el sindical. Por otra parte el VII Plan de la Nación prácticamente no pudo aplicarse por las fuertes resistencias a muchas de sus proposiciones, en especial al "Sistema de Cooperación Económica". En su lugar, durante este quinquenio la acción gubernamental en materia económica se orientaría por lo que se llamó el "Plan Trienal de Inversiones".

La reforma del Estado:

El 17 de diciembre de 1984 el presidente decretó la creación de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE). El propósito de dicha comisión estuvo en consonancia con el VII Plan, pues se trataba de establecer un "Estado moderno, esencialmente democrático y eficiente, en el cual los postulados de la Constitución adquieran plena vigencia y la participación ciudadana constituye un elemento efectivo en la toma de decisiones de los poderes públicos".

Las actividades de la COPRE se iniciaron en los primeros meses de 1985 presididas por Ramón J. Velásquez y como secretario ejecutivo Carlos Blanco, siendo su mandato el de adelantar una reforma consensual; se crearon un conjunto de subcomisiones y equipos de técnicos, con la finalidad de diagnosticar y jerarquizar los problemas; simultáneamente se desarrollo un amplio proceso de consulta a la sociedad política y civil. Esto permitió recoger del seno de la sociedad las principales quejas y recomendaciones en torno al tema de la reforma, al mismo tiempo que mantenía informado y ampliaba los sectores comprometidos con la misma; esta forma de trabajar le produjo resultados positivos, al crearle un sólido piso de sustentación sociopolítica que le permitió presionar al gobierno cuando a este le faltó voluntad política para instrumentar las reformas.

Hacia finales de 1985 comenzaron a cristalizar en propuestas específicas algunas de las ideas que se debatieron a lo largo del proceso de consulta; pero las que captaron la atención de la sociedad y recibieron mayor resistencia por parte de los actores hegemónicos, fueron aquellas de contenido político las cuales eran consideradas fundamentales por la COPRE en la búsqueda de la reforma integral.

Los documentos más importantes fueron cuatro que aparecieron entre 1986 y 1987: Propuestas para políticas inmediatas (1986); Lineamientos generales para una política de descentralización territorial en Venezuela (1987); Propuesta para impulsar el proceso de descentralización en Venezuela (1987) y Reformas inmediatas del Poder Judicial (1986). Además de estos documentos aprobados unánimemente en el seno de la comisión, fueron elaborados también algunos documentos sobre reformas económicas, entre ellos los "Lineamientos generales para una nueva estrategia económica para Venezuela" (1987). Pero ningún documento sobre esta materia logró aprobarse en las plenarias de la comisión, lo cual fue clara expresión de las dificultades que existían entre las fuerzas políticas para diseñar alternativas consensuales para el cambio en las relaciones entre el Estado y la economía.

El documento Propuestas para reformas políticas inmediatas fue el primero de contenido netamente político y apuntó directamente al lugar donde se alojaban algunas de las imperfecciones más graves que venían degradando la democracia venezolana; las reformas que se proponían en el documento abarcaban los siguientes aspectos:

• Profundización de la democracia de los partidos;
• Reformas a la Ley Orgánica del Sufragio;
• Elección popular, directa y secreta de los gobernadores de las entidades federales;
• Reformas a la Ley Orgánica de Régimen Municipal conteniendo entre ellas la creación de la figura del alcalde y su elección del mismo modo que los gobernadores;
• Financiamiento de los partidos políticos.

Además de la polémica originada con este documento surgieron nuevos debates a propósito de las reformas de descentralización; los documentos sobre descentralización incluyeron un diagnóstico fiel de la excesiva concentración de la administración pública, así como de la centralización del poder político, y ampliaron el radio de las reformas ya expuestas en el documento anterior.

Entre las nuevas propuestas, además de insistir en la elección de gobernadores y alcaldes, se sugería la eliminación de las formas supraestatales de organización territorial que venían desarrollándose en la planificación nacional bajo el esquema de "regiones económicas". La propuesta consistía en volver a la organización territorial establecida en la Constitución, conformada por los municipios como unidades primarias y las entidades federales como unidades regionales.

Entre 1988 y 1989 el Congreso discutió y aprobó la Ley sobre Elección y Remoción de Gobernadores de Estado, la Ley sobre el Período de los Poderes Públicos de los Estados, la Ley Orgánica de Régimen Municipal y la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura. Con estas leyes se abrieron oportunamente espacios para cambios en el funcionamiento del Estado y del sistema político.

El refinanciamiento de la deuda y la situación económica:

Otra de las importantes promesas electorales hechas por Lusinchi fue la de obtener en un plazo breve la reestructuración de la deuda pública externa. Las medidas económicas anunciadas en febrero de 1984 fueron el primer paso en esa dirección, toda vez que se ajustaban a las condiciones que venía sugiriendo el Fondo Monetario Internacional (FMI) para darle créditos a los países necesitados de ello. Si bien el gobierno se había negado a negociar con esa agencia internacional, había asumido voluntariamente las condiciones que esta exigía como formula para entenderse con la banca acreedora.

Después de innumerables tensiones externas e internas, el gobierno logró firmar un acuerdo de refinanciamiento en febrero de 1986; este primer acuerdo fue suscrito en medio de la tendencia a una baja de los precios del petróleo en los mercados internacionales, que a lo largo de 1986 se agudizaría. Esto obligó al gobierno venezolano a solicitar poco después de firmar el convenio, el postergamiento de los pagos de amortización de la deuda, correspondientes a 1985 y 1986, así como a plantear la reapertura del proceso de negociación para lograr plazos más largos e intereses más largos.

El año de 1986 fue crítico para Venezuela en materia económica; el precio del petróleo venezolano que en enero era de 24 US$ por barril, cayó en marzo a 13,42 US$ por barril y en junio llegó a ubicarse en 12,99 US$, con lo cual, los ingresos fiscales se contrajeron casi a la mitad. Eso compelió al presidente a anunciar un ‘golpe de timón’ en el terreno económico en diciembre de 1986. Es de señalar que desde finales de 1985 el gobierno venía aplicando una política expansiva del gasto público con el objeto de reiniciar el crecimiento económico, tal como lo había prometido al comenzar la gestión. Esta política continuó en 1986 pese al descalabro de los precios petroleros, confiándose en diversas formas de endeudamiento y echando mano al ahorro de los años anteriores.

Aún cuando el discurso del presidente en 1986 buscaba transmitir el mensaje de un reacomodo a las nuevas circunstancias, lo cierto fue que en los años siguientes se continuó en la misma línea de la expansión del gasto fiscal como expediente para impulsar el crecimiento económico. Las nuevas medidas cambiarias anunciadas en ese discurso aumentaron las utilidades del Estado, permitiendo subsanar parcial y artificialmente la brecha fiscal, y seguir consumiendo dentro de una situación ficticia de recursos, por su parte los precios del petróleo siguieron bajos durante 1987 y 1988, aun cuando no se llegó a los niveles dramáticos de 1986.

El nuevo acuerdo de refinanciamiento que se firmó en enero de 1987, junto con las faltas de iniciativas para crear nuevas fuentes de ingresos desembocó en la contracción masiva de las reservas internacionales al final del período de gobierno. Este nuevo acuerdo, pese a proporcionarse como ‘el mejor refinanciamiento del mundo’ reflejó la posición débil y poco agresiva de Venezuela en la mesa de negociaciones. El país no obtuvo período de gracia, mientras México, que había firmado cuatro meses antes había logrado un período de siete años; se estableció un plazo de catorce años para pagar, mientras que a México se le otorgaron veinte, y la tasa de interés a pagar por Venezuela también fue ligeramente superior a la obtenida por el otro país.

Entre 1983 y 1987 Venezuela pagaría cerca de 30.075 millones de dólares por concepto de la deuda externa, habiendo recibido en ese mismo período como retorno sólo unos 12.812 millones de dólares. El 2 de enero de 1989 el presidente Lusinchi anunció la suspensión del pago de la deuda a partir del próximo 17 de enero, pasándole a su sucesor el problema, como en su momento también le fue pasado a él por el gobierno de LHC.

Otros hechos:

En enero de 1986 el Papa Juan Pablo II visitó Venezuela, fue la primera vez que el máximo prelado de la Iglesia Católica ponía pie en suelo venezolano. Aparte de la fiesta o alegría de este acontecimiento, muchos televidentes pudieron percatarse de que el presidente Lusinchi recibía al Papa en el Aeropuerto de Maiquetía, acompañado de su esposa y primera dama, Doctora Gladys de Lusinchi, y luego mientras lo esperaba en el Palacio de Gobierno estaba acompañado de su secretaria privada, Blanca Ibáñez. Este hecho reveló el inmenso poder que ejercía la secretaria en el país, ya que comenzaron denuncias acerca del tráfico de influencia para el otorgamiento de los dólares preferenciales; así como otros aspectos de gobierno.

Posteriormente los hechos de corrupción se fueron incrementando, llegando incluso a tocar al propio presidente en el caso de malversación de fondos de la partida secreta para la compra de unos vehículos rústicos para la campaña electoral de su partido AD. Esto trajo como consecuencia el posterior enjuiciamiento del mandatario, junto a varios de sus ministros.

Relaciones Exteriores:

La crisis económica originada en 1983 como consecuencia de la caída súbita de los precios del petróleo, unida a una fuerte devaluación de nuestro signo monetario que dificultaba el pago de intereses de la deuda externa pública, condujo al gobierno de Jaime Lusinchi a tratar el tema de las relaciones exteriores de manera coyuntural antes que estructural.

Aun cuando se preservaron los principios básicos de la diplomacia desarrollada en la década de los setenta, reivindicados por la cancillería de Luis Herrera Campins en la segunda mitad de su administración, la política exterior no mantuvo la misma profundidad, debido a las dificultades económicas antes esgrimidas.

Se intensificaron los viajes de las misiones económicas que buscaban un acuerdo de refinanciamiento con la banca acreedora internacional. Se establecieron misiones diplomáticas con Saint Kitts-Nevis-Anguilla; Malasia, Sri Lanka, Nepal, Singapur y Zimbabwe.

Las relaciones con Uruguay se reanudaron el 13 de enero de 1985. La convivencia con Colombia alcanzó un punto crítico, incluso al borde de un conflicto bélico, cuando en agosto de 1987, a raíz del incidente causado por la corbeta OARC Caldas al penetrar en aguas del Golfo de Venezuela; la situación fue bien manejada, obligando a la corbeta colombiana a retirarse a aguas internacionales.

Capítulo 6

VENEZUELA EN LA DÉCADA PÉRDIDA

La Reunión Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de los países signatarios del Pacto Subregional Andino con ocasión del X Aniversario del Acuerdo de Cartagena, fue el marco adecuado para que los países bolivarianos dieran el paso audaz y necesario para proyectar su acción más allá de la simple concertación de políticas orientadas a la complementación e integración de sus economías; en este foro, se acordó la acción internacional multilateral de los países andinos como modus operandi, el sistema de consultas permanentes entre los Ministros de Relaciones Exteriores de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Nació de esta manera el Grupo Andino que destacada participación tendría en el agitado proceso de 1979. De ella se obtuvo: la suscripción del Tratado de creación del Tribunal Andino de Justicia, el 28 de mayo de 1979, que luego entrara en vigencia el 19 de mayo de 1983; la creación del Parlamento Andino, el 25 de octubre de 1979; y la creación del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, el 12 de noviembre de 1979; y también hizo su primera declaración multilateral en relación con la situación de Centroamérica (La Declaración de Nicaragua).

Acá podemos darnos cuenta del cómo las acciones políticas hacia el exterior de un presidente, deben legitimarse con el discurso hacia dentro del país y viceversa. Como se explicó en el capítulo 4, en el aparte de Relaciones Exteriores; Venezuela se había trazado tres metas básicas y concretas, entre ellas la búsqueda de un nuevo orden económico internacional. Al Venezuela patrocinar los cambios en la estructura de la CAN, estaba legitimando su discurso, por un lado, y por el otro siendo coherente en su actuación internacional. De igual manera al participar en la Declaración de Nicaragua, Venezuela daba otro paso en la consecución de esas metas, como lo es la institucionalización de la libertad y la autodeterminación de los derechos de los pueblos.

La característica dominante de la década de los ochenta fue la crisis económica por la que atravesaron los países andinos, y el consiguiente estancamiento y hasta cierto punto retroceso que experimentaron éstos en su camino hacia el desarrollo. Esto puede evidenciarse en los distintos gráficos que fueron presentados en los 2 capítulos anteriores.

Al igual que los demás países de América Latina, los países del Grupo Andino y es especial Venezuela, tuvieron déficit acentuados en sus balanzas de pagos, que los obligó a imponer restricciones a las importaciones, afectando por igual a países socios y a los demás. A esto se sumó el problema de la deuda como resultado del endeudamiento exorbitante en que había incurrido Venezuela desde mediados de la década anterior, aprovechando la irrupción de la gigantesca liquidez internacional, lo que obligó a aplicar medidas recesivas en virtud de las recomendaciones del FMI.

En este gráfico podemos apreciar cómo Venezuela mantuvo sus exportaciones e importaciones en relación con la CAN; durante 1979 se puede observar que hubo una balanza de pagos desfavorable; la cual posteriormente se torno positiva para el resto del período. Nótese que hasta 1987 hay una tendencia estable por debajo de los 4000 millones de bolívares, e incluso se aprecia las bajas en las exportaciones del país en los años 82, 83 y 85. Mientras que las importaciones del país caen abruptamente en 1983 y se mantienen en niveles bajos hasta 1987.

En lo que respecta a las Importaciones y Exportaciones entre Venezuela y Bolivia, podemos evidenciar una balanza de pagos desfavorable a Venezuela hasta 1984, la cual se repite en el período 88-89. El comercio bilateral es pequeño entre las dos naciones.

En esta gráfica se expresa el comercio entre Venezuela y Colombia, se puede evidenciar en primer lugar, que el comercio de Venezuela con este país es el mayor de todos los países miembros de la Comunidad Andina; por otra parte la balanza comercial favorece a Venezuela, salvo en 1988.

En la gráfica anterior tenemos que hasta 1982, se importaban más de Ecuador que lo que se exportaba; por otra parte se puede evidenciar el aumento de las exportaciones hacia esta nación a partir de 1987.

En esta gráfica podemos ver en primer lugar, que existía una balanza comercial favorable a Perú hasta el año 1985; luego a partir de 1986, esta se torna favorable a Venezuela. De igual manera se puede ver el aumento de los indicadores a partir de 1986.

En los 4 gráficos anteriores en importante notar el descenso de los índices durante los años 82-86 principalmente; por otra parte se puede ver que el principal socio comercial de Venezuela dentro del Acuerdo de Cartagena es Colombia, con quien se tiene un elevado intercambio económico; mientras que Perú se mantiene como segundo socio más importante. Bolivia y Ecuador ocupan posiciones marginales en esta comparación (sin dejar de tener importancia) económica. Por otra parte es obvio que durante esta época Venezuela disminuyera su comercio internacional, ya que por las causas por todos conocidas, el país no se encontraba en condiciones de manejar adecuadamente el comercio internacional, debido en primer lugar al problema cambiario, producto del viernes negro; de igual manera otro factor que afectó fue el de la deuda externa de la nación; otra de las razones fue el aletargamiento del aparato productivo de la nación venezolana.

A esta situación contribuyeron también factores externos como la drástica disminución de los precios del petróleo, el incremento del proteccionismo de los países desarrollados, el cierre de las fuentes de financiamiento exterior, la transferencia neta de los recursos hacia los países industrializados y el deterioro de la relación de los términos de intercambio, como resultado de la crisis de la economía mundial. La crisis mundial, transmitida por los países industrializados a América Latina en su afán de contrarrestarla, puso de manifiesto la extrema vulnerabilidad externa de América Latina y de los países andinos.

Los años ochenta fueron para la integración andina los años del estancamiento y del retroceso. Por eso, hay quienes afirman que "la década perdida del desarrollo latinoamericano, fue también la década perdida de la integración andina".

Las manifestaciones de la crisis de la integración fueron, entre otras, las siguientes:

• Incumplimiento de los compromisos derivados del Programa de Liberación.
• Se dejaron de aplicar los programas de desarrollo industrial conjunto como resultado del abandono de la planificación.
• Los países comenzaron a modificar en forma unilateral algunas políticas comunitarias como la de inversión.
• Se flexibilizó la aplicación del Arancel Externo Mínimo Común y no se cumplió con la adopción del Arancel Externo Común en el plazo previsto.

Uno tras otro, los países fueron adoptando medidas de restricción del comercio, destinadas a generar excedentes de divisas necesarios para el pago de sus compromisos financieros. Dichas medidas restrictivas en lugar de disminuir fueron en incremento. Las formas que adoptaron fueron las de licencias previas, de registros de importación, de autorizaciones de importación, etc.

Los países recurrieron muy poco a las cláusulas de salvaguardia, mecanismo previsto en el Acuerdo para eventuales problemas derivados de la aplicación del Programa de Liberación. En efecto, de los 5787 ítem sujetos a restricciones derivadas de disposiciones nacionales, tan sólo 45 correspondían a las cláusulas de salvaguardia.

El impacto de las restricciones sobre el comercio fue decisivo. Para finales de 1986 el comercio recíproco había caído a los niveles de 1976, al registrar poco más de 600 millones, y el alcance del Programa de Liberación se redujo a un porcentaje mínimo de intercambios. Luego de la tendencia expansiva del comercio intrasubregional en la década de los setenta y de que en 1981 alcanzara su nivel máximo de 1239 millones de dólares, el comercio intrasubregional tuvo una tendencia de carácter recesivo, al registrarse, entre 1981 y 1986, un deterioro a un ritmo de menos 11,4% como promedio anual.

En este período, todos los Países Miembros, excepto Bolivia, contrajeron sus importaciones andinas. Colombia, Ecuador y Perú lo hicieron a tasas promedio anuales que fluctuaban alrededor del 8 por ciento, mientras para Venezuela fue superior al 20 por ciento.

La abrupta contracción de las compras por parte de Venezuela en este período gravitó de modo particular en la evolución del comercio, no sólo por el modo acelerado en que ocurrió, sino porque el país se había constituido dentro del mercado andino como el de mayor importancia comercial (excluyendo combustibles) al significar un promedio del 45 por ciento de la demanda subregional.

Desde 1985 hasta el 31 de diciembre de 1987, los Países Miembros suscribieron ocho convenios bilaterales al margen de la normatividad andina en la búsqueda de alternativas viables que les permitiera reactivar su comercio. Al amparo de esos convenios, que incorporaban un total de 809 ítem, distribuidos por países, se efectuó el 40 por ciento de las exportaciones intrasubregionales. Sin considerar combustibles y derivados esa relación llegó a significar algo más del 43 por ciento.

Los incumplimientos de los compromisos asumidos por los países del Grupo Andino fueron mínimos a comienzos de los ochenta, pero poco a poco se fueron generalizando a tal punto de que se hizo difícil llevar un registro. De acuerdo al informe presentado por la Junta en 1984, uno de los principales incumplimientos de Venezuela estaba en relación directa con los plazos fijados por el Acuerdo de Cartagena para la formación del mercado ampliado, de la unión aduanera y de la programación industrial conjunta, etc.

En lo que se refiere al Arancel Externo Común, el Acuerdo de Cartagena señalaba el 31 de diciembre de 1983 como fecha de su perfeccionamiento o su plena aplicación. De igual modo, de conformidad con los Artículos 62 y 104, la Comisión debió aprobar el AEC a más tardar el 31 de diciembre de 1979 a fin de que los países mayores y menores inicien el proceso de aproximación el 31 de diciembre de 1983 y el 31 de diciembre de 1990, respectivamente.

El problema del vencimiento de los plazos se presentó no obstante que éstos ya habían sido objeto de ampliaciones con ocasión de la adhesión de Venezuela (1973), del Protocolo de Lima (1976) y del Protocolo de Arequipa (1978). Fueron también objeto de una nueva revisión con ocasión del Protocolo de Quito. Otro grupo de incumplimientos consignados en el informe presentado por la Junta en 1984 está integrado por Decisiones de la Comisión del Acuerdo de Cartagena no incorporadas al Derecho Interno de los Países Miembros.

En 1982 ya se daba cuenta de catorce Decisiones de la Comisión que los Países Miembros no habían cumplido con incorporar a su ordenamiento jurídico interno. De esas 14, cinco correspondían al campo de la armonización, cuatro a la programación industrial, dos al funcionamiento del mercado ampliado y tres a la integración física. Se incluía también en este tipo de incumplimientos la falta de expedición de disposiciones administrativas para la aplicación concreta de los mecanismos. Esos incumplimientos, cuya relación está contenida en el decimoctavo Informe de la Junta sobre cumplimiento, abarcaban las áreas de la programación industrial, el arancel externo común, el arancel externo mínimo común y el programa de liberación.

La situación de crisis del proceso trajo consigo la necesidad de avanzar en una reorientación del mismo. En septiembre de 1982, la Junta presentó a consideración de los Países Miembros el documento "Evaluación del Programa de Reactivación y Examen de la Situación Actual y Perspectivas del Proceso de Integración Subregional", a través del que advierte respecto al inquietante cuadro de problemas que configuran una situación crítica.

Luego, en la ceremonia de instalación del XXXV Período de Sesiones Ordinarias de la Comisión, realizado en enero de 1983 en Santa Cruz de la Sierra, la Junta planteó la necesidad de ejecutar un plan de acción en el cual deberían considerarse estrategias sectoriales en las diferentes áreas prioritarias de la integración andina.

Sobre la base del documento presentado por la Junta, la Comisión inició las deliberaciones que condujeron finalmente a la adopción del Plan de Reorientación del Proceso Andino de Integración y de las Estrategias Sectoriales. Dicho Plan, cuyos principales lineamientos fueron recogidos por los Presidentes Andinos en la Declaración "Nuestra Patria es América", fue adoptado por la Comisión en su XXXV Período de Sesiones Extraordinarias, entre el 6 y 8 de julio de 1983, en Lima.

Dicho Plan señalaba un conjunto de acciones prioritarias que se constituyeron en un derrotero de lo que posteriormente fue la definición del nuevo estilo o modelo de integración andino, caracterizado por un mejor equilibrio entre los sectores, por una participación más activa de los grupos sociales, por un mayor pragmatismo y flexibilidad en el uso de los mecanismos y por el ejercicio sistemático de la capacidad de acción externa conjunta.

Para la aplicación práctica de dicho Plan, la Junta planteó a la Comisión del Acuerdo de Cartagena ocho estrategias sectoriales en las siguientes áreas prioritarias: 1) Relaciones Externas, 2) Agropecuaria, 3) Comercial, 4) Industrial, 5) Financiera y de Pagos, 6) Ciencia y Tecnología, 7) Integración Física, Fronteriza y Turismo, y 8) Régimen especial para Bolivia y Ecuador.

Sin embargo, dicho plan no se llegó a instrumentar debido entre otras razones a la difícil situación económica de los países de la Subregión y al incumplimiento generalizado de los mecanismos del Acuerdo.

Con el fin de actualizar el Ordenamiento Jurídico, la Junta presentó el 16 de marzo de 1984 un documento titulado "Problemas y opciones actuales del proceso de integración subregional".

Luego, en el XXXIII Período de Sesiones Ordinarias realizado en 1983, la Comisión examinó el documento y encargó a la Junta preparar un anteproyecto de Protocolo, el que fue entregado a los países el 31 de mayo de 1984 con el título "Anteproyecto de Protocolo Adicional al Acuerdo de Cartagena".

Los Cancilleres del Grupo Andino, reunidos en 1985 en Cartagena de Indias, dieron entre otras instrucciones las siguientes: actualizar y flexibilizar los plazos confiriendo facultades a la Comisión para ajustarlos; actualizar el Programa de Liberación, preservando los avances logrados y propendiendo a una participación equitativa de los países; utilizar las cláusulas de salvaguardia como único mecanismo de excepción; establecer nuevas modalidades para el desarrollo industrial conjunto; fortalecer el desarrollo agropecuario subregional; y acordar tratamientos más favorables a Bolivia.

Con base en todo esto, se elaboró un Protocolo Modificatorio del Acuerdo de Cartagena que luego de intenso proceso de negociaciones fue aprobado y suscrito en Quito el 12 de mayo de 1987 y entró en vigencia el 25 de mayo de 1988. El Protocolo constituyó un enfoque realista de cuánto podría hacerse en ese momento para dar continuidad al proceso de integración andino. Ese realismo se tradujo en la flexibilización de las nuevas disposiciones y en la ampliación del espectro de opciones de integración y cooperación.

En lo referente a los mecanismos orientados a la conformación del mercado ampliado, si bien se mantiene el objetivo de estructurar una unión aduanera, no se definen plazos para su culminación. En cuanto al Programa de Liberación, se amplían los plazos para la apertura del mercado de los productos reservados para las modalidades de desarrollo industrial y para la incorporación de una parte importante de los productos exceptuados de su cumplimiento. Se establecen plazos para el cumplimiento del Programa de Liberación por parte de Bolivia y Ecuador para su primera etapa.

Asimismo, se introducen dos nuevos mecanismos de excepción del Programa de Liberación: el Régimen Transitorio de Administración de Comercio, que permite la aplicación de cupos de importación para un grupo de productos afectados por situaciones especiales, y una nueva Cláusula de Salvaguardia, que posibilita la aplicación de medidas correctivas a importaciones que causen perturbaciones en la producción nacional de productos específicos.

En cuanto al Arancel Externo, se previó la posibilidad de la aplicación por parte de Bolivia y Ecuador del Arancel Externo Mínimo Común y se dejó sin plazo la adopción del AEC por parte de los Países Miembros, quedando sujeta su posterior adopción a los avances del proceso. En lo que respecta a la antigua Programación Industrial, cuyo avance era limitado debido a su alto grado de complejidad, el Protocolo de Quito dispuso que, en lugar de los Programas Sectoriales de Desarrollo Industrial, se establezcan tres nuevas modalidades: Programas de Integración Industrial, Convenios de Complementación y Proyectos de Integración Industrial.

El Protocolo de Quito introdujo otras modificaciones. En los aspectos institucionales, incorpora al Tribunal Andino de Justicia y al Parlamento Andino como órganos principales del Acuerdo, por un lado; y de otro, como órganos auxiliares, a los Consejos Consultivos Empresarial y Laboral.

Simultáneamente a la aprobación del Protocolo de Quito, se aprobó un Programa de Transición (Decisión 225) para asegurar la marcha del proceso hasta el día de entrada en vigencia del Protocolo y para contar con criterios y acciones concertadas que permitieran a los Países Miembros superar la crisis del proceso.

Las Resoluciones durante este período en las que Venezuela exigió la suspensión del Arancel Externo Mínimo Común para la importación de los siguientes productos fueron:

Aquí podemos apreciar que por ejemplo durante la crisis generada en 1982, en la cual, el gobierno nacional prohibió la importación de ropa de caballeros, por el otro lado solicitó que la CAN suspendiera el Arancel Externo Mínimo Común para el Algodón de fibra media; esto con el fin de disminuir el Arancel con el que el país pechaba a este producto para así favorecer a la industria textilera nacional. De la misma forma lo hizo de nuevo durante 1983 al solicitar la misma medida para el algodón.

Existe en particular una Resolución (280), de fecha 25 de mayo de 1988, en la cual aplica la cláusula de Salvaguarda del Art. 79 del Acuerdo de Cartagena a favor de Venezuela; esta resolución esta relacionada a la Aplicación de Licencias de Importación para algunos productos.

Es de especial mención, que durante el Bicentenario del Natalicio del Libertador Simón Bolívar, se llevó a cabo en Caracas, el Trigésimo sexto período de sesiones extraordinarias de la Comisión; durante estas reuniones se aprobaron dos decisiones importantes: la primera fue la Decisión 182, en la cual se crea el Sistema Andino "José Celestino Mutis" sobre agricultura, seguridad alimentaria y conservación del ambiente; la otra fue la Decisión 183 en la cual se crea el Programa de Caracas para la Cooperación en Investigación y Formación Científica y Tecnológica de los Países Miembros. Acá podemos evidenciar otro punto de conexión entre la política interna y la actuación de Venezuela en la CAN. En primer lugar, recordaremos que 2 de las prioridades del gobierno de LHC, estaban relacionadas con 2 áreas prioritarias, como lo son, la educación y la agricultura. Al Venezuela suscribir un Acuerdo en el que se crea el Sistema Andino "José Celestino Mutis", le da coherencia a su política interna de reactivación económica, sufrida por la caída de los precios del crudo; por otra parte, el presidente Herrera consideraba a la educación como punto crucial de su programa de gobierno, de la misma manera debía apoyar todos los programas que tuvieran tendencia a lograr este objetivo.

Otra decisión importante fue la Decisión 226, del 11 de mayo de 1987, la cual reglamenta el inciso tercero del Artículo 79 del Acuerdo de Cartagena, que busca implementar medidas de emergencia para reactivar el comercio intra-andino, en vista de la situación que se estaba atravesando en relación con el estancamiento del mismo.

Es de especial atención que durante los años 1984-1989, la actividad de la Comunidad Andina disminuye, esto es explicable, ya que durante la gestión de Jaime Lusinchi, todos los esfuerzos estuvieron encaminados a solventar la crisis de la deuda, razón por la cual se descuidó totalmente la participación de Venezuela en el Acuerdo de Cartagena.

Parte III

La Década del Resurgimiento

1989-2000

Capítulo 7

CARLOS ANDRÉS PÉREZ

2/2/1989 – 20/5/1993

La segunda presidencia de Carlos Andrés Pérez (CAP) corresponde al 7° período democrático iniciado en 1958. CAP ganó las elecciones nacionales el 4/12/1988 con 3879024 votos, lo que representó el 52,91 % de la preferencia electoral; el contendor más cercano, Eduardo Fernández, de COPEI obtuvo 2963015 votos, el 43,26%. Esta segunda gestión de CAP estuvo marcada por el intento de salir de la profunda crisis económica y fiscal que venía desarrollándose desde años anteriores, a través de un conjunto de políticas de liberación de la economía. Otros rasgos destacados fueron la agudización de la crisis social cuya manifestación más dramática ocurrió en febrero de 1989 y el desarrollo de una crisis política que produjo, en 1993, la suspensión en el ejercicio de su cargo del presidente de la República y su sustitución por uno nombrado por el Congreso Nacional al culminar el período. Fue también durante esta segunda presidencia que comenzó el proceso de descentralización político-administrativa del país, gracias a la aprobación, en los últimos meses del gobierno de del presidente Lusinchi, de las primeras reformas del Estado por parte del Congreso Nacional.

El programa de ajuste económico y el estallido social del 27 de febrero de 1989 y los días siguientes:

En su discurso inaugural el 2/2/1989, CAP señaló algunas líneas orientadoras de su nuevo gobierno, dándole una importancia especial a las relaciones interamericanas e internacionales como parte de la estrategia para la construcción de una salida de la crisis económica y fiscal que se padecía. Pérez definió el año 1989 como el idóneo para ampliar el proceso de reformas políticas que con anterioridad se venía desarrollando; así mismo, aseguró que su fórmula política para resolver de manera permanente el problema de la deuda, se apoyaría en la solidaridad entre países deudores y enfatizó que se buscaría estimular decisivamente la ciencia y la tecnología en el país como, como áreas estratégicas para retomar el crecimiento económico.

El 16 de febrero, en medio de una gran expectativa, CAP presentó su programa de ajuste económico, conocido de allí en adelante como ‘el paquete’, cuyas disposiciones de libre economía, en muchos aspectos contrariaban el discurso de toma de posesión y las promesas electorales. El programa contemplaba medidas de aplicación inmediata y otras de aplicación gradual pero en plazos relativamente cortos. Las principales fueron:

1. Acudir al Fondo Monetario Internacional (FMI) y someterse a su programa de ajustes, con el fin de obtener un financiamiento de 4500 millones de dólares en los siguientes 3 años;
2. Liberar las tasas de interés activas y pasivas hasta un tope temporal fijado en alrededor del 30%;
3. Unificar la tasa cambiaria con la eliminación de la tasa preferencial de divisas y realizar todas las transacciones a la nueva tasa flotante; esto significaba la eliminación de la Oficina de Régimen Cambiario Diferencial (RECADI);
4. Liberar los precios de todos los productos a excepción de 18 renglones de la ‘cesta básica’;
5. Aumentar las tarifas de los servicios públicos como agua, luz y teléfono;
6. Aumentar anualmente durante 3 años los derivados del petróleo en el mercado nacional con un aumento de 100% en el precio de la gasolina y un 30% en los precios del transporte;
7. Aumentar los sueldos de la administración pública entre el 5% y el 30%, el salario mínimo a 4000 Bs. en la ciudad y 2500 Bs. en el campo;
8. Racionalizar y eliminar progresivamente los aranceles de importación;

9. Reducir el déficit fiscal a un máximo de 4% y congelar los cargos de la administración pública.

Como compensación para la población más afectada por estas medidas, además del aumento de los sueldos, se anunciaron las siguientes medidas:

1. política de subsidios directos a los componentes de la ‘cesta básica’;
2. programa de becas alimentarias;
3. constitución de 42000 hogares de cuidado diario;
4. reforzamiento de programas de control del lactante y del preescolar y combate de las enfermedades diarreicas, respiratorias y las que son prevenibles por vacunas;
5. plan de consolidación de barrios;
6. política de apoyo a microempresas;
7. programa masivo de transferencias alimentarias dirigido a los niños hasta los 14 años, a las madres embarazadas y a los lactantes;
8. amplia acción dedicada a consolidar los ambulatorios de salud;
9. programa destinado a la organización y estructuración de un sistema de seguridad social;
10. creación de la Comisión Presidencial para la Lucha contra la Pobreza.

Al día siguiente el Banco Central de Venezuela (BCV) liberó las tasas de interés, fijó las modalidades con que se financiarían las cartas de crédito del sector privado y anunció que en 2 o 3 meses comenzarían a recibirse los fondos de un crédito stand by por unos 1500 millones de dólares otorgados por el FMI. Por su parte, el Ministro de Energía y Minas, anunció los primeros aumentos de la gasolina para el 26 de febrero: Bs. 2,75 la alta y Bs. 2,55 la media. El 19 de febrero se informó la visita de representantes del Banco Mundial (BM) y del FMI a Caracas, así como de la estadía de Edgar leal, nuevo negociador de la deuda en Washington.

Para una población que había venido sufriendo desde años anteriores un creciente deterioro de sus condiciones de vida, así como de una prolongada angustia por la escasez de productos básicos, en buena parte provocada por el acaparamiento de algunos comerciantes inescrupulosos, este mensaje significó el debilitamiento de las ilusiones sobre lo que podía esperarse del nuevo gobierno y del futuro en general. También contribuyeron a eso las denuncias de corrupción durante la gestión del presidente Lusinchi.

Como consecuencia, el 27/2 y los días siguientes, tuvo lugar una explosión social de históricas proporciones en Caracas y varias ciudades del país. Con ella comenzaron las dificultades políticas del nuevo gobierno. El día 27 de febrero desde la mañana se produjeron acciones de violencia colectiva en Guarenas, motivadas por un aumento desproporcionado del pasaje del transporte; reacciones similares se dieron poco después en áreas populares como Caricuao, en encrucijadas para el transporte de la ciudad como el terminal de Nuevo Circo y Cacaito; y en otras zonas suburbanas como La Guaira.

En la medida en que transcurrió el día y los hechos comenzaron a ser difundidos por los Medios de Comunicación Social (MCS), las acciones comenzaron a extenderse a otras ciudades como Barquisimeto, Maracay, Valencia, Puerto Ordaz, Mérida. En la tarde muchedumbres de habitantes de las barriadas citadinas salieron a las avenidas y zonas comerciales, tomando por asalto y saqueando los establecimientos para hacerse de productos de todo tipo. Igualmente, algunas vías centrales de la ciudad fueron tomadas por turbas que quemaron unidades de transporte colectivo, carros particulares, cauchos y de esta manera protestar por el aumento de los costos del transporte. El día 28 los sucesos habían desbordado a los cuerpos policiales, incluso en vista de que no podían hacer nada, algunos efectivos comenzaron a organizar los saqueos (darle un orden al caos).

En la tarde, bajo las órdenes del presidente y del Ministro de la Defensa , los militares entraron a controlar la situación en los barrios, produciéndose toda clase de excesos. Una semana después, las cifras oficiales de muertos pasaban de 300, aunque extraoficialmente se ha conocido que hubo más de 5000 muertos. El mismo 28/2, el Ejecutivo Nacional procedió a suspender algunas garantías constitucionales en todo el país, las cuales serían reestablecidas parcialmente 10 días después; de igual manera se implantó un toque de queda.

A partir de entonces el gobierno no pudo recuperarse de su repentina impopularidad, no obstante la magnitud de la protesta y del desacertado desempeño del gobierno, éste logró sostenerse gracias a la lealtad de las Fuerzas Armadas al mando del Ministro de la Defensa. CAP mantuvo inalterable el programa económico y el gabinete ejecutivo. El 7 de marzo en cumplimiento del cronograma de medidas, se decretó la libración de precios. Hasta 1992 el gobierno siguió la misma política económica y el pueblo continuó dando señales de repudio, abonando el terreno para el desarrollo de una crisis política.

El desarrollo de la economía entre 1989 y 1992 y algunos indicadores sociales:

Las radicales medidas que el gobierno de CAP aplicó a los males de la sociedad venezolana, producirían a lo largo de los primeros 3 años de gestión, resultados macroeconómicos satisfactorios, pero a un costo social y político exorbitante.

En diciembre de 1989 las cifras del gobierno revelaban una contracción económica general del orden del 8,1%, la mayor registrada para un gobierno hasta ese momento; en el sector de la construcción llegó al 30% y en el de la manufactura al 12,4%. La tasa de inflación, según datos de Agroplan C.A. alcanzó la cifra histórica de 84,5%. En términos sociales la inflación reflejaba que una familia promedio a mediados de 1989 podía con su ingreso adquirir solamente el 40% de lo que hubiese podido adquirir en 1968.

La pobreza abarcaba al 62% de la población; 30% de la cual se encontraba en pobreza absoluta. En contraste, las reservas internacionales aumentaron para ubicarse en 7411 millones de dólares; el déficit en la balanza de pagos fue menor a los años anteriores y el déficit público se redujo de 9,9% a 1,7% del Producto Territorial Bruto (PTB). Esta última era una cifra muy por debajo de la estimación que se había hecho a principios de año. Una mayor recepción de ingresos corrientes, a consecuencia de la modificación del tipo de cambio y un mayor valor de las exportaciones petroleras permitieron llegar a este nivel.

Igualmente se logró concertar con el FMI un programa que contemplaba el otorgamiento de 5000 millones de dólares en 3 años. Con el BM se acordaron créditos por un total de 4000 millones de dólares y con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se consiguieron 400 millones por año.

En el año 1990, la economía, según el BCV, creció en un 5,3%, revirtiéndose la depresión del sector manufacturero y de la construcción. El sector de la banca y los seguros sobrepasaron el 23% en su crecimiento, mientras la agricultura cayó en 1,3%. La tasa de desempleo se colocó en 10%, superior a la del año anterior, cuando estuvo en 9,6%. Así mismo, la inflación sobrepasó los cálculos iniciales, situándose en 40,7% y la pobreza aumentó alcanzando el 66,9% de la población, 33% de los cuales eran pobres absolutos.

La balanza global de pagos registró un superávit aumentando las reservas a 11700 millones de dólares. Este año se firmó un acuerdo con la banca internacional, lográndose una reducción de la deuda en alrededor del 20% y una reducción del 50% en el pago de los intereses de la misma. El ministro de CORDIPLAN, Miguel Rodríguez, declaraba que con el canje de la deuda vieja por nuevos instrumentos, realizada el 18 de diciembre, se ponía punto final al problema de la deuda pública externa.

La economía en 1991, según análisis hechos por los economistas asociados Purroy y Espinaza, experimentó un vigoroso crecimiento del 9,2% que aunado al de 1990 de 5,3%, compensó la contracción de 1989. el sector petrolero tuvo alta incidencia en el total de ese crecimiento. La gestión fiscal. Por su parte, cerró con un importante superávit de 75000 millones de bolívares, fruto de las privatizaciones de CANTV y de VIASA, las cuales significaron una entrada de capital en el orden de los 122000 millones de bolívares.

Purroy y Espinaza señalaron que en los 3 primeros años de gobierno la reducción del déficit fiscal se logró por factores no recurrentes y hasta fortuitos: en 1989 fue por la fuerte devaluación y la violenta contracción del gasto; en 1990 el impacto de la guerra del Golfo Pérsico en la comercialización del petróleo y en 1991 el factor fue la privatización. En 1991 el precio del petróleo bajó de 20$ por barril a 16,60$. El ingreso fiscal se vio compensado sin embargo, por el aumento de los volúmenes exportado.

Se produjo una reducción de exportaciones no petroleras, tanto de volúmenes como de precios. La balanza de pagos fue superavitaria gracias a una combinación de factores: tasas de interés positivas, lo que junto a una tasa de cambio revaluada estimuló el ahorro. También concurrieron los préstamos del BID y del BM y la inversión extranjera directa (CANTV y VIASA).

En relación a la traducción de estas cifras macroeconómicas en implicaciones sociales, los economistas antes mencionados pensaban a inicios de 1992, que algunos indicadores mostraban cierta mejoría en la condiciones de vida de la población: la tasa de desempleo abierto había descendido de 10% a 8,8%. La tasa de población empleada en el sector informal de 42,4% a 40,5%; hubo una mejoría en los salarios, el consumo de alimentos repuntó en cerca el 20%.

Sin embargo, en relación a la pobreza, ésta continuo creciendo, según datos de Agroplan C.A. abarcaba un 67,2% de la población, 34,1% en pobreza absoluta. Por ello, pese a lo positivo de las cifras económicas, la población no percibía la mejoría, pues las cargas estaban repartidas inequitativamente. Tampoco lograba conjurarse la extrema dependencia de la actividad económica, y en particular la gestión fiscal, al petróleo, pues seguía paralizada, o con modificaciones contraproducentes, la reforma tributaria, limitando seriamente la expansión del gasto interno neto.

Año 1992: el 4 de febrero y el 27 de noviembre:

En enero de 1992, mientras el gobierno mostraba con satisfacción los logros macroeconómicos expresados en las cifras anteriores, en el país algunos sectores mostraban intranquilidad. En realidad, desde 1989 las manifestaciones, huelgas y brotes de saqueos no habían cesado, debe mencionarse el paro nacional de trabajadores convocado por la CTV en mayo de ese año para expresar el repudio al ‘paquete económico’, o ‘la marcha de los pendejos’ realizada poco después para expresar el rechazo a los actos de corrupción.

En 1990, ante la ola de disturbios que se generaron y el temor del gobierno a desembocar en un nuevo ‘sacudón’, hubo de posponerse hasta agosto el aumento de la gasolina previsto en la Carta de Intención con el FMI. En 1991, ante los anuncios de la modificación del sistema de prestaciones sociales se acentuaron los disturbios y el gobierno se avino a congelar el proyecto de ley. Por otra parte se produjeron varias huelgas significativas, entre ellas las de los trabajadores de CANTV y VIASA. en el segundo semestre del año, las clases de educación básica y diversificada fueron suspendidas durante varias semanas por el exacerbamiento de los disturbios estudiantiles, que ocasionó la muerte de varios estudiantes.

Sin embargo, ninguna de las docenas de manifestaciones y actos de protesta lograron hacer mella en la férrea voluntad del gobierno de cumplir las medidas de ajuste que se había propuesto. A fines del año 1991, CAP informó que se habían cumplido las metas del ‘paquete’ y correspondería, de allí en adelante, el crecimiento económico y la puesta en acción de un vigoroso programa social. Anunció un nuevo y ambicioso proyecto, conocido como ‘El Megaproyecto Social’, consistente en la inversión de millones de dólares concedidos en préstamos por los organismos internacionales, para profundizar programas de ayuda y atención a la infancia, a las madres y a los jóvenes; repotenciación de los sectores sociales más vulnerables a la crisis. No obstante, el programa social llegaba un poco tarde.

El mes de enero de 1992 se inicio con una huelga de maestros, informaciones relativas a la pronta aprobación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el cual era percibido como una amenaza por diversos sectores sociales, y la aprobación del decreto 1911, sobre registro como venezolanos de niños de padres extranjeros, que despertó un desagrado general.

Con este panorama, el presidente Pérez viajó a la ciudad de Davos, Suiza, a inicios de febrero. El objetivo era continuar con su política de promocionar directamente las inversiones extranjeras, concurriendo para ello a esta reunión anual. En la noche entre el 3 y el 4 de febrero, regresando el presidente de este viaje, se produjo un levantamiento militar encabezado por un grupo de oficiales de mediano y bajo rango, conocidos como el grupo ‘comacate’ y dirigidos por los tenientes coroneles Francisco Arias Cárdenas y Hugo Chávez, entre otros, y ejecutado con tropas de los cuarteles de Maracay, Maracaibo y Valencia. Los rebeldes se presentaron en La Casona, residencia oficial, donde intentaron apresarlo, pero CAP ya había sido alertado por el Ministro de la Defensa, y había salido de allí hacia Miraflores. Por consiguiente las acciones se concentraron posteriormente allí.

El presidente, junto al Jefe de la Casa Militar lograron escapar y dirigirse a Venevisión, desde donde se dirigió a la nación a las 2:00 a.m. Informó al país lo que sucedía, solicitó el apoyo popular y dio ordenes a las fuerzas leales para que actuaran y controlaran la situación. La imagen del presidente Pérez, las maniobras, tanto militares como persuasivas realizadas por el ministro de la Defensa, y la equivocación del comandante Hugo Chávez, de no moverse de su centro de comando en el Museo Militar de La Planicie, para personalmente lograr la captura del presidente en Miraflores, han sido esgrimidos como los factores que obraron a favor de Pérez.

En la mañana del 4, Caracas se encontraba de manera mayoritaria controlada por fuerzas leales al gobierno; los rebeldes siguieron resistiendo unas horas más, pero a principios de la tarde, el comandante Hugo Chávez se dirigió por los MCS llamando a sus compañeros a deponer las armas y anunciando su rendición. Pese a fracasar, el golpe del 4f desencadenó un acelerado proceso de debilitamiento del piso político y pérdida de gobernabilidad del gobierno, así como el surgimiento de nuevos actores y acciones que impulsarían cambios drásticos en el devenir político venezolano.

CAP, ante la precariedad con que se encontró por el respaldo popular que obtuvieron los rebeldes y las precisiones que se hicieron desde el Congreso contra el gobierno, decidió rectificar la política de ajuste. Desde entonces también se vio obligado a negociar con los partidos políticos y las FAN con el objeto de mantener el respaldo necesario para seguir gobernando. Y aunque obtuvo poco éxito, algunas de las acciones que se dieron entonces resultarían claves para lograr encauzar la crisis política de 1992 por canales institucionales.

En este orden de ideas destacó la conformación de un Consejo Consultivo con el fin de hacerle al Ejecutivo recomendaciones ante la situación crítica. Dicho Consejo fue presidido por Ramón J. Velásquez y conformado por Pedro P. Aguilar, Ruth de Krivoy, Domingo Maza Zavala, José Melich Orsini, Pedro A. Palma, Pedro Rincón Gutiérrez y Julio Sosa Rodríguez, la mayoría de ellos independientes que habían discrepado de algunas de las políticas del gobierno. A inicios de marzo esta Comisión presentó un documento donde confirmaban que la crisis en Venezuela era global, pero tenía especiales connotaciones en lo económico, social y ético.

El Consejo se pronunció por una reforma constitucional que llenase las expectativas de la población, hizo énfasis en la necesidad de extremar las medidas contra la corrupción, se pronunció por el saneamiento del Poder Judicial y la continuidad del proceso de descentralización. Hizo además un conjunto de consideraciones puntuales, entre las cuales destacaban importantes modificaciones al programa económico; entre ellas: la suspensión de los aumentos de la gasolina hasta tanto no se estableciera un criterio racional que tomara en consideración la condición de país energético que tiene Venezuela; la estabilización de los precios de la ‘cesta básica’ y de las medicinas, así como las tarifas de servicios públicos y la detención de la apertura comercial compulsiva para el sector agropecuario hasta que fuese revisada por los productores y adecuada a las circunstancias y especificidades del país.

La debilidad del gobierno también obligó a Pérez a hacer maniobras con la composición de su gabinete; tres veces se dieron cambios en el mismo, aunque de poca trascendencia, para expresar una voluntad real del gobierno de rectificar su política de ajustes. Así las cosas, el 27 de noviembre se produjo la segunda asonada, esta vez con oficiales de alto rango de todas las fuerzas excepto la GN.

La conspiración tuvo su epicentro en las bases áreas de Aragua, de donde salieron temprano en la mañana varios aviones Bronco con destino a Caracas. Allí bombardearon Miraflores, el Capitolio, la DISIP. Al mismo tiempo, grupos civiles tomaron una estación de televisión, así como el centro que permitía la transmisión a 3 de los 4 principales canales de TV. Se pasó varias veces una alocución del comandante Chávez, llamando el pueblo a la subversión. Los rebeldes fueron rechazados por las fuerzas leales al gobierno, quienes a media mañana, manejando los F-16, salieron en persecución de los Bronco.

Sometidas las fuerzas sublevadas, algunos se entregaron y otros huyeron al Perú. Además hubo saqueos aislados en algunas zonas de la capital, disturbios, así como una masacre en el Retén de Catia, donde murieron más de 60 presos. Como dirigentes de la insurrección estaban el general Francisco Visconti, jefe de logística del Estado Mayor Conjunto, el contralmirante Hernán Grüber Odremán y el contralmirante Luis Cabrera Aguirre.

Año 1993: el 20 de mayo:

Uno de los logros derivados de la sostenida presión para cambios en el ordenamiento político por parte de algunos grupos de la sociedad fue la recomposición de la Corte Suprema de Justicia en 1992. entre los promotores de esta iniciativa se encontraban personalidades reunidas en el llamado ‘Grupo de los Notables’; pero también contó con el apoyo y la movilización de otras personalidades. Con una Corte recompuesta gracias al pase a retiro de algunos magistrados y la sustitución por otros magistrados independientes de los partidos, en marzo de 1993, el fiscal general de la república, Ramón Escovar Salom, solicitó un antejuicio de mérito a CAP por malversación de fondos públicos por el orden de los 250 millones de bolívares de la partida secreta.

También consideró el fiscal que existía responsabilidad penal para los ex ministros Alejandro Izaguirre y Reinaldo Figueredo. El Tribunal de Sustanciación de la CSJ, admitió la petición y reabrió el caso, que había sido declarado improcedente en febrero de ese año, cuando La Causa R demandó. La ponencia fue encomendada al presidente de la CSJ, Gonzalo Rodríguez Corro. El 5 de mayo algunos diarios recogían el rumor de que la ponencia sería desfavorable a CAP y que este renunciaría. Es de destacar que por esos días, una comisión del Congreso estaba terminando su informe donde también encontraba responsabilidades de Pérez, junto con otros altos funcionarios de sus gobierno, por un fraude a la Nación por el orden de los 10 millones de dólares.

Planteada la posibilidad de que el presidente pudiese ser sometido a juicio, la zozobra del país adquirió ribetes dramáticos. El 20 de mayo, buena parte del país paralizó sus actividades con el fin de escuchar la sentencia de la CSJ. A tempranas horas de la tarde, actuando como vocero de la misma, Rodríguez Corro declaró con lugar la solicitud de antejuicio intentada el pasado 11 de marzo por el fiscal contra el presidente y sus ex ministros. El senado se reunió al día siguiente y por unanimidad autorizó el juicio, asumiendo a continuación la presidencia del país, de manera provisional el presidente del Congreso, Octavio Lepage. Poco después resultó electo para culminar el mandato Ramón J. Velásquez, quien tomó posesión el 5 de junio.

Otros aspectos significativos: el proceso de descentralización:

En los últimos meses del gobierno de Jaime Lusinchi y los primeros de este gobierno fue aprobado un conjunto de reformas políticas que iniciaron el proceso de descentralización política-administrativa del país. En diciembre de 1989 y en diciembre de 1992 tuvieron lugar los 2 primeros procesos electorales para la escogencia de gobernadores de estado y alcaldes. La difícil situación social y política de estos años afectó los resultados de ambos comicios, sobre todo a nivel regional, constituyéndose esas elecciones como forma de expresar el repudio al gobierno de CAP.

En 1989, Acción Democrática perdió 9 de las 20 gobernaciones que controlaba; en 1992 perdió 14 de las 22 en disputa. También las primeras elecciones de gobernadores y alcaldes comenzaron a expresar los nuevos desarrollos políticos regionales y locales: la emergencia de un nuevo tipo de liderazgo de arraigo regional o local, el surgimiento de organizaciones políticas alternativas a las tradicionales AD y COPEI, y el ejercicio del poder en manos distintas a las que venían gobernando el país desde 1958.

Relaciones Exteriores:

CAP reorientó las relaciones exteriores de acuerdo con el nuevo orden político mundial establecido tras el cese de la confrontación Este-Oeste. Casi desde el inicio de su gestión, Pérez emprendió una serie de visitas oficiales a Estados Unidos, Tobago, Hungría, Bolivia, Argentina, Uruguay, Surinam, Costa Rica, Colombia, Chile, Brasil, Ecuador, Nicaragua, Honduras, Italia, España, Perú, Haití, Guyana, Jamaica, Belice, El Salvador, Guatemala, Bélgica, Reino de los Países Bajos, Francia, República Federal de Alemania, Saint Kitts-Nevis, México y Dominica.

Pese a este esfuerzo diplomático, la cancillería de Pérez verá truncadas las posibilidades de llevar adelante los lineamientos de su política exterior, traducida al papel en nuevo enfoque de la integración latinoamericana, el fortalecimiento de la diplomacia comercial, la cooperación Sur-Sur, y el diálogo Norte-Sur.

Capítulo 8

RAMÓN JOSÉ VELÁSQUEZ

5/6/1993 – 2/2/1994

Gobierno formado con el propósito de completar el período constitucional 1989-1994, luego que el 20 de mayo de 1993 el Congreso de la República, a solicitud de la Corte Suprema de Justicia, suspendiera a Carlos Andrés Pérez de su cargo de Presidente de la República. La juramentación del nuevo presidente tuvo lugar el 5 de junio y con ese acto se completó un proceso absolutamente desconocido en la historia republicana de Venezuela: el de la interrupción del mandato de un gobernante electo por votación universal, directa y secreta para ser sometido a un proceso judicial y su sustitución por un nuevo jefe de Estado resultante de una elección parlamentaria.

El gobierno de Ramón J. Velásquez se desenvolvió en circunstancias de grave crisis general del país, cubriendo los 8 meses finales de un quinquenio en cuyo curso se produjo un acentuado deterioro de la economía nacional y de las condiciones de vida de los ciudadanos, un incremento notable de la inseguridad personal por el auge de la delincuencia, un aumento igualmente notable de la corrupción y 3 hechos resultantes de esa situación: el estallido social iniciado el 27 de febrero de 1989 y los alzamientos militares del 4 de febrero y del 27 de noviembre de 1992.

Dentro de ese cuadro crítico, la suspensión de Pérez y la asunción a la presidencia de Velásquez, fueron apreciadas en general como un logro del país ante quienes hacían un manejo incorrecto de la función pública, dando lugar a la atenuación de las tensiones sociales y generando expectativas de cambio en diversos sectores de la población. En relación con este último aspecto, Velásquez fue enfático al señalar en el acto de su juramentación (y en muchas oportunidades posteriores) que el lapso de su mandato era muy breve y, por tanto no cabía pensar en acciones de fondo para atacar los serios problemas del país, y que se planteaba como propósitos esenciales, por una parte, llevar a Venezuela a la cabal realización de las elecciones convocadas para el 5 de diciembre de 1993 con el objeto de escoger al presidente de la República y los senadores y diputados, y por otra, trabajar por la concertación de un gran acuerdo nacional que sentara las bases para la solución de la crisis a partir del nuevo período constitucional 1994-1999.

El primero de dichos propósitos fue logrado no obstante las dificultades que se mencionarán más adelante, el 5/12/1993 fue electo Rafael Caldera como presidente de la República, de igual manera la conformación del Congreso varió considerablemente con respecto a los períodos que precedieron a esta elección. En cuanto al gran acuerdo nacional, este propósito no puedo ser concretado. Se trataba de coordinar planes y establecer normas para una acción coherente frente a la crisis económica entre gobierno, empresarios, trabajadores y la sociedad civil. Entre el 15 de junio y el 30 de noviembre se celebraron en el Palacio de Miraflores numerosas reuniones con diversos sectores de la economía nacional, grupos representativos de la Iglesia, universidades, etc., mostrando todos receptividad y apoyo a la consecución del acuerdo, pero este proyecto fracasó frente a la reticencia de figuras y organizaciones políticas cuya adhesión era indispensable.

En rigor, junto a la brevedad del lapso de gestión que correspondió a este gobierno, otros factores contribuyeron a limitar su capacidad de acción y aun a crearle trabas. Uno de esos factores fue precisamente la carencia de respaldo político sólido, ya que los partidos más importantes durante aquel lapso, luego de promover la designación de Velásquez por el Congreso, no aceptaron formar parte de su equipo de gobierno y, por ende, no asumieron responsabilidad respecto a la actuación de éste, el cual quedó integrado por personalidades políticamente independientes.

Otro factor, vinculado al anterior, fue el de la dualidad de poderes que de hecho existió hasta el 15 de agosto de 1993, fecha en la cual la CSJ determinó definitivamente que sí había méritos suficientes para someter a CAP a juicio, ya que éste continuo influyendo en el gobierno, no obstante encontrarse suspendido, y con el visto bueno de importantes grupos de su partido. Un tercer factor fue la brevedad del período de gobierno, ya que después del 5 de diciembre, una vez electo presidente Rafael Caldera y faltando apenas 2 meses para que este tomará posesión, al gobierno sólo le quedó la alternativa de preparar la transmisión de mando con las comisiones de enlace del nuevo mandatario.

A pesar de los factores señalados, el gobierno de Velásquez realizó diversas acciones y alcanzó varios logros fundamentales. Uno de los más significativos se produjo en el área de la descentralización política y administrativa. En efecto, por considerar que dicha descentralización es fundamental para asegurar el armónico desarrollo de las regiones, y tomando en cuenta que después de la promulgación de las leyes para la elección directa de los gobernadores de los estados y referente a la transferencia de atribuciones del poder nacional al de los estados, no se había legislado sobre la materia; el 7 de junio el presidente Velásquez decretó la creación del Ministerio de Estado para la Descentralización. Una de las atribuciones principales del nuevo despacho fue poner en ejecución las dos leyes citadas y reglamentarlas con el objeto de convertir el proceso descentralizador en una política respecto a cuya ejecución el gobierno nacional y la Administración Pública estuvieran permanentemente comprometidos.

El ministerio creó los mecanismos necesarios para la realización de esos propósitos, y en tal sentido, fundó el Consejo Territorial de Gobierno que integraron el presidente de la República, los ministros y gobernadores, convirtiéndolo además en un organismo permanente en busca de soluciones comunes de gobierno; estableció el Consejo Nacional de Alcaldes y también el Consejo de Alcaldes de los Municipios del Área Metropolitana y realizó los primeros convenios de transferencia de competencia concurrentes con los estados Bolívar, Aragua, Carabobo y Anzoátegui.

En ejecución de la Ley Habilitante que le había sido otorgada por el Congreso Nacional el 23 de agosto, en la cual se autorizaba al presidente a dictar Decretos-Ley en materias fiscal y económica para paliar los efectos de la crisis que atravesaba Venezuela desde 1989; estos decretos-ley vendrían a legislar materias que estaban engavetadas en el Congreso desde 1989. Una de los Decretos-Ley dictados por el gobierno fue el Decreto-Ley No. 3265 del 25 de noviembre de 1993, que estableció los mecanismos de participación de los estados y municipios en el impuesto al valor agregado (IVA) y creó el Fondo Intergubernamental para la Descentralización (FIDES) que es el organismo receptor de esos recursos del Tesoro Nacional para luego destinarlos a estados y municipios a fin de financiar las transferencias efectivas de competencias.

Los Decretos –Ley dictados fueron los siguientes:

1. Establecimiento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y un impuesto a los activos empresariales como medio de diversificar y fortalecer el sistema tributario;
2. la reforma de Ley de Timbre Fiscal;
3. la Ley de Arancel Judicial;
4. la reforma a la Ley de Impuesto sobre la Renta (ISLR) para crear una estructura tributaria dirigida a las empresas petroleras establecidas en el país mediante convenios de asociación;
5. la Ley General de Bancos y otros institutos financieros;
6. las reformas a las leyes del Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo, la Ley de Política Habitacional y la Ley de Deudor Hipotecario.

En materia Internacional, el gobierno mantuvo una intensa actividad en el campo de la Integración Latinoamericana y se hizo presente en las reuniones del Pacto Andino, del Grupo de los tres (G-3) y en el acuerdo celebrado entre las Naciones del Caribe (CARICOM) y G-3. Junto a los problemas políticos que afrontó y logros diversos que obtuvo, el gobierno debió actuar frente a una situación muy especial que agravó notoriamente el cuadro general del país: el colapso del sistema financiero venezolano, básicamente generado por el manejo irregular por parte de algunos banqueros dieron a los fondos depositados en las instituciones que dirigían. Como hecho más relevante dentro de la situación mencionada, en enero de 1994 el gobierno intervino el Banco Latino, institución acusada de incurrir en delito en detrimento de sus depositantes y en otras violaciones a las leyes.

Tuvo lugar de igual manera otro hecho que conmocionó a la opinión pública, lo cual fue la ola de atentados con bombas en distintos sitios públicos de Caracas, los cuales fueron cometidos por personas que buscaban beneficios económicos y no políticos. Otro hecho singular fue el Narcoindulto concedido por Velásquez, el cual fue firmado por su secretaria privada, lo que trajo respectivas investigaciones judiciales a otro presidente, sin llegar a mayores consecuencias.

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