Principios del sistema económico venezolano (página 2)

En el preámbulo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) quedaron sentados los motivos o propósitos que orientaron a los constituyentes para establecer los principios fundamentales organizativos del Estado y del sistema político venezolano; es decir, se establecieron claramente las características que definen el Estado venezolano, los valores de la Sociedad Política y los fines sociales que debe perseguir el Estado en orden a garantizar los derechos humanos que, en el se consagran como esenciales. En el mismo se indica que somos "un Estado de Justicia Federal y Descentralizado" destacándose el valor de la justicia, de manera que más que un Estado sometido al derecho, se configura un Estado sometido a la justicia. También se plasmaron los siguientes valores: libertad, independencia, paz, solidaridad, bien común, integridad, convivencia y el imperio de la ley. Valores estos que deben orientar el texto Constitucional en procura de alcanzar los derechos humanos esenciales.

Esta descripción expresada en el preámbulo constitucional, en el marco del enfoque propuesto por Rawls, constituiría lo que a su modo de ver son las estructuras básicas de la sociedad, de manera que siguiendo al autor mencionado, el momento de la sanción y promulgación del texto Constitucional de 1999 sería, lo que él denomina "la posición original", es decir, la situación en la cual los individuos para organizarse como sociedad eligen y ordenan los valores que en definitiva permitirán la configuración, mediante la producción de reglas públicas, de la estructura básica institucional de esa sociedad.

Hechas estas consideraciones pasaremos a identificar en el texto de la Constitución de 1999 la manera como en su articulado se concibieron y pretendieron desarrollar las bases fundamentales contenidas en el preámbulo de la misma o que contribuyeran a la configuración del orden socio económico.

El Nuevo Pacto Constitucional: La Estructura Básica y el Orden Socio-Económico en el articulado de la Constitución de 1999

Está claro que los valores superiores que informaron el ordenamiento jurídico positivo venezolano tienen su origen en el preámbulo constitucional y resultan fortalecidos en los artículos 1º, 2º y 3º de la Constitución. En dichas disposiciones se consagran los valores sobre los cuales la República se fundamenta, y se definen la configuración del Estado y sus fines esenciales.

El artículo primero de la Constitución Bolivariana de Venezuela (1999) establece los valores superiores de la República que constituyen las bases éticas en las cuales se fundamenta la misma: Libertad, igualdad, justicia y paz internacional. El texto constitucional define al Estado como "Democrático y Social, de Derecho y de Justicia" (Artículo 2).

El Estado como tal, se declara Estado democrático, de derecho y de justicia. Esto conduce a que el Estado tenga que asumir obligaciones sociales, que persiga como su finalidad primordial el logro de la justicia social, y en consecuencia, se estructura al Estado como un Estado prestacional, cuya intervención es importante en la actividad económica y social, y que en definitiva, asume frente a los individuos la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución.

Asimismo, el texto constitucional, declara como fines económicos sociales del Estado, los cuales se lograrán a través de la educación del trabajo los siguientes:

– La defensa y el desarrollo de las personas.

– Garantía de cumplimiento de los principios, derechos y deberes.

– Construcción de una sociedad justa y amante de la paz.

– Promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo.

– Fomento del empleo (Artículo 87 C.R.B.V.)

– Todos estos fines deben lograrse a través de la educación y del trabajo, concebidos en el texto constitucional como derechos y deberes a la vez. Se enumeran en la constitución los principios sustentadores del estado federal: Integridad, territorialidad, cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad (Artículo 4 C.R.B.V.).

Como afirmamos anteriormente, que uno de los principales dilemas era establecer un Estado Federal con amplio margen de descentralización, es por ello que el Artículo 4to. del texto constitucional establece los principios que rigen el Estado Federal descentralizado: cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad. Es menester aclarar que el Estado venezolano no solamente se obliga a garantizar los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, sino que además contempla un régimen general de los derechos humanos que ordena que el contenido de los Tratados y Acuerdos Internacionales suscritos por la República, relativos a aquellos derechos mencionados, deben aplicarse y garantizarse conforme al principio de progresividad y no discriminación, admitiéndose la aplicación del principio de la Cláusula Abierta de los Derechos Humanos (Artículo 22 C.R.B.V.). En efecto, no puede dejar de hacerse referencia a los principios básicos atinentes al régimen general de los derechos humanos. Es menester destacarlos en todo y en cuanto ellos posibilitan, apuntalan y en ocasiones amplían bastamente la búsqueda o la posibilidad efectiva de concreción de la justicia social.

El Sistema Económico Constitucional

En cuanto al sistema económico constitucional propiamente dicho, éste se define formalmente como una economía social de mercado, basada en la libertad económica y la iniciativa privada pero, que en todo caso debe funcionar conforme a la justicia social y que, en consecuencia, requiere de la intervención del Estado. Esta relación constitucional entre mercado y justicia social resulta determinante al momento de elegir los principios básicos del sistema económico.

En este punto, siguiendo a Rawls, podríamos decir que constitucionalmente nos encontramos ante el enunciado de los valores que sustentan las estructuras básicas del orden socio-económico venezolano y que surgieron del momento original, es decir, de la Constituyente. Conviene mencionar que el listado de estos valores arranca precisamente del punto que nos ocupa de la justicia social y, que además de este principio mencionado son: Democratización, eficiencia, libre competencia, protección del ambiente, productividad, seguridad social y solidaridad.

En resumen, el sistema económico venezolano tiene como fundamento la libertad económica, la iniciativa privada y la libre competencia. Más, al lado de los particulares que intervienen en el orden económico, el texto constitucional establece una fuerte y marcada presencia del Estado en la economía, en tres papeles o roles fundamentales: Como promotor del desarrollo económico, como regulador de la actividad económica y como planificador de ésta, pero; en este caso previendo que en este último rol cuente con la participación civil.

Estos roles que hemos mencionado delimitan lo que puede denominarse el régimen constitucional de la intervención el Estado en la economía.

El Estado en su rol de promotor de la economía debe fomentar y ordenar ésta para asegurar su desarrollo. Esta obligación de promocionar el desarrollo (Artículo 29 C.R.B.V.) en definitiva persigue como finalidad última, la realización de la justa distribución de las riquezas. Al lado de esta finalidad tan importante, el texto constitucional a lo largo de su contenido dispone que bajo este mismo rol de promotor, al Estado le compete acometer otras políticas tales como:

– Promoción de la iniciativa privada (Artículo 112 C.R.B.V)

– Promoción de la agricultura para la seguridad alimentaría (Artículo 305 C.R.B.V.)

– Promoción de la industria (Artículo 302 C.R.B.V.)

– Promoción del desarrollo rural integral (Artículo 306 C.R.B.V.)

– Promoción de la pequeña y mediana industria (Artículo 308 C.R.B.V.)

– Promoción de la artesanía popular (Artículo 309 C.R.B.V.)

– Promoción del turismo (Artículo 310 C.R.B.V.)

En el rol del Estado como ente regulador, en líneas generales, el texto constitucional contiene una serie de dispositivos normativos, cuyos objetivos claramente definidos se encaminan a la protección por una parte, de los consumidores, al establecimiento de reglas del ejercicio de las libertades económicas por los particulares, y por la otra, a la debida tutela del interés público. Como ente regulador el Estado debe acometer las siguientes iniciativas:

– Prohibición de los monopolios (Artículo 97 C.R.B.V.)

– Establecimiento de un régimen de concesiones estatales (Artículo 113 C.R.B.V.)

– Régimen de protección a los consumidores (Artículo 117 C.R.B.V.)

– Régimen de política comercial (Artículo 301 C.R.B.V.)

– Régimen de los ilícitos económicos (Artículo 114 C.R.B.V.)

– Y por último en el rol del Estado como Planificador, en conjunción con la iniciativa privada, le corresponde formular una planificación estratégica, democrática y de consulta abierta (Artículo 112 y 299 C.R.B.V.).

Además de los tres roles antes mencionados, la Constitución reconoce y declara a un Estado Empresario, al admitir la creación de empresas estatales (Artículo 300 C.R.B.V.), la reserva estatal de la explotación de la industria petrolera (Artículo 302 C.R.B.V.) y al prever la posibilidad de que el Estado se reserve otras actividades de interés público o de carácter estratégico (Artículo 302 C.R.B.V.).

En cuanto a la gestión fiscal propiamente dicha, la Constitución también enuncia ciertos principios sustentadores de la misma (Artículo 311 C.R.B.V.) a saber: eficiencia, solvencia, transparencia, responsabilidad y equilibrio fiscal.

Es claro que, como se ha referido en el Artículo 299 de la Constitución nos encontramos con los principios básicos que conforman el Sistema Económico Constitucional. Desde este punto estamos frente a una ética y la tributación economía social de mercado que admite la libertad económica y la iniciativa privada, pero que al mismo tiempo nos plantea una presencia importante de la intervención del Estado. Dicho sistema se fundamenta en una serie de valores, mediante los cuales se presume, deba construirse un sistema de economía que en definitiva permita realizar la justicia social. Estos principios son los siguientes: Democratización, eficiencia, libre competencia, protección del ambiente, productividad, solidaridad y justicia social. Es decir, que el sistema económico resumiendo, tiene como fundamento la libertad económica, la iniciativa privada, la libre competencia, la presencia de un Estado que debe actuar como promotor del desarrollo económico, como regulador de la actividad económica y como planificador con la participación de la Sociedad Civil, además de tener un importante papel como empresario.

El Régimen Fiscal y los principios de la Gestión Fiscal en la Constitución de 1999. El artículo 316 de la Constitución de 1999. Un conflicto permanente

La disposición constitucional citada, forzosamente nos obliga a ponderar dos principios del sistema tributario de gran importancia pero muy difícilmente conciliables: La justicia tributaria y la eficiencia del sistema tributario. En efecto la misma expresa: "El sistema tributario procurará la justa distribución de las cargas públicas según la capacidad económica del o la contribuyente, atendiendo al principio de progresividad, así como la protección de la economía nacional y la elevación del nivel de vida de la población, y se sustentará para ello en un sistema eficiente para la recaudación de los tributos" (Artículo 316 C.R.B.V).

Buchanan (1999), en un interesante artículo sobre los límites éticos de la tributación, hace aplicación del esquema construido por Rawls, y llega a la conclusión de que los Estados deben tener principios, normas e instituciones que establezcan "techos" al ejercicio de la potestad tributaria, como hemos referido con anterioridad, ya que de lo contrario pueden ejercer su libertad igual de separarse, ya que quienes integran ese Estado, desde el punto de vista político-territorial pudieran ejercer la libertad de separarse. La colectividad no puede justificar éticamente una alícuota sobre el valor del producto "… por encima del nivel de tributación que animaría a cualquier subconjunto de miembros de la comunidad a concebir sus propias políticas interdependientes".

Indudablemente, no puede desconocerse la existencia de un sistema que procure al Estado los recursos suficientes para atender el gasto público. Resulta, así mismo incuestionable, que la realidad (social, cultural-política, económica) tenga un enorme peso sobre las decisiones que deban tomarse en el plano de la tributación.

Más aún, no podemos desconocer el impacto que dichas decisiones tienen sobre la vida cotidiana de los ciudadanos. El efecto político de las decisiones que el Estado toma en esta materia, necesariamente debe plantear una discusión profunda sobre el contenido ético de las decisiones que se toman.

Es interesante llamar a la reflexión sobre el hecho de que en la última década en Venezuela han habido cambios en las leyes tributarias, básicamente determinadas por la necesidad inminente del Estado de proveerse de recursos para financiar la gestión fiscal, quebrantar la dependencia de sus presupuestos del ingreso petrolero y superar la tendencia, creciente y sostenida, al déficit fiscal. Pero en estas reformas no se ha entrado a considerar las cuestiones éticas que se han tenido en consideración en el presente trabajo, sin embargo comienzan a darse algunos atisbos que pretenden o proponen el establecimiento de un proceso crítico en relación al tema que se ha tratado en este documento.

Jurisprudencia

En fecha 19-05-2003, el Tribunal Supremo de Justicia ha declarado la inaplicación del Impuesto al Valor Agregado a los Servicios médicos-asistenciales, odontológicos, de cirugía y hospitalización, prestados por entes privados establecidos en la Ley de Reforma Parcial de la Ley que establece el Impuesto al Valor Agregado publicada en la Gaceta Oficial Nº 506 Extraordinaria, del 26-08-2002 y reimpresa por error material en la Gaceta Oficial Nº 5061 Extraordinaria del 30-08-2002. Dicha inaplicación se hará efectiva a partir del primero de enero del 2003, esta decisión fue el resultado de una acción de amparo interpuesta por el Colegio de Médicos del Distrito Metropolitano de Caracas, en tanto que señaló el Presidente de la Sala, que "el acto normativo accionado al gravar los servicios médicos-asistenciales, odontológicos, de cirugía y hospitalización de carácter privado con un impuesto al valor agregado, afecta a un considerable sector de la población que acude a los mismos por no existir un servicio público que los preste de forma eficiente, y su concreción a través de la norma, constituye una amenaza inminente de daño real al derecho y garantía a la salud, estableciendo al propio tiempo una evidente desigualdad entre las personas que acuden a requerir tales servicios a entidades públicas y los que se ven constreñidos, por ineficiencia de aquellos, a acudir a servicios privados, debido a la carencia u omisión por parte del Estado de cumplir las obligaciones contenidas en los artículos 83, 84, 85, 86 y 117 constitucionales". El Presidente de la Sala agregó que la situación planteada supone una amenaza inminente de lesión al derecho a la igualdad y a la no discriminación ante la ley, "la cual se hace mas patente, cuando en virtud de lo cuantioso de la contraprestación que originan los servicios medico-asistenciales, odontológicos, de cirugía y hospitalización provistos por el prestador privado, dada la inexistencia práctica del sistema de seguridad social en nuestro país, adicionalmente pudieran generarse situaciones en la que los particulares no puedan acceder al sistema privado de prestación de salud por la imposibilidad de cancelar un tributo, cuestión que esta Sala juzga inaceptable dentro de un modelo constitucional que enmarca el texto fundamental" (Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, Ponencia del Magistrado Antonio García García).

Además de esto otros órganos del poder público nacional, concretamente la Asamblea Nacional están considerando o discutiendo la posibilidad de excluir de la aplicación de dicho impuesto mencionado a los productos cárnicos y otros artículos que integran la cesta de consumo básico de la población.

Ello demuestra, de alguna manera el reconocimiento por parte de órganos significativos del Estado de los principios doctrinarios constitucionales a los que hemos hecho alusión en el presente trabajo, los cuales de alguna manera y de acuerdo como se vayan explicitando en el proceso legislativo y jurisprudencial contribuirán a sustentar nuestra reflexión.

Ciertamente, es imposible desconocer la necesidad de los Estados, Municipios, y la República de procurarse por medio del ejercicio de su potestad tributaria los recursos necesarios y suficientes para financiar su gestión presupuestaria.

No obstante, tampoco puede desconocerse el hecho de que el desempeño de dicha facultad o cualidad debe estar sujeta a determinadas limitaciones constitucionales, legales y como se ha reflexionado en el presente documento éticos, indudablemente vinculadas con el ejercicio de la justicia tributaria, ya reconocidas a través del ejercicio jurisprudencial como se ha indicado en el texto del presente trabajo, las cuales no han dejado de ser motivo de discusión en el plano teórico académico y jurisprudencial.

La Constitución de un país declara, la estructura de valores que lo informan, establece desde su preámbulo, las bases del Sistema Hacendístico y Tributario, que en parte expresa las bases sobre las cuales se sustenta y contribuyen al momento original de la construcción de la estructura básica de la Sociedad. En todo caso, en el marco de nuestro análisis, significa que establecen los principios que orientan el orden socioeconómico en un momento y país determinado. El equilibrio entre el orden socio-económico constitucional y los principios que soportan el sistema tributario, devienen determinados de la voluntad que constituye el momento básico fundamental de configuración que determina el esquema de sociedad que se pretende realizar en un momento determinado.

La manera como esa sociedad logre que ese pacto social, dibujado en su Constitución se exprese y se haga efectivo en el plano real, depende en primer lugar de el diseño de políticas adecuadas, de instituciones claramente definidas, de instrumentos normativos que expresen las políticas diseñadas y adecuadas al pacto constitucional constituyente (momento original) y que permitan, posibiliten y fomenten por una parte la participación ciudadana de manera que en última instancia es muy importante el ejercicio ciudadano que reclame, mediante los mecanismos e instancias constitucional y legalmente establecidos, el cumplimiento de los valores pautados en el momento original y por la otra la concretización e implementación de un esquema claro y eficiente de las finanzas públicas en sus dos planos, tanto en cómo el Estado se procura los recursos para financiar, así como la forma en que los utiliza para realizar en la práctica el gasto público, y que procure en definitiva cada vez más la igualdad en la participación de las oportunidades y decisiones en la gestión pública a los ciudadanos que en definitiva permitan fundamentalmente el ejercicio democrático y por tanto, la construcción del modelo establecido en la Constitución.

¿Qué es la democracia?

Democracia es una forma de organización de grupos de personas, cuya característica predominante es que la titularidad del poder reside en la totalidad de sus miembros, haciendo que la toma de decisiones responda a la voluntad colectiva de los miembros del grupo.

En sentido estricto la democracia es una forma de gobierno, de organización del Estado, en la cual las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de participación directa o indirecta que le confieren legitimidad a los representantes. En sentido amplio, democracia es una forma de convivencia social en la que los miembros son libres e iguales y las relaciones sociales se establecen de acuerdo a mecanismos contractuales.

La democracia se define también a partir de la clásica clasificación de las formas de gobierno realizada por Platón primero y Aristóteles después, en tres tipos básicos: monarquía (gobierno de uno), aristocracia (gobierno "de los pocos" para Platón), democracia (gobierno de la multitud para Platón y "de los más", para Aristóteles).

Hay democracia directa cuando la decisión es adoptada directamente por los miembros del pueblo. Hay democracia indirecta o representativa cuando la decisión es adoptada por personas reconocidas por el pueblo como sus representantes. Por último, hay democracia participativa cuando se aplica un modelo político que facilita a los ciudadanos su capacidad de asociarse y organizarse de tal modo que puedan ejercer una influencia directa en las decisiones públicas o cuando se facilita a la ciudadanía amplios mecanismos plebiscitarios. Estas tres formas no son excluyentes y suelen integrarse como mecanismos complementarios.

El modelo del ejercicio político implícito en la construcción del SSXXI es la democracia revolucionaria. Esto es el modo de ejercer los derechos ciudadanos, consagrados en la Constitución Bolivariana, para dirigir la sociedad con base en el cambio de estructura que lo sustentan sus tres postulados fundamentales: (I) el bien común (cambio en las relaciones sociales), (II) la participación directa (cambio en las relaciones de poder) y (III) la producción social (cambio en las relaciones de producción). La democracia revolucionaria es diametralmente opuesta a la democracia representativa, pero es sinónimo de democracia directa. Busca la democracia revolucionaria establecer el poder popular que es en última instancia la razón de ser del proceso revolucionario. El poder popular se basa en la transferencia de la toma de decisiones al pueblo organizado.

Cuando el pueblo de manera consciente, estructurado en unidades socialistas planificadas y siguiendo las metas que trazan los proyectos para la emancipación soberana del colectivo, se asciende a un nuevo estadio en la evolución de la sociedad. Esta acción se traduce en participación directa lo que significa que la dirección del gobierno, las líneas maestras (tácticas y estratégicas) que definen el rumbo de la República y la concepción filosófica del ser para el ejercicio político, lo determina el mismo pueblo sin la intermediación de entes colaterales o de intermediación. Esencia, pues, de la democracia directa. Nada fácil de alcanzar, pero es la lucha que libra hoy el Proceso Revolucionario.

La democracia directa o democracia revolucionaria, que para mi es lo mismo, requiere de consciencia, capacidad de asimilación, voluntad y constancia del colectivo revolucionario para poder sustituir la cultura representativa arraigada en nuestro pueblo. Lo representativo se traduce en clientelismo, pragmatismo y consumismo atado al ejercicio del poder de las cúpulas. Es por lo tanto exclusión, sectarismo, cogollismo y pragmatismo corruptor. Por ser usufructuaria, la representación niega la participación de la gran mayoría, generando su alienación, lo que se traduce en la pérdida de la consciencia crítica. Es, en última instancia, la contrarrevolución, ya que no busca el cambio de estructura de la sociedad, sino por el contrario aferrarse a la manutención estructural. Su práctica es la sustitución de los hombres o mujeres que administran o dirigen el aparato del Estado y de las instancias de mando de la sociedad, pero sin cambiar la estructura social.

El Proceso Revolucionario, cuya meta es la consolidación de la revolución, sí tiene que buscar el cambio de estructura. Si no lo busca y, por lo tanto, no lo alcanza entonces no es revolución. Es sencillamente continuar con la representación y el sostenimiento de la cúpula como ente de dirección. De allí que la democracia revolucionaria como sinónimo de democracia directa y medio para la práctica del Socialismo, tiene por fin el establecimiento del poder popular. Debemos saber que el poder popular, concepto usado como muletilla propagandística y el cual no es lema ni debemos abusar de su empleo emulando a quienes lo minimizan; decía, el poder popular es el ejercicio directo del pueblo organizado que se deriva de la acción colectiva, consciente y planificada, para dirigir la República sin operadores políticos.

Entonces, dada la importancia de digerir estos conceptos y actuar, tenemos como responsabilidad primaria estudiarlos y asimilarlos para hacerlos parte de nuestra cotidianidad cognitiva. Debemos adquirir el hábito de la lectura, del análisis minucioso sostenido por medio de la relación de datos y hechos observables. Debemos cosechar un pensamiento sólido producto de nuestra capacidad de discernimiento y de la suma de juicios propios. Es una obligación del líder de grupos y comunidades, así como un compromiso con nosotros mismos, asimilar la nueva conceptualización que nos trae la búsqueda revolucionaria para cambiar la estructura social. Los Círculos de Estudio y Trabajo recientemente lanzados a la luz pública como esencia del motor Moral y luces tienen que alcanzar esta meta. Si el esfuerzo que hace el Ejecutivo no se asume con disciplina y por lo tanto no se crean estos Círculos no podrá establecerse la democracia revolucionaria. Sin esperar más instrucciones ni convocatoria de líder alguno, hay que materializar lo que indica el Presidente: los Círculos de Estudio. Esta es la vía para sembrar la democracia revolucionaria.

Poder Popular

El poder popular es una propuesta para la construcción del socialismo marxista o del socialismo democrático mediante un modelo de democracia participativa y protagónica en la que se sustentaría la organización del Estado socialista.

Se basa en la voluntad general (soberanía popular) y consiste en dos ejercicios, el directo y el indirecto:

• El primero es la transferencia de competencias desde el gobierno a la comunidad organizada en consejos locales electos en asambleas populares.

• El segundo es a través del sufragio, tanto para la elección de representantes a las distintas instancias del poder popular, como para la toma de decisiones trascendentales en los diversos tipos de referéndum disponibles en cada legislación nacional.

Las instancias del Poder Popular

Las asambleas de ciudadanos se multiplican en todo el país y van especializándose en función de la agenda política que estructuran, que tocan elementos locales, pero además sectoriales, regionales, nacionales y de política de Estado, se analiza el aspecto global de la lucha que nos une y nos funde con un proceso mundial que se gesta como respuesta y propuesta contra el neoliberalismo globalizador y se realizan amagos de concretar mayores niveles que transformen esta experiencia política en un verdadero Poder Popular. Este nuevo Estado, pasa por definir las funciones del Poder Popular para el ejercicio del poder emergente: funciones de control social sobre la gestión formal de los poderes constituidos, funciones de planificación que obliguen a los actores formales del proceso a estimar áreas de acción social, política y económica vista desde la perspectiva popular. Funciones en el orden de la iniciativa legislativa que actualice el marco normativo en función de profundizar el proceso e impida a la reacción retrotraer los avances alcanzados en materia de leyes.

La construcción del Poder Popular

Es importante aceptar la condición revolucionaria del gobierno, o de los conductores fundamentales del gobierno (aún con los errores que se hayan cometido), porque caso contrario podríamos derivar en posiciones como las de Bandera Rosa u otras parecidas, de esos extremos que se tocan. Este es un presupuesto básico a considerar en un análisis que apunte a buscar salidas a la insuficiencia del desarrollo y reconocimiento del poder popular.

Las fórmulas que se han intentado para optimizar la participación popular han sido de corte ejecutivo, direccionadas de arriba hacia abajo, apuntan a favorecer (aunque no sea esa su intención) estructuras de partidos, llámense MVR, PPT, PCV, MBR-200, Comando Político de la Revolución, Polo Patriótico, Partido Único y así por el estilo. La única experiencia distinta, y por eso la más exitosa, la constituyen los Círculos Bolivarianos, sobre los cuales no existe un control de mediación, aunque todavía no han pasado a un estadio mayor de coordinación y generación de políticas de orden macro.

Por otro lado, las organizaciones populares debaten mucho sobre cómo resolver la coordinación de acciones sin perder autonomía y sin caer en los vicios que se le critican a los partidos, la burocratización de sus cuadros, el secuestro de los poderes y el uso utilitarista de sus proyectos y esfuerzos comunitarios. La organización popular busca formas de eliminar las mediaciones y generar respuestas políticas democráticas, de la nueva democracia. Las asambleas populares discuten situaciones locales, pero poco a poco han derivado el debate a cuestiones de poder, cuestiones de Estado. En este ejercicio reconocen sus a aliados y a sus enemigos y se validan los liderazgos que sirven mejor a esta política, a la socialización de la política.

De esta experiencia asamblearia han nacido propuestas de gobierno popular, de las cuales recogemos algunas, tratando de hacer una síntesis que nos permita elaborar un plan, una agenda y las acciones correspondientes al desarrollo de estas propuestas.

El papel del Estado venezolano en la economía

La idea de un Estado no interventor en la economía se ha establecido como principio neoliberal, pues bajo éste enfoque sólo debe centrarse en servir de regulador para que el mercado actúe "según el libre juego de la oferta y la demanda". Sin embargo, ha sido comprobado empíricamente que algunos mercados especialmente los de países menos desarrollados, no funcionan eficientemente (esquema demanda-oferta), por lo que necesitan de la intervención estadal para poder corregir los desequilibrios producto de las imperfecciones del mercado.

Muchas de esas imperfecciones del mercado se centran en los monopolios tanto de producción como de comercialización entre otros, originando en gran medida perjuicios para la sociedad en general. Incluso la doctrina neoliberal imperante sostiene que para que una economía progrese necesita de una pujante liberalización y nula intervención del Estado, así lo revelan las pautas para la intervención en las diferentes organizaciones multilaterales (OMC, FMI, TLCAN, ALCA en negociación).

Paradójicamente, existen muestras latentes de países que han conseguido ciertos niveles de desarrollo mediante la activa injerencia estadal. Por ejemplo, durante el siglo XIX algunos Estados tomaron un gran papel en el desenvolvimiento económico, tal es el caso de los EEUU, cuando el gobierno federal interpretó una disposición constitucional que le permitía regular el comercio entre los estados; además fijó sueldos mínimos; reguló el sistema financiero; promovió algunas industrias como la del telégrafo e incentivó otras como la agricultura, cosa que perdura de cierta forma en la actualidad, a través de algunos subsidios que rondan los 100 mil millones de dólares anuales.

Recientemente el llamado milagro asiático reveló que el papel del Estado era esencial, lejos de lo que en términos neoliberales se expresa. La experiencia asiática, no guiada completamente por normativas multilaterales, fue impulsada por la forma en que el Estado guió y perfiló al mercado. En el este asiático se combinaron las altas tasas de ahorro, las inversiones en educación y la política industrial (medidas orientadas a contribuir con determinados sectores productivos de la economía, principalmente el industrial, tomadas por el gobierno) dirigidas por el Estado. El desarrollo promovido por los Estados del Este Asiático fue resultado de una fuerte conciencia de la necesidad de la estabilidad económica y de la importancia del comercio. Las liberalizaciones comerciales se hicieron gradualmente después de haber generado todo un tejido socioeconómico que permitiera una apertura sin mayores consecuencias.

En la actualidad, en Venezuela se difunde por algunos medios masivos que el Estado "desea convertirse en empresario para desplazar y destruir al sector privado del país en sus funciones dentro del aparato productivo nacional", y esto es, según algunos "expertos", la razón de las medidas de control cambiario y de precios adoptadas por el Gobierno Bolivariano. Sin embargo, no se hace ninguna observancia al efecto dinamizador promovido por el Estado venezolano representado en el Ejecutivo nacional al sector de las pequeñas y medianas industrias (Pymis) a través de las compras gubernamentales; de la inserción de las comunidades organizadas en las actividades productivas mediante las cooperativas; de los convenios binacionales pautados con Colombia y Brasil; de la reactivación de la construcción; del desarrollo de varias vías ferroviarias (únicas en Latinoamérica); entre otras.

El Estado venezolano de hoy, signado por valores bolivarianos de integración, solidaridad e igualdad, no pretende destruir el aparato productivo nacional privado, por el contrario fomenta la capacidad productiva desde perspectivas integrales y sociales, tales como la del desarrollo establecida en la Constitución.

El Gobierno Bolivariano respetuoso de la libertad económica, persigue disminuir los desequilibrios y desigualdades existentes dentro de su población, para arribar a mejores niveles de bienestar social general. Por ello, Venezuela, bajo la concepción bolivariana, pretende sustentarse en un desarrollo endógeno, que potencie cada una de las capacidades del país, generando soluciones para mejorar la calidad de vida de su población, sin desprenderse del entorno internacional y así constituir unidades internas de producción generadoras de empleo, bienes y servicios en función de la sociedad. Por ejemplo, recientemente Venalum y CVG iniciaron varios proyectos de desarrollo endógeno contando con la participación activa de la comunidad.

El Estado venezolano cumple un rol esencial al contribuir con el mejoramiento de las condiciones de vida de todos los venezolanos (as), además de regular el funcionamiento de un mercado que no corresponde a la transparencia en su funcionamiento, puesto que todos los agentes económicos no tienen el mismo peso dentro de la estructura productiva, lo cual se hace claro ante la influencia de las grandes comercializadoras que son intermediarias entre los productores primarios y los consumidores finales.

Lo que busca el Estado venezolano es, al igual que otros a nivel mundial, procurar las condiciones idóneas para que en su debido momento la economía y la sociedad en general estén preparadas para determinados cambios, principalmente los que imperan a escala planetaria (competitividad, liberalización amplia de mercados de capitales, bienes y servicios). De otra forma aumentaría la desigualdad y por ende de la pobreza.

Sustentabilidad de la economía venezolana en la actualidad

Venezuela, de acuerdo a las políticas económicas y sociales implementadas por el gobierno, se encamina hacia la sustentación de un modelo económico que perdure por "los siglos de los siglos". Un sistema donde prevalezca el beneficio colectivo, con el rompimiento paulatino de la división social del trabajo, asegurando la planificación y las decisiones de producción por parte de los trabajadores en un ambiente dominado por la mayor igualdad entre todos, lo cual echará por tierra la lógica de la acumulación que es reproducida por el capitalismo en sus diferentes variantes.

Para la consecución de este objetivo se han tomado decisiones trascendentales que inciden en el desarrollo integral del país, tal es el caso de mudar la sede donde descansan parte de las reservas venezolanas en diferentes monedas de bancos estadounidenses a la banca Suiza, con el propósito de romper con las relaciones de dependencia que se establecieron con los Estados Unidos desde los años 40, con la aparición de las primeras refinerías de petróleo en el país. Igualmente importante es el hecho de desarrollar tanto la industria como la agroindustria, para asegurar la soberanía alimentaria de todos los ciudadanos venezolanos, al mismo tiempo que se promueve el desarrollo de las potencialidades de cada región, a lo que se ha llamado desarrollo endógeno, lo cual trae como beneficio que las personas generen actividad productiva y tengan en el trabajo un elemento integral en beneficio de sus condiciones socioeconómicas, en contra de la idea enajenante del trabajo asalariado con fines reproductores del consumismo y el capital.

El petróleo en la economía venezolana

Desde el estallido del pozo Zumaque en el Estado Zulia en 1914, el petróleo pasó a ser el principal generador de recursos para el país. Sin embargo, éste no era utilizado para satisfacer las necesidades más elementales del pueblo, lo cual benefició a un sector de la población que a cuestas de estos grandes recursos se constituyó en una nueva clase social: la burguesía; quienes controlaron más del 90 % de la economía. Todo este entramado perverso de enriquecimiento ilícito cambió con las nuevas políticas insertadas por el gobierno, dando preponderancia a la creación de programas sociales de diferente índole y propósito, llamados "misiones sociales". En todo caso, los recursos obtenidos producto de la extracción y refinación del petróleo pasaron a ser invertidos en mejorar las condiciones de vida del pueblo, en proveer de educación a todos los ciudadanos incrementando la cantidad de escuelas y la creación de nuevas universidades (Universidad Bolivariana de Venezuela).

Importante es también el apoyo que se le brinda con estos recursos al sector agrícola y al campesinado en general, en aras de la autosustentación alimentaria produciendo para satisfacer las necesidades y la demanda de alimentos del país.

Política fiscal e inflación

La política fiscal está dentro del esquema de recaudación de impuestos al sector empresarial privado y público, donde PDVSA como principal industria venezolana hace aportes necesarios en materia fiscal, en un esfuerzo por adecentar la contribución en materia de impuestos que otrora estuvo marcada por la permisividad con el sector privado, provocando que muchas de estas empresas evadieran impuestos de manera complaciente y grosera. Igualmente, se ha bajado de forma moderada y sistemática la alícuota del IVA (impuesto al valor agregado), estando en la actualidad en 9 %, con una serie de productos de la cesta básica exonerados del mismo para no limitar al ciudadano común del acceso a ellos. Sin embargo, este tipo de políticas tiene y debe estar dentro del marco transitorio que rige el paso de una economía capitalista con intervención del Estado hacia una de carácter socialista, donde la participación del pueblo en todos sus niveles sea el factor dominante de la misma, rompiendo con el orden capitalista establecido y garantizando la autodeterminación política, social y económica de Venezuela

En materia inflacionaria, ha quedado demostrado que parte de ella se presenta debido a factores estructurales de la economía, en vista de la dependencia aún del sector privado en materia alimentaria, ocasionando en oportunidades desabastecimiento "ficticio" con fines políticos. Por otra parte, se encuentra el hecho de que con el aumento del PIB y por ende, de la capacidad de consumo del venezolano, la demanda de productos y servicios se dispara, trayendo como consecuencia que al no tener la capacidad productiva suficiente se recurra a las importaciones para poder suplir las deficiencias.

Finalmente, hay que reconocer que el país en materia económica está orientado hacia una nueva forma de generar economía, para lo cual los consejos comunales serán parte imprescindible para ello, no obstante, el esquema capitalista en donde se mueve la economía se mantiene, lo que obliga a convivir entre la oferta y la demanda o el "libre juego del mercado"; la tarea consiste en consolidar los espacios de participación que se tienen, traducido en consejos comunales, los cuales formarán parte de la nueva estructura económica en la medida en que estos logren generar su propia economía o áreas productivas. El país debe desarrollar diferentes áreas en materia productiva, entre ellas la tecnológica y la agroindustria, lo que ayudaría a reducir los niveles de dependencia del capitalismo mundial.

Las políticas económicas, con sus errores implícitos, se enfila hacia estadios superiores de bienestar, consolidarla y diversificarla es la principal tarea a cumplir.

¿Qué es el desarrollo endógeno?

Desarrollo endógeno es un modelo de desarrollo que busca potenciar las capacidades internas de una región o comunidad local; de modo que puedan ser utilizadas para fortalecer la sociedad y su economía de adentro hacia afuera, para que sea sustentable y sostenible en el tiempo. Es importante señalar que en el desarrollo endógeno el aspecto económico es importante, pero no lo es más que el desarrollo integral del colectivo y del individuo: en el ámbito moral, cultural, social, político, y tecnológico. Esto permite convertir los recursos naturales en productos que se puedan consumir, distribuir y exportar al mundo entero.

En una organización de este tipo existen individuos o recursos humanos idóneos en alguna rama del conocimiento y están dispuestos a poner ese conocimiento al alcance de los otros miembros de la organización, con el propósito de la transferencia tecnológica voluntaria para el crecimiento de todos. Esto redunda en el fortalecimiento, amplitud, integración y desarrollo de las capacidades individuales y en consecuencia la formación natural de equipos multidisciplinarios de trabajo que cooperan para el desarrollo armónico de la organización en un ambiente sistémico, simbiótico y sinérgico.

Hay otra visión sobre el desarrollo endógeno que lo presenta como una pregunta sobre los modos en que una comunidad puede desplegarse (des-arrollarse) en armonía con su entorno, entendiendo que este despliegue pasa por garantizar el despliegue de todos los seres humanos que forman parte de esa comunidad. En este sentido, el ser humano pasa de ser objeto de desarrollo a ser sujeto de desarrollo

Características del desarrollo endógeno

El desarrollo endógeno en primer lugar es una alternativa ante el modo de vida integral implantado en la mayor parte del mundo basado en el dominio del mercado mundial representado en las grandes transnacionales petroleras tecnológicas y alimenticias, es una opción ecológica ante este modo de vida aniquilador y depravante donde se puedan integrar todos los elementos de una sociedad en torno a si misma. El desarrollo endógeno busca reconvertir la cosmovisión artificial creada por el neocolonialismo y el consumo irracional y cambiarlo una visión centrada en valores comunitarios que hagan mirar a las personas a su entorno local.

Uno de los objetivos principales de la aplicación del modelo de desarrollo endógeno es fomentar y establecer una sociedad capaz de contener en si misma los modos y medios de producción necesarios para cubrir la necesidades básicas y ampliadas de las personas que la integran, mediante la implementación de una serie de estrategias endogenizadoras que influyan lo cultural, lo económico, lo educacional y el uso e invención de tecnología.

A través del desarrollo endógeno se le otorga poder a las comunidades organizadas para que desarrollen sus potenciales agrícolas, industriales y turísticos de sus regiones; se reintegran todas aquellas personas que fueron excluidas del sistema educativo, económico y social por los gobiernos precedentes; se construyen redes productivas donde los ciudadanos participen activamente en igualdad de condiciones y disfruten un fácil acceso a la tecnología y el conocimiento; se le ofrece a las comunidades y a la gente común la infraestructura del Estado que había sido abandonada tales como los campos industriales, maquinarias y tierras inactivas, con el objeto de generar bienes y servicios por y para los mismos ciudadanos.

Sustentado en las capacidades y potencialidades locales, el desarrollo endógeno posibilita el control local, la toma local de decisiones y la retención local de beneficios (culturales, económicos, educativos, sociales…). De esta forma, es una ventana de oportunidad para la generación de capacidades en las comunidades que van mucho más allá de las económicas.

Objetivos

* Promover, garantizar y fomentar el desarrollo armónico y coherente de las políticas, planes y proyectos del Ejecutivo Nacional, para el desarrollo endógeno, la economía comunal, colectivos y solidarios.

* Coordinar acciones con los demás organismos del Poder Público, directa o indirectamente vinculados a los objetivos del Fondo, en especial con aquellos cuyas competencias sean necesarias para garantizar la profundización y consolidación del desarrollo endógeno.

* Promover la formación y asistencia necesaria a las organizaciones de la economía comunal y solidaria, para afianzar su desarrollo y consolidación como base fundamental y primaria del sistema económico nacional.

* Promover el uso eficiente y responsable de los recursos que se otorguen para el financiamiento de planes y proyectos para el desarrollo endógeno.

* Promover y contribuir con la capacitación y formación de las organizaciones de la comunidad y de la economía solidaria, impulsando su participación corresponsable en los planes y proyectos de desarrollo endógeno, así como en la contraloría social responsable.

* Financiar planes y proyectos destinados a fortalecer la estructura y la capacidad productiva nacional, a través de organizaciones de la comunidad y de la economía comunal y solidaria, en concordancia con las políticas y planes que dicte el Ejecutivo Nacional sobre la materia.

El desarrollo endógeno es una opción estratégica que representa una aproximación que pretende avanzar en la fórmula de un enfoque distinto del neoliberalismo. Se da en este enfoque especial importancia a los recursos productivos como el trabajo, la tierra, los recursos naturales y la tecnología; partiendo de las potencialidades propias se postula que cada región puede y debe buscar nuevas maneras de inserción en un contexto nacional difícil pero no impenetrable.

La característica principal del paradigma neoliberal es su concentración en los equilibrios micro y macroeconómicos de corto plazo de los principales agentes económicos en los diversos mercados, suponiendo constantes la tecnología, la población, los recursos naturales y el medio ambiente; los valores y patrones de comportamiento culturales, las estructuras de poder, las relaciones internacionales, las instituciones y las relaciones sociales. Pero estas son justamente las principales variables de mediano y largo plazos del desarrollo económico y social.

El modelo endógeno busca la implementación de una estrategia autóctona de desarrollo que impulse una economía solidaria orientada a las necesidades del colectivo y a los mercados nacionales, por ende, que impulse la defensa y valorización del capital natural, cultural y patrimonial; la defensa del capital social y democrático; es decir, la importancia del fortalecimiento de las instituciones públicas, el fomento de la participación ciudadana en el espacio municipal, regional y nacional, la defensa del capital humano mediante la mejora del acceso a la educación, a la nutrición y a la salud. Por ello, el capital económico debe generarse desde dentro en función a las necesidades internas de empleo y crecimiento, programas territoriales que atiendan a ventajas comparativas, servicios de apoyo a la producción, acceso a los mercados de los pequeños y medianos productores, fomento a la innovación productiva de calidad, a la gestión eficaz y acceso al crédito.

Las estrategias del desarrollo endógeno (desde dentro), permitiría entonces colocar los fenómenos nacionales en su justa perspectiva histórica e internacional, y aumentaría en general la capacidad para superar los ideologismos, los enfoques tecnocráticos estrechos y el economicismo.

Políticas públicas y coordinación macroeconómica

Las políticas públicas son la disciplina de la ciencia política que tiene por estudio la acción de las autoridades públicas en el seno de la sociedad, aunque en su diseño e implementación técnica confluyen otras disciplinas como el derecho, la economía, la sociología e incluso la ingeniería y psicología. La pregunta central de las políticas públicas es: ¿qué producen quienes nos gobiernan, para lograr qué resultados, a través de qué medios?

En un estado de derecho, las políticas públicas deben ser la traducción de las leyes de una determinada materia regulación, educación, desarrollo social, salud, seguridad pública, infraestructura, comunicaciones, energía, agricultura, etc. Éstas deben buscar el logro de los objetivos planteados en el documento de política pública.

Las principales áreas de análisis de las políticas públicas son:

• El desarrollo social

• La economía, la infraestructura y expansión de las vías generales de comunicación, de las telecomunicaciones, del desarrollo social, de la salud y de la seguridad pública, entre otras.

• Los planes de desarrollos anuales, quinquenales, etc.

• Los presupuestos anuales de los estados y las administraciones autonómicas y municipales

• La administración pública o sistema burocrático y sus planificaciones

• Los tratados internacionales y las declaraciones de principios de los estados individuales o unidos en agrupaciones regionales: Naciones Unidas, América Latina, Unión Europea, etc., con énfasis en la cohesión social y la gobernabilidad para desarrollos integrales o totales.

Revolución bolivariana: "La nueva etapa" EL NUEVO MAPA ESTRATÉGICO 

El presente documento contiene los objetivos estratégicos definidos por el Señor Presidente de la República en el marco de la Nueva Etapa de la Revolución Bolivariana, así como el listado de objetivos específicos y herramientas presentados por las mesas de trabajo en el taller de alto nivel del pasado 12 y 13 de noviembre de 2004.

LOS DIEZ GRANDES OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

• Avanzar en la conformación de la nueva estructura social

• Articular y optimizar la nueva estrategia comunicacional

• Avanzar aceleradamente en la construcción del nuevo modelo democrático de participación popular

• Acelerar la creación de la  nueva institucionalidad del aparato del Estado

• Activar una nueva estrategia integral y eficaz contra la corrupción

• Desarrollar la nueva estrategia electoral

• Acelerar la construcción del nuevo modelo productivo, rumbo a la creación del nuevo sistema económico

• Continuar instalando la nueva estructura territorial

• Profundizar y acelerar la conformación de la nueva estrategia militar nacional

• Seguir impulsando el nuevo sistema multipolar internacional

ACELERAR LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO MODELO PRODUCTIVO, RUMBO A LA CREACIÓN DEL NUEVO SISTEMA ECONÓMICO

En cuanto a la coordinación por parte del Estado en lo que se refiere a la políticas publicas macroeconómicas se puede hacer un breve resumen de lo que en este año (2009) se obtuvo como resultado de la implementación del los pasos señalados anteriormente.

Las expectativas en relación al comportamiento de la economía nacional siempre ha concentrado la atención de la opinión pública, pues de ello depende en buena medida la posibilidad de generar bienestar a la población, así como la estabilidad política del país, por solo citar dos factores. A la luz de la enmienda constitucional y la gravísima crisis económica mundial este tema adquiere una especial importancia. Es tarea nuestra ubicarlo en su justa dimensión.

El contexto internacional

La economía mundial se encuentra en la peor crisis económica de los últimos 80 años. El dramático derrumbe de los mercados bursátiles, las agudas perturbaciones financieras y cambiarias, la quiebra de emblemáticas entidades del capital financiero imperialista expresan la incapacidad del capitalismo para solucionar los principales problemas de la humanidad.

La economía estadounidense, el epicentro de la crisis, se encuentra en recesión desde el año 2007 y ha contagiado al resto de la economía global. La producción desciende en esta primera fase, fundamentalmente, en los centros imperialistas, el desempleo aumenta aceleradamente (en 25 millones de personas tan solo en el mundo desarrollado), se incrementa la inestabilidad financiera, se multiplican las quiebras de empresas, las expectativas son crecientemente negativas en el mundo de los negocios…

Como resultado de esto, se han derrumbado los precios de las materias primas, lo que junto al cierre del financiamiento externo y la fuga de capitales, conforma el mecanismo de transmisión de la crisis a la periferia. En lo social, la consecuencia será el aumento de la pobreza y las desigualdades.

El precio del petróleo y las finanzas públicas

Esto plantea la interrogante acerca del impacto real de la crisis global en nuestro país. En nuestra condición de economía petrolera no será posible eludir sus efectos. La reducción de la demanda de crudo ha golpeado los precios petroleros, descendiendo de US$ 147 el barril a menos de US$ 40 el barril, obligando a la OPEP a recortar su producción en más de US$ 4 millones diarios.

En lo fiscal, se puede apreciar que actualmente existe una brecha importante entre el precio petrolero fijado para el diseño del presupuesto del 2009 (US$ 60 el barril) y el precio actual que ronda los US$ 35. Esta situación, sin embrago, no se mantendrá invariable a los largo del año 2009. Frustrando los deseos de la oposición, el precio petrolero se recuperará, confirmando la tesis ampliamente reconocida de que los tiempos del petróleo barato son parte del pasado. Se estima que superadas las turbulencias iniciales y limpiado el efecto especulativo que llevó el precio del crudo a niveles históricos, este se estabilice rondando los US$ 70 el barril.

En el peor de los casos se podrán presentar problemas de flujo de caja los primeros meses del año, que perfectamente se podrán confrontar con los ahorros acumulados en diversos Fondos Financieros (Fonden, etc.) que superan los US$ 25 millardos. Incluso, en caso de extrema emergencia se pudieran adoptar medidas tributarias como el Impuesto a las Transacciones Financieras, que genera recursos inmediatos y no afecta a los sectores de menores ingresos. La afirmación de que se está gestando una crisis fiscal se confirma como parte de una campaña mediática desestabilizadora.

El precio del petróleo y el sector externo

Por otra parte, la caída de los precios petroleros se traducirá en una disminución de los ingresos de divisas de alrededor de un 30%. No obstante, estas entradas serán suficientes para adquirir las importaciones esenciales y atender las obligaciones financieras del país.

Es preciso puntualizar, por un lado, que tendremos que hacer un esfuerzo significativo para reducir los niveles de importaciones, que actualmente rondan los US$ 48 millardos. Se están asignando muchas divisas para el consumo suntuario y un monto significativo que desplaza nuestra producción. Se tendrán que privilegiar las importaciones de alimentos, medicinas, insumos y bienes de capital que no se producen internamente. No solo se trata de una respuesta a la reducida capacidad importadora. Más que eso, el problema radica en la necesidad de sustituir importaciones.

En relación a las obligaciones financieras, parte de la deuda externa se ha reprogramado, evitando elevados vencimientos el año 2009. Con 9,1% del gasto público, el servicio de la deuda externa se ubicó en el nivel más bajo de los últimos en 35 años. Asimismo, el peso de la deuda externa en la economía venezolana se ha reducido sustancialmente, colocándose en menos del 15% del PIB, como resultado de una estrategia que persigue reducir nuestra vulnerabilidad externa.

Ante el peor de los escenarios, el país se encuentra protegido por un elevado nivel de reservas internacionales (US$ 38 millardos, sin incluir los más de US$ 25 millardos en diversos Fondos), de las mayores de la región, producto de los elevados precios petroleros de los últimos dos años, así como del control de cambios que frenó la fuga de capitales. Este cuadro refuta las matrices mediáticas y evidencian la solidez de nuestras cuentas externas, que se consolidarán en el segundo semestre del año, cuando se estabilicen los precios del crudo.

¿Ajuste o crecimiento económico para el 2009?

La adecuación de las políticas económicas al entorno externo es algo absolutamente natural en la conducción de un país, tanto en épocas de crisis como de otro signo. Ante el cuadro mundial de crisis es obvio que tendremos que instrumentar correctivos. Este escenario ha animado a la oposición a anunciar inminentes y severos ajustes económicos, como los del FMI, con el claro propósito de crear un clima de zozobra y, con ello, minar el amplio apoyo popular de la enmienda. Ante esto, tenemos que ratificar categóricamente que la aplicación de los programas de ajuste fondomonetaristas queda totalmente descartada. No nos plegaremos a la agenda de las transnacionales ni instrumentaremos medidas que castigan a los sectores populares. Si llegásemos a caer en una crisis económica, situación muy alejada de nuestra realidad, serán los más poderosos los que aportarán los recursos para salir a flote. Esta sería la reacción elemental de cualquier gobierno comprometido con las masas populares.

Recientemente, la oposición ha recomendado recortar el gasto público, como lo imponen las recetas neoliberales. El resultado inevitable sería la contracción productiva y el empobrecimiento masivo. En contraste, el gobierno realiza un esfuerzo extraordinario para expandir su gasto, a los fines de estimular crecimiento económico.

Como resultado de ello, el año 2009 reportará un crecimiento de aproximadamente 4%, moderado en relación al quinquenio anterior (más del 10% interanual), pero muy significativo si lo contrastamos con la recesión mundial.

Asimismo, se continuará revelando el saldo social altamente positivo de un modelo de crecimiento económico al servicio de las mayorías. A raíz de ello seguirán consolidándose los avances alcanzados en materia de empleo (bajó de 16,6% a 6,7% entre 1998 y al 2008), salarial (con US$ 372, el salario mínimo más elevado de América Latina), educación, salud, en la lucha contra la pobreza (la pobreza general se redujo de 50,4% a 26% entre 1998 y el 2008, en tanto que la extrema cayó de 20,3% a 6,1% en el mismo período), etc.

Pese a los avances, una exigente evaluación revela espacios para mejorar en las políticas públicas. Debemos aprovechar estos tiempos de restricciones para imprimirle mayor eficiencia en la ejecución del gasto, elevar el impacto de los recursos públicos empleados con propósitos productivos y sociales. Para nosotros, el debate no debe girar en torno a si se reduce o no el gasto, sino en torno a la necesidad de hacerlo más eficiente. Esto implica una lucha frontal en contra del burocratismo, la indolencia y la corrupción, que ha sido una bandera de nuestra revolución.

La Inflación

En la esfera macroeconómica es indispensable reducir la inflación (31% en el año 2008), que se encuentra muy lejos de ser satisfactoria. Si bien sus causas son fundamentalmente de carácter estructural, es imprescindible diseñar una estrategia antiinflacionaria de mayor impacto en el corto plazo. Conjuntamente con eficiente control de precios, con mayor participación popular, que debe aplicarse con mayor flexibilidad -no permisividad-, debemos elevar la eficiencia en el gasto y ejercer mayor control sobre los niveles de liquidez.

Estas medidas tienen que ser complementadas con un mayor abastecimiento de los mercados domésticos -principalmente con alimentos producidos internamente- y la desconcentración productiva que permita quebrar los monopolios que operan en el país.

La lucha antiinflacionaria es vital para mejorar los indicadores sociales, pero también para garantizar la estabilidad cambiaria. La elevada inflación abarata las compras fuera del país, generando presiones especulativas. De mantenerse las tensiones inflacionarias, la devaluación de la moneda se hará inevitable.

La Industrialización Socialista

En el ámbito estructural destaca la necesidad de industrializar al país. Sin ello no podremos superar la dominación imperialista, el subdesarrollo, el rentismo, condiciones necesarias para transitar al socialismo.

En ese sentido, se percibe aun la ausencia de una estrategia integral que plantee objetivos concretos de diversificación productiva, sustitución de importaciones, incremento de la productividad en la industria con impacto en el sector agrícola, fomento de exportaciones, replanteamiento de los parques industriales, conformación de cadenas productivas y tecnológicas, redefinición de las industrias básicas de Guayana, pésimamente gerenciadas, por solo nombrar algunos aspectos.

Existen planes específicos y objetivos generales para el desarrollo, pero esto es insuficiente. Se requiere de una línea de acción integral y coherente, ampliamente discutida, especialmente por los trabajadores, que se convierta realmente en política de Estado y concentre todos los esfuerzos de la sociedad.

Por último, nada de esto tendría algún significado histórico, si no lo vinculamos con el desarrollo de nuevas relaciones de producción. En una revolución, lo nuevo sepulta a lo viejo, que en este caso se fundamenta en la lógica del capital.

Esta tarea debe concentrar el aspecto medular de nuestro esfuerzo. Se deben construir unidades productivas de contenido socialista. En el marco de la industrialización se debe perfilar claramente una política socialista.

Esto significa, crear empresas de propiedad socialista, donde la sociedad organizada ejerza la dirección, los excedentes sean apropiados socialmente, los métodos de gestión sean ampliamente democráticos, la planificación socialista abarque crecientes sectores de la economía, etc. Esta es una tarea titánica que requiere de mucha organización y conciencia de los trabajadores, así como de profundísimas transformaciones institucionales.

Como podemos observar, tanto las condiciones imperantes como los objetivos establecidos dibujan un cuadro económico altamente complejo para el 2009, pero que, sin embargo, no deja de ser positivo. Y en lo sucesivo, como resultado de las transformaciones, unas en marcha y la mayoría en ciernes, será inevitable la exacerbación de las contradicciones de todo tipo, las cuales podremos superar sólo profundizando la revolución. No podemos vacilar, preparémonos para ello.

Ingreso público

El ingreso público es toda cantidad de dinero percibida por el Estado y demás entes públicos, cuyo objetivo general es financiar los gastos públicos; se tiene que los ingresos del Estado, e igualmente los del Municipio, pueden ser ingresos tributarios o ingresos no tributarios.

Estudio sobre la Ley Orgánica de La Hacienda Pública Estadal (2004)

Antes de proceder al análisis pormenorizado de dicha norma, estimo oportuno adelantar que hay tres aspectos de ella que merecen particular y ponderada consideración.

En primer lugar, dicho texto legal intenta inconstitucionalmente habilitar un procedimiento para que bienes inalienables del dominio público de la Nación sean considerados como bienes del dominio público de los Estados y a su vez puedan ser convertidos en dominio privado de éstos. De tal manera, y enteramente de acuerdo con lo previsto en los acuerdos el Área de Libre Comercio para las Américas (ALCA) podrían ser privatizados lagos, lagunas y ríos.

En segundo lugar, el texto examinado intenta arrebatar a los Estados sus potestades tributarias, atribuyéndole a algunos particulares la posibilidad de pactar mediante contrato la estabilidad de sus regímenes tributarios con las Asambleas Legislativas estadales, en el espíritu de los hoy desechados Acuerdos Multilaterales de Inversión (AMI). Así, en abierto desafío al principio de igualdad ante la ley, ciertos ciudadanos quedarían inmunes a las reformas tributarias, y otros sujetos a ellas.

En tercer lugar, el texto examinado abre la posibilidad de una multiplicación casi ilimitada de la carga tributaria sobre los residentes de los Estados, al tiempo que limita en forma drástica los ingresos del Fisco Nacional y por consiguiente sus posibilidades de redistribuir equitativamente el ingreso público a favor de los entes menos favorecidos y de realizar planes de alcance nacional en el ejercicio de sus competencias.

Pasamos al análisis pormenorizado del texto legal con la urgencia que el caso amerita, por lo cual sólo comentaremos aquellos artículos que merecen objeciones.

Bienes estatales

Privatización de ríos, lagos y lagunas

El artículo 6 en su numeral 2 de la Ley Orgánica de Hacienda Pública Estadal incluye entre los bienes de dominio público de los Estados "Las vías terrestres estadales y los espacios acuáticos correspondientes a ríos, lagos y lagunas ubicados en su territorio, sin perjuicio de la autoridad y competencia nacional ejercida conforme a lo dispuesto en la legislación nacional sobre espacios acuáticos e insulares".

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela no establece en ningún artículo que los ríos, lagos y lagunas, que forman parte del territorio, estén comprendidos entre los bienes de dominio público de los Estados. Por el contrario, el numeral 16 del artículo 156 de la Constitución atribuye al Poder Nacional "el régimen y administración de las minas e hidrocarburos; el régimen de las tierras baldías; y la conservación, fomento y aprovechamiento de los bosques, suelos, aguas y riquezas naturales del país". Mal podrían considerarse bienes de los Estados aquellos cuya conservación, fomento y aprovechamiento se asigna en forma explícita y expresa al Poder Nacional por la Constitución.

Asimismo, el numeral 26 atribuye al Poder Nacional "el régimen de la navegación y del transporte aéreo, terrestre, marítimo, fluvial y lacustre de carácter nacional; de los puertos, aeropuertos y su infraestructura". Resulta contradictorio que se atribuya por ley a los Estados la propiedad de bienes del dominio público –que estos podrían pasar al dominio privado- sobre los cuales el Poder Nacional tiene competencias constitucionales para establecer regímenes de navegación y de transporte fluvial y lacustre.

Además, el artículo 304 de la citada Constitución Bolivariana de la República de Venezuela dispone categóricamente que "todas las aguas son bienes de dominio público de la Nación, insustituibles para la vida y el desarrollo. La ley establecerá las disposiciones necesarias a fin de garantizar su protección, aprovechamiento y recuperación, respetando las fases del ciclo hidrológico y los criterios de ordenación del territorio".

Ante estas disposiciones claras y terminantes, el artículo 6 de la Ley Orgánica de la Hacienda Pública Estadal debe ser considerado como un intento inaceptable de suplantar a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Cabe añadir que debido a la extraordinaria importancia estratégica de ríos, lagos y lagunas, la cual crece a medida que las fuentes de agua potable y de energía hidroeléctrica se hacen proporcionalmente insuficientes en relación con el incremento demográfico, es preferible por razones de seguridad y defensa el régimen constitucional que asigna estos recursos al Poder Nacional. Recordemos la inmensa importancia que para la totalidad del país tienen espacios geográficos como el Lago de Maracaibo, el río Orinoco, el Caroní o el Delta, en gran parte constituido por territorios anegados. En todas las negociaciones del ALCA se tiende a imponer el principio de que ríos, lagos y cualquier otra fuente hídrica, como las aguas subterráneas, son perfecta e ilimitadamente enajenables.

Reviste todavía mayor importancia esta observación si se considera que el último párrafo del artículo 6 de la Ley que se examina establece que "los bienes de esta categoría pueden adquirir la condición de bienes enajenables mediante desafectación sancionada, a solicitud del Gobernador, por acuerdo del Consejo Legislativo con el voto favorable de las dos terceras partes de sus integrantes". Además de este requisito, apenas se exige la opinión no vinculante del Procurador y el Contralor del Estado.

Por tal vía, Venezuela podría concluir enajenando sus fuentes hídricas e hidroeléctricas o zonas de vital importancia estratégica, económica y social tales como el Lago de Maracaibo, el Orinoco o los cauces de Guayana sin más requisito que la solicitud de un gobernador y un voto favorable de las dos terceras partes de una Asamblea Legislativa.

La disposición comentada parece un procedimiento especialmente diseñado para la aplicación anticipada del ALCA en Venezuela y la enajenación de los recursos hídricos y las vías fluviales y lacustres de nuestro país por las administraciones regionales. Ojalá que Venezuela no termine siendo un país inviable como resultado de la aplicación de dicha norma.

Ingresos estadales

En este capítulo resalta como positiva la disposición del primer párrafo del artículo 12 de la LOHPE de acuerdo con la cual "Ni los estados ni los entes creados por ellos no (sic) podrán realizar operaciones de crédito público externo ni en moneda extranjera, ni garantizar obligaciones de terceros".

Resulta igualmente positivo el segundo párrafo de dicho artículo, según el cual "los estados y los entes creados por ellos sólo podrán realizar operaciones de crédito público interno con la autorización de la Asamblea Nacional mediante ley especial".

Éste y otros requisitos contenidos en el capítulo tienden a evitar situaciones de caos en la contratación de crédito público como la que originó la crisis del 18 de febrero de 1983.

También son positivas normas como la del artículo 13 y el 15, que someten respectivamente el régimen de causación y cálculo de intereses moratorios, y el régimen de prescripción, a lo dispuesto en el Código Tributario. Disposiciones de esta índole, al imponer normas uniformes en todo el ámbito nacional, evitan el desorden, la contradicción y la incoherencia en las haciendas públicas locales. Sería deseable que la Ley incluyera otras disposiciones de dicha índole en materias en donde, por el contrario, propicia la dispersión y la proliferación de regímenes diferentes e inconciliables.

Relaciones intergubernamentales

El articulo 20 de la LOHPE pauta que "no podrá verificarse la transferencia de competencias del Poder Nacional a los estados sin la adecuada previsión de recursos fiscales para su ejercicio, ya sea que los mismos provengan de fuentes de ingresos preexistentes de los estados, o de nuevas asignaciones de recursos concatenados a la transferencia misma".