A pretexto de lograr la eficiencia y eficacia en los empleados públicos se pretende incorporar un régimen de personal denominado Sistema Integrado de Recursos Humanos en el cual se introducen medidas neoliberales que buscan despedir a los servidores públicos; siguiendo la concepción equivocada de lo que es la evaluación se quiere someter al trabajador a un proceso subjetivo que no establece parámetros claros y menos establece las medidas o mecanismos para lograr que el empleado desarrolle su trabajo en condiciones satisfactorias, eleve su conocimiento y supere sus limitaciones; por el contrario, lo que sí se establece es el despido inmediato de quienes reprobaren la evaluación. Para agravar el panorama el servidor no tiene siquiera la posibilidad de pedir una recalificación o de impugnar los resultados, pues, al empleado solo se le comunica que está despedido.
Cabe mencionar que en la propuesta de ley tampoco se establecen mecanismos ni sistemas de capacitación continua y permanente para el personal de las instituciones públicas.
Otro de los temas controversiales de esta propuesta es que de un solo plumazo, y a pretexto de implementar un sistema remunerativo que supuestamente termine con las inequidades salariales, se intenta echar abajo todas las escalas o sistemas remunerativos con lo que se conculca derechos adquiridos de los trabajador, pero además con esta disposición se pretende incorporar como servidores públicos al magisterio nacional y a los docentes universitarios a fin de que sean normados y regulados sus salarios de acuerdo a esta nueva Ley , echando abajo la Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio y el sistema remunerativo de las Universidades, lo que significa, la pérdida de conquistas como los bonos fronterizos, rurales , antigüedad, académicos, etc que son fruto de varias luchas por mejorar las condiciones económicas en las que se debaten estos sectores.
Otros temas que causan preocupación son los relacionados a la jubilación, en la que se obliga a los servidores a jubilarse al momento de cumplir los 70 años de edad, transformando el derecho en una obligación pero además determinado inconstitucionalmente que el monto máximo de éste será de hasta 30 mil dólares, cuando el Mandato Constituyente 2 establece que el monto de la jubilación debe ser 7 salarios básicos por cada año. El SENRES se convierte en un super- organismo que evaluará, controlará, y definirá el número de personal en las instituciones y organismos del Estado y será el encargado de regular todo lo referente a los salarios.
Marco conceptual
Viernes 08 de enero del 2010
MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES PRESIDIRÁ RADIO Y TELEVISIÓN PÚBLICAS
TOMADO DEL DIARIO EL UNIVERSO
Ecuador TV, uno de los medios públicos que conforman RTVEcuador, estrenó sus actividades en noviembre del 2007, con la instalación de la Asamblea Constituyente en Montecristi, Manabí.
Una nueva entidad pública cuyo patrimonio está conformado por los bienes muebles de la sociedad anónima Televisión y Radio del Ecuador S.A. (RTV Ecuador), que comprende Radio Pública del Ecuador (RPE) y Ecuador TV, se creó a través de un decreto ejecutivo suscrito el pasado 29 de diciembre.Se trata de la nueva Empresa Pública Televisión y Radio de Ecuador (E.P. RTVEcuador), y su nacimiento se sustenta en la Ley de Empresas Públicas, aprobada el año pasado, que menciona que las sociedades anónimas en las que el Estado o los gobiernos autónomos descentralizados sean accionistas únicos, deben disolverse de manera forzosa, sin liquidarse, y transferir su patrimonio en bloque a las nuevas compañías públicas que se conformen.
Con base a esto, señala el decreto, se declaró la disolución forzosa de RTV Ecuador S.A., y se dispuso la transferencia de su patrimonio a la naciente empresa pública. En consecuencia, la Superintendencia de Compañías (SC), "sin más trámite, inmediatamente ordenará la cancelación de la inscripción de la sociedad anónima en el respectivo Registro Mercantil", dice.
El directorio de E.P. RTVEcuador, de conformidad con la Ley de Empresas Públicas, quedará constituido así: el Ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, o su delegado permanente, quien lo presidirá; el titular del organismo nacional de planificación (es decir, la Senplades), o su delegado, y Fernando Alvarado, secretario de Comunicación, en su calidad de delegado del Mandatario.
¿Por qué el Ministerio de Telecomunicaciones asume este rol? El antecedente, según el propio decreto, es que el Ministerio de Cultura y la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), que poseían acciones en el capital social de RTV Ecuador S.A., las transfirieron en su totalidad a favor de esa cartera de Estado.
Este Diario, en un reportaje publicado el 14 de junio del 2009, informó que el Ministerio de Cultura tenía el 98% de las acciones de la empresa de radio y televisión pública, mientras que CNT, poseía el 2%.
Dicha estructura ya generaba críticas. En septiembre pasado, durante un foro sobre el proyecto de Ley de Comunicación, organizado por la Facultad de Ciencias Sociales (Flacso), el catedrático Mauro Cerbino recalcó que en el texto, entonces propuesto por el oficialismo, a través del asambleísta Rolando Panchana (PAIS), se debería establecer una estructura y dirección de los medios estatales que no dependan del Ejecutivo, sino de los tres poderes y de los ciudadanos.
Ayer, en el Ministerio de Cultura, un funcionario confirmó que el 16 de diciembre del 2009 se legalizó la transferencia de acciones, y explicó que esta operación se efectuó en base a la disposición transitoria 222 de la Ley de Empresas Públicas.
El Estado, a través del Ministerio de Telecomunicaciones, menciona el decreto, pasó a ser accionista único de RTV Ecuador S.A., empresa que deja de ser sociedad anónima.
La nueva E.P. RTVEcuador, destaca, se encargará de instalar, operar y mantener los servicios públicos de radiodifusión y televisión; de realizar la creación, producción, postproducción de programas de radio y televisión con carácter social, y para ello, podrá hacer todo tipo de acuerdos, convenios, contratos, asociaciones y alianzas empresariales.
El Ministerio de Finanzas, señala el decreto, efectuará las asignaciones presupuestarias que se requieran para su funcionamiento, hasta que esta empresa sea autosustentable.
Lunes 18 de enero del 2010
Las nuevas empresas públicas refuerzan lazos con países afines
TOMADO DEL DIARIO EL UNIVERSO
QUITO. RTVEcuador se constituyó con un patrimonio conformado por los bienes muebles de Tevecuador, adquiridos con una donación del Bandes de Venezuela.
En apenas dos semanas (desde el 29 de diciembre), cuatro nuevas empresas públicas se han creado, mediante decreto ejecutivo, por parte del régimen de Rafael Correa. Se trata de las empresas públicas Televisión y Radio de Ecuador (RTVEcuador), la de fármacos (Enfarma), la cementera y la nacional minera (Enami).
La decisión está amparada en el artículo 315 de la Constitución y en la nueva Ley de Empresas Públicas, que establece que estas participarán en sectores estratégicos, servicios públicos, aprovechamiento sustentable de recursos naturales o bienes públicos y desarrollo de las actividades económicas en general. Solo la cementera (que se encargará de la industrialización, distribución y comercialización de cemento, cales, calizas y materia prima relacionada) –en primera instancia– no pretendería la colaboración extranjera. Las otras tres empresas públicas fortalecen los lazos de Ecuador con países afines al proyecto político del Gobierno, como Venezuela y Cuba.
En el caso de Enami, Germánico Pinto, ministro de Recursos Naturales No Renovables y miembro del directorio, explica que se buscará una alianza estratégica con la Empresa Estatal Minera Venezolana, para la explotación del hierro. No descarta la posibilidad de constituir una empresa mixta para el efecto. También se ha planeado trabajar con Chile en la explotación de cobre. RTVEcuador se constituyó con un patrimonio de $ 3,3 millones, conformado por bienes muebles que pertenecían a la Sociedad Anónima Televisión Nacional de Ecuador, Tevecuador S.A.
De acuerdo con su gerente, Enrique Arosemena, esos bienes (transmisores, equipos de producción, entre otros) de la antigua compañía se adquirieron con una donación de $ 5 millones por parte del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes).
Así, "el canal sorprendentemente salió al aire sin que el Estado haya egresado un solo centavo", recuerda. Para Arosemena, el aporte venezolano "no fue una negociación con piola", pues el donante no ha pedido nada más que intercambio de programación.
Otro caso. El día de la constitución oficial de Enfarma, tanto el ministro Diego Borja, representante del presidente Correa al directorio, y su gerente Roberto Tadeo, catedrático y ex gerente de la Empresa de Agua Potable de Ibarra, explicaron que una de las primeras tareas a cumplir será la importación de genéricos desde Cuba, considerada por Tadeo como "potencia" en esa industria. Su idea es llegar a exportar fármacos a la Alternativa Bolivariana de las Américas (ALBA).
En la misma tónica, la semana anterior se iba a firmar el convenio para la creación de los estatutos de la Empresa Grannacional de Cacao. Aunque el acto se suspendió, Ramón Espinel, ministro de Agricultura, ha explicado que esta empresa se constituirá simultáneamente en Ecuador y en Venezuela. Aunque se manejarán de forma independiente, las dos tendrán capitales de ambos países.
Aunque todas estas empresas de iniciativa del Estado recién empiezan –la mayoría carece de infraestructura y solo Enfarma tiene RUC–, ya generan recelos. Diego Cano, presidente de la Federación de Trabajadores Petroleros, considera que la idea de "lo público" tiene que ver con la participación de una diversidad de sectores interesados. Pero estas están conformadas solo por miembros del Gobierno: "Se ha eliminado la participación de los trabajadores en el directorio".
Sobre el tema, Germánico Pinto asegura que lo único que ha hecho el Estado es regirse a la Constitución y a la Ley de Empresas Públicas, que establece esa conformación.
Para Cano, es inadmisible que se permita la creación de empresas estratégicas con apenas un decreto ejecutivo, y que ellas están supeditadas a la decisión de reforma o de extinción de una sola persona: el Presidente de la República.
Estrategias empresariales
Gerente admite que rating es la debilidad de la televisión pública
Falta de ingresos fue una razón para convertir a RTVEcuador de sociedad anónima a empresa pública, comenta su gerente, Enrique Arosemena, y explica que no se podía seguir año tras año declarando pérdidas.
Los medios públicos ofrecen un servicio sin fines de lucro, por eso no disponen de publicidad comercial y sus únicos ingresos eran provenientes de la pauta del Estado, explica.
A diferencia de la radio, con un buen posicionamiento, "el rating es la principal debilidad de la televisión pública", admite Arosemena. Atribuye esa falencia a la limitación de la frecuencia UHF en relación a la VHF, en la que espera que la empresa tenga un espacio en el futuro.
Arosemena no considera que la televisión pública y los canales privados sean competencia, sino que, más bien, se complementan las diferencias en la programación.
El año pasado, cuando la televisora era sociedad anónima, el Estado destinó $ 8 millones en gastos de operación y para este tiene asignado un presupuesto de $ 11 millones.
La empresa, creada con decreto del 29 de diciembre, cuenta con cerca de 220 trabajadores, 150 en el canal y 70 en la radio.
Enfarma hará estudios para definir qué medicinas producirá
Tras la primera reunión con las farmacéuticas nacionales, el gerente de Enfarma, Roberto Tadeo, se muestra conciliador: "La industria nacional privada no tiene de qué preocuparse", pues la nueva empresa estatal –creada el 4 de enero pasado– buscará complementar y no competir.
Enfarma no tiene aún claro qué comercializará ni producirá. Tadeo dice que eso se sabrá tras estudios de mercado y adelanta que se prevé incursionar en medicina retroviral y vacunas.
Para Renato Carló, líder de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos Ecuatorianos, la empresa pública solo debería concentrase en la comercialización y aliarse a la industria nacional. No ve justificable una planta productora del Estado, pues las 26 empresas nacionales tienen una capacidad instalada ociosa del 40%. El 22% de medicamentos consumidos son nacionales. Tadeo no descarta una alianza, pero no admite dudas sobre la necesidad de la empresa pública, pues el 38% de la gente que no accede a medicina es por falta de dinero.
Carló cuestiona la posible importación de genéricos desde Cuba: "La nacional es de mejor calidad".
Estudios y pequeña minería están en la agenda de EnamiRealizar estudios mineros (para ello cuenta con $ 30 millones) y fortalecer a mineros pequeños y artesanales convirtiéndolos en socios son las principales políticas de Enami EP.
Ya tiene identificados cinco proyectos de tipo no metálico de los que se obtendrán calizas (Napo, Zamora y Cotopaxi), un yacimiento de fosfatos, para la industria de fertilizantes, en Sucumbíos. En minería metálica se piensa trabajar en cobre, en Azuay; y arenas ferrosas en la Costa. Y a estos se sumarán los revertidos al Estado.
El ministro Germánico Pinto dice que la empresa también buscará alianzas estratégicas con empresas extranjeras.
Gloria Chicaiza, coordinadora de la campaña sobre minería de acción ecológica, considera que la empresa pública minera nace con desventajas terribles frente a sus competidoras: "Sin capital ni tecnología suficientes" y en medio de una legislación minera "que no es garantía de nada". Para ella, el Gobierno es condescendiente con las mineras nacionales.
En Enami, creada el pasado 31 de diciembre, el representante del Presidente es Patricio Ruiz Maldonado. El gerente es José Cisneros Castro.
Cementera del Ecuador tiene pendiente su funcionamiento
La Cementera del Ecuador aún no ha reunido a su directorio para designar a su máxima autoridad ni ha definido aspectos como el lugar de funcionamiento. Aunque ya se constituyó con decreto este 7 de enero, aún no se avanza en los trámites para su funcionamiento.
El Ministerio de Industrias debía comprar Cementos Chimborazo y Guapán, de propiedad del Banco Nacional de Fomento (95% de acciones) y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en su orden, para que constituya el consorcio cementero nacional. No se ha concretado.
Miguel Ángel Paredes, asesor de la Presidencia y delegado de Correa en el directorio, dice que lo más probable es que la empresa pública opere en las instalaciones de Cementos Chimborazo, en Riobamba, y ocupe a sus 200 trabajadores.Pero Danilo Moreno, gerente de Cementos Chimborazo, cuenta que sabía que se vendería un paquete accionario a los trabajadores e indígenas de las comunidades aledañas. Correa así lo dispuso y también para Azuay, donde opera Guapán.
La ley de creación del Banco del Afiliado señala que Guapán debe pasar a la institución y que tendrá 180 días para venderla.
Martes 29 de enero del 2010
Mandato 2 estará sobre la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa
TOMADO DEL DIARIO EL UNIVERSO
La mesa de Legislación y Fiscalización de la Asamblea Constituyente ayer resolvió rectificar el texto del mandato 2, luego de que algunos asambleístas, entre ellos Félix Alcívar, realizaron observaciones concretas en cuanto a la redacción de la sección que fija el techo para las indemnizaciones por despidos en el sector público.
En diálogo con Citynoticias (89.3 FM en Guayqauil), Alcívar dijo esta mañana que ayer propuso un texto alternativo al artículo 8 del mandato, ya que "no se menciona a los servidores públicos que están amparados bajo el Código de Trabajo y que tienen conquistas laborales muy por encima de lo que normalmente se debe o se puede recibir por despido intempestivo".
Sin embargo, Alcívar descartó que esa incosistencia en el segundo inciso del artículo 8 del mandato 2 afecte la efectividad de "este mandato que está dirigido fundamentalmente a corregir en la aplicación del artículo 206 del Reglamento a la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa en algunas entidades del sector público".
Cuestionado si el techo que se va a analizar puede incrementar las indemnizaciones por despido intempestivo por encima de 50 mil dólares, dijo que aún está por analizarse esa posibilidad. No obstante, subrayó que se respestará todo lo que esté contemplado en el Código de Trabajo y en el documento contractual o contrato colectivo.
No obstante, se rectificará las indemnizaciones por despidos intempestivos que ya están contempladas y cuyas fórmulas de cálculo también están establecidas, y que superan los 300, 400, 500 y 600 mil dólares.
Lo que tratarán de hacer, explicó Alcívar, es establecer un promedio de lo que está recibiendo el trabajador público sindicalizado "para que ese sea más o menos el techo que rija en el Ecuador a las indemnizaciones por despido intempestivo".
A criterio de Alcívar, no se presentarán mayores inconvenientes en la aplicación de este mandato para los servidores amparados para la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, "o para los que habiendo suscrito a altas transaccionales, presenten sus renuncia voluntaria. El despido intempestivo lo salva porque obviamente es materia de Derecho Laboral".
Finalmente dijo que la Asamblea no cerrará las puertas al sector de los sindicalistas que planean ir a Montecristi el próximo 14 de febrero. "Nosotros estamos prestos a escuchar a todos los trabajadores y todos los sectores de la sociedad. De hecho así hemos estado trabajando".
Viernes 12 de marzo del 2010
Veto para la censura
TOMADO DEL DIARIO EL UNIVERSO
En su veto parcial a la Ley de Participación Ciudadana el presidente Rafael Correa pide que se incluya a los medios de comunicación entre los "servicios públicos", a los que el Consejo de Participación Ciudadana (integrado, como ya se conoce, por personas mayoritariamente adictas al régimen) les podrán solicitar que rindan cuentas.
En realidad los medios de comunicación rinden cuentas de modo permanente: al Servicio de Rentas Internas, al IESS, a la Superintendencia de Compañías, a los ciudadanos que se consideran perjudicados por una publicación, a los consumidores que reclaman sus derechos amparándose en la Ley del Consumidor. La lista podría continuar porque es mucho más extensa. ¿Qué aspecto de la actividad de los medios de comunicación se quiere controlar ahora, además de los que ya hemos citado? La respuesta es obvia: a través de un veto el Gobierno quiere controlar el contenido de la información y la opinión, tal como ha sido su intención desde hace tres años. La censura intenta pasar ahora a través de un veto.
Miércoles 17 de marzo del 2010
Comisión no dio paso al control de los medios
TOMADO DEL DIARIO EL UNIVERSO
QUITO. La oposición necesita 82 votos para insistir en el proyecto de Ley de Participación Ciudadana, pues con una mayoría simple se allanaría al veto parcial del Ejecutivo.
La Comisión de Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea rechazó ayer el veto parcial que hizo el Ejecutivo del proyecto de Ley de Participación Ciudadana y que en su artículo 88 obliga a los medios de comunicación a rendir cuentas una vez al año.
Seis legisladores de oposición acogieron la propuesta del asambleísta Galo Lara (PSP), de que el artículo 88 quede tal como lo aprobó en primera instancia la Comisión.
Ellos son Luis Morales y Lenín Chica (Prian), César Montúfar (MCN), Juan Carlos López y Galo Lara (PSP), y Fabián Valdiviezo (PSC).
En cambio, los asambleístas de Alianza PAIS, María Soledad Vela, Mercedes Diminich y Hólger Chávez se abstuvieron de votar.
El presidente Rafael Correa pidió incluir a los medios de comunicación en la rendición de cuentas que los ciudadanos podrán solicitar una vez al año bajo el argumento de que, siendo públicos o privados, prestan un servicio público.La asambleísta María Soledad Vela (PAIS) indicó que no hay razón para oponerse al veto porque los medios rinden permanentemente cuentas a la ciudadanía en una actividad pública y sujeta al escrutinio público.
La ciudadanía tiene derecho a la comunicación y a ser informada adecuadamente, entonces no existen motivos para no apoyar el veto, dijo Vela.
Los legisladores de PAIS abordarán el tema en una reunión del bloque la próxima semana; sin embargo, Vela insistió en señalar que de cualquier manera los medios de comunicación privados prestan un servicio público, algo que es de interés público; de ahí que se justifica la rendición de cuentas, añadió.El veto parcial del Ejecutivo señaló que la ciudadanía podrá solicitar una rendición de cuentas una vez al año y a las instituciones públicas o privadas que presten servicios públicos, manejen recursos públicos o desarrollen actividades de interés público; así como a los medios de comunicación social, siempre que tal rendición de cuentas no esté contemplada mediante otro procedimiento en la Constitución y las leyes.
El asambleísta Lara reveló que ayer después de la reunión de la mesa legislativa se determinó que el texto original del artículo 88 de la Ley debe mantenerse, y que el veto no procede porque "el Presidente de la República no puede ni debe meterle la mano a la prensa nacional".
Precisó que si de rendición de cuentas se trata, quien debe empezar es el secretario de la Administración, Vinicio Alvarado, respecto a los gastos de la publicidad del Gobierno.
El legislador indicó que los medios ya realizan una rendición de cuentas y deben mantener su independencia del régimen, que lo único que busca aseguró es controlar los contenidos.
El informe respecto al veto parcial pasará a conocimiento del pleno de la Asamblea para su aprobación definitiva.
La oposición necesita 82 votos para ratificar el proyecto, pues con una mayoría simple la Asamblea se allanaría a los reparos del Ejecutivo.
En su último enlace sabatino, Correa convocó a la ciudadanía para que se concentre afuera del Legislativo el día en que se debata la Ley de Participación Ciudadana para vigilar que se apruebe el veto parcial que hizo el Ejecutivo.
Dijo que "hay asambleístas que les tiemblan las piernas por firmar esta ley, porque no quieren perder su espacio en Teleamazonas, en El Comercio".
Negó que se pretenda controlar a los medios, como sostiene la oposición.Posturas: Proyecto
GobiernoEl secretario jurídico, Alexis Mera, dijo que se busca una mejor regulación a las audiencias públicas para que estas no se hagan cuando alguien las solicita.OpiniónPara el jurista Antonio Rodríguez la disposición es estrictamente política y lo que busca no solo es controlar, sino perseguir a los medios privados.
Jueves 25 de marzo del 2010
PERIODISTAS APORTAN SUS IDEAS PARA LEY
TOMADO DEL DIARIO EL UNIVERSO
"Estamos aquí para defender la libertad de escribir, de pensar, por una ley que no ponga límites al periodismo", exclamó Vicente Ordóñez, presidente de la Unión Nacional de Periodistas (UNP), al entregar una propuesta sobre la Ley de Comunicación al presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero, la mañana de ayer.
El documento, que surge de un foro realizado el pasado 13 de marzo, versa sobre cinco ejes: el Sistema de Comunicación Social, el Consejo de Comunicación, los calificativos a la información, la profesionalización y los medios públicos.
En la tarde, durante su exposición ante la Comisión de Comunicación, Ordóñez sostuvo que la propuesta respeta el acuerdo interbloques de diciembre pasado y que espera sea respetado hasta el final.
La UNP rechazó que el Consejo se convierta en un tribunal de excepción, pues eso viola el mandato constitucional, y propuso que sea integrado por siete miembros: uno de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, dos elegidos por el Consejo de Participación Ciudadana, otro de las universidades y los restantes designados de tres ternas propuestas por la Asamblea tomando en cuenta la primera y segunda fuerza política y las minorías.
Sobre los calificativos a la información, la UNP cuestionó la inclusión de adjetivos como "sin indicio alguno" o "incontrastada" porque ello podría convertirse en censura previa. Reiteró su defensa de la profesionalización de quienes ejercen el periodismo, aunque esto, observó, viola la Constitución.
El gremio sugirió especificar que los medios públicos deben entenderse como medios estatales, no gubernamentales, y con financiamiento obligatorio de los presupuestos general del Estado o seccionales.
Cordero (PAIS) acogió la propuesta y se comprometió a promover una reunión interbloques para socializarla. También aceptó la imposición del botón con el texto "Soy Periodista", en medio de los aplausos de decenas de reporteros.
Sobre el acuerdo interbloques reiteró que hará todo lo posible porque sea respetado, pero al mismo tiempo ratificó que esto no significa que esté "escrito en piedra", dejando abierta la posibilidad de cambios, siempre y cuando partan de los consensos, aclaró.
Jueves 01 de abril del 2010
Sugieren que la rendición de cuentas conste en otra ley
TOMADO DEL DIARIO EL UNIVERSO
QUITO. La Comisión de Comunicación, presidida por Betty Carrillo (PAIS), deberá desarrollar el principio de la rendición de cuentas en la nueva Ley de Comunicación.
La Comisión Ocasional de Comunicación de la Asamblea Nacional desarrollará el principio de la rendición de cuentas de los medios de comunicación dentro del proyecto de Ley de Comunicación que se tramita en la Legislatura.
Así lo anunciaron sectores del Gobierno que consideran que se debe fijar con claridad qué y cómo los medios deben rendir cuentas a la ciudadanía. La rendición de cuentas de los medios fue incluida por el Ejecutivo en un veto a la Ley de Participación Ciudadana, donde se señala que la ciudadanía podrá solicitar rendición de cuentas a los medios. Pero al final de la objeción se abre la posibilidad de que esa rendición sea desarrollada en una ley.El asambleísta Virgilio Hernández (PAIS) consideró que la rendición de cuentas debe desarrollarse en la Ley de Comunicación. "Si en la Ley de Comunicación se desarrolla este tema, estas disposiciones prevalecerán frente al texto objetado por el Ejecutivo", aclaró.
El temor de sectores de oposición es que el Ejecutivo, en su afán de controlar los contenidos, a través de un veto parcial, incluya nuevos textos que radicalicen su posición respecto a la rendición de cuentas.
Sin embargo, Ángel Vilema (PAIS) manifestó que su bloque y la Comisión Ocasional se responsabilizarán de lo que apruebe el pleno de la Asamblea Nacional.Afirmó que se deben rendir cuentas ante la ciudadanía, y aclaró que no se pretende incluir sanciones por el posible incumplimiento que se registre con respecto a este principio.
Fausto Cobo (SP) advirtió que la estrategia del régimen es clara, y con seguridad a través de un veto se incluirán textos que permitan asegurar el objetivo político del Gobierno, que es el control de contenidos.
Cobo expresó que el Ejecutivo a través del veto a la Ley de Participación Ciudadana pulverizó el acuerdo ético-político firmado en diciembre pasado, y que con seguridad insistirá en que los medios privados sean sometidos a una rendición de cuentas que no contempla la Constitución.
Lourdes Tibán (Pachakutik) indicó que es necesario abordar el tema de la rendición de cuentas dentro de la Ley de Comunicación, porque el texto incluido en el artículo 88 de la Ley de Participación es demasiado general.La rendición de cuentas debe ser clara sobre qué temas y qué términos; además, se debe precisar si en esa rendición se incluyen los contenidos que publiquen los medios de comunicación, añadió.
El asambleísta Jimmy Pinoargote (IND) afirmó que los medios de comunicación no son entidades públicas y que sus representantes legales no son dignatarios ni funcionarios públicos, por tanto, no cabe la rendición de cuentas de ellos bajo ninguna circunstancia.
La Constitución, añadió, señala a quiénes deben rendir cuentas, y en ninguna parte se refiere a los medios privados. "En el último de los casos, quienes deberían rendir cuentas serían los medios de comunicación públicos, porque reciben fondos del Estado", explicó.
Apuntes: Los temas clave
ConvocatoriaPara el próximo lunes fueron convocados los miembros de la Comisión de Comunicación para continuar con el trámite de la Ley de Comunicación. AcuerdoLa Comisión al momento discutió tres de los siete puntos del acuerdo legislativo suscrito el pasado 17 de diciembre del 2009.
CronogramaSegún su cronograma, la Comisión trabajará tres días a la semana en el debate de los 104 artículos que contiene el proyecto.
RegulaciónLa Comisión Ocasional de Comunicación incluirá textos para regular las cadenas nacionales emitidas por el Gobierno, según el asambleísta Ángel Vilema.
Sábado 01 de mayo del 2010
LEY DE TRANSPARENCIA CUMPLE 6 AÑOS: EL DERECHO QUEDÓ EN PAPEL
TOMADO DEL DIARIO EL UNIVERSO
QUITO. Aunque la Secretaría de Transparencia es la encargada de vigilar el cumplimiento de la Ley, entregó su informe tarde.
Cualquier persona puede acceder a información pública, sin justificar su pedido, ni el destino que le dará.
Ese es un derecho garantizado en la Constitución y en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Lotaip) que, sin embargo, está lejos de cumplirse en la práctica.
Entre las razones consta el incumplimiento de la Ley de parte del 96% de las instituciones del Estado, el desconocimiento de la ciudadanía sobre su derecho a acceder a información pública y las debilidades de los organismos de control.
La Lotaip, expedida en mayo del 2004, establece que todas las entidades estatales están obligadas a difundir, a través de su página web, información actualizada sobre: su estructura, normas y procedimientos internos; presupuesto, contratos, créditos, salarios, servicios y trámites, auditorías, proyectos y mecanismos de rendición de cuentas. Además, de presentar un informe de cumplimiento de esa obligación, incluido el detalle de las solicitudes de acceso a la información recibidas y contestadas.
La Lotaip señala que hasta el 31 de marzo de cada año las entidades estatales deben entregar sus informes de transparencia a la Defensoría del Pueblo.No obstante, solo 246 lo hicieron hasta la fecha límite. Fuera del plazo entregaron 30 entidades más, según la última actualización de la Defensoría del pasado 13 de abril.
La Secretaría Nacional de Transparencia, organismo del Ejecutivo encargado de vigilar el cumplimiento de la Ley, estuvo entre las instituciones que entregaron sus informes de transparencia con retraso; igual los ministerios Coordinador de Desarrollo Social, de Industrias, de Relaciones Laborales, y Obras Públicas.
Tampoco presentaron a tiempo su informe la Fiscalía, Contraloría, Corte Nacional de Justicia, Senplades, Senatel, el Servicio de Rentas Internas, Alegro, el IESS y la Prefectura de Pichincha.
En tanto, más de 5.000 instituciones no entregaron sus informes.En la gestión pública uno de los estereotipos que persiste es el siguiente: "La Ley de Transparencia no nos puede exigir a nosotros, los guardianes legales de estos datos, a dar la información a los periodistas", según un testimonio recogido en el libro La palabra rota de la organización Fundamedios.
Fundamedios realizó tres monitoreos para evaluar el tratamiento que tienen las entidades estatales con las peticiones de acceso a la información.
Para tomarle el pulso a las instituciones públicas, presentó 69 solicitudes de acceso entre junio y septiembre del 2009. Solo siete entes estatales respondieron a tiempo, 45 no contestaron o entregaron la petición incompleta, 12 lo hicieron fuera del plazo (10 días), dos dijeron que era información reservada y tres, que no tenían datos.
Entre las entidades que no respondieron constan medios de comunicación públicos: El Telégrafo, EcuadorTV y Radio Pública.
En el monitoreo a los medios de comunicación, Fundamedios halló que pocos han formulado peticiones de acceso entre 2008 y 2009. "A diario EL UNIVERSO solo le contestaron dos de ocho pedidos; a Expreso, cuatro de diez; al programa de televisión 30 Minutos Plus (de Teleamazonas) le respondieron dos de siete pedidos".
En cuanto al monitoreo que la organización hizo a la Defensoría del Pueblo, reflejó que aunque se trata de una entidad de control, recibe en promedio 164 informes anuales de transparencia, cuando más de 5.000 instituciones están obligadas a entregarlos.
Cuando el 18 de mayo del 2004 entró en vigencia la Lotaip, su transitoria tercera establecía que la Defensoría del Pueblo tenía seis meses "para adoptar las medidas administrativas, técnicas y presupuestarias para el cumplimiento de la responsabilidad que esta Ley le asigna". Han pasado seis años y la Defensoría, según su máxima autoridad, Fernando Gutiérrez, tiene limitaciones administrativas y financieras.
Otra mirada sobre el tema de transparencia, pero desde los municipios y la ciudadanía la ofrece el estudio que en enero pasado realizó el grupo FARO (Fundación para el Avance de las Reformas y las Oportunidades). Tras analizar los mecanismos de transparencia de 154 gobiernos locales que sí tienen página web, se concluye que los ciudadanos desconocen su derecho de acceso a la información pública, así como los instrumentos legales que tienen para ejercerlo.
Ello se evidenció en que la demanda de información desde la ciudadanía es aún muy débil, según Mabel Andrade, investigadora de esta ONG.
Mauricio Rodas
FUNDACIÓN ETHOS
"En México lo que hace que funcione la Ley es la voluntad política, que se traduce en recursos".
Luis Pachala
CONSEJO DE PARTICIPACIÓN
"Los ciudadanos pueden denunciar a las entidades que no dieron información y ahí haremos algo".
Jueves 06 de mayo del 2010
Persiste polémica por la concesión de Interagua
TOMADO DEL DIARIO EL UNIVERSO
Mercedes de Tenorio, quien habita en una vivienda de caña en la vía Perimetral, se beneficiaría de la tarifa social de Interagua que desde el 1 de mayo cobra $ 0,10 el metro cúbico.
Las organizaciones barriales y el Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos pidieron ayer al alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, que el Municipio asuma el manejo del servicio de agua, actualmente concesionado a Interagua.
El presidente de la Confederación de Barrios del Ecuador, Luis Gómez; la presidenta de la Coordinadora Unitaria de Barrios del Ecuador, Natasha Rojas; y el dirigente del Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos, César Cárdenas, indicaron además que en los próximos días iniciarán movilizaciones en contra de la concesión.
Gómez sostuvo que de acuerdo con la Constitución debe ser el Municipio el ente que "administre y atienda este servicio".
Los dirigentes barriales también criticaron la nueva tarifa social del agua potable por parte de Interagua.
Según la tarifa, los más pobres pagarán $ 0,10 el metro cúbico de agua potable, pero si viven en una casa que tiene 36 metros cuadrados de construcción y si es de caña.
Cárdenas precisó que "una casa así se ve en los asentamientos nuevos del norte, mientras que los que tienen entre 30 y 40 años viviendo en los sectores populares no tienen una vivienda de esa naturaleza".
Por ese motivo, Cárdenas destacó que se insistirá en la propuesta de fijar un mínimo vital gratuito de cinco metros cúbicos, lo que "garantizaría el derecho a este servicio".
Otro pedido de Cárdenas es una tarifa social diferenciada, es decir, para quienes consumen menos de 30 metros cúbicos. "Quienes usan el agua para negocio pagan mucho menos", recalcó y expuso que si un consumidor de la cdla. Las Acacias cancela $ 0,49 por el metro cúbico, una empresa que la utiliza para negocio cancela $ 1,19; "gana mil dólares por un metro cúbico, pagan más los que usan el servicio para la supervivencia".
Mientras, el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, recalcó ayer, en una entrevista a Teleamazonas, que el agua potable "no está privatizada", sino que "hay una concesión a una empresa privada para que invierta y dé mejor servicio a la ciudadanía".
Nebot sostuvo que se debe respetar la concesión y que eso se ha pedido a la Asamblea Nacional.
Detalles: Pedidos a la Asamblea
No cortes por deudas
Los dirigentes barriales solicitaron ayer a la Asamblea Nacional que se incluya un artículo en la Ley de Aguas que impida el corte del servicio por causas económicas (en caso de deudas) y que la Comisión de Fiscalización investigue a Ecapag e Interagua para determinar en qué se han usado los fondos públicos.
Jueves 13 de mayo del 2010
Ancianos, sin beneficios de su ley en las planillas
TOMADO DEL DIARIO EL UNIVERSO
Luis Quinteros prefiere pagar el valor real de las planillas. Pide que solo exijan la cédula para que comprueben la edad.
Jorge Jarama paga 30 dólares mensuales en promedio por consumo de agua potable y no tiene el descuento del 50%.
Cuando Pedro Apolinario (de 68 años) se acercó ayer a pagar la planilla correspondiente al consumo de agua potable por el mes de abril se percató que le habían rebajado dos dólares por la Ley del Anciano. Pero no se sintió satisfecho ya que del valor total que debía cancelar ($ 9,35), le cobraron siete cuando con el descuento de ley (50%) no debía pasar de los 5 dólares.Hace cuatro meses había llenado la solicitud para beneficiarse con lo que determina la ley y recién obtuvo la ventaja, pero a medias.
Su caso no es el mismo de otras personas de la tercera edad que no se les descuenta en las planillas de agua o luz.
Uno de ellos, Luis Quinteros, de 77 años, indicó que en ninguna parte donde va a cancelar sus facturas le aplican lo que determina la ley ya que le exigen hacer un trámite. "Eso es pasar el tiempo y más gasto en movilización. Prefiero pagar lo que sale", manifestó.
Agregó que deberían comprobar que es de la tercera edad solo con la presentación de la cédula de identidad, el carné del Ministerio de Bienestar Social o del IEES.
Fernando Zerna (de 74 años), quien es jubilado de la Corte Superior de Justicia del Guayas, manifestó que no goza de los beneficios determinados en la ley porque le exigen que llene algunos formularios y para él eso es una pérdida de tiempo. "Ellos se deben basar en lo que señala el Registro Oficial. Incluso los transportistas me dicen que si no me da vergüenza pagar la mitad del pasaje y con ese cuento no cumplen con lo que determina la ley", agregó.
Jorge Jarama, de 81 años, también se quejó de que en ninguna institución le aceptan la presentación de la cédula para hacerle la rebaja del 50% en los servicios públicos.
BeneficiariosLa vicepresidenta comercial de la Corporación Eléctrica (ex Emelec), Maritza Medina, señaló que esta institución sí cumple con lo establecido en la ley. Hasta ayer la empresa reportó a 3.517 beneficiarios de la tercera edad.El trámite, que dura dos días, no es largo y quienes deseen gozar de este beneficio deben acercarse a las oficinas de la empresa, en La Garzota, llenar un formulario y adjuntar la copia de la cédula de identidad.
Interagua informó que tiene a 1.819 beneficiarios y están pendientes 458 solicitudes.Para cumplir con el trámite deben acercarse con la cédula de identidad o el carné de pensionista a una de sus oficinas, en la Urbanización San Eduardo o en Calicuchima entre Chimborazo y Coronel.
DesconocimientoPara el comisionado Adjunto de la Defensoría del Pueblo en el Guayas, Lincoln Mora, las instituciones deben cumplir con lo que establece la ley, pero no se les puede exigir porque no hay reclamos y muchos desconocen sobre la forma de pedir sus derechos.
Puso como ejemplo que solo una persona, Jorge Calderón, presentó la queja para exigir que respeten la ley.
Pidió a las personas de la tercera edad que se sientan perjudicados por Interagua, Corporación Eléctrica o Pacifictel que se acerquen a las oficinas de la Defensoría, ubicadas en Lorenzo de Garaycoa Nº 732 y Víctor Manuel Rendón (2º piso) para que presenten su denuncia con la asistente María Rodríguez.
Sobre el abuso que cometen los transportistas con las personas de la tercera edad, dijo que la CTG debe ayudar.
Ley
Artículo 1
El artículo 1 de la Ley Reformatoria que realizó el Congreso Nacional a la Ley del Anciano, publicada el pasado 12 de diciembre, en su texto principal dice: "Se exonera el 50% del valor del consumo que causare el uso de los servicios de un medidor de energía eléctrica cuyo consumo mensual sea de hasta 120 kilovatios por hora y de un medidor de agua cuyo consumo mensual sea de hasta 20 metros cúbicos.
AdemásEl mismo artículo determina que en caso de exceso de esos límites los usuarios pagarán las tarifas normales y el 50% de la tarifa básica o residencial de la planilla telefónica. Para la rebaja, el beneficiario deberá presentar la cédula de ciudadanía o carné de jubilado y pensionista del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
Viernes 29 mayo del 2010
Ley de Empresas Públicas, en agenda
TOMADO DEL DIARIO EL UNIVERSO
El presidente Rafael Correa envió el miércoles al "Congresillo" el proyecto de ley orgánica de empresas públicas, compuesta de 78 artículos, que regula la autonomía económica, financiera, administrativa y de gestión de las empresas públicas.
El proyecto será calificado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), pasará a conocimiento de la Comisión Especializada de Contratación Pública y es parte de las ocho leyes que se prevé aprobar antes del 30 de julio.La propuesta señala los principios que deberán observar las empresas estatales para la contratación de obras, bienes y servicios, incluidos los de consultoría, así como las contrataciones de exploración y explotación de petróleo y bienes de carácter estratégico.
Regula los contratos colectivos y aclara que tendrán ese derecho exclusivamente los obreros que realizan labores en las que prima el trabajo material sobre el intelectual. Obliga a las empresas públicas a establecer programas de retiro voluntario y jubilación forzosa, y prohíbe el aporte de la empresa estatal a fondos de jubilación y cesantía distintos a los del IESS.
Miércoles 03 junio del 2010 del 2010
Ley de Empresas Públicas afectará a 14 normas legales
TOMADO DEL DIARIO EL UNIVERSO
QUITO. El ministro Javier Ponce (i) propuso a legisladores que un comité identifique las acciones que deberán vender las FF.AA.
La Ley Orgánica de Empresas Públicas que está en discusión en la comisión de lo Económico del "Congresillo" afectará a catorce normas legales vigentes, una vez que se publique en el Registro Oficial. Por ahora está en su fase inicial, a 18 días de emitirse el informe para el primer debate.
Las leyes a derogarse son la de Petroecuador y sus filiales, la del Fondo de Solidaridad y las dos de creación de la empresa de Ferrocarriles. Además eliminará cuatro artículos de la Ley Orgánica de Régimen Municipal y una palabra de la Ley del Sector Eléctrico.
La nueva disposición legal, que podría entrar en vigencia en agosto, reforma también el Código Tributario, la Ley de Régimen Tributario Interno, la Ley Orgánica de la Contraloría, la Codificación de la Ley Orgánica de Aduanas, la de Administración Financiera y Control, la de Hidrocarburos, de Compañía y la Codificación de la Ley de Responsabilidad, Estabilización y Transparencia Fiscal.Esto porque el esquema de control de las empresas públicas es caótico, genera inacción y está dentro de muchos marcos jurídicos, expuso Jorge Glas, presidente del directorio del Fondo de Solidaridad, a los miembros de la comisión, en donde el único ausente fue Andrés Pavón (PRE).
Según el funcionario, la normativa de las empresas públicas ha permitido el libertinaje de las compañías porque muchas usaban la figura de compañía pública o privada a conveniencia. Por esa ambigüedad, indicó el ministro de Defensa, Javier Ponce, la propuesta del ejecutivo permitirá reconstruir la institucionalidad de las empresas del Estado.
En el caso de las FF.AA., agregó, es fundamental que se articulen sus empresas porque están manejándose con cierta autonomía y para impedir aquello propuso la creación de un Comité Industrial de la Defensa que se encargará de identificar y separar a las empresas dedicadas al negocio "estrictamente de defensa" y a los de "carácter estratégico para el desarrollo".
Las primeras se quedarán bajo la administración de las Fuerzas Armadas, las otras deberán vender sus acciones. Los estudios ya están avanzados, destacó Ponce. Esa tarea puede estar en seis meses, tiempo que deberá constar en una transitoria en la nueva ley.
Entre las empresas militares constan la línea aérea Tame, el holding Dine, la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec), la fábrica Santa Bárbara (de municiones) y Tecniestamp.
Textual: Acciones en empresas
Javier Ponce,
Ministro de Defensa
"Las FF.AA. tienen acciones en empresas, en el hotel Marriot, por ejemplo, lo que deberán hacer es venderlas".
Miércoles 09 de junio del 2010
Cambios en la Ley de Servicio Público
TOMADO DEL DIARIO EL UNIVERSO
QUITO
La Asamblea Nacional debatirá y aprobará mañana la Ley de Servicio Público, que garantiza la estabilidad laboral en el área pública de aquellos que actualmente laboran y además ratifica que ningún servidor público podrá ganar más de cinco mil dólares mensuales.
Esta ley regirá para los 440 mil funcionarios públicos. La normativa no cobija a los maestros o profesores porque se determinó que ese grupo de servidores se regirán por la Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio.Para los servidores públicos de los gobiernos seccionales se determina que serán regidos por esta ley, aunque en materia salarial se respeta su autonomía, cuya actual remuneración tiene un piso de 360 dólares mensuales con un techo de hasta cinco mil dólares.
El informe fue suscrito unánimemente por los miembros de la comisión, destacó la presidenta de ese organismo, Nívea Vélez, quien resaltó que en la ley se desecha la figura del despido intempestivo de aquellos servidores que actualmente laboran en el sector público.
En la ley se elimina la figura de los contratos ocasionales, pues los asambleístas consideran que toda persona que ingrese al sector público debe hacerlo por concurso de méritos y de oposición, y que además el cargo debe estar vacante.
Las personas que laboran en el sector público en situación de riesgo, como radiólogos, enfermeras, etc., tendrán seis horas de trabajo, pero con una remuneración igual.
Además, se amplía de nueve meses a un año los meses de lactancia materna para las madres servidoras públicas.
Viernes 11 de junio del 2010
Colegas y oposición critican a la oficialista Nívea Vélez por norma
TOMADO DEL DIARIO EL UNIVERSO
QUITO. El debate de la Ley de Servicio Público llevó a constantes consultas entre los asambleístas de PAIS y de la oposición.
El informe para segundo debate de la Ley de Servicio Público no se alejó de las críticas de los asambleístas, quienes ayer advirtieron que la normativa violaría la Constitución y garantizará prebendas a los funcionarios públicos de todos los niveles de gobierno.
El debate arrancó con la exposición de la presidenta de la comisión de los Derechos de los Trabajadores, Nívea Vélez (PAIS), quien resaltó las bondades del proyecto sobre la estabilidad laboral de los servidores públicos, montos de jubilaciones, regulación salarial, bonificaciones geográficas, beneficios de maternidad, evaluación laboral, entre otras.
Pero las críticas se iniciaron con la intervención del gobiernista Mauro Andino, quien advirtió que se está legislando de manera ambigua, general e imprecisa y pidió eliminar beneficios inconstitucionales contemplados en las disposiciones generales del proyecto respecto a pagos de horas extras y suplementarias a favor de los funcionarios y empleados del Consejo Nacional Electoral.
Seguidamente, la oficialista Betty Amores lamentó que los 9 asambleístas de la comisión hayan suprimido el capítulo de los derechos de los usuarios de los servicios públicos, lo cual es grave porque la disposición transitoria de la Constitución establece que se debe aprobar "la normativa para regular el servicio público y no una ley para los servidores públicos", dijo.
El asambleísta Paco Moncayo (AL) advirtió que la ley permite el ingreso de cien mil empleados públicos en cada cambio de gobierno, pues dijo que según el Ministerio de Finanzas reveló que desde el 2007 han ingresado 105 mil nuevos empleados públicos, de los cuales 26 mil recibieron nombramiento. Lo más tenebroso, añadió, es que en la ley se ordena la contratación temporal del 20% del total de servidores públicos cada inicio de gobierno, con lo cual ingresarían cada cuatro años 100 mil empleados al sector público. ¿Hay dinero para cubrir esos gastos?, preguntó.
El gobiernista César Rodríguez, quien al inicio de su intervención recibió pifias desde las barras altas, sugirió la eliminación del texto que excluye a los gobiernos autónomos, descentralizados, sus entidades y regímenes especiales de las escalas salariales que fijará el Ministerio de Relaciones Laborales que determina que nadie puede ganar más que el Presidente de la República.
También observó el artículo sobre el personal docente que menciona que los maestros en todos niveles y modalidades estarán sujetos a la Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio, lo cual puede generar conflictos cuando se aplique la normativa.
Más datos: ELABORACIÓN DE TEXTOS
Próximo debate
Tras el debate de la Ley de Servicio Público y las sugerencias expuestas por los asambleístas del oficialismo y de la oposición, la comisión especializada recogerá las observaciones planteadas en el pleno y presentará un nuevo texto para la votación en la próxima sesión que aún no tiene fecha.
Miércoles 16 de junio del 2010
Ley de Servicio Público va a debate
TOMADO DEL DIARIO EL UNIVERSO
QUITO La Asamblea Nacional intenta hoy aprobar en segundo y definitivo debate la Ley de Servicio Público, para lo cual hasta ayer en la tarde la presidenta de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, Nívea Vélez (ADE), intentaba llegar a consensos en cuatro puntos.
Uno de los temas observados tiene relación con una transitoria que dispone otorgar nombramientos a aquellos empleados públicos que estén bajo la modalidad de contrato por dos años consecutivos.
En el tema de los gobiernos seccionales existe una discrepancia respecto a la garantía para que los servidores municipales puedan alcanzar una escala salarial que valore su esfuerzo, todo ello, sin afectar la autonomía de los gobiernos descentralizados, afirmó la asambleísta Vélez.
Otro punto crítico también se refiere a la sugerencia que se dio en el debate de que la ley precise que quienes pueden acceder a ser funcionarios públicos serán únicamente los ecuatorianos.
Miércoles 21 de junio del 2010
Docentes no entran en Ley de Servicio Público
TOMADO DEL DIARIO EL UNIVERSO
QUITO
Los maestros no entrarán en la Ley de Servicio Público, pues continuarán amparados en la Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio, según el informe de mayoría del proyecto de Ley de Servicio Público que aprobó la comisión legislativa de Derechos de los Trabajadores.
El grupo de asambleístas de Acuerdo Democrático por la Equidad (ADE) presentó ayer el respaldo a la presidenta de la Comisión de Derechos de los Trabajadores, Nívea Vélez, quien elaboró el informe que es sustancialmente diferente a la propuesta del Ejecutivo.
El documento pasará a conocimiento del pleno de la Asamblea para su trámite en primer debate. Según Vélez, es una ley absolutamente diferente a la del Gobierno, pues se desecha la figura del despedido por parte de la autoridad nominadora y se incluyó un texto que determina que se debe respetar el debido proceso.
La asambleísta de ADE explicó que siendo una lucha de años del magisterio no se la puede echar abajo, por lo tanto, se plantea que los profesores sigan rigiéndose bajo el amparo de la Ley de Carrera Docente y Escalafón. "La Ley de Servicio Público no regirá para los maestros y profesores", resaltó.También argumentó que la propuesta de la comisión, de hacer una diferenciación entre los maestros y servidores públicos, no cae en la inconstitucionalidad, porque si se observa el artículo 349, sí prevé que los maestros pueden estar bajo la Ley de Escalafón y Sueldos del Magisterio.
Además, la Ley de Servicio Público garantiza horarios especiales con las mismas remuneraciones para aquellos servidores públicos que tienen a su cargo o protección a personas con discapacidad.
Domingo 23 de junio de 2010
Empresas buscan regularizar su actividad con reformas a la Ley
TOMADO DEL DIARIO EL UNIVERSO
La Asociación de Empresas de Servicio Privado de Movilización presentó en agosto pasado un proyecto de Ley para que se regularice su actividad y terminar con los problemas que suelen presentarse: Los vigilantes detienen los vehículos por falta de un permiso de operación, dijo el presidente del gremio, Rolando Cevallos.
El proyecto propone como requisitos para dar el servicio que las unidades sean tipo sedán y que tengan hasta tres años de vida útil, que ofrezcan seguro para sus clientes y que se autorice una cuota del 10% con relación a los taxis amarillos con permiso.
El servicio de taxis ejecutivos no está determinado en la ley. "Quienes ofrecen este servicio actúan de forma ilegal", precisó el presidente del Consejo Nacional de Tránsito, Harrison Vizcaíno. La ley de Tránsito y Transporte Terrestre establece como contravención grave la prestación de servicio de transporte público "con un vehículo que no esté legalmente autorizado para realizar esta actividad" y la sanciona con prisión de 30 a 180 días y una multa de cinco a diez salarios mínimos vitales.
Cevallos aseguró que el alquiler de autos con chofer que dan sus asociados no son servicios públicos porque cuando el cliente llama a pedir un carro, hay un contrato de por medio. Incluso, prefiere que no se los catalogue como taxi amigos, pues por eso se los considera "piratas".
El Consejo Nacional de Tránsito, dentro del primer semestre, presentará un proyecto para incorporar nuevas modalidades de transporte entre las que se podría incluir este servicio, señaló Vizcaíno.
Domingo 04 de julio del 2010
Proyecto de ley no refuerza el control
TOMADO DEL DIARIO EL UNIVERSO
Funcionarios que laboran en el Ministerio de Educación en Quito, entidad que ha incrementado el número de contratados.
El proyecto de Ley Orgánica del Servicio Público (LOSP) mantiene un nivel técnico aceptable, pero desde el punto de vista político refleja un intento de hacer adaptaciones que sirvan a los intereses del gobierno de turno y no le otorga al Ministerio de Relaciones Laborales la fuerza suficiente para controlar a ese sector.
Estas son las principales observaciones realizadas por el presidente de los servidores públicos, Miguel García; y el ex director de la desaparecida Senres, Juan Abel Echeverría.
Para el primero es cuestionable una transitoria del proyecto que dispone dar nombramientos a empleados públicos que estén bajo la modalidad de contrato por dos años seguidos, por lo que afirma haber solicitado que eso se aplica si se cumplen los requisitos para el puesto.
Aunque el art. 228 de la Constitución establece que debe haber concurso, García explica que en el caso de contratos ocasionales para asesores, por ejemplo, el tema queda a discreción de la autoridad nominadora.
El proyecto también establece que es responsabilidad del Ministerio de Relaciones Laborales ejercer la rectoría del sector público y definir la política salarial y de recursos humanos.
Echeverría lamenta la fusión de la antes Senres con el Min. de Trabajo, pues explica que cuando la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa (Loscca) creó a Senres (octubre del 2003) se buscaba el desarrollo profesional de los servidores públicos, pero más eficiencia y productividad estatal.La Loscca, enfatiza, garantiza la estabilidad de los servidores, protegiéndoles de la arbitrariedad política, pero al mismo tiempo determina que sus remuneraciones sean proporcionales a sus funciones, eficiencia y responsabilidades. Pero el proyecto de LOSP se enfoca más en el servidor público.
Además, Echeverría resalta que la Loscca también establecía que las unidades de recursos humanos de cada institución debían depender de la antes Senres, pero con la desaparición de esa entidad, los ministros ordenan los nombramientos de forma directa, sin concursos.
Finalmente, sostiene que sería preocupante que desaparezcan los logros que tuvo la Loscca y no se refuerce el control que sí fue un vacío en las potestades de la antes Senres, pues frente al incumplimiento de las normas por parte de las instituciones del Estado solo podía comunicar a la Contraloría para que esta determine responsabilidades y sanciones.
Lunes 12 de julio del 2010
Indígenas rechazan acusaciones
TOMADO DEL DIARIO EL UNIVERSO
Gobierno seguirá juicio contra el movimiento indígena por manifestación, durante la cumbre del ALBA, del pasado 25 de junio.
El presidente de la República, Rafael Correa, insistió en sus cuestionamientos contra el movimiento indígena, durante su último enlace radial.
Denunció que ciertas organizaciones no gubernamentales (ONG), que según él son brazos ejecutores de centrales internacionales, (no dio nombres) "le pasan plata a los indígenas y les hacen decir cosas que no tienen fundamento".Al respecto, Delfín Tenesaca, presidente de la Ecuarunari -filial Sierra de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie)- manifestó que las ONG que colaboran con las comunidades indígenas no condicionan al movimiento para que adopte alguna posición política.
Explicó que esas organizaciones mantienen acuerdos directamente con la población indígena para desarrollar proyectos comunitarios, pero no con las organizaciones políticas. "Como Ecuarunari, no tenemos ningún convenio con alguna ONG", puntualizó.
Citó, por ejemplo, que la Unicef desarrolla talleres relacionados con la niñez y adolescencia y que Acción Ecológica mantiene un programa para el cuidado del páramo.
"Esos proyectos no tienen nada que ver con nuestra lucha política… Yo no sé de dónde se inventa el presidente Rafael Correa para atacar a las instituciones", manifestó el dirigente indígena.
Asimismo, señaló que las movilizaciones se financian con las cuotas de los propios indígenas y que en esa colecta no participa ninguna ONG.
Correa criticó, en su enlace radial, que esas movilizaciones privan de servicios públicos a los demás ciudadanos. Citó el artículo 158 del Código Penal, insertado en la sección de los delitos de sabotaje y terrorismo, que castiga con 8 años de reclusión y multa de 87 a 175 dólares "a quien destruya, deteriore, inutilice, interrumpa o paralice servicios públicos".
"Yo actuaré con la Ley en la mano porque cada vez que hayan estos actos tendrán un juicio", advirtió el Mandatario.
Asimismo, rechazó que los indígenas hayan -según él- amenazado con lanzas a los policías durante sus manifestaciones en Otavalo, el 25 de junio pasado, por motivo de la Cumbre de la Alternativa Bolivariana para los pueblos de Nuestra América (ALBA).
Tenesaca, quien participó en esa protesta, manifestó que en esa ocasión los indígenas amazónicos usaron las lanzas para defenderse, ya que los uniformados, montados en caballos, intentaron agredirlos.
"Queríamos hacer conocer a la opinión pública internacional que (aquí) no hay ninguna revolución, ninguna responsabilidad para con nosotros (los indígenas), sino solo insultos y amenazas", argumentó.
También justificó el cierre de carreteras. Indicó que la Conaie, preocupada por las leyes pendientes en la Legislatura, como Educación Superior, Comunicación y Ley Minera, han movilizado a sus bases hacia la capital de la República para buscar un diálogo con la Asamblea y con la Presidencia, pero que la Policía, siguiendo órdenes del Ministerio de Gobierno y de las gobernaciones, impiden el paso a los indígenas y les bajan de los buses. Por esa situación, ellos se quedan en las carreteras y las cierran, manifestó Tenesaca.
CogobiernoSegún Correa, el movimiento indígena, amparado en el discurso de la plurinacionalidad, busca cogobernar junto con la Presidencia. Les acusó de que quieren manejar el agua, la salud y la educación y hacer que nadie entre a su territorio.
DemocraciaTenesaca señaló que el movimiento indígena no busca cogobernar con las autoridades elegidas democráticamente, sino que les exigen que estas gobiernen para todos y que haya participación ciudadana en las decisiones importantes.
Martes 18 de julio del 2010
Consulta en la ciudad sobre los servicios básicos
TOMADO DEL DIARIO EL UNIVERSO
Durante la primera semana del próximo mes, el Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos tiene previsto iniciar un proceso de consulta a la comunidad guayaquileña con el propósito de obtener la opinión de al menos 100.000 personas sobre la calidad de la prestación de los servicios básicos en la urbe.
Según César Cárdenas, director del Observatorio, una de las preguntas tiene que ver si los ciudadanos están de acuerdo en que la Municipalidad asuma la responsabilidad, rectoría, control y regulación del agua potable que se distribuye en Guayaquil.
También se consultará si es necesaria la disolución del contrato de concesión entre la Empresa Cantonal de Agua Potable (Ecapag) e Interagua, firmado en el 2001. Esta pregunta guarda relación con la polémica originada desde junio pasado cuando los estudiantes de una escuela del sector del Plan Piloto se enfermaron con hepatitis A por la mala calidad del agua. La última interrogante está relacionada con la participación de representantes de la sociedad civil y consumidores en las entidades encargadas de brindar servicios públicos.
En la consulta participarán los miembros del Observatorio y de las organizaciones comunitarias que lo conforman, además de estudiantes de universidades que instalarán mesas en instituciones educativas, parques y calles principales de la cuidad, para solicitar el pronunciamiento de las personas que reciben servicios básicos, explicó Cárdenas.
Agregó que los resultados de la encuesta se presentarán el próximo 8 de noviembre y serán entregados al alcalde de la ciudad, Jaime Nebot, y otras autoridades locales.
Esto, según el organizador, con el objetivo de que atiendan las solicitudes de los participantes en la jornada.
Un tribunal electoral con delegados de varios sectores de la sociedad se encargará del conteo y clasificación de las respuestas.
OBSERVATORIOFINANCIAMIENTOEl Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos financiará la consulta que bordea los 1.500 dólares. "Son gastos básicos de papelería, pues el trabajo de la gente es voluntario", precisó César Cárdenas, director del organismo.
ESPERAEl Observatorio espera la respuesta del alcalde Jaime Nebot sobre las "propuestas para mejorar la calidad y el acceso al servicio de agua potable y alcantarillado sanitario y pluvial", entregadas al funcionario este mes.
TRÁMITEAdemás de solicitar que el cabildo asuma la competencia del servicio de agua potable, el Observatorio propone que el Congreso Nacional apruebe una ley reformatoria a la ley de creación de Ecapag.
Sábado 21 de agosto del 2010
Presidencia cambió ayer de dominio electrónico
TOMADO DEL DIARIO EL UNIVERSO
El IESS tiene los 2 dominios.
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