La privatización de la salud en El Salvador (página 3)

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4.2. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN PRIVATIZADOR DE SALUD POR PARTE DEL GOBIERNO DE EL SALVADOR.

Las autoridades del Ministerio de Salud y del Instituto Salvadoreño Seguro Social, se han dedicado a ejecutar prácticas y acomodamientos que les permitan introducir la privatización en el sector salud y para ello se valen de múltiples estrategias, principalmente:

1. Campañas publicitarias
1. Desestabilización de los establecimientos de salud del MSPAS-ISSS.
1. Precarización de empleo y acoso laboral a los trabajadores de la salud.
1. Acciones efectuadas por el gobierno de El Salvador para el avance en la privatización del sector salud.

4.2.1 Campañas Publicitarias

· Desprestigio del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).

(Publicación El Diario de Hoy , Edición 22 de octubre de 2001).

· Desprestigio del sector de trabajadores de establecimientos de salud del ISSS.

(Publicación El Diario de Hoy 23 de Octubre de 2001).

· Desprestigio del sector trabajador en principales hospitales del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

( Hospital Nacional Rosales – Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom).

· Venta publicitaria de los Sistemas Básicos de Salud Integral (SIBASI),

como mejor alternativa de atención primaria en salud.

· Acusación publica por parte de Director general del ISSS a los trabajadores en referencia a responsabilizar a las y los trabajadores del ISSS de la crisis que vive el Seguro Social.

Objetivo de esta estrategia:

Sensibilizar a la ciudadanía y ganar razón en la población en el sentido que la crisis vivida en el Sistema Nacional de Salud (MSPAS – ISSS) es insuperable y la responsabilidad es del sector laboral del mismo. Por lo tanto la única solución es privatizarlo.

4.2.2 Desestabilización De Los Establecimientos De Salud Del MSPAS – ISSS.

· Incremento del desabastecimiento de los centros de atención de primero, segundo y tercer nivel en cuanto a medicamentos, materiales quirúrgicos, insumos, servicios de diagnostico, mantenimiento, equipos y maquinaria, entre otros.

· Reducción de personal (despidos vía retiro "voluntario") y congelamiento de plazas vacantes (despidos, renuncias, jubilaciones).

· Falta de contratación de personal interino para cubrir licencias, vacaciones e incapacidades.

· Aplicación de austeridad en el área de salud dentro del presupuesto nacional.

· Abandono a la reconstrucción de los Hospitales afectados por el terremoto, aun cuando se adjudico fondos para tal fin vía empréstitos.

· Abolición del pago de la cuota "voluntaria" en las unidades de salud del Ministerio de Salud Pública, Sin absorber por parte del gobierno el déficit económico ocasionado por esta medida lo cual ha significado minimizar la operatividad de estas unidades. (Ejemplo: Despido de médicos, paramédicos, trabajadores administrativos y de servicio, desabastecimiento de medicinas, todo ello cubierto con esas cuotas voluntarias)

Objetivo de esta estrategia:

Hacer colapsar los Servicios de Salud Pública, para incrementar la insatisfacción del usuario y justificar la privatización.

4.2.3 Precarización De Empleo Y Acoso Laboral A Los Trabajadores De La Salud.

· Incremento de funciones y tareas a las y los trabajadores de salud.

· Sanción a dirigentes de organizaciones laborales del sector salud.

· Despido de dirigentes y personal sindicalizado del sector salud.

· Violación al derecho constitucional a la intimidad de las personas mediante registros indecorosos e ilegales ejecutados por parte de la vigilancia privada contratada en los establecimientos de salud hacia las y los trabajadores del sector salud.

· Implementación de jefaturas destinadas a la persecución de las y los trabajadores del sector salud.

· Amenazas constantes de sanciones y despidos.

· Violación al Contrato Colectivo vigente en el ISSS.

· Boicot a las campañas de afiliación sindical tanto en el MSPAS como en el ISSS

· Implementación de sistemas de recolección de denuncias, orientando al usuario a la acusación contra el sector laboral.

Objetivo de esta estrategia:

Bloquear la resistencia y disminuir hasta abolir el nivel de lucha del sector trabajador por la defensa de sus derechos y su reivindicación laboral.

Incrementar la insatisfacción y decepción del sector trabajador hacia las organizaciones sindicales y la institución misma, para obligarlo a renunciar.

4.2.4 Acciones Efectuadas Por El Gobierno De El Salvador Para El Avance En La Privatización Del Sector Salud.

Creación Del Marco Jurídico:

· Reforma de la ley de Contrataciones y Adquisiciones de la Administración Pública. En referencia a la licitación de los servicios públicos.

· Reforma de la Ley de Servicio Civil, en referencia a obligatoriedad de justificación anual de las plazas de los servidores públicos.

Financiamiento:

· Préstamo del BID para la modernización del Sector Salud en El Salvador.

. Préstamo del BID para la modernización del Seguro Social. Proyecto Piloto en dos hospitales del ISSS.

. Préstamo del Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento (BIRF) para reconstrucción de Centros de Salud por terremotos y extensión de servicios de salud.

Modificación En La Administración Y Prestación De Servicios De Salud:

· Implementación de los Sistemas Básicos De Salud Integral (SIBASI),

en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

. Implementación de Sistemas Gerenciales de Administración en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social.

· Reestructuración de la División de Salud del Seguro Social.

· Implementación de nuevas formas de contratación del recurso humano en salud bajo la modalidad de pago por producto.

· Reforma de Prestación de servicios de salud al sector del magisterio (Bienestar Magisterial).

· Incremento de metas de producción en los servicios de salud con pérdida de calidad de los mismos.

· Compra de servicios de alimentación, limpieza, vigilancia, de diagnostico y consulta o procedimientos médicos a sectores privados.

Lo anteriormente anotado como avance de la privatización del sector salud salvadoreño ya ha ocasionado estragos tanto en los trabajadores de la salud como en la población en general pudiendo mencionar entre otros los siguientes efectos:

1. Incremento de desempleo en el país a causa de despidos en el sector salud.

2. Precarización de empleo de las y los trabajadores del sector salud.

3. Mayor vulnerabilidad de los trabajadores del sector salud a causa de reformas legales y represión de parte de las autoridades.

4. Retardo en la prestación de los Servicios Públicos y de Seguridad Social de Salud hacia la población usuaria.

5. Rebrote de enfermedades infectocontagiosas y respiratorias tales como Tuberculosis, Hepatitis A, Fiebre Tifoidea, Gastroenteritis, Neumonías y Dengue. Esta ultima manejada casi siempre con posición política y no con visión técnica de salud.

Estas situación descrita sumado al cierre al dialogo por parte de las autoridades del ISSS y Ministerio de Salud Publica con la Sociedad Civil ha hecho que los problemas del sector salud lejos de solucionarse se compliquen. Además ante el llamado de la empresa privada representada principalmente por la Asociación Nacional de la Empresa Privada de reestructurar el Seguro Social en la forma como lo propusiera en su Tercer Encuentro Nacional (ENADE 2002), el gremio medico y la sociedad civil deciden pasar de la denuncia a la resistencia activa implementando medidas de denuncia, difusión de la problemática, sensibilización ciudadana y acciones de presión contra la inminente política de privatizar el sistema de salud de El Salvador.

4.3. LA PRIVATIZACIÓN DE SALUD: SU TRASCENDENCIA.

La carencia de medicinas, insumos, equipo y de suficiente personal médico son parte de la estrategia de ARENA de destruir al Sistema Salud de El Salvador y así hacer más fácil su proceso de privatización, en el marco de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos el próximo 1 de Enero 2006.

La amenaza de la privatización marcha con su destello macabro marcando el futuro de la salud del pueblo. Y el plan gubernamental de hacer inoperante y obsoleto el ISSS y MSPAS retoma fuerzas.

La reciente privatización de la Consulta de Especialidades, en el ISSS, las concesiones de todos los servicios de apoyo –alimentación, limpieza y lavandería-, de algunos servicios técnicos, como laboratorio clínico y las farmacias son una prueba fehaciente que la privatización dentro del ISSS camina a pasos gigantes. ¿Por qué?

Sin embargo, es necesario anotar que en su conjunto los argumentos referidos ponen en discusión, en última instancia, la solidaridad social y el concepto de ciudadanía universal. Por que entienden que un sector de la población (los sanos, los jóvenes y los ricos) no deberían financiar a los enfermos, a los viejos y a los pobres.

Aquí subyace la concepción de que el proceso salud-enfermedad es una cuestión privada y por lo tanto, sus soluciones se deberían dar en la esfera de lo privado. Esto refuerza la idea de que para cada necesidad, respecto a la salud y demás condiciones de vida, se generan diferentes capacidades de respuesta dirigidas a satisfacerlas. Prueba de ello es el aumento de la promoción de la privatización de la salud con el fin de crear paquetes diferenciados de atención en salud dirigidos a segmentar cada vez más a la población, originando así distintas clases de ciudadanos.

Históricamente, la sociedad Salvadoreña se ha desarrollado con base en la desigualdad, ello se daba al mismo tiempo en que se manifestaba, por parte de todos los gobiernos, una constante preocupación por mejorar las condiciones de vida de los sectores mayoritarios de la población. En la coyuntura actual, el Estado Salvadoreño progresivamente está abandonando algunas de sus funciones redistributivas y distributivas, por lo que se acentúa la desigualdad social de una manera peligrosamente irreversible.

La privatización del seguro social y de otros servicios de la red pública de salud no sólo va encarecer los servicios sino que el acceso a los mismos dependerá de las condiciones en que se encuentre la economía familiar. Según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples de 2002, actualmente el 60% del gasto total en salud proviene directamente de los usuarios. Es decir, que la sostenibilidad del gasto en salud depende de los pagos que la población realiza ya sea por medio de impuestos o en la inversión directa de cada hogar.

Esperamos pues que, mas pronto que tarde, El Pueblo Salvadoreño comprenda que LA PRIVATIZACIÓN SE DEBE DETENER con lucha organizada, con resistencia y con la construcción de nuevas alternativas; Porque sino: ¡O PAGA, O SE MUERE!

CAPITULO V

RESISTENCIA A LA PRIVATIZACIÓN DE LA SALUD EN EL SALVADOR

5.1 RESISTENCIA A LA PRIVATIZACIÓN DE LA SALUD EN EL SALVADOR.

La salud es un derecho fundamental de todas las personas y es el Estado el responsable de velar y hacer cumplir este derecho. Pero como se puede comprobar al gobierno de turno poco le importa brindar servicios médicos de calidad.

Por el contrario el gobierno está llevando a un colapso la administración de Salud Pública y al ISSS, se prioriza por invertir millonarias cantidades en publicidad y propaganda y no se hacen esfuerzos por solucionar los verdaderos problemas en la atención en salud.

Esta política nefasta obedece a las cada día más concretas intenciones de privatizar la red de servicios públicos, como parte del modelo neoliberal y como un aspecto fundamental del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos que entrara en vigencia en nuestro país El Salvador este próximo 1ro Enero 2006.

Ante esta situación, debemos estar informados sobre la atención de los servicios que se prestan en la red nacional de salud e involucrar a los diferentes sectores de la sociedad en el proceso de reforma integral de salud, bajo los principios de calidad, calidez y solidaridad de los servicios. Es indispensable que los y las salvadoreñas tomen conciencia que el proceso de construcción de un modelo de salud pública, debe tener como eje fundamental al ser humano y no el principio mercantilista; de lo contrario difícilmente se podrá solucionar la problemática de la salud.

5.2. PRINCIPIOS Y VALORES QUE DEBEN EXISTIR COMO ALTERNATIVA A UNA VISIÓN PRIVADA

Principios Y Valores.

Para reformar el sistema de salud no basta con lograr un consenso en lo negativo, es decir sobre las carencias y las deficiencias que deben corregirse. Se necesita partir de un consenso sobre los principios que deben fundamentar el desempeño del sistema de salud y que por lo tanto deberán regir los cambios que mejoren nuestra respuesta organizada a los retos en salud que enfrenta nuestro país.

Ciudadanía: Tomar como base el hecho de que el acceso a los servicios de salud es un derecho social de todos los salvadoreños.

Humanismo: Poner a la persona y su familia como centro y eje del sistema de salud en tanto que motivo y fin último del mismo.

Respeto: Enfatizar la consideración y deferencia para con el usuario de los servicios de salud, independientemente de su estatus social, identidad cultural, su condición económica y de las opciones de las personas. Los trabajadores de salud están obligados a brindar un trato digno y justo a los/as usuarios/as.

Etica: Los actores del Sistema están comprometidos por su profesión y con el derecho a la salud de la población fundamentado en la visión de desarrollo humano sostenible.

Calidez: Garantizar un trato humano, amable y cálido al paciente, como norma de conducta.

Universalidad: Derecho de todos los individuos a recibir atención independientemente de su situación socioeconómica, religiosa, étnica, política, o preferencia sexual.

Equidad: Garantizar que, ante una misma necesidad de salud, toda persona salvadoreña, sin discriminación de ningún tipo, tenga acceso a los mismos servicios.

Solidaridad: La salud de todos es responsabilidad de todos

Subsidiaridad: El estado financiará los servicios de salud a la población de acuerdo con su capacidad de pago é independientemente de su riesgo de salud, así la inversión en salud contribuye al desarrollo humano sostenible.

Accesibilidad: Facilitar el acceso a los servicios de salud y eliminar las barreras geográficas, socio-económicas y culturales.

Calidad: Procurar que los servicios produzcan el máximo de mejoramiento posible en los niveles de salud de la población, y satisfacer las expectativas de los/as usuarios/as con una atención buena, efectiva, oportuna, continua, humana, cortés y respetuosa.

Integralidad: Procurar el cuidado a la salud desde una perspectiva holística que considere a la persona en su contexto biológico, psicológico, social y cultural.

Eficacia: Lograr el objetivo del servicio sobre los usuarios/as del mismo, dando prioridad a aquellas intervenciones encaminadas a obtener los mejores resultados a la brevedad posible.

Eficiencia: Obtener el mayor nivel posible de salud para toda la población con los recursos que el gobierno asigne a éste fin.

Oportunidad: Procurar que la respuesta organizada a las necesidades de salud de la población sea eficaz y expedita.

Democracia: Procurar la participación activa de la sociedad en la toma de decisiones relacionadas con la definición y funcionamiento del sistema de salud.

5.3. LINEAMIENTOS GENERALES CONTRA LA PRIVATIZACIÓN DE LA REFORMA DEL SECTOR SALUD.

El desafío que enfrenta el sector salud en El Salvador se puede resumir en una frase: Hacer prevalecer los principios y valores que la sociedad salvadoreña exige y espera de un Sistema Nacional de Salud y afrontar sus retos.

Para responder a esta urgencia, Presentamos a continuación lineamientos generales básicos que deberán guiar el proceso de la reforma del sector salud en función del paciente y no del "cliente":

5.3.1 Consolidar Un Sistema Nacional De Salud.

Este sistema nacional de salud deberá volver accesibles los servicios de atención a la salud que demanda y requiere la población, facilitando su uso más justo, eficaz y eficiente. y propiciar esfuerzos de coordinación e integración del sector público y de complementariedad con el sector privado. Así también, deberá estar en condiciones de mejorar el desempeño en la provisión de servicios y hacer el mejor uso posible del gasto público en materia de salud.

5.3.2 Consolidar Un Modelo De Atención Basado En La Promoción, La Prevención Y La Atención Primaria De Salud.

El modelo de atención dará cobertura en los tres niveles, con énfasis en el primero, priorizando las acciones de promoción y prevención y la atención de la morbilidad con o sin hospitalización. Este modelo será un pilar fundamental en el cual se deberá apoyar la transformación del sistema de salud; ya que contribuirá a que la prestación de servicios se vuelva más eficiente y equitativa, se brinde con calidad y calidez, y que responda a las necesidades de mayor prevalencia entre la población. Para ello, se deberá motivar la promoción de la salud, fomentar la prevención, y aumentar la capacidad de resolución del primer nivel de atención en el cuidado de las enfermedades.

5.3.3 Consolidar Un Modelo De Gestión Basado En La Rectoría Del Ministerio De Salud.

Se propone un modelo de gestión – entendido como el modo de operar los componentes del sistema, los diferentes actores y sus roles, lo administrativo, lo técnico y lo financiero – que parte de la rectoría y liderazgo del Ministerio de Salud como cabeza del sector salud.

El modelo de gestión deberá estar orientado a mejorar el desempeño del sistema nacional de salud en su conjunto, procurando la operación eficiente de los servicios de salud para atender a los usuarios del sistema con calidad y calidez y mejorar la calidad de vida de la población. El modelo de gestión deberá contemplar tres elementos clave:

– La regulación y dirección del sistema de salud, – La gestión financiera del sistema y – La prestación de servicios.

5.3.4 Institucionalizar La Participación Social Como Un Eje Transversal Del Sistema De Salud.

Aun antes de iniciar formalmente el proceso de Reforma el andamiaje político deberá, al igual que el social, ser fruto de apertura, discusión y negociación a fin de incorporar el máximo de fuerzas sociales, y hacer de este proceso un centro de coincidencia de compromisos con la sociedad. De igual manera que las actividades de salud relativas a la vacunación infantil lograron convocar los mejores oficios de las partes beligerantes en el conflicto civil salvadoreño, el tema salud puede y debe ser el punto de coincidencia en el marco de un Pacto Social que comprometa la participación política y ciudadana en un proceso de Reforma que sin ellos, no tendría factibilidad ni validez.

5.3.5 Invertir En Los Recursos Humanos de Salud.

Los recursos humanos para la salud están al centro de los esfuerzos para mejorar la calidad, ampliar la cobertura, y garantizar la equidad en la prestación de los servicios de salud, que son los objetivos centrales de la reforma. De ahí que se recomiende que se busque una política de desarrollo de recursos humanos en el área de salud que promueva y regule su formación, regule su actividad profesional, enmarque las relaciones laborales y administre y asigne este recurso con equidad.

5.3.6 Fortalecer La Intersectorialidad En La Respuesta Social Organizada A Los Retos En Salud.

Se ha definido a la salud como el estado de completo bienestar físico, mental y social, de ahí que para que la reforma del sistema de salud se convierta en una herramienta eficaz para la respuesta social organizada a los retos en salud del país, deberá contar con el compromiso de varios actores sociales y de los diversos sectores que conforman el Estado. Se deberán unir esfuerzos para promover activamente todos los elementos que afectan la salud, tales como la educación, la alimentación, el empleo, la vivienda, los servicios básicos, la protección del medio ambiente, y la igualdad de la mujer. En particular, se deberá hacer énfasis en las acciones de salud que deberán desarrollarse en el nivel local, tales como las tareas propias del saneamiento básico y el control de la contaminación, control de vectores, educación para la salud, salud de la familia y prevención de enfermedades emergentes tales como el SIDA y reemergentess como el dengue, el cólera, la tuberculosis, la violencia y otras.

5.3.7 Garantizar Servicios De Salud A Toda La Población.

Entre las acciones más tangibles de la reforma, uno de los compromisos más fuertes y urgentes, es reducir la brecha existente entre la población que tiene acceso a la atención completa y la que no obtiene nada. La Reforma iniciará garantizando servicios esenciales a la población no cubierta. El Gobierno Central, sus instituciones públicas, la Sociedad Civil, la iniciativa privada y la Cooperación Externa no deben escatimar esfuerzos para asignar los fondos suficientes. Es obvio que los beneficios directos de estas intervenciones redundaran en mejorar el nivel de vida de las personas, proveer más y mejores oportunidades y consecuentemente en una sociedad más humana, que invierte en las personas para así alcanzar sus metas.

5.4 ALTERNATIVAS DE REFORMA DEL SISTEMA SALUD EN EL SALVADOR

Entre fines de noviembre de 1998 y octubre 2000, se desarrollaron siete propuestas de reforma de la salud por actores salvadoreños, tres de ellas limitadas a un sub sector y las otras cuatro a todo el sector: Panadeiros 1999 (adicionada por FUSADES 2000); MSPAS 1999, CONASA 1999; Colegio Médico 1999; STISSS 1999; ISSS 2000 y SIMETRISSS 2000.

5.4.1 Sector Público, MSPAS.

La reforma del sector salud en El Salvador fue parte del Plan de Gobierno 1994-99 que estableció como prioridad nacional la modernización del sector público. Este plan inició un proceso de modernización institucional y descentralización del MSPAS alrededor del concepto de "Sistema Básico de Salud Integral" (SIBASI), el financiamiento mixto de hospitales estatales y el apoyo de la cooperación internacional para elevar la eficiencia de la atención médica.

Las direcciones facilitan la contratación de servicios bajo cuatro modalidades: la suscripción de convenios entre la Dirección y los SIBASIS (antes sistemas sanitarios); la contratación de servicios privados; la compra de servicios por capacitación; y la provisión de servicios por prestación directa desde la propia Dirección (sobre todo acciones de salud pública, vigilancia epidemiológica y comunicaciones). Sin embargo, el proceso de descentralización y la efectividad del SIBASI enfrentan la dificultad de no contar con un presupuesto apropiadamente diseñado.

El papel del MSPAS en este proceso de modernización se focaliza en dos niveles básicos: rectoría y provisión del servicio. Los objetivos son: primero, establecer el fundamento institucional y de infraestructura para cuando se implemente la reforma con el animo de "estar preparar" para asumir el compromiso de la reforma, mediante la modernización de sistemas, actividades, procedimientos, y tareas. Segundo, se define la gradualidad del proceso de modernización pues los establecimientos y unidades que otorgan el servicio adquirirán paulatinamente su autonomía.

5.4.2 Sector Público, ISSS.

El ISSS también ha iniciado un plan de modernización descrito en su Plan Quinquenal (ISSS 2000). El propósito principal de éste es la descentralización y la transformación del modelo de gestión de los hospitales y establecimientos médicos. El convenio o contrato de gestión vincula al financiador (regulado y contralor) con el proveedor que se puede ser público o privado (gestor y proveedor). El financiador define el qué, cómo y el cuánto en el contrato de gestión para que el proveedor produzca una cobertura de calidad. El presupuesto se asigna por procedimiento o producto (servicio) a fin de elevar la productividad de los establecimientos médicos. La nueva gestión implicaría un cambio en la modalidad de pagos del ISSS. Por ejemplo, el pago de planillas para el personal médico en vez de hacerse por haberes previamente fijados se haría por volumen de procedimientos. La nueva visión de gestión incluye también la tercerización de la preparación de alimentos, vigilancia, limpieza, correspondencia, desechos de sólidos y de una gama de otras actividades de apoyo a los servicios médicos. En la actualidad, el ISSS compra servicios tales como vigilancia, rayos x, laboratorios e incluso servicios médicos (por ejemplo, tres mil partos de bajo riesgo que anualmente se hacen en el hospital Pro Familia).

La visión de largo plazo de la administración actual del ISSS es convertirse en una aseguradora que financia los servicios de salud, porque no provee directamente los servicios médicos. De acuerdo a esta visión, el MSPAS y el ISSS tendrían que coordinar acciones y definir sus responsabilidades.

5.4.3 CONASA

La propuesta presentada por la Comisión Nacional de Salud (CONASA 1999) que crea un seguro de salud obligatorio es en realidad, una propuesta gubernamental debido a que la comisión fue nombrada por el Ejecutivo. La propuesta de esta comisión (realizada con colaboración financiera y técnica de US-AID, la OPS y Cooperación Técnica Alemana (GTZ) se organiza en un sistema de salud que contiene un modelo de atención (integral y accesible), modelo de financiamiento (creación de Fondo de Solidaridad para la salud), modelo de gestión (estructurado, descentralizado, participativo). Crea al seguro de salud universal (obligatorio) con varios tipos de financiamiento de trabajadores/as y empleadores/as contribuyentes, pensionistas, AFPs, contribuciones del Estado e impuesto donde, el financiamiento se realiza por medio de un fondo general adicional y, en consecuencia, se elimina el ISSS como tal.

5.4.4 COLEGIO MÉDICO DE EL SALVADOR

La propuesta del Colegio Médico tiene un énfasis importante en la "rectoría con gestión participativa" en vez de "rectoría" a secas que propone el MSPAS. Asimismo, también enfatiza la descentralización pero agregándole "sin privatización". La propuesta se define como una propuesta de política nacional de salud y no únicamente una propuesta técnica.

Plantea la reforma del sector público en la cual el MSPAS asume la responsabilidad programática y financiera de la salud de la población en todos los niveles de pobreza; en ella, el ISSS amplia su cobertura al sector informal, empleados/as domésticos/as y trabajadores/as del campo, y se moderniza el sub sector privado lucrativo y no lucrativo. El financiamiento del sistema sería mixto, subsidiario y solidario. La administración se garantiza a través de la Comisión de Auditoría Social. Entre las organizaciones que apoyaron la propuesta hubo consenso en que los servicios públicos no deben privatizarse. La propuesta recomienda la conformación del Consejo Nacional de Control y Regulación de la Actividad Sanitaria y de una Comisión Nacional de Reforma para el sector salud de naturaleza permanente, representativa de los actores del sector, pluralista y que además, defina el proyecto de reforma del sector.

El MSPAS sería el ente rector. Los establecimientos del MSPAS funcionarían descentralizadamente formando redes al nivel local, en estrecha coordinación insterinstitucional (alcaldías, iglesias, escuelas, ONGs, etc.). Las instituciones públicas de la salud (MSPAS, ISSS, Sanidad Militar, etc.) Podrían optar por la compra de servicios siempre y cuando, para el interés social y estatal, resulte más conveniente que producirlos.

El sub sector privado no lucrativo podría optar por dar atención primaria bajo la supervisión del MSPAS. El sub sector privado lucrativo tendría la oportunidad de participar en el sistema reformado para lo cual se establecería un régimen de incentivos fiscales para asistencia en situaciones debidamente especificadas y reguladas así como estudiar la posibilidad de remuneraciones básicas adecuadas. El presupuesto destinado al cuidado de la salud tendría que ser aumentado mediante una combinación de elevación del gasto público, contribuciones, impuestos generales y selectivos, donaciones y otros.

5.4.5 STISSS

La propuesta del STISSS vino poco después que la del Colegio Médico. Esta disminuye el papel que desempeña el MSPAS en la propuesta del Colegio Médico y, más bien, reemplaza la "gestión participativa" del MSPAS por la "rectoría y liderazgo en la prestación de servicios" de parte del ISSS. Este último administrará las cotizaciones, extenderá la seguridad social a grupos de trabajadores/as tradicionalmente excluidos/as, coordinará las acciones de otras instituciones sean ONGs, hospitales o clínicas privadas con fines de lucro (subcontratadas). Es decir, el ISSS proveerá servicios propios pero también subcontratará los servicios de instituciones privadas. Todos los establecimientos de salud se regirán por la política nacional de salud, políticas y programas sectoriales y las normas que emita el MSPAS en su calidad de rector solamente, desligado de funciones administrativas o de financiación directa de la provisión de servicios. De acuerdo a STISSS, esta propuesta se inspiró en el modelo de Costa Rica, pero ella incluye una propuesta de reforma normativa y no incluye un componente de costo. A diferencia de la reforma de los años noventa en Costa Rica, la propuesta del STISSS indica que la administración se haría por los trabajadores/as mientras que en Costa Rica, la administración es por parte del Seguro Social con representación tripartita.

5.4.6 SIMETRISSS

SIMETRISSS suscribio la propuesta del Colegio Médico pero el 17 de octubre 2000, SIMETRISSS dio a conocer una propuesta de gestión de los hospitales Roma y Amatepec. Este nuevo medio de gestión en estos hospitales debe ser participativa, regida por los principios de la seguridad social, considerando que son empresas sociales sin fines de lucro, productoras de servicios públicos de salud integral.

5.4.7 Sector Empresarial: FUSADES

La propuesta de FUSADES (Panadeiros 1999) es una propuesta de privatización del sector salud. Se basa en la compra de un seguro obligatorio que debe ser financiado con aportes personales o con apoyo estatal para los que no pueden por sí solos financiar un nivel de salud mínimo aceptable. Todos los salvadoreños deberán contar con este seguro de prevención, de atención secundaria y terciaria. Debe financiar un plan básico o integral de salud que cubra un conjunto de prestaciones destinadas al grupo familiar y que corresponden a la máxima cobertura que el Estado garantiza a su población más pobre.

Se crea una Superintendencia de Salud para controlar a las aseguradoras, se perfecciona la función del Estado mediante acciones de prevención primaria de apropiación colectiva a través del MSPAS. Se otorga un subsidio estatal directo a familias de menores recursos para asegurar el acceso igualitario. Se contratará el seguro básico de salud con una aseguradora privada o pública de acuerdo a la libre elección del asegurado/a. las personas indigentes recibirán el subsidio máximo que deberá ser suficiente para contratar un seguro que no contemple copago. Las familias con ingresos bajos o medio bajos que cotizan, tendrán derecho a un subsidio igual al subsidio máximo menos la cotización obligatoria (cotización actual o un porcentaje que se fije de la renta).

5.4.8 Consideración General De Las Propuestas.

Definitivamente, el actual Sistema de Salud en El Salvador viene agotando desde hace mucho tiempo sus reservas. Los conflictos laborales pasados, así como las epidemias y penurias de la población en lo referente a la salud, son una muestra de que el país necesita urgentemente una reforma profunda. Pero el significado de esta reforma no tiene el mismo sentido para los diferentes sectores involucrados. Para algunos significa "privatización" a secas. Es decir, despojar al sector público de los atributos de antaño y pasarlos "al mercado" para que todo sea eficiente. El peligro reside en que "la salud en el mercado" puede convertirse en una mercancía que pocos puedan comprar a satisfacción y que muchos no podrán acceder a pesar de "los servicios comprados por el Estado". Para otros significa mantener "las decisiones y el aparato" en el lado de la administración pública, con el peligro de seguir alimentando un aparato burocrático que, a la larga, se vuelve pesadilla para la población y carga fiscal para todos.

¿Qué se puede hacer entonces? Construir un pilar público con el Ministerio de Salud y Asistencia Social, un pilar con el Instituto Salvadoreño del Seguro Social y un pilar Privado compuesto por el privado lucrativo y por el no lucrativo. Esto nos llama a trabajar en la búsqueda de lo óptimo acumulado a lo largo de nuestra experiencia como Estado y Sociedad para dotarnos de un Sistema Mixto de Salud que conlleve a aliviar y atender a toda la población sin ninguna discriminación ya que como afirmamos el peligro reside en que "la salud en el mercado" puede convertirse en una mercancía que pocos puedan comprar.

Creemos que una reforma puede llevar veinte años o más, pero entre más pronto se comience será mejor, siempre y cuando no olvidemos que el Estado tienen la obligación de velar para que toda la población tenga acceso al sistema de salud en igualdad de condiciones y de trato, pero que además, está obligado a priorizar recursos y acciones para promover el adelanto de aquellos sectores de la población que son más vulnerables.

Un sistema de Salud no tiene que perder esta perspectiva pues es un principio que no entra en el mercado, sino que debe estar en las raíces mismas del sistema democrático y de cara al desarrollo económico y social. Una población joven que está en constante peligro de enfermedades prevenibles definitivamente no presenta un futuro prometedor para el país, pues en su camino hacia el mercado de trabajo, se debilita y así también se debilitan el Estado y la Sociedad misma.

5.5 LA SALUD UNA CONQUISTA DE LOS DERECHOS HUMANOS:

NO UNA POLÍTICA MERCANTILISTA PRIVADA.

Es preciso que toda la población conozca, tome conciencia y se apropie de la problemática de salud, teniendo en cuenta las consecuencias de lo que significa privatizar la salud en El Salvador; y partiendo de esto, exigir al gobierno que cumpla con el derecho constitucional de proporcionar salud a todos los salvadoreños y salvadoreñas, siendo imprescindible la participación activa en la defensa de estos derechos de todos y todas.

El derecho a la salud es parte del conjunto de los derechos económicos, sociales y culturales que se refieren a necesidades humanas básicas de indispensable cumplimiento y, por ende, se consideran elementos esenciales para el logro de una vida digna y el desarrollo integral de las personas. Si bien el derecho a la salud es considerado de naturaleza colectiva, dado que las acciones realizadas para promoverla y garantizarla benefician a toda sociedad o a un amplio conjunto de la misma, su goce o afectación es también, e indiscutiblemente, de carácter personal. Por consiguiente, básicamente afirmamos que la privatización de la salud nos asegura dentro del mercado mercantilista que muchos y muchas se enfrenten al dilema: !O PAGA, O SE MUERE!

CAPITULO VI

LOS DERECHOS HUMANOS Y LA PRIVATIZACIÓN DE LA SALUD.

6.1 LA SALUD Y LA CONSTITUCIÓN DE EL SALVADOR

El marco legal del derecho a la salud técnicamente esta validado por la Constitución de El Salvador, Afirmación que se fundamenta en los siguientes artículos:

ARTICULO 1

El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del estado, que esta organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común.

Así mismo reconoce como persona humana a todo ser humano desde el instante de la concepción.

En consecuencia, es obligación del estado asegurar a los habitantes de la republica, el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social.

ARTICULO 65

La salud de los habitantes de la republica constituye un bien publico. El estado y las personas están obligados a velar por su conservación y restablecimiento.

El estado determinara la política nacional de salud y controlara y supervisara su aplicación.

ARTICULO 66

El estado dará asistencia gratuita a los enfermos que carezcan de recursos, y a los habitantes en general, cuando el tratamiento constituya un medio eficaz para prevenir la diseminación de una enfermedad transmisible. En este caso, toda persona esta obligada a someterse a dicho tratamiento.

ARTICULO 70

El estado tomara a su cargo a los indigentes que, por su edad o incapacidad física o mental, sean inhábiles para el trabajo.

6.2 LA SALUD Y LOS DERECHOS HUMANOS.

La conceptualizacion del derecho humano a la salud no solamente debe entenderse, desde una visión técnica jurídica sino también en relación directa con el imperativo de lograr garantizar su vigencia de manera más efectiva desde una óptica de derecho humano universal.

El siguiente es un esfuerzo en este sentido, pues ni siquiera a nivel de la doctrina y de los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos existe unanimidad en la noción y/o el concepto de éste y otros derechos económicos, sociales y culturales. En algunos se define su contenido; en otros, únicamente las medidas que contribuirían a construirlos o principios generales que los delimitan. Lo conveniente de tal diversidad en las perspectivas conceptuales es que permite avanzar en dos facetas distintas de un mismo derecho: la conceptualización y la garantización.

De esta forma, la aproximación al derecho a la salud, así mismo los planteamientos sobre su eventual promoción, respeto y garantía, se han construido precisamente a partir de cómo se concibe y aborda este derecho a la salud en nuestra Constitución de la República y marco legal secundario, en diferentes instrumentos internacionales y en la doctrina y estudios especializados o específicos respecto al tema, tanto a nivel nacional como internacional.

6.2.1 La Noción De La Salud Como Un Derecho Humano.

La salud es uno de los derechos humanos fundamentales incluidos dentro del conjunto de los derechos económicos, sociales y culturales; los que a su vez, se entienden como aquellos requerimientos de indispensable satisfacción para el respeto de la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad de las y los seres humanos, los cuales les han sido reconocidos al más alto nivel internacional.

Al referirse los derechos económicos, sociales y culturales a necesidades básicas se entiende que éstas requieren ser atendidas privilegiadamente por los Estados, encontrándose sujetas sus obligaciones en este sentido al principio de progresividad, es decir, al compromiso de adoptar medidas de orden interno así como relativas a la cooperación internacional para la plena efectividad de estos derechos, sin que medie condición o limitación alguna en el mismos. Estas medidas deben ser especialmente de naturaleza económica y técnica y de tipo legislativo que posibiliten utilizar el máximo de los recursos disponibles para ese fin.

En este sentido, la titularidad de los derechos económicos, sociales y culturales, lo mismo que del resto de los derechos humanos comporta dos aspectos de especial trascendencia: por una parte, se fundamenta en el reconocimiento expreso de tal titularidad en razón de la dignidad que le confiere a cada individuo su calidad de ser humano; pero por otra, se refiere a la posibilidad que tienen los hombres y mujeres de exigir el cumplimiento y respeto de sus derechos así como de otros conexos con su satisfacción a las autoridades respectivas.

Un elemento de especial consideración a este respecto es la indivisibilidad e interdependencia que caracteriza a todos los derechos humanos; civiles, políticos, económicos, sociales, ambientales y culturales que, previamente, han sido proclamados de forma permanente por diferentes instrumentos internacionales.

A partir de lo anterior, se entiende por qué el goce pleno del derecho humano a la salud se ha concebido, desde hace mucho, como uno de los objetivos y cimientos principales del progreso y el desarrollo social de los pueblos, lo que permite ir más allá de toda noción y tutela de la salud limitadas a la mera prestación de servicios sanitarios sino ampliarlas a un conjunto de condiciones económicas, sociales, culturales, ambientales y políticas que determinan su vigencia, tales como la existencia de seguridad e higiene en el trabajo, la ausencia o eliminación del hambre y la desnutrición.

Se sintetiza estos alcances de la salud señalando que, en tanto derecho humano fundamental, entraña una importantes connotación interdisciplinaria según la cual deben considerarse los aspectos jurídicos pero también los de otra índole que, igualmente, determinan su cumplimiento y vigencia.

Es así que no resulta sorprendente que la normativa internacional de derechos humanos establezca una especial y directa relación entre la consecución del derecho a un nivel de vida adecuado para las personas y sus familias y el goce de su salud, lo mismo que entre éste y el derecho al desarrollo. En esta lógica, la salud se encuentra estrechamente vinculada a la posibilidad de satisfacción de otros derechos fundamentales como la alimentación, el abrigo, la vivienda y otros servicios sociales así como el trabajo y la educación, más allá de la mera asistencia médica, la que entonces pasa a ser solamente uno de los factores constitutivos del derecho humano a la salud.

6.2.2 El Derecho A La Salud.

Conceptuar el derecho a la salud es uno de los más complicados esfuerzos, porque si bien los indicadores pueden dar a conocer el estado de salud de un pueblo, es empero muy difícil determinar en qué consiste ser titular del derecho a la salud.

Sin embargo y, en coherencia con lo antes señalado, una revisión adecuada de los instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos nos remite a una noción en la que confluyen factores sanitarios, sociales y políticos en la preservación del derecho a la salud, tales como la alimentación, la vivienda, la asistencia médica, las asignaciones presupuestarias estatales y los recursos financieros de la comunidad. En palabras del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU): "el derecho a la salud debe entenderse como el derecho al disfrute del toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarias para alcanzar el más alto nivel posible de salud".

Pero si bien la noción del derecho a la salud hace referencia a diferentes factores y componentes que permiten a las personas llevar una vida sana, no se limita a ello, sino que "entraña libertades y derechos", entre los que figuran el acceso a ala educación, la información, la participación y la capacidad de tomar decisiones.

Lo anterior se encuentra en abierta sintonía con el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales o "Protocolo de San Salvador", según el cual en su artículo 10, el derecho a la salud se refiere al disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social, parámetro que únicamente es posible de verificar cuando las mismas personas, hombres y mujeres, conocen, expresan, debaten, proponen e impulsan la satisfacción de sus necesidades y demandas de salud, ya sea para promoverla, conservarla o restablecerla.

Por ello es que el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de las Naciones Unidas considera el derecho a la salud como una de las condiciones que les permite a las personas vivir dignamente.

Tomando en cuenta lo anterior, entonces, el derecho humano a la salud se propone como definición posible a considerar la siguiente: el derecho a la salud se entiende como todos aquellos requerimientos sanitarios, económicos, sociales, culturales y políticos de las personas relacionadas con la satisfacción de su alimentación, abrigo (vestido y vivienda).

6.3 GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO DEL DERECHO HUMANO A LA SALUD

Al ser entendidos los derechos humanos como prerrogativas que poseen las personas frente al Estado, se entiende su deber de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos.

Particularmente, en lo relativo a la obligación de los Estados de adoptar medidas de toda índole para el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales – entre los que figura el derecho a la salud y, en relación a ello, al derecho a la seguridad

social-, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU agrega el deber estatal de garantizar niveles esenciales en el goce de los mismos, lo que conlleva, entre otras cosas, a "asegurar la prestación de determinados servicios por parte del Estado".

En este sentido, al no reducirse la conceptualización de la salud a la mera ausencia de enfermedades ni a la prestación de servicios médicos sino que, por el contrario, se le ha considerado un derecho "fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos" que depende, al mismo tiempo y en gran medida, de la vigencia de otros, se reconocen los siguientes principios, componentes y medidas elementales, a partir de lo que establece nuestra Constitución de la República y la normativa internacional de protección de los derechos humanos respecto a este derecho:

1. 1. La salud es un bien público porque materializa una de las posibilidades privilegiadas de cumplimiento político del reconocimiento jurídico de la dignidad humana como valor esencial.
   2. La gratuidad en la prestación de servicios de protección sanitaria a la población de escasos recursos económicos y en situaciones de indigencia y epidemias (artículo 66 y 70 Cn.), pero con la expectativa de extender esta posibilidad a toda la población.
   3. La preservación de la salud requiere de medidas sanitarias y sociales impulsadas con recursos públicos.
   4. La comunidad también interviene como parte de los deberes que corresponden a todas las personas en cooperación con el Estado en la asistencia y seguridad sociales "de acuerdo con sus posibilidades y con las circunstancias".
   5. La protección de sectores vulnerables mediante sistemas de seguridad social, respecto a lo cual el derecho a la seguridad social amplía tal protección del Estado a todas las personas en la satisfacción de un nivel de vida digno y decoros cuando sus condiciones especificas representen una amenaza contra ello.
2. Principios:
   1. Una política Nacional de Salud, en la que debe prevalecer una perspectiva preventiva y curativa que incluya asegurar instalaciones, servicios médicos y de otra índole accesible, así como educación de la población sobre la prevención y el tratamiento de los problemas de salud.
   2. Un Sistema de Seguridad Social y planes de servicios de asistencia social respaldados jurídicamente (vía legislativa y reglamentaria).
   3. La disposición de un presupuesto adecuado que garantice la prestación de servicios de salud.
3. Componentes:

   Las diferentes medidas que se pueden adoptar para garantizar el derecho a la salud se refiere a "actos concretos, deliberados y orientados lo más claramente posible hacia la satisfacción de la totalidad de las obligaciones" estatales en los ámbitos respectivos en materia de derechos económicos, sociales y culturales; en este caso, destacan:

   1. Atención primaria en salud, es decir, asistencia sanitaria esencial accesible a todas las personas y familias de la comunidad.
   2. Cobertura universal, extendiendo los beneficios de los servicios de salud a todas y todos los habitantes.
   3. Prevención y tratamiento de enfermedades endémicas, profesionales y de otra índole.
   4. mejoramiento de la salud y las condiciones de seguridad en el trabajo.
   5. Asistencia gratuita a los enfermos que carecen de recursos (artículos 66 Cn.)
   6. Atención disponible en materia de salud mental como parte del sistema de asistencia sanitaria y social.
   7. Provisión de sistemas de seguridad social y establecimiento de seguros sociales para las personas que, por enfermedad, invalidez o vejez, no puedan valerse por sí y para ellas mismas y sus familias.
   8. Protección de mujeres embarazadas que trabajan, madres de niñas y niños lactantes y de corta edad y de proveedoras únicas o prioritarias de los ingresos familiares.
   9. Formulación y establecimiento de programas en materia de población como parte de los servicios médicos de asistencia social, que incluya información, educación y formación de personal.
   10. total inmunización contra las principales enfermedades infecciosas.
   11. prevención y tratamiento de las enfermedades endémicas, profesionales y de otra índole.
   12. La educación de la población sobre la prevención y tratamiento de los problemas de salud.
4. Medidas:

La noción de la salud basada en el bagaje doctrinario, filosófico y jurídico, hace referencia explicita a la vigencia de la dignidad humana y a su carácter de derecho humano fundamental, así como a las obligaciones estatales y a la responsabilidad solidaria que ello implica para garantizarla, es el cimiento privilegiado desde el que se debe regir el proceso de reforma del Sector Salud que se ha retomado en nuestro país.

6.4 LA RECTORÍA DE LA SALUD.

La premisa fundamental de las siguientes consideraciones radica en el contenido esencial de los artículos 1 y 2 de nuestra constitución de la republica, según la cual la dignidad humana y los derechos fundamentales de todos los salvadoreños y salvadoreñas son los criterios prioritarios desde los que debe ponderarse cualquier decisión o actuación con incidencia nacional.

La noción rectora del análisis y tutela del derecho humano a la salud es el conjunto de los derechos económicos, sociales y culturales, cuya perspectiva de indivisibilidad posibilita avanzar progresivamente hacia el goce efectivo del más alto nivel de bienestar posible.

Los principios y las prácticas que deben regir la consecución de una autentica democracia en El Salvador, desde una problemática muy particular como es la salud de la población, nos deberían sintetizar un complejo escenario nacional en el que todavía falta por definir un ideario común –no único-, estas situaciones son:

• la naturaleza esencial de la prestación de servicios de salud
• la falta de una cultura de dialogo
• la fragilidad de la institución democrática.

6.4.1 Obligación Del Estado Salvadoreño De Garantizar El Derecho A La Salud.

En el derecho a la salud en el país, hay obligación del estado salvadoreño de garantizar su cumplimiento y vigencia así como sus insoslayables vínculos con el conjunto de los derechos económicos, sociales y culturales. Podemos citar algunos puntuales que ejemplifican dicha aseveración:

• El articulo 1 Constitución Republica
• El articulo 65 Constitución Republica
• El articulo 66 Constitución Republica
• El articulo 70 Constitución Republica
• Párrafo 1 del articulo 25 de la declaración universal de los derechos humanos
• Párrafo 1 del articulo 12 del pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales
• Párrafo 2 del articulo 12 del pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales
• Inciso 4 del apartado "e" del articulo 5 de la convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, de 1965.
• En el apartado f del párrafo 1 del articulo 11 de la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, de 1979.
• El articulo 12 de la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, de 1979.
• El articulo 24 de la convención sobre los derechos del niño de 1989.
• El articulo 10 del protocolo adicional a la convención americana sobre derechos humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales de 1988.
• Varios instrumentos regionales de derechos humanos como:
• El articulo 11 de la carta social europea de 1961 en su forma revisada.
• El articulo 16 de la carta africana de derechos humanos y de los pueblos de 1981.
• El comité de los derechos económicos, sociales y culturales de la organización de las Naciones Unidas con respecto a los elementos esenciales e interrelacionados que abarcan la vigencia del derecho a la salud destaca –desde la perspectiva de los derechos humanos – la disponibilidad, la accesibilidad y la calidad en la prestación de estos.

Desde el punto de vista que se plantea y enfatiza el problema de salud en los medios de comunicación se oculta o resta importancia a lo que es sustancial: la salud en el conjunto de los derechos económicos, sociales y culturales, forma perspectiva de indivisibilidad lo que posibilita avanzar progresivamente hacia el goce efectivo del mas alto nivel de bienestar posible.

Observemos entonces que la obligación del estado salvadoreño en la garantía del derecho a la salud y a la seguridad social están irremediablemente vinculadas a la vigencia de otros derechos, como ECOSOC, el del trabajo y las libertades sindicales, desde la premisa del principio de indivisibilidad del conjunto de los derechos humanos.

El problema de salud concluimos no solo se refiere, restringida y aisladamente, a una mera cuestión administrativa de una institución del estado. Por el contrario es preocupante el hecho de que nos remite a una forma de conducción política de un tema sensible para la población cuyas principales consecuencias son el debilitamiento del estado de derecho y de la convivencia democrática en el país.

Entonces observemos que las privatizaciones, promovidas en nombre de la modernización, transfirieron a los individuos una responsabilidad históricamente asumida por los gobiernos. Este proceso se desarrolla a través de la introducción de cuotas, descentralización, compra de servicios, flexibilidad laboral etc.

A pesar de que en El Salvador hay sectores minoritarios pero poderosamente económicos que no dejan de elogiar las ventajas de la participación del sector privado, en los países en los que se han aplicado estas reformas el acceso a la salud es cada vez más restringido y de menor calidad. Los sectores vulnerables de la población no pueden afrontar el costo de la salud y progresivamente se van retirando del sistema.

CAPITULO VII

SUMARIO, CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN

SOBRE LA PRIVATIZACIÓN DE LA SALUD EN EL SALVADOR.

7.1. LA PRIVATIZACIÓN DE LA SALUD:

CONSECUENCIAS EN LA POBLACIÓN SALVADOREÑA La privatización de la salud en El Salvador es el resultado de los programas de ajuste estructural del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, los cuales en esencia son una forma de hacer pagar a los salvadoreños la deuda externa que el país adquirió a consecuencia de la recesión económica de los años ochenta.

Estos programas han permitido la ejecución de medidas tales como el traspaso al sector privado de la administración de servicios públicos, bajo la fórmula de "soluciones privadas a problemas públicos", tomando como criterios que la población debe responsabilizarse aun más por su salud, y que el sector privado es más eficiente que el sector público para cumplirle a la población con este derecho constitucional.

Por otro lado, la disminución del gasto público en salud ha llevado a que este gasto provenga del bolsillo de los salvadoreños, haciendo que la salud pase de ser un bien social a una mercancía, y los pacientes se reduzcan a clientes potenciales en la dinámica del mercado.

Ante la crisis actual del sistema de salud, debido a la ineficiencia y precariedad de la prestación de los servicios públicos de salud y del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, ISSS, el gobierno ha visto con agrado y con mucho interés el que la privatización de los servicios de salud sea la solución a la problemática, ya que según ellos solamente así se brindará un mejor servicio a la población y se aumentará la cobertura de atención.

Los procesos de privatización que se están llevando a cabo en nuestro país violentan los derechos humanos, en este caso violentan el derecho a la salud, consignado en la Carta de las Naciones Unidas y en nuestra Constitución de la República, ya que se está negando a la población el acceso a la salud y a la vida.

La privatización trae consigo mecanismos de mercado como la compra de servicios, la descentralización, autonomía de gestión, la libre elección y la participación privada en la prestación de los servicios, la cual enmascara la ausencia de responsabilidad del Estado, al transferir la prestación de servicios de salud a la iniciativa privada que no tiene en cuenta el bien común porque su propósito está fundamentado en el mercantilismo y en que terceras personas se lucren a partir del sufrimiento de la población.

El Salvador no escapa a la ola privatizadora de los servicios públicos como las pensiones de los trabajadores, que constituye un elemento importante dentro de la seguridad social que el Estado está obligado a servir a toda la población, la telefonía, electricidad; y otros rubros de la economía donde por muchos años ha estado presente la participación del Estado, tales como los ingenios, bancos, puertos y aeropuertos; en los cuales ya se han ejecutado procesos de privatización. Ahora, el gobierno se encamina a incorporar a la empresa privada en la prestación de los servicios de salud, además de considerar en un segundo momento, la profundización de procesos privatizadores en el suministro de agua potable y la educación, tal como lo señala la Normativa General para la Modernización del Órgano Ejecutivo, preparada por la Secretaría Técnica de la Presidencia en el año de 1999.

En lo que se refiere al sector salud el gobierno introduce la práctica de estas medidas mercantilistas dentro del Ministerio de Salud Pública con la creación de los Sistemas Básicos de Salud Integral, SIBASI; y en el Seguro Social con el desarrollo de nuevos modelos de gestión. Ambas instituciones están promoviendo la compra de servicios a empresas privadas, lo que traerá impactos negativos en los usuarios y usuarias del sistema, ya que esto limitará en gran medida el acceso de la población a los servicios directos de salud debido al desvió de fondos para pago de los costos burocráticos administrativos y por ende la disminución de fondos asignados en la atención básica de la salud de la población, lo cual hará que obtengan el servicio únicamente aquellas personas que puedan pagarlo, Y de esta forma se cumpla la máxima : ¡O PAGA, O SE MUERE!

Se ha demostrado que los servicios de salud privatizados brindan a sus usuarios y usuarias una calidad acorde al nivel del monto de la póliza del seguro contratado, haciendo menos eficiente y equitativa la prestación de los servicios; además de proporcionar tratamientos y procedimientos médicos más baratos, limitados e ineficaces que ponen en riesgo la salud y la vida de las personas que tienen asignadas la póliza mínima, lo que conlleva el único propósito de reducir los costos de las empresas proveedoras de salud.

La privatización deja de lado el aspecto humano y la dignidad de la persona usuaria del sistema de salud, convirtiéndolos en productos del mercado donde el afán de lucro de la empresa privada prevalece sobre las necesidades de salud de la población. Es por eso que las personas de escasos recursos económicos no tendrán acceso a la salud y se verán obligados a automedicarse poniendo en riesgo su vida.

Teniendo en cuenta que la privatización no es la solución a la problemática de salud que todos los salvadoreños y salvadoreñas estamos viviendo, y que esta práctica mercantil solamente beneficia a los empresarios del sector salud que están lucrándose a costa de la población, es necesario que el gobierno cese los procesos de privatización de los servicios de salud públicos y del Seguro Social, ya que con ello está agudizando aun más la crisis del sistema.

Es preciso que toda la población conozca, tome conciencia y se apropie de la problemática de salud, teniendo en cuenta las consecuencias de lo que significa privatizar la salud en El Salvador; y partiendo de esto, exigir al gobierno que cumpla con el derecho constitucional de proporcionar salud a todos los salvadoreños y salvadoreñas, siendo imprescindible la participación activa de la sociedad en la defensa de estos derechos.

7.2. LA FALTA DE UNA CULTURA DE DIALOGO Y DE CONCERTACIÓN NACIONAL.

Mientras las autoridades del gobierno salvadoreño pretendan medir sus fuerzas y ganar sus posiciones y disposiciones por la vía de la imposición, la mayoría de la población salvadoreña (sociedad civil, el gremio salud y sindicalistas) recurrirán a la presión reivindicativa y a la movilización social para detener los procesos de privatización.

Al principio hubo una falta de cultura de dialogo y de concertación por parte de las autoridades del gobierno hacia la población salvadoreña.

El fuerte impacto negativo que tales actitudes tuvieron en la salud y en el bienestar de las y los pacientes y, cada vez, en la tranquilidad de la sociedad salvadoreña en general propicio que se generara una demanda social creciente por el dialogo y la concertación.

Dialogo y concertación desde el principio del problema de salud debería ser la forma idónea de abordar y resolver el conflicto que no solo involucra al sistema nacional de salud, sino que prácticamente a todos los sectores de la sociedad salvadoreña.

El gobierno continuamente se arroga la potestad de decidir de forma unilateral la mejor conveniencia del sistema nacional de salud, lo que desnaturaliza el proceso de modernización de la Salud Salvadoreña. Ya que esta situación contraviene los más elementales principios democráticos y nos sitúa ante cualquier tipo de iniciativa, pero no frente a un proceso de negociación.

En una cultura de dialogo y de concertación nacional debe existir un esfuerzo inmediato e ininterrumpido de negociación-consenso, en el que se definan, a la mayor brevedad, los acuerdos, compromisos y plazos que las partes involucradas deben asumir para la solución expedita del conflicto existente.

En lo que respecta al problema de salud la sensible elevación del ambiente confrontativo a la que se pueda recurrir por los actores gubernamentales del sistema nacional de salud para presionar a favor de sus posiciones, nos dará siempre un resultado del bajo perfil que terminara discutiéndose o imprimiéndosele en una mesa negociadora. Debido a esto, debemos buscar una salida previa a través de la negociación-consenso en beneficio de la sociedad salvadoreña y no en términos de beneficio de intereses económicos mezquinos de unos pocos sobre la gran mayoría de la población.

Reafirmamos que sé debe recurrir a la legalidad y a la institucionalidad del país para encauzar aspectos específicos relacionados al sistema nacional de salud, pero al mismo tiempo nos pronunciamos contra realizaciones de practicas arbitrarias y atentatorias al estado de derecho, la democracia y los derechos humanos que se realicen en la búsqueda de un fin egoísta, individualista y mercantilista.

Es evidente que la falta de una cultura de dialogo y de concertación en nuestro país se ha constituido, entonces, en un rasgo característico de la dinámica social salvadoreña cuyas dramáticas consecuencias en detrimento de la salud, el bienestar y la tranquilidad de la población son innegables, y que, lamentablemente continua señalando una alta responsabilidad de las máximas autoridades del estado en su profundización mas que en su erradicación.

7.3 CONSIDERACIONES A LA GARANTÍA DEL DERECHO HUMANO A LA SALUD.

El manejo de la Salud en la red nacional es ejemplo que efectivamente hace clara referencia a rumbos que nos distancian de cualquier ruta democrática. La crisis en el sector salud salvadoreño inicio por las pretensiones de modernización institucional del MSPAS e ISSS y sobre cuyas líneas generales expresaron abierta coincidencia personeros gubernamentales y empresariales pero que despertó temores, inquietudes y rechazos de parte de otros sectores, particularmente laborales y sindicales. Negándose desde el principio el espíritu de entendimiento y consulta.

En todo caso, la principal victima de los problemas del sistema salud ha sido la población mas vulnerable que, en razón de su edad, condición social y/o su padecimiento, ha sufrido la disminución, e incluso la restricción de esenciales servicios para la conservación y el restablecimiento de su salud.

Se determina que la aspiración, compartida por diferentes sectores de la sociedad salvadoreña, es iniciar un proceso abierto, transparente, pluralista y respetuoso que conduzca verdaderamente a una reforma democrática del sector salud.

Observamos entonces que el problema del sector salud nos confirma la preocupación que se ha expresado, reiterada y oportunamente, sobre el retroceso experimentado en términos de experiencia democrática en nuestro país puestos a luz en la problemática del área de salud. El estado salvadoreño y las autoridades del gobierno facilitan la innecesaria prolongación del problema de crisis y de sus graves consecuencias, en lo inmediato para la salud de miles de pacientes, derechohabientes, y población usuaria pero, igualmente, esto hace que no se propicie un adecuado clima de estabilidad y tranquilidad social que demanda la sociedad salvadoreña.

El problema del sector de salud nos presenta una situación de flagrante violación del derecho humano a la salud y a la seguridad social. En este sentido, se ha configurado una situación violatoria a los derechos fundamentales de la población salvadoreña, sobre todo de aquella que se encuentra en condiciones de alta vulnerabilidad en razón de su salud. El carácter de problemática nacional del conflicto del sector salud en referencia queda claro al relacionar aspectos de elemental consideración para la convivencia democrática y que denotan una peligrosa vía de imposición de la intolerancia, la conflictividad, la confrontación y la polarización.

Especial amenaza se encuentra en la imperdonable desnaturalización y desgaste que se ha hecho de uno de los mecanismos democráticos por excelencia, no solo para dirimir conflictos sino para construir alternativas viables como nación, cual es la vía de la negociación respetuosa y de altura entre diferentes sectores.

Señalamos con total convicción que un verdadero proceso de solución es la negociación-consenso en forma continua, lo cual sigue siendo la forma mas adecuada y mas eficaz para el logro de resolver conflictos y, al mismo tiempo, el mejor instrumento para superar decididamente los lamentables niveles de desconfianza, falta de credibilidad, hastió y desesperanza existente en la sociedad salvadoreña, sobre todo en aquella mas necesitada y desprotegida.

El problema del sector salud nos exhibe que la transición democrática amenaza con no haberse desarraigado de actitudes, estructuras y prácticas estatales de corte autoritario.

Son primordialmente responsables las autoridades del estado directamente involucradas en la problemática de salud, al no haber atendido su obligación constitucional de resolver los conflictos laborales y de trascendencia social (art. 49 Cn).

Responsabilizar al personal de salud de las consecuencias negativas de la crisis, es una de las mayores muestras de incapacidad y falta de conocimiento de las propias obligaciones jurídicas y éticas que les impone su cargo a las principales jefaturas de quienes las ostentan en el sistema de salud.

Las organizaciones gremiales de los trabajadores de salud evidentemente también han abonado, en ciertos momentos, a la prolongación en el impacto negativo en la salud de la población salvadoreña.

La solución de la problemática de salud, en el marco del más absoluto respeto del estado democrático de derecho, debe propender a la búsqueda del bien común como valor fundamental constitucional.

Partes: 1, 2, 3, 4