8. Los gobiernos justicialistas
Presidencia de Héctor Cámpora Las autoridades electas en los comicios del 11 de marzo asumieron sus funciones el 25 de mayo de 1973. El triunfo de Cámpora significó el triunfo de Perón, así lo refleja la consigna "Cámpora al gobierno, Perón al poder". Las fuerzas izquierdistas peronistas que acompañaban a Cámpora no lo entendieron así y procuraron mantenerse en el poder. Entre las primeras medidas favorecidas por el gobierno de éste y aprobadas por la Legislatura, se cuenta una amnistía que permitió que saliesen de las cárceles un buen número de militantes políticos y algunos terroristas encarcelados por el gobierno anterior. Dentro del peronismo – como una corriente de este – fue tomando fuerza el camporismo. La República se conmovía frente a la violencia cada vez mas generalizada y en el movimiento peronista surgieron críticas a la conducción política llevada a cabo por Cámpora que produjo una crisis dentro de este nucleamiento. En consecuencia, los doctores Cámpora y Solano Lima renunciaron a sus cargos con el objeto confesado de posibilitar el acceso de Perón al Poder Ejecutivo. Cámpora se mantuvo en el cargo solo 50 días. Fue reemplazado provisoriamente por Raúl Lastiri (presidente de la Cámara de Diputados), hasta que se realizaran las elecciones.
Tercera Presidencia de Juan D. Perón Los comicios se realizaron el 23 de septiembre y la formula Juan D. Perón – María Estela Martínez de Perón obtuvo el 61,85% de los votos el radicalismo, con las candidaturas de Balbín – De la Rúa alcanzó el 24,2%. De vuelta en el gobierno, Perón buscó ordenar el complejo cuadro de fuerzas políticas y sociales movilizadas desde 1969. Trató de encauzar las expectativas y los conflictos de casi 20 años de enfrentamiento, y agudizados en los últimos años de la Revolución Argentina. Perón intentó depurar su partido y reorientar la acción política, pero los conflictos habían penetrado en el peronismo y conmovido a la sociedad argentina. El proyecto de Perón se basaba en: el acuerdo político y el Pacto Social. El primero fue fácil de concretar, la oposición política tenía la actitud de colaborar en la normalización institucional del país. A las apelaciones para la conciliación del país se adhirieron los partidos opositores. El Pacto Social fue difícil de cumplir. La idea de un acuerdo entre sindicatos, empresarios y el Estado como herramienta de política económica y social no era novedosa dentro del peronismo, y se inspiraba en las experiencias europeas de concertación social. El Pacto Social no colmaba las expectativas de los sindicalistas. Los salarios fueron aumentados un 20%, las negociaciones colectivas fueron suspendidas por 2 años y se estableció un rígido sistema de control de precios. La CGT presionada por Perón firmo el pacto junto con la CGE, representante del empresariado, y el gobierno. El cumplimiento del pacto suponía que la CGE la central obrera y la CGT acatarían lo pactado. Sin embargo estos vieron caduca su posibilidad de asegurar esta condición y fueron superadas por sus bases. El conflicto entre capital y trabajo pasó a resolverse en el ámbito de las empresas. Solamente la intervención directa de Perón mantenía con vida el acuerdo. Este doble sistema no alcanzaba a contener el conjunto de problemas políticos que Perón debía enfrentar. Este procuró garantizar la autonomía de las Fuerzas Armadas y subordinarlas efectivamente al orden constitucional. Se produjo un enfrentamiento entre el ala izquierda y el ala derecha del peronismo, propiciada por la renuncia de Cámpora, que abrió paso a un ajuste de cuentas de la derecha peronista. La evidencia trágica de estos enfrentamientos fue la masacre de Ezeiza el 20 de junio de 1973 – en el mismo día que Perón regresaba al país -. Perón decidió apoyar a sus fieles sindicalistas y a los miembros de su entorno, liderados por su secretario privado y Ministro de Acción Social, José López Rega. Esto condujo a un enfrentamiento con la izquierda peronista. En los primeros meses del gobierno de Perón, el conflicto tuvo como eje central el desplazamiento de los gobernadores cercanos a la izquierda peronista. Los secuestros y asesinatos políticos se fueron convirtiendo en un método habitual para resolver las diferencias dentro del peronismo. Los Montoneros eligieron sus víctimas entre sindicalistas – Rogelio Coria, ex secretario de la CGT y José Rucchi, secretario de la CGT-, políticos como Arturo Mor Roig (ex ministro de Lanusse) y empresarios como Jorge Born, secuestrados y luego liberados tras el pago de un importante rescate. En noviembre de 1973 apareció la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina), que atentó contra el senador Hipólito Solari Yrigoyen. También tuvo como víctimas de sus ataques a Silvio Frondizi, Atilio López, el padre Carlos Mugica y Rodolfo Ortega Peña. La ruptura definitiva y abierta entre Perón y la izquierda peronista se produjo el primero de mayo de 1974, en el acto del Día del Trabajo, durante el cual el presidente pronunció un discurso en defensa de los sindicalistas e hizo duras criticas a la juventud Peronista. El 12 de junio Perón pronunció su último discurso público en la Plaza de Mayo. Amenazó con su renuncia y reclamó al movimiento obrero el cumplimiento del Pacto Social. Muerte de Perón y sucesión de la presidencia a la vicepresidente María Estela Martínez En junio de 1974 la salud del presidente se había agravado y el 1º de julio falleció. Su muerte se convirtió en un suceso conmovedor. Sus exequias se realizaron ante la consternación generalizada en tanto que en el país se advertía un evidente vacío de poder. El 1º de julio la presidencia fue asumida por la vicepresidente y esposa María Estela Martínez. La muerte de Perón dejó sin control al conjunto de fuerzas que habían coexistido conflictivamente bajo su liderazgo y privó al gobierno de una conducción legítima y aceptada por el conjunto del peronismo que pudieran reformular los acuerdos políticos y sociales para asegurar la gobernabilidad del país. Durante el gobierno de María Estela Martínez apareció un serio deterioro económico e institucional. Rodeada por un "micro clima" de consejeros de su propio círculo en el que habría de sobresalir el Ministro de Bienestar Social José López Rega, la nueva presidente resultó incapaz para resolver el cúmulo de problemas que asolaban al país, pues a la crisis económica se sumaron planteos sociales y violentos atentados terroristas. Los sindicatos se sintieron libres de los compromisos que habían asumido en 1973 y se encargaron de deshacer el diseño político armado por Perón. La dirección de la CGT pasó a mano de sindicalistas. Los nuevos compromisos que la nueva dirigencia negoció con el gobierno apuntaban a la reformulación del Pacto Social y al desplazamiento de los líderes sindicales y políticos opositores al oficialismo cegetista. La concesión de la renegociación del Pacto Social produjo la renuncia de Gelbard. Esta reorganización del gobierno llevó a López Rega a la cúspide de su poder, fortaleció a la burocracia sindical y coincidió con su agravamiento de la violencia. En1975 el conjunto de acuerdos que Perón había articulado y que habían compuesto el eje de su proyecto de institucionalización política había fracasado y el país parecía marchar desorientado.
Desequilibrio en la economía La llegada de Celestino Rodrigo al Ministerio de Economía agudizó los problemas. López Rega apoyó a Rodrigo en la adopción de una serie de medidas conocida como el "rodrigazo"; estas medidas fueron: la devaluación del peso entre un 100% y un 160%, incremento del 181% en el precio de la nafta y del 75% en los precios del transporte y otras medidas que tuvieron como consecuencia la intensificación de la inflación y una crisis política. Este hecho obro como un detonante y se produjo una reacción sindical que habría de terminar con un hecho inédito: una huelga general propiciada por los sindicatos peronistas contra un gobierno del mismo signo político. Ante el agravamiento de la crisis el ministro López Rega debió ser expulsado de su cargo. La presidente solicitó una licencia y asumió provisoriamente el cargo el presidente del Senado Ítalo A. Luder, un peronista reconocido por sus posiciones moderadas que debió recurrir a las Fuerzas Armadas para contener los desbordes terroristas. Este firmó un decreto en el cual autorizaba a las Fuerzas Armadas a eliminar la subversión. Este decreto fue utilizado por los militares golpistas de 1976 para fundamentar la eliminación de los grupos subversivos. Con la vuelta al poder de la señora de Perón, se hicieron más intensas las acciones terroristas de ultraizquierda mientras organizaciones de ultraderecha los enfrentaron apelando los mismos métodos. Fracciones políticas y sindicales resolvieron también sus disputas mediante la fuerza. El regreso de María Estela Martínez, la crisis interna peronista, la agudización de la violencia política, y la falta de colaboración del empresariado y de las Fuerzas Armadas, quitaron al gobierno toda base de apoyo. Todo esto desembocó en un golpe de estado.
9. Proceso de Reorganización Nacional
La Junta Militar El descontrol económico, la violencia política y la evidencia de la desintegración del gobierno abrieron paso para que los militares regresen al gobierno. El 24 de marzo de 1976 la Junta Militar – integrada por los tres comandantes de las tres armas, Jorge R. Videla (Ejército), Emilio E. Massera (Marina) y Orlando R. Agosti (Aeronáutica) – destituyó al gobierno de María E. Martínez y asumió el gobierno iniciando lo que llamaron Proceso de Reorganización Nacional. Esta nueva intervención militar fue diferente de las anteriores, el gobierno fue ejercido directamente por las Fuerzas Armadas. El gobierno militar se propuso transformar de raíz la sociedad argentina. Lo que para la Junta Militar estaba en juego era la existencia misma de una Nación. Para resolver esta crisis había que "reorganizar" la sociedad, en un "proceso" que no tenía "plazos" sino "objetivos". Se lanzó a una campaña contra los militantes políticos y sociales, haciendo uso de un terror mucho peor que aquel que decían estar combatiendo. Entre 1976 y 1983 – bajo el gobierno militar- miles de personas, fueron arrestadas y desaparecieron sin dejar rastros. Esta "reorganización" tuvo características definidas: represión política y social, desarticulación de las bases de la economía industrial y ejercicio autoritario del poder. El poder político fue reemplazado por el poder militar: la presidente fue detenida; se declararon nulos los gobiernos provinciales y municipales, cesó el Poder Legislativo, se removió a los miembros de la Corte Suprema de Justicia y se suspendieron las actividades políticas y gremiales en todo el país. El proceso apoyó su accionar institucional en torno a tres instrumentos legales: 1) el Acta para el Proceso de Reorganización Nacional; 2) el Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional y 3) el Reglamento para el funcionamiento de la Junta Militar. A través de los dos primeros, se firmó el carácter revolucionario el movimiento militar en tanto que por el tercero se reservaba la Junta Militar plenos poderes: el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. La Constitución Nacional quedó subordinada a los ya nombrados instrumentos legales. En la proclama que dio inicio al Proceso, la Junta Militar alegó que estaban "agotadas todas las instancias del mecanismo constitucional" y superada " la posibilidad de rectificaciones dentro del marco de las instituciones". Denunció la existencia de un "vacío de poder" y la necesidad de derrotar a la subversión. La Junta Militar designó como presidente al Teniente General Jorge R. Videla el 2 de abril de 1976. El 1º de agosto de 1978 Videla dejó de integrar la Junta de Comandantes en Jefe y sólo ejerció la presidencia de la Nación. El gobierno tenía ante sí la actividad de la guerrilla a la que muy pronto se le opondría una actividad simétrica de grupos militares y paramilitares que no siempre respondían al control presidencial. La llamada "cultura de la violencia" se había establecido en el país gestándose una especie de guerra civil larvada que dejó hondas y dolorosas huellas. El gobierno militar estuvo atravesado por profundas divisiones internas. Entre 1976 y 1981 la gran mayoría de los altos cargos de la administración pública estuvo a cargo de oficiales de las Fuerzas Armadas. Esto perjudicó el funcionamiento del Estado, porque cada funcionario pasó a depender de dos jefes: su superior jerárquico en el escalafón de la administración pública y su superior militar. Esto contribuyo a dividir al Estado en múltiples unidades que poseían una autonomía de hecho, con los efectos de corrupción Cumplido el término fijado para el período presidencial del General Videla el 29 de marzo de 1981 asumió la presidencia el Teniente General Roberto E. Viola. Por enfermedad el presidente (diciembre de 1981) asumió interinamente la presidencia Tomás Liendo. Viola distendió la economía nacional y reemplazó al ministro de economía. La Junta lo reemplazó, a Viola, transitoriamente por Carlos Alberto Lacoste. Viola dividió el Ministerio de Economía en cinco carteras con la intención de despersonalizar la política económica, incorporo una mayoría de civiles al gabinete, produjo un acercamiento con los sectores propietarios – nombró dirigentes representativos del sector rural y del industrial en los ministerios de Agricultura e Industria – e inició un diálogo con sindicalistas y políticos. Este intento de encontrar nuevas bases de apoyo para el régimen militar fracasó. En julio de 1981, se constituyó la Multipartidaria – convocada por la UCR y compuesta por los partidos Justicialista, Intransigente, Demócrata Cristiano y el Movimiento de Integración y Desarrollo -, con la finalidad de ofrecer un bloque político unificado "tendiente a recuperar la vigencia de las instituciones democráticas y a ofrecer al país, conyunturalmente, una propuesta de solución ante la emergencia nacional". Finalmente el mandato de Viola no alcanzó a cumplir un año y el 12 de diciembre fue relevado de la función presidencial y reemplazado por el Teniente General Leopoldo Galtieri, quien lo había sucedido a la Jefatura del Ejército. Galtieri intentó restablecer la imagen de gobierno y retomar la orientación liberal de la política económica, que quedó en manos del nuevo Ministro de Economía Roberto Alemann. Endureció la relación con los partidos políticos y con el sindicalismo, que endureció su oposición. Una masiva concentración promovida por la CGT, el 30 de marzo de 1982, fue duramente reprimida. La magnitud y el carácter de la movilización mostraron que la oposición social y política había crecido. Una de sus consecuencias principales fue la descomposición inmediata de gobierno militar. Galtieri renunció, la Marina y la Fuerza Aérea se retiraron de la Junta Militar y el Comandante en Jefe del Ejército designó a un nuevo presidente, el Gral. Reynaldo Bignone.
La represión durante la dictadura militar La represión ilegal – que tuvo su punto culminante entre 1976 y 1978- fue uno de los caracteres básicos del gobierno militar. La población vivió en un clima de miedo y censura como consecuencia de la represión. La ilegalidad no fue tal sólo por haber sido llevada a cabo por un gobierno de facto sino porque incluso se violó la legalidad establecida por ese gobierno. El ordenamiento institucional y jurídico del gobierno del Proceso se caracterizó por su incoherencia y arbitrariedad. Como lo puso en evidencia la acción represiva, el gobierno militar no cumplió con las leyes que el mismo había dictado. La represión cuidadosamente planeada, organizada y dirigida por los altos niveles de decisión política y militar, fue clandestina. Sus destinatarios fueron los guerrilleros, sectores sociales y políticos sin vinculación directa con las organizaciones guerrilleras. Las formas de represión incluyeron el secuestro y la detención en centros clandestinos; la tortura y la ejecución. La Junta Militar impuso la pena de muerte pero la aplicó fuera de la ley. A causa de ella surgió la figura jurídica de la desaparición forzada de personas – alrededor de 30000 -. Entre los centros de detención se hace "famoso" el conocido como "LA ESCUELITA", que funcionó bajo la jurisdicción del Comando del Vto. Cuerpo de Ejército.- Numerosos testimonios recogidos dan cuenta que a dicho lugar eran conducidos encapuchadas, maniatadas y amordazadas las personas que a diario se secuestraban en la ciudad y zona. También operando como centro de interrogación, torturas y alojamiento de detenidos -desaparecidos.- El centro "La Escuelita", considerado de enorme importancia por el número de detenidos y la trascendencia personal de alguno de ellos (legisladores, funcionarios, etc.) habría funcionado en terrenos de la parte posterior del Comando, en un lugar donde anteriormente funcionó un tambo y próximo al ClCOFE (Centro Fijo de Comunicaciones e Informaciones del Ejército) y al cual se accedía desde el llamado "Camino de la Carrindanga" (ruta a la localidad de Cabildo). – Testimonios recogidos indican que a dicho centro, compuesto de diversas construcciones, también se recluyó a detenidos trasladados de otros lugares del país, mujeres embarazadas que habrían dado a luz durante el cautiverio y un gran número de personas que luego aparecieron muertas en presuntos enfrentamientos con fuerzas regulares. La crueldad de los represores a cargo del centro fue uno de los aspectos que lo caracterizó, ya que detenidos – desaparecidos que luego fueron puestos en libertad, dan testimonio de las más aberrantes e inhumanas torturas físicas y psicológicas. El modus operandi de las fuerzas represivos se caracterizó por el secuestro nocturno, en automóviles, generalmente no oficiales, donde eran introducidos encapuchados y maniatados los individuos secuestrados. Se los trasladaba en el piso del rodado, constantemente golpeados para que se desorientaran del lugar donde eran llevados. Se movían en grupos fuertemente armados, en varios vehículos, aunque generalmente era solo uno el que se detenía frente al domicilio a requisar, contando con el apoyo a distancia de los restantes. Los allanamientos, en su mayoría violentos, consistían – en algunos casos- en secuestro de familias enteras, y en otros de las personas "buscadas" en la situación que se encontraban, también llevado cualquier otro "sospechoso" que en ese momento habitara la vivienda.- Otra de las características que rodeaban los operativos era el robo y el desmantelamiento de las viviendas de los detenidos. Esta actitud es la que se llego a catalogar, en el decir popular, como que constituía el "botín de guerra" de los que "arriesgaban su vida" en los operativos.- Al mismo tiempo que se venían realizando estas acciones, también se efectuaban los operativos considerados 'legales" en los que intervenía personal del Ejército, Marina o Policía, con abundante despliegue bélico y la participación de vehículos militares. En varios de estos procedimientos, realizados aún a pleno día y ante numerosos testigos presenciales, fueron detenidas personas que hoy figuran como desaparecidas.- Todos estos grupos mencionados – grupos del Ejército, Marina o Policía – actuaron con la más absoluta impunidad, careciendo la población de confianza en la justicia que veía dificultada su accionar. Según el actual presidente, Carlos Menem, los registros de las atrocidades fueron destruidos por los militares tras la guerra de Malvinas en 1982. Los desaparecidos no han sido oídos hasta hoy.
Plano económico La política económica fue conducida y ejecutada durante cinco años por José A. Martínez de Hoz. Ministro de Economía (entre 1976 y 1981), tras formular un grave diagnóstico de la situación económica nacional, instauró una discutida estrategia económica. Concentró en sus manos un enorme poder, que le permitió tomar decisiones que transformaron profundamente el funcionamiento de la economía y de la sociedad argentina. El programa económico, presentado al país el 2 de abril de1976 por Martínez de Hoz, era de inspiración liberal y postulaba la posibilidad de pasar a una economía de producción, por medio de la libre competencia y la limitación del papel del Estado en los asuntos económicos. El programa implementado no dio los resultados esperados, al contrario, se incrementó abultadamente la deuda externa y afectó dramáticamente el aparato productivo. Inicialmente el gobierno militar tomó una serie de medidas de estabilización – apoyado por el Fondo Monetario Internacional y la banca privada extranjera – para controlar la inflación, reducir el déficit fiscal y equilibrar el sector externo. Se devaluó la moneda, se redujo el déficit del sector público – congelando los salarios – y se consiguió el financiamiento externo. Se violaron los derechos de los trabajadores: se suspendió el derecho de huelga y se redujo la participación de los asalariados en el PBI (producto bruto interno). Después de controlada la crisis abierta con el Rodrigazo, el equipo económico llevó a delante dos medidas principales: la apertura de la economía y la liberalización de los mercados financieros. La apertura de la economía era la apertura del mercado interno. El instrumento de esta política fue la reducción de los aranceles de importación. Luego la sobrevaluación del peso se sumó a esta medida lo que comprometió la actividad productiva. La liberalización del mercado financiero se llevó a cabo con la liberación de la taza de interés y la autorización para el funcionamiento de nuevos bancos e instituciones financieras. Sin embargo el Estado garantizaba los depósitos a plazo fijo tomados por entidades financieras privadas. En 1978 el gobierno militar estableció una pauta cambiaria que determinaba una devaluación mensual del peso. El objetivo era controlar la inflación pero no se alcanzó. Se fomentó una fuerte especulación con una gran masa de dinero, basada en la existencia de alta tazas de interés y las garantías del Estado sobre el precio de recompra de los dólares. La euforia financiera contrastaba con le comportamiento del endeudado sector productivo. El sector industrial sufrió una transformación que incluyó una caída en su producción, una disminución de la mano de obra y el cierre de varias plantas. El esquema económico estalló en 1980 con la quiebra de importantes entidades financieras. El Estado terminó haciéndose cargo de los pasivos de los bancos quebrados. En 1981 el descalabro económico llegó al extremo. Se dispuso una devaluación del peso del 400% y la inflación llegaba al 100% anual. Esto tornó imposible que las empresas privadas pagasen sus deudas en dólares. El Estado nacionalizó las deudas, lo que acrecentó el endeudamiento público. A pesar de su carácter liberal la política económica de Martínez de Hoz incluyó una influencia considerable del estado en la economía. Durante este período creció la inversión pública. Muchas obras públicas fueron realizadas por contratistas privados y algunas empresas del Estado privatizaron parte de sus actividades. En este caso se incluyó la subcontratación de tareas de búsqueda y explotación petrolera; y de tareas de reparación de materiales y mantenimiento de vías en los ferrocarriles, la provisión de equipos telefónicos y el mantenimiento del alumbrado público en la ciudad de Buenos Aires. Otras áreas de crecimiento del gasto público fueron la estatización de empresas privadas y en el considerable gasto militar.
Política exterior En el ámbito de la política exterior, el régimen militar mantuvo una tensa relación con el gobierno estadounidense de James Carter, que formuló severos reclamos sobre la vigencia de los derechos humanos a raíz de la represión antisubversiva. También se agudizaron los conflictos con Chile, por el diferendo limítrofe austral del canal del Beagle, y con Gran bretaña, por la cuestión de las Malvinas. En el caso de chile, al alcanzarse un clima prebélico, ambas naciones suscribieron el tratado de Montevideo a principios de 1979, solicitando la mediación de santa sede para superar el conflicto. Las relaciones entre la Argentina y EE.UU durante la dictadura atravesaron dos etapas diferenciadas. En la primera, el gobierno estadounidense estaba en manos de James Carter, que hizo de la defensa de los derechos humanos una de sus prioridades en América Latina, esto lo llevó a un conflicto permanente con el gobierno argentino que violaba descaradamente los derechos humanos. Cuando Ronald Reagan asumió la presidencia de los Estados Unidos las relaciones con nuestro país cambiaron. Reagan, que buscaba aliados para su política exterior, encontró en Galtieri un hombre dispuesto a alinear a la Argentina con la política exterior norteamericana y a intervenir en forma militar en América Central. Estados Unidos levantó las sanciones que la administración de Carter había impuesto a Argentina. Galtieri, entusiasmado con los norteamericanos e ignorante de la poca importancia de los aliados de EE.UU, supuso que este apoyo se traduciría en una neutralidad benévola en el conflicto que iniciaría con Gran Bretaña. El 2 de abril de 1982 el gobierno ocupó por la fuerza las islas Malvinas. Se originó en una decisión tomada en secreto por unas pocas personas sin tener en cuenta sus posibles consecuencias políticas y militares. Contó con un amplio apoyo popular. El gobierno pensó que la recuperación de las Malvinas iba a resolver sus problemas políticos, en un momento de gran descontento de la sociedad. El gobierno había subestimado la respuesta de Gran Bretaña y creyó que los Estados Unidos apoyarían su acción. La reacción británica fue dura. El gobierno británico envió una poderosa flota y fuerzas militares para recuperar las islas. Los Estados Unidos, después del fracaso de la mediación del General Haig – que procuró que el gobierno argentino aceptara la resolución 502 de las Naciones Unidas y retirara las tropas de las islas – apoyaron decididamente a su principal aliado (Gran Bretaña). El gobierno militar decidió controlar estrictamente la difusión de noticias acerca de la evolución del conflicto, y creó un clima triunfalista. La Argentina recibió la adhesión de los países de América Latina y del Movimiento de Países No Alineados. Un intento desesperado del gobierno argentino por cambiar sus alianzas conseguir el apoyo de la URSS tampoco prosperó. El poderío y la organización británicos superaron al improvisado dispositivo militar argentino. El 14 de junio de 1982, el mando militar argentino en Malvinas capituló ante los jefes británicos. La derrota militar fue a la vez inevitable e inesperada y dejó profundas consecuencias en la política del país. Aunque la gran mayoría de la opinión pública había apoyado la acción iniciada en abril, la derrota militar desencadenó una ola de aguda oposición y precipitó una crisis dentro de las Fuerzas Armadas. Presionado por los mandos castrenses Galtieri debió renunciar a la comandancia del Ejército y a la Presidencia de la Nación. En las primeras funciones fue reemplazado por el General Cristino Nicolaides quien designó para sucederlo en la primera magistratura al General Reynaldo Bignone, que asumió el primero de julio. Ni bien inicio su mandato se reunió con representantes de todos los partidos para acordar una salida política y – poco después – convocó a las elecciones para el 30 de octubre de 1983.
10. Presidencia de Raúl Alfonsín
La fórmula radical Raúl Alfonsín-Víctor Martínez obtuvo un 52 % de los sufragios, y la del peronismo, integrada por Ítalo Líder y Deolindo Bittel, un 40%. En la elección de gobernadores no obstante, el justicialismo triunfó en 12 Prov. (los radicales en 7 y partidos locales en las tres restantes)consagrando 24 senadores nacionales. Alfonsín asumió el 10 de diciembre de 1983 y se fijó 3 prioridades: el juzgamiento de las 3 primeras juntas militares de proceso por violaciones a los derechos humanos en la lucha antisubversiva; la renegociación de la deuda externa y la solución del diferendo del Beagle. Para resolver el último tema convocó a una consulta popular en noviembre de 1984, que se pronunció mayoritariamente a favor de la propuesta vaticana y el acuerdo con Chile, que culminó el centenario conflicto. Este retorno a la democracia no significó la restauración del régimen político democrático con las mismas características que tenia antes de 1976. Los casi ocho años de dictadura habían producido importantes modificaciones en la sociedad y en el Estado, que se reflejaron en el plano de la política. La reconstrucción de la democracia política argentina tuvo como base un sistema político bipartidista. Desde 1955 hasta 1976, en los períodos de gobierno democráticos, ya fuera por la proscripción del peronismo o por la mayoría absoluta obtenida por esa fuerza política en los comicios, lo común había sido que un solo partido impusiera su mayoría parlamentaria y gobernara sin tener la necesidad de negociar con los legisladores de la oposición. Otro cambio importante fue el caudal electoral que obtuvo la UCR. Un conjunto de factores contribuyeron a dar al radicalismo esta nueva fuerza electoral: las dificultades del peronismo para presentar una propuesta coherente y el temor popular de volver a los años de enfrentamientos violentos entre peronistas y radicales; el liderazgo de Alfonsín como jefe de un partido que practicaba la democracia interna, a diferencia del verticalista movimiento peronista; la imagen de previsibilidad que el radicalismo proyectaba sobre su futura gestión de gobierno, aún cuando no presentó una propuesta programática sólida. La derrota en las elecciones para renovar el Parlamento en 1987 inició el declive del alfonsinismo y contribuyó a acentuar las diferencias y los realineamientos de los distintos sectores que componían el partido. Las propuestas de reformar la Constitución y de trasladar la Capital Federal a la ciudad rionegrina de Viedma – dos ambiciosos proyectos que revelaban la pretensión del alfonsinismo de refundar la República – no lo lograron atraer al electoral que, cada vez más, ubicaba los problemas económicos en el centro de sus preocupaciones. Apuntalado por su canciller Dante Caputo, el presidente también dinamisó la política exterior Argentina viajando a Venezuela, Colombia, España, Ecuador, Perú, Bolivia, EE.UU., Panamá, Francia, Alemania, Italia, el vaticano, Argelia y la India.
El alfonsinismo La consolidación del liderazgo de Alfonsín en el interior de la UCR y su proyección hacía sectores sociales que antes no votaban al radicalismo en el marco de la profunda crisis que atravesaba el derrotado justicialismo llevó a muchos dirigentes radicales a pesar que el alfonsinismo podía ser la base para la formación de un tercer movimiento histórico. Pensaban que la adhesión a la persona del Presidente estaba alcanzando una dimensión que superaba los marcos del partido y que el liderazgo de Alfonsín podía aglutinar a la mayoría de los sectores que se identificaban con los valores democráticos. El tercer movimiento histórico era concebido con una continuidad y, a la vez, una superación del radicalismo yrigoyenista y del peronismo, al que los dirigentes radicales consideraban próximo a disgregarse.
La Junta Coordinadora Nacional Una de las fuerzas partidarias que se alinearon decididamente detrás del liderazgo de Alfonsín fue la Junta Coordinadora Nacional (JCN). Se trataba de una agrupación de jóvenes radicales organizada en 1968 por un pequeño núcleo de militares universitarios de la provincia de Santa Fe. La Coordinadora se integró luego al Movimiento de Renovación y Cambio y apoyó a Alfonsín en la lucha interna contra el balbinismo. Los integrantes de la JCN tuvieron un papel protagónico durante la campaña electoral de 1983, durante la cual movilizaron a la mayoría de los sectores juveniles partidarios y participaron activamente en la organización de los actos multitudinales. El estilo político de la Coordinadora renovó la antigua tradición de UCR en la que predominaban las reuniones de afiliados en los comités y en las practicas clientelisticas de los punteros de barrio. La JCN aportó al radicalismo el hábito infrecuente de los actos masivos y el fervor participativos de los militantes. Su gran crecimiento se produjo durante el periodo electoral de 1983, cuando realizaron una intensa campaña nacional de afiliación bajo la consigna "Afíliese al radicalismo para que Alfonsín gane". Esta estrategia les permitió crecer y superar las estructuras de los punteros barriales quienes en muchos casos observaron con recelo la actuación de la coordinadora y señalaban a sus militantes como recién llegados. Una vez instalado el gobierno radical, los integrantes de la JCN ocuparon cargos legislativos y tuvieron una importante presencia en las estructuras del Estado. Sus principales dirigentes Enrique Nosiglia, Marcelo Stubrin, Luis Cáceres, Federico Storani, Ricardo Laferriéri, Jesús Rodríguez, Leopoldo Moreau se diferenciaron como una tendencia particular dentro del oficialismo y apoyaron con entusiasmo la formación del tercer movimiento histórico. Una de sus bases de sustentación fue la agrupación universitaria Franja Morada, que desde 1983 ganó las elecciones estudiantiles de la mayoría de las universidades nacionales. A partir de 1985, se fue acentuando la lucha interna en la UCR por la integración de las listas de cargos electorales para renovar el Parlamento. Los jóvenes de la Coordinadora se fueron diferenciando del Movimiento de Renovación y Cambio histórico y entraron de lleno en la práctica de las negociaciones con otros sectores internos para ocupar espacios en la conducción del partido y en el gobierno. Enrique Nosiglia se desempeñó como un operador político estableciendo acuerdos en los que predominó el pragmatismo por encima de las afinidades ideológicas. Dentro y fuera de la UCR, se oyeron críticas a las trenzas o las roscas, como se denominaba en la jerga política a los acuerdos que se establecían con fines puramente electoralistas. Poco a poco, los más importantes referentes de la JCN se fueron diferenciando de sus estrategias de alianzas y posturas políticas y el nucleamiento se fue disgregando. Nosiglia en la Capital Federal, Storani en la provincia de Buenos Aires y Changui Cáceres en Santa Fe fueron los principales referentes de cada sector. La JCN fue perdiendo la cohesión de los primeros tiempos y comenzó a desaparecer. No obstante, uno de los saldos de su actuación fue promover un recambio generacional en la dirigencia radical y dinamizar la actividad partidaria. La derrota en las elecciones para renovar el Parlamento en 1987 inició el declive del alfonsinismo y contribuyó a acentuar las diferencias y los realineamientos de los distintos sectores que componían el partido. Las propuestas de reformar la Constitución y de trasladar la Capital Federal a la ciudad rionegrina de Viedma- dos ambiciosos proyectos que revelaban la pretensión del alfonsinismo de refundar la república- no lo lograron atraer al electoral que, cada vez más, ubicaba los problemas económicos en el centro de sus preocupaciones.
Crisis económicaEl mayor problema que debió enfrentar el gobierno fue la escalada inflacionaria, que alcanzó el 30% de incremento mensual, para lo cual convocó a la concertación a obreros y empresarios. Los primeros cambios en gabinete afectaron a los ministros de trabajo, Antonio Muccisi y de economía Bernardo Grinspun. El año concluyó con una inflación del 688%, que obligó a Alfonsín a destruir al ministro de economía, Grispum, nombrando a Sourouille, para sustituirlo.
Creación de la CONADEP En 1983, con el retorno de la democracia, Alfonsín anunció el sometimiento a juicio de los integrantes de las Juntas Militares por los delitos de privación ilegitima de la libertad, torturas y muerte de detenidos, creándose una Comisión Nacional, la CONADEP, para investigar la "lucha antisuversiva" y el destino de los desaparecidos. Además de los objetivos específicos de esta delegación, que fueran la recepción de denuncias y acumulación de pruebas, se propuso efectuar un análisis del marco general en que se desenvolvió la regresión en la zona, aspectos sociales, políticos, económicos y culturales que reproduzcan en alguna medida el entorno en el cual se desarrollaron los hechos las particularidades con las cuales operó la represión.- Su informe revela el secuestro sistemático de hombres mujeres y niños, la existencia de alrededor de 340 centros de detención bien organizados, y el uso metódico de tortura y asesinato. Además de la CONADEP surgieron otros organismos que reúnen a las familias de los desaparecidos y perseguidos políticos de la última dictadura militar, que surgen de la necesidad de sus miembros de pelear contra la impunidad que, con el apoyo de su aparato jurídico, el gobierno argentino a dado a los responsables del genocidio perpetrado en nuestro país en la década de los `70. Entre estos organismos se destacan H.I.J.O.S., M.A.D.R.E.S., Abuelas de Plaza de Mayo. El juicio de los militares implicados en las represiones se venía serenando; a fines del año 1986, el gobierno había planteado una ley de Punto Final, y en 1987 formuló el concepto de "Obediencia Debida", que supuso poner fin a la exigencia de responsabilidades mas allá de los principales mandos castrenses.
Repercusión de la crisis económica en la sociedad En 1987 la CGT convocó de inmediato un paro general en apoyo del orden constituido, y todas las fuerzas políticas se movilizaron en defensa de la legalidad. Los insurrectos "caras pintadas" se rindieron sin combatir. De todas maneras, la maquinaria militar no comprometida en el lanzamiento, incluso la aeronáutica, se mostró renuente a sofocar la rebelión. Los jefes de la sublevación quedaron detenidos. La CGT venía desafiando al gobierno con un paro general cada tres meses. En enero rebrotó el conflicto militar no resuelto en el año anterior. Rico volvió a cuestionar la conducción del ejército. Los tanques se movilizaron en su contra por disposición del general Dante Caridi, comandante del arma, y Rico se rindió. Pese al l triunfo de Cafiero en las elecciones provinciales del año anterior, en las confrontaciones internas del justicialismo realizadas en julio, Carlos Saúl Menem resultó elegido candidato presidencial para 1989. El 9 de septiembre culminaron los paros para los cegetistas con manifestaciones en la Plaza de Mayo, la Casa de Gobierno apedreada, varios heridos y gran número de detenidos. Durante la ausencia de Alfonsín – que se encontraba en EE.UU haciendo negociaciones con el presidente Bush – se produjo un nuevo levantamiento militar en Buenos Aires. Poco antes tres jefes militares habían sido condenados a penas que iban de cuatro y medio a doce años de prisión por su responsabilidad en la guerra de Malvinas. Al comienzo de 1989, año en que la democracia parecía hundirse a causa de la ingobernabilidad del país. Un denominado "Movimiento Todo por la Patria", capitaneado por Enrique Gorriaran Merlo, fundador del ERP asaltó a sangre y fuego el Regimiento de la Tablada. Alfonsín dispuso la creación de un Consejo de Seguridad, integrado por militares y civiles, en un esfuerzo por alcanzar la estabilidad política.
11. La lucha política por los derechos humanos y la subordinación del poder militar
Los actores en conflicto A los dos días del triunfo electoral que, en 1.983, consagró presidente a Alfonsín, fue disuelta la Junta Militar y se inició la retirada del gobierno de la dictadura militar. En los 40 días que transcurrieron entre las elecciones del 30 de octubre y la asunción del jefe radical, se inició una compleja lucha política cuyos ejes fueron la cuestión de la violación de los derechos humanos durante el gobierno militar y la subordinación de las Fuerzas Armadas al nuevo orden constitucional. Los principales actores de esta lucha política fueron los militares, los dirigentes de la UCR y los organismos de derechos humanos. Los militares que se vieron obligados a entregar el gobierno cuatro meses antes de lo previsto, no pudieron imponer condiciones al nuevo gobierno democrático sobre estos dos temas, que afectaban directamente a las Fuerzas Armadas. La UCR, por el contrario, contaba en ese momento con un gran poder político y una importante capacidad de maniobras gracias al gran respaldo obtenido en las urnas. Los organismos de derechos humanos, por su parte, con el apoyo del Partido Intransigente y de la Democracia Cristiana, se movilizaron y realizaron numerosas declaraciones públicas exigiendo que, una vez restablecida la democracia se formara una comisión bicameral con amplios poderes para investigar los crímenes cometidos por los represores desde 1.976.
La estrategia de autojuzgamiento militar La campaña electoral de Alfonsín se basó en el restablecimiento del Estado de derecho y en el juzgamiento de las violaciones de los derechos humanos cometidas por la dictadura militar. La estrategia de Alfonsín para resolver la cuestión de las violaciones de los derechos humanos estuvo orientada a lograr que los militares se autojuzgaran. El presidente esperaba que las propias Fuerzas Armadas sancionaran a quienes violaran los derechos humanos y, al mismo tiempo, que los militares depuraran sus instituciones y se reinsertaran en la vida democrática. Con esta meta, el gobierno ordenó el arresto de los comandantes de las tres primeras juntas militares y la persecución de los principales líderes guerrilleros. Cumpliendo con lo dicho, en la campaña electoral, el 29 de diciembre de 1.983, el radicalismo impulsó en el Congreso la derogación de la ley de autoamnistía con la que los militares habían pretendido exculparse y evitar cualquier investigación penal ulterior. La derogación fue votada casi por unanimidad. Para posibilitar el autojuzgamiento, el gobierno envió al Parlamento una ley de Reforma del Código Militar, que otorgaba a la justicia militar la facultad de juzgar a los responsables de la represión ilegal. La ley establecía que si el tribunal militar se demoraba más de seis meses en los trámites, la justicia civil se haría cargo de proceder las causas.
El juicio a las juntas militares.Las audiencias públicas del juicio a los comandantes de la dictadura se desarrollaron entre abril y diciembre de 1.985, cuando finalmente el tribunal llegó a una sentencia condenatoria. Sin embargo, lejos de clausurar el tema de la violaciones de los derechos humanos, la condena aplicaba a los ex comandantes reavivó la polémica.
La ley del punto final y la rebelión militar de Semana Santa. El gobierno de Alfonsín se había comprometido con el nuevo jefe del Estado Mayor, el general Ríos Ereñú, en que los miembros de las juntas militares condenados serían perdonados. Con la intención de restringir los alcances del fallo de la Cámara Federal y evitar que prosperaran nuevos enjuiciamientos. Este intento por reducir el número de condenados no prosperó ante la amenaza de renuncia de todos los integrantes de la Cámara Federal. El 31 de diciembre de 1.986, el Congreso aprobó una iniciativa del gobierno, conocida como ley de punto final, que fijaba una fecha tope para iniciar causas por la represión ilegal. Este hecho marcó el inicio del retroceso de la lucha política por los derechos humanos. No obstante, y a contramano de lo que se proponía el gobierno, la fecha límite para procesar a los ejecutores del terrorismo de Estado incentivó a que en muchos juzgados de todo el país se incrementaran las denuncias y se aceleraran las presentaciones de pruebas.
El Plan Primavera y la hiperinflación La crisis económica se agravó durante 1.988. En agosto, el equipo económico puso en marcha el Plan Primavera. Las medidas incluídas en el plan avanzaban en la apertura de la economía, favoreciendo las importaciones, y procuraban disminuir el déficil fiscal. El plan contó con el apoyo de los grupos más concentrados y vinculados al mercado internacional de la UIA. Los efectos del Plan no fueron los esperados. Los grandes grupos empresarios se lanzaron a la especulación financiera aprovechando las altas tasas de interés para los depósitos y comprobando, con los excedentes obtenidos, importantes cantidades de divisas al precio oficial. El 15 de mayo de 1.989, el candidato peronista Carlos Menem que había prometido declarar una moratoria en el pago de la deuda externa y reactivar la economía mediante un salario, obtuvo el 47% de los votos frente al 32 % del candidato radical Angeloz.
El impacto social y político de la hiperinflación Un proceso de hiperinflación produce la destrucción de la moneda local y su reemplazo por otra moneda que pueda cumplir las funciones de unidad de cuenta, medio de pago y reserva de valor. La agudización de la crisis y de la recesión productiva arrojó a millones de argentinos al hambre y a la desesperación. A fines de mayo de 1989, en Rosario, Córdoba, Tucumán y en algunas localidades del Gran Buenos Aires, gran cantidad de trabajadores y desocupados se lanzaron sobre los supermercados para apoderarse de alimentos. Como respuesta a la crisis social, los legisladores radicales y peronistas votaron el estado de sitio y el gobierno ordenó la represión, que arrojó 14 muertos, 80 heridos y centenares de detenidos. Ante la ingobernalidad de la situación, Alfonsín dejó la presidencia anticipadamente y el 9 de julio de 1.989 el presidente electo Carlos S. Menem asumió el gobierno del país.
La renovación Peronista Durante 1984, fue creciendo el descontento de las bases del movimiento peronista. Las autoridades del Partido Justicialista y la mayoría de los sindicalistas no parecían dispuestos a la autocrítica. Fue surgiendo así un sector de disidentes dispuestos a dar batalla interna. En diciembre de 1984, se reunió el Congreso del Partido Justicialista en el teatro Odeón. En este fue elegida una conducción de orientación claramente ortodoxa: Isabel de Perón como presidenta y el gobernador santafesino Vernet como vicepresidente acompañado por Miguel de Iglesias. Los renovadores fueron convocados a otro Congreso Nacional en Río Hondo, (Santiago del Estero) en febrero de 1985. Los resultados más importantes de este congreso fueron el reclamo de la elección directa por distrito para elegir autoridades partidarias y para nominar candidatos a cargos electivos que adquirieron los dirigentes del interior del país. También participaron del movimiento renovador gobernadores peronistas como el riojano Carlos Saúl Menem. Este había desarrollado una actividad política independiente. Se hicieron las elecciones internas en el distrito de la Capital Federal en 1985. Antonio Cafiero lideró la ofensiva contra el ortodoxo Erminio Iglesias en la provincia de Buenos Aires, el distrito electoral más importante del país. Iglesias anudó la convocatoria a elecciones internas y Cafiero, decidió romper la tradición de permanecer dentro del partido y formó una alianza con la Democrácia Cristiana y otros partidos menores. El avance de los renovadores continuó durante 1983 y se consolidó al año siguiente, cuando Cafiero fue elegido gobernador de la provincia de Buenos Aires (derrotó a Juan Manuel Casella) y, en el mes de diciembre de 1987, asumió la presidencia del PJ. Esto significó para el peronismo la posibilidad de transformar y dinamizar su organización partidaria que no acostumbraba resolver sus diferencias internas por la vía del sufragio.
12. La política económica del primer gobierno de Carlos S. Menem.
De Bunge y Born a Cavallo. En julio de 1.989 la inflación fue del 196 %, lo que significó que desde el inicio del Plan Primavera, en agosto de 1.988, hasta ese momento el incremento había sido del 3610 % para los precios minoristas y 5061% para los mayoristas. En agosto y septiembre de 1989, la aprobación de las leyes de reforma del estado y de emergencia económica y la división de la CGT significaban la creación de condiciones favorables para la conflictivas reformas programadas para el mediano y el largo plazo. Por estas razones obtuvo el apoyo de los sectores empresarios más poderosos. En diciembre de 1.989 se desató un nuevo proceso de hiperinflación. Entre abril de 1.989 y marzo de 1.990, los precios al consumidor se incrementaron en un 20.594 %. En diciembre de 1.989, Rapanelli fue reemplazado por Antonio Erman González como ministro de Economía y el gobierno anunció un conjunto de medidas que fueron presentadas por el presidente Menem como una apuesta "al todo o nada". La estrategia del gobierno se centró en frenar el aumento del dolar para controlar la inflación. Pero a través de otras medidas redujo el nivel de australes circulantes. A partir de abril de 1.990 la hiperinflación se contuvo y los niveles de inflación se mantuvieron en un promedio de entre un 15% y un 10% mensual. Durante estos meses, el gobierno aceleró el ajuste avanzando en la reforma del Estado y la privatización de empresas estatales. En noviembre, concretó la privatización de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTel).
El desempleo: ¿resultado inesperado o efecto previsto? Al mismo tiempo que se manifestaba una evolución favorable en algunos indicadores macroeconómicos, a partir de diciembre de 1.994 comenzó a registrarse un marcado aumento en la tasa de desempleados llegó a más de 18%. Esto significa que había casi cuatro millones de personas con problemas de trabajo. La causa más importante del desempleo era la crisis financiera de México producida en enero de 1.995; se rompió la cadena de pagos, numerosas empresas quedaron sin financiamiento y tuvieron que reducir el personal. Cavallo también atribuyó el aumento del desempleo a la mayor cantidad de gente que buscaba trabajo y a los inmigrantes de países vecinos que llegaban a nuestro país a buscar trabajo en condiciones más ventajosas que las vigentes en sus países de origen. Frente a estas respuestas, dirigentes de la oposición y numerosos investigadores coincidieron en señalar que el aumento del desempleo era un efecto previsto en la reorganización del capitalismo iniciada en 1.976.
Los sindicatos frente al gobierno de Alfonsín. La estrategia del gobierno radical consistió en debilitar al sindicalismo peronista y establecer nuevos patrones de organización sindical, procurando con ello obtener algún apoyo del gremialismo. El sindicalismo existente en 1.983 no era el mismo que en los años setenta. Y como consecuencia de las transformaciones ocurridas durante la dictadura militar, el peso de los obreros industriales había disminuido y el movimiento obrero se encontraba políticamente dividido. Durante el mes de enero de 1.984, la CGT Azopardo y la CGT Brasil se unificaron en una sola central.
La política sindical del gobierno de Menem A poco de iniciado el gobierno de Menem, la política económica y las propuestas de reforma laboral provocaron un nuevo debilitamiento del sindicalismo. Desde el primer año, el gobierno de Menem puso en práctica la limitación del derecho de huelga y declaró ilegales las huelgas que afectaban a los servicios públicos. Aprobó el despido de trabajadores y aceleró las privatizaciones de las empresas estatales en conflicto. Al mismo tiempo, benefició a los gremios que no cuestionaban la política oficial otorgando ventajas consistentes por ejemplo, en el nombramiento de representantes sindicales en los organismos estatales responsables de la administración de las obras sociales.
Los estallidos provinciales A principio de 1.994 y hacia mediados de 1.995 se sucedieron una serie de estallidos sociales en algunas provincias del interior del país y localidades del Gran Buenos Aires. Primero en Santiago del Estero y luego en Córdoba, San Juan y General Sarmiento, en la provincia de Buenos Aires, la población manifestó su descontento por el atraso en el pago de los sueldos de los empleados estatales y de las jubilaciones y pensiones. En julio de 1.995, la mayoría de las provincias no tenía los fondos necesarios para efectivizar el pago de sueldos, aguinaldos y jubilaciones y pensiones. La crisis del sector estatal en un gran número de provincias estaba relacionada con la función de colchón que el empleo público viene cumpliendo para amortiguar la crisis de las economías regionales.
El Pacto de Olivos y la reforma constitucional En 1993, en el marco de una fuerte crisis económica y social, Menem y los dirigentes menemista reflotaron la propuesta de modificar la Constitución Nacional con el objetivo de permitir la reelección del Presidente, a quien se presentaba como reaseguro de la continuidad de la política económica. En un primer momento, el radicalismo optó por concentrar su oposición a la reforma por la cláusula de la reelección. Luego de su derrota en las elecciones legislativas de 1993, las escasas expectativas de éxito en las elecciones presidenciales de 1995 impulsaron a los dirigentes radicales a cambiar su estrategia. El pacto de Olivos fue un acuerdo entre el PJ y la UCR que destrabó el tratamiento de la ley que declaraba la necesidad de la reforma constitucional en el Parlamento. Su realización fue producto de la evaluación que ambos partidos hicieron de la situación en que se encontraban. Frente al riesgo de quedar totalmente al márgen, el pacto permitió a Alfonsín colocar al radicalismo en situación de imponer algunas condiciones en la futura reforma y resguardar un lugar institucional para la oposición radical. Además de estos beneficios particulares, Alfonsín sabía que el gobierno estaba dispuesto a ir a un enfrentamiento frontal para conseguir la aprobación de la reforma y suponía que sus posibilidades de ganar en esa situación eran escasas. El pacto aparecía como una solución que brindaba también beneficios colectivos: evitaba la experiencia de aprobar una vez más una Constitución cuya legitimidad iba a estar cuestionada por una parte significativa de la sociedad. El principal beneficio que obtuvo el gobierno con el pacto no fue la factibilidad de la reforma sino su legitimidad. Con el Pacto peronista radical, la reforma dejó de ser la reforma de Menem para pasar a ser la reforma de los partidos mayoritarios. El Pacto de Olivos- que se firmó el 14 de Noviembre de 1.993- y la posterior sanción de la ley 24.309- que declaró la necesidad de la reforma- crearon un evento inédito de la historia constitucional nacional: la posibilidad de una reforma constitucional producto no sólo de la neutralización de la capacidad de veto del adversario sino también fruto del consenso productivo interpartidario. Entre el 25 de Mayo y el 22 de Agosto de 1.994, en las ciudades de Santa Fe y Paraná sesionó la Asamblea Constituyente. El PJ tuvo 146 representantes, la UCR 75, 32 el Frente Grande y 20 el MODÍN. Las restantes 42 bancas se distribuyeron entre diversos partidos. Ninguna fuerza contó con quórum propio ni con una mayoría absoluta. Las modificaciones introducidas significaron cambios en las normas que rigen las relaciones entre los poderes del Estado, entre la Nación y las provincias y en relación con los derechos individuales. La nueva Constitución Nacional fue jurada solemnemente el 22 de Agosto de 1.994.
Las terceras fuerzas Desde 1.983 quedó perfilado un sistema político bipartidista que se reafirmó con el triunfo de Menem en 1.989 y su reelección en 1.995. Ningún partido ni alianza política estuvo en condiciones de disputarle el electorado a la UCR y al PJ en el nivel nacional. En muchas de las elecciones entre 1.983 y 1.995, la población fue menor que la que se registró en 1.983, cuando los dos grandes partidos captaron el 91,9 % de los votos. En 1.989 la suma de votos de radicales y justicialistas llegó al 72,9%. Esta disminución no se debió al surgimiento de un partido político que, como tercera fuerza, pudiera alterar el bipartidismo. El Movimiento Popular Neuquino, el Partido Bloquista en San Juan, el Pacto Liberal- Autonomista en Corrientes, el Movimiento Popular Jujeño, el Partido Demócrata de Mendoza, el Movimiento por la Dignidad y la Independencia ( MODÍN ) en la provincia de Buenos Aires, conformaron localmente, sistemas multipartidistas. Desde 1983, dos fuerzas políticas intentaron posicionarse como terceras fuerzas en el nivel Nacional: el Partido Intrasingente (PI), y la Unión de Centro Democrático (UCD). La propuesta del PJ atrajo inicialmente a votantes de orientación de centro izquierda, que comenzaron a denominarse progresistas. Hacia 1987, el PJ se fue diluyendo. La UCR, un partido de centro derecha que planteaba propuestas de tono conservador y neoliberal en el plano económico, creció electoralmente hasta alcanzar su techo en 1.989. Pero cuando Menem abandonó los postulados históricos del peronismo, los principales dirigentes ucedeístas se pasaron a las filas del menenismo. El MODIN, que surgió en el distrito bonaerense como expresión política de un sector de los militares carapintadas, intentó ampliar su influencia en la escala nacional apelando a un discurso nacionalista y populista. Eduardo Duhalde originó un importante caída en las elecciones de 1.995 y su avanse se detuvo. Desde 1.991, sectores del peronismo liderados por el diputado Carlos Álvarez se alejaron de la estructura del PJ, controlada por el menenismo, y junto con socialistas, ex comunistas, afiliados del PI, demócratas-cristianos e independientes formaron el Frente Grande. Este se fue consolidando como la primera fuerza electoral, Graciela Fernández Meijide ganó la elección como senadora del distrito.
El Frente Grande estableció una alianza con la agrupación País Solidario. La campaña del Frepaso- Frente del país- estuvo basada en un discurso ético que criticaba la corrupción del gobierno menemista. La fórmula presidencial integrada por Bordón y Álvarez obtuvo alrededor de 5 millones de votos en el nivel nacional desplazando del segundo lugar al candidato radical, Horacio Massacessi. Pero los problemas que esta alianza enfrenta para definir su perfil ideológico, se evidenciaron con el alejamiento de Bordón, no permiten aún precisar cuál es su grado de consolidación en el sistema político.
13. Crisis
El 24 de octubre de 1999, el dirigente radical y candidato de la Alianza por el Trabajo, la Educación y la Justicia, Fernando de la Rúa, obtuvo la victoria en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Su coalición logró el 48,50% de los votos emitidos, frente al 38,09, que fue a parar al Partido Justicialista, encabezado por Eduardo Duhalde. El 10 de diciembre siguiente, De la Rúa sustituyó en la presidencia de la República a Menem. Durante 2000, su primer año de mandato, tuvo que afrontar una doble crisis, política (culminada con las dimisiones, en octubre, del jefe del gabinete de ministros, Rodolfo Terragno, y del vicepresidente Carlos Chacho Álvarez, líder del Frepaso) y socio-económica (el anuncio presidencial de una serie de medidas de política económica, a las que el Fondo Monetario Internacional (FMI) condicionaba sus fondos de emergencia y entre las que figuraba la congelación del gasto público hasta 2005, generó una gran tensión social que tuvo su episodio más trascendente en una huelga general de 36 horas, iniciada el 23 de noviembre tras ser convocada por distintas centrales sindicales). Durante el mes de marzo de 2001 la crisis económica derivó en institucional. Tras dimitir el ministro de Economía, José Luis Machinea, De la Rúa reorganizó su gabinete y Ricardo López Murphy, hasta entonces ministro de Defensa, pasó a desempeñar la cartera de Economía. Éste anunció un plan de ajuste que implicaba un importante recorte del gasto público, lo que motivó el descontento social y la dimisión de los ministros del Frepaso e incluso de algunos de la UCR. Poco después, De la Rúa anunció el nombramiento como primer ministro de Domingo Cavallo (ministro de Economía con Menem y líder de Acción por la República), pero la dimisión de López Murphy determinó que finalmente Cavallo se convirtiera en titular de Economía. Cavallo derogó el plan de su predecesor, presentó el Proyecto de Ley de Competitividad al Congreso y recibió de la cámara poderes especiales para gobernar por decreto durante un año.
La crisis económica y la política aplicada desde el ejecutivo fueron determinantes en los resultados de las elecciones legislativas del 14 de octubre de 2001 (en las que los ciudadanos renovaron 127 escaños de la Cámara de Diputados y designaron a los 72 integrantes del Senado). En estos comicios, marcados por los altos índices de abstención, votos nulos y en blanco, la Alianza sufrió un fuerte retroceso, mientras que el Partido Justicialista se convirtió en el grupo con mayor representación parlamentaria (con 40 senadores y 116 diputados). De la Rúa afrontó así el difícil reto de tener que gobernar con ambas cámaras del Congreso Nacional dominadas por la oposición.
En diciembre de 2001 el Estado se encontraba en una situación cercana a la suspensión de pagos y los créditos del FMI se vieron comprometidos. El día 3 de dicho mes, el gobierno limitó a 250 pesos la cantidad que los ciudadanos podrían retirar de sus cuentas cada semana. Fue la primera de una serie de impopulares medidas tendentes a restringir la disposición de efectivo de los argentinos y a limitar los pagos públicos (pensiones y salarios funcionariales resultaron, por ejemplo, aplazados). Todo ello generó el pánico de la población y, a la postre, el estallido social. El día 13 tuvo lugar una huelga general convocada por la CGT, y seis después miles de personas hacían patentes sus protestas en las calles de todo el país. De la Rúa decretó el estado de sitio, lo derogó el día 20 y, ante la negativa peronista a formar un gobierno de unidad nacional, dimitió. Fue sucedido interinamente por el presidente del Senado, Ramón Puerta, hasta que el día 21 el Congreso otorgó la jefatura del Estado al peronista Adolfo Rodríguez Saá. Éste anunció la momentánea suspensión de pagos de la deuda externa y la entrada en circulación de una nueva moneda, el "argentino", respaldada por el conjunto de bienes inmuebles estatales. Diferencias surgidas con algunos gobernadores provinciales de su propio partido motivaron que Rodríguez Saá dimitiera el 30 de diciembre. Le sustituyó durante horas el presidente de la cámara baja, Eduardo Camaño (Puerta renunció al desempeño de una segunda interinidad), y el 2 de enero de 2002, designado por el Congreso, el también justicialista Eduardo Duhalde juró el cargo de presidente de la República. Pocos días después de su acceso al poder, el nuevo primer mandatario dispuso sus primeras medidas para hacer frente a la crisis económica: abandono del tipo cambiario fijo, devaluación del peso y pesificación de la economía (incluidos depósitos bancarios).
En abril de 2002, el ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov, dimitió ante las protestas suscitadas por el denominado Plan Bonex, que preparaba junto a Duhalde para canjear por bonos de deuda pública los depósitos bancarios a plazo inmovilizados. Los demás miembros del gabinete pusieron también sus cargos a disposición del presidente, el cual aceptó, entre otras, la renuncia del jefe de gobierno, Jorge Capitanich, y designó titular de Economía a Roberto Lavagna. Éste anunció que no se produciría el retorno a un tipo de cambio fijo (siguiendo así las recomendaciones del FMI) y que persistirían las restricciones bancarias. El gobierno vio cumplidos algunos de sus principales objetivos en junio: el Senado derogó la llamada Ley de Subversión Económica, se acordó un pacto fiscal con los gobiernos provinciales para reducir en un 60% su déficit, y se dispuso un nuevo Plan Bonos. Pero el eje del programa gubernamental, cumplir las exigencias del FMI para recuperar su ayuda económica, generó todo tipo de actitudes opositoras y agudizó la conflictividad social. Pese a que la crisis continuó, el gobierno intentó normalizar progresivamente el sistema financiero; en noviembre de 2002, casi un año después de su implantación, finalizaron las restricciones para retirar efectivo de cuentas corrientes (acababa así el llamado corralito), y en marzo de 2003 se levantaron las limitaciones para retirar fondos de depósitos a plazo fijo (el denominado corralón).
Esto ocurrió poco antes de la celebración de elecciones presidenciales, anticipadas por Duhalde al 27 de abril de 2003. El peronismo, dividido, estuvo representado por tres candidatos que no pudieron concurrir bajo las siglas justicialistas: los ex presidentes Menem (Alianza Frente por la Lealtad-Unión del Centro Democrático) y Rodríguez Saá (Alianza Frente Movimiento Popular-Partido Unión y Libertad), y el gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner (Alianza Frente para la Victoria). Leopoldo Moreau fue el candidato oficial de la Unión Cívica Radical, en tanto que dos antiguos miembros de este grupo, López Murphy y Elisa Carrió, se presentaron por dos nuevas formaciones (Movimiento Federal para Recrear el Crecimiento, y Afirmación para una Republica Igualitaria, respectivamente). Tal fraccionamiento se dejó sentir igualmente en otras opciones políticas, lo que se materializó en un total de 18 candidatos. Los más votados fueron Menem (24,4%), Kirchner (22%), López Murphy (16,3%), Carrió (14,1%) y Rodríguez Saá (14,1%). Dados estos resultados, Menem y Kirchner deberían haber concurrido el siguiente 18 de mayo a una segunda vuelta electoral, pero ésta no llegó a tener lugar, pues Menem retiró finalmente su candidatura. Convertido de forma automática en presidente electo, Kirchner tomó posesión del cargo el 25 de mayo.
Partidario de la intervención económica del Estado allí donde el mercado crease injusticias, Kirchner refutó el neoliberalismo aplicado por los gabinetes argentinos durante la década de 1990. Por otra parte, el nuevo presidente derogó, en julio de 2003, el decreto que desde 2001 impedía la extradición de los torturadores de la dictadura militar, antesala de su proyecto para anular las leyes de Obediencia Debida y del Punto Final (aprobadas en 1986 y 1987, durante la presidencia de Alfonsín); todo ello se plasmó, en agosto de 2003, cuando presentó ante el Congreso Nacional la propuesta para derogar esa legislación. Ambas cámaras aprobaron el proyecto, que quedó a la espera del fallo de la Corte Suprema; este se produjo en junio de 2005, cuando el más alto tribunal argentino declaró inconstitucionales y anuló aquellas leyes. El gobierno de Kirchner también afrontó una nueva relación con los organismos internacionales y así, en septiembre de 2003, logró que el FMI le permitiera refinanciar a tres años una deuda de casi 10.000 millones de dólares estadounidenses y le concediera una moratoria de tres años de su deuda con él. La política exterior argentina giró para adquirir una muy especial vinculación con Brasil; el 16 de octubre de 2003, Kirchner firmó con el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, el llamado Consenso de Buenos Aires, con el que se fortalecían el Mercosur y las relaciones comerciales entre ambos países; más allá aún, en diciembre de ese año, Brasil y Argentina acordaron adoptar en un futuro decisiones coordinadas ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En enero de 2005, Argentina comenzó a pagar la deuda que había dejado de canjear tres años antes; tres meses después, el canje de títulos de la deuda externa superó el 76%.
En las elecciones legislativas parciales que tuvieron lugar el 23 de octubre de ese mismo año 2005, se impusieron las candidaturas del Frente para la Victoria de Kirchner, lo que se interpretó como un respaldo a las políticas aplicadas desde la presidencia. Después de estos comicios, tres ministros pasaron a formar parte de la Cámara de Diputados, lo que motivó que Kirchner efectuara una remodelación gubernamental. Al margen de los tres relevos propiciados por tal circunstancia, también se produjo la sustitución de Lavagna por Felisa Miceli (luego de que surgieran diferencias entre el presidente y el hasta entonces responsable de Economía). En las primeras horas del año 2006, tal y como Kirchner había anunciado en diciembre, Argentina canceló anticipadamente la totalidad de su deuda con el FMI.
14. Conclusión
Gracias a este trabajo hemos podido profundizar, ampliar e interiorizar nuestros casi escasos conocimientos acerca del tema que tratamos. Concluimos en que los golpes militares se produjeron por crisis económicas, políticas y sociales propias de los distintos momentos históricos y que se caracterizan por quebrar el orden constitucional, eliminar el Parlamento y suprimen los derechos y las garantías constitucionales. De los dieciséis presidentes que se sucedieron entre 1955 y 1983, 7 eran civiles y 9, militares. Los militares llegan al poder para restaurar la estabilidad política, económica o social pero terminan instaurándose como gobiernos de facto, haciendo imperar el autoritarismo que no respeta los derechos de nadie. Sin embargo, caen ante la férrea resistencia del pueblo, que busca vivir en un gobierno constitucional y democrático donde se respeten sus derechos.
15. Bibliografía
* Historia 5. Juan A. Bustinza. Editorial AZ. Bs. As. 1.995 6ta Edición. * Historia Argentina. Lucas J. Luchel (otros). Editorial Santillana. Bs. As. Febrero de 1.995. * Historia: La Argentina del Siglo XX. María E. Alonso (otros). Editorial Aique. Bs. As. Agosto de 1.997. * Educación Cívica 2. Alicia B. Casullo (otros). Editorial Santillana. Bs. As. Noviembre de 1.996
* Encarta 2007
Javier Bobadilla
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