En el Estado moderno el municipio se ha convertido en un importante segmento de la estructura territorial hacia donde convergen gran número de demandas populares, precisamente por ser allí donde transcurre la vida cotidiana de la cual emergen las necesidades y aspiraciones más inmediatas de las personas. De ahí que a este corresponda, como instancia básica de poder, la toma de decisiones que se encaminen a resolver y dar respuesta a estas demandas. Por esto la efectividad de la gestión del gobierno en un Estado puede medirse, entre otras cosas, por la eficacia de la gestión municipal a través de sus decisiones.
Aunque en ocasiones se subvalora o subestima la vida cotidiana que transcurre en las comunidades, catalogándose incluso como ordinaria y convencional, no puede olvidarse que en esa cotidianidad tiene lugar el proceso de reproducción social a través de la reproducción familiar, la socialización de valores, de normas culturales, sociales, políticas, etc. Por ello Agnes Heller en sus estudios sobre sociología de la vida cotidiana establece un vínculo estrecho entre cotidianidad y reproducción social, al definir la vida cotidiana como "el conjunto de actividades que caracterizan la reproducción de los hombres particulares, que a su vez, crean la posibilidad de la reproducción social."
El proceso de toma de decisiones públicas en el ámbito local municipal expresa el ejercicio del poder político a ese nivel territorial, y debe tener como fin esencial la solución de los problemas y la satisfacción de las demandas que reflejan el interés local. Es preciso señalar que aunque las instituciones municipales de poder están facultadas para decidir en cuanto a las problemáticas de su localidad, siempre habrán de tener en cuenta los intereses nacionales generales y los intereses de otras localidades, entre los que debe existir cierto nivel de coordinación, dado que en la práctica no puede concebirse la existencia de intereses locales totalmente separados de los intereses supralocales. Por otra parte, el municipio como parte de un todo, debe tener capacidad de hecho y de derecho para incidir también en las cuestiones supralocales.
Las fases del proceso de toma de decisiones en la instancia municipal están estrechamente vinculadas entre sí y su resultado o producto final es una decisión pública local. Esta puede definirse como aquella decisión que emana de los órganos locales de poder, en las que se expresa el ejercicio del poder político a ese nivel territorial y que van dirigidas a la solución de los problemas, necesidades y demandas que reflejan los intereses locales.
La toma de decisiones públicas locales como atributo del poder político a nivel básico o primario tiene una notable influencia en la gobernabilidad de un sistema político, en tanto esta última depende fundamentalmente de la capacidad de los gobiernos para satisfacer las demandas sociales, y es a nivel local comunitario donde se originan las demandas y necesidades más inmediatas de la ciudadanía, cuya insatisfacción puede redundar en la falta de credibilidad en las instancias locales de poder, e incluso puede llegar a deslegitimar al propio sistema de dominación en su conjunto, debilitando el consenso y la gobernabilidad.
Si el municipio es la instancia básica o primaria de poder, y ese poder se expresa fundamentalmente en la facultad decisoria de sus instancias municipales, en un sistema democrático es un requisito esencial la participación de los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones a ese nivel, como expresión real de la soberanía popular. Aún cuando la toma de decisiones propiamente dicha, recae en las instituciones gubernamentales representativas, es muy importante la participación de los ciudadanos en las diversas fases del proceso, no como simples destinatarios de esas decisiones, sino como sujetos activos de las mismas, y para ello se hace necesario la existencia de vías y mecanismos institucionales y jurídicos para la participación, es decir, se necesitan instituciones, organizaciones y normas jurídicas que canalicen y garanticen legalmente el derecho de participación. La ampliación de estos mecanismos favorece el consenso, legitima el sistema político y asegura su gobernabilidad.
Coincidimos con quienes afirman que el municipio es el "elemento primario de participación y poder en el sistema de órganos del Estado", y dada la proximidad que existe a ese nivel entre gobernantes y gobernados, estos "se erigen como la expresión más real y verdadera de participación ciudadana." Es a nivel municipal donde, de manera más efectiva, pueden tener lugar las formas de democracia directa, consideradas por algunos como la única y verdadera democracia, y aunque no compartimos este último criterio, es cierto que solo en el ámbito local puede el ciudadano participar directamente en la toma de decisiones, dado que en niveles superiores esto se dificulta por el carácter representativo que necesariamente adopta el Estado moderno. Por ello en los niveles superiores el ejercicio popular del poder suele ser indirecto o mediado por el representante.
La participación popular en el proceso de toma de decisiones está referida a la intervención del ciudadano en las diferentes fases que integran el proceso decisorio a través de mecanismos institucionales y jurídicos creados para ello, con independencia de que esta intervención pueda ser mayor o menor por las propias peculiaridades de cada fase, algunas de las cuales necesariamente trascurren dentro del órgano decisor, siendo muy difícil, desde el punto de vista práctico, la intervención directa de los ciudadanos.
La participación de los ciudadanos en las distintas fases del proceso de toma de decisiones locales propiciaría, entre otras cosas: la adopción de decisiones de un mayor contenido popular, en tanto reflejan la voluntad de los ciudadanos; un mayor compromiso político del ciudadano con la comunidad y el sistema estatal en su conjunto; una mayor aceptación de la decisión y una mayor colaboración en su ejecución, en tanto este se considera como partícipe de la misma y no como su simple receptor o destinatario; la participación favorece además el autodesarrollo de la comunidad, entendida como la potenciación de las posibilidades de desarrollo de la comunidad desde dentro y no impuestas desde fuera o por agentes externos a la propia comunidad aprovechando al máximo las iniciativas, ideas, criterios y sugerencias de la ciudadanía; hace que disminuyan los riesgos de que la decisión perjudique a la comunidad; favorece el consenso, la legitimidad del poder, el carácter democrático del sistema político y su gobernabilidad, pues en la medida que el ciudadano participe de forma activa en la adopción de las decisiones y en la solución de sus problemas comunitarios, mayor será su confianza en las instituciones estatales municipales y en el sistema político en general.
La participación implica un involucramiento activo del ciudadano en el proceso decisorio, a tenor del cual las instituciones locales de poder producen las decisiones encaminadas a resolver los problemas comunitarios, por tanto esta participación puede ser más efectiva si el municipio posee los niveles adecuados de competencia y atribuciones que le permitan cumplir con eficacia su función de satisfacer las demandas y necesidades de la comunidad, o sea, que le permitan decidir sobre los asuntos municipales con cierta independencia.
En relación con este tema, en la literatura universal suelen abordarse los principios de autonomía y descentralización. En el caso de la autonomía municipal, esta ha sido definida por la mayoría de los autores como "el derecho de los municipios a regular las cuestiones de la colectividad local, con plena responsabilidad, según decisiones propias y con la participación de una representación popular democráticamente elegida.
Al respecto se ha planteado que el elemento esencial de la autonomía municipal es el derecho comunal de participar en el gobierno y la administración dentro de un marco unitario mayor, y a través de órganos representativos dotados de poder y de recursos.
Esta ha sido concebida en la doctrina como uno de los principios teóricos del municipio moderno, en tanto implica que las entidades locales pueden intervenir y decidir en los asuntos de competencia municipal con cierta independencia, gozando de un ámbito de decisión política suficiente para que demuestre su identidad. Sin embargo para la mayoría de los autores que tratan el tema, también supone que el municipio cuente con cierta suficiencia económica como condición indispensable para hacer frente a la solución de las problemáticas locales, que en la mayoría de los casos dependen de recursos materiales y financieros, de ahí que consideren la suficiencia económica municipal como la piedra angular del principio de la autonomía.
Se plantea además, que para que el municipio pueda cumplir con éxito sus funciones decisorias se requiere también cierto grado de descentralización municipal, que implique la transferencia de funciones hacia las instancias municipales ampliando las esferas de poder que podrán ser ejercidas dentro de los límites de sus competencias. Se estima que en las tendencias actuales hacia la municipalización se parte de considerar que los esquemas descentralizados de toma de decisiones resultan más efectivos para enfrentar los retos del incesante crecimiento urbano y la incapacidad de los sistemas políticos para satisfacer las demandas de los sujetos sociales, y para ello la descentralización municipal se encamina a reforzar los poderes locales incrementando la cercanía de la administración a los ciudadanos, permitiendo un mayor conocimiento de sus necesidades, mejorando la eficacia de la información y de los servicios personales, e instrumentando la participación ciudadana en la gestión local.
En un informe publicado en 1962 por un grupo técnico de la ONU se señalaba que "la descentralización del Estado está llamada a producir decisiones más rápidas y realistas en aras del desarrollo, flexibilidad en la coordinación y prestación de los servicios, descongestión en las funciones de los gobiernos centrales, así como espacios políticos más adecuados para la participación popular en la toma de decisiones públicas, principalmente en aquellas esferas referidas a la vida cotidiana."
Sin embargo, algunas de las teorías actuales sobre la descentralización en occidente tratan de "descentralizar el poder" trasmitiendo a las comunidades la obligación de resolver sus propios problemas sin intervención del Estado, librando a este de tal responsabilidad. En estos casos la descentralización tiene ante todo un objetivo político: trasmitir los problemas de déficit de legitimación a los poderes descentralizados, lo que sin duda debilita los procesos de democratización.
En esta misma línea de pensamiento se sitúa hoy la llamada teoría de la "participación de la comunidad", cuyos partidarios la conciben como una alternativa efectiva a la teoría del bienestar que se pretendía asegurar en el Estado benefactor y proveedor.
A la par de la crisis del Estado benefactor los movimientos radicales de derecha en numerosos países han realizado esfuerzos destinados a limitar la participación del Estado en la labor de bienestar social y a transferir dicha responsabilidad a personas individuales, organismos voluntarios y al mercado comercial privado, alegando que si se libera a la gente común de la "interferencia del Estado", florecerán sus latentes instintos empresariales y de iniciativa permitiéndoles movilizar sus propios recursos para mejorar las condiciones sociales y económicas.
Sus partidarios son contrarios a la participación gubernamental en el desarrollo. Creen que la gente corriente tiene la capacidad de organizarse, de movilizar los recursos necesarios y de lograr verdaderas mejoras en las condiciones locales sin requerir la ayuda estatal. Basan su rechazo a la participación estatal en diversos argumentos: se afirma que los servicios estatales son ineficientes, costosos, burocráticos y organizados de manera deficiente; hablan del supuesto paternalismo del Estado; que los servicios estatales a diferencia de los programas organizados por la comunidad, promueven un enfoque al desarrollo desde arriba hacia abajo, en la cual se trata a la población local como beneficiaria pasiva sin involucrarla en el proceso de toma de decisiones; que los intentos por parte de los gobiernos para movilizar a la gente hacia el desarrollo suprimen su capacidad innata para resolver sus propios problemas, lo cual da lugar a su desmovilización. Por todo esto aseguran que para las comunidades locales resulta mejor que la gente corriente encuentre las respuestas a sus problemas mediante un control político directo de sus asuntos internos.
La participación de los gobiernos actúa como inhibidor del surgimiento de respuestas de la base y promueve la dependencia del Estado y de sus instituciones. Señalan además, que los expertos en materia de desarrollo tienen poca comprensión de las necesidades de las comunidades, omiten involucrar a la gente en el proceso de toma de decisiones, lo que origina la imposición de soluciones no viables.
Los partidarios de esta vertiente de la "participación de la comunidad" han adoptado una posición marcadamente antiestatal, por lo que la consideramos como una posición extrema y contraria a la verdadera democracia, teniendo en cuenta que la participación a la que se refieren no es la de los ciudadanos como miembros de la comunidad, sino a la participación de instituciones y asociaciones privadas, organizaciones gubernamentales, etc. Esta posición se afilia, sin dudas, al pensamiento neoliberal que aboga por la reducción del papel del Estado en la sociedad y la ampliación del papel del sector privado, lo que limita la real participación de los ciudadanos en la vida política, económica y social de las comunidades.
A nuestro modo de ver, en el análisis de estos dos fenómenos: autonomía y descentralización se ha de distinguir entre la autonomía como la separación e independencia total del municipio del resto de las instancias territoriales, de la autonomía como cierta independencia y suficiencia del municipio para cumplir sus fines dentro del todo que constituye el Estado. En el primer caso, esta podría llevar a insalvables diferencias en el desarrollo de los distintos municipios de un país, a partir de las posibilidades económicas de cada uno, que en general suelen ser mayores en unos que en otros. En este sentido, compartimos la idea de que es preciso conjugar el carácter teleológico del municipio (los fines que persigue) y cierta autonomía relativa administrativa que coadyuve al logro de sus objetivos.
En cuanto a la descentralización es necesario distinguir entre la descentralización como forma de desentenderse de los problemas locales transfiriendo a las comunidades la tarea de solucionar los problemas que los Estados no pueden o no quieren asumir, de aquella que cede cierta cuota de poder al municipio para que este tenga capacidad decisoria en los asuntos que le conciernen de manera directa, pudiendo coadyuvar de manera efectiva al cumplimiento de sus fines y estimular la participación política ciudadana.
Todos estos conceptos: participación, autonomía, descentralización, democracia, tienen una dimensión política, pero también jurídica, en tanto su definición y realización deben contar con el suficiente respaldo legal a través del Ordenamiento jurídico.
El Derecho o fenómeno jurídico es un fenómeno social complejo y multifacético que debe ser comprendido no solo en su dimensión normativa, sino también en su dimensión axiológica, política e ideológica. Como sistema normativo, el Derecho abarca multitud de reglas de conducta obligatorias para la sociedad en las diferentes esferas donde se producen las relaciones sociales que son reguladas por este. La fijación de esas formas de comportamiento no obedecen a la casualidad, sino que están condicionadas históricamente y expresan un profundo contenido clasista; de ahí que en ellas se manifiesten o expresen determinados valores morales, políticos e ideológicos de los grupos o clases que detentan el poder político en una sociedad dada.
En su dimensión jurídica, los fenómenos de la democracia, la participación y la gobernabilidad, estrechamente vinculados a un régimen de dominación clasista determinado, se relacionan íntimamente con el sistema jurídico en el cual se apoya la clase dominante para ejercer su poder, de ahí que el Estado moderno contiene, en mayor o menor medida, regulaciones jurídicas del sistema democrático, del derecho de participación ciudadana en los asuntos del Estado, y de las condiciones concretas de su gobernabilidad. Ese carácter clasista del Derecho fue develado por los clásicos del marxismo al definirlo, en términos generales, como la voluntad de la clase dominante erigida en ley. Dentro del pensamiento marxista posterior a los clásicos, Antonio Gramsci destacó el papel que correspondía al Derecho en pos del consenso y la hegemonía, que él entendió como la capacidad de la clase dominante para dirigir a sus aliados.
En general, el Derecho tiene como finalidad esencial la regulación de determinadas relaciones sociales, otorgándole carácter obligatorio a las formas de comportamiento que deben o no asumirse por los sujetos de derecho que intervienen en ellas, convirtiéndolas por tanto, en relaciones jurídicas.
En su sentido más amplio las relaciones jurídicas no son más que relaciones sociales reguladas por el Derecho, el cual le imprime carácter obligatorio a los derechos subjetivos y a los deberes jurídicos que emanan de ellas. Sin embargo, no todas las relaciones que establece el hombre con sus semejantes son reguladas por normas de Derecho, sino solo aquellas que, al decir del profesor Julio Fernández Bulté "son de alta importancia a los fines de la reproducción del sistema y con él, del mismo Estado." Es decir, solo deben ser objeto de regulación jurídica las relaciones sociales que tienen un papel determinante en la reproducción del sistema político, económico y social de un Estado, entre las que pueden mencionarse como ejemplo, las relaciones políticas, las relaciones económicas, las relaciones laborales, las familiares, etc.
La regulación jurídica de los fenómenos de la democracia, la participación y la gobernabilidad corresponde a la rama del Derecho Público o Político, que como tal abarca aquellas normas jurídicas referidas a la organización y la actividad del Estado y demás entes públicos, sus relaciones con los particulares, así como el ejercicio del poder político en general. Es por ello, que en esta rama se refleja como en ninguna otra el carácter clasista del Derecho, de ahí su importancia en cualquier régimen de dominación de clases.
La regulación jurídica del ejercicio del poder político y de todas las relaciones jurídico-políticas que se derivan de él reviste gran importancia porque, por una parte brinda legitimidad a las instituciones de poder y al sistema de dominación en general, y por otra, garantiza los derechos y libertades de los ciudadanos en el marco de dichas relaciones, cumpliendo de esta forma dos funciones esenciales: la legitimación del poder y la función protectora.
La función de legitimación del poder está fundamentada en que toda clase o grupo social que detente el poder político en una sociedad dada, pretende que su poder y su autoridad sean aceptados por la ciudadanía, por tanto tiene que legitimarlo, legalizarlo a través del ordenamiento jurídico. El problema de la legitimación del poder es clave en las sociedades modernas, en tanto el ejercicio del poder político basado en el consenso y en la legitimación se hace más fácil y viable, tal es así que esta última, forma parte de los llamados mecanismos ideológicos de poder del Estado.
En cuanto a la función protectora, el Derecho está llamado no sólo a proteger el orden y el poder estatal, sino también deberá garantizar y proteger el estatus jurídico del ciudadano que se expresa en los derechos y libertades básicos para la existencia humana, cuya expresión jurídica más conocida en el ámbito del Derecho Internacional se encuentra en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aprobada por la Asamblea Nacional de Francia en 1789.
Dentro del Derecho Político se encuentra el Derecho Municipal, el cual se integra por todas las normas jurídicas que regulan la estructura, organización y funcionamiento de las instancias de poder a ese nivel, así como las relaciones jurídicas que se derivan de la vida municipal en general. Este ha tomado singular importancia en la medida en que el municipio ha adquirido relevancia dentro de la organización estatal moderna. En muchos países el Derecho Municipal se ha sistematizado a través de Leyes Orgánicas Municipales.
La toma de decisiones públicas es una relación jurídica de carácter político en tanto se relaciona con los asuntos del Estado y el ejercicio del poder; constituye un vínculo jurídico en virtud del cual se adquieren derechos subjetivos y deberes jurídicos recíprocos por los sujetos que intervienen en él, es decir, por los ciudadanos como personas naturales y el Estado como persona jurídica. La existencia de tales derechos y deberes sólo es posible si estos se encuentran plasmados o previstos en normas jurídicas. Por la importancia que reviste la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones públicas a nivel local municipal, es fundamental su regulación jurídica en el Derecho Constitucional y Municipal, de manera tal que se garantice a través de mecanismos jurídicos la participación efectiva de los ciudadanos en las distintas fases del proceso de toma de decisiones, en tanto este constituye la manifestación esencial del poder político a ese nivel territorial.
En la esfera de las relaciones jurídico-políticas, el Derecho -en un sistema democrático-debe constituir un importante instrumento capaz de garantizar la más amplia participación de los ciudadanos en los asuntos del Estado y en el ejercicio del poder político, el cual tiene entre sus manifestaciones esenciales la toma de decisiones públicas.
La participación en el proceso de toma de decisiones públicas como derecho del ciudadano, requiere de un régimen jurídico que garantice sus más variadas formas de concreción práctica. Es necesario que la Constitución, en su carácter de norma fundamental la defina o reconozca como un derecho político, otorgándole jerarquía constitucional y que leyes ordinarias complementarias regulen sus formas concretas y específicas de manifestación y ejercicio. El ordenamiento jurídico del Estado ha de prever, en toda su dimensión, las vías concretas en que el ciudadano puede intervenir e incidir en los procesos decisorios, siempre que sea posible, en los marcos de un Estado necesariamente representativo.
En dicha regulación jurídica, el Derecho ha de desplegarse en todas sus dimensiones: la normativa, la axiológica y la política. En el aspecto normativo, ha de prestarse atención al proceso de creación de las normas jurídicas y el ámbito o espectro de relaciones jurídicas que estas deben abarcar. Las normas que regulen la participación como derecho político del ciudadano deben ser creadas siguiendo las fases del proceso de creación legislativa, desde la propia iniciativa hasta la publicación del Acto normativo como requisito sine qua non de su validez y legitimidad. Tratándose de normas jurídicas relativas al ejercicio del poder político y al status jurídico del ciudadano, estas en su aspecto formal deben ser contenidas en Disposiciones normativas de máxima jerarquía.
En su dimensión axiológica, el Derecho debe ser capaz de promover y alcanzar determinados valores relacionados con la libertad del ciudadano y su condición de sujeto político portador de derechos, pero también de obligaciones, con respecto al Estado y la sociedad en pos del bien y el interés común. Esos valores representan la más alta aspiración dentro de un proyecto social emancipador y dignificador del hombre, que en materia de participación política lo convertirían en verdadero sujeto activo de las transformaciones sociales.
En su dimensión política, el Derecho debe encaminarse al establecimiento, consagración y legitimidad de los principios políticos e ideológicos que sustentan un proyecto participativo cuyo objetivo fundamental sea el pleno ejercicio de la soberanía popular. Lógicamente, esto solo es posible en los marcos de un sistema político alternativo al sistema capitalista imperante en la actualidad donde las masas populares participan cada vez menos en las decisiones políticas, siendo esta una facultad exclusiva de las élites que detentan el poder.
Debemos agregar que los niveles de participación política en una sociedad (en tanto fenómeno social complejo) están condicionados por diferentes factores estructurales, institucionales e individuales que inciden en ella con mayor o menor intensidad en un determinado lugar o bajo determinadas circunstancias; si bien es importante tener en cuenta todos estos factores, debe prestarse especial atención al factor jurídico, en tanto constituye el marco legal en el cual se puede ejercer y disfrutar ese derecho, garantizando además que la relación jurídica que entraña el proceso decisorio se desarrolle en un régimen de legalidad.
ANEXOS
Evolución Política
A partir de los años ochenta y sobre todo de los noventa Honduras experimentó un importante avance en materia de evolución política que incluye el sistema democrático que también ha tenido un vertiginoso crecimiento. Para hablar de evolución política hay que remontarse necesariamente a los primeros años del siglo que está por finalizar y analizar, aunque rápidamente, el comportamiento que los dos partidos tradicionales, el Nacional y el Liberal, han tenido a lo largo de los años que se han turnado el poder.
Estos dos partidos ideológicamente son lo mismo, pero han mantenido siempre una disputa por el control del poder de la nación con algunos espacios dejados a los militares que también son parte de la historia política del país y de su destino. El Partido Nacional ha tenido diecinueve presidentes en lo que va del siglo (incluyendo a militares que luego se identificaron como nacionalistas), lo que representa alrededor de medio siglo de gobierno. El Partido Liberal, entre tanto, ha tenido el control del país durante unos diez períodos, significando unos cuarenta años como responsable de los destinos de la nación. Las bases del Partido Nacional fueron sentadas en 1891 cuando un grupo de dirigentes “conservadores´´ se reunieron por primera vez para fundar un partido político, pero no fue sino hasta el año de 1923 cuando el Partido Nacional se organizó al lanzar como candidato presidencial a Tiburcio Carías Andino. Se le atribuye a Policarpo Bonilla la fundación del Partido Liberal en 1891, Bonilla también fue presidente del país entre 1895 y 1899. Así nacieron estos dos partidos que durante todo un siglo han constituido un bipartidismo único en Centroamérica y que se han dado el lujo de darle la espalda al electorado una vez en el poder, pero siguen gozando de las simpatías de los ciudadanos. Los dos partidos, que también han controlado el Poder Legislativo, no permitieron la presencia de otros partidos políticos, mucho menos de tendencia izquierdista para lo cual introdujeron proyectos específicos o acuerdos presidenciales prohibiendo la organización de estos grupos. No fue sino hasta la década de los setenta y primeros años de los ochenta cuando aceptaron la participación de los partidos Innovación y Unidad, Pinu, y el Partido Demócrata Cristiano de Honduras, Pdch, los cuales, aunque no necesariamente son de izquierda, nacieron con una actitud crítica hacia los partidos tradicionales.
En septiembre de 1993 el Congreso aprobó la reforma a la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas facilitando la inscripción -por primera vez en el siglo- de partidos de izquierda. El Tribunal Nacional de Elecciones, TNE, organismo rector de los torneos electorales, aprobó la inscripción de UD. UD surgió tras el retorno en 1990 de los exiliados políticos hondureños que habían salido del país producto de la “guerra fría´´. El gobierno de Callejas concedió una apertura política que tuvo su origen en la voluntad del gobernante y en las nuevas condiciones políticas que habían en la región centroamericana. Los primeros treinta años del siglo XX fueron décadas de atraso político. Caudillos liberales y nacionalistas se dedicaron a organizar revueltas o alzamientos armados con la finalidad de tomar el poder por la vía de las armas. Ambos partidos utilizaron a los campesinos para emprender estas feroces luchas que dejaron miles de muertos de los que historiadores no registran saldo alguno. Las revueltas militares terminaron con el ascenso al poder del nacionalista Tiburcio Carías Andino, quien eliminó políticamente a la oposición, gobernó con rigurosidad el país y no permitió alzamientos armados de importancia durante sus 16 años de dictadura. Las mujeres alcanzaron su derecho político con el gobierno de Julio Lozano Díaz, quien les concedió el derecho a elegir y ser electas, lo que significó un avance importante en el proceso político del país. Las maniobras políticas, imposiciones, guerras fratricidas, fraudes electorales e influencias al más alto poder -sin dejar por fuera los golpes de Estado por parte de los militares- han caracterizado el ambiente político hondureño durante el siglo XX. Un elemento destacable en los militares que ocuparon la jefatura del Estado por la vía del golpe es el hecho de que la mayoría de ellos terminaron incorporados en alguno de los partidos tradicionales, especialmente el Nacional. En este partido se pueden citar los casos de Oswaldo López Arellano, Juan Alberto Melgar y Policarpo Paz García, aunque éste no activó abiertamente. Internamente, los partidos políticos tradicionales no experimentaron alguna evolución política meritoria, sino hasta que la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas incluyó en su texto en los años ochenta la potestad de los partidos de celebrar elecciones internas para escoger a sus candidatos presidenciales. Anteriormente las imposiciones, como resultado de las influencias políticas, eran las que predominaban en las grandes convenciones donde de antemano ya se sabía quién iba a ser el ungido para representar al partido en elecciones generales. Durante las últimas dos décadas el país ha tenido un cambio político sin precedentes. Ello ha obedecido a las presiones internacionales, especialmente de Estados Unidos, que se dio cuenta que fortaleciendo el sistema democrático en la región e iniciando con ello un proceso de culturización política era mejor que otro esquema para mantener el estatu quo norteamericano. A partir de los ochenta, con el retorno constitucional, se celebran en Honduras elecciones para presidentes sin interrupción alguna lo que indica que el sistema se está consolidando y hay una considerable evolución política. Los golpes de Estado por parte de los militares están quedando sólo en el recuerdo. El sistema, sin embargo, tiene mucho trabajo que hacer todavía en materia de cultura política. Mientras el pueblo no acuda a las urnas a votar conscientemente, atraído no necesariamente por la propaganda ni influenciado por promesas que nunca se cumplirán, se podrá hablar de avances significativos en este campo. Aunque la vigencia del voto separado en papeleta única en 1993 y el voto separado en papeleta separada en 1997 representa un logro sin precedentes en la historia política hondureña. Cuando el país tenga papeleta y votos separados y fechas distintas para escoger a presidentes de la República, diputados y alcaldes el país habrá entrado en un proceso de consolidación política.
ALGUNOS ANTECEDENTES EN LA EVOLUCIÓN DEL PENSAMIENTO Y EL CONOCIMIENTO POLÍTICO
Es hacia finales del Siglo XIX, cuando se puede advertir en Honduras el inicio de una preocupación más o menos consistente por la construcción de un pensamiento político que explique las dificultades de estructurar un Estado republicano en un territorio fragmentado y con escasa cohesión social. Tal preocupación tiene lugar en el contexto de los intentos de modernizar al país al impulso de una serie de medidas enmarcadas dentro del proceso de la reforma liberal.
Ahora bien, el contenido de este pensamiento que va surgiendo desde aquella época no necesariamente se decanta por un enfoque cientificista, más calza con el ensayo y la opinión, aunque, valga decirlo, ello no obsta para advertir ensayos y estudios sobresalientes respecto de la sociedad hondureña en clave política, los cuales han contribuido a una mayor compresión y análisis de la dinámica y racionalidad de los actores políticos.
Cabe advertir que el contexto histórico en que se desarrolla el estudio de la política en Honduras se caracteriza por un sistema político_institucional débil, deudor de una matriz autoritaria y patrimonialista, en el que los procesos de democratización y modernización en general se han visto constantemente truncados. En efecto, el régimen político hondureño arrastra una manifiesta debilidad del Estado de Derecho y subiste una importante brecha de participación entre la clase política y la ciudadanía, esto desde la creación de la República, pasando por la reforma liberal del siglo XIX, las guerras civiles de la primera mitad del siglo, la dictadura de Carías (1933-1949), los procesos reformistas de esta segunda mitad de siglo bajo los gobiernos de Gálvez y Villeda y el militarismo de 1963 a 1980. Salvando una que otra excepción, el principal legado de estos regímenes políticos fue la inestabilidad política, la debilidad institucional, el clientelismo y una ciudadanía permanentemente reducida y, en buena medida, ficticia. Sin embargo, a veinticinco años de haber comenzado el actual proceso de democratización (1980-2005), han surgido algunas condiciones favorables, aunque no capitalizadas aún, para el despegue definitivo de la disciplina.
Bien, dentro de ese contexto histórico, la evolución de la ciencia política en Honduras presenta un proceso de institucionalización en el ámbito académico sólo en las últimas décadas, acompañado del surgimiento y avance de otras disciplinas en el campo de las ciencias sociales que han contribuido al estudio del fenómeno político, especialmente la historia y la sociología.
Al influjo de las ideas positivistas de Europa, un vistazo a las décadas finales del siglo XX refleja que existió una iniciativa en 1882, bajo el impulso del político e intelectual Ramón Rosa, que se concretó en la fundación de la Facultad de Jurisprudencia y de Ciencias Políticas, con una clara intención de introducir y desarrollar en el país el abordaje científico de la política. No obstante, esta iniciativa no tuvo el seguimiento adecuado, por lo que el peso de la rama jurídica terminó por absorber a dicha Facultad, de manera que en 1947 se le cambió el nombre, pasándose a llamar Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, relegándose la enseñanza de la política a asignaturas de derecho político, economía política, sociología, filosofía del derecho y la teoría del Estado. La enseñanza de las ciencias políticas como asignatura es retomada por la Facultad de Ciencias Económicas en 1950 y por el Centro Universitario de Estudios Generales (CUEG) a partir de 1961, dentro de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) (Paz, 2004 y 2005).
En 1978, la reforma universitaria de ese año suprimió las asignaturas generales de sociología y ciencias políticas y fueron sustituidas por las asignaturas de realidad socioeconómica de Honduras y teoría general de Estado y del Derecho. Pero en 1982 se restauró la antigua nomenclatura de sociología, ciencias políticas. La asignatura de sociología quedó a partir de ese momento como una materia obligatoria en todas las carreras impartidas por la UNAH, mientras que la de ciencias políticas es sólo obligatoria en las carreras comprendidas en las ciencias sociales.
Hoy día, uno de los mayores problemas es el hecho de que en Honduras aún no existen estudios de ciencia política a nivel de licenciatura. Pese a esa ausencia, desde los años 90 del siglo XX, se han impulsado en la UNAH dos proyectos de creación de maestrías en ciencia política: La primera viene desde la iniciativa de la Facultad de Derecho y la segunda comenzó desde el Departamento de Ciencias Sociales. La primera iniciativa aún no ha podido comenzar a andar, en tanto que la segunda inició en el año 2004 la primera promoción, con dos grupos simultáneos en las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula, en el marco del convenio internacional de cooperación científico-técnico firmado entre la UNAH y la Universidad de La Habana (Paz, 2004)1.
Aunque ahora se observe un leve proceso de institucionalización de los estudios políticos en el país, puede decirse, que en los últimos 25 años los avances mayores en el campo académico se observan en el área de la sociología política, gracias al aporte de un grupo de sociólogos, entre los que sobresalen Mario Posas, Leticia Salomón y Julieta Castellanos. De los tres, L. Salomón, es la que prácticamente desde 1980 ha mantenido una producción sostenida dentro de los estudios de la sociología política al menos en tres temas de estudio: el papel de los militares en la vida política del país, el proceso de transición a la democracia y la construcción de ciudadanía, y la dinámica de la sociedad civil.
Con la paulatina subordinación del poder militar al poder civil, se va dando un viraje en los estudios políticos respecto a los primeros años de la transición. De los estudios sobre las relaciones cívico-militares se ha ido pasando a nuevas preocupaciones asociadas al diseño institucional que requiere el Estado democrático de derecho, así como sobre el papel de la sociedad civil y los partidos políticos en la profundización del régimen.
También ha surgido desde los años 90 un renovado interés en las posibilidades del proceso de descentralización y desarrollo de los gobiernos locales.
De una u otra forma la reforma política en estos veinticinco años ha estimulado el análisis sobre el proceso de transición. Aun así, cierta fractura en la identificación de objetos de estudio propios de la ciencia política, influye junto a otros factores para que hasta la fecha se carezca de trabajos en profundidad que aborden de forma holística el sistema político del país.
Un déficit particular se observa en la falta de investigaciones sobre el sistema de partidos. Por diversas razones los partidos políticos sólo han sido tangencialmente abordados desde el mundo académico hondureño, y muy poco desde un ángulo estrictamente científico.
Este rápido vistazo a los antecedentes permite señalar que la ciencia política en Honduras tiene el desafío de la formación de profesionales en este campo así como de su institucionalización en general, y sobre todo de la creación de grupos permanentes de pensamiento e investigación.
II. FORTALEZAS, OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS
Una de las principales fortalezas para la disciplina sea quizás el hecho que en los últimos diez años se ha generado un interés en ir propiciando espacios de formación académica a nivel universitario, que ha implicado el surgimiento de iniciativas para crear dos maestrías relacionadas para estudiar el fenómeno de la política, lo cual es un punto de referencia para la institucionalización y profesionalización de esta disciplina.
Por otra parte existe un número reducido pero significativo de hondureños que han salido del país para emprender especializaciones relacionadas con el estudio de la política. Algunos han estudiado en Estados Unidos, Inglaterra, y otros en Sudamérica. Especial mención merece la Maestría Latinoamericana de Estudios Sociopolíticos de la Universidad Alberto Hurtado de Chile, que se ha convertido en un referente en la última década, y al menos cinco hondureños se han graduado en dicha maestría en esa etapa.
No podría desconocerse como oportunidad el hecho de que varias agencias de cooperación internacional, directa o indirectamente, han venido apoyando ciertos estudios y procesos relacionados con dimensiones de la política, en clave de profundización del régimen democrático. Dentro de ese espectro se inscribe el auspicio de la cooperación sueca (ASDI) y la coordinación del PNUD2 en temas concernientes al proceso de reforma política electoral que se ha observado entre 2001 y 2005 -que incluye la realización de varios diagnósticos y estudios de percepción sobre el pensamiento de las elites y de la ciudadanía en general sobre el quehacer político y las reformas electorales3-. Asimismo, la USAID ha apoyado estudios sobre el fortalecimiento del poder Judicial, la administración electoral y, de manera particular, sobre la cultura política; y el Banco Mundial en el análisis de la corrupción y sus implicaciones para la legitimidad del Estado.
Por otra parte la cooperación española (AECI) tiene varios años de estar impulsando estudios e intervenciones en el campo del desarrollo municipal, la descentralización y el fortalecimiento del sistema de justicia; la OEA se ha visto involucrada en estudios sobre la situación y papel de los partidos políticos, incluyendo el análisis y potenciación de la participación de la juventud en los partidos, en tanto que la Unión Europea (UE) ha apoyado procesos para potenciar las condiciones de la participación ciudadana en los asuntos públicos. En el campo del debate destaca el papel que ha jugado la Fundación Friedrich Ebert en propiciar espacios de diálogo y debate sobre los retos del quehacer político en Honduras, produciendo además una serie de boletines que sitúan temas coyunturales acerca de la dinámica de los actores políticos.
A un nivel más propiamente académico se encuentran algunos estudios realizados por el Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (INCEP), con sede en Guatemala, y que apoyado por la fundación Konrad Adenauer, ha realizado estudios políticos comparados en varios países centroamericanos.
También se puede mencionar las investigaciones regionales de FLACSO en el área de gobernabilidad, municipalismo y seguridad ciudadana, así como los estudios puntuales del Instituto de Estudios de Iberoamérica y Portugal -adscrito a la Universidad de Salamanca-, bajo la iniciativa del Dr. Manuel Alcántara, particularmente en el estudio del funcionamiento del Congreso Nacional, sistema de partidos y funcionamiento del sistema de justicia. Más recientemente, desde 2004, la antena para Centroamérica del Instituto de Altos Estudios para América Latina (IHEAL), adscrito a la Universidad de la Sorbona, desde su sede en Guatemala está impulsando una red de politólogos que construyan y desarrollen una agenda de investigación en el campo de la geografía política, campo apenas explorado en la sub-región.
Tampoco podría dejar de mencionarse el convenio de la Universidad de la Habana para apoyar la Maestría en Estudios Políticos y Sociales que imparte la UNAH y los estudios que el Dr. Mitchell A. Seligson -ex investigador de la Universidad de Pittsburg (ahora en la Universidad de Vanderbilt)- ha llevado a cabo en Centroamérica, incluyendo a Honduras, sobre temas atinentes a la cultura política.
Pese a reconocer la valiosa oportunidad que representan las iniciativas antes citadas, la mayoría de ellas suelen carecer de una perspectiva de largo plazo que consolide las capacidades de investigación politológica en el país. En adición, la mayor parte de los estudios son realizados por consultores e investigadores extranjeros, con una participación más reducida de investigadores nacionales. Por otra parte la divulgación de los estudios no logra superar muchas veces el lanzamiento de los reportes de investigación, y es que en general no existe en el país una consistente absorción científica para debatir y plantearse nuevas preguntas de investigación a partir de esos estudios financiados con fondos externos.
En vista de que el país no cuenta siquiera con una carrera de pregrado en ciencia política a nivel universitario, resulta evidente que uno de los desafíos prioritarios es la institucionalización académica de la misma. Más allá de que exista un grupo de hondureños(as) cursando en el extranjero estudios politológicos o afines, no se distingue una comunidad de cientistas políticos -ni siquiera existe un registro para saber cuántos son, mucho menos algún tipo de asociación- que pretendan como proyecto la fundación de los cimientos que permitan un desarrollo consistente de esta ciencia en Honduras4.
Es decir no se está generando la experiencia que ocurrió con la sociología. En efecto, fue a partir de 1990 cuando la UNAH abrió la carrera de sociología, debido en buena parte a un grupo de jóvenes profesionales que en los 70 y 80 fueron a estudiar sociología a la Universidad de Costa Rica y que se convirtieron la mayoría de ellos en docentes en la UNAH. Y aunque la carrera no ha despegado como se pretendió en un primer momento, al menos se ha mantenido y cuenta ya con varias promociones de graduados.
Como se mencionó antes, frente a esa ausencia de bases académicas en el nivel universitario, en las ultimas tres décadas el análisis politológico prácticamente ha dependido de profesionales de otras ciencias sociales. De profesionales de la ciencia jurídica antes de los ochenta y, después de esa década, ya más a cargo de sociólogos e historiadores que se han avenido a las orillas de esta disciplina. La carencia de una carrera universitaria ha influido además en la ausencia de una institucionalización de la labor investigativa universitaria y, por ende también, de la divulgación y la discusión científica en esta rama; lo cual redunda en que se adolezca de una comunidad científica politológica. De ahí que en el país no exista ningún congreso de ciencias políticas ni publicaciones periódicas especializadas. Asimismo, conviene señalar que ninguna de las siete universidades privadas que funcionan a la fecha tiene cabida para la ciencia política y, en general.
Para las ciencias sociales, por cuanto se han enfocado preferentemente en la administración de empresas y negocios, turismo e ingenierías. Como excepción en las universidades privadas, la Universidad Católica ha creado la carrera de Derecho, impartiéndose en dicha carrera algunas materias relacionadas con la ciencia política. Conviene apuntar que dentro de la otra universidad pública -La Universidad Pedagógica-, se imparte la asignatura de ciencias políticas dentro de la carrera de ciencias sociales.
Relacionado con lo anterior, también se identifica la necesidad de individualizar el perfil de la ciencia política en Honduras, y dejar de depender sólo de las aproximaciones que algunos destacados profesionales han hecho desde el campo de la historia y la sociología política. Esto no significa romper los vínculos con dichas disciplinas pero sí desarrollar cierta autonomía que le permita definir y aplicar objetos de estudio y metodologías propias de la disciplina.
Si bien es una fortaleza la existencia de las dos iniciativas de maestrías en la UNAH relacionadas con la ciencia política (mencionadas en el acápite anterior), existe un vacío por la falta y sustentación de base a nivel de pregrado, y no solamente como una asignatura de estudios generales que deben cursar los estudiantes de las carreras de ciencias sociales impartidas por la UNAH. Desde un punto de vista crítico y de maximización de esfuerzos, podría reprocharse el hecho de que se pretenda contar con dos niveles de especialización en ciencia política en la misma universidad pero sin que se hayan aunado iniciativas para crear la licenciatura.
Respecto al campo temático, otro desafío tiene que ver con la necesidad de identificar objetos de estudio acotados y relevantes para el país que dé paso a la construcción de agendas y programas de investigación sobre temas aún ausentes de tratamiento científico. Existen estudios y ensayos sobre la transición política a la democracia comenzada a inicios de los años 80 del siglo pasado, también algunos trabajos importantes sobre las relaciones entre el poder militar y el poder civil, sobre la dinámica y el papel de la sociedad civil, pero prácticamente no existe mayor logro en estudios profundos sobre el sistema de partidos ni sobre las relaciones entre los poderes del Estado.
Un desafío particular consiste en la urgencia de contar con espacios divulgativos sobre la producción generada en el país, que aunque escasa, no cuenta además con los estímulos de publicación, no solo bajo el formato de libros, sino que tampoco en revistas o boletines de ciencia política. Además, es notable la ausencia de congresos, foros y debates sobre bases de argumentación científica.
En lo que atañe al campo laboral, se aprecia que no existe una demanda formal de politólogos de carrera para la asesoría política de los congresistas, candidatos a cargos de elección, Poder Ejecutivo, Agencias de Cooperación Internacional y no digamos la Empresa Privada. Esto quizás tenga que ver con el hecho que al politólogo tiende a vérsele como un tipo de intelectual que hace análisis político como una actividad ocasional o como un área de desarrollo laboral no exclusiva.
En al área de los estudios de opinión política se advierte que el mercado ha sido absorbido más por los expertos en marketing, sin que necesariamente se realice un análisis político a profundidad a partir de los sondeos de opinión. De manera que como oportunidad de trabajo, la coyuntura electoral hace que se demande más a aquellas firmas con capacidad de hacer encuestas y creación de imagen de los candidatos y partidos, en desmedro del análisis político propiamente dicho.
Así la situación, el campo laboral desarrollado para y por los politólogos es reducido. No es la docencia el predominante, porque la mayoría de los profesores que sirven la clase de ciencia política, y afines, vienen del campo del derecho o de la sociología5. En la maestría en estudios políticos y sociales, debido a la ausencia de profesionales con grado de Doctorado en el campo, los catedráticos suelen ser profesores visitantes que provienen de Cuba y en menor medida de los Estados Unidos. Por otra parte, algunos profesionales avenidos al campo de la política encuentran ciertos espacios dentro de las ONG, requeridos no tanto para la investigación y el análisis político sistémico, sino más bien por sus habilidades en gestión de proyectos y capacidad de echar a andar procesos de incidencia política. Otros incursionan en el periodismo y unos menos en la mercadotecnia política. Muy pocos han figurado como asesores a políticos; y como se dijo antes, ni siquiera en el propio Congreso Nacional se cuenta con un cuerpo asesor de politólogos, mucho menos los propios partidos, el Poder Ejecutivo ni los órganos de justicia y administración electoral6. En lo que se refiere al sector privado, en general no hay una demanda formal de profesionales de la ciencia política.
III. LAS PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN: ¿QUÉ PREOCUPACIONES HAN ESPOLEADO EL ESTUDIO DE LA POLÍTICA EN HONDURAS?
No sería antojadizo suponer que la ausencia de institucionalidad de la ciencia política en el país ha influido en el tipo y profundidad de las preguntas de investigación surgidas. En los parámetros del fenómeno político, para el caso hondureño, de alguna manera ha existido una mayor preocupación por indagar acerca de la praxis política, y una menor atención al análisis estructural de ésta.
Antes de la recuperación democrática de los 80 (en las décadas del 60 y del 70), el abordaje de la política en Honduras parecía oscilar entre un enfoque conservador normativo -desde el lente del derecho político- y un enfoque dogmático de cariz contestatario, y hasta cierto punto, tributario de metaenfoques regionales como el de la tesis de la dependencia, que aunque de núcleo economicista, logró en su momento pernear el análisis social y político en varios países latinoamericanos, entre ellos Honduras. Y esta polarización se concreta en las orientaciones de la acción en uno y otro grupo.
En el primero, escoltado por los abogados, prevalecía el análisis jurídico-institucional y la evocación de los derechos de ciudadanía, principalmente los civiles y políticos; mientras que el segundo privilegiaba el análisis de la coyuntura política, la comprensión política de la lucha de clases y la formación de cuadros partidarios para diseñar estrategias contra-hegemónicas7. Sin perjuicio de la racionalidad y legitimidad de cada una de estas tendencias, lo cierto es que de cara a la acumulación de conocimiento científico, el producto fue más bien residual, aparte de marginal.
Durante los 80, en cambio, el estudio de la política estuvo fuertemente influenciado por la descripción y análisis de la transición democrática, no tanto desde el punto de vista juridicista, sino más bien desde la perspectiva sociológica e histórica. Varios de los más sobresalientes analistas políticos del país tuvieron como referente la descripción y explicación de la transición centroamericana que elaboró el sociólogo guatemalteco Edelberto Torres Rivas, en especial durante la permanencia de éste como docente de la Universidad de Costa Rica.
Lo anterior da pie para insinuar que la mirada política a las democracias emergentes en Latinoamérica, no abrevaba directamente de las vertientes teóricas que analizaban las democracias del mundo occidental desarrollado. Lo cual tiene mucho sentido, si se advierte que las democracias consolidadas se problematizaban en torno al tema de la gobernabilidad, a partir de una lectura que reconocía un exceso de demandas ciudadanas que ponía en riesgo la legitimidad del régimen. En cambio, en la mayor parte de Latinoamérica el reto era construir ciudadanía y cimientos fuertes del Estado de Derecho, claro está, en el contexto de una situación económica en general desfavorable.
Los planteamientos de politólogos como Lechner y O'Donnell, de alcance regional, llegaban a Honduras procesados desde la Sociología Política para intentar observar y comprender los problemas y desafíos de la reciente democratización. Ya en los años 90, especialmente desde la segunda mitad de ese decenio, se advierte un debate, aunque con bajo perfil científico-académico, sobre si el país ha culminado o no la etapa de transición. El debate ha girado en derredor de posiciones que afirman que se ha afianzado la democracia por la ocurrencia consecutiva de siete elecciones generales y por la subordinación significativa del poder militar al poder civil.
Otros, en contrapunto, indican que esos aspectos no son suficientes para asegurar que la democracia hondureña está ahora en un proceso de consolidación, pues señalan que una democracia que no ha sido catalizadora de un cambio social que permita sacar a tres cuartas partes de la población de la pobreza, no ha entrado en una fase de estabilidad, y ahora plantean que el incremento de los niveles de violencia y delito están destruyendo más la cohesión social y a su vez están siendo justificación para adoptar medidas de corte represivo que pueden hacer retroceder el conjunto de libertades civiles que la democracia ha permitido hasta ahora.
Siempre en sintonía con la discusión inacabada sobre el resultado de la transición democrática, han emergido nuevas preocupaciones que superan la reflexión acerca de la continuidad electoral. Uno de los aspectos que subyace en el análisis político es la reflexión y la crítica a la corporativización del Estado a cargo de instancias privadas que influyen con pocos márgenes de transparencia en la toma de decisiones gubernamentales. De ahí que comienza a tomar fuerza el análisis sobre el poder y naturaleza de los poderes fácticos en Honduras.
Asimismo, se aprecia ya una cierta alarma sobre una posible erosión de la legitimidad del sistema bipartidista real que prevalece en el país, con dos de los partidos más antiguos del continente y que pese a no haber realizado reformas sustanciales al interior de los mismos, sí se han actualizado electoralmente para captar un significativo voto duro que los sitúa como las fuerzas políticas de mayor convocatoria. Los que postulan tal erosión arguyen que se observan síntomas de ese fenómeno en la creciente sensación de malestar con el desempeño de ambos partidos cuando ejercen el poder público, aparejado al incremento de demandas sociales insatisfechas.
Desde luego que existen otras preguntas en liza, además de las anteriores, tales como la preocupación por fortalecer las relaciones entre sociedad civil y Estado, la ampliación y profundización de los mecanismos de participación ciudadana (con énfasis en la auditoria social y rendición de cuentas) y la independencia de los poderes del Estado (especialmente del Poder Judicial); sin embargo, una peculiaridad de estas inquietudes es que las reflexiones suelen traducirse en abordajes fraccionados y de corto alcance. No parece haber mayor preocupación -y esto tiene ventajas pero también inconvenientes- por englobar el análisis bajo la síntesis ordenadora de teorías integradoras que den cuenta del fenómeno político desde el nivel estructural. De manera que si antes no se había logrado establecer, formalmente, los objetos prioritarios de estudio de la ciencia política en el país, ahora se encuentran múltiples objetos de estudio muchas veces desvinculados de un tronco analítico común.
Frente a las distintas preocupaciones y problemas sobre el fenómeno de la política en Honduras, no se identifican escuelas teóricas que construyan argumentos, diseñen y apliquen metodologías para hacer consistentes las proposiciones. Más bien tiende a prevalecer en los analistas una opinión, que si bien parece lúcida, resalta más la agudeza intuitiva que la verificación empírica.
Por el momento no se avizoran mayores signos de cambio en esta limitación, por cuanto existe una débil institucionalidad para la investigación politológica, sin perjuicio de que, como se mencionó antes, existen apoyos directos de varias agencias de cooperación internacional, aunque obviamente más dentro de la racionalidad de un análisis micropolítico o sectorial, pero poco dirigidos hacia estudios que permitan la formulación de proposiciones teóricas sobre la realidad política nacional, con el adecuado soporte empírico. En principio, la investigación básica que debería provenir de las universidades es en este campo exigua, con escasos recursos disponibles y en general condiciones adversas para la labor científica8.
Este inocultable déficit en la capacidad de construcción teórica no puede menos que servir de acicate para conjuntar esfuerzos en el país para insertarse en las corrientes politológicas regionales y sub-regionales, mediante el ingreso a redes científico-académicas, aprovechando al máximo los espacios de formación, actualización, investigación y discusión científica, a manera de formar una masa crítica que haga posible en Honduras la creación de bases consistentes de una ciencia política que esté a la altura de los tiempos.
1 La Maestría en Estudios Sociales y Políticos está orientada más a la comprensión del fenómeno político desde un enfoque transdisciplinario de las ciencias sociales, mientras que la otra maestría estará un poco más perneada por el enfoque jurídico. Los estudiantes de la actual (primera) promoción de la Maestría en Estudios Sociales y Políticos proceden de diversas carreras, aunque se observa una proporción notable de profesionales con licenciatura en periodismo o ciencias de la comunicación y docentes universitarios que imparten la asignatura de Ciencias Políticas u otras materias del departamento de Ciencias Sociales de la UNAH.
2 ASDI y el PNUD también han tenido un activo apoyo al estudio y fomento de las condiciones para la participación política de las mujeres. El PNUD también apoya en la realización de estudios y proyectos tendientes a mejorar la gobernabilidad democrática, mediante diagnósticos y acciones para mejorar la interacción de los operadores de justicia, y ha impulsado un proceso para la redefinición de una política de defensa dentro de la concepción de la seguridad democrática.
3 Sobre la administración de procesos electorales, en los años ochenta y noventa fue crucial el apoyo brindado por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), con sede en Costa Rica, mediante el Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL).
4 Aunque no se cuenta con un registro formal, se estima que en el país no existen más de diez hondureño(as) que cuenten con estudios de doctorado en ciencia política.
5 El salario de los profesores universitarios en la UNAH varía según el nivel que el catedrático ocupe en el escalafón. Los hay profesores que imparten una sola clase, con un tipo de contrato por hora, que devengan al mes un aproximado de US$ 200; los profesores que tienen contrato mediante Acuerdo, con una carga académica de tres a cuatro asignaturas reciben un aproximado mensual US$ 1.200, según el grado y especialización académica del docente. Profesores en la categoría más alta de remuneración, dedicados a tiempo completos, pueden llegar a devengar entre US$ 2.500 a US$ 3.000.
Los catedráticos que desempeñan algún cargo de dirección académico-administrativa gozan de un Plus a su salario normal. La remuneración en las universidades privadas suele ser un tanto menor a la que ofrece la UNAH, pero la principal diferencia es que los beneficios sociales que otorga la UNAH difícilmente pueden ser concedidos en los centros privados.
6 La función de análisis político al interior de estas instituciones ha estado a cargo de abogados, sociólogos, y en más de algún caso por economistas avenidos a la política.
7 Esta corriente contestataria tuvo como ventana de oportunidad de formación las becas que varias decenas de hondureños obtuvieron para ir a realizar estudios de profesionalización política en la Escuela Nico López de la Habana, la Escuela de Cuadros del PCUS en Moscú y la Academia de Ciencias Políticas y Gestión Social en Sofía (Orellana, 2005).
8 Como resultado de esta situación, durante los años 80 y 90, no pocos académicos salieron de las universidades para insertarse en las ONG y las agencias de cooperación internacional, donde se contaba con mayores fondos para la investigación; aunque claro está, la investigación privilegiada por estas entidades responde a inquietudes por lo general de corto y medio plazo, y en menor medida a la necesidad de generar investigación aplicada para producir un cuerpo organizado de conocimiento científico en el campo de la política.
En síntesis, fuera de las universidades se contaba con mayor apoyo para la investigación empírica, pero debido a las prioridades de estos organismos, el abordaje empírico no ha ido acompañado de teorización.
CONCLUSIONES
- El mundo está poblada por miles de millones de habitantes, cada uno con diferente manera de pensar, cual huellas dactiloscópicas, imposible de hallar uno igual que otro. Si cada uno de nosotros tuviéramos la oportunidad de ser elegido gobernantes nuestras acciones estarían evidentemente influenciadas por nuestra manera de pensar: implantaríamos, entonces, una nueva forma de gobierno, similar, es cierto, a las anteriormente citadas, pero, con un toque personal.
- El hecho de adoptar una u otra forma de gobierno no implica tener que gobernar con "injusticia", aunque es sabido que visto de diversas perspectivas la justicia es distinta para cada ser humano. Sin embargo, existen parámetros que nos orientan a fin de ser lo "más justos posibles", esto es: ser elegidos de manera imparcial, sin manipuleos, sin discriminación.
- Instintivamente reconocemos que la "democracia" es la forma de gobernar, aunque no sería correcto desconocer las actividades contraproducentes y dañinas que muchos gobernantes cometieron blandiendo la bandera de la democracia, y reeligiéndose continuamente como producto de artimañas practicadas en los sistemas electorales y en sus mismos electores.
- Uno de las características de los derechos humanos es la progresividad: esperemos que a medida que nos desarrollemos como seres humanos se desarrollen también formas de gobierno adecuadas y convenientes para todos.
BIBLIOGRAFÍA
- http://www.todoelderecho.com/Apuntes/Politico/apuntespolitico.htm
- http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_pol%C3%ADtico
- http://www.monografias.com/trabajos14/derechopolitico/derechopolitico.shtml
- http://www.monografias.com/trabajos7/fies/fies.shtml
- http://www.uned.es/dpto-derecho-politico/
- http://www.editorialjuridica.cl/listado_por_materia.php?id_materia=29
Claudia Velásquez
Carlos Mercadal
Delma Carranza
Diana Ochoa
Kislyn Ardon
Kenia Barahona
Milton Ventura
Mixa García
Wendy Hernández
San Pedro Sula, Honduras CA
08-Julio -2006
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