- El libre comercio como signo del neoliberalismo
- Las críticas ambientalistas a las actuales normas de libre comercio
- Las experiencias más cercanas
- Temas básicos de discusión y posicionamiento
- A modo de conclusión
1.- El libre comercio como signo del neoliberalismo
El comercio, como se sabe, ha sido una actividad humana de historia tan vieja como el inicio mismo de la civilización. Sin embargo, nunca como hoy fue signo de una doctrina económica, la neoliberal, que centra en la esfera del mercado la solución de los problemas sociales, al grado que teólogos como Franz Hinkelamert y otros señalaran que se ha construido una idolatría alrededor del mercado, nuevo dios que para resolverlo todo en el marco de la competencia, demanda sacrificios humanos continuos y crecientes.
El mercado, entonces, ha sido una necesidad económica para la realización de las mercancías y la producción, pero sobredimensionado se convierte en un instrumento ideológico que subestima y hasta suprime otras áreas, intereses y necesidades humanas. ¿Qué sentido tiene, por ejemplo la liberalización de fronteras para los productos y la agudización de controles para el tránsito internacional de personas? ¿Cómo entender que sea más fácil violar cualquier derecho humano a escala internacional y no sea así cuando se trata de las normas del mercado? El propio gobierno norteamericano insiste en pedir inmunidad para sus soldados regados en numerosas bases en América latina y el mundo, incluyendo causas por crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad; pero, ese mismo gobierno plantea el cumplimiento forzado de las normas de la OMC y otras afines. Cierto que ellos las violan, pero no por una exoneración expresa sino como una más de las demostraciones de su prepotencia.
De aquí que las contradicciones entre comercio y medio ambiente, tema que nos compete hoy, son crecientes y en su agudización parece que los derechos colectivos son los más directamente amenazados.
Es necesario considerar además cual es el grado en el cual se trata realmente de un "libre comercio". De acuerdo a datos de la OCDE, cerca del 50% del comercio internacional es solamente intercambios dentro de una misma empresa transnacional y, que más del 90% de intercambios financieros mundiales son fruto de la especulación y no de la producción. Informes recientes señalan que 200 transnacionales controlan ese "libre" comercio.
Guy Verhofstadt, en momentos en que ejercía como Primer Ministro de Bélgica y Presidente de la Unión Europea, respondió ante demandas de representantes de países pobres: "Naturalmente que la globalización, el hecho de sobrepasar las fronteras puede decaer rápidamente en egoísmo sin fronteras. Para el occidente rico, el libre comercio es evidente, aunque de preferencia a productos que no afecten su propia economía. Nada de azúcar de países del Tercer Mundo. Nada de textiles o confecciones de África del Norte. Allí ustedes, tienen razón. El comercio mundial anunciado a voces tan altas, por lo general se trata de un tráfico en un solo sentido: desde el norte rico hacia el sur pobre, y no a la inversa."
Un abogado concluiría que tras esta confesión de parte, no se requiere presentar más pruebas.
El mito del libre comercio se cuestiona en los hechos también desde sus promotores, a través de medidas de muy dudosa legitimidad como, por poner ejemplo, aquella de Estados Unidos de castigar desde el 20 de marzo de 2003 al acero de países más eficientes en el ramo como Brasil, con unos aranceles de hasta el 30%, contraviniendo las resoluciones de la propia Organización Mundial de Comercio. En otro caso, a Ecuador se le acusó de dumping en la producción camaronera por tener precios más bajos surgidos de las ventajas ambientales del país.
Estados Unidos mantiene múltiples medidas proteccionistas como los subsidios directos a las exportaciones, las ayudas internas a los productores, las barreras no arancelarias y la aplicación sistemática y unilateral del dumping (en sus productos de exportación subsidiados) y de leyes antidumping (a los productos importados que amenazan alguna producción interna que se quiera proteger). Esto llevó a Joseph Stiglitz a afirmar que: "Los acuerdos de libre comercio no garantizan el libre comercio. Esto se debe a que los EE. UU. utilizan muchas medidas proteccionistas para bloquear las mercancías extranjeras"
Adicionalmente hay que considerar que libre comercio no es sinónimo de comercio justo, sino todo lo contrario. dejar el comercio a las competencia depredadora donde el más fuerte tiene todas las posibilidades de ganar, es contrario a un principio de justicia ya que se trata de poner a competir a desiguales bajo las mismas normas.
En resumen, lo que tenemos frente a nosotros es una propuesta de libre comercio en el marco de una dominación imperialista inspirada en la doctrina neoliberal. Sus repercusiones en materia ambiental, que las veremos a continuación, pueden ser extremadamente graves y aquí no caben las ilusiones y, sobre todo, no cabe caer en la trampa de la inevitabilidad de las propuestas neoliberales. No son inevitables y como país soberano, tenemos derecho y obligación de buscar lo mejor para nuestra gente y nuestro espacio natural.
Presentar a sus propuestas como las únicas posibles, como si al no aplicarlas se acabara el país, ha sido una trampa de los neoliberales que ofrecieron maravillas tras cada uno de esos ajustes. El fracaso social de la dolarización, la nula ampliación de empleos tras la destrucción de derechos laborales, los daños ambientales tras cada cesión antes los inversionistas extranjeros, las consecuencias fatales para nuestra soberanía con la entrega de la Base de Manta, son parte de una cadena de acontecimientos que nos dirigen al pasado y a condiciones de mayor pobreza. ¿Es inevitable vivir en la pobreza cuando vivimos en un país en el que abunda la riqueza? Nada que no sea la imposición del imperialismo y de la gran burguesía explica este absurdo.
La supuesta inevitabilidad es en realidad una suerte de terrorismo porque se impulsa en una serie de amenazas de grandes desastres que pretenden que pasaría si no se acepta la imposición imperialista. Niegan que mejores condiciones de vida pueden ser encontradas en países que no han firmado acuerdos de libre comercio de este tipo, para no hablar de la heroica Cuba que siempre demuestra que la educación y la salud pueden ser mejores si no se hace lo que proponen el banco Mundial y sus cómplices.
Lo que está en la mesa no es un tratado comercial. Lo que se discute abarca ante todo la máxima protección a las inversiones, entendiendo por tales a cualquier acuerdo, junto con una gran cantidad de normativas laborales, de propiedad intelectual, jurídicas y más, demostrando que de lo que se trata es en realidad de una imposición constitucional y legal absoluta, sin ninguna consulta ciudadana y con negociadores que jamás fueron electos democráticamente para ser constitucionalistas y legisladores a la vez.
De manera más diplomática lo expone la propia Ley de Autoridad para la Promoción Comercial (TPA), aprobada por el Congreso de los Estados Unidos en 2002: "La expansión del comercio internacional es vital para la seguridad nacional de los Estados Unidos … Los acuerdos comerciales tienen el mismo propósito que el que tuvieron los pactos de seguridad durante la Guerra fría …. Los acuerdos comerciales maximizan las oportunidades para los sectores críticos y estructurales de la economía de los Estados Unidos, tales como tecnología de información, telecomunicaciones y otras tecnologías de punta. … El comercio creará nuevas oportunidades para Estados Unidos y preservará la fortaleza sin paralelo de EEUU en asuntos económicos, políticos y militares"
Complementariamente, el Representante Comercial de los EE UU, Robert Zoellick señla: "… los países que buscan acuerdos de libre comercio con los Estados Unidos deben cumplir más que criterios económicos y de comercio, si pretenden ser elegibles. Como mínimo, estos países deben cooperar con los Estados Unidos en su política exterior y en sus metas de seguridad nacional, como parte de 13 criterios que guiarán la selección que haga Estados Unidos de sus potenciales socios en acuerdos de libre comercio… Negociar un Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos no es algo a lo que alguien tenga derecho. Es un privilegio".
Para quienes sostenemos los principios de soberanía y dignidad nacional, resulta totalmente lo contrario: no entrar a la negociación del TLC es sinónimo de no querer someterse a "la política exterior y las metas de seguridad nacional" de los Estados Unidos.
2.- Las críticas ambientalistas a las actuales normas de libre comercio
Desde la perspectiva de la protección de la biodiversidad, las normas internacionales y los procedimientos adoptados hablan de una serie de peligros que se reproducen en distintos instrumentos regionales y bilaterales. Un breve resumen de esos factores se presenta a continuación como esquema de referencia.
Los acuerdos sobre comercio y medio ambiente de Río de Janeiro (1992) y Marrakech (1994) se violan permanentemente y se debilita la legislación ambiental en el mundo
El peso de las transnacionales en las decisiones de los Estados de los países desarrollados es tal, que cada vez con más frecuencia se burlan los acuerdos internacionales en materia de comercio y medio ambiente. Por otra parte, muchos de estos acuerdos chocan con otras disposiciones de la Organización Mundial de Comercio (OMC).
Por otro lado, el Comité de Comercio y Medio Ambiente de la OMC señala que su labor está ceñida a que "la competencia de la OMC en materia de coordinación de políticas en este ámbito se limita a los aspectos de las políticas ambientales relacionados con el comercio que puedan tener efectos comerciales significativos para sus miembros". Expresión que grafica que para la OMC el comercio está por encima de lo ambiental.
Por último, se afirma que las reglas más generales sobre comercio internacional y medio ambiente se encuentran, precisamente, en los instrumentos jurídicos no vinculantes, en especial en la Declaración de Río y en la Agenda 21, adoptadas en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992.
Con todo esto, los riesgos al ambiente se han ido presentando como realidad en casos de juzgamiento a disposiciones de los Estados que se consideran como barreras al libre comercio.
Un ejemplo muy claro de ello se presentó en 1991 cuando la Unión Europea prohibió por razones de salud pública el ingreso de carne vacuna tratada con hormonas y transgénicos. Bajo el argumento de que la simple sospecha de existencia de un peligro para la salud NO justifica detener los flujos comerciales y que las transnacionales en ningún caso tienen que comprobar el carácter inofensivo de sus productos, la OMC estimó que se trataba de un boicot de la UE a la importación de carne de res de Estados Unidos y autorizó una sanción aduanera contra la UE por $ 116.8 millones.
Jerry Mander de la ONG estadounidense Ecocéanos, alerta que "Aunque sólo tiene seis años de edad, la OMC ya tiene el impresionante record de haber desafiado leyes y normas creadas democráticamente. Ha sido especialmente potente en el reino del medio ambiente. La primerísima legislación de OMC se dirigió contra el Acta de Aire Puro de Estados Unidos, que establecía normas contra la contaminación por gasolina. Se encontró que el Acta no cumplía con las reglas de comercio de OMC, y tuvo que suavizarse. Se decidió que la muy popular Acta de Protección a los Mamíferos Marinos no cumplía con la reglamentación del GATT…Y también se juzgó que era ilegal la protección de tortugas marinas, bajo el Acta de las Especies en Peligro. A este respecto los Estados Unidos están volviendo a fojas cero. Podemos esperar desafíos similares contra las leyes estatales o estadounidenses sobre control de pesticidas, las normas del café, la veda de exportación de troncos en bruto, el etiquetado ecológico de productos, varios esquemas de "certificación", etcétera…". En otros medios se estima que la administración Bush ha reducido o eliminado alrededor de 200 normas ambientales, en muchos casos para favorecer el libre comercio.
Si eso pasa en el país más rico de la Tierra, es fácil pensar que para los demás es más difícil contraponerse a los mandatos comerciales.
Contradicciones graves con los AMUMA
Si se observa las restricciones que Acuerdos Multilaterales sobre Medio Ambiente (AMUMAs) tienen sobre ciertos aspectos de comercio internacional, se observan graves contradicciones con los principios de la OMC (y su origen en el GATT) y, por tanto, con los TLC firmados en las Américas.
Esas contradicciones no pueden ser resueltas por medios legales. Por ejemplo, las restricciones que la Convención sobre el Comercio Internacional de las Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) se oponen al Artículo X.1 del GATT; el tema podía encontrar solución si se toma que el CITES es posterior (lex posterioris) al GATT de 1964, pero el GATT de 1994 es considerado como un instrumento jurídico distinto a su predecesor, así que la única opción para el tema ambiental sería considerar el principio de Lex especialis a favor del CITES, cosa de por sí dudosa y que no involucraría a quienes no suscribieron el CITES. Con ello, la norma del GATT queda intacta y los afanes de proteger a especies en peligro desaparecen.
Similares son los casos del Protocolo de Montreal sobre restricciones al consumo (incluyendo importación) de gases que afecten a la Capa de Ozono y el Convenio de Basilea relativo al Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación, entre otros AMUMAs.
Utilización de la temática ambiental para apoyar a las empresas de los países desarrollados
Según Norteamérica, somos los países dependientes los dispuestos a modificar nuestras leyes para participar con más fuerza en el mercado y permitir a nuestras industrias producir aún a costa del daño ambiental. La realidad muestra sin embargo que el uso del tema ambiental para ganar sus posibilidades económicas viene de allá en contra nuestro.
Esto se puede ilustrar, por ejemplo, con el embargo impuesto unilateralmente por los Estados Unidos en 1991 al atún mexicano, con el pretexto de que su captura generaba una importante mortandad de delfines. En el caso de México, se calcula que en seis años se dejaron de percibir alrededor de 300 millones de dólares como consecuencia de la aplicación de esta sanción comercial. Este embargo provocó una reducción de la flota atunera nacional y el cierre de plantas enlatadoras, con la consecuente pérdida de empleos directos e indirectos y de otros efectos económicos adversos. Ese espacio ha sido cubierto por empresas norteamericanas de pesca.
Organismos serios de México, señalan que la medida se basó en datos adulterados y que era básicamente una medida comercial y no realmente ambiental. Los resultados así lo demuestran.
Presencia de empresas contaminantes en los comités de medio ambiente
En los organismos de coordinación de los países imperialistas y a nivel directivo de los organismos de libre comercio, siempre aparecen empresas acusadas de daño ambiental, como asesoras en esa temáticas.
"Tomemos por ejemplo el Comité Consultivo Económico e Industrial (BIAC, por su sigla en inglés) de la OCDE. Como vocero oficial del sector empresarial ante la OCDE, el BIAC goza de amplias oportunidades para influir en las políticas de los países miembros de la OCDE. El Comité de Medio Ambiente del BIAC está presidido por Suez, la gigantesca multinacional francesa del agua; Monsanto, Pfizer y BASF comparten la vicepresidencia de su Comité de Biotecnología; DuPont preside el Comité de Comercio y la Shell ocupa la vicepresidencia de su Grupo de Trabajo sobre Cambio Climático. Los 38 grandes grupos de presión empresarial que integran el BIAC apoyan por consenso las negociaciones de la OMC acerca de los AMUMA, lo cual efectivamente significa subordinar las medidas comerciales de los AMUMA a las reglas de la OMC. También se oponen enérgicamente a cualquier intento de introducir medidas precautorias en la OMC."
Pretensión de anular el principio precautorio
El principio precautorio (o precautelatorio) es una medida política que determina el grado de riesgo que un Estado está dispuesto a enfrentar, ante una amenaza potencial, aunque no se tenga todavía la certeza científica de daño. En el caso de la Constitución Política del Ecuador (Art. 91, inciso segundo), este principio universal de legislación ambiental se recoge en los siguientes términos: El Estado "tomará medidas preventivas en caso de dudas sobre el impacto o las consecuencias ambientales negativas de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia científica de daño".
Los grandes grupos empresariales pretenden anular este principio para permitir la libre circulación de los peligrosos transgénicos, el ingreso de productos sin prevenciones a favor de la salud de los habitantes de distintos países, la libre circulación de desechos peligrosos para transformarlos en países pobres y lejos del país de origen, entre otras graves intenciones.
Entre esas instancias empresariales encontramos al Consejo Nacional de Comercio Exterior, la Cámara Internacional de Comercio (ICC), la Cámara de Comercio de Estados Unidos y la Biotechnology Industry Organization (BIO)- están empeñados en erosionar el "principio precautorio", para sustituirlo con lo que ellos denominan "ciencia firme". De esa manera, grandes peligros potenciales como los transgénicos podrían ser comercializados libremente y de allí la oposición norteamericana incluso al etiquetado de estos productos.
Lo que ellos denominan "ciencia firme" es una burda trasposición de un principio de justicia humana, el de presunción de inocencia, hacia el comercio, dando el mismo carácter de "inocente hasta que se pruebe lo contrario" a las mercancías. Por risible que pueda parecer esta manera de dar características humanas a las mercancías, el peligro es enorme porque en ciertos casos como puede ser con determinados transgénicos que combinan genes de plantas con genes de animales, por ejemplo, debemos esperara que el daño se visualice en la siguiente o más generaciones tal como es probable, para recién actuar. Entonces el costo de remediar será infinitamente más alto que el de prevenir, teniendo consecuencias irreversibles. A los que buscan riqueza fácil y rápida, esto no les importa.
Debilitar la protección ambiental con venta de servicios
Esos mismos sectores, junto a similares de los países industrializados, son los que sostienen las negociaciones de los GATS (Acuerdo General sobre Comercio de Servicios de la OMC; AGCS por sus siglas en español). La amplia definición de servicios incluye sectores que afectan prácticamente todas las dimensiones del mundo natural y el medio ambiente, incluyendo agua, extracción y producción de energía, transporte, viajes y turismo, construcción, generación de energía eléctrica y disposición de residuos y saneamiento.
Expandir el alcance del GATS afectará en forma sustancial las condiciones sociales y ambientales en todo el mundo, porque pondrá a la legislación nacional por debajo de este Acuerdo e involucrará a servicios básicos y ambientales, dejando sin posibilidad la aplicación de exenciones efectivas.
El GATS incluye además la mercantilización de servicios ambientales, entendidos allí sobre todo los de remediación ambiental, empresas de tratamiento y disposición de efluentes, saneamiento y otros, dejando de lado las actividades de prevención y precautelación.
Las normas impuestas en los TLC evitarían que los gobiernos adopten "limitaciones al número de proveedores de servicios" en distintos ángulos pero también en saneamiento ambiental, con lo que los gobiernos locales pierden control sobre el número de instalaciones de manejo de desechos tóxicos u otros se ubican en la región de su responsabilidad, lo que afectará la situación ambiental en general.
3.- Las experiencias más cercanas
Los TLC actuales se promueven como un nuevo camino para lograr lo que el ALCA no pudo y como una vía más fácil para Estados Unidos que, en lugar de negociar con la región en su conjunto, lo hará con cada país por separado, lo que le hace encontrar un socio más débil y más dispuesto a aceptar una copia del TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte, NAFTA por sus siglas en Inglés).
Precisamente las asimetrías que se presentan en cualquier tratado comercial, se ven así acentuadas. Y esto dentro de una lógica y evidencia empírica de que ninguna política económica es neutral, sino que genera ganadores y perdedores.
De hecho, la situación de México es bastante ilustrativa para analizar el impacto social y ambiental de un TLC con Estados Unidos. Demuestra, entre otras cosas, que más que un tratado de libre comercio lo que se busca es tratados de libre inversión, con poderes y garantías plenas para inversores que, en el caso mexicano, ahora pagan menos de 70 centavos por hora en muchas maquilas ubicadas en la zona central del país y máximo 1 dólar con 50 centavos o que, en caso ecuatoriano, históricamente han logrado ganancias hasta de cuatro dólares que salen del país cada año por uno de inversión extranjera directa. Las evidencias y casos que prueban que no toda inversión extranjera es favorable no solo que son innecesarias repetirlas aquí sino que en ningún caso se trata de excepciones.
Más aún análisis del Banco Mundial publicados en Global Economic Prospects 2003 han revelado que los tratados bilaterales de inversiones no han conducido a un incremento de la inversión extranjera. De manera complementaria en el Informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Making Global Trade Work for People (2003), se señala que "no hay una clara correlación entre el volumen de inversión extranjera directa y la prosperidad del desarrollo."
México en el NAFTA
México ha sido el claro perdedor a pesar de la relativa estabilidad macroeconómica, condicionada por la desaceleración que venía viviendo la economía estadounidense a la que va casi el 90% de exportaciones mexicanas.
En el aspecto económico, la economía mexicana apenas a crecido al 1,47% anual durante el TLCAN, inferior a cualquier período previo a 1982 en que se inicia la aplicación de las recetas neoliberales y atrás de otros 15 países latinoamericanos.
Este pobre crecimiento se hace con un enorme costo de agotamiento y degradación ambiental que, en promedio anual durante el TLCAN, oficialmente se calcula en 10.62% del PIB. Ello significa decrecimiento de 4.22% del Producto Interno Bruto Ecológico por habitante, de acuerdo a información del oficial Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). El contenido mexicano en la manufactura no maquiladora cayó del 91 al 37%.
De la misma fuente se conoce que todos los indicadores ambientales relacionados con deterioro y contaminación de suelo, agua y aire empeoraron en el período, con la excepción de promedio de deforestación y de cambio del uso del suelo.
Contra lo ofrecido de que acuerdos de este tipo ayudan a obligar a los Estados a la protección ambiental, México ha visto reducirse ligeramente la inversión en protección ambiental y reposición del deterioro de recursos naturales, por debajo del 3% de los costos de la degradación ambiental producida.
Estos datos del Sistema de Cuentas Económicas y Ecológicas de México, 1988-1999 del INEGI desafortunadamente no incluyen los impactos sobre todos los recursos naturales, ni de todas las actividades económicas. "Omite claramente la evaluación del impacto del transporte, y el de la industria manufacturera (incluyendo a la maquila) la de mayores tasas de crecimiento y productora de desechos tóxicos y peligrosos. No obstante esta importantísima omisión, las cifras muestran un cuadro sólido de la insustentabilidad del modelo instrumentado en México, antes y después del TLCAN, así como de la magnitud del reto ambiental que México enfrenta para recuperar su viabilidad como nación".
En cuanto al tratamiento de disputas comerciales, es famoso el depósito de residuos tóxicos de Metalclad Corporation en Guadalcázar, San Luis Potosí, que pasó de ser la primera inversión modelo del TLCAN al primer juicio contra el gobierno mexicano cuando el Municipio procuró fijar normas ambientales. El Tribunal del Centro Internacional para la Resolución de Disputas en Inversión estableció que las normas ambientales eran barreras inadmisibles y fijó que el Estado de México debe pagar a la empresa más de 16 millones de dólares más intereses. El precedente, es claro: los intereses de las empresas extranjeras se ponen por encima de las leyes nacionales y de la salud de sus habitantes y el supuesto mantenimiento de las leyes ambientales nacionales resulta en una burla completa.
Chile y la apertura de más tiempo en el continente
Si bien en Chile apenas entró el TLC en vigencia en el pasado 1 de enero, por lo que no se tienen datos de sus efectos directos, es sin duda uno de los países de la región con mayor y más viejo aperturismo al comercio internacional. En su negociación, ciertamente presentaron más interés en la incorporación de lo ambiental, pero en esencia es el mismo modelo del TLCAN.
La investigadora Sara Larraín, del Programa Chile Sustentable señala que "Hoy día es constatable, por cualquier organización ciudadana en el continente y por cualquier comisión gubernamental o empresarial, que la apertura comercial hasta ahora -incluso en el caso de Chile que lleva una apertura de casi dos décadas- no ha orientado a nuestros países hacia los objetivos del desarrollo sustentable, sino al contrario mas bien ha contribuido a alejarnos de su implementación".
Chile puede mostrar un crecimiento económico importante, pero ha mantenido y ha empeorado indicadores de la injusta distribución de la riqueza, añadiendo que para un amplio espectro del sector empresarial la poca protección ambiental es considerada una ventaja comparativa para las exportaciones. De hecho, el libre comercio condujo a que las empresas eléctricas prefirieran lo que les era más rentable antes que brindar seguridad en el suministro y hoy enfrenten una crisis energética debido a la alta concentración tanto en empresas como en fuentes energéticas.
El TLC con Centroamérica
El recientemente firmado TLC entre Estados Unidos y varios países centroamericanos (CAFTA por sus siglas en Inglés). Su texto conforma lo que USA plantea ahora a los países andinos y no es más que el mismo,con pequeñas reformas, firmado con Chile.
El CAFTA posee un capítulo ambiental cuya finalidad es señalar que no se usará la reducción de políticas ambientales para bajar costos de producción. La definición que se presenta es la siguiente:
"legislación ambiental significa cualquier ley o regulación de una Parte, o disposiciones de las mismas, cuyo propósito principal sea la protección del medio ambiente o la prevención de algún peligro contra la vida o salud humana, animal o vegetal mediante
a) la prevención, reducción o control de una fuga, descarga o emisión de contaminantes ambientales;
(b) el control de sustancias ambientalmente peligrosas o químicos tóxicos, sustancias, materiales y desechos y la diseminación de información relacionada con ello; o
(c) la protección o conservación de la flora y fauna silvestres, incluyendo las especies en peligro de extinción, su hábitat y las áreas naturales bajo protección especial".
Obsérvese que se restringe gravemente el ámbito de lo que se entiende por legislación ambiental con respecto a nuestra propia normativa legal que abarca cuestiones tan importantes como:
a) Normativas contra las diversas formas de contaminación entendida de una manera mucho más amplia que la propuesta en el CAFTA;
b) Criterios para el ordenamiento territorial;
c) Criterios para determinar áreas silvestres protegidas
d) Protección de recursos marinos, costeros y humedales
e) Soberanía sobre diversidad biológica
f) Conservación, protección y administración de los recursos forestales;
g) Gestión de los recursos naturales;
Peor aún es encontrar las exclusiones que realiza el texto:
"…no incluye ningún estatuto o regulación, o ninguna disposición en las mismas, relacionadas directamente a la seguridad o salud de los trabajadores."
"Para mayor certeza, legislación ambiental no incluye ninguna ley ni reglamento, o disposición de éstas cuyo propósito principal sea la administración de la recolección o explotación comercial de recursos naturales, ni la recolección de recursos naturales con propósitos de subsistencia o recolección indígena, de recursos naturales;"
Quedan por fuera, entonces, asuntos sociales y ambientales muy importantes y todo lo que tenga que ver con explotación de recursos (mañosamente se pone en el mismo plano el tema de la subsistencia indígena). Esto último deja por fuera la misma Ley Forestal, la Ley de Hidrocarburos, recursos como aguay suelos y, dado que no está definida con claridad que son recursos, pues allí podría fácilmente incluirse la misma biodiversidad.
Complementariamente, no se reconoce el carácter progresivo de los derechos humanos y el Derecho a un Ambiente Sano y Ecológicamente Equilibrado es uno de ellos. Por tanto, cualquier medida que profundice la protección ambiental de un país, puede ser considerada como una manera de dañar las posibilidades ganancia de un inversionista, por lo que entra en la categoría de "confiscación indirecta".
En el Artículo 17.4 del CAFTA sobre Mecanismos Voluntarios para Mejorar el Desempeño Ambiental, se reconocen incentivos a las empresas como la forma privilegiada de mejorar el desempeño ambiental, pero no se establecen sino un lenguaje ambiguo que da a entender que los incentivos reemplazarán a la actitud responsable que corresponde a todos, incluidos los inversionistas y empresarios.
4.- Temas básicos de discusión y posicionamiento
En el informe de la reunión de ministros de comercio exterior de las Américas (Toronto, 2001) se señala que "algunos de los aportes hechos "propugnaron la inclusión de los temas ambientales en el marco del ALCA", señalando en particular el impacto ambiental del ALCA, pidiendo que las normas ambientales no se redujeran con el fin de atraer inversiones u obtener ventajas comparativas y planteando recomendaciones de procedimiento. Otros aportes hicieron hincapié en la preocupación de que "la inclusión de las cuestiones ambientales en el ALCA retrasara el progreso en otros aspectos comerciales, en particular, sin se emplearan las sanciones comerciales para hacer cumplir las normas ambientales". Algunos de los aportes realizados sugirieron que los temas ambientales "debían manejarse de manera totalmente independiente de las discusiones sobre comercio" y otros subrayaron que "la mayor prosperidad derivada de la liberalización del comercio generaría los recursos necesarios para proteger el medio ambiente". Y, en lo que concierne al desarrollo sostenible, algunos aportes estuvieron a favor de que "fuera uno de los principios esenciales del ALCA".
Esta disparidad de criterios se vería alivianada en la reunión realizada en Quito (2002) tras la que la declaración firmada por los ministros dice: "rechazamos el uso de normas medioambientales y laborales con fines proteccionistas. Muchos Ministros reconocieron que las cuestiones medioambientales y laborales no deberían se invocadas como condicionamientos ni sometidas a disciplinas cuyo incumplimiento esté sujeto a restricciones o sanciones comerciales".
¿Cuál es entonces la relación entre ambiente y desarrollo? ¿Cómo dirigirse a un modelo de desarrollo sustentable si se continúa concibiendo que lo ambiental es accesorio al comercio?
Integración sí. Pero, ¿cuál?
Lo primero es aceptar que el comercio es un mecanismo que puede contribuir a la integración regional, pero no es suficiente y ni siquiera la base de una integración entre iguales. En un ejemplo muy elemental pero que puede ser ilustrativo, digamos que quién tiene una pequeña tienda de abarrotes puede tener libre comercio con la más grande transnacional de refrescos, sin que eso, en lo más mínimo, le integre con los dueños de la transnacional y los lleve a compartir algo.
En otras palabras, lo que requerimos es una integración con base en la solidaridad, el respeto a las autonomías nacionales, sin homogenización cultural ni incremento de la destrucción ambiental. El comercio internacional, entonces, no es ni el punto de partida y menos el de llegada, sino un instrumento que debería ser visualizado en una perspectiva más amplia.
Lo mismo puede decirse que en cuanto a que el comercio es también un instrumento de desarrollo pero no un fin en sí mismo. Por tanto, para impulsar modelos de desarrollo sustentables, lo determinante debe ser esta propuesta y no la relación comercial que debe ser coherente con la misma.
El estudio de un modelo disimulación de las distintas opciones de aperturismo comercial lleva a concluir que: "el Área de Libre Comercio Sudamericana (ALCSA), un acuerdo Sur-Sur, genera unas ganancias económicas modestas para los países miembros, pero su efecto puede considerarse más bien desde el punto de vista estratégico y político de los países sudamericanos". En el cálculo económico, este acuerdo suramericano haría aumentar las exportaciones regionales en un 7% mientras que el TLC entre los países andinos y Estados Unidos permitiría un máximo de 3,6% de crecimiento.
Leyes nacionales vs. libre comercio
En los TLC, las normas impuestas por la OMC y el borrador del ALCA se va construyendo una situación cercana al pretendido Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI), que no fuera aprobado por la oposición de los pueblos, incluso en los países desarrollados, pero que se resumía en dar todo el poder a las transnacionales. En las distintas disputas, a las que se tiene como puntos de referencia, se encuentra que los intereses de los dueños de una empresa se ponen a la misma altura que los de un país entero, que se superpone el interés empresarial sobre el de la salud y el ambiente (medicinas SIDA, transgénicos, etc.) y que los "tribunales" o centros de resolución de controversias están inclinados ideológica y numéricamente a favor de la empresa.
La injusticia institucionalizada en los tribunales de arbitraje puede graficarse en la demanda de la transnacional Betchel contra Bolivia cuando debió dejar el negocio del agua privatizada en Cochabamba (tras un gran levantamiento popular), el tribunal de arbitraje se armó con un miembro elegido por la empresa, otro por Bolivia y, como las partes no se pusieron de acuerdo en el tercer nombre, el tercer miembro fue definido por el Banco Mundial, que es la instancia que impulsó la privatización. En pocas palabras, antes de empezar son dos contra uno.
Complementariamente se impone el trato nacional a las mercancías y servicios extranjeros, a los inversionistas extranjeros y a sus inversiones, con lo que se pierden oportunidades de aprovechar en función del desarrollo y dentro de esquemas lógicos y justos para las partes, de aprovechar la presencia de esa empresa internacional. La protección a la producción propia, especialmente comunitaria y de pequeñas o medianas empresas, desaparece. Sin embargo, en momentos adecuados convierten a una empresa nacional en internacional para proceder a la mediación de intereses en la OMC, como es el caso de Termorío en Colombia.
Integración en estas condiciones más parece recolonización y por ello es que las leyes nacionales de protección ambiental, aunque se diga lo contrario en los textos y en las demandas extranjeras, se van debilitando y van convirtiéndose en leyes de comercio ambiental.
El peligro aumenta porque se debilita la capacidad de aplicar las normas de un Acuerdo Multilateral sobre Medio Ambiente (AMUMA) a las negociaciones con un Estado que no las firmó. Por el contrario, y considerando precisamente que Estados Unidos se caracteriza por no firmar la mayoría de AMUMAs, debería quedar en claro que las medidas comerciales impuestas por un país que suscribió un AMUMA, respecto de otro que no lo suscribió, no pueden ser consideradas como un medio de discriminación arbitrario o injustificable o como una restricción encubierta al comercio internacional. Caso contrario, en buena medida el TLC significará anular o al menos reformar gravemente nuestros compromisos ambientales internacionales y dejar en pié solo aquellos firmados por los dos países.
Como elemento adicional hay que considerar que Estados Unidos es uno de los países que menos AMUMAs ha firmado. En particular se ha negado a firmar el Protocolo de Kioto y la Convención de Diversidad Biológica, instrumentos de mucha importancia para los países andinos que forman parte de los 17 megadiversos del mundo. La Estrategia Andina de Biodiversidad de manera específica ha sido atacada por el Departamento de Estado norteamericano.
Todo esto pone en riesgo los efectos que para nuestros países tienen los Acuerdos Multilaterales de Medio Ambiente, los que no pueden ser impuestos a países no firmantes y, como se verá más adelante, aunque sean considerados parte de la legislación nacional corren grandes riesgos de ser desconocidos.
Sin duda, es indispensable mantener la supremacía de la Constitución Nacional y la vigencia plena de nuestra legislación relacionada o directamente ambiental, como paso previo a cualquier integración. Y ello incluye el cumplimiento de los AMUMAS suscritos por el Ecuador y con os que tiene compromiso internacional.
Costos ambientales del libre comercio
Moviéndonos con desagrado en la paradoja de que la vida no tiene precio y sin embargo hay que ponerle un valor comercial para que entre los economistas neoliberales se entienda su importancia, es necesario entonces proceder a determinar los costos ambientales que el libre comercio traerá, para poder estimar entonces que vale o no vale la pena aceptar.
Hoy por hoy, dentro de un esquema de TLC que entrega a países como el nuestro la tarea de ser productores de materia prima, se refuerza un extrativismo que no se detendrá en miramientos ambientales. ¿Es que acaso no debemos mirar maneras de diversificar nuestras fuentes de riquezas y en algunos casos pensar en la eventualidad de no producir un determinado producto, especialmente minero? La ampliación de frontera petrolera en este momento se muestra como otra amenaza incluso a lugares como el Parque Yasuní y una evaluación de costo beneficio seguramente nos dirá que si el Estado no fija siquiera el porcentaje de su participación, puede ser preferible no dar paso a esa ampliación.
El extractivismo acentuado, promovido por la búsqueda de ampliación de exportaciones, es una amenaza evidente para cualquier medida ambiental. El interés económico inmediato no debería estar por encima de los requisitos estratégicos del desarrollo sustentable. Pero esta es una lógica contraria a la neoliberal.
Soberanía y seguridad alimentaria
En las negociaciones internacionales, los subsidios agrícolas han sido la mayor demostración de cómo los países desarrollados no cumplen las mismas recetas que ellos sostienen que nosotros debemos cumplir. El problema es que de esa manera pequeños y medianos productores no pueden competir con sus pares que, entre otras cosas, reciben en Estados Unidos subsidios de 20 mil dólares o más por año.
Esa competencia desleal lleva a que, como siempre, los más fuertes destruyan a sus oponentes al grado de detener su capacidad productiva. En el caso de la agricultura, especialmente, pero también en ganadería y pesca, esto significa que se pierde soberanía y seguridad alimentaria. El fenómeno no es nuevo sino que se agudizaría como pasó con los productores de maíz en México o como el pan en el Ecuador que desde ya es trabajado en 90% con trigo importado.
La soberanía alimentaria se relaciona también con saber mantener hábitos y producciones propias. La homogenización internacional en este campo pone en riesgo la existencia de muchas variedades de papas, maíz y otros, anulando los resultados de un conocimiento ancestral y de científicos locales.
Ambiental y laboralmente corresponde establecer límites en dirección a garantizar la soberanía alimentaria del país. ¿Qué esas son mediadas proteccionistas? Y que importa si estamos hablando de la vida de la población. A menos que se quiera rendirse ante el hecho de que "Vivimos en un mundo en que es mucho más grave transgredir las normas del comercio que violar los derechos humanos", según lo expresara W. Allmand.
Naturaleza para todos o privatizada: no solo patentes
En la Cumbre Mundial sobre el Agua realizada en Kioto el año pasado, uno de los puntos más trascendentes fue el debate sobre propiedad privada y reparto de beneficios por pago de servicios ambientales. De manera ampliada, esta viene mostrándose como una de las temáticas más graves en la gestión de recursos naturales, incluida la biodiversidad. Estamos pasando de la consideración de externalidades económicas o costos reales a ser incorporados en las cifras macroeconómicas y, al mismo tiempo, a ampliar el régimen de propiedad privada con todos los derechos que se da a las empresas.
Aquí hay dos posturas claramente distintas: o se admite que recursos básicos como el agua son bienes públicos de disfrute común, o se los considera bienes privados sometidos a las normas del mercado. Los resultados para la vida de las personas son radicalmente distintos en uno u otro caso. Y allí donde se ha privatizado, casi nunca puede decirse que ha mejorado el servicio.
Uno de los mecanismos más perversos de privatización se da a través de la aplicación de los derechos de propiedad intelectual que, en la mayoría de los casos son resultado de biopiratería. Por un lado, se roba el conocimiento ancestral de nuestros pueblos, por otro se patentan especies animales y vegetales propias de nuestros suelos y por último, como en las medicinas, se hace una cadena de patentes para evitar que terminado el plazo normal éstas pasen a ser de dominio público.
Pero el tema de la propiedad intelectual, así como muchos otros de directas implicaciones ambientales, se tratan en mesas diferenciadas, lejos de las preocupaciones ecológicas y sociales, convencidos de ese absurdo mil veces repetido de que son "asuntos técnicos y no políticos". En realidad poco importa el mecanismo de propiedad intelectual o la fórmula para valorizar los servicios ambientales, el punto de partida es decidir si se pone o no precio a la naturaleza, si se permite o no su apropiación individual, y el punto de llegada nunca es la aplicación fría de la fórmula propuesta (en la que cada quien puede fijar sus prioridades o ponderaciones), sino un juego de presiones sociales y empresariales. La política manda y lo técnico es lo secundario, no hay duda de ello.
Los Estados Unidos exigen a los países andinos el reconocimiento de patentes de plantas y animales, los que no son ningún invento y cuya existencia tiene relación con poblaciones humanas ancestrales que los conocieron, usaron y cuidaron. Así, la apropiación de nuestra inmensa biodiversidad quiere garantizarse para pocos.
En patentes, la ampliación ilegítima de tiempo de vigencia se pretende en Ecuador mediante un reglamento que no solo les otorga 5 años más de monopolio, sino que liga este mismo al registro sanitario, imposibilitando la producción de genéricos en pequeñas y medianas industrias nacionales. Las empresas quebrarán, pero lo más grave es que si ahora tan sólo el 21% de la población ecuatoriana tiene acceso a las medicinas, ese porcentaje decaerá en un grave desmedro a la salud como derecho humano.
En Centroamérica, mediante el CAFTA, basta que un producto no haya sido registrado en un país para que se lo considere nuevo allí y empiece entonces el ciclo de 20 años de monopolio que otorga una patente. De esta manera, la propiedad pretende eternizarse, garantizarán el negocio por encima de las necesidades humanas y defenderán elementos naturales siempre y cuando permitan lucro económico.
Bioseguridad y Transgénicos
Fundado en el principio precautorio, el Convenio de Bioseguridad tiende a ser conflictivo para los intereses comerciales. Como resultado de la presión intensa que ejerció Estados Unidos en las negociaciones, el acuerdo final incluye formulaciones contradictorias acerca de la relación entre dicho tratado y la OMC: por un lado afirma que el protocolo no debe aplicarse a los derechos y obligaciones vigentes bajo otros acuerdos existentes, pero el texto también dice que con esto "no se pretende subordinar este protocolo a otros acuerdos internacionales".
La vigencia misma del principio precautorio (o precautelatorio), garantizado por demás en el inciso segundo del artículo 91 de nuestra Constitución Política está en juego. Ello posibilitaría no solo el ingreso de transgénicos (que Estados Unidos no desea ni siquiera etiquetarlos para conocimiento del consumidor), sino cualquier forma productiva contaminante y el uso de cualquier nuevo producto riesgoso, bajo decisión de los dueños de la empresa, pero sin posibilidades de que el Estado pueda impedirlo ni tenga los instrumentos legales para hacerlo.
Si el principio precautorio no se aplica, es fácil entender que se pierde la capacidad de prevenir posibles daños ambientales y ya sabemos que curar es más costoso, difícil que prevenir.
El hecho es que ante el interés de ganancias empresariales nunca sobran mediadas de prevención, como lo demostró el caso del maiz transgénico Starlink, que no era apto para consumo humano, pero que se lo vendió al público entre 2000 y 2001 en múltiples productos alimenticios. Un año más tarde, fue encontrado en Japón en un embarque de maíz procedente de Estados Unidos. Alguien no quiso perder su ganancia y lo había embarcado con otra etiqueta.
El modelo de desarrollo
Debe mencionárselo una vez más, porque el ambientalismo hoy no puede dejar de lado que el destino del mundo y de la humanidad depende del manejo del poder político, económico y militar a escala internacional y nacional y que ello va a determinar el tipo de modelo de desarrollo. Si queremos encaminarnos hacia la sustentabilidad ambiental, que incluye necesariamente la justicia social, hay que tomar posición sobre esas problemáticas.
El poder en manos de transnacionales y Estados que las representan, trae consigo destrucción ambiental, empobrecimiento para millones e incremento de las diferencias sociales. Una negociación en ese marco no permite una adecuada defensa de los intereses nacionales ni de la calidad ambiental. Menos cuando se pretende que las normas ambientales del TLC se pongan por encima del resto de nuestra legislación y menos aún cuando la contraparte, Estados Unidos, ha demostrado rechazo a los principales acuerdos ambientales internacionales.
Ambiente y comercio tienen una relación vieja. Los primeros productos sometidos al cambio y trueque fueron alimentos y productos originados en el ambiente. La historia de esta relación demuestra que no se trata de temas opuestos en sí mismos.
Lo que está opuesto es el afán de lucro privado, más en medio de una competitividad que privilegia la cantidad de productos pero no la manera de obtenerlos, con el interés ético y solidario de conservar la naturaleza para el disfrute común hoy y para las futuras generaciones.
Esa posición nos orientaría sobre cuándo, cómo y con quiénes negociar para sostener nuestra responsabilidad ambiental internacional en el marco de una soberanía clara y digna. Y se es soberano o no se lo es, por eso no resultan admisibles planteamientos como los de una "soberanía limitada" u otros afines, utilizados para justificar cada tema en el que se hace concesiones poco defendibles frente al capital extranjero.
Para mantener una posición de país de esta naturaleza, hay que empezar por considerar que el TLC no es inevitable y, tal como están dadas las cosas, no es la mejor vía para el desarrollo. No solo que no ampliará mayormente el número de productos de exportación, sino que por sí mismo tampoco dice nada sobre la manera de repartir los beneficios, que por las experiencias de otros países, no son repartidos. En el nuestro, vale recordar solo el caso del IVA petrolero que las empresas no desean pagar por lo que colocaron como gastos de inversión productiva fiestas, licores, lavado en seco de ropa y muchas más cosas que nada tienen que ver con la producción.
El temor a vernos inmersos en este esquema de libre comercio, crece cuando se recuerdan las frases de algunos personajes representativos de Estados Unidos. Veamos las opiniones de tres de ellos:
- Henry Kissinger, ex Secretario de Estado estadounidense señaló que la globalización "en realidad es otro nombre para el papel dominante de Estados Unidos".
- El actual Secretario de Estado, Colin Powell, afirma: "Nuestro objetivo con el ALCA es garantizar para las empresas norteamericanas el control de un territorio que va del Polo Ártico hasta la Antártica, y libre acceso, sin ningún obstáculo o dificultad, a nuestros productos, servicios, tecnología y capital en todo el Hemisferio".
- Y sobre las negociaciones bilaterales para los TLC con Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia, Robert B. Zoellick (Representante Comercial de Estados Unidos) escribiría el 18 de noviembre de 2003 en comunicación dirigida al Presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos que: "Un ALC con los países Andinos ayudaría a promover la integración económica entre los cuatro países Andinos. Al mismo tiempo brindaría oportunidades de exportación para los proveedores de productos agrícolas, industriales y de servicios de EE.UU. Serviría como un complemento natural al Plan Colombia, al que el Congreso ha dado un apoyo significativo a lo largo de los años".
Con estas "confesiones de parte" queda a la luz que más que otra cosa, las referencias a los temas ambientales son un adorno verde a intenciones de otros colores. Nótese además, como si fuera poco, la disparidad jurídica. Para nosotros es un Tratado de Libre Comercio, mientras para ellos es un Acuerdo de Libre Comercio (ALC), algo que en base al principio de reciprocidad en relaciones internacionales resulta inadmisible.
Con todo ello vale pensar decir NO a la negociación del TLC, primero en reforzar la integración andina y con otros países y bloques de la región, como el MERCOSUR. Y si se insiste en continuar el tratamiento del TLC, pues que se cumpla con la obligación de dar información plena a la ciudadanía y proceder a un plebiscito, pues eso es lo que corresponde ante una negociación que trastocará nuestras leyes y principios de convivencia.
Edgar Isch López
Ex-Ministro del Ambiente del Ecuador. Docente universitario y autor de varias obras relacionadas a temas sociales y ambientales.
Quito, agosto de 2004.