La situación de la mujer salvadoreña en el marco de la Teoría de Género (página 5)

4.2 Análisis de resultados.

Se entrevistaron el 42% de hombres y el 58% de mujeres, con el objeto de buscar respuestas de ambos, pues tradicionalmente se encuestas sólo a mujeres y siendo la teoría de género la herramienta de análisis, no se debe parcializar, porque género implica tanto hombres como mujeres. Asimismo se seleccionaron personas mayores de 18 años, observándose la prevalencia de los 18 a 25 años con un 35%, de 26 a 35 el 31%. El dato anterior se considera importante en tanto la población joven puede servir de parámetro para observar como se da el ejercicio de los derechos básicos en las personas, por la plenitud de la juventud.

Asimismo en cuanto el estado familiar no es más que el reflejo del comportamiento de la sociedad actual, son un porcentaje bajo los y las que adquieren compromiso familiar, así solamente el 25% de entrevistad@s son casad@s y el 16% tienen una unión de hecho, reconocida por la ley (Art. 33 Cn.) y por otro lado la irresponsabilidad paterna y materna de no querer adquirir ningún compromiso o podría ser la concientización de fundar una familia hace que la población en su mayoría sean solteros y solteras (50%).

Con respecto a la escolaridad, también refleja la tendencia general, es decir, el 31% poseen estudios de primaria; el 27% de secundaria; el 19% no tienen ningún estudio; el 9% universitario, el 8% bachillerato y el 6% técnico. Comparando estos resultados con el Art. 56 Cn. Que plantea específicamente la gratuidad de la educación parvularia y básica, entendiéndose la básica del primero al noveno grado Art. 20 Ley General de Educación, a este respecto los resultados reflejan que el 81% de la población muestra tuvieron acceso al sistema básico de educación, gratuito o privado, y de éstos no todos accedieron a bachillerato, educación universitaria o técnica. También es importante señalar que el 19% no posee ningún grado, es decir están en el rango de analfabetas.

Lo anterior significa que el compromiso del Estado según lo establece la ley no da cobertura total, aunque las causas pueden ser diversas entre las que pueden citarse, porque la economía de los hogares no permite que estudien (Ver gráfico 21); porque para sus padres no fue prioridad ponerlos a la escuela, no hay escuelas cerca, etc. Lo cierto es que todavía existe un porcentaje que no alcanza a formarse y muchos que se quedan en el nivel básico; esto independientemente si son hombres o mujeres; aunque hay que aclarar que en el caso de las mujeres interviene otro factor, cual es el de embarazos a temprana edad, que las hace dejar sus estudios (Ver gráfico 22), así como la explotación infantil que provoca la deserción a temprana edad porque los ponen a trabajar tanto a niñas como a niños (Gráfico 34).

El Art. 32 Cn. Plantea que la familia es la base fundamental de la sociedad y se crearán los servicios apropiados para su integración, no obstante las políticas no han sido efectivas pues la familia tradicional (papá y mamá) monogámica y heterosexual está en crisis, así lo reflejan los resultados de esta investigación, pues solo el 34% de hogares está compuesto de papá y mamá en la misma casa, mientras el 66% de hogares se han desintegrado o nunca lo han estado; por supuesto que las causas pueden ser diversas: madres solteras, emigraciones, etc. Lo cierto es que si se considera a la familia base de la sociedad, la situación es grave, porque como lo han demostrado una multiplicidad de estudios, la sociedad salvadoreña está en grave riesgo.

Otro punto relevante lo constituye la jefatura de familia, se observó que los hogares integrados por papá y mamá son menos, no obstante cuándo se preguntó quién es el jef@ de familia, el 55% respondieron que el padre y solamente el 33% la madre; esto confirma la prevalencia del sistema patriarcal, pues aunque el padre no esté en la casa y no sea el único que aporta al hogar (ver gráfico 8), se le sigue considerando el jefe, esto partiendo también de que en la mayoría de casos los hijos e hijas viven con la madre. Lo planteado antes no tiene nada que ver con la igualdad jurídica, pues la ley es clara; todo radica en la costumbre de reconocer el patriarcado, el cual está muy arraigado.

El criterio de la economía familiar se pudo sondear a través de preguntas que conllevaran a determinar de dónde provienen los ingresos y quién provee; de ahí los resultados fueron: que el 68% de población muestra, trabaja en diferentes actividades (Ver gráfico 23), tales como empleado de oficina, obrero, ventas, entre otros), sin embargo solamente el 42% tienen trabajo permanente, lo que provoca inestabilidad económica en la familia, lo que los mantienen tensos.

Además se preguntó quiénes trabajaban, el 73% respondió que papá y mamá y el 11% mamá, significa que las mamás están aportando a un 68% de hogares. Agregando que de los que no trabajan (41%) manifestaron que reciben remesas del extranjero y quien las envía es la madre (56%), ver gráfico 10.

El criterio salud es amplio, por lo que no se abórdó integralmente, es decir desde el Derecho a una buena alimentación, pues el Estado actual no la incluye dentro de las garantías a la población y lo deja a criterio particular y privado, no significa que no hayan políticas para mejorar las dietas alimenticias, pero ésta no es competencia ni prioriodad en los asuntos públicos.

Debido a lo antes planteado, se retomó el derecho a la salud que plantea la Sección Cuarta de la Constitución, específicamente el Art. 65 Cn. descrito en el marco de referencia. Se preguntó si estaban asegurados, buscando determinar si el Derecho a la seguridad y asistencia social se cumple, así como lo establece el Art. 50 Cn. Y 22 De la Declaración Universal de los Derechos Humanos; sólo el 47% de las personas que trabajan manifestaron estar aseguradas, asimismo las personas que trabajan independientes u ocasional, en muchas ocasiones no se les asegura, por lo que se les estaría violentando ese derecho. Además Asistencia en Salud Pública no alcanza a dar cobertura a mujeres, pues es el 40% que hacen uso de las Unidades de Salud (Ver gráfico 16), por ello el 35% de mujeres no han tenido acceso a servicios especializados (gráfico 17). En el caso de las mujeres que realizan trabajos como doméstica, la violación a sus derechos es mayor, pues no las aseguran, aún cuando está regulado en las obligaciones que tienen los patronos en el Capítulo II del C.T existiendo también iniciativa en la Asamblea Legislativa, para que se incorporen reformas a la Ley del Seguro Social, para que por ley se incorporen a las empleadas domésticas al régimen del Seguro Social.

En un país en donde la población es altamente enferma (ver gráfico 15), la situación es grave, además según lo manifestaron el 48% de encuestados y encuestadas, son las mujeres quiénes más se enferman.

Se sondeó también el derecho a recibir información sobre métodos de planificación familiar que plantea "los hombres y mujeres deben tener acceso al material informativo específico que contribuya a asegurar la salud y el bienestar de la familia, incluida la información y el asesoramiento sobre planificación de la familia", Parte III, Art. 10/H de la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (1981). Al respecto, solamente el 66% han recibido información, la cual provenía de personal de Unidades de Salud (ver gráfico 13), según la mayoría, por lo que existe un porcentaje representativo del 33% que no recibe información.

El Derecho a la Salud también se ve limitado en su ejercicio, porque no todas las mujeres tienen acceso a servicios especializados, como se dijo antes, solamente el 65% lo tienen. Además el restante 35% dijeron no tener acceso por diversas razones, entre las que se destacan falta de dinero (27%), lo que significa la baja cobertura de Salud Pública y la gratuidad en estos servicios; el 25% citas lejanas, 22% no les dan permiso en el trabajo y un 19% no conocen programas. Lo cierto es que los niveles de morbilidad en mujeres son altos (Ver gráfico 14), por las causas citadas. Aunque se hace notar que el 89% de entrevistados manifestaron que no han observado se les niegue asistencia médica a las mujeres, es decir no hay discriminación de género, sino más bien las políticas en salud no dan una cobertura suficiente para la población, tanto de hombres como en mujeres, aunque como se dijo antes, lo que sucede es que por sus condiciones las mujeres son las que más se enferman, hay que aclarar que si se enferman las mujeres con mayor frecuencia no es por debilidad con relación a los hombres, sino más bien por sus condiciones de agente reproductiva y de gestación propias de ellas, sumando el múltiple rol que desempeña, lo cual la debilita anímicamente.

Con respecto a los alimentos como un derecho, se encuentra regulado en el Código de Familia y la Ley Procesal de Familia, reciéntemente como se explicó en el marco de referencia, se realizaron reformas, con el objeto de lograr mayor eficacia en la aplicabilidad de la ley, ante la demanda de cuota alimenticia. Al respecto no se profundizó sobre este tema, aunque en la mayoría de casos son las mujeres, niños y niñas y adultos mayores los afectados. Al respecto en el gráfico 9 puede apreciarse que cuando se preguntó que si no trabajaban de dónde recibían los ingresos, solamente el 4% respondieron que de cuotas alimenticias, se presume que por medio de demanda, pues el 38% manifestaron que su padre o madre proveía, lo que se supone no fue demanda, sino voluntariamente. Es decir que las familias que perciben ingresos de la cuota alimenticia son pocas, de acuerdo ala opinión de los encuestados.

El derecho a la educación se ha dado, aunque como se explicó al principio no todos han alcanzado niveles medios, técnicos y superiores por diversas causas: falta de dinero, porque comenzó a trabajar o porque se casó y sus obligaciones económicas aumentaron. No obstante hay que destacar que los entrevistados manifestaron en un 52% que habían conocido casos en que hubieron expulsiones de mujeres por embarazadas, lo que podría calificarse como una discriminación para ellas, pues por su condición se les niega ese derecho.

Otro ámbito en que se observa la discriminación es cuando se el despido por maternidad en los lugares de trabajo; es decir, la maternidad es vista como lesiva para los intereses empresariales, al respecto el 41% de personas opinaron que habían observado cómo en algunas ocasiones cuando llegaban de su licencia de maternidad eran despedidas, muchas veces justificando con otra causal, pero que en el fondo era por ello. Otro ámbito en que se dan las violaciones a los derechos laborales es en el trabajo doméstico, los últimos meses no pueden trabajar y si lo hacen, cuando tienen su bebé o beba ya no les dan trabajo, a menos que tengan quien se los cuide.

Lo mismo sucede cuando se aplica para un empleo, a las mujeres les piden prueba de embarazo en la mayoría de empresas o instituciones (ver gráfico 26), para descartar que van embarazadas. En las empresas que no exigen la prueba de embarazo, si lo están y el periodo de gestación comenzó antes de ser empleada, las despiden sin responsabilidad para el patrono, por lo que se da la discriminación y un trato desigual. También se observa como la maternidad es objeto de discriminación, porque no le dan trabajo a mujeres embarazadas (gráfico 27), así lo dijeron el 86% de población entrevistada. Las razones por las que son discriminadas, son eminentemente económicas, dentro de ellas se pueden citar lo planteado por el Art. 110 C.T. se prohibe que las mujeres en estado de gravidez realicen trabajos que requieran esfuerzos físicos incompatibles con su estado. Esto en algunos casos causa problemas de eficiencia en el trabajo según el patrono o patrona, además de los permisos para su control prenatal, y finalmente su licencia por maternidad.

Respecto al derecho a un salario justo sin discriminación, al sondear lo observado por la población muestra, el 86% opinaron que no, que se les paga igual a hombres y mujeres, sin embargo el 14% opinaron que sí era inferior, por lo que aún se observa la violación a ese derecho, lo que significa no hay supervisión ni control del Ministerio de Trabajo.

Para determinar si la ley ha sido efectivas o no, se preguntó sobre algunos problemas sociales observados, tales como el acoso sexual, que según los entrevistados se da más en mujeres (53%), significa que aún cuando el Art. 165 CP establece penas para los acosadores, aún se sigue dando en gran medida.

Otro problema social, lo constituye el desempleo, pues el 67% opinaron que no todos las personas en edad de trabajar lo hacen, por diversas causas, entre las que se pueden citar: 22% cuida a su familia y el 50% porque no encuentran trabajo, limitando el ejercicio del derecho al trabajo, tanto hombres como mujeres.

El derecho a vivienda es otro vulnerado, tanto a hombres como a mujeres, porque el 40% de entrevistados son inquilinos, lo que significa no tienen acceso a vivienda propia; el 30% están todavía pagando su vivienda y solamente el 23% son propietarios. Es lógico pensar, que si no todos trabajan no pueden comprar casa, pues los salarios son mínimos, que es a lo que pueden acceder por su bajo nivel educativo (básico) y por la escasez de empleo.

Con respecto al maltrato infantil es otro problema social, en donde tanto niños y niñas son víctimas y el 24% niñas. Nótese que las niñas en alguna medida son las más maltratadas. Las formas como son maltratadas las niñas, según las y los entrevistados, es el trabajo infantil, en un 59% y por prostitución infantil (41%).

El derecho a la cultura, para determinar si se está ejerciendo, se preguntó si tienen conocimiento de la existencia de programas culturales tanto para hombres como para mujeres, la respuesta fue en un 89% que no, solamente el 11% dijeron que sí existían. De ese 11% se preguntó si las mujeres participaban, y manifestaron que no (Ver gráfico 36), aduciendo que no tienen tiempo, trabajan y porque no les interesa (gráfico 37).

El derecho a organizarse, también no se ejerce totalmente por las mujeres, pues solamente el 67% lo hacen y el 33% no lo están. De las que están organizadas, el 31% pertenecen a organizaciones religiosas, el 19% a partidos políticos, el 18% a cooperativas y el 16% a directivas comunales. Se nota el bajo porcentaje que participan en partidos políticos y eso también se refleja en el 56% de mujeres que no ejercen su voto. No obstante el 44% de mujeres votaron.

Se puede decir que debido a la baja participación en partidos políticos y la desmotivación en el ejercicio del sufragio, es que, al menos en la población entrevistada, los proyectos para mejorar las condiciones de la mujer son pocos, como lo dijo el 80% de personas. Siendo los sectores público (55%) y privado (45%) los involucrados en dichos proyectos.

El criterio jurídico es sumamente amplio, pero se sondearon solamente algunos aspectos, con el objeto de determinar los efectos de algunas medidas legales. Por ejemplo se preguntó si conocían que se puede denunciar los delitos sexuales y de violencia intrafamiliar, las respuestas fueron en un 97% que sí, lo que refleja buen resultado, pues tanto las políticas estatales como la divulgación de las leyes, ha dado como resultado la cultura de denuncia en la población, por lo que principalmente salen beneficiadas las mujeres, quienes son las víctimas más frecuentes de la violencia, según el 38% de encuestados; asimismo los niños y las niñas (ver gráfica 45). Sin duda, los hombres son los menos afectados (8%). Aunque cuando se les preguntó si los hombres corrían el mismo riesgo que las mujeres manifestaron que sí en un 56%, mientras el 44% dijeron que no.

No obstante aunque existe cultura de denuncia, no se puede decir que las leyes han logrado erradicar la violencia, pues el 59% de encuestados y encuestadas, manifestaron que las leyes no han sido efectivas, se puede encontrar la explicación en la pregunta que se les hizo, que si aún se sigue dando el uso desproporcionado de la fuerza de hombres para con las mujeres, en donde el 88% respondieron que mucho. No obstante más que de la ley, parece un factor cultural y económico, el que interviene en este problema, pues el machismo aun persiste y los problemas económicos, aún con el aporte de la mujer, no dan cobertura a los gastos de la familia, y los hombres reclaman protagonismo e independeincia, además de adoptar una actitud cómoda, que hace se den los ciclos de violencia en la familia.

También se indagó sobre la asistencia que se le da a las víctimas de violencia intrafamiliar y el 50% manifestaron que no la hay, mientras el 46% dijeron que sí y que ésta proviene de la PNC, así lo identificaron el 61% de la población muestra, siendo un 17% de la Fiscalía General de la República y el 10% de las ONG's (ver gráfico 49).

CAPÍTULO 5

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 Conclusiones.

Con base a los objetivos planteados en un inicio, se pudo concluir lo siguiente:

Se observó que la sociedad se erige sobre una organización que no es más que el reflejo de las relaciones que se dan en la familia, sean éstas relaciones de igualdad o de poder. La repetición de actitudes y comportamientos aceptados por el conglomerado familiar y social, formaron la costumbre, la cual posteriormente fue estudiada por las Ciencias Jurídicas y reglamentada por el derecho.

En un principio se encontraban relaciones de igualdad, las cuales a medida que evolucionó la historia de la humanidad, fueron modificándose por relaciones de poder que posteriormente se convirtieron en desigualdades, pero que la costumbre fue instituyendo, hasta llegar a normarse y hacerse ley; en la cual la mujer fue víctima del poder que adquirió el hombre por la fuerza, producto del desarrollo mismo de las relaciones económicas y sociales e ideológicas, dentro de ellas las sexuales que convirtió a la mujer en objeto. El derecho sólo legitimó esas relaciones de poder, aunque a la luz de la teoría de género parezcan injustas, esa fue una realidad social que ha persistido en cada estadio de la historia; es decir que la discriminación de las mujeres se legitimó a partir de la evolución misma de la familia y la sociedad, sin observarse en ese momento el maltrato a la mujer y su despersonalización, así como el no reconocimiento de sus derechos; todo lo cual parecía normal y quien se atrevía a protestar era marginada, declarada rebelde y hasta penada con la muerte

A partir del auge de los Derechos Humanos la teoría de género permitió analizar la situación de la mujer y sus efectos en la familia y la sociedad, demandándose una vida digna para ella, que implicó el reconocimiento de su personalidad jurídica y los derechos inherentes a su persona. Se reconoció que no hay desarrollo si un alto porcentaje de la población (mujeres) está relegada y marginada.

Surgen muchos estudios sobre la situación de la mujer, estudios en todas las disciplinas, es decir, jurídico, social, político, económico, etc.; en el caso de las Ciencias Jurídicas, ésta no puede realizar un estudio abstracto o sustraido de la realidad social, por ello se analizaron aspectos sociales, económicos y religiosos, utilizando como método de análisis la teoría de género, dando como resultado identificar dos enfoques de género que se adecuan a los sistemas jurídicos, lo que se le llama feminismo de género y equidad de género.

Relacionando cada uno de estos enfoques con los sistemas jurídicos ya existentes, se pudo determinar que el "feminismo de género" reconoce la igualdad entre hombres y mujeres en la sociedad y en la familia, pero ya no solo en la familia tradicional, sino también en la que se forma como resultado de familias conformadas por personas con orientaciones sexuales diversas, es decir, que todos tienen derecho independientemente si son heterosexuales, homosexuales o lesbianas. Esta teoría relega el sexismo como discriminación entre mujeres y hombres, dando paso a la no discriminación de los Derechos Humanos de Género.

Son muchos los países que asumen este enfoque de feminismo de género en sus sistemas jurídicos, es el caso de España, Dinamarca y algunos Estados de los Estados Unidos de Norte América, entre otros.

La "equidad de género" es un enfoque más conservador, que reconoce los derechos de las mujeres tanto en la familia como en la sociedad, pero en una familia heterosexual y monogámica, es decir de lo que se trata es equiparar los derechos de las mujeres en relación a los de los hombres; se descarta el sexismo en su función discriminatoria, en cuanto a reconocer el sexo débil y el sexo fuerte y/o la mujer es objeto y el hombre sujeto sexual, es decir la mujer no debe participar sólo el hombre; solamente se utiliza la palabra sexo para distinguir a un hombre de una mujer, el derecho lo reconoce como atributo de la persona.

Por lo tanto la equidad de género rechaza reconocer legalmente las orientaciones sexuales como una forma de organización familiar, de ahí que sistemas jurídicos como el de El Salvador no regulen las uniones de hecho de homosexuales y lesbianas, aunque en la realidad existen actualmente muchas parejas de hecho con estas tendencias, no son reconocidas por el derecho salvadoreño. Por lo tanto, la legislación salvadoreña obedece al enfoque de "equidad de género" el cual es aceptada por toda la sociedad.

Con respecto a la investigación de campo se pudo concluir lo siguiente:

La legislación salvadoreña plantea claramente los derechos de las mujeres sobre la base de la igualdad jurídica, a excepción de los derechos laborales que es en donde se vulneran muchos de ellos; no obstante por medio de la investigación empírica se pudo determinar que a la población en general (hombres y mujeres), se les vulneran sus derechos; no obstante lo antes dicho se utilizó solamente como referencia, pues el objeto de este estudio fue indagar el nivel de cumplimiento de los derechos establecidos para las mujeres en el marco de la teoría de género, al respecto se concluyó que el ejercicio del derecho a la educación no se da, por toda la población, si se parte de que el 31% de entrevistados tienen estudios de 1º. A 6º. Grado y el 50% de 1º. A 9º. Grado, lo que significa que no hay cobertura suficiente para dar cumplimiento al mandato constitucional (Art. 56 Cn.) ni al Art. 20 de la Ley General de Educación. No se cumple ni para hombres ni mujeres, no obstante las mujeres enfrentan el fenómeno de ser expulsadas cuando salen embarazadas, por lo que también esto constituye una violación a este derecho.

Derecho a crear una familia se cumple tal como lo establece la ley, aunque cada vez más crecen los niveles de solteros, esto porque están más concientizados sobre la responsabilidad de la familia o porque son irresponsables, además se agregan las madres solteras.

El fenómeno social desintegración familiar sigue siendo uno de los principales problemas, lo que lesiona tanto los derechos de familia como los individuales, tales como el derecho de los niños y niñas a tener una familia; asimismo esta desintegración da como resultado pérdida de control sobre los hijos e hijas y que a su vez incide en los problemas sociales como lo es la delincuencia, aunque no es la generalidad.

No obstante aún cuando solamente el 34% de hogares está integrado por papá y mamá, todavía se le reconocen en su mayoría la jefatura de hogar a los hombres, según los resultados.

El derecho al trabajo tampoco se cumple dentro del enfoque de género, pues el 32% no trabajan, aún siendo población económicamente activa, no pueden ejercer ese derecho; no obstante la discriminación laboral de la que son víctimas las mujeres, respecto a su maternidad hacen notar como se vulnera ese derecho.

Sin embargo dentro de las válvulas de escape que buscan algunas mujeres salvadoreñas, está la de emigrar, esto ha hecho posible que envíen remesas a sus familiares, ellas se encuentran en primer lugar, es decir, son las que más envían remesas en relación a los hombres.

Respecto al derecho a la salud, éste es vulnerado, pues solamente el 47% respondió estar asegurado, sea asegurad@ o beneficiar@ y para los que no lo están, Salud Pública no da cobertura, a pesar de ser uno de los más usados por la población, por lo que muchas mujeres no pueden acceder a servicios especializados, sumando a ello, que son las que más se enferman, debido a su múltiple rol, su desgaste es mayor, además de su condición de reproducción humana.

En cuanto a los derechos sociales, éstos no se pueden ejercer por muchos fenómenos, entre los que se destacan el acoso sexual, el cual limita la libertad en cualquier ámbito (familiar, laboral y educativo), por lo tanto, las mujeres se ven afectadas por esa actitud de los hombres. Otro problema es el desempleo que afecta tanto a hombres como a mujeres; no obstante hay empresas que prefieren contratar hombres porque no tienen el problema de la maternidad y sus efectos (licencia, permisos, trato especial, etc.).

Los efectos del desempleo son muchos, dentro de ellos, es que si no se tiene un trabajo no se puede acceder a la educación ampliada (Bachillerato, técnico, universitario, etc.) y sin educación no hay desarrollo; por otra parte no se puede acceder a una vida y vivienda digna, entre otros. La mayoría que no encuentra trabajo, si bien es cierto no están con suficiente preparación, existen insuficientes fuentes de empleo, pues manifestaron que buscan y no encuentran.

Retomando el derecho a la vivienda digna, los proyectos habitacionales y los precios de las casas, muestran que solamente se acceden a ellas si califica y por supuesto si tienen trabajo estable; por ello la mayoría de la población muestra, prefiere alquilar, mientras otros están pagando a plazos y muy pocos son propietarios.

El derecho a una vida sin violencia se vulnera, pues el maltrato infantil sigue siendo uno de los principales problemas sociales, se les obliga a trabajar a temprana edad y en algunos casos a prostituirse a temprana edad, principalmente a las niñas.

No hay suficientes programas culturales y en los que hay, existe muy poca participación de las mujeres, porque están saturadas en su múltiple rol.

El derecho a organizarse se cumple en diversas actividades, es importante señalar que se encontró participación de las mujeres en actividades que antes estaba ausente, tales como cooperativas y directivas comunales. En los partidos políticos, aunque no corresponde al porcentaje de la población de mujeres (52.51%), se observa el 19% de miembras de partidos políticos. Sin embargo en las elecciones presidenciales 2004 de acuerdo a la muestra, hubo un alto porcentaje que votaron, lo que resulta positivo, pues se preparan espacios para la participación política de ciudadanas, no solo en el ejercicio del voto, sino también en puestos políticos que permitan realizar cambios, tales como diputadas, pues en la actualidad aún se observa un bajo porcentaje de mujeres en la Asamblea Legislativa.

Los proyectos para mejorar las condiciones de la mujer son aún pocos en relación al porcentaje de población femenina. Los resultados arrojaron que la cultura de denuncia ha aumentado, respecto a los delitos sexuales y de violencia intrafamiliar; lo que significa que ya se ven algunos resultados de la divulgación de leyes y programas de prevención, en la cual intervienen los organismos estatales y organizaciones de la sociedad civil. Aunque respecto a la delincuencia en general, la población muestra manifestó que tanto hombres como mujeres corren riesgo, aunque son las mujeres y niñas las que corren el mayor riesgo; principalmente por la forma en que son cometidos los crímenes en contra de las mujeres, a quienes se les da muerte con lujo de barbarie como muestran los medios de comunicación.

No obstante la población muestra no negó que las leyes en alguna medida han sido efectivas; sin embargo en casos como la violencia en general y la violencia intrafamiliar en particular, el uso desproporcionado de la fuerza de los hombres en contra de las mujeres sigue dándose en índices altos, así lo han observado las personas entrevistadas, y los programas todavía no son suficientes ni oportunos, reconociendo más que todo que solo la PNC da asistencia representativa.

En conclusión, los problemas son más sociales y culturales que jurídicos, pero por su íntima relación, se atribuye a las leyes la ineficacia, porque las mujeres siguen siendo maltratadas y relegadas, debido a que no todas acceden a recursos y educación, por ende a ser competitivas. Y si las mujeres en su mayoría no están preparadas, es decir, no han logrado su desarrollo, la población de El Salvador no puede ser calificada como desarrollada, y por ende El Salvador estaría muy distante de lograr un desarrollo humano y económico.

5.2 Recomendaciones.

Se deben fortalecer y ampliar las políticas sociales y culturales que contribuyan a erradicar el trato desigual para las mujeres, acá deben intervenir no solamente el Estado, sino también las organizaciones de la sociedad civil.

Involucrar a los hombres de una manera masiva, con el objeto de que ellos se den comprendan que la teoría de género, no solamente estudia el rol de las mujeres, sino también el de los hombres, pues existe un rechazo generalizado por parte de ellos, precisamente porque consideran que género es cuestión de mujeres nada más, y no comprenden que se trata de equidad y de igualdad, sin esta labor de concientización y educación, la relegación de las mujeres seguirá siendo un problema arraigado difícil de superar.

En el discurso que se maneja en el ámbito de las instituciones estatales, se debe distinguir utilizar el enfoque de "feminismo de género" y el de "equidad de género", de acuerdo a lo existente y a lo que se quiere, partiendo que el último está contenido en nuestro cuerpo normativo, así como en las costumbres y valores de la familia salvadoreña. Al usarse el feminismo de género, en contrario se estaría dando paso a cambios en la organización familiar monogámica y heterosexual actual reconocida por el derecho, la cual se encuentra dentro las instituciones jurídicas, tales como el matrimonio entre un hombre y una mujer.

Sin duda en el ámbito jurídico se distingue la "equidad de género", pero en la realidad salvadoreña, se encuentran uniones de hecho entre homosexuales y entre lesbianas, lo que significa que es una práctica social y familiar, que en alguna medida genera relaciones patrimoniales, lo cual no está regulado por la ley, significando esto que se podría estar violando los derechos humanos de estas personas, independientemente de la orientación sexual que tengan, razón por la cual estas personas se encuentran organizadas, buscando su reconocimiento legal; por ello no se deben marginar, sino por el contrario buscar soluciones legislativas, tomando en consideración si se seguirá conservando el concepto tradicional del matrimonio y unión de hecho (mujer-hombre) o se incluirán las orientaciones sexuales diversas; estas decisiones no pueden realizarse sin consulta ciudadana, no obstante el dejar que éstas uniones entre homosexuales y lesbianas sigan existiendo fuera del derecho, a la larga según la muestra de otros países, se tendrá que legalizar esta práctica, lo que cambiaría los valores tradicionales de la familia salvadoreña.

Las políticas educativas aunque ya retoman la teoría de género como herramienta de enseñanza en los niveles de parvularia y básica, en la educación superior aún no se encuentra como materia, tomando en cuenta que el sector profesional genera cambios en la sociedad, debería considerarse introducirla obligatoriamente en educación media y superior.

Siempre en la educación, es importante que se retome la teoría de género para introducirlo no solamente en los programas de estudio, si no también en la industria de juguetes, es decir que éstos vengan con orientación de género, por ejemplo muñecos realizando labores que tradicionalmente pertenecieron a mujeres, cargando o dándoles pacha a sus hijos o hijas, cocinando, etc. En el ámbito de telenovelas, radionovelas, etc. que se incluyan los nuevos roles que los hombres deben de cumplir, es decir colaborar con los quehaceres de casa y crianza de los hijos, entre otros; asimismo potenciar la paternidad y maternidad responsables a través de programas culturales y educativos, pero equilibrando los roles entre los hombres y mujeres.

Los derechos de las mujeres salvadoreñas, aún cuando la Constitución y leyes de la República incluyendo los tratados internacionales, establecen la igualdad jurídica, en materia laboral no se cumple este principio, pues a la mujer se le da un trato desigual, por lo que los legisladores deberían revisar las leyes laborales, con el objeto de aplicar el principio de igualdad de una forma efectiva, aún cuando se confronte con intereses empresariales, asimismo los sindicatos deben exigir se cumplan algunos derechos para con las mujeres embarazadas, y cuando el bebé o la beba nazca, a los hombres se les debería permitir permisos también por maternidad, cuando ellos compartan obligaciones de padre con la madre para con sus hijos e hijas.

Se debe fortalecer la Policía Nacional Civil en la Unidad de Familia, pues es la institución que la población más conoce y la que tiene más cerca, pero no solamente para dar atención de emergencia, sino también charlas preventivas, sesiones de seguimiento, etc. para minimizar los índices de violencia intrafamiliar y ofrecer mayor atención, aún cuando se sabe que la PNC es parte de las instituciones que tienen convenios interinstitucionales con ISDEMU para dar atención a víctimas y agresores, buscando la solución en cada caso.

Los partidos políticos deben reorientar sus políticas internas y potenciar la participación de la mujer de una forma integral, es decir la militancia, acceder a las candidaturas para diputadas, presidenta de la República, pues aún cuando en la realidad actual del gobierno se observa gran participación de las mujeres en algunos ámbitos, todavía en la Asamblea Legislativa, entre otros órganos estatales, se encuentran muy pocas mujeres representando políticamente a su género, a pesar de que el índice de población es el más alto.

Con respecto a las leyes específicamente se deben acelerar en materia de familia la protección a la vivienda familiar, la cual debe protegerse en cualquier circunstancia, aún cuando se enfrenten intereses económicos del gran capital, porque como bien lo dice nuestra Constitución, la familia es la base de la sociedad.

Asimismo aprobar las iniciativas de reformas a la ley en materia laboral, para prohibir que las empresas o instituciones exijan la prueba de embarazo como requisito para trabajar y reglamentar de una forma que sea el ISSS quien respalde económicamente a la mujer en esta situación, debido a que es cuando más necesidades enfrentan muchas mujeres.

Si la economía del hogar no mejora y el desempleo sigue manteniéndose o aumentando, la situación de violencia y delincuencia que azota a la sociedad salvadoreña seguirá, pues si bien es cierto no son las causas determinantes, mantienen sometidas a la familia bajo estrés y desmotivación que conlleva a una tristeza permanente a las personas, las cuales viven ciclos que van entre la tensión y la tranquilidad, estallando en violencia, en donde la mujer y la niñez, como se dijo antes, son los mayormente afectados.

La ideología patriarcal solamente puede ceder si se implementa mediante la educación, la cultura y el derecho la ideología de la equidad de género.

FUENTES DE INFORMACIÓN

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ANEXOS

Vicerrectoría de Investigaciones

Dirección de Investigación Educativa

OBJETIVO: Conocer su opinión respecto a las situaciones diversas en que se desenvuelve la mujer salvadoreña.

INDICACIONES: Traslade el número de la respuesta que considere oportuna a la casilla en blanco de la derecha.

DATOS GENERALES

PREGUNTAS

Responsable: Supervisó:

Fecha: SELLO

Blanca Ruth Orantes

Vice Rectoría de Investigación y Proyección Social

Dirección de Investigación Educativa

Diciembre 2004

San Salvador, El Salvador, Centro América.