- 1.1. Expansión del capital en la actual coyuntura de la globalización. Desregulación del empleo, privatización de los servicios públicos y deterioro ecológico
- 1.2. Flujos financieros: la burbuja especulativa y la ley de hierro de la economía. Efectos de inflación, desempleo y deterioro de los servicios sociales
- 1.3. Jerarquización del poder. El centro y la periferia
- 2. El contexto político español: ambivalencia de los cauces de participación
- 3. El contexto ideológico: prevalencia del discurso de la modernización
La participación de los ciudadanos en la vida social y política se ha convertido, en tanto que principio abstracto, en uno de los ejes principales de las modernas democracias. Pero tal principio está dotado de una gran polivalencia semántica, ya que puede ser utilizado en la práctica con connotaciones ideológicas y propósitos muy variados. Por tanto, se hace necesaria una delimitación precisa del tema y de los contextos en que es utilizado.
Literalmente el concepto "participación" hace referencia a tomar o tener parte en algo. Ahora bien, tomar o tener parte en algo es una acción que implica dos sujetos diferenciados, donde uno se mueve para obtener, usar o disfrutar una parcela del otro, de ese algo que le es ajeno. Desde esta consideración suele derivarse que el plano del diseño y dirección de las macrointervenciones sociales es competencia de "otros" (políticos, profesionales, grandes instituciones no gubernamentales) y lo propio de los ciudadanos sería participar en las mismas, bien por invitación, cuando el otro toma la iniciativa, bien por irrupción, cuando los ciudadanos luchan o presionan ante los otros en defensa de sus propios intereses. Distinguir entre participación "por invitación" y "por irrupción" resulta de gran utilidad a la hora de analizar los cambios acontecidos en las formas de participación ciudadana, sindical y política antes y después de la llamada transición democrática1. La alternativa a estas dos acepciones se sitúa, trascendiendo el concepto "participación", en la autogestión, donde la participación en el sentido antes expresado carece de sentido ya que son los propios destinatarios quienes deciden y actúan por sí mismos.
Estas consideraciones ponen el acento en una cuestión clave a la hora de determinar las características y alcance de la participación: la de los sujetos sociales actuantes, tanto de derecho como de hecho. Las formulaciones habituales tienden a escamotear la complejidad social bajo rúbricas neutras y en exceso generalistas, tales como "ciudadanos" o "administración". Pero en la vida real nos encontramos con que los ciudadanos pueden ser solventes o desheredados, integrados o marginados, explotadores o explotados, y con que la administración no es sólo un ente prestador de servicios sino, también y sobre todo, un aparato de regulación social que favorece a ciertos ciudadanos en desmedro de otros. Parece obvio que si descendemos del terreno de los principios al de los hechos sociales la participación adquiere caracteres diferenciales según quiénes la ejercen, en función de qué objetivos, con qué grado de autonomía y con qué poder o margen de maniobra para conseguir lo que pretenden.
La participación no existe en abstracto sino en un medio social condicionado, entre otras cosas, por una estructuración de las actividades económicas ?actualmente bajo la égida del capitalismo global?, una institucionalización de la política ?en el caso de España, la monarquía parlamentaria? y unas ideologías o pautas culturales capaces de impregnar nuestra forma de ver la vida y de enfrentarnos a los acontecimientos ?en nuestro caso, el discurso dominante de la modernización neoliberal.
1. CONCENTRACIÓN DEL PODER BAJO LA LÓGICA DEL CAPITALISMO GLOBAL
En primer lugar, las estructuras económicas dominantes en la actualidad a nivel mundial ?y también en España? configuran profundas divisiones entre los colectivos humanos generando desigualdades y procesos de inclusión/exclusión en los más diversos ámbitos de la vida social: entre capital y fuerza de trabajo; entre élites dirigentes y masas sociales fragmentadas; entre países del centro y de la periferia, etc.
La revalorización del capital, convertida en ley suprema del llamado "capitalismo global", ha desencadenado una carrera de acumulación, a través de las grandes corporaciones transnacionales, reforzando un modelo de desarrollo que se justifica en los criterios de eficiencia y competitividad pero que, en última instancia, tiene como eje más propio la rentabilización de los negocios emprendidos ?sean éstos cualesquiera?.
En la actual coyuntura del capitalismo global, se han intensificado tanto el comercio como las inversiones financieras entre países pero con un formato centralizado y jerarquizado a través de las empresas transnacionales, los grandes centros financieros y los principales organismos internacionales. Una clase gerencial transnacional, con base en unos pocos estados (fundamentalmente Estados Unidos, la Unión Europea y el sudeste asiático), tiene un amplio poder para tomar decisiones políticas y económicas que afectan a toda la humanidad.
1.1. Expansión del capital en la actual coyuntura de la globalización. Desregulación del empleo, privatización de los servicios públicos y deterioro ecológico
El comercio mundial entre países se ha incrementado a lo largo del pasado siglo XX a un ritmo cada vez mayor: 4% anual en las primeras décadas, 6% en los años posteriores a la segunda guerra mundial y 7,5% a partir de 19852. Unos incrementos que son más significativos teniendo en cuenta que el crecimiento económico mundial por persona ha seguido un ritmo decreciente en los últimos 50 años: de un 4% anual en la década de los sesenta se pasó a un 2,4% en los setenta, a un 1,3 en los ochenta y a un liviano 0,8% en los noventa3.
Los agentes fundamentales de la internacionalización productiva y comercial son las empresas transnacionales que experimentaron un gran crecimiento desde los años sesenta. El proceso se inició por parte de algunas grandes empresas de Estados Unidos que decidieron invertir y montar filiales en otros países, gestionadas desde la empresa matriz. "Estas empresas se caracterizan por operar en el mundo entero bajo capitales que son propiedad de agentes situados en los países del centro, que organizan su producción y comercialización a nivel global pero de forma muy jerarquizada y desigual. Constituyen redes formadas por empresas dispuestas alrededor del planeta, que se articulan las unas con las otras, según una pura racionalidad económica para la obtención del máximo beneficio en el mínimo tiempo posible"4. La disminución del ritmo de crecimiento de la economía mundial no ha afectado a estas macro?empresas cuya participación en el PIB mundial ha pasado del 17% en los años 60 a más del 30% en los 905.
Al iniciarse el siglo XXI el número de empresas transnacionales se estima en cerca de 50.000 y de ellas depende directamente el 70% del comercio mundial (la mitad de éste consiste en transacciones internas entre las propias transnacionales). Al interior de estas empresas existe una fuerte jerarquización debido a permanentes procesos de fusión6 y concentración de los capitales, de tal suerte que el volumen de operaciones de las compañías más grandes supera el presupuesto de muchos estados.
Para conseguir rentabilidad, las empresas transnacionales van a conjugar dos principios: la inversión en nuevas tecnologías y la reducción de costes salariales mediante la puesta en marcha de una serie de operaciones como la deslocalización de empresas y la desregulación de los mercados de trabajo. El resultado final, desde el punto de vista social, será un reforzamiento de los procesos excluyentes del capitalismo.
La introducción de nuevas tecnologías, en especial en informática y telecomunicaciones, permite tomar decisiones de forma instantánea sobre los procesos de producción y comercialización en cualquier lugar del mundo. "La globalización neoliberal se ha visto acompañada de un puñado de desarrollos tecnológicos, entre los que se cuentan los vinculados con la producción en masa, con la segmentación de los procesos productivos ?que facilita la internacionalización?, con el control a distancia, con la rapidez y la eficiencia en el trasporte, y con la uniformización de productos, hábitos de consumo, sistemas de venta y financiación"7. Gracias a la informática los costes de tratamiento de la información se han reducido casi infinitamente y una llamada telefónica entre Europa y América ha pasado de 300 dólares en 1930 a 1 dólar en 1990. La red de internet se extiende rápidamente pero de forma muy desigual, lo mismo que ocurre con la distribución de la comunidad científica internacional8.
La deslocalización se produce cuando el capital dirige su inversión productiva desde el centro hacia la periferia o la semiperiferia ?caso de los países del este europeo candidatos a entrar en la Unión Europea9?. En tales casos se trata de aprovechar los salarios más bajos de estos países y las facilidades que dan sus gobiernos en materia fiscal y de control del medio ambiente. Como subraya Miren Etxezarreta, "el que las empresas transnacionales inviertan en el mundo entero no quiere decir que las condiciones del mundo se igualen. Al contrario, se trata de aprovecharse de la diferencia. Y los países pobres siguen siendo pobres (con algunas pocas excepciones que crecen) y los ricos mucho más ricos. Y en todos los países los propietarios de los grandes capitales son cada día más ricos y hay cada día más pobres"10. Mediante la deslocalización, las compañías transnacionales utilizan la amenaza de instalarse en otro país para que los trabajadores respectivos se hagan la competencia entre sí y acepten las condiciones que les imponen las empresas.
La desregulación de los mercados de trabajo ha ido ganando terreno en todos los países desarrollados ?con momentos de mayor profundización como la etapa de Reagan en Estados Unidos, de Tratcher en Gran Bretaña o de Felipe González y José María Aznar en España?, lo que ha coincidido con la crisis del modelo de estado keynesiano y la reinstauración de un modelo neo?liberal de relaciones laborales. En la práctica esto se traduce en continuas reformas legislativas que tienden a flexibilizar a la baja las condiciones de trabajo: incremento de los contratos temporales (cada vez de más corta duración), despido libre o muy barato, polarización de los salarios, acceso más difícil y menor cobertura de las prestaciones por desempleo y jubilación, medidas encaminadas a privatizar y encarecer la sanidad, la educación, las pensiones, los servicios sociales, etc.11. La aplicación de nuevas tecnologías y el crecimiento constante de la escala de funcionamiento del capital han originado un fuerte desarrollo de la productividad que, además de aumentar la cantidad de bienes producidos, ha tenido el efecto de expulsar del mercado laboral a muchos trabajadores (paro oficial y paro encubierto de quienes no buscan empleo activamente porque no esperan encontrarlo).
A resultas de estos procesos, ha crecido la competitividad y la confrontación entre los distintos segmentos de trabajadores asalariados, ya sea entre países12 o al interior de cada país. Los diversos fragmentos ocupacionales compiten mutuamente por unos puestos de trabajo cada vez más escasos y polarizados. Mientras los trabajadores que ocupan puestos clave para el funcionamiento de los negocios están mimados por el capital y generalmente se identifican con él, los estratos intermedios (impropiamente llamados "clases medias") tratan de mantener sus privilegios en relación a los estratos bajos, y tanto éstos como aquellos reclaman del estado una política proteccionista de los nacionales que restrinja los flujos migratorios y les dé prioridad a la hora de acceder a los empleos disponibles ("racismo del pobre blanco"13).
El capital necesita expandirse para sobrevivir y ello lo hace, no sólo internacionalizando la producción y el comercio en busca de beneficios, sino también tratando de convertir en negocio las formas de trabajo no mercantil que tienen lugar en los intercambios recíproco y redistributivo. Aunque el capitalismo ha hecho grandes avances en el proceso de mercantilizar estas formas de producción de bienes y servicios, todavía en España el trabajo de tipo recíproco desplegado sólo en el ámbito doméstico supera en horas de ocupación al tiempo de trabajo mercantilizado, si bien con una importante diferencia entre los sexos14. En cuanto al trabajo redistributivo que es mediado por la administración pública, se asiste en todo el mundo ?y también en España? a un proceso acelerado de privatizaciones en beneficio del sector privado capitalista. Se privatizan las empresas públicas y se avanza en la privatización de la seguridad social y los servicios sociales (en Estados Unidos se han privatizado hasta las prisiones, que son uno de los valores en alza en Wall Street). La tendencia es dejar sólo algunas ayudas raquíticas para los muy pobres, que nunca podrían comprar esos servicios en el mercado, y traspasar los restantes al sector privado, sobre todo aquellos como las pensiones que pueden suponer amplios negocios para el capital financiero.
Por último, el modelo de crecimiento del capitalismo global ha intensificado el deterioro ecológico. En primer lugar, por las agresiones medioambientales, a veces irreversibles, sobre el clima y las condiciones de vida en el planeta (desertización asociada al cambio climático, contaminación atmosférica y de mares y ríos, agujero de la capa de ozono y efecto invernadero, etc.); en segundo lugar, por el progresivo agotamiento de recursos naturales escasos, como los bosques, el petróleo y diversos minerales. Los especialistas destacan que mientras los países del centro son los mayores consumidores y contaminantes15, los de la periferia son los que más sufren los efectos de desertización y contaminación ambiental.
1.2. Flujos financieros: la burbuja especulativa y la ley de hierro de la economía. Efectos de inflación, desempleo y deterioro de los servicios sociales
Las inversiones transnacionales han experimentado un crecimiento mucho mayor que el comercio, sobre todo después de la desregulación financiera que tuvo lugar en los años setenta. Hasta entonces las transferencias de dinero entre países estaban controladas por sus respectivos bancos centrales que limitaban mediante tasas y exigencias burocráticas (como la autorización previa) las inversiones financieras en el exterior. Ya en los años sesenta los bancos comerciales descubrieron una forma de eludir esos controles por medio de unos créditos especiales llamados "eurodólares" y después, entre 1971 y 1973, se puso fin al sistema monetario de cambios fijos establecido en 1944 dejando flotar libremente las monedas, lo que facilitó su circulación16. La proporción de capitales foráneos en los mercados financieros pasó del 5% en 1960 al 40% a comienzos de los noventa, con tendencia a seguir creciendo17.
Por otra parte, el capital invertido en valores y obligaciones de bolsa creció en la última década del siglo XX a un ritmo nueve veces mayor que la producción: mientras el PIB mundial entre 1990 y 1999 pasó de 22,2 a 29,2 billones de dólares (+32%), el volumen de capital invertido en los mercados bursátiles pasó de 9,3 a 36,0 billones (+287%)18. Como ocurría con las empresas transnacionales, los mercados de valores se concentran en algunos países, sobre todo en Estados Unidos donde se ubica el 46% de los fondos de valores de todo el mundo (fundamentalmente en la bolsa de Nueva York).
Si al volumen de capitalización de Estados Unidos añadimos otros cuatro países (Japón, Gran Bretaña, Francia y Alemania) se alcanza el 75% del capital mundial invertido en bolsa.
Los avances telemáticos, a los que ya hemos aludido, permitieron a los inversores y agentes financieros operar en tiempo real en todo el mundo, dando lugar a gigantescas operaciones financieras y especulativas. La circulación de capitales en el mundo ha pasado a ser sesenta veces superior al volumen de los flujos comerciales, lo que es un fiel reflejo del peso que ha adquirido la llamada burbuja financiera especulativa a nivel mundial, una burbuja que presiona sin cesar sobre las empresas y sobre los estados para rentabilizarse continuamente. De este modo, las operaciones financieras, que teóricamente tenían como función proporcionar dinero para los negocios reales, multiplican artificialmente la magnitud de éstos y generan una esfera financiera mucho mayor. Desde el punto de vista de la distribución de la riqueza, conviene resaltar que mientras las rentas salariales se orientan fundamentalmente al consumo y, en esa medida, no se acumulan a las de años anteriores, los beneficios se orientan fundamentalmente a la inversión, por lo que tienden a incrementar la riqueza de sus titulares año tras año. Esto explica que el volumen del capital crezca a un ritmo mucho mayor que el PIB, ampliando la polarización de rentas y la presión especulativa del capital sobre el trabajo y sobre el conjunto de la sociedad.
Un punto crítico de los flujos financieros internacionales es el relativo a la deuda externa. Los países de la periferia tienen que pagar a los países centrales una cantidad anual cinco veces mayor que la recibida desde estos en concepto de Ayuda Oficial al Desarrollo. Por otra parte, debido a los elevados intereses de los acreedores, se estima que en las dos últimas décadas del siglo XX los países del sur devolvieron una cifra cuatro veces mayor de la percibida inicialmente19. Aparte la injusticia histórica que representa esta situación si tenemos en cuenta el expolio ya aludido de la etapa de colonización, hay que recordar que los préstamos masivos y poco controlados a países de la periferia se produjeron en los años setenta a raíz de la crisis de rentabilidad y sobreacumulación de capitales en los países centrales y en los productores de petróleo.
Pero, además, el pago de la deuda ha supuesto para muchos países (entre ellos, Marruecos y Ecuador, de donde proceden los dos principales colectivos de inmigrantes que hay en España) la pérdida de la autonomía económica al tener que pasar a depender de los criterios ultraliberales fijados por los organismos internacionales. En efecto, a partir de 198220 se pusieron en marcha los planes de ajuste estructural, que son dirigidos por el Fondo Monetario Internacional y El Banco Mundial, que pasaron a considerarse imprescindibles para obtener nuevos créditos y renegociar la deuda externa. Tales planes exigían, entre otras cosas, los siguientes requisitos: liberalizar el comercio (interno y externo) y el sistema financiero del país; desregular y flexibilizar el mercado de trabajo; y reducir el tamaño del estado eliminando subsidios, privatizando las empresas públicas y reduciendo el personal y las funciones del sector público.
Al finalizar los años 90, los efectos de las políticas de ajuste en la mayoría de los países de la periferia no han sido los esperados: la deuda se mantiene ?y se sigue pagando?, el crecimiento es débil y dependiente, el precio de las materias primas ha vuelto a caer bruscamente y, sobre todo, las desigualdades sociales y la pobreza al interior de los países deudores y entre éstos y los países centrales se han agudizado. Si a todo esto añadimos la "ley de hierro de la economía" descrita por Thurow21, que se produce cuando el crecimiento del Producto Interior Bruto es inferior al crecimiento demográfico, la conclusión es muy sencilla: las relaciones de intercambio a nivel internacional enriquecen al centro y empobrecen a la periferia. "Entre 1985 y 1995, década en la que se aplicaron las políticas de ajuste estructural para reducir la deuda externa, El PIB per cápita de los diez países más ricos del planeta se duplicó mientras que el PIB per cápita de los diez países más pobres descendió un 30%"22.
En relación con lo anterior, otro efecto de la globalización neoliberal han sido las crisis financieras periódicas que han afectado a diversos países: México, Sudeste asiático, Rusia, Turquía, Ecuador, Brasil, Argentina… Cuando los capitales salen del país la confianza en el sistema financiero cae en picado, se reduce el crédito a las empresas y disminuye la producción. Los efectos sociales no se hacen esperar: inflación disparada, crecimiento del desempleo, deterioro de los servicios sociales e incremento de las presiones migratorias. Como señala R. Fernández Durán, "la expansión de un capitalismo global de base financiera está significando un verdadero terremoto en las estructuras sociales de todo el mundo. La distribución del ingreso (donde gana terreno el componente rentista) y, sobre todo, del patrimonio planetario es cada día más desigual, no sólo a nivel interestatal, sino también dentro de cada uno de los Estados y entre los géneros. Es más, la globalización financiera genera una estructura mucho más jerarquizada del sistema mundial de Estados, reforzando al mismo tiempo las relaciones de dominio entre el Centro y las Periferias Sur y Este. (?) Ante la ausencia de futuro para la inmensa mayoría de la humanidad, que hoy promueve la expansión imparable del capitalismo (financiero) global, surge en los últimos años, no por casualidad, un movimiento de movimientos: el llamado "movimiento antiglobalización", con una gran proyección mundial y hasta ahora importante repercusión social, en el que confluyen una enorme diversidad de sujetos sociales (movimientos campesinos, indígenas, de mujeres, sindicales, vecinales, ecologistas, de parados, precarios, excluidos, etc.) que se oponen a su despliegue, porque saben que la única dinámica que fomenta es una dinámica de explotación, degradación, alineación, dominio y muerte. Este retorno de la contestación social es un elemento más, muy importante, que contribuye a la crisis de legitimidad del actual modelo. Aunque en paralelo también se expande la degradación social, la cual lleva aparejada el auge de comportamientos desordenados de todo tipo.
Las islas de "aparente orden" cada vez van siendo más limitadas y por ahora se sitúan principalmente en el Centro, mientras el caos se va apoderando, en general, de las Periferias. Pero la lógica de la expansión constante del capital (que lleva inscrita en sus propios genes) está empezando a chocar ya, por otro lado, con los límites ecológicos planetarios. El despliegue del capitalismo (financiero) global parece que ya sólo puede realizarse profundizando en la lógica de la "guerra global permanente" y en la destrucción sin "fin" del entorno natural"23.
1.3. Jerarquización del poder. El centro y la periferia
Como resultado de los procesos descritos se produce una gran concentración de capital y poder en un conjunto de empresas transnacionales y estados, que constituyen el centro del capitalismo globalizado. Según un estudio del Financial Times24 sobre las 500 empresas más grandes del mundo, casi el 90% tiene su casa matriz en Estados Unidos (48%), la Unión Europea (30%) y Japón (10%). En especial, Estados Unidos domina con su presencia los sectores económicos clave: 5 de los 10 primeros bancos, 9 de las 10 primeras empresas de seguros, 9 también de las 10 primeras empresas de comercio al por menor, 4 de las 10 primeras petroleras y 6 de las 10 más importantes compañías farmacéuticas y biotecnológicas. Los tres grandes centros regionales del poder capitalista (Estados Unidos, Unión Europea y Japón), con un 14% de la población mundial, generaban al iniciarse el siglo XXI el 75% de la producción del planeta, el 66% del comercio y el 60% de las inversiones25. En cambio los países que constituyen la periferia no tienen capacidad de compra ni tecnología avanzada ni elevada productividad, por lo que quedan satelizados y en gran parte excluidos de los flujos económicos y de las reglas de juego de la economía global. Como señalaba S. Amín hace ya 15 años, "desarrollo y subdesarrollo están ligados orgánicamente y constituyen el haz y el envés del mismo desarrollo global mundializado"26.
La globalización neoliberal da lugar a una clase gerencial transnacional27, un colosal proceso de concentración de poder que abarca, no sólo el dominio de los mercados financieros mundiales y el monopolio tecnológico sino también el acceso a los recursos naturales, el control de los medios de comunicación y el monopolio de las armas de destrucción masiva. En todos estos aspectos se produce un ensamblaje de intereses o complicidad estratégica entre determinados grupos corporativos privados28, los organismos económicos internacionales (Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Organización Mundial del Comercio, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, etc.) y los gobiernos de los estados imperiales. Los grupos corporativos ejercen presiones directas sobre las instituciones políticas29 y los propios estados centrales velan por la defensa de un modelo de relaciones internacionales (financieras, comerciales y de flujos de población) que les beneficie a ellos a costa de los países de la periferia. En este sentido, "los estados imperiales no sólo están lejos de desaparecer, sino que además son cruciales para identificar y entender los centros neurálgicos del poder político y económico. (…) El poder económico se concentra en Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, y no en conceptos vacíos como ?imperio? sin imperialismo o corporaciones multinacionales ?sin territorio?. (…) La concentración de poder no es meramente producto de la eficiencia, la gestión y el know how, sino resultado directo de las políticas estatales de Estados Unidos y Europa"30.
No obstante, el poder del centro tiene serias dificultades para sostener su imperio, tanto por razones ideológicas como presupuestarias, generando además tensiones internas crecientes al aplicar políticas neoliberales a la propia población que conllevan un incremento de la desigualdad y la exclusión social. En Estados Unidos el incremento del presupuesto militar en casi un 20% para el 2002?2003 ?a raíz del atentado de las Torres Gemelas? y las reducciones de impuestos para estimular las inversiones foráneas están conduciendo a un déficit comercial que se acercaba a los 500 mil millones de dólares en el 2002 (diez veces más que en 1992), a mayores recortes del gasto social y a un incremento de la política penal y represiva (más de dos millones de personas presas, en su mayoría pertenecientes a las minorías étnicas y a los sectores empobrecidos). En la Unión Europea la crisis del estado de bienestar que se inició en los años 70 se ha acelerado a partir de los planes de convergencia y correspondientes planes de ajuste adoptados en Maastricht (1991) que han dado paso a la unión económica y monetaria, dejando de lado las demandas de una Europa social31.
2. EL CONTEXTO POLÍTICO ESPAÑOL: AMBIVALENCIA DE LOS CAUCES DE PARTICIPACIÓN
La evolución del concepto de participación ciudadana en España durante las últimas décadas ha tenido lugar en el contexto de un importante cambio de régimen, desde el autoritarismo franquista hasta la monarquía parlamentaria. La constitución de 1978 consagró la igualdad formal de todos los ciudadanos y su derecho a participar en la organización de la vida social. Esto implicaba un derecho básico que podría ser la garantía de otros muchos derechos pero, en la práctica, la configuración institucional posterior se llevó a cabo a través de pactos protagonizados por cúpulas dirigentes de distintas fuerzas sociales, subordinando la importante participación popular que había tenido lugar durante el proceso: "pactos y acuerdos se ofrecían como resultado de un proceso al que los ciudadanos asistían como meros espectadores… Esta sería la explicación de la apatía participativa de una población con la que sólo se ha contado en el momento del voto"32.
La institucionalización de la participación ciudadana tiene actualmente diversos cauces, unos de tipo general, como las elecciones de los representantes públicos en el ámbito local, regional, estatal y europeo, y otros opcionales como la afiliación a partidos, sindicatos y otras organizaciones sociales, la cooperación en movimientos sociales o el ejercicio del derecho a manifestarse, acudir a la huelga y otras formas de reivindicación ciudadana, etc. Además, la participación política se manifiesta en el grado de información sobre cuestiones sociales, en el ejercicio activo de la libre expresión y del debate público y en la existencia de vías para conocer la opinión de los ciudadanos a través de consultas y referendos, etc.
Según la Constitución española, los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos a través de dos vías, "directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal" (art. 23). Sin embargo, la primera vía, la participación directa, no ha sido potenciada, sino dificultada legalmente y debilitada en la práctica. El protagonismo lo adquieren los partidos políticos que ocupan casi todo el espacio de la participación. Su estructura jerárquica, su funcionamiento rígido y su fuerte disciplina, los han convertido en organizaciones que acaparan el poder y la influencia política.
De este modo, el segundo cauce constitucional ?el de los representantes? se ha convertido en la principal vía de participación establecida en España y la legitimidad de las instituciones se basa en el mecanismo de participación electoral. La transición política española (1975?1978) dio paso al desencanto hacia este sistema, pero sigue habiendo un índice de abstención relativamente bajo, entre el 20 y el 35% (que ha sido más bajo en las elecciones al parlamento y al proyecto de Constitución europea).
El papel asignado a las instituciones de democracia directa previstas en España se reduce a corregir los posibles defectos en el funcionamiento de la democracia representativa. Estas instituciones presentan las siguientes limitaciones:
? Referendo nacional: la iniciativa para llevarlo a cabo corresponde al presidente del gobierno, el Congreso de los Diputados lo autoriza y sólo los partidos políticos pueden hacer campaña, controlar la votación y el escrutinio e impugnar los resultados. Por tanto, la iniciativa de los ciudadanos en los referendos está supeditada a la voluntad de los representantes políticos. Además, si la principal característica exigible a un referendo es que sea vinculante, el referendo nacional en España se plantea como meramente consultivo.
? La iniciativa legislativa popular: se trata de una iniciativa ciudadana que, en el caso de conseguir el mínimo de firmas exigido, se limita a introducir una proposición de ley en el Congreso. Se prohiben las cuestiones referidas a la ley electoral, a las leyes orgánicas, a la hacienda pública o a asuntos internacionales.
La propuesta se tramita en el Congreso pero no puede ser defendida por la comisión promotora ni conlleva un referendo. Más bien, lo habitual en España es que estas iniciativas populares sean rechazadas en su totalidad. El desprecio de la mayoría de los representantes parlamentarios a esta vía de participación popular se puede ejemplificar en lo que pasó en la sede del Congreso de los diputados la mañana del 11 de noviembre de 1999 cuando se presentó a trámite la ILP por una ley de 35 horas de jornada semanal, con el apoyo de más de 750.000 firmas: el hemiciclo estuvo casi vacío cuando se explicó la proposición, pero ello no impidió a la mayoría de los parlamentarios entrar en el momento de votar para no aceptar a trámite la propuesta popular. Y lo mismo pasó en 2003 con la ILP de estabilidad y seguridad en el empleo ?suscrita por 600.000 firmantes.
En el ámbito local, contamos con la ley de Régimen local de 1985, que regula la participación ciudadana a nivel municipal. Como en el caso de la Constitución, se defiende como principio abstracto la participación directa de los ciudadanos pero, inmediatamente, la propia ley da prioridad al criterio de centralidad en la toma de decisiones ?sobre el de participación? y los mecanismos de gestión colectiva de los asuntos públicos quedan excluidos o bien sometidos a unas condiciones que los vuelven prácticamente inviables (como la fórmula del referendo local), salvo en el caso de los "consejos" en aquellos pueblos de Castilla donde todavía se conserva esta institución tradicional (que la ley respeta).
Según una encuesta aplicada por el CIS en 2002 a una muestra de 4.250 personas, la actitud hacia la política es principalmente de desconfianza. De hecho, el 65% no habla nunca o rara vez de política y el 68% no había participado en el plazo del último año en ninguna actividad de organizaciones sociales, clubes, asociaciones, partidos políticos o sindicatos. Dos terceras partes de los encuestados manifestaban que no tenían interés en participar activamente en la vida social y política; el tercio restante sí quería participar, pero muy pocos encontraban las organizaciones adecuadas.
En este contexto no es de extrañar que una opinión frecuente en las encuestas a la población española sea que la participación de los ciudadanos no sirve para nada. Por ejemplo, en una escala de 0 a 10 sobre la capacidad de cambiar las condiciones de trabajo, se atribuye a los sindicatos 4,21, lo que puede explicar que el 70% de los trabajadores no vote en las elecciones sindicales y que el grado de afiliación de los trabajadores esté por debajo del 12%. En cuanto a los partidos políticos, la desconfianza de la ciudadanía es todavía mayor: según otra encuesta del CIS, de 2004, sólo el 3,2% de la población mayor de edad está afiliado a un partido político y el 63% no se siente identificado con ningún partido político. Para el 57% de los encuestados el motivo principal de los políticos profesionales a presentarse en las elecciones es "el poder y la influencia que se obtiene por el cargo"; a mucha distancia, con un 20%, se considera que el motivo principal es "la posibilidad de luchar por sus ideales"33.
En lo que respecta al derecho de huelga, la principal barrera de acceso es la precariedad laboral: los contratos temporales, la facilidad de despido y el alto desempleo provocan que muchos trabajadores no secunden las huelgas por miedo a represalias. Y en cuanto al derecho de manifestación, que según la encuesta del CIS antes citada dice ejercer a menudo el 15% de los españoles y poco a menudo el 31%, las autoridades ponen con frecuencia dificultades, como cambiar la fecha o el recorrido, pedir los documentos de identificación personal o usar la fuerza policial, sobre todo si el objetivo de la manifestación desagrada al gobierno de turno (en ocasiones, estas medidas son tomadas sin que exista una razón legal que las avale).
La consecuencia más visible de esta centralización y profesionalización de la participación ciudadana es que la mayoría de las personas apenas emplea tiempo en actividades sociopolíticas, tal como recoge de forma clara la última encuesta sobre usos del tiempo del INE, aplicada en 2002?334. De las tres formas de relación económica descritas por Polanyi35, la reciprocidad ocupa 187 minutos en un día promedio; el trabajo remunerado, 149 minutos; y el intercambio ciudadano o político, 5 minutos).
De estos últimos 5 minutos, cuatro se dedican a participar en actividades o reuniones y sólo uno a trabajo voluntario al servicio de una organización. Esto último lo podemos expresar de otra manera: sólo cuatro de cada mil personas acuden a reuniones y actividades colectivas (promedio diario de 1h.56? en el caso de las personas implicadas) y dos de cada mil ofrecen ayuda personal trabajando voluntariamente al servicio de un grupo o asociación (promedio de 2h.31?).
De este modo, el régimen democrático establecido en España en las últimas décadas ofrece un marco institucional ambivalente para la participación ciudadana: por un lado, se afirma el derecho a la participación y se establecen algunos cauces concretos que antes no existían; por otro, la continuidad de las estructuras socioeconómicas y el énfasis en la delegación (mecanismos de representación) imponen unos límites a la participación directa de los ciudadanos.
3. EL CONTEXTO IDEOLÓGICO: PREVALENCIA DEL DISCURSO DE LA MODERNIZACIÓN
La confrontación de intereses que resulta de una desigual distribución de la riqueza y del poder en la sociedad se produce también en el campo ideológico. Por una parte, el sistema social en su conjunto necesita, para su estabilidad, de un discurso legitimador suficientemente aceptado por la mayoría de la población; por otra, la diferente posición de los grupos sociales y la atracción que pueden ejercer planteamientos alternativos tienden a producir discursos plurales, a veces enfrentados y hasta incompatibles.
En la historia reciente de la sociedad española, podemos distinguir un momento de inflexión importante en la transición del franquismo a la democracia. Coincidiendo con esa etapa, el tradicional enfrentamiento entre la derecha y la izquierda ?las "dos Españas"? se fue diluyendo, dando paso a la nueva ideología hegemónica de la modernización36. Al final del franquismo se enfrentaban la mentalidad conservadora tradicional, caracterizada por una actitud autoritaria?represiva y la afirmación de unos valores únicos y permanentes, y un sistema de valores progresista, que planteaba un cambio de modelo social (democracia, libertades, justicia social, etc.).
Para el pensamiento conservador, dominante en los años cincuenta y sesenta, las desigualdades sociales quedaban "naturalizadas" y su regulación se ponía en manos de instituciones especializadas, entre ellas la Iglesia católica. "El recurso al mito de la solidaridad frente a las desigualdades y los problemas sociales reales conducía a que tales problemas se ?resolvieran? mediante una estructura jerarquizada de instituciones sociales especializadas de apoyo a los sujetos con problemas, instituciones que creaban un espacio restringido y bien delimitado para los mismos y en el que aparecían garantizados unos mínimos materiales, siempre que el sujeto permaneciera vinculado a la institución y a sus reglamentos, es decir una segregación crónica y ordenada"37.
Frente a este planteamiento conservador, el discurso progresista, dominante al iniciarse la década de los setenta, surgió y se articuló en torno a la "conciencia de clase" del movimiento obrero y a sus organizaciones político?sindicales, propugnando inicialmente que el cambio social haría desaparecer las desigualdades y los problemas existentes. Más adelante, algunos sectores de la burguesía se adhirieron a este discurso, si bien desde un planteamiento modernizador?tecnocrático que ya se venía prefigurando desde los años 5038.
Ambas posiciones ideológicas limaron sus aristas en el momento de la apertura política de la transición. Los conservadores, reducidos al final al círculo más reaccionario del régimen ("el búnker"), sufrieron una profunda quiebra, deslizándose muchos de sus adeptos a posiciones políticas más liberales (los "conversos" a la democracia); por su parte, los progresistas recortaban sus aspiraciones más radicales (cambiar el modelo económico) en beneficio de la política de consenso. Se creó así un espacio ideológico de centro, que renunciaba a posiciones radicales y ponía fin no sólo a la dictadura franquista sino a las alternativas planteadas tradicionalmente por la izquierda (la Constitución de 1978 sería el fruto de este proceso). El nuevo marco ideológico no acepta una discusión abierta sobre otros posibles "modelos de sociedad" y considera anacrónico, atrasado o peligroso para la estabilidad social cualquier intento de reabrir la antigua confrontación ideológica.
Entre los factores que hicieron posibles estos cambios hay que tener en cuenta, en primer lugar, la correlación de fuerzas existente entre los llamados "poderes fácticos" presentes en el aquel momento y las nuevas fuerzas emergentes que buscaban el cambio social; en segundo lugar, hay que considerar la influencia del modelo políticoeconómico vigente en el contexto de la Comunidad Europea de aquella época, con la que España mantenía un Acuerdo preferencial desde 1970, así como, para los sectores de izquierda, la pérdida de "conciencia de clase obrera" entre los asalariados, consecuencia de las nuevas pautas de la sociedad de consumo39.
Pero el discurso modernizador, si bien domina en el panorama ideológico de la España actual, tiene que convivir y confrontarse con otros discursos que combinan ?en diversos grados? restos del pasado y nuevas ideas de transformación social. A continuación recogemos sintéticamente las principales características de estas diversas posiciones. El concepto que se tiene de la sociedad actual y el diagnóstico que se hace de la exclusión social y de la forma mejor de abordarla, presentan matices propios en cada orientación ideológica.
- El discurso dominante modernizador:
Esta posición ideológica considera válidas e incuestionables las bases del modelo social vigente, si bien admite una gran pluralidad de opciones y posibilidades dentro de ese marco general. Aunque se acepta que existen factores económicos y políticos que favorecen la marginación, se confía en la racionalidad del sistema y en la posibilidad de proporcionar respuestas y soluciones técnicas para los problemas que se presentan. Por ello da mucha importancia al papel de los expertos, que se sienten autorizados para administrar la racionalidad o normalidad social, bien sea como protectores de los sectores sociales integrados o bien como re?socializadores de los que están marginados.
Desde este enfoque, hasta sus intervenciones coercitivas ?por ejemplo, el internamiento de delincuentes? aparecen como benignas y desprovistas de su carácter represor. A la hora de intervenir ante problemas concretos, prevalece un enfoque segmentador y profesionalista que elude una consideración global de los procesos sociales marginadores o excluyentes; más bien, se compartimentan los colectivos marginados y se impone una programación y racionalización de los recursos sociales desde la competencia específica del saber técnico.
Los partidarios del discurso modernizador consideran inevitable la desigualdad social y, para paliarla, apelan a la igualdad de oportunidades que proporciona el sistema. Parten del supuesto de que todo individuo tiene un mayor o menor margen de maniobra y que, en esa medida, está exento de coacciones externas y es responsable de sus actos. La libertad de los individuos, solos u organizados, es el motor del cambio social, pero también el origen o raíz última de los problemas que se padecen. En consecuencia, el origen de la marginación (diversas formas de exclusión, desviación o delincuencia) se sitúa básicamente en el individuo, en los desajustes que se producen entre él y su medio de vida.
La política social y las organizaciones voluntarias tratan de ayudar a esas personas mediante diversas fórmulas; pero esa ayuda tiene un límite cuando el sujeto afectado no acepta las ofertas que se le ofrecen y se niega a integrarse. En este caso, la mentalidad modernizadora afirma que cada cual es dueño de vivir como quiera, incluso como "excluido" "desviado" o "delincuente", pero entonces debe cargar con las consecuencias (pobreza material, rechazo social, castigos, cárcel, etc.).
Dentro del discurso modernizador caben varias corrientes. Las dos más destacadas en la actual sociedad española son la social?orgánica, asimilable a los planteamientos defendidos tradicionalmente por la social?democracia, y la liberal?competitiva, asimilable a los planteamientos actuales del neoliberalismo.
La primera, surgida en los países industrializados después de la segunda guerra mundial, insiste en los conceptos de prevención y reinserción, así como en la importancia de asegurar condiciones de empleo dignas o, si ello no es posible, prestaciones económicas y sociales suficientes; la segunda, más en boga a partir de la crisis económica de los años setenta, pone el acento en la capacidad de los individuos para salir al paso de sus problemas (capacidad que se vería frenada por las ayudas estatales que invitarían a la pereza y reforzarían las situaciones de marginación). Conviene destacar que estas dos corrientes, enfrentadas en muchos aspectos, asumen la misma base (la ideología de la modernización).
Dentro de este terreno común varían por su mayor o menor insistencia en la intervención estatal o en la responsabilidad de los individuos; en la práctica se impone un híbrido de ambas tendencias.
- Discurso comunitarista:
Esta posición ideológica es en parte complementaria y en parte alternativa de la modernizadora. En sus características básicas aparece como réplica invertida del discurso que acabamos de describir ya que se presenta como pluridimensional en lo macro (el sistema social es cuestionable) y unidimensional en lo micro (la pequeña comunidad no lo es). Además, hace hincapié en la dimensión participativa, que implica tanto la solidaridad redistributiva de los que tienen más con los que tienen menos como la llamada a actuar desde las bases, rechazando la burocratización y profesionalización de las instituciones; otro principio orientador es el respeto a la especificidad de las minorías y a los sectores menos integrados.
Desde la posición comunitarista se actúa como si existiesen espacios sociales sin fisuras, con gran potencialidad en su interior y amenazados de extinción desde el exterior. Así, se habla del barrio como unidad autónoma en el espacio metropolitano, de las mujeres o los estudiantes como nuevos "sujetos revolucionarios" o de sectores excluídos (minorías étnicas, parados, etc.) como portadores de identidad colectiva y capacidad de autonomía, etc. Se trata de una posición que presenta un componente crítico en relación a la rigidez de un sistema social que excluye a los pobres y marginados y otro componente idealista en la medida que pretende intervenir en espacios cerrados o incontaminados, sin plantearse la necesidad de vincularse transversalmente con otros sectores, colectivos y problemáticas también afectados por la lógica social de dominación. En este último aspecto, el enfoque comunitarista se aproxima al interaccionismo simbólico, también presente en la ideología de la modernización, que acaba diluyendo los conflictos sociales y políticos en un mundo de relaciones inmediatas (familia, vecinos, colectivos particulares, etc.).
La fuerza simbólica de la posición comunitarista radica en su evocación de una situación mítica o idílica cuyo modelo más significativo es la pequeña aldea rural. Tal modelo estaría basado en un sentimiento de pertenencia, valores compartidos, compromiso con el grupo, etc.; todo lo opuesto a despersonalización, desarraigo o pérdida de vínculos sociales. Por ello dirigen su crítica hacia quienes impiden el despliegue de tales valores (el afán de lucro del capital y las políticas burocráticas del Estado); pero simultáneamente en muchos casos se pretende que sea el propio Estado quien financie y apoye sus intervenciones, lo que no deja de presentar una contradicción (¿qué lógica tiene pensar que las fuerzas que destruyeron la comunidad añorada vayan a apoyar su reconstrucción?).
- Discurso tradicional?moralizante:
Para los partidarios de esta posición, son los fallos morales los que generan desviación y exclusión; fallos de las personas particulares, pero también de los responsables políticos. Según esto, la marginación y los desajustes de la sociedad española son la consecuencia directa del nuevo orden político democrático, laico y liberal (critica más presente en las etapas de gobierno del PSOE): ya no se respeta la autoridad (incluso se ha perdido el "temor de Dios") y la libertad de pensamiento degenera fácilmente en confusión de valores y pérdida de ideales (sobre todo entre los niños y los jóvenes). Los nuevos valores del consumismo y el goce inmediato se enfrentan a la austeridad, al espíritu de trabajo y al sacrificio; el individualismo y la competitividad prevalecen sobre los valores de la solidaridad tradicional.
Las situaciones de exclusión social se asocian también a la falta de moralidad de las personas: más que pobreza, lo que existe es desidia y vicio en ciertos colectivos. Por tanto, los problemas deben solucionarse con una vuelta a los valores tradicionales de la familia cristiana, garantizados e impuestos por un Estado fuerte que tutele al conjunto de la sociedad. Esta postura es poco receptiva respecto a los programas sociales porque considera que protegen al vicioso y crean holgazanes. En esta conclusión (deslegitimación del Estado social) coinciden en la práctica con la posición modernizadora?liberal, que explica la existencia de pobres y marginados por su incapacidad para afrontar la competencia en un mercado libre.
- Discurso crítico?electivo:
Por último, en la sociedad española también aparece una tendencia que podemos calificar como crítica?electiva, según la cual los problemas sociales relacionados con la exclusión y la vulnerabilidad serían, principalmente, resultado de exclusiones estructurales sistemáticas, que harían necesario un diagnóstico y una respuesta global a los problemas, basados en la participación activa de los afectados a todos los niveles.
Esta posición tiene poca influencia en la sociedad española actual. Sin embargo, sus propuestas sirven como revulsivo de las otras posiciones ideológicas. Así, en su polémica con la posición modernizadora, insisten en que el debate sobre el modelo social es imprescindible, ya que las "alternativas" que se plantean, sea desde la óptica neoliberal o del Estado social, no son tales para los sectores excluídos. Desde este análisis se cuestiona tanto el modelo de "desarrollo" generado por el sistema capitalista (sin fines sociales y destructor de la naturaleza) como la estrategia de las intervenciones sociales del Estado y del "tercer sector", que se limitan a "entretener" a los grupos más excluidos mediante ayudas y prestaciones que no resuelven sus problemas de fondo pero que, sin embargo, legitiman el sistema social y desmovilizan a los afectados. Por todo ello, plantean, no se pueden aceptar sin discusión los límites de la actual forma de organización social y es preciso salir de la encerrona buscando nuevos horizontes ("plantearse la ruptura"), pero poniendo el eje en la elaboración colectiva y desde la base (participativa) de diagnósticos y propuestas de acción política a todos los niveles.
En relación al discurso comunitarista, la posición crítica considera que es necesario un enfoque global de las intervenciones, ya que los procesos generadores de dependencia y exclusión atraviesan a todos los espacios y sectores sociales. No se puede actuar como si existiesen espacios neutros, no contaminados por las contradicciones sociales, en los cuales se desplegaría una acción universalmente benéfica. A partir de esta crítica, se reconoce que las intervenciones deben ser necesariamente concretas, pero que no deben plantearse como problemas particulares sino articuladas en un horizonte de transformación general de la sociedad.
*Encuentro de políticas participativas. Granada, 21 y 22 de octubre de 2005.
1. Ver COLECTIVO IOÉ, "Consolidación de la democracia y desmovilización popular", en Alfoz, Nº 29, Madrid, 1986, págs. 1?15; y ROCA, J.M., "Consenso, desmovilización y proceso constituyente en la transición española", en Política y Sociedad, Nº 16, 1994, págs. 274ss.
2. LANGHORME, R. The coming of globalization, Palgrave, Londres, 2001, pág. 19.
3. Elaboración propia a partir de las estadísticas económicas y demográficas del Banco Mundial. Ver BANCO MUNDIAL, Informe sobre el desarrollo mundial 2000?2001, Ed. Mundi?Prensa, Madrid, 2001.
4. IGLESIAS, J., "La globalización capitalista", en IGLESIAS, J. y BUSQUETA, J.M., Todo sobre la renta básica, Virus, Barcelona, 2001, pág. 23.
5. CLAIRMONT, F., "Vers un gouvernement planétaire des multinationales. Ces deux cents sociétés qui contrôlent le monde", en Le Monde Diplomatique, abril 1997.
6. Entre 1980 y 2000 se ha multiplicado por siete el volumen de capital afectado por fusiones entre grandes empresas. AMÍN, S., "¿Nueva fase del capitalismo?", en MONEREO, M. y RIERA, M., Porto Alegre. Otro mundo es posible, El Viejo Topo, Barcelona, 2001, pág. 72.
7. TAIBO, C., Cien preguntas sobre el nuevo desorden, Punto de lectura, Madrid, 2002, pág. 45.
8. El 85% de la comunidad científica internacional reside en Estados Unidos, la Unión Europea y Japón. DOLLFUS, O., La mundialización, Bellaterra, Barcelona, 1999, pág. 86.
9. Según datos de EUROSTAT correspondientes a 2002 el salario medio de los países candidatos en los sectores de la industria y los servicios es cuatro veces menor que el español y nueve veces inferior al de Francia o Alemania.
10. ETXEZARRETA, M., "Algunos rasgos de la globalización", en FERNÁNDEZ DURÁN, R. y otros, Globalización capitalista. Luchas y resistencias, Virus, Barcelona, 2001, págs. 17?18.
11. En el caso de España, el decreto sobre prestaciones de desempleo que dio pie a la huelga general del 20 de junio de 1998, supone otra vuelta de tuerca en la misma dirección que las reformas anteriores de 1984, 1994 y 1997 (en muchos casos con el acuerdo de los sindicatos mayoritarios) en el marco de una estrategia desreguladora que tiene, entre otros objetivos, generalizar la contratación temporal, la movilidad geográfica y la "empleabilidad" de los trabajadores (que trabajen en lo que sea y en cualquier condición); reducir todavía más las cuotas de los empresarios a la Seguridad Social, eliminar el Salario Mínimo Interprofesional para aplicar remuneraciones por debajo de ese nivel, eliminar la negociación colectiva y sustituirla por contratos individuales, etc.
12. Se estima que mientras en la segunda mitad del siglo XIX la diferencia media de salarios entre los países más ricos y los más pobres era de 1 a 5, a mediados del siglo XX lo era de 1 a 20, es decir, cuatro veces mayor. En el año 2003, según el último informe de la OIT, la mitad de los trabajadores del mundo ganan menos de dos dólares al día y 550 millones menos de un dólar. Ver OIT, World Employment Report 2004?2005, Ginebra, 2004.
13. Según Wieviorka, los sectores más propensos al racismo serían los adscritos al concepto moderno de estado surgido de la ilustración pero que se sienten víctimas o ven amenazado su estatus dentro de él. Esta forma de racismo contemporáneo sería manifestación de una crisis de la modernidad, del momento en que se quiebra el vínculo entre nación y razón. Ver WIEVIORKA, M. (Dir.), Racisme et modernité, La Découverte, Paris, 1993.
14. Según una encuesta aplicada a nivel estatal en 2002?3, las mujeres adultas dedicaban un promedio semanal de 11 horas a trabajo remunerado y 29 a trabajo doméstico mientras los hombres dedicaban 25 y 10 respectivamente. Ver INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, Encuesta de empleo del tiempo 2002?2003, INE, Madrid, 2004, pág. 17.
15. Un informe de la ONU señala que los países del Norte consumen aproximadamente tres cuartas partes de la energía, el 85% de los productos obtenidos por la explotación forestal y un 72% del hierro, además de generar dos terceras partes de los residuos del planeta. Citado por TAIBO, C., Cien preguntas sobre el nuevo desorden, Suma de letras, Madrid, 2002, pág. 161.
16. En España la plena liberalización de capitales con el exterior no se logró hasta 1991 (Real Decreto 1818/1991) por exigencia de una directiva de la Unión Europea de 1988.
17. Si el volumen de inversiones en el exterior lo medimos en relación al Producto Bruto Mundial, la proporción se habría triplicado entre las dos fechas citadas, pasando del 7% al 21%. SCHOLTE, J.A., Globalization. A critical introduction, Palgrave, Nueva York, 2000.
18. BANCO MUNDIAL, Informes sobre el desarrollo mundial, Ed. Mundi?Prensa, Madrid, varios años.
19. CASSEN, B. et al., Attac contra la dictadura de los mercados, Icaria, Barcelona, 2001, págs. 107?8.
20. En este año, coincidiendo con la llamada crisis de la deuda externa de América Latina, tuvo lugar en Washington una conferencia entre banqueros y funcionarios de organismos internacionales en la que se acordó el después llamado Consenso de Washington, consistente en aplicar de manera estable y homogénea políticas de ajuste y de liberalización de mercados en todo el mundo. Más tarde, a mediados de los 90, el propio Presidente del Banco Mundial, James D. Wolfensohn, acuña la expresión "post? Washington Consensus" que pretendía devolver un mayor protagonismo a los estados de la periferia ante la ingobernabilidad creciente que estaban generando las políticas de ajuste y adelgazamiento del sector público. Ver SANAHUJA, J.A., "¿Una nueva visión del desarrollo?. El Banco Mundial en la etapa Wolfensohn (1995?2001)", en Tiempo de Paz, Nº 62, 2001, págs. 19?32.
21. THUROW, L., El futuro del capitalismo, Ariel, Barcelona, 1996.
22. UGARTECHE, O., "Deuda externa: cinco tesis básicas", en la rev. Envío, nº 210, 1999, pág. 42.
23. FERNÁNDEZ DURÁN, R., Capitalismo (financiero) global y guerra permanente. El dólar, Wall Street y la guerra contra Irak, Virus, Madrid, 2003, pág. 214 y 219?220.
24. Suplemento del 10 de mayo de 2002.
25. HIRST, P. Y THOMPSON, G., Globalization in question, Polity, Cambridge, 1999, págs. 72?73.
26. AMIN, S., La desconexión, IEPALA, Madrid, 1988, pág. 28.
27. Concepto introducido por R.W. Cox en los años 80, que explicaba así: "En la cima de una estructura de clases global emergente se encuentra la clase gerencial transnacional, con su propia ideología, estrategia e instituciones de acción colectiva. (?) Sus puntos focales de organización, la Comisión Trilateral, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la OCDE, constituyen tanto un marco de pensamiento como una guía de acción para las políticas. COX, R.W., "Fuerzas sociales, estados y órdenes mundiales", en MORALES, A. (Comp.), Poder y orden mundial, FLACSO, San José de Costa Rica, 1993, págs. 172?73.
28. Entre ellos, la Cámara Internacional de Comercio (CIC), el Consejo de Estados Unidos para el Comercio Internacional (USCIB), el Diálogo Transatlántico para los Negocios (TBD), la Mesa Redonda Europea de Industriales (ERT), la Patronal Europea UNICE, etc.
29. Comités permanentes de TBD y de la ERT presentan a la Comisión Europea y al Gobierno norteamericano la lista de lo que se llama deliberable, que viene a ser la lista de lo que les interesa que los gobiernos les faciliten; del mismo modo, las federaciones de la industria hacen peticiones a la OMC para evitar obstáculos al comercio (por ejemplo, hace poco pidieron que se privaticen los servicios de correos).
30. PETRAS, J., ¿Quién gobierna el mundo?, artículo aparecido en Página/12, mayo 2002.
31. Ver FERNÁNDEZ DURÁN, R., Contra la Europa del Capital y la globalización económica, Talasa, Madrid, 1996.
32. DEL ÁGUILA, R. y MONTORO, R., El discurso político de la transición española, CIS, Madrid, 1984, págs. 218 y sig.
33. CIS, Ciudadanía, participación y democracia, Estudio Nº 2.450, marzo?abril 2002. En www.cis.es.
34. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, Encuesta de empleo del tiempo 2002?2003, (2004). En www.ine.es.
35. Hemos trabajado estas categorías de Polanyi en COLECTIVO IOÉ, Mujer, inmigración y trabajo, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid, 2001, págs. 28?34. (en www.colectivoioe.org).
36. Utilizamos el concepto de "modernización" en un sentido más restringido que el de "modernidad". Esta última expresión remite ambiguamente a dos contenidos: uno positivo, relacionado con las propuestas liberadoras de la Ilustración (emancipación racional, secularización) frente al Antiguo Régimen (autoridad, tradición, estamentalismo, etc.); otro negativo, que sirve para justificar una praxis irracional de violencia desde la versión burguesa y eurocéntrica de la modernidad. Este segundo contenido de la modernidad no libera sino que produce víctimas: "el mundo periférico colonial, el indio sacrificado, el negro esclavizado, la mujer oprimida, el niño y la cultura popular alienadas, etc. Son las víctimas de la modernidad, como contradicción del ideal racional de la misma modernidad". DUSSEL, E., "Dos paradigmas de la modernidad", en 1492: el encubrimiento del otro. Hacia el origen del mito de la modernidad, Nueva Utopía, Madrid, 1992, pág. 209.
37. ORTÍ, A., y COMAS, D., "Génesis de las drogodependencias y discursos sociales", en RODRÍGUEZ CABRERO, G., La integración social de drogodependientes, Ministerio de Sanidad y Consumo, Madrid, 1988, pág. 221?2.
38. Los tecnócratas del franquismo se referían a la necesaria modernización de España como "mística del desarrollo". Ver AA.VV., Las ideologías en la España de hoy, Seminarios y Ediciones, Madrid, 1972, pág. 144 y sig.
39. Carlos Pereda(Colectivo Ioé)**
**Colectivo Ioe Equipo de investigación sociológica ubicado en Madrid y compuesto por Carlos Pereda, Walter Actis y Miguel Ángel de Prada. www.colectivoioe.org URL: http://www.nodo50.org/ioe/El contenido del presente trabajo está gobernado por la siguiente Licencia de Creative Commons: ver http://creativecommons.org/licenses/by?nc?nd/2.0
Ignacio Fernández de Castro y el equipo EDE describen así este cambio: "Hoy ya no es posible hablar de sujeto revolucionario de la historia, ni tampoco de la identificación de ese sujeto abstracto con la ?clase obrera?: hoy el término ha ido siendo sustituido por el de ?clase trabajadora? (…) La clase trabajadora es un término mucho más amplio que tiene que ver con una utopía (?) ?reformista?, de adaptación a los valores democráticos, donde caben prácticamente todos los asalariados, pequeños empresarios… y donde ya no se habla de confrontación sino de consenso". EDE (FERNÁNDEZ DE CASTRO, I. y otros), Cambios en las relaciones sociales y en las formas de vida de la población trabajadora madrileña durante la crisis (75?85), Consejería de Ordenación del Territorio, Medio Ambiente y Vivienda, Madrid, 1985, pág. 235.
Carlos Pereda(Colectivo Ioé)**
**Colectivo Ioe Equipo de investigación sociológica ubicado en Madrid y compuesto por Carlos Pereda, Walter Actis y Miguel Ángel de Prada. http://www.colectivoioe.org URL: http://www.nodo50.org/ioe/El contenido del presente trabajo está gobernado por la siguiente Licencia de Creative Commons: ver http://creativecommons.org/licenses/by?nc?nd/2.0