"En la educación todos somos corresponsables… por ello, quiero invitar a todas las mexicanas y mexicanos, especialmente a los maestros, a los padres de familia, a discutir, a debatir, a dialogar sobre cómo hacer el gran cambio hacia la calidad del sistema educativo, como hacer el gran cambio que fortalezca la calidad de la educación, cómo llevar a cabo una revolución en la calidad educativa".
"Estoy convencido de que los cambios de fondo deben buscar una educación de excelencia, de calidad, sobre todo en las universidades. De nada sirve buscar el desarrollo económico si no logramos transformarlo en la solución de los problemas de fondo que el país tiene, esos que son la pobreza, la inseguridad y la violencia, hoy los debemos de buscar con más empeño a partir de los profundos cambios que en la democracia se están haciendo".
"Estimularé la educación impartida por instituciones privadas, que también debe ser de calidad".
"Tenemos que lograr que la educación vuelva a ser la palanca de la justicia social y la palanca del progreso de las personas y del desarrollo de nuestro país".
JOVENES
"Un Partido que no esté con los jóvenes es un Partido que no tiene futuro"
"Bienvenidos a la construcción de un nuevo PRI, ese nuevo PRI lo vamos hacer con una alta, rica y profunda participación de los jóvenes que son quienes van a asumir el liderazgo de los partidos y van a asumir también el liderazgo de la nación conforme el tiempo pase"
En la actualidad, no puede desconocerse la enorme importancia de la juventud mexicana para la toma de decisiones en todos los niveles. Cada vez es mayor la participación y el interés por parte de la juventud hacia la política.
El candidato priísta siempre ha estado abierto a dialogar con la juventud, ha señalado que "debemos reunirnos con todo aquél grupo de jóvenes que desee hoy participar en política para contribuir a definir entre todos nosotros, el rumbo que le vamos a dar al país en los siguientes años."
"Lo creo así, porque un Partido que no esté con los jóvenes es un Partido que no tiene futuro, un Partido que no esté con la fuerza de las ideas, es un Partido el cual va a ser gobernado por la inercia y por los acontecimientos de otros y va a perder la capacidad de conducir los destinos del país, en función de las ideas que creemos que deben conducirlos y llevarlos a un mejor horizonte y a un mejor puerto."
La juventud, históricamente, ha constituido el sector inconforme de la población; el que ha encabezado las grandes luchas por conquistar espacios sociales, políticos y culturales, es el sector que exige y demanda mayores oportunidades y más justicia.
"Los jóvenes son la energía y la esperanza de nuestra gran nación, los veo y escucho en todos lados, me piden y con toda justicia demandan no más crisis ni restricciones económicas".
Labastida Ochoa sabe que el planteamiento principal de los jóvenes de México es participar, que su voz sea escuchada y su opinión incluida en las grandes decisiones políticas, sin buscar una posición personal, sino impulsados por la inconformidad que los problemas del país les provocan.
Las propuestas y los compromisos políticos del Candidato priísta se han caracterizado por un profundo espíritu de cambio, porque sabe que existen en el país muchos rezagos y deudas de justicia social.
"Parte de lo que está cambiando en el país es que el Partido, al cambiar, al impulsar la democracia como nunca lo había hecho, al estar a la vanguardia de la democracia le abre las puertas a los jóvenes y a todos los sectores del Partido."
Si algo caracteriza a la juventud es el impulso y la emoción por lograr que las cosas estén mejores, no es sólo el interés por participar, es el interés por no ser espectador, sino actor de los cambios que el país demanda. Es por ello que Francisco Labastida se ha comprometido a integrar a la juventud en los proyectos políticos.
"Les pido a ustedes que tomen lo mejor que caracteriza a la juventud, que es el deseo de transformación de México y que con él luchemos para hacer un mejor país."
"UN MEJOR FUTURO SIGNIFICA TRABAJAR PARA BENEFICIO DE LOS JÓVENES"
Abrir más oportunidades de participación política a los jóvenes.
Luchar contra la drogadicción.
Realizar la mayor reforma y hazaña educativa que se haya dado en el país.
Hacer de la educación el motor del cambio y de las oportunidades para los jóvenes.
Impulsar una gran generación de empleos.
Recuperar la tranquilidad y seguridad en las casas, en las calles de todo el país.
Impulsar decididamente el deporte y el esparcimiento.
Fortalecer las acciones que den mayores oportunidades de acceso y contacto con la cultura.
El programa integral que plantea Labastida para el desarrollo de México, pretende alcanzar condiciones de igualdad y de justicia social, como una vía efectiva para abrirle expectativas reales a los jóvenes que están egresando de las carreras, "para que sepan que ahí pueden encontrar una vía real de desarrollo para los siguientes años, para ellos, sus familias, para la generación de empleos, pero también para el desarrollo de todo el país".
¿Quieres participar en la transformación del país? Únete a Jóvenes en Movimiento con Labastida, una organización apartidista conformada por estudiantes, profesionistas y ciudadanos de todo el país entre los 18 y los 30 años de edad que tiene como fin específico promover activamente, entre los jóvenes, el proyecto de nación y la propuesta que tiene Francisco Labastida Ochoa hacia la juventud.
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INFANCIA
Labastida ha señalado que es necesario dar prioridad a la niñez en todos sus órdenes. Esto significa tomar consciencia de que las niñas y los niños mexicanas son quienes heredarán mañana el país que se está construyendo hoy.
Se ha comprometido públicamente a garantizar que los niños ejerzan todos los derechos que UNICEF proclama.
"UNICEF dice que los niños tienen derecho a la felicidad, no dice que tienen obligaciones, porque sería absurdo ponerle obligaciones a los niños, dice simplemente que tienen derecho a la felicidad"
Para que los niños y las niñas tengan este valioso derecho a la felicidad, es fundamental que gocen de los satisfactores básicos, es decir nutrición, educación, una vivienda digna y servicios de salud.
Asimismo, deben tener también un ambiente sano en donde se desarrollen, "un país en donde no haya contaminación, un país en donde no haya crimen, violencia, drogadicción o secuestros, y que el ambiente familiar sea un ambiente de amor, de respaldo, de apoyo a la conformación de una niñez que tenga derecho, efectivamente, a la felicidad".
En nuestro país, desafortunadamente existen serias carencias que impiden a la niñez en su conjunto hacer uso de este derecho a la felicidad.
"Los niños de la calle o los niños de las comunidades y de los pueblos indígenas a veces no tienen ni lo más elemental, parte sustancial de lo que proponemos hacer y de lo que vamos a hacer, si soy Presidente de la República, es conformar condiciones de igualdad y de equidad para toda la niñez en el país".
"HAY QUE DAR PRIORIDAD A LA NIÑEZ EN TODOS LOS NIVELES"
Ofrecer protección a la niñez.
Garantizar que los niños ejerzan todos los derechos que UNICEF proclama:
Que las niñas y las niños tengan los satisfactores básicos:
· Nutrición
· Alimentación
· Educación
· Vivienda
· Salud
Un ambiente sin contaminación para que se desarrollen.
Combatir el crimen y la violencia para que los pequeños gocen de seguridad.
Luchar contra la drogadicción.
Conformar condiciones de igualdad y de equidad para toda la niñez en el país.
Proveer de servicios básicos a los niños de la calle y a los niños de las comunidades indígenas.
Hacer una reforma educativa que alcance a toda la república.
INGENIERO. CÁRDENAS Alias el Cuahutemochas
El Partido de la Revolución Democrática considera que el desarrollo económico, la democracia y el bienestar son aspiraciones no sólo compatibles, sino convergentes en el propósito común del progreso y la justicia que todos los mexicanos anhelamos. En la oportuna y eficaz combinación de estos grandes objetivos nacionales se sustenta el Programa para el desarrollo económico con justicia social que aquí presentamos a la nación.
Dado que los responsables del país en la etapa del crecimiento sostenido no supieron conducir una evolución sana del Estado posrevolucionario, y mientras los adalides del neoliberalismo tienen al país en una crisis que se ahonda y extiende, el PRD presenta a la nación un programa económico capaz de combinar el desarrollo de la producción y la estabilidad financiera con la atención a las necesidades sociales de la población mayoritaria.
El Partido reconoce que es inviable cualquier propuesta que implique volver al Estado autoritario y antidemocrático, en cuya fase decadente cayó en el populismo y dejó incumplidos los preceptos constitucionales de desarrollo soberano, sustentable y con justicia social. Pero también afirma que en el neoliberalismo, México camina entre graves desequilibrios económicos y sociales que, de no revertirse a tiempo, reorientando el rumbo actual del gobierno, pueden ocasionar graves alteraciones de la estabilidad política y la paz social.
Ni vuelta al pasado ni asunción de una presunta modernidad que, aplicada de modo acrítico, daña la soberanía nacional, empobrece al pueblo y se olvida de la justicia. La propuesta económica del PRD busca reducir, y finalmente eliminar, los graves impactos ocasionados por el brusco tránsito de una a otra visión de la función económica del Estado mexicano.
El Partido lucha por configurar una nueva, efectiva y moderna viabilidad económica para el país, planteando un programa económico sin dogmas, que no asume recetas ni del Estado totalitario ni del Estado neoliberal. Ideología, sí, para la orientación del gobierno y de la sociedad. Realismo y visión en el diseño y aplicación de un programa económico que dé su verdadera dimensión a la economía productiva, y establezca las condiciones financieras y las relaciones económicas internacionales necesarias y suficientes, para que el Estado mexicano asuma sus responsabilidades fundamentales respecto al desarrollo y la justicia social.
El programa económico que el PRD ofrece al país es incluyente, ajeno a toda clase de arquetipos propios o extraños, y con un papel claramente definido para todos los sectores y agentes económicos. En este documento se reinterpretan y asumen aspectos positivos de la economía de mercado, al tiempo que se actualizan elementos básicos de justicia social establecidos por la Carta Magna de 1917.
De manera sintética, las características fundamentales del Programa para el desarrollo económico con justicia social son:
Primera. Restablece la plena soberanía de la nación, mediante el cuidadoso manejo y equilibrio de las cuentas externas para garantizar tanto el desarrollo como el cumplimiento de los compromisos internacionales.
Segunda. Busca salir de la crisis mediante "el fomento del crecimiento económico y del empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza" (artículo 25 constitucional).
Tercera. Aplica de inmediato las medidas para atender la marginación extrema y elevar gradualmente el nivel de vida de quienes tienen ingresos por debajo de cuatro salarios mínimos, así como para revertir la concentración del ingreso nacional.
Cuarta. Identifica con toda precisión el equilibrio que debe procurar una estrategia bien diseñada respecto al papel promotor, orientador y regulador que desempeña el Estado y el que se le asigna al mercado, y les otorga mutua funcionalidad, eficacia y sentido complementario, en el marco de las libertades que establece nuestra Constitución.
Quinta. Considera indispensable la redistribución del ingreso nacional mediante un conjunto de políticas coherente, particularmente de planeación democrática y de inversión y gasto públicos, a fin de reducir la enorme brecha que separa a millones de pobres respecto a la minoría que vive en la opulencia.
Sexta. Redefine a fondo las relaciones entre el campo mexicano y la ciudad, creando un orden rural nuevo que impulsa su capitalización, promueve su organización productiva y mejora las condiciones sociales para frenar la migración hacia las áreas urbanas o al extranjero.
Séptima. Establece el indispensable equilibrio entre el funcionamiento del sector externo y la ampliación del mercado doméstico. El propósito fundamental es proteger la planta productiva nacional sin menoscabo del papel que deben jugar las importaciones, esencialmente las de bienes de capital necesarios para la reconversión tecnológica de la industria y los servicios del país.
El gran objetivo de este programa económico es crear cinco millones de empleos en el periodo 1998-2000, de los cuales cuando menos tres millones deberán ser permanentes y bien remunerados. Asimismo tiene el propósito de frenar, desde el primer año de aplicación, el deterioro creciente del poder adquisitivo del salario, y gradualmente recuperar la pérdida acumulada de 1982 a la fecha.
Las restricciones aceptadas son el déficit en la cuenta corriente, el déficit fiscal, y el desequilibrio entre el ahorro y la inversión global. En estas restricciones se busca mantener niveles manejables.
Para lograr los propósitos enunciados, buena parte de esta propuesta económica descansa en los programas sectoriales y regionales.
Es interés del Partido no solo exponer el qué de su programa económico, sino también el cómo, el cuándo y el cuánto. Para dar estas respuestas, al final de este documento se presentan cifras que avalan la propuesta. Si bien en trazos muy amplios, se consideran suficientes para que los expertos puedan comprobar que hay sustento en estudios técnicos del mayor profesionalismo y profundidad. Desde luego, el PRD tiene disponibles todos los expedientes técnicos para quienes busquen mayor información sobre el programa económico aquí expuesto.
Para cambiar el rumbo, mayoría en el Congreso
La hegemonía priista ha impedido la existencia de un Poder Legislativo que sirva de contrapeso a las políticas neoliberales, lesivas para el pueblo y la nación, impuestas por los titulares del Poder Ejecutivo. Las actividades del Congreso no despiertan interés en el pueblo mexicano, porque el rumbo del país es dictado desde el Palacio Nacional o desde Los Pinos.
Por ello, la atención política sexenal siempre se ha centrado en quién será el siguiente presidente de la república, y ha pasado inadvertida la integración del Congreso de la Unión, compuesto por las cámaras de diputados y de senadores.
Este desdén hacia las elecciones de diputados federales ha sido la raíz y razón de los extravíos del rumbo nacional, sea bajo el Estado rector, sea bajo el actual modelo neoliberal. Los electores, a la hora de sufragar, olvidan que el presidente de la república no podría desordenar el rumbo político, económico y social, si existiera un Congreso independiente del titular del Ejecutivo, que velara por los intereses nacionales y populares, y no por las carreras políticas de los sumisos diputados oficiales.
El PRD aspira con realismo a ser mayoría en el Congreso de la Unión. Para ello, necesita que todos los sectores económicos y sociales del país analicen las virtudes del Programa para el desarrollo económico con justicia social, 1998-2000, porque con el voto de ellos, por primera vez en México, desde la época del presidente Benito Juárez, puede conformarse el Congreso con legisladores verdaderamente independientes del titular del Poder Ejecutivo, y ejercer a cabalidad las atribuciones que le concede la Carta Magna.
La posibilidad de poner en marcha este programa económico no necesita esperar a las elecciones presidenciales del año 2000. Desde ahora, si ganamos la mayoría en el Congreso, se frenaría el destructivo proyecto neoliberal proveniente de Los Pinos, revisando con el Poder Ejecutivo aquellos aspectos positivos, eliminando sus filosas aristas antisociales y ajustando el presupuesto de egresos para darle prioridad a la recuperación productiva y al gasto social. Se atenderá particularmente lo relacionado con la salud, la nutrición, la educación, la vivienda, la atención de niños y ancianos, frenando el costo creciente de los servicios públicos como agua, electricidad, transportes y otros.
El PRI y el propio presidente Ernesto Zedillo están manejando como estrategia electoral la necesidad de que el partido oficial gane para asegurar la continuidad de una supuesta recuperación económica que dicen vive el país, así como para evitar el caos económico y la fuga de capitales; y sobre todo, dicen, el PRI debe triunfar para que haya gobernabilidad, porque según ellos si el Congreso lo gana la oposición, ello impediría al Ejecutivo su buen funcionamiento.
Estas argumentaciones son falaces, porque la supuesta recuperación económica que el PRI y el gobierno dicen garantizar, es a costa de seguir empobreciendo a la población y concentrando la riqueza en pocas manos. El caos económico que pronostican, por si no lo han descubierto, es ya una realidad desde 1982 hasta nuestros días. Los crímenes políticos, los desequilibrios de la balanza de pagos, y el manejo irresponsable del crédito público provocaron la fuga de capitales y la devaluación de 1994, que dejó al país con sus arcas vacías, situación que resistió debido al megacrédito emergente concedido por el gobierno de los Estados Unidos. ¿Más caos puede haber si gana la oposición el Congreso? ¿Más fuga de capitales? ¿Cómo se le puede llamar a la crisis del sistema financiero nacional que actualmente daña tanto a bancos como a deudores?
Si gana el Congreso la oposición, no está en peligro la gobernabilidad que los priistas esgrimen como argumento para que los mexicanos les den su voto. Sucede que para el presidente de la república y para los dirigentes priistas, gobernabilidad es equivalente a indignidad y sumisión del Poder Legislativo a las órdenes y caprichos del titular en turno del Poder Ejecutivo.
En México quien legisla es el presidente de la república, en tanto la aprobación de iniciativas en el Congreso resulta un mero formalismo. En el Congreso de la república priista, los diputados votan leyes hasta sin haberlas leído ni, mucho menos, haber reflexionado sobre sus consecuencias. A todo esto, los dirigentes priistas llaman gobernabilidad.
México: 15 años sin desarrollo ni estabilidad Desde hace tres lustros las banderas reiteradas por el grupo en el poder han sido la reconstitución del crecimiento estable sostenido, y la reducción de la inflación. Sin embargo, al terminar 1997, la economía mexicana cumplirá 15 años de no poder crecer en promedio a mayores ritmos que los de la población, a la vez que ha registrado el periodo de mayor inflación en la historia del país. El estancamiento neoliberal mantiene al producto real por habitante casi 6 por ciento abajo del alcanzado en 1981; y 3.6 por ciento al de diciembre de 1994, no obstante la recuperación registrada durante 1996 y 1997. Este comportamiento significó un freno sin precedente a la generación de nuevos empleos formales, y, por lo tanto, un peligroso rezago acumulado debido a la incapacidad para proporcionar trabajo a más de un millón de jóvenes que se incorporan cada año al mercado laboral. La reducción de la tasa inflacionaria en los últimos meses no ha evitado que los precios al consumidor acumulen en promedio aumentos cercanos al 130 por ciento durante la primera mitad del sexenio. La contención de los salarios, siempre por atrás de la inflación y de la productividad, provocó nuevos deterioros reales de los ingresos de los trabajadores: caída de 24 % del salario promedio de cotización al IMSS y un retroceso de 15 % de los salarios mínimos sólo entre 1994 y 1996. La pérdida acumulada por los mínimos durante los años de la política neoliberal coloca a su capacidad de compra real en apenas una cuarta parte de la que tenían hace 20 años (1977). Y en el caso de los salarios contractuales en un nivel de deterioro del 50 por ciento. El contraparte ha ocurrido una acumulación sin precedente de inconmensurables fortunas entre los allegados a los últimos gobernantes, dejando en carne viva la sensibilidad de la sociedad mexicana sobre la creciente desigualdad social. En el contexto de la crisis de 1994-95, el gobierno del presidente Zedillo reconoció el alto grado de inestabilidad y la baja capacidad de crecimiento registrados por la economía hasta entonces. Sin embargo evadió la responsabilidad que en ello le corresponde al actual modelo económico. Para enfrentar esta crisis se aplicó una severa política de ajuste que incluyó: la elevación de la tasa del IVA del 10 al 15 %; una reducción al gasto real: el gasto programable por 14.8 % en términos reales; y una política de contención salarial con las consecuencias señaladas antes. En cambio, ninguna acción fue adoptada para que los especuladores financieros pagaran parte de una crisis de la que fueron por lo menos corresponsables: "en 1995 el pago de los intereses presupuestases creció en 90.7 por ciento".1 En 1997 el gobierno hizo público el Programa Nacional de Financiamiento al Desarrollo 1997-2000 que contiene una nueva versión de la misma estrategia económica. Ésta gira alrededor de la tesis de que el aumento de la tasa de ahorro interno inducirá aumentos automáticos en la tasa de inversión. Y conlleva implícita la reducción o el mantenimiento de los bajos niveles de consumo de la población. Presuntamente evitará la recurrencia de las crisis cíclicas de la economía mexicana. Pero ni la experiencia reciente en México ni la teoría económica autorizan a sostener que el aumento de la tasa de ahorro, ya sea interno o externo, por la vía de reducción del consumo doméstico, garantice los aumentos necesarios en la tasa de inversión para sostener un crecimiento estable y duradero; ni que de esta manera se evite la recurrencia de las crisis cíclicas. Así, la nueva austeridad del Pronafide, operando sobre las versiones anteriores de otras austeridades que desgastaron uno a uno los numerosos "pactos" impuestos a partir de 1987, tampoco está propiciando la recuperación estable de la economía. La elevación de la tasa interna de ahorro ha servido principalmente para financiar el pago de las rentas de los capitales especulativos internacionales y no la inversión orientada al mercado interno. La dependencia de la economía mexicana respecto de los flujos de capital externo se mantiene alta a costa de gravar al país con el pago de elevadas tasas reales de interés. El insuficiente crecimiento económico alcanzado hasta ahora pronto se está traduciendo en nuevas tensiones en el sector externo sin haber mejorado el decaído desempeño que el mercado interno muestra desde el inicio de la crisis. La lección es clara: para garantizar ritmos de crecimiento económico suficientes y estables no es correcto aumentar la tasa de ahorro interno o externo sobre la base de reducir sistemáticamente los niveles de ingreso de la población y el consumo interno. La ecuación debe invertirse: es necesario aumentar los niveles absolutos del ahorro sobre la base del crecimiento de los ingresos de la población. Siendo necesario para ello políticas que incrementen la inversión y el propio consumo. Ello requiere no de la falsa austeridad pública pregonada por el dogma neoliberal, sino de un activismo responsable de la política económica que permita aprovechar productivamente el excedente económico que cada año se genera en México. Urgen nuevas formas de fomento a los mercados e invertir las prioridades de las actuales políticas sobre tasas de interés y márgenes de intermediación bancaria, colocando a la producción y al consumo nacional antes que a los onerosos atractivos para el capital especulativo. Se requieren también nuevas formas de regulación para compensar las fallas de los mercados, así como una racionalización de la apertura económica, mediante ajustes ágiles a la política arancelaria y la negociación que requiera el desarrollo nacional, conforme a las revisiones y salvaguardas previstas en los tratados internacionales firmados. Reorientar la política económica partiendo de la democratización de la gestión de las finanzas públicas La inexistencia de una verdadera división de poderes propició el ejercicio autoritario de las finanzas públicas durante los últimos lustros. Ello permitió la configuración de insuficientes e inadecuadas estructuras de los ingresos y gastos públicos, orientados por los dogmas del neoliberalismo. Se privilegió así la obtención de los llamados superávit económicos primarios que promediaron 3.9 por ciento del PIB entre 1995 y 1997, y se destinaron al pago de la elevada carga financiera de la deuda pública. Cumpliendo el mandato electoral, el PRD impulsará la modificación del modelo económico. Para ello presentará un paquete de reformas a las contribuciones y al presupuesto de egresos de la Federación para el año fiscal de 1998. Y retomará la iniciativa para reformar diversas leyes que norman la participación de la Cámara de Diputados en la elaboración del presupuesto de Egresos de la Federación y en la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal con el fin de democratizar la gestión presupuestal y realizar efectivamente las funciones de control político, vigilancia y fiscalización de la hacienda pública. Modernizar la política de ingresos El "sistema" tributario mexicano carece del sentido promotor del desarrollo nacional que caracteriza a las estructuras fiscales de los países con los cuales competimos. La legislación hacendaria es una masa informe de leyes remendadas que se origina en las frecuentes misceláneas fiscales aprobadas cada año al vapor sin el debido análisis por el poder legislativo. Además, esa masa de leyes es adicionalmente deformada con reglamentos y circulares "intemas" de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que de esta manera con frecuencia establece cargas y obligaciones que rebasan y hasta contradicen las propias leyes aprobadas por el mayoriteo. Por ello, la estructura tributaria mexicana es: En su función recaudadora: Ineficaz, pues las contribuciones –incluidas las aportaciones para la seguridad social– son, en proporción a las posibilidades fiscales, insuficientes para atender las necesidades sociales. La ineficacia del sistema tributario mexicano se ilustra al recordarse que el Impuesto Sobre la Renta (el tributo redistributivo por excelencia) no ha aportado recursos por más de un 5.5 por ciento del PIB en ningún momento de la historia del país. Pero a raíz de la crisis de 1995 su contribución a la hacienda pública se desplomó hasta 3.9 por ciento en 1995 y 4.1 por ciento en 1996. Excesivamente dependiente de los recursos petroleros. En 1996 los ingresos públicos de origen petrolero aportaron el 38 por ciento de los ingresos ordinarios totales del sector público presupuestal. Concentrada en pocos contribuyentes, por partir de una base gravable reducida, al auspiciar la subsistencia de un amplio sector de la población ocupada que no contribuye al erario de ninguna manera, entre otras razones por sobrevivir en la economía informal. En su función redistributiva: Regresiva, por descansar mayoritariamente en tributos indirectos como el Impuesto al Valor Agregado y los Impuestos Especiales a la Producción y los Servicios, e insuficiente en los impuestos distributivos, como el ISR. En 1996 lo recaudado por medio del IVA y los Impuestos Especiales a la Producción y los Servicios ascendió a 101 mil 804.8 millones de pesos, mientras que por el ISR se obtuvieron 97 mil 162 millones de pesos. Por otra parte el ISR tiene una escasa progresividad, pues se alimenta desproporcionadamente de las aportaciones del trabajo, e insuficientemente en las contribuciones de los segmentos de más altos ingresos de la población. Las tarifas que pagan tanto las personas físicas como las personas morales mantienen una inadecuada progresividad: todas las empresas pagan las mismas tarifas (no importando su tamaño económico), mientras que el rápido ascenso de las tarifas para las personas físicas provoca que los segmentos de causantes con ingresos medios prácticamente contribuyan en la misma proporción que los segmentos de mayores ingresos de la población. En su función promotora del desarrollo nacional: Incierta, debido a las excesivas facultades discrecionales para realizar decisiones de criterio autoasignadas por el Ejecutivo, así como los constantes y unilaterales cambios en los criterios de interpretación que ejercen funcionarios de Hacienda, cancelando la indispensable seguridad jurídica que requiere cualquier sistema legal. Desalentadora de la inversión productiva por su extrema complejidad. El Partido de la Revolución Democrática ha sostenido diálogos en foros y con grupos significativos de contribuyentes; de esta manera ha conocido los planteamientos y preocupaciones de estas expresiones sociales sobre la política fiscal. Se percibe con claridad la existencia de un extendido sentimiento que reclama la necesidad de realizar en México una reforma fiscal integral. El PRD auspiciará que la Cámara de Diputados convoque a la realización de una Convención Nacional de Contribuyentes durante 1998, buscando la más amplia participación de la ciudadanía, de especialistas, funcionarios públicos y legisladores, en los ámbitos federal, estatal y municipal, con el objeto de analizar a profundidad los problemas e insuficiencias del sistema tributario mexicano y las políticas con las cuales pueden superarse. Los objetivos de la reforma fiscal integral que el PRD impulsará son los siguientes: Reorientación de la política fiscal con un enfoque promotor del desarrollo. Fortalecimiento de la capacidad recaudatoria para asegurar el financiamiento sano del gasto público. Estabilidad, certeza jurídica y transparencia. Simplificación. Fortalecimiento de la equidad y la proporcionalidad. Ampliación de la base de contribuyentes a partir de la incorporación al régimen fiscal de sectores informales de la economía y la gravación de las actividades especulativas –en rango competitivo internacional– de las personas físicas, entre otros. Progresividad a través del fortalecimiento de la capacidad distributivo del ISR por medio de una reestructuración de las tarifas tanto para las personas físicas como morales; atenuación del carácter regresivo del IVA y de otros impuestos indirectos. Superación gradual de la excesiva dependencia petrolera del fisco, que por otro lado asfixia a Pemex. Eliminación del Impuesto al Activo de las Empresas. Revisión de la distribución de las competencias fiscales entre la federación, los estados y los municipios. Dar transparencia, eficacia y sentido social al gasto público De igual manera que sucede con la política de ingresos, los egresos tienen un esquema de prioridades ajeno a los requerimientos del desarrollo nacional y la atención de los problemas sociales. El presupuesto de egresos de la federación ha mantenido las siguientes características: Insuficiencia para atender las necesidades del desarrollo nacional. Alta carga destinada al pago de los rentistas nacionales y extranjeros tenedores de títulos de deuda pública. Cuantiosos subsidios a la ineficiencia de la banca comercial y las empresas concesionarias de carreteras mediante asignaciones presupuestases poco transparentes e injustificadas. Discrecionalidad del Ejecutivo federal para el manejo de montos significativos del presupuesto. Privilegios indebidos en la asignación de bonos, premios y pagos especiales a los altos funcionarios. Tolerancia a fugas significativas del presupuesto a través de diversas formas de corrupción. Inefíciencia y redundancia El programa económico que impulsa el PRD busca un desarrollo con justicia social. La generación de suficientes empleos y la recuperación de los salarios reales constituyen palancas básicas para la justicia social, para la reactivación del mercado interno y de la economía en su conjunto. Ello a través del impulso presupuestal de la inversión total y el estímulo al consumo de la mayoría de la población, asegurando los efectos multiplicadores internos, para que la economía genere en su conjunto más de un millón de empleos permanentes al año durante el periodo 1998-2000 y un millón y medio de empleos temporales durante 1998-2000. Para alcanzar estas metas, el PRD buscará reorientar el gasto público, y procurará eliminar o reducir, según sea el caso, los recursos destinados a gastos onerosos, ilegales, poco transparentes, ineficientes o de poco interés en el marco de las prioridades nacionales, a la vez que se elevarán las asignaciones a los rubros que conducen al logro de las metas de desarrollo con justicia social. En esta perspectiva, se eliminarán: Los bonos, premios y remuneraciones injustificadas a altos funcionarios, y Las partidas secretas y discrecionales del Ejecutivo. El combate a la corrupción es un reclamo generalizado de la población y elemento fundamental para alcanzar la eficacia presupuestal. Es necesario para combatir el conflicto que se presenta en los casos de confluencia de los intereses del poder económico con el poder público. El PRD hará un esfuerzo máximo y especial para también eliminar: La fuga de recursos presupuestases perdidos por prácticas de corrupción. Se revisarán a fondo las operaciones de rescate financiero a los bancos y a las carreteras concesionadas, buscando las causas de la crisis y las responsabilidades que se deriven. Se procurarán esquemas financieros alternativos que permitan reducir las asignaciones presupuestales a estos programas y que distribuyan con equidad los beneficios. Se buscará reducir el costo financiero de la deuda pública externa, por la vía de nuevas renegociaciones de los tramos de la misma susceptibles a ello. Se buscará también la revisión del sístema de pensiones, la reforma a la seguridad social y los mecanismos de transferencia de recursos públicos a las AFORES. Como resultado de lo anterior, el PRD buscará aumentar los recursos presupuestases reales a los siguientes rubros, para cumplir con los objetivos planteados: desarrollo agropecuario, educación , salud, alimentación , vivienda popular, energéticos y petroquímica, programas alternativos de atención a las carteras vencidas, elevación salarios reales empleados públicos programas de capacitación y generación de empleos. División de poderes: efectivo control político, vigilancia y fiscalización del manejo de los recursos públicos La Carta Magna asigna a la Cámara de Diputados la facultad exclusiva de analizar, discutir y aprobar anualmente el presupuesto de egresos de la federación, y al Congreso de la Unión la facultad de aprobar las contribuciones, la ley de ingresos con las que se cubre anualmente el presupuesto, y la política de deuda pública. No obstante ello, las leyes secundarias mantienen como facultad exclusiva del Ejecutivo la consulta y aprobación sexenal del Plan Nacional de Desarrollo. Además, en los hechos, el Poder Ejecutivo Federal se ha encargado de la elaboración de las políticas de ingresos y gastos, así como de su vigilancia y control. La función fiscalizadora ha sido muy reducida, asumiendo también el Ejecutivo la política rectora a este respecto. El PRD insistirá en su propuesta de modificar integralmente el sistema de planeación, presupuestación, control, vigilancia y fiscalización, fortaleciendo la división de poderes y democratizando la gestión económica del Estado. Para ello se requieren reformas constitucionales y de la legislación reglamentaria , tales como: En materia de planeación: Otorgar al Congreso de la Unión la facultad de aprobar el plan nacional de desarrollo, así como de participar en el diseño y realización de las consultas públicas que los nutren. En materia de presupuestación: Ampliación de los plazos legales para que el Congreso de la Unión conozca del Ejecutivo los criterios generales de política económica y el proyecto de ley de ingresos; y la Cámara de Diputados el proyecto de presupuesto de egresos de la federación con el objeto de que cuenten con suficiente tiempo para analizarlos, discutirlos y aprobarlos. Creación de la oficina del presupuesto de la Cámara de Diputados. En materia de control político, fiscalización y vigilancia de la hacienda pública: Reducción significativa del plazo en el cual el Ejecutivo presente a la Cámara de Diputados la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de cada año. Reducción del plazo en el cual la Contaduría Mayor de Hacienda presente a la Cámara de Diputados el Informe Previo sobre la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y el Informe de Resultados. Este último deberá ser presentado antes de que finalice el año fiscal siguiente al ejercicio que se analiza. Traslado de la función de control del patrimonio de los servidores públicos a la Contaduría Mayor de Hacienda. Elevación de las atribuciones de los diputados para exigir información pormenorizada de cuentas e ingresos a las autoridades hacendarias. Llamamiento Las condiciones políticas del país y de la Cámara de Diputados marcan una nueva etapa de la actividad legislativa en México que brinda la oportunidad de ofrecer soluciones serias y consistentes a los problemas del país. Llamamos al titular del Ejecutivo, ciudadano presidente Emesto Zedillo, a los miembros del gabinete económico, a todos los partidos políticos, a las organizaciones sindicales, campesinas y empresariales, a la comunidad científica y académica, a las organizaciones de la sociedad civil y a los ciudadanos en general, a participar en este debate sobre las finanzas públicas, la necesidad de una profunda reforma fiscal y la reasignación del gasto público, así como de la democratización de la gestión económica, el control político, la vigilancia y fiscalización de la hacienda pública federal. El PRD está convencido de la necesidad de modificar el rumbo de la política económica para bien de la nación, por lo cual, con estos planteamientos, inicia la discusión seria del tema. ¡Democracia ya, Patria para todos! México, D.F., a 28 de agosto de 1997 |
LIC. MANUEL CAMACHO 
.La Alianza Opositora
Convencidos de que el 2000 será decisivo para el futuro político de México la Asamblea Nacional Constitutiva instruyó al Comité Ejecutivo Nacional del Partido a promover la conformación de una gran alianza política de las fuerzas de oposición con miras a lograr el triunfo en la contienda electoral y estar en condiciones de impulsar una plataforma común desde el gobierno que asegure los profundos cambios que exige México. Para instaurar la nueva República que sustituya al inestable y disfuncional arreglo político vigente, es indispensable avanzar junto con muchas fuerzas políticas y sociales -a la definición del programa básico que impulsaremos de manera conjunta y que tiene como eje el cambio de nuestro régimen político. Habrá que establecer cuanto antes acuerdos básicos que permitan modificar las restricciones severas a la coalición de partidos en la ley, garantizar equidad en el acceso a los medios de comunicación y en el financiamiento de las campañas, incluyendo las internas en donde se siguen gastando fondos públicos a manos llenas.
Mientras no contemos con un nuevo arreglo institucional que se derive de un nuevo pacto, el curso de la política lleva al país a un verdadero precipicio. La apuesta del gobierno es la fragmentación, la división de las oposiciones, la intimidación de los reformistas en el PRI y en la administración pública. Su mejor escenario es el peor de los futuros para México: desmovilizar, fincar su predominio en la desesperanza, llevar al radicalismo a sus oponentes para aislarlos y poderles aniquilar. Para derrotar esa apuesta se necesita voluntad y grandeza de la oposición. Esta es la hora en la que deberemos actuar de manera tal que merezcamos, de quienes nos sucedan, el reconocimiento de que, de todos los momentos políticos que como generación nos tocó enfrentar, esta, la hora del 2000, fue nuestra hora mejor.
Para quienes queremos cambiar la situación actual, lo más útil es unirnos en torno al punto más vulnerable del régimen imperante: sustituir pacíficamente al actual régimen por un nuevo sistema, que con un pacto incluyente y una idea clara de reconciliación nacional, dé a nuestro país estabilidad mediante la alternancia. Debe ser una alianza con un programa realista, garantías sólidas para la sociedad y para las partes y que cuente con un equipo capaz y unificado para gobernar.
. Chiapas
El Partido de Centro Democrático, considera que el problema de Chiapas se ha vuelto a agravar, nadie esta ganando y, de continuar la actual política, nadie ganará y todos vamos a perder.
Debemos considerar que aún y cuando no se ha llegado a un acuerdo de paz, la Nación ha logrado importantes realizaciones respecto a Chiapas: se freno la guerra y se llego a una tregua, el ejercito ha dado muestras de enorme disciplina, las asociaciones de ciudadanos han contribuido a reducir los riesgos del conflicto, el Congreso y los Partidos han tomado compromisos que en marcos institucionales ayuden a la paz, las iglesias han coadyuvado al proceso pacificador, los medios han desempeñado un papel extraordinario para frenar la violencia y el EZLN, ha sido capaz de evolucionar en sus posiciones políticas.
Por otro lado, podemos observar que la línea política actual del gobierno frente al problema de Chiapas no permitirá llegar a un acuerdo de paz. Si la solución que se dé al problema de Chiapas no es verdadera, veremos crecer el conflicto social y se perderán los avances ganados. En cambio con una solución verdadera se fortalecerá la estabilidad política y los ciudadanos confiarán en métodos pacíficos y legales de participación.
Hemos señalado que es demasiado peligroso que el acuerdo de paz espere hasta el 2000. El acuerdo de paz posible, está en la sociedad, en los partidos políticos y en la opinión pública. Es indispensable que se dé una convergencia en favor de una solución política.
La voluntad de diálogo debe ir acompañada de acciones consecuentes.
1.- Reforma constitucional sobre los derechos indígenas. Fortalecer el proceso democrático, sometiendo a referéndum la reforma que aprueben el Congreso de la Unión y los Congresos Estatales.
2.- Reconstitución de la autoridad en Chiapas sobre bases de legalidad e imparcialidad.
3.- Distensión militar y control de armas. La presencia del Ejercito Mexicano debe garantizar que el EZLN no hará acciones ofensivas, así como que ningún otro grupo (paramilitares) se encuentre armado.
4.- Reorganización de la autoridad federal y estatal encargada de los programas sociales. Debe existir el ánimo por parte del gobierno de fomentar una nueva política social incluyente de impacto inmediato.
5.- Participación política abierta del EZLN. En el interés de la estabilidad política de México, el EZLN debe optar en definitiva por la vía pacífica de participación política. Con voluntad de ambas partes para el acuerdo de paz, el EZLN tendría la posibilidad de participar como partido en las próximas elecciones federales del 2000.
Sin embargo, a estas alturas en que el Gobierno ha hecho caso omiso a nuestras propuestas y a otras planteadas, en Chiapas ya no es posible pactar la paz en este sexenio. Como en otros campos, el gobierno perdió la oportunidad de resolver el problema. Lo que necesita es: disminuir la presión sobre las comunidades; controlar los desplantes autoritarios del gobernador; y abrir la válvula de la lucha política pacífica, con garantías plenas, para que los chiapanecos escojan -con plena libertad– a su próximo gobernador.
. El Fobaproa
El Partido de Centro Democrático por conducto del Dip. Marcelo Ebrard Casaubon participó activamente en la H. Cámara de Diputados en defensa del equilibrio constitucional de poderes, que durante el periodo de 1995 a 1998 se contravino: el control del Congreso sobre la deuda nacional (aprobar, reconocer y mandar pagar). El gobierno federal había emitido, sin consentimiento del Congreso de la Unión, garantías y obligaciones en favor de las instituciones financieras por el equivalente al doble de la deuda interna total de la nación. Tanto el PAN como el PRD y la oposición toda, compartíamos un punto común.
La ausencia de control sobre el "saneamiento financiero", se tradujo en un enorme costo que se transfiere al contribuyente por 65 centavos de cada peso perdido en el quebranto bancario. Sin el control de la representación política, el grueso de los costos se pasó a la cuenta de los ciudadanos y se asignaron garantías y recursos públicos con una absoluta discrecionalidad, sin más límite que el criterio y los intereses de la administración. Otro punto común sería reprobar la injusticia en la distribución de costos y a la comprometida situación de las finanzas públicas.
En efecto, la vía que escogió el gobierno para el rescate bancario resultó la más onerosa para el erario público y la más ventajosa para los banqueros y los deudores más importantes (550 créditos concentran el 40% de la cartera cuyos derechos de crédito adquirió el FOBAPROA) y, junto con el Dip. Ebrard varios diputados formaron una alianza opositora suficientemente amplia y responsable para obligar al gobierno a entrar a una discusión sobre el sistema político y su futuro.
Debemos entender que el FOBAPROA (Fondo Bancario de Protección al Ahorro) fue creado como un seguro de depósitos explícito -es decir con cobertura limitada- en 1990 en vísperas de la reprivatización bancaria. Su naturaleza es la de un fideicomiso de carácter público, puesto que actúa como fideicomitente ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el fiduciario es el Banco de México y tiene representantes en el Comité Técnico la Comisión nacional Bancario y de Valores.
Al aprobarse la creación del nuevo Fondo, se planteaba, una combinación razonable de protección al ahorro y al erario público e incentivos a los inversionistas para supervisar el desempeño de las instituciones financieras. La Ley de Instituciones de Crédito recogió estos criterios y añadió una definición: el FOBAPROA, si bien fideicomiso público, no estaría sujeto a las normas que rigen a las entidades de la administración pública federal para evitar la inelasticidad derivada de la potencial inclusión del patrimonio de las instituciones en los bienes de la Nación.
Sin embargo, las cosas fueron en una dirección muy distinta a la que se había previsto en la ley.
De inicio, la privatización se hizo mal. Hubo poca transparencia en decisiones importantes de asignación de las instituciones, se permitió que las operaciones de compra fuesen excesivamente apalancadas y los precios finales de adquisición elevados y, además, se permitió la participación de personas y grupos que -ahora sabemos- tenían antecedentes turbios o fortunas misteriosas.
La supervisión fue débil e insuficiente. Los controles fallaron: la Secretaría de Hacienda permitió, la Comisión Nacional Bancaria dejó hacer, el Banco de México no quiso o no pudo actuar a tiempo, el Congreso de la Unión se mantuvo ajeno al proceso merced al ilimitado poder del Ejecutivo en la materia y a la cómoda mayoría del PRI.
Aunque el FOBAPROA tenía el mandato autoimpuesto de excluir de cualquier género de protección a los créditos irregulares, ilícitos o de mala fe, así como las obligaciones subordinadas, todos entraron por la compuerta de la generosidad gubernamental. Sin embargo, créditos sin garantías, irregulares, relacionados para la adquisición de los propios bancos con garantía accionaria, créditos para campañas político-electorales del PRI, obligaciones subordinadas, créditos interbancarios y cruzados para operaciones poco claras, créditos con sobrevaluación de garantías: todo entró al torrente del costo fiscal, es decir, a pagarse por el contribuyente.
Esta sola decisión modificó las cosas al grado de que en vez de que las instituciones fuesen deudoras de la Nación, la Nación se convirtió en deudora de las instituciones bancarias. Por razones que el titular del Ejecutivo no ha explicado al país.
La división de poderes constitucionalmente procura evitar que el Ejecutivo comprometa el crédito de la Nación sin el consentimiento de los gobernados. La historia de este precepto es larga, proviene de la primera Constitución Mexicana promulgada en Apatzingán en 1814. Y es el Presidente Zedillo quien nos informa en un transitorio de una de sus iniciativas que ha tenido a bien triplicar la deuda interna sin autorización de las Cámaras.
El gobierno maniobró para ocultar las cosas a su propia mayoría en la LVI Legislatura y, a partir de 1997, para impedir que las oposiciones tuviesen acceso a la información y le obligaran a rendir cuentas o a cambiar el rumbo del saneamiento. Se cuestionó a los diputados señalando que la Cámara no tenía facultades para exigir esa información porque los bancos no están incluidos en las entidades de control presupuestal, sin embargo la Cámara puede auditar cualquier operación en la que tengan que ver recursos públicos federales.
Se acordó, entonces, ubicar como prioridad el proceso para realizar la auditoría al FOBAPROA. El tema generó, sorprendentemente, división en el PRI. Surgió el Grupo Reflexión y presentó una propuesta y apoyó también las auditorías. Por fin, después de 5 meses, la Cámara obtuvo las actas del Comité Técnico del FOBAPROA y se las entregó a los auditores coordinados por Michael Mackey. Un gran avance se había conseguido: habría rendición de cuentas.
Sin embargo, antes de que entraran los auditores del Congreso, la CNBV había ordenado su propia auditoria previa para "limpiar" el FOBAPROA de créditos y operaciones cuestionables.
Ahora, a pesar de que la Cámara cuenta con mayoría opositora (acusada de improductiva y conflictiva por los voceros oficiales) había logrado abrir el debate para modificar los designios del Ejecutivo, los acuerdos que le han dado solución no resuelven el problema de fondo y solo servirán para aplazar las cosas.
. Una Nueva Constitución
En el primer punto programático señalado en el proyecto político de nuestro Programa de Acción, expresamos nuestra posición política en favor de "Una Nueva Constitución", que fortalezca los derechos ciudadanos y reconstituya la autoridad política.
Los propósitos de ésta Nueva Constitución buscan: terminar con una forma de gobernar arbitraria, eliminar las imposiciones del Ejecutivo sobre los poderes Legislativo y Judicial, impedir la aplicación de la ley según la conveniencia política de los gobernantes y acabar con las reformas coyunturales y contradictorias a los derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución.
Consideramos indispensable ordenar, reformar y adicionar la Constitución a fin de que se amplíen las garantías individuales a los derechos políticos, se transforme el sistema de planeación con procedimientos de concertación social incluyentes, se funde un nuevo equilibro de las instituciones políticas y se revise a fondo el marco normativo relacionado con la responsabilidad de todos los funcionarios público. Asegurar que el pueblo ejerza su soberanía a través de sus representantes y, cuando se trate de asuntos fundamentales, que pueda hacerlo por medio de la participación directa vía referéndum.
El espíritu del cambio es que se cumpla lo que siempre ha anhelado la sociedad, hacer que la Constitución contenga los ideales en que coinciden la gran mayoría de los mexicanos: igualdad, tolerancia, seguridad, estado de derecho, libertad, fin a las discriminaciones, etc.
Se debe establecer un nuevo procedimiento para reformar la Constitución, en que el que expresamente se disponga la intervención de la ciudadanía tanto en su iniciativa como en su aprobación final mediante el referéndum y que sin su consentimiento, ninguna reforma se entienda como legalmente aprobada.
. La Energía Eléctrica
El Partido de Centro Democrático ha señalado que la privatización del sector eléctrico no es un problema exclusivamente técnico, es sobre todo un asunto político, pues involucra una reforma constitucional y decisiones de largo plazo: sobre cómo financiar el desarrollo del sector, sobre la política de tarifas y su repercusión social, acerca de las consecuencias para los trabajadores y sus sindicatos, y por todo ello, tiene que ver con la historia y con el futuro. Es, ciertamente, más que una decisión técnica.
Y son las decisiones inoportunas y carentes de estrategia política que ha tomado el gobierno las que han logrado provocar todo lo que parecía imposible. Han logrado que los agravios de años se empiecen a acumular. Que las voces que estaban apagadas, se vuelvan a sumar. Que los movimientos que ya solo existían en el recuerdo, o que estaban en una franca posición defensiva y de acoso, se vuelvan a hacer presentes. Privatizar la energía eléctrica, sin haber impulsado previamente un verdadero debate nacional, donde se discutieran con objetividad las distintas opciones para el desarrollo de la industria, sin haber considerado las previsibles reacciones sindicales y políticas (incluso dentro del PRI) en contra y ¿para qué hacerlo al final de la administración? teniendo la sucesión en la puerta.
El gobierno actual ya no hizo la transición. Y si no cumplió con lo que ofreció, lo menos que podemos pedirle es que no arrastre al país a una crisis política y que cumpla con su responsabilidad de contribuir a la estabilidad de la economía, mediante un pacto político-social que asegure el tránsito sexenal pacífico.
Por lo cual, procede por parte del gobierno intentar una negociación seria, es más fácil convencer al FMI (Fondo Monetario Internacional) de la conveniencia de mantener la estabilidad económica de México, que empecinarse en una iniciativa que, para sacarla adelante hoy, quedaría tan maltrecha, que dejaría irritados a todos: a quienes tenían expectativas y a quiénes estaban totalmente en contra, como ocurrió en el caso de la petroquímica.
. Reforma Electoral
El Partido de Centro Democrático por conducto de los Diputados Marcelo Ebrard y Rogelio Chabolla, participo activamente en la elaboración de la Iniciativa de Ley para la reforma de diversas disposiciones del Cofipe, con el objeto de eliminar los candados a las Coaliciones, reintroducir la figura de las candidaturas comunes, garantizar el voto de los mexicanos que se encuentran en el extranjero, eliminar márgenes de sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados, avanzar hacia la equidad en el acceso de los partidos a radio y televisión, ampliar la fiscalización de la autoridad electoral sobre el ingreso y gasto de los partidos incluyendo a las precampañas e incluir disposiciones para impedir el uso de los programas de gobierno a favor del partido oficial.
Queda claro que aún cuando en la H. Cámara de Diputados ha sido aprobado el dictamen que reforma el Cofipe, el gobierno con mayoría en el Senado, no quiere discutir las reformas electorales porque estima que ello podría llevar a cambios, aún elementales, que podrían poner en entredicho las indebidas ventajas de que aún goza su partido y podrían remover restricciones que facilitarían la formación de una mayoría alternativa en la elección del año 2000.
La estrategia política consecuente con esta posición del gobierno llega hoy a su límite. Y si el gobierno como abiertamente lo ha manifestado en verdad esta a favor de la transición democrática en el país, deberá discutir y aprobar dichas reformas en el Senado el próximo periodo extraordinario de sesiones.
Al aprobarse el dictamen de referencia, las fuerzas políticas representativas del 60% del electorado mexicano estarán exigiendo cambios indispensables a las reglas que regirán el proceso electoral del año 2000. Sólo la torpeza política podría explicar que el gobierno se empecine en su actitud de defender condiciones ventajosas para su candidato aún a costa de la legitimidad del proceso electoral.
Hay insatisfacción de la mayoría con el status vigente porque favorecen al PRI las severas restricciones a la formación de coaliciones electorales para la presidencia de la república, entre las que destacan los imperativos a los partidos coaligados por integrarse en una fusión temporal total con programa, declaración de principios y estatutos, favorece al PRI el trato a la coalición como un solo partido restringiendo las prerrogativas de los participantes. Favorece al PRI la eliminación de las candidaturas comunes.
Favorece al PRI la sobrerepresentación de la que goza actualmente en esta Cámara y que alcanza el 7.7%, es decir, 38 diputados. Protege al PRI la inoperancia del ejercicio del derecho al sufragio de los mexicanos en el exterior porque ese partido teme que el voto de nuestros compatriotas le será adverso. Favorece al PRI la inexistencia de una adecuada fiscalización sobre precampañas. Favorece al PRI el renacimiento de las prácticas de uso y abuso de programas de gobierno.
La diferencia esencial con el PRI radica en que, como resultado de facilitar las coaliciones y reintroducir la figura de candidaturas comunes, las alianzas interpartidarias podrían resolverse también con mayor facilidad y ello pone en grave riesgo la derrota al candidato presidencial de ese partido cuya suerte depende del grado de división de sus competidores.
Al pretender descalificar esta propuesta con el argumento de que sería la medida de las oposiciones, el PRI confirma que le resulta esencial mantener las cosas como están porque, una coalición, obtendría el triunfo en el 2000.
Ignora, sin embargo, que la ventaja o desventaja de una u otra coalición dependería de la interacción política de los partidos y del respaldo del electorado y no de los efectos de una norma cuyo único efecto es poner en igualdad de circunstancias al PRI y a los otros partidos para propicias coaliciones.
Una o varias coaliciones electorales, aportarían certidumbre a la sociedad porque precisarían la naturaleza y alcance de los acuerdos interpartidarias. La sociedad saldría ganando, porque la indispensable coalición en el gobierno se sometería en el proceso electoral al examen y sanción de los electores.
Existen otras importantes reformas que el tiempo no permite desarrollar y que van en el mismo sentido de asegurar transparencia y equidad en la contienda.
Destacan la prohibición de utilizar programas de gobierno para apoyos de partidos o candidatos, así como las restricciones al corporativismo.
Queda claro lo que hoy está de por medio, votar para asegurar una competencia más justa y para facilitar, desde luego, la conformación de una mayoría alternativa que cuente con el respaldo suficiente para gobernar con eficacia y rectitud a México.
. ELECCIONES INTERNAS DEL PRI
Palabras de Manuel Camacho (9 noviembre 1999)
Con la elección primaria del domingo 7, el PRI logró una victoria táctica. Es mejor reconocerlo. Así lo muestran ya los números: de un 39% que tenía el PRI, ha llegado en este momento a un 50%. Como partido político y como lanzamiento de una candidatura presidencial, el proceso ha sido exitoso. Sin embargo, el resultado, que benefició al PRI, no beneficia a México. Falló en su parte medular: no facilita llegar a un acuerdo nacional para cambiar las instituciones políticas del país e incrementa la inequidad en el proceso político, con lo cual deja de resolverse lo que fue el principal reclamo del 94.
Las primarias del PRI y haber perdido la oportunidad de la Alianza de las fuerzas opositoras es una combinación desafortunada para que los ciudadanos que ya no quieren al PRI –el 60% al momento de la Alianza- puedan convertir su inconformidad en un cambio de gobierno y de políticas públicas.
La combinación de ambos factores facilitará que muchos líderes sociales y de opinión, se sumen a la candidatura presidencial del PRI. El PRI ha hecho un gran montaje político. El aparato llenó el vacío. El hueco del dedazo no lo ha llenado ni la libertad política, ni la equidad política. En vez del dedazo, hay un aparatazo.
Para que la oposición recupere el terreno perdido, habrá que reconocer estos hechos. No se gana nada, si los cuestionamientos se dan a partir de las descalificaciones tradicionales. Negar la importancia que tuvo la participación de millones de ciudadanos en una elección primaria, es ir en contra de esa gente -que merece el mayor respeto– y es, además, colocarse en una posición en donde la comparación resulta desfavorable para cualquier fuerza opositora.
Insistir en que sigue habiendo el dedazo, aún y que el candidato del Presidente de la República resultó victorioso en el proceso interno, es ir en contra de las evidencias de la participación de millones de ciudadanos y de un manejo publicitario que en esos momentos es imposible de revertir.
Sostener que la realización de una primaria al interior del PRI no cambia nada, es no entender cómo se configura la lucha política. A futuro, introduce un elemento nuevo de competencia política que tendrá consecuencias en la definición de las candidaturas, en el peso del propio PRI, en la consideración que los aspirantes a las candidaturas deban darle a su partido y que aumentará el peso de la opinión pública en la selección de los candidatos.
La elección del domingo y el procedimiento que la acompañó, desde luego que tienen problemas. ¿Cuáles?
Aumentó la inequidad en la política cuando ese es el principal problema de la política nacional. Mientras persista esta inequidad, no habrá democracia. En ningún país democrático del mundo hay la inequidad que existe en nuestro país. La campaña presidencial del PRI saldrá ahora mucho más cara, porque ya hubo dos campañas. La primera, la del 99, ya se hizo sin ningún control. Las cifras de lo gastado no corresponden con los hechos. Mas, sin embargo, no hay elementos suficientes para determinar la magnitud ni bases legales –aunque desde luego de moral política y en algunos casos también de ley- para cuestionarla.
El aumento en la inequidad refuerza las complicidades del régimen con una parte del sector empresarial, como ocurrió en 1994. El costo de esos procesos es tan alto que después trae al país problemas tan graves como lo fue la manera nada transparente, ni legal, como se manejó el asunto del rescate bancario. A los compromisos del 2000, ahora habrá que agregar los compromisos del 99, con todas sus consecuencias para la falta de rendición de cuentas y de transparencia en nuestro país.
No hubo neutralidad del Presidente de la República en el proceso. ¿Por qué si el Presidente de la República se mantuvo, como él sostiene, neutral en el proceso, su gabinete, los gobernadores, los líderes priistas de las Cámaras, la Secretaría de Gobernación, el aparato partidista y los enlaces gubernamentales en los medios de comunicación, apoyaron en bloque a Francisco Labastida? Adicionalmente, el día mismo de la elección, desde la sede del Poder Ejecutivo, el Presidente pronunció un discurso de carácter partidario y con el propósito de consolidar los resultados.
Por tratarse de un proceso interno, no vigilado, no hay elementos confiables para opinar sobre la calidad del procedimiento. Simplemente llama la atención que ante un número de votantes como el que se presenta, no haya habido filas en las casillas, ni hayan votado los jóvenes.
No hubo entusiasmo popular. Sin desconocer la numerosísima participación, llama enormemente la atención la falta de entusiasmo incluso en el momento de la victoria. ¿Por qué si el domingo por la noche se estaba prácticamente eligiendo al próximo Presidente de México, en el hotel donde había la celebración, no estaba el pueblo? En vez de ciudadanos, había aparato.
El tema de la política hoy, ya no es la transición, es decir el cambio de régimen; vamos, ni siquiera la alternancia. Ante lo que estamos es ante un proyecto de restauración del régimen para regresar la agenda del cambio político a las condiciones pre-1988, donde el gran tema vuelve a ser lo que ocurre al interior del PRI.
Después de lo acontecido, ¿qué podemos hacer como oposición?
Reconocer los errores cometidos antes de que sea demasiado tarde y, por lo tanto, en los próximos días, construir un pacto político entre todas las fuerzas de la oposición, que les permita negociar de manera equitativa con el régimen las condiciones para un proceso electoral equitativo -que evidentemente no existe- y, con ese pacto, obligar al régimen a una negociación de fondo para hacer posible la reforma constitucional que establezca la segunda vuelta para la elección presidencial cuando no se alcance el porcentaje de la votación nacional, o la diferencia entre el primero y segundo lugar que el Constituyente determine.
Mientras había la posibilidad de hacer una Alianza, que era lo que verdaderamente permitía llevar a cabo un cambio de régimen político en el país, introducir la segunda vuelta era asegurar la no realización de la Alianza, puesto que el partido colocado en segundo lugar, tendría el interés de dividir la Alianza para obligar a los demás a sumarse a su candidatura una vez realizada la primera vuelta. Ahora que ya no fue posible la Alianza, y en las condiciones de desventaja que ha creado la mayor inequidad del PRI, la segunda vuelta es una decisión estratégica para las fuerzas de la oposición y para contribuir a la gobernabilidad en el próximo sexenio.
Un pacto político inmediato, de todas las fuerzas de oposición, en los términos del COFIPE, para ir a una negociación con el régimen, daría aliento a las fuerzas opositoras y a los ciudadanos que quieren el cambio. Pero un pacto político así, no es una declaración, es estar dispuestos a comprometer el capital político de cada partido, en una negociación que obligue al régimen a sentarse en una mesa política real, porque si los partidos de oposición no están dispuestos incluso a llegar a la decisión de no participar, no tiene caso intentarlo, pues sus efectos serían contraproducentes.
De no haber ya el espacio para un pacto político o la decisión de las fuerzas políticas para ir a una confrontación real con el régimen, para negociar las condiciones mínimas de equidad y de competencia, entonces lo que queda es buscar que mediante la consolidación de diversos polos políticos haya una estrategia conjunta para evitar, al menos, que el PRI recupere la mayoría en la Cámara de Diputados y el Gobierno del Distrito Federal.
De no haber capacidad para nada de lo anterior, lo único que queda es empezar a construir, a partir de una campaña política testimonial, las bases para fundar un nuevo sistema de partidos que esté a la altura que corresponde a las aspiraciones y al nivel de desarrollo que ha alcanzado la sociedad mexicana, donde más del 60% de la población ya no quiere al PRI, pero no tiene opción política para traducir su voluntad en resultados, en cambio de gobierno y en cambios de política.
DECLARACION DE PRINCIPIOS
El Partido se funda bajo los principios políticos republicanos y democráticos que garantizan: la igualdad de derechos entre hombres y mujeres; el respeto a la vida, a la libertad y a los derechos humanos; la justicia y la equidad como afianzadores de la paz y el desarrollo; el acceso a la igualdad de oportunidades; la legitimidad del poder a partir del consentimiento de los gobernados; la elección libre de los gobernantes; la forma de gobierno que permita a los ciudadanos exigir cuentas y controlar sus excesos; el derecho de los ciudadanos a modificar la forma de gobierno cuando ya no garantiza su seguridad, su libertad, sus propiedades y sus posibilidades de mejoramiento.
Ratifica que la lucha política debe ser por medios pacíficos y por al vía democrática. Por tanto, este Partido observará en su acción los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y respetará las leyes e Instituciones que de ella emanen.
Sostiene que debemos construir una Nueva República a partir e la reconciliación nacional que permita establecer un pacto que nos garantice seguridad y estabilidad, que logre unir a la sociedad y que reconstituya las instituciones, asumiendo el compromiso sobre bases morales.
Enfatiza que la nación tendrá que ser capaz de volver a pactar un destino común, mediante un programa fundado en principios políticos republicanos y democráticos, los cuales deberán ser reforzados y ampliados permanentemente con la corresponsabilidad de los derechos y obligaciones de una "Ética ciudadana", en una sociedad abierta e incluyente.
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