Bosquejo de una política para el progreso de la población mexicana (página 2)

Las pirámides de edades de los diferentes grupos de ingreso tienen características distintas: la de la población de menores ingresos muestra una clara presencia de niños y adolescentes, mientras que en la de ingresos altos sobresalen los jóvenes y los adultos. Más aun y consecuentemente, cada una posee características demográficas y de naturaleza socioeconómica específicas. En los grupos de ingresos bajos, el número de miembros del hogar es mayor que en el de ingresos altos, lo mismo que el de menores de 12 años y el índice de dependencia; la escolaridad del jefe de familia es menor, la cobertura de seguridad social es reducida y el índice de hacinamiento es mayor. Entre veinte y veinticinco por ciento de los jefes de familia de dichos hogares de menores ingresos habla alguna lengua indígena.3

En materia educativa, se observan también retrasos y desequilibrios considerables.

A nivel nacional, alrededor del 15 % de la población mayor de 15 años es analfabeta, pero dicho porcentaje es superior entre los jóvenes y adultos de menores ingresos y entre las mujeres: El 22 % de las mujeres del grupo de edad 25 a 45 años es analfabeta, situación que afecta al 14 % de los hombres.6 El Programa Nacional de Educación resume la situación del rezago educativo en los siguientes términos:

Más de la mitad de las personas mayores de 15 años, aproximadamente 32 millones de mexicanos, tiene una escolaridad inferior a secundaria completa, a pesar de su obligatoriedad. Hay más de 44 millones mayores de 15 años que no concluyeron la educación media superior. Alrededor de un millón de niños entre 6 y 14, en su mayoría indígenas, de comunidades dispersas, hijos de jornaleros agrícolas, en situación de calle y discapacitados, no asisten a la primaria. Las tasas de repetición y deserción en secundaria son de 20.4% y 7.9%, respectivamente; sólo 47% de los jóvenes del grupo de edad de 16 a 18 años cursa la educación media superior; y 20% de los jóvenes entre 19 y 23 años asiste a una escuela de licenciatura.4

Las diferencias regionales son igualmente marcadas. El grado promedio de escolaridad de la población mayor de 15 años fue, en 2001, de 9.74 años en el Distrito Federal y de 9.03 en Nuevo León, mientras que en Chiapas y Oaxaca alcanzó, respectivamente, 5.71 y 5.96. Asimismo, mientras que 3% del grupo de edad de 19 a 23 años que habita en sectores rurales pobres y 11% del que habita en áreas urbanas pobres ingresa en el nivel superior, 45% de los jóvenes de las zonas urbanas de ingresos medios y altos se inscribe en dicho nivel. La oferta educativa de postgrado muestra un panorama semejante: el Distrito Federal, Jalisco, Puebla y México absorben más de 61% de la matrícula total y más de la mitad de los estudiantes de postgrado cursan sus estudios en la capital del país.4

La cobertura de la seguridad social muestra también el rostro de la desigualdad: casi dos tercios de los hogares del país tienen acceso a servicios de seguridad, pero sólo el 24% de la población rural recibe ese beneficio.6 El citado estudio del Banco Mundial 5 resume esa situación en estos términos:

Expenditure on programs specifically targeted to the poor now represents 1.3% of GDP compared to 0.7 % in 1990. Programs involving transfers to the poor, led by OPORTUNIDADES since it was created, grew by an average of 8.4% per year during the 90"s, and by even more -9.8% per year- after 2000. However, the most striking pattern is the rapid pace of growth of social security spending -of 35.2% per year since 1990- that is not targeted to the poor.

Y adelante, agrega:

On average, public spending appears to be much more equal than incomes, and at the margin, is becoming more equal and pro-poor, but there remain large areas of spending with very unequal incidence, and some with rising inequalities in incidence, for example ISSSTE pensions, tertiary education and IMSS benefits for active workers.

La mortalidad y la desnutrición son también significativamente mayores entre la población rural y urbana de bajos ingresos que la observada en la población de ingresos medios y altos. La mortalidad infantil estimada es 25% mayor en la población del primer grupo que la registrada en el segundo, lo mismo que la desnutrición moderada y severa, la cual alcanza en aquélla al 30% de los niños menores de 5 años, cifra substancialmente menor que la del 5% observado en las familias de ingresos altos y aun de ingreso intermedio.6

La esperanza de vida muestra las diferencias que existen en materia de morbilidad y mortalidad entre las regiones y entidades federativas. Si bien es cierto que a nivel nacional dicho indicador es de 75 años, no debe ignorarse que en los estados de mayor desarrollo (Baja California, Distrito Federal y Nuevo León), alcanza 77 años, mientras que en los de menor desarrollo (Chiapas, Oaxaca y Guerrero) la cifra es de 73.7

La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y el Consejo Nacional de Población (CONAPO) han realizado importantes trabajos de investigación sobre la pobreza en México; la primera, además, tiene a su cargo significativos programas conducentes a la reducción de dicho estado de cosas.

SEDESOL adoptó una metodología que agrupa a la población por nivel de ingreso.[i] El primer nivel, denominado Umbral de pobreza alimentaria, concentra a los hogares cuyos ingresos son inferiores para satisfacer sus necesidades de alimentación. Dicho nivel de ingresos se sitúa en 15.4 y 20.9 pesos diarios del año 2000 por persona, respectivamente, en el medio rural y urbano. En dicho año, más de 24 millones de mexicanos disponían de un ingreso menor a dichas cifras. El segundo nivel, Umbral de desarrollo de capacidades, comprendía a los hogares con ingresos menores a los requeridos para satisfacer las necesidades de alimentación, salud y educación. Los montos de ingreso fueron estimados en 18.9 y 24.7 pesos per cápita, respectivamente, para áreas rurales y urbanas. En el año de referencia, 32% de la población nacional se encontraba debajo de ese umbral mínimo. El nivel siguiente se denomina Umbral de desarrollo del patrimonio y agrupa a los hogares que no obtienen ingresos suficientes para atender sus requerimientos mínimos de alimentación, salud, educación, vestido, calzado, vivienda y transporte. El nivel de ingreso diario fue establecido en 28.1 pesos para el medio rural y en 41.8 para el urbano. 45.9 % de los hogares mexicanos se hallaban por debajo de esas cotas al finalizar el siglo XX. Dichas cifras, sin embargo, al ser promedios nacionales, esconden las profundas desigualdades existentes entre el campo y la ciudad: 34.1 % de los hogares rurales se hallaban en situación de pobreza alimentaria, contra 9.8 de los hogares urbanos; en el umbral de pobreza de capacidades las cifras eran, respectivamente, 41.4 y 16.2, y en situación de pobreza de patrimonio, 60.7 y 45.9 8 3

El CONAPO, por su parte, a partir de indicadores puntuales del tipo de los mencionados anteriormente, ha elaborado dos indicadores compuestos de alto valor expositivo: Índice de desarrollo humano e Índice de marginación.[ii]

El índice de desarrollo humano combina tres indicadores: la longevidad, medida a través de la esperanza de vida; el logro educacional, que sintetiza el grado de alfabetización y la matrícula combinada en educación básica, media y superior, y el nivel de vida, estimado a través del ingreso per cápita, expresado en unidades de paridad de poder adquisitivo en dólares americanos. Cada uno de estos componentes recibe una ponderación tal que el valor máximo del índice es 1.[iii] El grado de desarrollo humano alcanzado por un país o región se determina por la cercanía de su indicador a ese parámetro ideal.

En el año 2000, al registrar un índice de casi 0.800, México ocupó el lugar 51 en el concierto mundial; formó entre los países de desarrollo humano medio. Sin embargo, dicho valor no permite apreciar las profundas diferencias que existen entre los estados de la república: 18 entidades registraron valores que las situaron en la categoría de desarrollo medio alto (entre 0.600 y 0.799) y 14 registraron un nivel alto (igual o mayor que 0.800). De tales desigualdades hablan las cifras alcanzadas por el Distrito Federal (0.871, similar al alcanzado por Portugal y Eslovenia, países ubicados, respectivamente, en los lugares 28 y 29 de la clasificación mundial) y Chiapas, cuyo índice de 0.693 lo situó al nivel de Argelia y Vietnam, que ocuparon los lugares 100 y 101. 9

Por su parte, el índice de marginación diferencia las unidades geopolíticas de acuerdo con el impacto global de las privaciones e insuficiencias que experimenta la población. El indicador combina 9 índices simples, a saber, analfabetismo, población de 15 años y más sin educación primaria completa, población que habita, respectivamente, en viviendas sin servicio sanitario exclusivo, sin energía eléctrica, sin agua entubada, con algún nivel de hacinamiento, con piso de tierra, población ocupada con ingresos de hasta dos salarios mínimos y población que vive en localidades de menos de 5 mil habitantes.[iv] Todas estas formas de exclusión son expresadas en porcentajes, con base en información proporcionada por el XII Censo General de Población y Vivienda, 2000.

Los estados con los más bajos índices de marginación son los de mayor desarrollo relativo: Distrito Federal (-1.52944), Nuevo León (-1.39258) y Baja California (-1.26849), mientras que los que registraron los más altos índices de marginación fueron las entidades pobres del Sureste: Chiapas (2.25073), Guerrero (2.11781) y Oaxaca (2.07869). El intervalo de variación entre el Distrito Federal y Chiapas (3.7701) muestra el tamaño de la desigualdad y la magnitud del esfuerzo que esta entidad debería realizar para alcanzar la situación del primero.[v]

El tamaño de la desigualdad puede advertirse con más claridad y precisión cuando se observan comparativamente los valores de los indicadores específicos que se sintetizan en el índice de marginación.1

El porcentaje de analfabetismo es 10 veces mayor en Chiapas que en el Distrito Federal; el de la población sin primaria completa, 4 veces mayor; el de ocupantes de viviendas sin drenaje ni servicio sanitario exclusivo, 40 veces; el de ocupantes de viviendas sin energía eléctrica, 70 veces; 17 veces en el caso de viviendas sin agua entubada, 1.8 en el caso de viviendas con algún nivel de hacinamiento, 30.5 veces en viviendas con piso de tierra, 191 veces en el rubro de porcentaje de población que vive en comunidades de menos de 5 mil habitantes y 1.8 veces mayor en el porcentaje de población que recibe ingresos de hasta dos salarios mínimos.

Estos datos constituyen evidencia palpable de las profundas diferencias que muestra el mapa del desarrollo y el bienestar de la población mexicana.

El escenario descrito en las páginas anteriores no es inocuo. Es inaceptable por diferentes y válidas razones. Por principio, constituye una expresión de la injusticia social que priva en un país cuya constitución política y los gobiernos surgidos a su amparo han preconizado la igualdad de oportunidades para todos los mexicanos, sin más razón que la de ser miembros de esta nación. Constituye por esto último y para decirlo en términos suaves, una muestra de insuficiente pericia en el diseño de políticas y programas de gobierno eficaces y de incapacidad para concertar las fuerzas sociales y los recursos de la nación en beneficio de las grandes masas de la población.

En México ha habido crecimiento económico; no puede negarse. Más aún: ha habido desarrollo. Pero éste ha sido excluyente. Ha marginado a millones de compatriotas del disfrute de los satisfactores mínimos para vivir una vida digna. Se les ha hurtado el acceso a la educación suficiente y de buena calidad, a los servicios médicos completos, oportunos y de buena calidad, a la seguridad social, a la alimentación sana y balanceada, y a la vivienda confortable y los servicios que la hacen habitable, como el agua potable, los servicios sanitarios y la energía eléctrica.

Nadie que carezca de dichos satisfactores puede convertirse en agente de su propio desarrollo, mucho menos del de su hogar, su comunidad o su país. Se le priva de los instrumentos indispensables para ello. Una alimentación deficiente merma el desarrollo físico y la capacidad para el trabajo. Los niños que, en virtud de las carencias del hogar, no disponen de los bienes y servicios indispensables para su desarrollo son, generalmente, estudiantes de bajo rendimiento escolar. A dicha situación se suma el eventual abandono de la escuela cuando deben contribuir con su trabajo al ingreso familiar.

Una mujer mal alimentada difícilmente podría alumbrar niños sanos y robustos, resistentes a las enfermedades, porque éstos, ya desde el vientre materno, cargan con deficiencias congénitas que lastrarán los esfuerzos que realicen para desarrollar su cuerpo y su capacidad intelectual. Dicho estado de cosas se ve agravado cuando la madre no produce leche suficiente y de buena calidad para alimentarlos. 

La carencia de escuelas suficientes y de buena calidad actúa contra las posibilidades de desarrollar las competencias indispensables para el perfeccionamiento humano y para el desempeño de una ocupación remunerada que genere los necesarios ingresos para satisfacer las necesidades básicas. Sin educación adecuada es casi imposible adquirir las tecnologías productivas que demanda la economía moderna. Educación adecuada, hay que precisarlo, significa que el servicio exista, se preste con regularidad y que sea de calidad satisfactoria. De poco ayuda que el plantel esté, pero que los maestros se ausenten con frecuencia, o que asistan con regularidad, pero que no dispongan de los materiales escolares que hacen del aprendizaje una aventura atractiva y exitosa.

Las consecuencias de la marginación que se comentan trascienden la esfera de lo individual y de lo familiar y se proyectan a la esfera de la cosa pública. La pobreza, cuando conlleva ignorancia, sobre todo de los derechos que las leyes consagran para el individuo, y reduce la existencia cotidiana a la búsqueda de la mera subsistencia, limita, a veces drásticamente, el interés y la capacidad para participar, con conocimiento y empatía, en las cosas de la vida pública. En esas circunstancias, las decisiones que atañen a todos son tomadas por unos pocos, precisamente por los que han tenido acceso a los bienes y servicios que a los pobres les han sido negados.

En suma: la pobreza actúa contra la democracia. Es en el seno de las regiones atrasadas del país donde se viven y prosperan las manifestaciones más características del subdesarrollo político, como el caciquismo y el autoritarismo, la violación del estado de derecho y la impunidad. Y también donde la intolerancia, en sus diversas formas, sienta sus reales. Acteal, en el estado de Chiapas, y Aguas Blancas, en el de Guerrero, dan cuenta de ello.[vi]

La pobreza es también fuente de frustraciones. El individuo pobre y marginado se siente desencantado, desilusionado, porque la sociedad a la que pertenece le niega un lugar en su seno y el disfrute de los bienes y servicios que aquélla genera y posee. Tal decepción aísla a la persona, la desmotiva para la solidaridad social y, no pocas veces, constituye caldo de cultivo para la adopción de conductas delictivas. 10

La pobreza y la marginación, que han sido una constante de México a lo largo de su vida independiente, perviven en nuestros días extensa y profundamente. Y lo más grave es que se reproducen a sí mismas. Como hidras de tentáculos múltiples y poderosos, atrapan al individuo y le impiden desarrollar las capacidades indispensables para conseguir su perfeccionamiento pleno; es decir, lo limitan en su derecho de cultivar las potencialidades personales y de aprovechar los recursos de que la sociedad dispone para vivir una vida digna. En otras palabras, para lograr un desarrollo humano amplio y gratificante.

En razón de lo expuesto, puede afirmarse que una de las tareas inaplazables de México es diseñar y desarrollar políticas y programas que, en el corto plazo, mejoren substancialmente los niveles de vida de los millones de mexicanos que se debaten en la pobreza y la marginación, y, en un horizonte más lejano, los habiliten para alcanzar, mediante su esfuerzo, un desarrollo humano pleno. En las páginas que siguen se describen los elementos de una estrategia de desarrollo político, económico y social que coadyuvaría a lograr tal propósito.

2. Los grandes parámetros del desarrollo futuro de México

Sin duda, el desarrollo futuro de nuestro país será modelado por la acción simultánea de un sinnúmero de factores, internos algunos, externos los demás. De la forma como se articulen, y de la manera como se les aproveche, dependerá cómo será México en los próximos años. Es posible agrupar los parámetros determinantes de tal proceso en tres grandes conceptos, a saber, a) La globalización de la economía y de las relaciones entre los países, b) la demografía mexicana y c) las fortalezas y debilidades del tejido político, social, cultural y político de nuestro país.

2.1 La globalización.

Tal como la conocemos, la globalización es un fenómeno reciente. Se la define como una creciente e ininterrumpida interconexión entre las economías nacionales que toma cuerpo en flujos amplios e intensos de personas, servicios, capitales, materias primas y productos industriales.11 12 A pesar de que, o quizá por eso, ha modelado profundamente el sistema de relaciones entre los países, se la juzga con criterios contrapuestos e irreconciliables, desde los que le atribuyen el despegue y florecimiento del comercio mundial y el incremento de los niveles de vida de los pueblos hasta los que la hacen responsables de la pobreza y marginación en que viven millones de personas en todos los países del mundo, incluidos los desarrollados. Lo cierto es que las dos posiciones tienen razón. La globalización ha beneficiado a muchos, como ha perjudicado a muchos también.

La explicación de que algunos formen entre los beneficiados y otros entre los excluidos debe ser buscada en la forma como cada país y grupos de personas dentro de una nación han sorteado las dificultades que tal proceso presenta a quienes se aventuran en sus aguas.

Hay dos formas de incorporarse con éxito al mundo del comercio internacional: utilizando tecnologías de punta o bien tecnologías intensivas en mano de obra barata. Las primeras se sustentan en conocimiento nuevo. Son las propias de las economías avanzadas, cuyos trabajadores están altamente capacitados y son muy productivos, lo que les procura sueldos altos, de los más altos del mundo. Estados Unidos, Japón y algunos países europeos dominan este mecanismo de inserción en los circuitos comerciales mundiales. La habilidad de su fuerza de trabajo y la eficiencia de sus instituciones los hacen altamente competitivos.

Otras naciones han logrado competitividad utilizando tecnologías ampliamente difundidas y de fácil obtención; obsoletas, podría decirse, sin gran margen de error. Pero han superado la desventaja que tal hecho supone por el camino de los bajos salarios. Logran competitividad produciendo, a costos bajos, artículos industriales de vasta demanda mundial. Forman aquí China e India, cuya mano de obra barata los hace imbatibles en la producción de bienes que requieren tareas rutinarias.

Son ambos tipos de países los que se han beneficiado mayormente de los nichos de oportunidad que ofrece la globalización.

Si cabe hablar de perdedores, hay que buscarlos entre los países de medianos ingresos y entre las clases medias de las naciones desarrolladas. Garret13 lo expresa en estos términos:

Los países más opulentos del mundo se han vuelto más ricos en las últimas décadas debido a los espectaculares adelantos en la tecnología, y la tasa de avance económico se ha hecho aún más rápida en las dinamos industriales entre los países más pobres del mundo. Prensados entre estas dos historias de éxito, los países de en medio apenas pueden seguir caminando.

Ahí reside la dificultad de los países de ingresos medios, como México, para encontrar un nicho redituable en los mercados internacionales. Carentes de tecnologías de alta productividad, desprovistos de mano de obra de elevada calificación e imposibilitados para reducir los salarios de sus obreros a los niveles observados en países pobres, ven con impotencia y desesperación que los jugosos beneficios anunciados por los panegiristas de la globalización toman cuerpo en resultados magros o se vuelven inalcanzables.

Garrett13 se pregunta:

¿Por qué la globalización ha sido decepcionante para los países de en medio? La respuesta parece ser que no han encontrado un nicho en los mercados mundiales: han sido incapaces de competir con mercados con alto valor agregado y dominados por economías acaudaladas, porque sus fuerzas de trabajo no tienen las destrezas requeridas y sus sistemas legales y bancarios no son lo suficientemente avanzados. En consecuencia, no tienen otra opción que tratar de competir con China y otras economías de bajo ingreso en los mercados, por productos estandarizados hechos con tecnologías de fácil acceso y relativamente viejas. Pero, debido a los mayores salarios, las naciones de ingresos medios están condenadas a perder la batalla.

Sin embargo, hay muchos otros factores que se conjugan con aquéllos para explicar la incapacidad de los países de ingresos medios para encontrar un nicho económico propio. Entre ellos: la incapacidad de los gobiernos, la corrupción imperante, en especial la vinculada con el crimen organizado, la escasez de empresarios de gran visión,14 deficientes sistemas de transporte y comunicación, complicados mecanismos burocráticos para abrir empresas y comerciar con el exterior, cerramiento de las fronteras de los socios comerciales, la inseguridad, la ingobernabilidad y la convulsión social y política.15

México cuenta con muchas ventajas para incursionar con éxito en los circuitos comerciales mundiales. Su vecindad con el mercado norteamericano; el tratado comercial con ese país y con Canadá; un sistema educativo completo, razonablemente integrado y de cobertura nacional; experiencia en el comercio exterior; recursos naturales estratégicos, como el petróleo; paz social; mecanismos para la negociación política interna de las diferencias propias de un país complejo como éste y un creciente sentimiento de que debe hacerse un esfuerzo amplio y concertado con el exterior, especialmente con Estados Unidos de América, para llevar al país a nuevos y superiores niveles de desarrollo.16 [vii] Sin embargo, y a pesar de esto, es posible que algunos de los factores que explican la insatisfactoria incorporación de México en los mercados mundiales se encuentren en la lista mencionada en el párrafo anterior.

Como en otras partes del mundo, las percepciones en México sobre el significado de la globalización muestran matices diversos, no pocas veces contrapuestos. Salinas,17 por ejemplo, afirma lo siguiente:

Tienen razón los críticos de la globalización que promueven los fundamentalistas del mercado: sus excesos esconden privilegios para unos cuantos. La globalización es inevitable, pero no sus perversiones. Además, sus aspectos importantes son indispensables, como la apertura de mercados o la disponibilidad de recursos financieros. La solución no está en la vuelta al pasado populista, sino en una globalización que regule el mercado y fortalezca a la sociedad civil organizada.

Y al analizar los resultados de TLCAN, afirma que, con su implementación, México se benefició de diversas maneras, como las siguientes: aumentó el comercio exterior no sólo con sus socios del tratado sino también con otras economías tanto desarrolladas como en vías de desarrollo, mejoró la competitividad de la planta productiva nacional, estimuló significativamente la inversión extranjera directa, vigorizó la sindicalización, sobre todo en el sector industrial, promovió el desarrollo regional, estimuló la creación de pequeñas y medianas empresas y fortaleció los conductos institucionales de negociación con Estado Unidos. A su juicio, potenció, especialmente, el intercambio comercial con este país. En sus palabras:

Sólo en términos de comercio, las cifras y el tipo de productos que cruzan las fronteras silenciaron a los críticos y sorprendieron a los partidarios. En 1993, el último año sin TLCAN, el comercio exterior de México (exportaciones más importaciones) ascendía a 88000 millones de dólares. En 2002 llegó a casi 350000 millones de dólares. Mientras en 1993 el comercio exterior de México representaba 22% del PIB, en 2003 llegó a 53%. Ello porque, con la entrada en vigor del TLCAN, el comercio entre México y Estados Unidos casi se triplicó y con Canadá más que se duplicó. Dos años después de iniciado el tratado, las ventas al exterior de México ya duplicaban a las de Brasil. Poco después, México había superado a Japón como el segundo mercado de exportación hacia Estados Unidos y ahora representa 11.5% de todas las importaciones estadounidenses. Antes del TLCAN, México mantenía un déficit comercial con Estados Unidos; a partir del tratado ha obtenido un saldo comercial a su favor, y en 2002 el superávit fue superior a 40000 millones de dólares. También se dieron cambios en la estructura del comercio exterior de México: dejó de estar dominado por el petróleo. Antes del TLCAN, el hidrocarburo representaba la cuarta parte de las exportaciones. Ahora representa menos de la décima parte del total, pues se exportan equipos de alta tecnología así como bienes de consumo en forma masiva; entre ellos, 25 millones de televisores y más de un millón de automóviles, lo que nos ha convertido en el sexto productor mundial de automóviles.

Una diferencia con respecto de esta percepción, al menos por lo que hace al supuesto desarrollo regional, se observa en el citado documento de Aspe16 sobre la construcción de una comunidad de América del Norte: 

El desarrollo de México no ha logrado evitar profundas disparidades entre diferentes regiones del país, en particular entre zonas remotas y las que están mejor conectadas con mercados internacionales. Los estados del norte han crecido a un ritmo 10 veces mayor que los del centro y el sur del país. La falta de oportunidades económicas alienta la inmigración no autorizada y se ha descubierto que está vinculada con la corrupción, el narcotráfico, la violencia y el sufrimiento humano. Las mejoras en capital humano e infraestructura física en México, en particular en el centro y el sur del país, ligarían más estrechamente a esas regiones con la economía de América del Norte y son del interés de las economías y la seguridad trinacionales.

Hargrove,18 si bien reconoce que el comercio entre los tres países se extendió notablemente bajo el paraguas del Tratado, más significativamente para Canadá y México, niega en cambio que dicho instrumento haya tenido efectos espectaculares sobre el empleo y el crecimiento económico de ninguno de los socios contratantes. Ninguno, a su entender, ha tenido un crecimiento más importante que el observado antes del tratado, ni, por lo que hace a México, ha sido mayor que el registrado por otros países de América Latina. Respecto del empleo orientado a las exportaciones, afirma que, a finales de los noventa, creció pero en la zona fronteriza, donde se asientan las maquiladoras, además de que fue de escasa importancia relativa dado el tamaño de la masa laboral del país. Más aún, en 2001, ante la reducción de las exportaciones a Estados Unidos y la emigración de los gastos de inversión de las empresas multinacionales a China y otros países asiáticos, el empleo creado por la producción para la exportación empezó a declinar. Este párrafo resume su posición:

Para México, la desaceleración en las ventas al mercado estadounidense, y el observable crecimiento de China y otras zonas de bajísimos costos para la inversión extranjera, han sacado a la luz los límites de la estrategia de desarrollo continentalista y dirigida por las exportaciones. Los beneficios a cuentagotas de la inversión extranjera hacia el interior, atraídos por un clima de inversión estable y de bajo costo de la mano de obra, nunca fueron generalizados en México, y hoy el dinamismo básico del modelo orientado a las exportaciones comienza a flaquear. Ello incrementará la presión dentro de México para considerar estrategias de desarrollo más amplias, diversificadas y de mayores beneficios sociales respecto a la manufactura orientada a las exportaciones y más dependientes de la mano de obra. En Canadá, por su parte, tanto la aguda contracción de las industrias tradicionales de valor agregado (como la automovilística y la aeroespacial), y el más notable colapso de las industrias de alta tecnología tras la liquidación de las empresas ciberelectrónicas, pusieron de relieve la incapacidad del libre comercio continental de encarar la tradicional incapacidad estructural de Canadá.

Prestowitz19se expresa en términos similares. Después de afirmar que, en varios sentidos, el TLCAN cumplió las expectativas que había despertado, asevera lo siguiente:

…un análisis crudo de la situación actual indica que la globalización no sirve a los intereses mexicanos y que México está perdiendo terreno en las apuestas económicas globales y que su democracia parece empantanarse cada vez más.

Para Andere,20el crecimiento del comercio exterior y de la inversión extranjera, impulsados por las apertura comercial, no son sostenibles en el largo plazo, a juzgar por lo que, en los años recientes, indican los datos sobre dichas variables. México, en su opinión, ha sufrido grandes desaceleraciones en ambos renglones, a pesar de la apertura comercial y los tratados en la materia signados con varios países, lo que lo lleva a afirmar que, además de tales medidas, se requiere del concurso de otros factores, destacadamente el conocimiento, el que asimila con acervo de capital humano, científico y tecnológico. Escribe:

Por muy desarrollados que estén los regímenes de comercio e inversión internacionales, las condiciones de su estabilidad o avance dependen muchísimo de consideraciones internas, como el grado de preparación académica de su población. El éxito de México en los noventa no se repetirá, a menos que las condiciones del actual nivel educativo de los mexicanos cambien radicalmente.

El incumplimiento de las expectativas del libre comercio está haciendo surgir sentimientos contrarios a la globalización. La recesión en los países desarrollados ha provocado actitudes proteccionistas y en algunos países del Sur se escuchan voces teñidas de populismo.17 Sin embargo, aun cuando fuera posible desandar el camino recorrido, para algunos es poco probable que la vuelta al proteccionismo pudiera conllevar algún beneficio.13

El ya citado estudio de National Intelligence Council11 sostiene que la globalización será, al menos hasta el año 2020, una fuerza tan ubicua y determinante que modelará substancialmente el carácter del mundo. Entre los rasgos dominantes de dicho proceso en los próximos quince años figuran los siguientes: la globalización es irreversible, aunque lucirá menos occidentalizada; la economía será substancialmente más grande que ahora; el número de compañías transnacionales aumentará con la inclusión de algunas grandes empresas de países emergentes; aumentará la importancia en la economía mundial tanto de algunos países asiáticos como de otros de carácter intermedio, y Estados Unidos se mantendrá como el país más poderoso económica, tecnológica y militarmente.

Este país influenciará en tal grado el camino que tanto los otros estados como el resto de los actores mundiales decidan seguir, que desempeñará un muy importante papel en la configuración del mundo.

La emergencia de China e India entre las potencias mundiales desempeñará también un influyente protagonismo en la recomposición del panorama internacional. El tamaño de su población, el crecimiento económico actual y esperado y su creciente capacidad militar estarán en la base de dicha importancia. Con la excepción del de los Estados Unidos, el producto interno bruto de China excederá el de todos los países occidentales considerados individualmente, y otro tanto hará India con respecto de los países europeos. Además, el mercado interno de los dos gigantes asiáticos ascenderá a 2 400 millones de personas, cuyo poder de compra será para entonces substancialmente mayor que el actual. Lo que no está claro es la forma como dichos países pudieran utilizar ese poder ni las alianzas que decidan establecer tanto entre ellos como con otras economías mundiales.

Brasil podrá sobrepasar económicamente a los países europeos e Indonesia podría llevar su economía hasta el nivel de dichos países.

El lugar de la Unión Europea en el concierto mundial será más importante que en la actualidad. Sustentará su posición en el tamaño y unidad de su mercado, la calidad de su mano de obra, la moneda única y la estabilidad política, fruto de su enraizada democracia. Sin embargo, el envejecimiento de la población y la consecuente contracción de su fuerza de trabajo tendrán severas consecuencias de orden político, económico y social en dichas naciones. El recurso a la inmigración, con todo lo que ello conlleva, según lo muestran las recientes experiencias vividas ya por algunos de dichos países, será un expediente que deberán analizar cuidadosamente. Japón enfrenta un problema semejante de envejecimiento que influenciará profundamente el perfil de su economía, así como la redefinición de su vinculación con sus vecinos y socios.

De acuerdo con el estudio citado, para el año 2020, la economía mundial habrá aumentado en 80% y en 50% el ingreso per cápita medio. Todos los países saldrán beneficiados con dicho crecimiento, pero las ganancias mayores serán para las naciones y grupos que posean y utilicen las nuevas tecnologías. En virtud de las ya mencionadas características de los grandes países asiáticos, a saber, mercados amplios y de creciente poder de compra, empresas de clase mundial, y acceso, creación y utilización de nueva tecnología, Asia no sólo se beneficiará significativamente del crecido producto mundial sino que se convertirá en importante centro impulsor de la economía internacional.

La clave del éxito para beneficiarse del crecimiento económico mundial, debe destacarse, radica en el esfuerzo que cada nación realice para educar a su población, capacitar a su fuerza de trabajo y adquirir o producir el conocimiento científico y la tecnología necesarios para sustentar los procesos productivos internos. Quien no atienda tal lección, se verá apartado del reparto del producto mundial, con las consecuentes repercusiones en término de pobreza y marginación. Andere lo dice con gran precisión:20

México y los otro cuatro países de América Latina estudiados enfrentan varios peligros: corren el riesgo de perder competitividad, de rezagarse aún más del resto del mundo competitivo, de quedarse siempre en la antesala, entre los menos desarrollados y los más industrializados, y, lo que es peor aún, el riesgo de cruzar el umbral en la dirección equivocada. Con todos estos obstáculos, nunca dejaremos atrás la pobreza; no la superaremos. Podremos aliviarla, instrumentar medidas de caridad para atenderla y aliviar sus signos más dolorosos, pero si no atendemos las condiciones básicas de productividad y competitividad, en realidad estaremos, en el mediano o largo plazo, aumentado la pobreza. Al perder productividad y competitividad, más personas engrosarán el número de los pobres. Y seremos más pobres como país. Quizá no caeremos en la pobreza extrema, pero sí seremos más pobres.

La tarea está claramente perfilada: no basta con la apertura comercial. Si hemos de alcanzar un estadio superior de desarrollo, que provea de empleos dignos y bien remunerados a la mayoría de los mexicanos y coadyuve a su desarrollo humano, México debe comprometerse en una profunda cruzada educativa, sistemática, de largo plazo, con objetivos y metas claros, y en un decidido programa de investigación y desarrollo.

2.2 La demografía mexicana

Las características demográficas futuras de México determinarán en forma muy importante el perfil de los planes y programas de desarrollo que diseñe el Estado mexicano para resolver los desafíos que presentan tanto los déficit descritos en las páginas anteriores como las demandas adicionales que surjan de los cambios demográficos que en los próximos años sobrevengan en el cuerpo demográfico del país. Entre esas características se encuentran el tamaño y la estructura de la población, el ritmo de crecimiento, la distribución de la gente en el territorio nacional y el saldo neto de la migración internacional.

Un punto de referencia para estimar grosso modo las magnitudes y naturaleza de tales demandas lo constituyen las proyecciones de población. Se ha seleccionado aquí la proyección baja del CONAPO toda vez que este organismo la considera la más probable en virtud de que las hipótesis sobre el comportamiento posible de las variables mortalidad, fecundidad y migración internacional, que la sustentan, parecen ser las más factibles.[viii] 21

De acuerdo con este ejercicio, la población total aumentaría 29 millones entre 2000 y 2050.[ix] La tasa global de fecundidad alcanzaría su nivel de reemplazo en 2005 y se estabilizaría en 2030 en un nivel de 1.85 hijos por mujer, la natalidad se reduciría a la mitad, al pasar de 21.1 a 11.0 nacimientos por cada mil habitantes, la mortalidad aumentaría y pasaría de 4.5 a 10.4 defunciones al millar, y la tasa neta de migración internacional pasaría de -0.39 a -0.23. Consecuentemente, las tasas de crecimiento natural y total serían, en 2050, 0.06 y -0.17 por ciento, respectivamente. El saldo migratorio neto sería negativo y se mantendría en niveles superiores a 300 mil personas, mientras que la esperanza de vida total llegaría a los 81.3 años, con ganancias prácticamente iguales para hombres que mujeres, aunque la de las primeras sería de 83.6 y la de los hombres 79.0. Hacia el año 2044, por primera vez desde la Revolución Mexicana, la población total empezaría a decrecer con respecto de sus niveles del año anterior, al exceder la suma de las defunciones y la migración neta a los nacimientos.21

Entre los años 2005 y 2025, los grupos de edad 0-4, 5-11, 12-14, 15-19 y 20-24 que, respectivamente, corresponden a los niveles educativos inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior, invariablemente muestran reducciones importantes, tanto en términos relativos como absolutos, situación que se mantiene a lo largo del período de proyección. Esto deberá disminuir, entre otros conceptos, la demanda de nuevos servicios en materia educativa, de salud y de alimentación, y permitirá, de existir, destinar recursos a mejorar dichos servicios y demandas y atender los rezagos.

Contrariamente, el grupo poblacional de 25 y más años de edad experimentará un crecimiento muy significativo: 26.5 millones en los veinte años del período, y su peso relativo pasará de 49.85% a 63.91%. Se estará ante una población madura, ya que el índice de dependencia infantil se reducirá al tiempo que la población en edad de trabajar alcanzará las más altas cotas de la historia demográfica del país. En efecto, dicha tasa de dependencia, que se estima en 0.49 en el año 2005, disminuirá a 0.32 en el año 2025, situación que, teóricamente, debe traducirse en un aumento de la capacidad de ahorro de las familias, en la medida que el número de menores que deberán ser sostenidos por un adulto será muy bajo.[x]

Esto se puede apreciar con más claridad al observar el grupo de edad 15-59, que engloba a las personas en edad de trabajar. En 2025, dicho segmento representará 63.82% de la población total, es decir, que de cada tres mexicanos casi dos estarán en edad de producir; 79 millones de personas en números redondos. A tal estado de la población de un país suele dársele un nombre pleno de promesas: bono demográfico y ventana de oportunidad. Se considera que al llegar a dicho estado, una sociedad tiene un activo muy poderoso para proveer a su desarrollo, una etapa que sólo se presenta una vez en la vida de una nación, hasta donde la experiencia internacional permite deducir.[xi]

Debe destacarse el comportamiento que mostrará el grupo de 65 y más años de edad. En sólo veinte años aumentará en 10 millones, al pasar de 8 a 18 millones entre 2005 y 2025. En consecuencia, el índice de dependencia de la población envejecida aumentará significativamente: pasará de 0.07 a 0.14 en dicho período. En el año 2050, la cifra se elevará hasta 36 millones y representará 27.7% de la población total.

Las magnitudes que alcanzarán las poblaciones en edad de trabajar y de adultos mayores deben mirarse con cuidado. La del primer grupo ejercerá una presión muy fuerte en educación media y superior y capacitación para el trabajo, empleos, vivienda y servicios municipales, para mencionar los más notables. Por su parte, la población de la tercera edad demandará servicios médicos, seguridad social y pagos de retiro y jubilación en una dimensión nunca vista.

¿Cómo responderá el sistema político mexicano a tal estado de cosas? Desde luego que es de dudarse que pueda hacerlo satisfactoriamente mediante los expedientes puestos en juego hasta ahora. Los rezagos de todo tipo descritos en la primera sección proporcionan sustento a esta hipótesis. Más aún, de sostener el modelo, no es difícil suponer escenarios donde el desempleo, la desigualdad de ingresos, la pobreza, la desnutrición, el abandono masivo y desordenado del campo y el hacinamiento correspondiente en las ciudades, la presión sobre la frontera con Estados Unidos y el apremio para ingresar ilegalmente a ese país, la violencia en todos sus tipos y el deterioro de las urbes constituirán imágenes repetidas, pero en mayores dimensiones, de las vistas hasta ahora.[xii]

Es evidente que, entre las políticas que deberán ser puestas en operación para superar dichos escenarios figuran, de manera destacada, la de inversión en proyectos productivos altamente generadores de valor agregado y programas educativos que pongan a la población en posesión de conocimientos y tecnologías de alta productividad, los necesarios para obtener y conservar un puesto importante en los circuitos comerciales mundiales.

2.3 Las debilidades del tejido político, social y cultural de nuestro país.

Figura, de manera destacada, entre las debilidades que lastran el progreso de México, el subdesarrollo[xiii] político del país. Dicho estado toma cuerpo en diferentes comportamientos de los agentes -personas e instituciones- que actúan en la cosa pública.

Uno de ellos es la negativa del Estado mexicano a establecer la reelección inmediata de personas en puestos de elección popular. Lema de campaña de Francisco I. Madero en su lucha por democratizar el país, más tarde escudo contra la entronización de individuos en los puestos públicos, el casi centenario lema No reelección muestra hoy, a la vez, sus fisuras e inconveniencias.

Fisuras, porque no ha sido óbice para que algunos profesionales de la política hayan alternado su presencia, en períodos inmediatos, entre las cámaras de diputados y la de senadores,22 23 presidencias municipales y gubernaturas, y aun la presidencia de la república, en una sujeción a la disposición normativa que respeta la regla en la forma pero no en el fondo.

Más graves para el país han sido las pérdidas que tal práctica le han procurado. Durante casi un siglo, México se ha visto privado, por ejemplo, de contar con verdaderos profesionales del quehacer legislativo.22 Muchos miles de los también miles de representantes populares que han pasado por las 32 cámaras locales y las dos nacionales sólo ocuparon una curul o un escaño una vez en su vida.[xiv] Al no repetir, el país ha desaprovechado los conocimientos parlamentarios obtenidos por esos legisladores de una vez, conocimientos cuya obtención, en su momento, demandó esfuerzo, tiempo y dinero, ciclo que ha debido relanzarse cada tres o cada seis años, según la cámara de que se trate, con las pérdidas que ello trae consigo, de nuevo en término de etapas de aprendizaje y todo lo demás.[xv]

Las precauciones tomadas para evitar la entronización de personas en los puestos públicos salvaron, aunque sólo parcialmente, al país de tal fantasma, pero lo entregaron en manos de otros tan graves como el que pretendían evadir. Viciaron los procesos de selección de candidatos y trastocaron las líneas de lealtad. Designados candidatos para un puesto de elección popular, no por los electores populares sino por un gran elector, la primera parte del lema maderista, Sufragio efectivo, resultó burlado de origen. Los votantes no eligen candidatos sino legitiman o formalizan con su voto decisiones tomadas por los varones del poder. [xvi]

Si el representante popular sabe que no puede repetir en el puesto, porque hay una restricción formal, y que la posibilidad de ocupar una posición similar depende de un gran elector, es explicable que deposite sus lealtades en los centros de donde irradia el poder. [xvii] 24

Ambas prácticas -la prohibición de la reelección inmediata y los antidemocráticos mecanismos de selección de candidatos- conspiran contra el interés nacional, de múltiples formas; por ejemplo, como ha quedado dicho, impidiendo la formación de verdaderos profesionales de la política, versados mediante el estudio y la experiencia en alguno de los campos a donde sólo se puede arribar mediante procesos electorales, y desvirtuando el sistema de lealtades, que desplaza al interés popular de la posición de privilegio que le corresponde por razón natural. [xviii]

Es claro también que un sistema como el descrito fomenta y supone complicidades que de muchas maneras atentan contra la sana marcha de la cosa pública. ¿Cómo concebir, por ejemplo, que un órgano legislativo realice un examen imparcial, sujeto tan sólo a las disposiciones establecidas por las normas pertinentes, de la cuenta pública de un gobernador, cuando su llegada a la curul obedeció a una decisión personal de éste?

Además, muchos asuntos que implican largos períodos de maduración son tratados descuidadamente o, de plano, son dejados de lado, porque el corto período que dura una legislatura no le permite al representante popular conocerlos a fondo y luchar por ellos, situación que se complica cuando el personaje en cuestión dedica su tiempo a obtener del gran elector el beneficio de una nueva selección para otro puesto de elección popular. Esa forma de hacer carrera política es la causa de la obsecuencia hacia el superior jerárquico, la tan presumida disciplina de la que algunos políticos hacen motivo de orgullo, y, consecuentemente, de la falta de independencia de criterio y de decisión que en momentos en que se discuten asuntos de gran importancia para el país o la entidad federativa, si es el caso, resulta tan necesaria. La reelección de diputados y senadores por electores libres que no atendieran a más criterio que la rectitud y responsabilidad del candidato llevaría a las cámaras a las mujeres y a los hombres más capaces, revertiría el orden de las lealtades, contribuiría a formar políticos independientes y fortalecería el derecho de ser políticos de tiempo completo de muchos que piensan que en dicha actividad está su vocación.[xix]

Si bien en los párrafos precedentes se ha hecho énfasis en diputados y senadores, la argumentación es válida para los restantes puestos de elección popular, tales como las presidencias municipales, las gubernaturas y la misma presidencia de la república. La geografía mexicana esta sembrada de proyectos truncos porque quien los impulsó no dispuso de tiempo para terminarlos, y porque quien lo sucedió, no quiso concluirlos, tal vez porque no los entendió o porque no fueron de su invención. La reelección daría a los servidores electos por el voto de la población los necesarios períodos de gobierno para concluirlos.

Las reflexiones anteriores conducen a una conclusión clara, evidente: La no-reelección es una práctica premoderna que priva al país de profesionales de la política verdaderamente capacitados para la gestión pública. Es necesario que se establezca la reelección inmediata en todos los puestos de elección popular, sin excepción, esto es, presidencia de la república, gubernaturas, presidencias municipales, diputaciones y senadurías, y que los interesados en hacer carrera en la función gubernativa y representativa consigan permanecer en los puestos mediante el reconocimiento que de su trabajo hagan, con su voto, los electores populares.[xx] [xxi]

Forman también en el rubro del subdesarrollo político del país el centralismo, el abandono de las regiones y la debilidad de las haciendas públicas estatales y municipales. A pesar del discurso político y del generalizado y creciente clamor por la descentralización de la función pública, el centralismo no rinde sus banderas. Sus expresiones más conspicuas son la orquestación del presupuesto anual de ingresos y egresos y la existencia de las delegaciones. El primero acusa la preponderancia del gobierno federal en la recolección de los ingresos fiscales y su asignación, y lo segundo, la resistencia del poder central a dejar de administrar directamente una gran cantidad de asuntos. El Plan Nacional de Desarrollo es muy claro en este punto: 2

El Gobierno Federal desempeña todavía funciones que pueden ser directamente asumidas por los gobiernos de entidades federativas y municipios. La promoción del interés público muestra ineficiencias derivadas del hecho de que el país no ha sabido aprovechar potencialidades de la acción gubernamental, mismas que podrían capitalizarse mediante una redefinición de competencias que asignase mayores atribuciones y responsabilidades a entidades federativas y municipios. Además, las autoridades gubernamentales de estos espacios geopolíticos han visto afectados los recursos de que disponen para potenciar su desarrollo económico, social y político. La capacidad de las instancias locales de gobierno para, por sí mismas, recaudar y generar recursos, se ha limitado desde el centro.

La toma de decisiones sobre el destino y aplicación de recursos está todavía acotada de manera desproporcionada por los poderes federales. El esquema de equidad en el acceso de los mexicanos tanto a oportunidades como a niveles de vida sigue siendo preocupantemente inequitativo y está profundamente determinado por la simple circunstancia de la entidad federativa en la que se radica.

En el último lustro se avanzó en la descentralización de las políticas de educación, salud, infraestructura social, al tiempo que se introdujeron cambios en el sistema de transferencias no condicionadas y se crearon las transferencias condicionadas vía el Ramo 33. La mayor debilidad de este proceso es que se trató de una descentralización concebida y ejecutada desde el centro con escasa participación de estados y municipios y generalmente se limitó sólo a la transferencia de recursos, sin tomar en cuenta de manera suficiente aspectos de adaptación regional o de aseguramiento del impacto deseado.

Las delegaciones constituyen el disfraz del centralismo. Se las creó para acercar el gobierno federal a la provincia, lo que no es en su base otra cosa que dispensar a la gente de la carga que implicaba trasladarse a la ciudad de México a realizar trámites sobre asuntos que ocurren en su lugar de residencia. Si bien es cierto que ello significó un ahorro para el interesado, también lo es que, con frecuencia, dichas oficinas se convirtieron en meras ventanillas de trámites, ya que las decisiones finales, generalmente, se continúan tomando en la capital del país.

Las delegaciones cuestan a los contribuyentes en pago de nómina, renta de inmuebles, compra y mantenimiento de vehículos y gasto corriente. Además, formalmente, están substraídas del control de la autoridad local. Sus integrantes trabajan en una entidad, pero su centro de mando está en otra parte. Son fuente de gasto que debería evitarse, más cuando se sabe que los gobiernos locales disponen de estructuras semejantes que tratan de las mismas materias que aquéllas. La distancia que separa el lugar de la ocurrencia de los hechos de las autoridades centrales actúa en contra de la posibilidad de tomar un conocimiento directo de los problemas, del contexto en que ocurren y de las mejores alternativas de solución. 26

Por otra parte, como sucede seguido, los delegados y los funcionarios a sus órdenes no poseen la fuerza de gestión suficiente para acelerar en las oficinas centrales el trámite de las cosas. Son también víctimas del centralismo, ya que deben gestionar las cosas a través de una única oficina de partes, desde la que se distribuyen los asuntos en la extensa y compleja maraña burocrática de la casa principal, se les da seguimiento y se recaba la solución.

El insumo de tiempo suele ser considerable, con el retraso que ello conlleva y la consecuente lesión de los intereses de los afectados. Si bien este esquema de funcionamiento fue en su tiempo una mejoría con respecto de la situación de absoluto centralismo anterior, ya no es funcional. En aras de la eficiencia y la oportunidad, de la racionalidad de la administración pública, la descentralización debe culminarse. Las funciones que no tienen verdaderamente que ver con la naturaleza de un gobierno federal en un régimen republicano deben ser transferidas a los gobiernos locales.

Esto incluye la desaparición de las delegaciones, cuyos bienes y personal podrían ser transferidos a dichos gobiernos. La experiencia en materia de descentralización de la educación básica, llevada a cabo a partir de 1992, ofrece enseñanzas que podrían ser útiles para ese propósito.

Un hecho consubstancial del régimen centralizado de gobierno es la también centralizada planeación de las acciones. Los planes y programas se hacen en las oficinas centrales, aunque para hacerlo se realicen esfuerzos para recabar el punto de vista de las regiones.[xxii] Aún cuando se basen en metodologías comunes de elaboración, se trata de esfuerzos sectorizados, parcelizados, y si bien en cada caso se hace referencia a sus vinculaciones con otros programas, lo cierto es que los vínculos son declarativos, no obligatorios y, por tanto, no efectivos.

Cada programa tiene su presupuesto, cuyos recursos se gastan con independencia de lo que ocurre con los recursos de los demás. Se hacen esfuerzos de coordinación, y aun se forman grupos de trabajo de concertación de acciones, pero en la práctica cada sector es una isla, donde sólo se atiende a su área de competencia.[xxiii] Los programas se hacen por sectores y así llegan a las entidades y municipios: en paralelo o como rayos convergentes, cada uno con sus reglas de operación y demandando una contraparte para que vehicule las acciones. Esto explica que en las entidades y municipios se observe una duplicación de la estructura organizativa del gobierno federal. Sin ellas, difícilmente los programa federales podrían funcionar. Y se repite el escenario: en las regiones, los programas actúan con independencia real, por más que se formen los órganos de planeación del desarrollo y los cuerpos de coordinación.[xxiv]

Esta centralización se extiende a la recaudación. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público concentra dicha función mayoritariamente. Concentra y distribuye, aunque esta distribución se realice con la aprobación del H. Congreso de la Unión. Desde luego, toda vez que los programas de desarrollo están en sus manos, el gobierno central reserva para sí las partidas necesarias para sufragar los costos de gasto e inversión que les son propios. Esta práctica limita la disponibilidad de recursos autónomos de los gobiernos estatales y municipales y los hace dependientes de las concepciones sobre qué es prioritario y cómo enfrentarlo del gobierno federal y sus funcionarios.

Esto va de la mano, quizá como consecuencia de dicho centralismo o como uno de sus rostros más sobresalientes, con otra debilidad ancestral de México: el abandono de algunas de sus regiones. El desarrollo nacional ha tomado cuerpo en ciertas áreas del país, como los estados fronterizos con Estados Unidos, en varios puertos y sus áreas de influencia, y en zonas industriales del occidente y el centro del país, especialmente, alrededor del Distrito Federal, pero ha dejado en el abandono relativo a extensos territorios, sobre todo del sur y el sureste. Es así que mientras en las poblaciones del primer grupo sus habitantes disfrutan de las mejores condiciones de vida, a saber, empleos remunerados, servicios educativos, servicios médicos, vivienda, seguridad social y oferta de alimentos, la de las poblaciones del segundo grupo padecen de distintas formas de exclusión y diversos niveles de marginación, como ha sido expuesto en una sección anterior.

Resulta paradójico que algunas entidades situadas en esta segunda categoría proporcionan al país importantes recursos, como electricidad en el caso de Chiapas y petróleo en el de Tabasco. Estas poblaciones no sólo padecen de las insuficiencias mencionadas, sino que están aisladas. Han sido marginadas también de los medios de comunicación y transporte: carecen de sistemas carreteros y ferrocarrileros que las inserten en los circuitos económicos modernos, condición necesaria para atraer inversiones productivas que hagan rentable la explotación de sus recursos naturales y den ocupación remunerada a su fuerza de trabajo.[xxv]

Se inserta también en esta relación de debilidades de México la insatisfactoria calidad de su sistema educativo.[xxvi] A pesar del indudable avance en la expansión del servicio, sobre todo en el nivel básico, los estándares de calidad dejan que desear. Las pruebas de competencia realizadas por organismos internacionales dan cuenta de ello.[xxvii]

Tal situación adquiere mayor dramatismo cuando se observa el hecho por regiones: las marcas logradas por los alumnos de las zonas de mayor desarrollo son superiores a las alcanzadas por los alumnos de las áreas pobres. No podría ser de otro modo, toda vez que las escuelas del primer grupo están mejor servidas en términos de calidad de los maestros que las atienden, experimentan menor ausentismo, y disponen de mejores edificios y equipamientos. Dicha situación se muestra con mayor crudeza cuando se comparan los resultados de los aprendizajes logrados por alumnos de distintos tipos de escuelas.

Un estudio reciente del INEE revela que el puntaje obtenido en lectura en escuelas primarias privadas excedía ese año en 143.41 puntos al obtenido por escuelas indígenas, cifra que en matemáticas ascendía a 114.61 puntos. Las diferencias encontradas en secundaria entre planteles privados y tele secundarias para esas mismas áreas de aprendizaje fueron, respectivamente, 125.37 y 63.78 puntos.28

Por lo que hace a la demanda de estudios medios y superiores, se observa un lamentable desdén por las carreras técnicas cortas y por las llamadas carreras duras, como la física, la química y las ingenierías.30 31 [xxviii]Esta deficiencia obstaculiza seriamente la posibilidad de absorción de tecnologías productivas de elevada sofisticación, precisamente aquellas que se requieren para modificar el rostro de la planta productiva nacional. El credencialismo existente en la sociedad mexicana, que toma cuerpo en la aspiración casi universal de obtener un grado universitario, conspira contra la matrícula en las carreras cortas, y la deficiente preparación en ciencias exactas que el alumno recibe en la escuela básica, hace lo propio para adelgazar la matrícula de las carreras duras. No cabe pasar por alto la posibilidad de que la anemia del mercado laboral por esos estudios explique una porción del problema. Por otro lado, en la estrechez de la producción de ingenieros está una parte de la explicación del atraso de la investigación científica del país, lo cual vendría a agudizar la responsabilidad que en tal hecho tiene el modesto apoyo que el gobierno mexicano proporciona al desarrollo de la ciencia y la tecnología y, en particular, a la investigación en dichos campos.

La débil formación de ahorro interno, [xxix] [xxx] fruto de la desigual distribución del ingreso, y la falta de una banca privada comprometida con la producción, constituyen piezas importantes de las limitaciones que encadenan a México en el atraso.2 La mayoría de los mexicanos carece de capacidad de ahorro. La totalidad de sus ingresos son destinados al consumo y a la formación de un patrimonio, que frecuentemente adopta la forma de una vivienda o de un terreno para construirla. No disponen de un excedente monetario que llevar al banco, ni poseen, por tanto, una cultura ni una educación que ubique a los establecimientos bancarios entre las instituciones importantes de su vida.

Dichas instituciones, por su parte, no han hecho de los productores parte significativa de su clientela. Han vuelto la espalda, en especial, al pequeño productor, quizá por los altos riesgos implícitos en los proyectos que éstos emprenden y por sus limitadas posibilidades para ofrecer garantías prendarias. Han preferido financiar el consumo de las clases de ingresos medianos y altos vía la creación de un extendido sistema de tarjetas de crédito, a cuyo fortalecimiento han contribuido las más grandes cadenas comerciales del país. México es una nación de consumidores, más que de ahorradores y productores.36 37 38

Más grave aún es el estado de las finanzas públicas. El sistema tributario nacional presenta diversas deficiencias, contándose entre las principales las siguientes: elevadas tasas, base fiscal menor que la posible y notoria insuficiencia; altos costos, entendidos como los ingresos que dejan de captarse como resultados de la porosidad de la legislación y el incumplimiento de la misma, y fuerte dependencia tanto de los ingresos petroleros como de fuentes no recurrentes.

Los recursos públicos son a todas luces insuficientes para atender los rezagos sociales, en particular los asociados con la pobreza extrema, las ingentes obligaciones sociales a cargo del gobierno y los requerimientos de inversión e infraestructura. El cuadro se complica cuando se suman a tales hechos los pasivos contingentes, representados por las pensionesde los trabajadores del estado y los del Instituto Mexicano del Seguro Social. 39 40 41 42

En nuestro país, la relación impuestos / PIB es muy baja si se compara con la existente en otros países, hecho que establece fuertes limitaciones a la expansión del gasto público. En tales circunstancias, se ofrecen tres posibilidades: aumentar la deuda pública, reducir el tamaño del gobierno y aumentar los impuestos. La primera medida no luce atractiva en virtud de que el monto de la deuda es ya bastante abultada. La segunda significaría renunciar a compromisos sociales, lo que produciría mayor pobreza y rezagos y restaría al Estado mexicano la legitimidad política que ha justificado su existencia durante casi un siglo. La tercera opción parece ser la más conveniente, toda vez que, bien concebida, puede aumentar los recursos públicos y eliminar las ineficiencias y distorsiones que aquejan al sistema actualmente, muchas de las cuales tienen que ver con la elusión y la evasión fiscal.[xxxi]

Hasta ahora, las limitaciones de orden tributario han sido compensadas por ingresos contingentes y petroleros. Sin embargo, tal dependencia es sumamente riesgosa porque se sostiene en una plataforma muy inestable, cual es los precios internacionales del petróleo y la eventualidad de fuentes no recurrentes, como la enajenación de activos.[xxxii]

La corrupción es otra de las debilidades de este país. Es un problema real, y la gente lo percibe como algo generalizado, pero que encuentra su expresión más persistente en la esfera del gobierno y en el comportamiento de los servidores públicos.43 La corrupción tiene implicaciones diversas. Conlleva un costo moral, para empezar. Crea desconfianza y la desconfianza deteriora el tejido social.[xxxiii] Pero va mucho más allá de eso. Se traduce en un costo económico y constituye un obstáculo severo a los esfuerzos enderezados a encauzar al país por la senda del desarrollo.45 En palabras de Bohórquez:46

En los pasados cuatro años, México ha avanzado al reconocer que la corrupción es un problema que afecta la gobernabilidad del Estado o la integridad de sus policías y órganos de impartición de justicia. Pero tan importante como ello es identificar la corrupción como un problema que va más allá de la moral de los individuos y que representa un auténtico obstáculo a la reducción de la pobreza y al desarrollo económico. Estudios como el Índice de Opacidad de Pricewaterhouse Coopers estiman que la corrupción es un impuesto adicional a la inversión de alrededor de 15%. Otras investigaciones, como la Encuesta Nacional de Corrupción y Buen Gobierno, calculan el costo económico de la corrupción en servicios públicos en un rango que va de 7 y hasta 30% de los ingresos de un hogar. Resultados similares se han encontrado al referirse a la corrupción que enfrenta el sector privado mexicano.

Existe la creencia entre la población, y aún en el extranjero, de que la corrupción es cosa casi exclusiva de un partido político -el Partido Revolucionario Institucional- y de los gobiernos surgidos de sus filas. No existe, sin embargo, evidencia que avale tal presunción. Parece que no hay una correlación directa entre partido en el poder y honestidad en el manejo de los asuntos públicos, ni que la democracia, por sí sola, sea una protección definitiva contra las conductas deshonestas de los funcionarios públicos.[xxxiv] La experiencia reciente de México demuestra que todos los partidos políticos son vulnerables a la corrupción.

La inseguridad es otro de los grandes males que aquejan a la sociedad mexicana.[xxxv] Se trata de un fenómeno social que aqueja a todos sin distingo. Adopta todos los rostros imaginables y la padecen por igual ricos y pobres. Sus fuentes son diversas: desde la lucha por el control del mercado de las drogas hasta la desesperación por el hambre propia y de los hijos. Igualmente variadas son sus manifestaciones. Robos, asaltos, asesinatos, violaciones, secuestros son, en todos los rincones de México, cosa cotidiana. La violencia y la inseguridad crecen día con día, alimentada por múltiples factores, como bien lo expone el Plan Nacional de Desarrollo:2

Diversos factores han contribuido a este estado de cosas: una gran corrupción; corporaciones penetradas por la delincuencia; inobservancia de la ley; leyes obsoletas; falta de equidad en la administración de la justicia; evasión de la justicia e impunidad; un número de policías por debajo del estándar internacional y escasa capacitación de los mismos, así como una mayor beligerancia y acción de la delincuencia organizada y del tráfico ilícito de drogas.

El último elemento de esta lista no exhaustiva de debilidades de México se sitúa en la planeación. El país no tiene un rumbo claro. Va al garete. No dispone de faros de largo alcance que le indiquen, sin lugar a dudas, hacia dónde debe dirigir sus esfuerzos. Por eso, se reinventa cada vez. Cada seis años en la dimensión nacional -y lo correspondiente  sucede en la dimensión estatal-, se elabora un plan nacional de desarrollo, que consigna las percepciones y los compromisos de los nuevos detentadores del poder.

A dicho plan acompañan los correspondientes programas sectoriales. No es raro que dichos esfuerzos ignoren los trabajos emprendidos por los que recién dejaron el cargo. En una especie de borrón y cuenta nueva. Y el ciclo se repite cada seis años, contra toda lógica y contra el interés nacional, toda vez que tal práctica implica desperdicio de recursos humanos, naturales y financieros.

México debe poner alto a tal dispendio y enrumbarse con claridad de miras, en el corto, mediano y largo plazos.

3. La ruta del desarrollo

Para reducir significativamente los grandes rezagos descritos en las páginas anteriores, México debe proponerse un plan de desarrollo de largo plazo. Dicho plan debe concebirse para todo el país, con claras especificaciones temporales de mediano y corto plazos. En el horizonte más extendido, el largo plazo, que aquí se sitúa en treinta años, deben ubicarse, como puntos de llegada, objetivos y metas generales. Los plazos intermedios de mediano alcance se sitúan en puntos sexenales -los correspondientes a la duración de una administración gubernamental federal- y los de corto plazo, en puntos separados por períodos de tres años. En dicho eje temporal, se establecerían objetivos y metas parciales, como aproximaciones al escenario esperable al final del camino. Los objetivos y metas cubrirían todas las áreas del quehacer nacional, a saber y mencionadas en sus grandes rubros: la salud, la alimentación, el empleo, la vivienda, la protección del ambiente, el uso de los recursos naturales, la educación, la seguridad, la cultura y el ingreso per cápita.

El centro de interés, el pivote en torno al cual girarían las acciones, sería la población. Contrariamente a lo que se ha hecho tradicionalmente en este país, es decir, privilegiar la economía, las acciones tendrían como referente principal a la gente, a los grupos humanos y a las personas en su dimensión concreta. El plan general y los programas específicos que se emprendieran estarían concebidos en términos de desarrollo humano. La divisa sería el progreso de la población. [xxxvi]Por tal concepto se entendería un estado y un proceso.

Un estado de la población en la cual sus miembros contarían con al menos un mínimo de satisfactores en todos los rubros que hacen el bienestar de la gente, independientemente de sus condición social, étnica o cultural. Mínimos de educación, de salud, de alimentación, de vivienda y servicios asociados, de ingreso, de seguridad social y de seguridad pública. El aparato productivo y las estructuras de gobierno estarían al servicio de tales aspiraciones.

Y un proceso, ya que un tal estado se alcanzaría paso a paso, tras un accionar que acumulara logros que dibujarían una sucesión de escalamientos constantes donde las transformaciones cuantitativas irían de la mano con las cualitativas, y viceversa.

Mientras no se privilegie de manera decidida a la población y el éxito de la administración pública se continúe midiendo en términos macroeconómicos, no se obtendrá la tan deseada transformación cualitativa que substraiga a los mexicanos pobres del estado de marginación y atraso en que viven. El objetivo de una gestión de gobierno no debe ser alcanzar per se una meta de crecimiento determinada, sino lograrla como un medio para proporcionar a la población los satisfactores que requiere. Esto significa también que la composición de la tasa de crecimiento no es un asunto neutro: será mejor aquella que se traduzca en mayores niveles de empleo y propicie la más equitativa distribución del ingreso nacional.

4. Condiciones

El desarrollo del país es un asunto de Estado. Requiere, por tanto, de una política de Estado. Lo que en dicha materia se haga o se deje de hacer repercutirá en el cuerpo total del país. No es, por lo tanto, un asunto menor. Por eso es importante considerar lo mismo el qué hacer que las opciones alternativas de acción que se pueden poner en operación. Por tal razón, la planeación del desarrollo nacional de largo plazo y su evaluación debe hacerse en el espacio político que mejor representa y expresa el sentir de la nación: El Congreso de la Unión.[xxxvii] Esto tiene cabal sentido ya que la cámara de diputados en su conjunto representa a todos los mexicanos mientras que la de senadores hace lo correspondiente con las entidades federativas.

El plan de desarrollo nacional elaborado por el congreso sería referente obligado para los planes sexenales y trianuales elaborados, según el caso, por el poder ejecutivo federal, los gobiernos estatales y los municipales, en dos sentidos cuando menos: proporcionaría los marcos generales de cosas a lograr y sería punto de comparación para evaluar los resultados. El plan nacional serviría también para estimar la naturaleza y magnitud de los cambios que habría que hacer a los segundos para que contribuyeran a alcanzar los objetivos y las metas de gran aliento.

El congreso tendría, a su vez, mediante los trabajos regulares de evaluación, elementos para decidir sobre la asignación de recursos para cada una de las secciones del plan. No está por demás decir que dichas evaluaciones ayudarían a la corrección de las previsiones en las expectativas de largo plazo. Habría una retroalimentación recíproca.

Para que el congreso pudiera realizar tarea tan importante, monumental y compleja, requeriría de un aparato técnico de primer nivel, formado por especialistas en distintas disciplinas que estarían de tiempo completo al servicio de dicho órgano legislativo. Sería necesario también que los legisladores lo fueran de carrera, es decir, que pudieran especializarse como tales mediante la permanencia en el puesto más allá del límite de una legislatura. Y para que tal cosa sea posible, debe establecerse en México la reelección inmediata. Dicha medida debe abarcar, como quedó dicho en una sección anterior, a la presidencia de la república, a las gubernaturas de las entidades federativas y a las presidencias municipales. Un buen desempeño en el cargo sería el criterio que regiría la posibilidad de repetir. El voto popular libre e informado sería el mejor antídoto contra los temores a la entronización de los incapaces, los simuladores y los prevaricadores.[xxxviii]

La perspectiva de la planeación, hasta ahora fundamentalmente sectorial y del centro a la periferia, debe, por el contrario, hacer énfasis en un enfoque regional. Sólo de esa manera pueden recogerse las particularidades locales, sólo así se puede dar respuesta a la compleja e intrincada malla de heterogeneidades que caracterizan a este país. México ha intentado este camino, pero los experimentos emprendidos han sido ínsulas en el mar de la centralización o esfuerzos para atacar problemas localizados. Debe convertirse en la norma. A partir de esa experiencia acumulada.

Se considera también que cada región deber ser artífice de su propio desarrollo, lo cual debe lograr con base en su particular dotación de medios productivos, entre los que cuentan, en primer término, su capital humano, así como los recursos naturales, la infraestructura de comunicaciones y transportes, el equipamiento de sus asentamientos,[xxxix] y lo que globalmente puede denominarse como el tejido social, a saber, sus sistemas de valores, formas de gobierno y mecanismos de toma de decisiones, a lo que debe sumarse la ayuda del exterior, especialmente la procedente del gobierno central.

En los años por venir, lo local será de importancia crucial. En el competitivo escenario mundial, se presta ya creciente interés al valor estratégico de las ciudades y las regiones que las acogen como factores de desarrollo, como lo expresa el siguiente párrafo:

…los espacios urbanos y las regiones económicas se han convertido en un elemento clave. Las regiones y ciudades más competitivas son las que enfrentan en forma efectiva el reto de internacionalizarse, porque aprovechan mejor su ventaja en cuanto a crecimiento, empleo, organización institucional, tecnología, conocimiento e información. Las economías de integración, la capacidad de los recursos humanos, el desarrollo de las telecomunicaciones y niveles adecuados de infraestructura, así como la ubicación geoestratégica y otros aspectos como la normatividad existente y la estabilidad política y social de una ciudad, región o país, son cada vez más valorados como los factores centrales que definen la competitividad de un lugar respecto a otro.48

Las vértebras articuladoras de las acciones públicas y privadas pueden ser los sistemas de ciudades,49 esto es, el conjunto de todas las redes regionales concretas de asentamientos urbanos principales, ciudades pequeñas y poblados de distintos tamaños que constituyen su tejido vascular y determinan los límites de su extensión y área de influencia.[xl]

En ese contexto, habría tantos planes de desarrollo regional como sistemas de asentamientos existan en el país, cada uno con su propio órgano de administración, como si fueran empresas.[xli] Cada plan regional tendría un consejo, como en un consorcio industrial, formado por gente de gobierno, de la sociedad civil, de las universidades y de los sectores económicos más representativos de la región, cuya responsabilidad sería conocer el estado de la zona y tomar las grandes decisiones, de cuya instrumentación se encargarían los cuerpos técnicos adscritos a la empresa.

Dichos cuerpos técnicos estarían formados por el personal de los gobiernos estatales, municipales y federal existente y los recursos de operación estarían constituidos por los que los tres niveles de gobierno utilizan hasta ahora en forma tan dispersa. Desde luego que no puede soslayarse la resistencia que este planteamiento tendría de gobernadores y presidentes municipales porque creerían disminuida su fuerza política en la medida que dejarían de decidir directamente sobre la utilización de los fondos públicos.

Tal esquema de administración de los recursos públicos y de toma de decisiones estaría precedido, por necesidad, de una drástica descentralización de la administración pública federal a favor de los municipios y las entidades federativas. Una descentralización que involucraría facultades y recursos financieros, humanos y materiales. Un paso firme hacia el federalismo plasmado en la constitución, pero, hasta ahora, tan lejano de la realidad.

Las magnitudes de los recursos financieros necesarios para satisfacer los rezagos y las nuevas demandas sociales que surgirán del cambio demográfico esperado, así como las que emergerán de una población cualitativamente distinta, son de tal envergadura que será imposible atenderlas con los que puede proporcionar el actual sistema tributario nacional.

Sus limitaciones son tantas que lo hacen incapaz de proveer a tales necesidades. Su modernización es indispensable,26 en un sentido básico: convertirse en un aparato capaz de lograr que todos lo que deban pagar impuestos lo hagan y que lo hagan en proporción directa de la cuantía de sus ingresos. Ningún plan de desarrollo logrará sus intenciones si no cuenta con un sistema tributario eficiente y suficiente.

La convocatoria a una reforma fiscal que aumente los ingresos del gobierno, reduzca significativamente la elusión y la evasión, reduzca el costo del esfuerzo recaudatorio y aumente su productividad, elimine los regímenes preferenciales, agilice la captación, amplíe la base tributaria y redistribuya entre los causantes la carga impositiva y la haga menos onerosa es una voz que se repite frecuentemente en distintos foros y en diversas formas. Para los integrantes del Citado Foro Consultivo Científico y Tecnológico, por ejemplo, tal reforma constituye una parte fundamental del proyecto de nación que queremos, y su omisión, el principal limitante del desarrollo nacional, más aún que lo que pudieran significar para ese intento las postergaciones de las reformas energética y laboral,42 mientras que Guerra ve en ella "la madre de las reformas" y en su posposición, severas consecuencias económicas y sociales, tanto en términos de bienestar interno como de competitividad a nivel internacional.40

Otro tanto debe lograrse con el sistema financiero. Su modernización debe ponerlo a tono con las necesidades del país. Los bancos deben ganar en eficiencia para que abatan sus costos y trascender su papel de financieros de tarjetas de crédito y del consumo para asumir su importantísima función de proveedores de crédito para la inversión productiva, especialmente de pequeños y medianos empresarios que no tienen la opción de beneficiarse del crédito bancario internacional como sí la poseen las grandes empresas nacionales y transnacionales que operan en el país.

Desde luego, nivelar el punto de partida constituye una medida indispensable. Esto significa que debe continuarse, pero en una escala mayor, el esfuerzo iniciado varias décadas atrás enderezado a superar los niveles de pobreza en que sobreviven millones de mexicanos. Es de justicia y una necesidad del desarrollo que cada habitante del país cuente con una plataforma mínima de despegue para que pueda conseguir engancharse, con su esfuerzo, en el carro del progreso nacional. Los fondos compensatorios operados en los años recientes para procurar tal nivelación constituyen una experiencia rescatable. Como ha quedado expuesto en páginas anteriores, los planos de dicha nivelación son varios y diversos -aunque todos tienen como expresión y base común la pobreza -, pero hay uno que sobresale por su poder multiplicador: la educación.