La efectividad de la ayuda oficial al desarrollo de la R.O. de China con Honduras, en el sector seguridad (página 7)

• 2. Objetivos Específicos

• a. Otorgar transferencias monetarias a las familias en pobreza y extrema pobreza, con el fin de fomentar su matrícula, permanencia y asistencia regular durante el año lectivo. Se dará prioridad a los niños (as) y adolescentes entre los 6 y los 18 años.

• b. Promover la demanda de los servicios de salud de las familias para mejorar la prevención de enfermedades, y garantizar una nutrición adecuada a la población más vulnerable como los niños (as) de 0 a 5 años, y las mujeres embarazadas y puérperas.

• c. Crear una red de protección social eficiente para la prevención y atención a la población más pobre, vulnerable y en riesgo social frente a crisis externas e internas.

• 3. Medidas de Política

Transferencias monetarias con corresponsabilidad

• a. Vincular e integrar las acciones de educación, salud y nutrición con los programas de desarrollo regional y comunitario.

• b. Organizar los Comités Escolares Comunitarios, como instrumentos generadores de cambio, participación, desarrollo y auditoría social en la comunidad.

• c. Ampliar la oferta de servicios de educación y salud a nivel local.

Red de protección social

• a. Aplicar la Ley de Generación de Ingresos en Zonas Rurales y Urbano Marginales.

• b. Fortalecer el Sistema de Registro de Beneficiarios de Honduras (SIRBHO), como único instrumento de focalización para las acciones dirigidas a la población en extrema pobreza.

• c. Fortalecer y hacer eficientes los programas de estimulación temprana y atención a niños (as) y jóvenes en riesgo social.

• d. Socializar y aplicar los instrumentos jurídicos necesarios para el cumplimiento y respeto de los derechos de la niñez.

• e. Realizar las gestiones necesarias para la inscripción oportuna de nacimientos en el Registro Nacional de las Personas.

• f. Continuar con el cumplimiento de las leyes, convenios y programas dirigidos a personas con discapacidad.

• g. Fortalecer e impulsar programas orientados a la disminución del tabaquismo, el abuso del alcohol y drogas.

• h. Impulsar la creación de programas eficientes dirigidos al adulto mayor.

• 4. Metas

CULTURA

Dado que nuestra identidad es multicultural y multilingüística y la falta de conciencia de la sociedad hondureña de que la cultura es factor de desarrollo, la Cultura se ha estructurado en forma fragmentada y atomizada, alejada de los objetivos del desarrollo nacional. La preservación, valoración y promoción del patrimonio arqueológico, antropológico histórico, artístico e inmaterial (tradiciones, festividades, gastronomía, rituales, lenguas, música, técnicas artesanales, etc.) y el rescate de la identidad nacional enfrenta grandes desafíos que sólo podrán ser superados mediante la acción conjunta del Estado y la sociedad.

• 1. Objetivo General

Fomentar el rescate de la identidad nacional y preservar el patrimonio cultural brindando especial atención a la protección de las culturas vivas como expresiones de los pueblos indígenas y afro-descendientes de Honduras.

• 2. Medidas de Política

Diversidad cultural

• a. Desarrollar programas de rescate, preservación y desarrollo sostenible del patrimonio ancestral de los pueblos autóctonos, mediante mecanismos de co-administración.

• b. Dotar de incentivos para desarrollar estudios sobre cultura y arte nacional.

• c. Aperturar Centros de Instrucción Artesanal en la zona sur y Caribe hondureño.

• d. Conservar y restaurar monumentos, bienes históricos, y sitios arqueológicos.

• e. Incentivar la publicación de material cultural y artístico en lenguas originales.

Educación Artística

• a. Fortalecer las Escuelas de Artes (Teatro, Danza y Conservatorio Nacional).

• b. Realizar talleres de actuación artística a través de la Red de Casas de la Cultura.

• c. Operar un Fondo para la financiación de emprendimientos artísticos y culturales.

Lectura

• a. Recopilar, preservar, difundir y organizar el patrimonio bibliográfico, documental y del conocimiento e incidir en el rescate del patrimonio documental y hemerográfico de los archivos municipales, congregacionales y privados, a fin de conformar un sistema nacional.

• b. Ampliar la red nacional de bibliotecas públicas, bibliobuses y cajas viajeras.

Música

• a. Rescatar el patrimonio musical a través de la Banda de los Supremos Poderes.

• b. Crear el programa de orquestas juveniles en las Casas de la Cultura.

• c. Fortalecer la Fonoteca del Conservatorio Nacional de Música.

Literatura

• a. Consolidar el Consejo Editorial y crear la Dirección de la Editorial Cultural (artes gráficas, diagramación, corrección, estilo, y diseño gráfico).

• b. Fomentar la creación y divulgación de productos literarios.

Salud Mental

• a. Realizar animaciones socioculturales en las escuelas públicas, institutos de secundaria e institutos de previsión.

• b. Desarrollar programas culturales para privados de libertad.

• c. Impulsar el programa de orquestas de barrio dirigidas a jóvenes en riesgo social.

• d. Fomentar la participación de encuentros deportivos intercolegiales a través de las entidades como el Consejo del Istmo Centroamericano del Deporte y Recreación (CODICADER).

Regionalización de la Cultura

• a. Conformar los Consejos Regionales de Cultura.

• b. Ampliar la Red de las Casas de la Cultura y fortalecerlas a través de la reactivación del Programa Centro de Desarrollo Artístico y Popular.

• c. Fortalecer la Red de Bibliotecas Nacionales y crear la Red Conchas Acústicas.

• d. Fortalecer la identidad local a través de la recopilación iconográfica.

• 3. Medidas Legales

• a. Promover iniciativas de ley sobre nuevas industrias culturales, artísticas y deportivas, como la "ley de la cinematografía", entre otras.

• b. Revisar el contexto de mecanismos legales a fin de regular y controlar los espectáculos públicos.

• c. Actualizar la Ley de los Derechos de Autor y Conexos (tecnologías digitales, pintura, libros y software).

• 4. Metas

SERVICIOS BASICOS

E.1 VIVIENDA

En la última década, este sector ha presentado grandes necesidades a nivel nacional, por un lado la problemática estructural del sector es muy marcada, por otro lado, los impactos de los fenómenos climatológicos han imposibilitado el pleno desarrollo del sector. Se destacan como principales problemas estructurales: i) la gran dispersión de los asentamientos humanos, sobre todo en el área rural, y ii) el déficit habitacional cuantitativo, ocasionado por la brecha entre la oferta existente de viviendas y el número de hogares en Honduras. El crecimiento anual promedio de los hogares en las últimas 2 décadas (5.40%) sumado al bajo crecimiento del número de viviendas construidas (5.27% anual promedio) para el mismo período, ha ocasionado que los pocos esfuerzos realizados en el sector no satisfagan el crecimiento vegetativo. Asimismo, persisten problemas relacionados con la calidad de los materiales de construcción, la falta de servicios básicos, el hacinamiento, falta de acceso al crédito en condiciones favorables a familias de escasos recursos, falta de acceso a tierras para la construcción de viviendas y una entidad rectora poco empoderada, sin un marco regulatorio adecuado que apoye su accionar.

• 1. Objetivo General

Establecer las condiciones necesarias que permitan a las familias hondureñas, especialmente las de escasos recursos económicos, mejorar e incrementar el acceso a una vivienda digna, buscando así, reducir de manera sustancial el déficit cualitativo y cuantitativo.

• 2. Objetivos Específicos

• a. Generar procesos y condiciones que permitan el desarrollo de programas y proyectos orientados a la disminución significativa del déficit habitacional cualitativo y cuantitativo en el mediano y largo plazo.

• b. Definir mecanismos financieros adecuados para la atención de todos los sectores con necesidades habitacionales, y en especial a los de menores ingresos.

• c. Definir e implementar un nuevo marco legal e institucional del sector vivienda, a fin mejorar los procesos de planeación, asistencia y regulación del sector vivienda.

• 3. Medidas de Política

Fortalecimiento del Marco Normativo y Regulatorio

• a. Revisar y aprobar la Política Nacional de Vivienda, involucrando a todos los actores gubernamentales, privados, ONGs y gobiernos municipales.

• b. Definir una política de asentamientos humanos y de planificación urbana con enfoque territorial y de prevención de riesgos, en el marco del Plan Nacional de Ordenamiento Territorial (PLANOT), Visión de País y el Plan de Nación.

• c. Promover la coordinación entre el Gobierno Central y los gobiernos locales, a fin de avanzar en el proceso de catastro, establecimiento de derechos de propiedad y legalización de la tenencia de la tierra, que permita a las familias ser sujetas de crédito para la construcción o mejoramiento de vivienda.

• d. Conformar una comisión con representantes de todas las entidades del sector público y privado relacionadas con vivienda que presenten una propuesta de un Programa de Vivienda.

Construcción y Mejoramiento de Viviendas

• a. Continuar fortaleciendo los programas y proyectos encaminados a la reposición de viviendas en el área rural, privilegiando el uso de mano de obra local.

• b. Involucrar a la empresa privada y ONGs para que participen en el desarrollo de proyectos y acciones del sector.

• c. Establecer un Programa de Asistencia Técnica para la Construcción, a través de procesos de autogestión, orientados a la construcción de viviendas con material alternativo, accesible y de bajo costo en comunidades rurales y peri-urbanas.

Financiamiento para la Vivienda:

• a. Desarrollar una Política Financiera de largo plazo para el sector vivienda, que facilite y flexibilice el acceso al financiamiento de las familias, especialmente de bajos recursos.

• b. Promover el establecimiento de nuevos mecanismos e instrumentos financieros en BANHPROVI, que faciliten el acceso a crédito para vivienda en condiciones de mercado (microcréditos para vivienda, etc.).

• c. Implementar un sistema único de subsidios, administrado en forma equitativa y transparente por el ente rector, que permita homologar, articular y focalizar todas las intervenciones de las instituciones de Gobierno.

• 4. Medidas Legales y Administrativas

• a. Revisar, adecuar y reformar el marco legal e institucional del sector, con el fin de normar, controlar y planificar de manera integral las acciones y medidas de política para el sector vivienda.

• b. Reactivar, reorientar los objetivos y la visión del Consejo Nacional de Vivienda, creado con la Ley del Instituto Nacional de la Vivienda (INVA), para adaptarlo a la coyuntura actual.

E.2 AGUA Y SANEAMIENTO

El agua es un recurso natural ligado a todas las actividades económicas del país, que junto al saneamiento básico se encuentran vinculados a la calidad de vida de las personas, su estado de salud, productividad y desarrollo socioeconómico. Razones de índole institucional, desastres naturales y una amplia brecha financiera, han limitado el cumplimiento de esta misión, incidiendo en el alcance de las metas establecidas en los ODM.

En la actualidad, el sector agua y saneamiento pasa por un período de transformación y modernización institucional, que no ha terminado de consolidarse. Se crearon instituciones como el Consejo Nacional de Agua y Saneamiento (CONASA) y el Ente Regulador de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento (ERSAPS), y la reingeniería de otras instituciones como el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) que en el 2009 administraba 19 de los 33 sistemas que inicialmente manejaba, y pasó a ser la Secretaría Técnica del CONASA. A pesar de estos avances, se necesita consolidar el proceso de descentralización y transformación iniciado por la Ley Marco en el 2003.

• 1. Objetivo General

Mejorar la cobertura y calidad de los servicios de agua potable y saneamiento básico, a fin de reducir los índices de morbilidad causados por enfermedades de origen hídrico, contribuyendo así a una Honduras sana al 2038.

• 2. Objetivos Específicos

• a. Disponer de un marco legal e institucional adecuado y aplicable, que permita el ordenamiento del sector de agua y saneamiento y una mejor planificación, regulación, y prestación de los servicios a nivel nacional.

• b. Mejorar la cobertura, eficiencia, calidad, monitoreo y sostenibilidad de los sistemas, mediante procesos de descentralización a nivel nacional.

• c. Velar por el abordaje integral en materia de agua potable: cantidad y calidad, continuidad, bajo costo, estableciendo una cultura hídrica para la racionalización de su uso.

• 3. Medidas de Política

Fortalecimiento Institucional y de Gestión

• a. Revisar, aprobar e implementar la Política de Agua.

• b. Establecer una Política sobre Tecnología Apropiada en Potabilización, Colección y Tratamiento de Aguas Residuales.

• c. Finalizar el proceso de reingeniería del SANAA para convertirlo en un ente técnico-normativo.

• d. Adecuar el Plan Estratégico de Modernización del Sector Agua Potable y Saneamiento, en el Marco de la Visión de País, e implementarlo para consolidar el proceso de modernización iniciado por la Ley Marco del Sector.

• e. Establecer un plan de aumento de cobertura, de mantenimiento y rehabilitación de los sistemas de agua potable y protección de cuencas hidrográficas.

• f. Revisar, aprobar e implementar el Plan Nacional de Saneamiento.

• g. Formular y ejecutar un Plan de Fortalecimiento de las capacidades municipales y de las Juntas Administradoras de Agua por parte de la Secretaría Técnica del CONASA.

• h. Realizar las acciones de pre inversión e inversión necesarias para la identificación e incorporación de nuevas fuentes de agua para Tegucigalpa.

• i. Diseñar una campaña permanente de concientización que promueva el uso racional del recurso hídrico, así como prácticas sostenibles de protección de fuentes de agua.

Descentralización:

• a. Preparar y hacer efectivo, con las previsiones presupuestarias pertinentes, el traspaso del sistema de agua y saneamiento de Tegucigalpa a la Municipalidad del Distrito Central.

• b. Finalizar el proceso de transferencia de los sistemas (17) de agua potable y saneamiento pendientes de descentralización.

• c. Continuar con la conformación de las Unidades de Supervisión y Control Local (USCL) de la calidad y prestación de los servicios de agua potable y extenderla a las 298 municipalidades.

• d. Priorizar en la planificación regional y municipal la inclusión de metas en materia de agua potable y saneamiento.

Financiamiento:

• a. Establecer una política financiera y de recuperación de costos que tienda a la auto sostenibilidad de los servicios con la participación de actores del sector y municipalidades.

• b. Crear el Fondo Hondureño de Agua Potable y Saneamiento (FHAS).

• 4. Metas

OBJETIVO 2: Una Honduras que se desarrolla en democracia, con seguridad y sin violencia

CONTEXTO

Con este segundo macro objetivo, la Visión de País busca profundizar la democracia representativa y participativa, haciendo uso, entre otros medios, del plebiscito y el referéndum como formas de participación ciudadana en los temas más trascendentes del país. Asimismo, es fundamental lograr que la población tenga una conciencia más sólida acerca de sus derechos y de la importancia de contar con un sistema de justicia integrado, efectivo y expedito, así como de vivir en un entorno seguro, con niveles reducidos de criminalidad.

De manera particular, se procura consolidar el sistema de derechos de propiedad, que todos los ocupantes de tierras tengan un título que los acredite como dueños, que el Estado disponga de cuerpos de seguridad modernos apoyados con sistemas de inteligencia y de integridad, con instituciones sólidas y coordinadas, y, que las Fuerzas Armadas sean garantes efectivos de la Constitución y de la defensa de la soberanía nacional.

En consonancia con lo anterior, el Plan de Gobierno 2010-2014 retoma el tercer pilar fundamental de la Agenda Cambio Ya: Seguridad y asume el compromiso de atender uno de los mayores desafíos del país en las últimas décadas, como es el de brindar la debida seguridad ciudadana y jurídica para que tanto la población como la empresa privada y demás, se sientan en la libertad de convivir y realizar sus respectivas actividades en un ambiente de paz. Para esto el Gobierno enfocará su política de seguridad en 3 áreas: Orden y Paz Social, Aplicación de la Ley, y Rendición de Cuentas.

Asimismo, en el marco del segundo objetivo de la Visión de País, el Plan de Gobierno 2010-2014 impulsará acciones encaminadas a lograr una verdadera democracia con gobernabilidad, concebida la gobernabilidad como el grado de cooperación entre el Estado y actores no estatales, que permite cimentar condiciones favorables para que el Gobierno ejerza sus funciones adecuadamente. Complementariamente, la consideración de la participación de la ciudadanía en el quehacer gubernamental, la seguridad de sus bienes y de su integridad personal, la atención de sus necesidades mediante procesos tecnológicos eficientes y descentralizados que garantizarán la transparencia de la gestión pública, y el empoderamiento como condición fundamental para el desarrollo de las capacidades políticas de la ciudadanía.

En consonancia con los esfuerzos en el fortalecimiento de la democracia, se plantea la necesidad de promocionar la plena participación de la mujer en las estructuras de poder y en la adopción de decisiones en el espacio público, fortaleciendo su liderazgo y derecho a las prácticas asociativas; y el acceso, uso y control de los recursos para la generación de ingresos, especialmente a las jefas de hogar, así como el derecho a una atención integral en la prevención, sanción y erradicación de la violencia durante todo su ciclo de vida.

SEGURIDAD CIUDADANA Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

La inseguridad de las personas y sus bienes, así como el irrespeto a la Ley y a las normas sociales de convivencia, ha dañado significativamente la calidad de vida de los hondureños y el desarrollo económico del país, Ante este contexto, el Gobierno tiene el deber de crear las condiciones necesarias para que los hondureños vivan en un ambiente de paz, seguridad, libertad y desarrollo.

La seguridad es una condición imprescindible para establecer la paz y el orden como valores de convivencia ciudadana, y es a la vez, un indicador importante para medir la calidad de vida de las personas. En tal sentido, se hace prioritario reunir esfuerzos colectivos y participativos de todos los sectores de la sociedad, interactuando en conjunto en el diseño de políticas, estrategias y planes para la seguridad integral. Siendo deber del Estado actuar eficazmente en favor de la atención de la seguridad que demandan los hondureños, debe orientar esfuerzos permanentes y sustantivos en la modernización del sistema de seguridad y justicia.

Los niveles de inseguridad en Honduras se han incrementado aún más por efecto del crimen organizado nacional y transnacional, particularmente por las organizaciones internacionales del narcotráfico; frente a ello, es necesario, reforzar las fronteras nacionales para garantizar la seguridad nacional de ataques externos, como también para fortalecer la confianza interna.

El fortalecimiento de la seguridad y la administración de justicia, es el elemento esencial para generar condiciones que garanticen la inversión, la cual es una de las principales variables para el crecimiento económico del país, ello está enmarcado en las propuestas de la Agenda para el Cambio Ya, donde se plantean como líneas de acción: garantizar la equidad, transparencia, eficiencia y efectividad de los procesos de administración de la justicia, la despolitización e independencia del Poder Judicial y la asignación de funciones estrictamente judiciales a la Corte Suprema de Justicia.

• 1. Objetivo General

Garantizar seguridad ciudadana a la población hondureña y el acceso efectivo y expedito a un sistema de justicia integrado, a fin de asegurarles paz y tranquilidad en su ámbito familiar y laboral, y permitir a la vez un clima de inversión adecuado a la economía nacional para que ésta pueda propiciar su propio desarrollo.

• 2. Medidas de Política

Comunidades en paz

• a. Establecer comunidades, barrios de la capital y otras ciudades, para implementar cambios en materia de seguridad, con control de los propios vecinos y apoyo de una institución policial renovada, entrenada, equipada y que trabaja conjuntamente con la comunidad y muy de cerca con la Justicia, para garantizar a las familias hondureñas un entorno de vida con seguridad y paz

• Integrar equipos policiales "nueva fuerza" o "nuevo estilo", equipos élite reclutados y seleccionados cuidadosamente.

• Organizar grupos locales tipo "Vecinos Vigilantes" o "Comunidad Vigilante" y concientización de los vecinos sobre roles ciudadanos en seguridad.

• Incorporar tecnología en apoyo a la prevención (videocámaras, reconocimiento electrónico facial, vehículos, otro equipamiento, etc.).

• Fortalecer la capacidad instalada en materia de procedimientos para asegurar información adecuada generada por el Ministerio Público ante la Justicia y el debido proceso, oportuno y eficaz, para los delincuentes.

Fortalecimiento de la estructura de la Seguridad Ciudadana

• a. Elaborar e implementar una Política Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana, que incluya aspectos sobre prevención, rehabilitación y reinserción social, y esfuerzo a nivel nacional, regional y local.

• b. Poner en marcha el Programa Municipio Seguro y el Pacto por la Seguridad Ciudadana con participación comunitaria y sector privado.

• c. Formular la Política Sectorial de Seguridad y Justicia.

• d. Formular y poner en marcha un Plan Maestro de Equipamiento de la Policía.

• e. Elaborar e implementar una Política Criminal orientada a prevenir, investigar, combatir y castigar el crimen bajo esquemas de coordinación interinstitucional.

• f. Elaborar e implementar una Estrategia de Seguridad y Prevención del Crimen.

• g. Implementar la Política de Seguridad en Carreteras.

• h. Aplicar el Plan Integral de Seguridad Humana, Seguridad "Ya".

• i. Suscribir convenios regionales para incrementar la cooperación policial y judicial contra el narcotráfico y terrorismo internacional.

• j. Suscribir convenios interinstitucionales, con el sector privado, gobiernos locales, sociedad civil y países cooperantes para fortalecer la actividad de prevención y control delincuencial de la policía.

• k. Establecer mecanismos de coordinación entre la Secretaría de Seguridad y el Ministerio Público para incrementar la eficiencia de la investigación y reducir la mora investigativa.

• l. Crear mecanismos e instrumentos que garanticen la secretividad y protección del denunciante y de los operadores de justicia (jueces, fiscales, etc.).

• m. Diseñar e implementar un modelo de administración de los recursos policiales con descentralización operativa.

• n. Desarrollar un sistema de información sobre delitos e infractores para apoyar las labores de investigación.

• o. Aumentar la presencia policial, priorizada en función de la incidencia del delito, zona geográfica y vulnerabilidad.

• p. Crear el Instituto de Ciencias Forenses y Criminales.

• q. Concluir y poner en funcionamiento cárceles de máxima y media seguridad, y centros de rehabilitación y reinserción social.

• r. Proveer equipos a los laboratorios de criminalística y forense para mejorar la investigación policial.

• s. Definir en el marco del Sistema de Integración Centroamericano (SICA), políticas regionales de seguridad por intermedio de la Comisión de Seguridad de Centroamérica.

• t. Finalizar la demarcación y delimitación de fronteras.

• u. Implementar el Plan Nacional de la Violencia Contra la Mujer.

Fortalecimiento de la Administración de Justicia

• a. Fortalecer la Comisión Interinstitucional de Justicia Penal.

• b. Aplicar un sistema de selección de jueces y demás miembros del sector justicia, en base a méritos y a la conducta en la vida pública y privada.

• c. Diseñar e implementar los sistemas de registro unificado, referencia y contra referencia de atención a víctimas de violencia.

• d. Crear la figura de operadores de justicia jurisdiccionales.

• 3. Medidas Legales

• a. Promover la aprobación de la Ley del Orden Social.

• b. Promover la aprobación de la Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial.

• c. Reformar el Sistema Penitenciario a través de la Ley del Sistema Penitenciario Nacional para generar mayores condiciones de seguridad, orden y justicia con los privados de libertad.

• d. Promover la aprobación de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

• e. Revisar y reformar marcos legales para asegurar el cumplimiento efectivo de las penas, especialmente en los delitos graves (secuestro, narcotráfico, etc.) y de los delitos contra las mujeres (violencia doméstica y abuso sexual).

• 4. Metas

DEMOCRACIA REPRESENTATIVA Y PARTICIPATIVA

Los pilares fundamentales de la participación ciudadana son básicamente dos: el fortalecimiento de sistemas democráticos participativos y el desarrollo de organizaciones cívicas altamente beligerantes. En lo que respecta al primero, Honduras inicia en 1982 un proceso democrático que cuenta con la participación de 5 partidos políticos. Asimismo, y con el transcurrir del tiempo, la conciencia social de los hondureños sobre la importancia del fortalecimiento del sistema se ha desarrollado de manera tal, que la actual Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, la cual ha iniciado un proceso de revisión, surgió de la firma de un Acuerdo Nacional de Transformación para el Desarrollo Humano en septiembre de 2001. Entre los avances más sobresalientes alcanzados hasta la fecha se pueden mencionar: i) separación del Tribunal Nacional de Elecciones (TNE) y el Registro Nacional de las Personas (RNP); ii) delimitación del tiempo de campañas políticas; iii) elección, mediante boleta separada para el Presidente de la República, Diputados y Alcaldes Municipales; iv) incorporación a la Constitución de la República de las figuras del plebiscito y referéndum; y v) derogación de la prerrogativa de inmunidad para altos funcionarios del Estado.

En materia de democracia participativa se han abierto y creado espacios de participación de la sociedad civil, tanto a nivel central como municipal, tales son los casos de las Mesas Sectoriales y las Comisiones de Transparencia. Adicionalmente y para consolidar estos espacios de participación, en el marco de la Ley para el Establecimiento de una Visión de País y la Adopción de un Plan de Nación para Honduras (Decreto No. 286-2009), se crean los Consejos Regionales de Desarrollo como instancias regionales de diálogo y concertación entre el Gobierno Central, la Sociedad Civil, Gobiernos Locales y Comunidad de Cooperantes para la formulación de propuestas que faciliten una gestión pública más efectiva, ordenada y transparente en las regiones.

• 1. Objetivo General

Consolidar la democracia representativa y participativa mediante el fortalecimiento de mecanismos de diálogo y participación ciudadana, así como de la realización de reformas al sistema político-electoral que garanticen la objetividad, imparcialidad y transparencia del mismo.

• 2. Medidas de Política

Fortalecimiento de las instancias Regionales

• a. Crear y consolidar los Consejos Regionales de Desarrollo a nivel nacional.

• b. Establecer de manera consensuada la normativa para el funcionamiento y sostenibilidad de los Consejos Regionales de Desarrollo.

• c. Crear y dar sostenibilidad a las Unidades Técnicas Permanentes Regionales, como instancias de apoyo técnico al proceso de desarrollo regional y local establecido en la Visión de País.

• d. Impulsar la formulación de presupuestos participativos a nivel de las regiones de la Visión de País, para priorizar y ejecutar las inversiones de manera transparente y conforme las demandas locales/regionales.

• e. Fortalecer los procesos de Contraloría Social, potenciando las Comisiones Ciudadanas de Transparencia.

• f. Aplicar metodologías de planificación local y regional que involucre a los diferentes actores de la sociedad civil local.

Fortalecimiento de la legitimidad democrática.

• a. Mantener iniciativa Presidencial en el control de la agenda política

• b. Promover cambios necesarios a la Ley Electoral para fortalecer el proceso democrático hondureño.

• c. Continuar con el Diálogo Nacional y elaborar propuestas de cambios de naturaleza constitucional.

• d. Realizar Asambleas Populares para la participación de todos los sectores en la discusión de propuestas de naturaleza constitucional.

• e. Promover el Plebiscito para decidir sobre dos o tres propuestas de cambios constitucionales.

• 3. Medidas Legales

• a. Reformar la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas para garantizar que los partidos políticos sean verdaderos canales de participación y representación de la ciudadanía.

• 4. Metas

OBJETIVO 3: Una Honduras productiva, generadora de oportunidades y empleos dignos, que aprovecha de manera sostenible sus recursos, y reduce la vulnerabilidad ambiental

CONTEXTO

Congruente con la Visión de País y con el tercer pilar de trabajo de la Agenda Cambio Ya: Ingreso Familiar y Empleo, el Plan de Gobierno 2010-2014 desarrollará acciones orientadas a consolidar el Desarrollo Regional como modelo de gestión para el crecimiento económico y social bajo el marco de un proceso de desarrollo ambientalmente sostenible y una vulnerabilidad ambiental cada vez menor. Esto implica avanzar en la elaboración de los planes de desarrollo regional, como instrumento regulador y normativo para la inversión en infraestructura y producción, el desarrollo social; bajo mecanismos coordinados y armonizados entre la institucionalidad del Gobierno Central y los municipios en cada región.

Además, el incremento de la productividad, la creación de mayores oportunidades y la generación de empleos dignos, requiere que Honduras asuma posiciones de liderazgo a nivel centroamericano en materia de servicios de logística y transporte, maquila, turismo y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, así como en procesos de generación de energía, producción de alimentos, explotación de recursos minerales y productos derivados del sector forestal. Entre los factores claves, destacan la innovación, la productividad y la competitividad, en su sentido más amplio.

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Partiendo de que el 43.5% de la PEA presenta problemas de empleo reflejados principalmente en altos porcentajes de subempleo, y que sólo el 19% de la PEA tiene acceso a la Seguridad Social, es prioridad del Gobierno, plantear una solución oportuna, viable y sostenible en el tiempo.

• 1. Objetivo General

Mejorar las oportunidades de la población económicamente activa, a fin de que acceda a empleos dignos y de calidad, con garantía de sus derechos laborales, acceso a sistemas de previsión y seguridad social, y a formación laboral.

• 2. Objetivos Específicos

• a. Aumentar la eficiencia del mercado laboral, mediante la formación y capacitación, en correspondencia con la oferta y demanda laboral.

• b. Brindar oportunidades laborales a los y las jóvenes, a fin de que mejoren su situación económica, social y su inclusión social, mediante la inserción laboral.

• c. Incentivar la inversión de los sectores público y privado, para generar oportunidades de empleo.

• d. Promover un sistema nacional de previsión social incluyente y eficiente, que pueda garantizar un mejor entorno para los trabajadores.

• e. Potenciar que la economía hondureña tenga la capacidad de generación de nuevos empleos.

• 3. Medidas de Política

Creación de puestos de trabajo

• a. Estimular y promover procesos de desarrollo económico como generadores de empleo que permitan la creación de un mínimo de 180,000 empleos nuevos para el año 2014, mediante:

• Incentivar el crecimiento de la economía, especialmente en los sectores manufactura, agrícola y turismo.

• Promover la inversión pública en infraestructura básica, vivienda, comunicaciones, etc.

• Estimular al sector privado y alianzas internacionales para que generen nuevos puestos de trabajo (Creación de Zonas de Rápido Desarrollo y "Charter Cities")

• Desarrollar programas especiales, "proactivos", para jóvenes, mujeres jefas de hogar, personas con capacidades especiales, etc.

• Impulsar programas especiales acelerados de "capacitación para el trabajo", desarrollados conjuntamente con el sector privado.

• b. Desarrollar tres posibles áreas nuevas con alto impacto en la generación de empleo y creación de puestos de trabajo:

• Programa masivo de vivienda (especialmente a partir de acuerdos con el sector privado nacional e internacional, con énfasis en la garantía del crédito).

• Consideración de algunos proyectos "insignia" con inversiones de instituciones financieras internacionales, e inversión externa directa (pública y privada) tales como corredor interoceánico, centros logísticos, centros de acopio y mercados, etc.

• Otorgamiento de condiciones generosas para la instalación de por lo menos dos Hoteles de cadena (americanas o europeas).

• Relanzamiento de un programa ampliado de mantenimiento vial.

Fomento al Empleo

• a. Definir una política de empleo y salarios que integre la participación de los diferentes sectores económicos, regiones de la Visión de País, e incorpore el enfoque de equidad de género.

• b. Diseñar e impulsar un Plan Nacional de Generación de Empleo.

• c. Articular el Programa Nacional de Promoción de Inversiones con el Plan Nacional de Generación de Empleo para orientar la inversión y generar empleos.

• d. Diseñar e implementar una estrategia integral de fomento de la formalización de las empresas y el emprendedurismo con la participación activa de las instituciones formadoras del recurso humano.

• e. Consolidar y fortalecer el Servicio Nacional de Empleo y los programas de inserción laboral de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, en alianza con la empresa privada.

• f. Impulsar el desarrollo del Plan Nacional Solidario de Empleo Anticrisis (Programa Nacional de Empleo por Horas), como medida para abrir oportunidades de empleo a la población durante el ciclo de crisis de la economía.

Formación Profesional y Capacitación para el Empleo

• a. Organizar desde el Gobierno y con el apoyo de los empresarios un programa emergente especial de capacitación para el empleo dirigido a preparar jóvenes hondureños para el trabajo en los sectores más dinámicos de la economía, mediante:

• Crear una Comisión Nacional de Capacitación para el Empleo, con la participación de los empresarios y las organizaciones de trabajadores.

• Desarrollar una política nacional de formación profesional y capacitación para el empleo de largo plazo

• Identificar para el corto plazo, áreas críticas de crecimiento de la demanda de personal calificado.

• Desarrollar alianzas estratégicas a nivel internacional (Japón, Taiwán, Israel, USA).

• Desarrollar programa de largo plazo con financiamiento de instituciones financieras internacionales.

• b. Impulsar un Sistema Nacional de Formación Profesional con Educación no Formal que integre al Instituto de Formación Profesional (INFOP), Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal (CONEANFO), Centro Asesor para el Desarrollo de los Recursos Humanos (CADERH), universidades, colegios técnicos, y otras instituciones públicas y privadas que ejecutan este tipo de formación.

• c. Modernizar la formación vocacional en los institutos técnicos, y la formación profesional de las instituciones que ejecutan programas de educación no formal, así como desarrollar programas de práctica de las empresas (aprender haciendo).

• d. Gestionar espacios virtuales, con las universidades que permitan compartir experiencias exitosas de las empresas del sector MIPYME.

• e. Expandir y dar sostenibilidad a los proyectos dirigidos a facilitar la formación ocupacional y la inserción laboral de la PEA, con énfasis en la población joven.

Previsión y Seguridad Social

• a. Definir una política nacional de previsión social integral y su correspondiente estrategia de implementación.

• b. Ratificar el Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre normas mínimas de seguridad social.

• c. Crear el Consejo Nacional de Seguridad Social.

Aspectos Institucionales

• a. Avanzar en la aplicación de las recomendaciones emanadas del Libro Blanco[40]y de los distintos informes de verificación.

• b. Promover los espacios tripartitos de discusión de las reformas al Código de Trabajo.

• c. Adoptar medidas para la separación de funciones de inspección y conciliación, en concordancia con la Recomendación Número 81 de la OIT.

• d. Fortalecer los programas de Conciliación, Mediación y Arbitraje, como medio para la solución de conflictos laborales de la STSS, así como de los juicios laborales en el Poder Judicial.

• e. Diseñar e implementar el Sistema Nacional de Información para el Empleo.

• f. Implementar el Segundo Plan de Acción Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil.

Empleo Sectores Postergados (Juvenil, Discapacitados)

• a. Implementar programas de capacitación e inserción laboral para jóvenes.

• b. Fortalecer el Comité de Rehabilitación Profesional e Inserción Laboral de Personas con Discapacidad, e integrar a los sectores de empleadores y trabajadores.

• c. Realizar campañas de sensibilización y de promoción de empleos para personas con discapacidad.

• d. Diseñar un Plan de Capacitación orientado a diversos sectores (empresa privada, Gobierno, trabajadores) que divulgue la normativa y políticas de promoción de la no discriminación por discapacidad, etnia, edad, sexo y VIH/SIDA.

• 4. Metas

PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGROALIMENTARIO

En Honduras, a pesar del alto potencial que tiene el sector agropecuario, ha experimentado en las últimas décadas un comportamiento poco sostenible. La agricultura contribuía con el 36% al PIB a inicios de los años setenta, mientras actualmente esta contribución ha bajado al 12%, razón por la cual la presente Administración otorga prioridad a la reactivación del sector a través de un conjunto de medidas orientadas a mejorar la producción y productividad del mismo y así mejorar su contribución al PIB.

• 1. Objetivo General

Consolidar e impulsar un sector agroalimentario moderno, diversificado, que genere mayor productividad, valor agregado, y competitividad, en forma eficiente y ambientalmente sostenible, que apoye la seguridad alimentaria, contribuya a la generación de empleo, ingresos y bienestar de las familias rurales y permita la concreción de acuerdos comerciales y tratados de libre comercio suscritos o en negociación.

• 2. Objetivos Específicos

• a. Contribuir al aumento de la producción, productividad y competitividad bajo un enfoque de cadenas agroalimentarias mediante el uso eficaz y sostenible de los recursos productivos, tomando en cuenta las potencialidades y limitantes de los diferentes tipos de productores y regiones.

• b. Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios que contribuyan a generar mayor empleo productivo e ingresos, mediante la diversificación e incremento de la producción y productividad agrícola, vía aumento de los rendimientos de producción con mayor valor agregado.

• c. Fortalecer la capacidad institucional del sector agroalimentario, mejorando la estructura organizacional de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), a través de programas y servicios que permitan mayor eficacia y eficiencia en la prestación de sus servicios en base a la gestión por resultados, que propicien el desarrollo del sector y la consecución de los recursos necesarios, así como garantías de acceso y titulación de tierras que otorguen seguridad jurídica a sus propietarios.

• 3. Medidas de Política

Acceso a Tierra y Seguridad Jurídica

• a. Generar mecanismos transparentes y participativos que amplíen las opciones de acceso a la tierra de vocación agrícola y ganadera para los campesinos y campesinas, a través del mercado de tierras.

• b. Adjudicar tierras de uso agrícola y ganadero propiedad del Estado, a campesinos (as) sin tierra para su explotación eficiente y racional, en un proceso de desarrollo con enfoque empresarial.

• c. Establecer y consolidar empresas del Sector Reformado, basadas en procesos eficientes de producción y transformación.

• d. Apoyar la ejecución de un nuevo censo del sector agropecuario

Fortalecimiento sostenible de la competitividad de las cadenas

• a. Normar el funcionamiento de las cadenas en aspectos de coordinación y servicios de apoyo (asistencia técnica, capacitación, financiamiento, mercados, organización, información, innovación tecnológica, registros legales, entre otros).

• b. Fortalecer empresarialmente a través del desarrollo y mejora de los mecanismos de organización y capacitación de las MIPYMES.

• c. Continuar apoyando la integración de cadenas en la producción lechera, acuícola y otras.

• d. Dar continuidad al Bono de Solidaridad Productiva (BSP) con los ajustes técnicos, metodológicos y la transparencia del caso para garantizar su efectividad

Innovación Tecnológica

• a. Concertar con las instituciones de investigación y transferencia de tecnología la formación de redes de investigación y transferencia.

• b. Fortalecer los sistemas de investigación y transferencia de tecnología con énfasis en el pequeño y mediano productor.

• c. Impulsar y fortalecer el Sistema Nacional de Investigación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria (SNITTA).

Salud Animal, Sanidad Vegetal e Inocuidad

• a. Descentralizar administrativa y operativamente los servicios de sanidad agropecuaria y simplificar sus procesos administrativos.

• b. Capacitar y formar continuamente a las Unidades de Vigilancia Municipal.

• c. Fortalecer técnica y administrativamente los puestos de cuarentena intrarregionales y periféricos.

• d. Fortalecer las capacidades del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA) en los procedimientos de acreditación, atención a las Unidades de Vigilancia Municipal, y administración del Sistema de Sanidad Agropecuaria.

• e. Suscribir convenios de cooperación con organismos regionales y extra regionales para apoyar la operación de los puestos cuarentenarios.

Educación, Capacitación y Desarrollo Agroempresarial

• a. Integrar la modalidad de capacitación en línea.

• b. Desarrollar y poner en marcha convenios de cooperación para apoyar la formación en temas de producción, productividad y competitividad.

Acceso a información agroalimentaria

• a. Fortalecer el Sistema de Información Agropecuaria (INFOAGRO) como instancia oficial de provisión de los servicios de información agroalimentaria del Sector y establecer y poner en funcionamiento los Centros Regionales de Información (CRI).

Acceso al Riego

• a. Formular y aprobar el Plan Maestro de Riego.

• b. Constituir y operativizar el Servicio Nacional de Infraestructura Rural y Riego (SENINFRA).

• c. Rehabilitar y dar mantenimiento a la infraestructura de riego a nivel extra finca, en los distritos de riego estatales.

• d. Incorporar nuevas áreas agrícolas bajo riego a nivel de extra finca.

Acceso al Financiamiento

• a. Elaborar y concertar una política de financiamiento sostenible para apoyar el desarrollo agroalimentario.

• b. Implementar un proceso de saneamiento y calificación de la cartera del sector.

• c. Revisar y simplificar los procesos de gestión financiera del sector.

• d. Fortalecer los fondos de garantía agropecuaria.

• e. Elaborar, concertar y operar programas de seguros agrícolas sostenibles (con enfoque colectivo).

Fortalecimiento del Marco Legal e Institucional

• a. Revisar, actualizar y reglamentar el marco legal y regulatorio del sector agroalimentario.

• b. Fortalecer la coordinación interinstitucional del sector agroalimentario y promover la descentralización operativa de su funcionamiento institucional.

• c. Promover la aprobación de la Política de Equidad de Género en el Agro.

• d. Implementar la Ley de Ingresos Complementarios en Zonas Rurales y Urbano Marginales.

• 4. Metas

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN

El presente Gobierno ha declarado como prioridad nacional la seguridad alimentaria y nutricional de la población, bajo Decreto Ejecutivo PCM-038-2010. Enmarcando la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PSAN) y la implementación de la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (ENSAN) dentro de los objetivos, metas y lineamientos estratégicos establecidos por la Ley para el Establecimiento de una Visión de País y la adopción de un Plan de Nación. El mismo Decreto transforma sustancialmente el marco institucional de la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) declarando que la Política SAN es multisectorial y que su Estrategia Nacional deberá implementarse transversalmente a través de todas la Secretarías de Estado. A nivel regional la política se visualizará en los Planes Estratégicos de Desarrollo Municipal y por consiguiente en los Planes de Desarrollo Regional.

La ENSAN define la seguridad alimentaria y nutricional como la condición en la cual todas las personas disponen, en forma oportuna y permanente, de acceso a los alimentos que necesitan en cantidad, calidad y culturalmente aceptables para su adecuado consumo y utilización biológica, garantizándoles su desarrollo humano.

• 1. Objetivo General

Procurar que todas las familias hondureñas atiendan sus necesidades básicas de alimentación en cantidad, calidad, oportunidad, e inocuidad, para que cada uno de sus miembros logre un adecuado estado de salud y bienestar y el pleno desarrollo de sus potencialidades cognitivas y físicas.

• 2. Objetivos Específicos

• a. Reducir los riesgos de inseguridad alimentaria en las familias en condiciones de extrema pobreza, mediante la promoción de buenas prácticas de alimentación, y la vigilancia y el cuidado de la salud de los niños.

• b. Apoyar a las familias en extrema pobreza para mejorar su acceso a los alimentos mediante el apoyo a la producción para subsistencia y autoconsumo.

• c. Promover buenos hábitos de alimentación y estilos de vida saludables en toda la población.

• d. Mantener un sistema de vigilancia del estado nutricional de la población, con énfasis en el crecimiento y desarrollo de los menores de 5 años para prevenir oportunamente la desnutrición.

• e. Velar por la calidad de los alimentos disponibles para la población mediante la aplicación y vigilancia del cumplimiento de las normas sanitarias que aseguren la inocuidad.

• 3. Medidas de Política

Mejorar la disponibilidad de alimentos a través de la implementación de programas de apoyo a la pequeña agricultura campesina.

• a. Diseñar e implementar el Programa de Modernización de la Agricultura Campesina PEAGROH-Programa Nacional Agrícola (PRONAGRO).

• b. Mantener un inventario actualizado de todos los programas dirigidos al fortalecimiento de la seguridad alimentaria y nutricional a cargo de instituciones públicas o privadas.

• c. Mantener un sistema de monitoreo y evaluación de los resultados de los Programas y Proyectos dirigidos a la pequeña y mediana producción agropecuaria, y su impacto en el bienestar de las familias beneficiadas.

• d. Diseñar un Programa de Pesca y Acuicultura Artesanal.

Mejorar el acceso a los alimentos de las familias en pobreza extrema y pobreza a través de regulaciones de mercado y programas especiales de ayuda.

• a. Orientar los programas de entrega de alimentos solamente a situaciones de catástrofe y con carácter temporal, de manera que no provoquen efectos negativos en el mercado nacional.

• b. Fortalecer el Programa de Merienda Escolar, a través de compras de alimentos a nivel local, para incentivar la pequeña agricultura y a los pequeños emprendimientos.

• c. Desarrollar los programas de seguridad alimentaria en aquellas áreas de mayor concentración de población en riesgo y promover la coordinación e integración de las acciones públicas y privadas a nivel de las comunidades.

• d. Establecer controles a los precios de los alimentos de la canasta básica y mecanismos de vigilancia oportuna para el cumplimiento de dichos controles.

Mejorar el consumo y utilización biológica de alimentos en poblaciones vulnerables

• a. Diseñar programas de educación y prevención, orientados a los grupos de más alto riesgo de inseguridad alimentaria y nutricional, con prioridad en la población infantil y las madres embarazadas en los hogares en extrema pobreza.

• b. Elaborar campañas públicas de educación alimentaria y nutricional, para promover los estilos de vida saludable, entre la población priorizando aquellos dirigidos a los niños menores de 2 años, las embarazadas y madres lactantes.

• c. Dar prioridad a nuevos programas con modelos de intervención que hayan demostrado ser eficientes y de alto impacto en reducir la desnutrición y mejorar la alimentación de las familias en extrema pobreza.

• d. Perfeccionar las normas sobre fabricación, preparación y expendio de alimentos a fin de velar por la inocuidad de los mismos.

• e. Mejorar el sistema de vigilancia nutricional, a fin de asegurar un monitoreo permanente del estado nutricional de la población, con énfasis en los grupos de alto riesgo (mujeres embarazadas y menores de cinco años).

• f. Involucrar a los Municipios en la promoción de políticas públicas saludables y de buenas prácticas de higiene ambiental (uso y manejo del agua para el consumo humano, manejo de la basura, control de vectores y plagas, etc.).

• 4. Metas

SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMÍA Y MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

Las MIPYME tienen una participación relevante en la actividad económica que se refleja en la generación de empleo e ingresos para los hogares de los microempresarios y de sus empleados. Este sector que representa aproximadamente el 20 o 25% del PIB, da empleo a casi un millón de trabajadores. Asimismo, el país cuenta con un potencial para el desarrollo de este sector, el cual ofrece una serie de oportunidades para el mejoramiento de la calidad de vida de la población urbana y rural, posibilitando la participación de la mujer, la juventud, las etnias, y otros sectores.

• 1. Objetivo General

Impulsar el desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (MIPYME) y del Sector Social de la Economía (SSE), a través del incremento de la productividad, competitividad, autosuficiencia, tecnología, y generación de empleo e ingresos a las familias vinculadas a estos sectores, y de esta forma aprovechar todas las oportunidades que les otorga el mercado nacional y la apertura del mercado internacional.

• 2. Objetivos específicos

• a. Lograr que las MIPYME y el SSE eleven su competitividad y productividad para insertarse competitivamente al mercado nacional, regional y extra regional.

• b. Lograr que las MIPYME y el SSE aumenten el acceso y la eficiencia de los recursos financieros públicos, privados y de la cooperación internacional para el desarrollo y sostenibilidad de dichos sectores.

• c. Coordinar y planificar con las instituciones públicas y privadas el apoyo a la MIPYME y el SSE para aumentar la eficacia y la eficiencia de los programas y proyectos dirigidos al sector.

• d. Identificar la demanda y promover la oferta de servicios de desarrollo empresarial que garantice el acceso a nuevos conocimientos del sector.

• 3. Medidas de Política

Marco Normativo e Institucional

• a. Fortalecer institucionalmente a la Subsecretaría MIPYME-SSE, y establecer alianzas estratégicas con el sector público, privado y la cooperación internacional, para el desarrollo conjunto de los programas y proyectos.

• b. Implementar la Política y Estrategia Nacional de Fomento y Desarrollo de la Competitividad de la MIPYME.

• c. Crear una ventanilla única para trámites administrativos relacionados con la MIPYME y el SSE para avanzar en el proceso de simplificación administrativa.

• d. Crear el Instituto de Desarrollo de la MIPYME de modalidad público-privada.

• e. Establecer alianzas con las universidades, municipalidades, sector productivo y cooperación internacional, para el desarrollo de proyectos público-privados.

• f. Implementación de la Ley de Garantías Mobiliarias

Servicios de Desarrollo Empresarial

• a. Continuar con el apoyo al eslabonamiento productivo de las MIPYME en el marco de cadenas productivas.

• b. Diseñar e implementar un Programa Modular de Formación Integral de la MIPYME.

• c. Apoyo en la formación de parques productivos, de servicios y comerciales de empresas MIPYMES para lograr economías de escala.

• d. Promover la simplificación administrativa de la Subsecretaría MIPYME-SSE.

Servicios Financieros