La efectividad de la ayuda oficial al desarrollo de la R.O. de China con Honduras, en el sector seguridad (página 5)

ANEXO 5: 1

MAPAS DE LAS REGIONES DE LA VISIÓN DE PAÍS 1

INTRODUCCIÓN

El presente Plan de Gobierno 2010-2014, constituye el primer paso en el largo camino para la concretización de los principios de desarrollo, objetivos y metas de la Visión de País hacia el año 2038, y de los lineamientos estratégicos e indicadores del Plan de Nación 2010-2022, cuya finalidad última es el desarrollo integral de Honduras en lo económico y social. La materialización de la Visión de País y el Plan de Nación se fundamenta en la planificación del desarrollo de las regiones, sustentado en la participación ciudadana y en las potencialidades de las cuencas hidrográficas del país.

En este contexto, el Plan de Gobierno es definido como "el planteamiento de políticas, programas y proyectos que en cada administración gubernamental, independientemente del partido político que lo presente y ejecute, aborda la forma como esa administración particular pretende contribuir al logro de las metas e indicadores en cada uno de los ejes estratégicos del Plan de Nación". A partir de esta definición, el Gobierno de la República, presidido por el Licenciado Porfirio Lobo Sosa, se ha comprometido con el desafío de formular el Plan de Gobierno 2010-2014, determinándolo como la primera prioridad a nivel presupuestario y de la gestión pública en general.

Este Plan toma como punto de inicio la identificación de las principales características que determinan el actual contexto económico, social y político del país. En este sentido, el primer capítulo aborda los aspectos claves del entorno macroeconómico y los principales sectores, tanto productivos como los sociales, ambientales y los relacionados con la gobernabilidad, otorgando un énfasis particular a la situación prevaleciente de pobreza y desigualdad.

El segundo capítulo, aborda el estatus de la Estrategia para la Reducción de la Pobreza (ERP) y el alineamiento y armonización de la cooperación externa, como dos procesos que han incidido en la gestión pública en los últimos años y que orientan los procesos de planificación del desarrollo en el marco de la Visión de País.

El tercer capítulo, establece el marco estratégico del Plan de Gobierno, considerando la Visión de País, el Plan de Nación, y la Agenda para el Cambio Ya. Asimismo, se incluye el marco de lineamientos estratégicos, bajo el cual deben ser definidos los diferentes planes de gobierno, toda vez que los mismos se constituyen en instrumentos de la planificación y la programación de mediano plazo, orientada a facilitar el cumplimiento de la parte que debe ser ejecutada en cada período de Gobierno.

El cuarto capítulo, se orienta a establecer la importancia que el actual Gobierno le otorga a la estabilidad macroeconómica, como fundamento del ahorro interno, indispensable para elevar la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), reducir las vulnerabilidades económicas provenientes del sector externo, fortalecer la demanda interna, y en definitiva, contribuir a reducir la pobreza si se reduce la desigualdad social.

El quinto capítulo, determina a nivel sectorial los objetivos, medidas de política y metas a ser impulsadas durante los cuatro años del actual Gobierno, con un enfoque en las necesidades inmediatas, pero manteniendo la visión de largo plazo, como elemento fundamental para lograr los cambios trascendentales que se requieren para avanzar en los 4 objetivos y las 23 metas de prioridad nacional definidos en la Visión de País.

El capítulo sexto, plantea un nuevo enfoque en lo referente a la asignación, ejecución y administración de los recursos públicos, otorgando la importancia que se merece la regionalización de la inversión pública, como medio para atender los requerimientos de amplios sectores de la población de las regiones y municipios, de acuerdo a sus propios requerimientos, particularidades y potencialidades.

Finalmente, el capítulo séptimo define el marco institucional que se requiere para la implementación del presente Plan de Gobierno, de los planes sucesivos y en consecuencia, del Plan de Nación. Con este propósito se abordan los aspectos relacionados con el Sistema Nacional de Planificación para el Desarrollo (SINAPLADEH), el Sistema de Monitoreo y Evaluación de la Visión de País y Plan de Nación, y los procesos de auditoría y rendición de cuentas.

En conclusión, la formulación del Plan de Gobierno 2010-2014 se presenta como un proceso armónico, integral y lógico en su estructura y en su orientación hacia el logro de la parte de las metas que de acuerdo a la visión de largo plazo, debe ser realizada en estos cuatro años y que se fundamenta principalmente en el marco de políticas y programas de las instituciones del Gobierno Central y Descentralizado, complementado con un primer ejercicio de socialización y retroalimentación en las distintas regiones. Además, a la presente administración le corresponde la compleja tarea de establecer las bases para el desarrollo del Sistema Nacional de Planificación, la armonización del presupuesto con las metas de país y el establecimiento del marco institucional para un seguimiento, monitoreo y rendición de cuentas eficiente, transparente e incluyente.

Asimismo, existe el compromiso de la Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa (SEPLAN) para que los planes formulados en los siguientes períodos de Gobierno, reflejen los procesos participativos de planificación regional y local que se impulsan por medio de los Consejos Regionales de Desarrollo (CRD), en congruencia con el marco general establecido por el Plan de Nación y la Visión de País, y acorde con los compromisos asumidos por el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional.

RESUMEN EJECUTIVO

• A. CONTEXTO ECONOMICO, SOCIAL Y POLITICO

En el período 2000-2008, la actividad económica del país mostró un desempeño robusto, creciendo a una tasa promedio anual de alrededor de un 5% y de 6.3% durante el cuatrienio 2004-2007, incrementos del PIB per cápita alrededor del 2.5% y 3.4% respectivamente. El sector externo reflejó incrementos en las exportaciones, las remesas familiares y la inversión extranjera directa; y los principales indicadores macroeconómicos mostraron una sustancial mejora, con tasas de inflación de un dígito, un tipo de cambio estable, tasas de interés hacia la baja, déficit fiscal en niveles manejables, y un sistema financiero solido.

No obstante, los buenos resultados en el marco macroeconómico no fueron aprovechados de manera adecuada para consolidar y robustecer la estructura productiva nacional, ni para lograr avances sustanciales en la reducción de la pobreza y en el mejoramiento de la calidad y la cobertura de los servicios sociales básicos. El manejo inadecuado de la política económica nacional y la crisis financiera y económica internacional, han determinado que el inicio del nuevo Gobierno encuentre un país sumido en una grave crisis económica, lo cual le resta capacidad al sector público para actuar como un agente de cambio, y para satisfacer las necesidades de los más necesitados.

De acuerdo con los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), los hogares en situación de pobreza extrema y de pobreza para 2009 fueron de 36.2% y 59.2%, respectivamente, la tasa de desempleo abierto fue de 2.9% y el desempleo invisible alcanzó un 29.8% del total de la Población Económicamente Activa (PEA). A esto se agrega que la desigualdad en la distribución de los ingresos, medida por el coeficiente de Gini, asciendió a 0.55; y que más de la mitad de la PEA está ocupada en actividades no asalariadas. Esto último afecta la calidad de los empleos, ya que conlleva al pago de bajas remuneraciones y a la falta de acceso a los sistemas de previsión social por parte de los trabajadores.

Con relación al sistema educativo, se identifican grandes problemas estructurales relacionados con la calidad y cobertura de la educación, deficiencias en la infraestructura escolar, la formación integral de capacidades de los educandos, entre otros. Estos problemas dificultan el surgimiento de bases firmes para superar el fenómeno de pobreza; y además obstaculizan los procesos de creación y fortalecimiento de la ciudadanía.

En lo referente al sector salud, éste presenta una situación en la que sobresalen dos componentes problemáticos, que entre sí refuerzan y condicionan el grave problema de falta de correspondencia entre necesidades y soluciones posibles, y se definen como: i) un sistema fragmentado y desarticulado de subsistemas de atención en salud -Secretaría de Salud, Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y sistema privado de establecimientos de salud, con incipiente aporte a las metas del sector salud; y ii) una situación de malestar social de la población, debido a los problemas estructurales-coyunturales de salud-enfermedad.

Durante décadas se han realizado importantes inversiones dirigidas a expandir y mejorar la red de infraestructura vial hondureña; pese a ello, la tasa de construcción y mantenimiento de la red vial pavimentada es baja, a lo cual se agregan las pérdidas que en este sector provocan los fenómenos naturales recurrentes. Además, el país requiere avanzar rápidamente en la concretización de un fuerte programa de inversiones para lograr un mejor aprovechamiento de sus ventajas comparativas en materia portuaria; así como para el incremento de la productividad agropecuaria, que requiere, entre otros factores, de una fuerte inversión en la ampliación de la cobertura de sistemas de riego.

En materia de recursos naturales, el país cuenta con ventajas comparativas importantes tales como: variados ecosistemas; amplia faja costera en el Atlántico; importantes recursos en el Golfo de Fonseca; dotación de tierras bajas con alto potencial productivo; un potencial de recursos hídricos probablemente único en la región centroamericana; suficientes pero desaprovechados recursos forestales y de áreas protegidas; e importantes recursos mineros. Desafortunadamente, el país ha demostrado una reiterada incapacidad para el manejo efectivo y protección de los recursos naturales, a lo cual se agrega que las características biofísicas y topográficas le convierten también en un país altamente vulnerable frente a fenómenos climatológicos.

Desde 1981 a 2009, el país ha avanzado hacia la profundización de la democracia y la consolidación gradual de sus instituciones. No obstante, los avances en este proceso han sido insuficientes para satisfacer las demandas e intereses de la población, lo cual repercute en mayores niveles de abstencionismo electoral. Por otra parte, en la segunda mitad de 2009, la democracia hondureña pasó por una grave crisis, que puso a prueba la calidad y solidez de la democracia, y reafirmó la necesidad de construir un mejor sistema democrático, más participativo, representativo e incluyente.

Por otra parte, Honduras forma parte de la lista de los países más violentos de América Latina, con una tasa de 57.9 homicidios por cada 100,000 habitantes (en 2008), y se ubica en la geografía de la inseguridad que abarca a México y América Central, impulsada por el crimen organizado y sus redes transnacionales. Debido a esto, la inseguridad, entendida no solo desde el punto de vista físico sino también jurídico, requiere de esfuerzos permanentes, mayor asignación de recursos, mejoras sustanciales de las instituciones operadoras de justicia, un verdadero estado de derecho, y un Poder Judicial realmente independiente y transparente.

• B. PROCESOS EN MARCHA RELACIONADOS CON EL PLAN DE GOBIERNO

En la actualidad se mantienen vigentes tres importantes procesos en materia de política social: La Estrategia para la Reducción de la Pobreza (ERP) y los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM); y un nuevo enfoque sobre la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD).

En el marco de la Visión de País y del Plan de Nación, la ERP encuentra el espacio apropiado para el logro de sus metas, ya que por una parte se articula con el proceso de planificación del desarrollo, y por otra avanza hacia un proceso de implementación a nivel regional, sobre el cual varios esfuerzos se han venido desarrollando, pero en forma aislada de la dimensión nacional.

En esta articulación, cada uno de los objetivos nacionales de la Visión de País retoma los temas centrales que la ERP plantea a nivel de sus áreas estratégicas. En este sentido, el objetivo 1 asume lo considerado en el área estratégica de la ERP sobre la ampliación de capacidades y acumulación de capital humano. El objetivo 2 retoma temas considerados en el área estratégica de gestión de riesgos sociales; y por su parte en el objetivo 3 se integran los temas que se plantean en las áreas de creación de oportunidades, participación en el mercado, aumento de la productividad y generación de empleo, y el área de modernización de la infraestructura económica y social.

• C. MARCO ESTRATÉGICO DEL PLAN DE GOBIERNO

El Plan de Gobierno 2010-2014, constituye el instrumento de planificación y programación presupuestaria necesario para concretizar los principios orientadores del desarrollo y los objetivos nacionales definidos en la Visión de País al 2038 y el Plan de Nación 2010-2022, constituidos en Política de Estado, según el Decreto No.286-2009 del Soberano Congreso Nacional, con el respaldo decidido de todos los partidos políticos legalmente constituidos y los diversos sectores nacionales.

La Visión de País se vislumbra como la imagen objetivo de las características sociales, políticas, económicas y ambientales que el país debe alcanzar al año 2038, mediante la ejecución de los sucesivos planes de nación y planes gobierno, consistentes entre sí y congruentes con las aspiraciones de la sociedad hondureña. Asimismo, el Plan de Nación se define como el conjunto de ejes estratégicos que orientarán la acción del sector público, a través de varios períodos de Gobierno hasta el año 2022, y de forma indicativa las acciones del sector privado, con el fin último de atender y solventar los desafíos que implica el desarrollo nacional.

Asimismo, el Plan de Gobierno incluye como parte de su agenda programática, la filosofía del Centro Humanismo, que propugna por la plena realización del hombre y de lo humano dentro de un marco de principios cristianos. Los principios básicos de la gestión pública, fundamentada en la filosofía del Centro Humanismo, se refieren a lo siguiente: dignidad de la persona humana, bien común, solidaridad y subsidiaridad. Estos principios, que fundamentan la Agenda para el Cambio Ya, se concretizan en tres pilares que sirven de cimiento y a la vez transversalizan todos los aspectos comprendidos en el Plan de Gobierno de la presente administración: educación con salud; ingreso familiar más empleo y seguridad.

Por otra parte, la Visión de País y el Plan de Nación, establecen que el desarrollo regional constituye el modelo de gestión más apropiado para lograr el crecimiento económico y social del país. En tal sentido, el proceso de regionalización constituye uno de los mayores hitos para el desarrollo del país.

• D. MARCO MACROECONÓMICO DEL PLAN DE GOBIERNO

El marco macroeconómico del Plan de Gobierno contextualiza el inicio de la implementación del Plan de Nación y Visión de País. La estabilidad macroeconómica, como fundamento del ahorro interno, es uno de los lineamientos estratégicos del Plan de Nación, que la concibe como un elemento que contribuye al logro de los siguientes objetivos: i) elevar la tasa de crecimiento del PIB a niveles superiores a la tasa de crecimiento de la población; ii) reducir las vulnerabilidades económicas provenientes del sector externo, a través de una situación fiscal fortalecida, un sistema financiero solido y una posición comercial y financiera equilibrada con el resto del mundo, que permitan aumentar sustancialmente la base de ahorro; iii) lograr coordinación en la formulación de las políticas económicas que permitan alcanzar un nivel de inflación bajo y consistente con los demás objetivos y un tipo de cambio competitivo; y, iv) fortalecer la demanda interna y recuperar los niveles de inversión pública y privada, mejorando el acceso a los mercados de capitales, recursos y trabajo, como elementos fundamentales del fortalecimiento de la clase media.

El contenido del marco macroeconómico abarca las políticas y proyecciones relacionadas con la tasa de crecimiento esperada para la economía hondureña en el período de Gobierno 2010-2014, así como las proyecciones de las principales variables que se derivan de la ejecución de las políticas fiscal, monetaria, cambiaria y crediticia, y la tendencia de las magnitudes que afectan la oferta y demanda de recursos financieros.

• E. OBJETIVOS, MEDIDAS DE POLÍTICA Y METAS DEL PLAN DEL GOBIERNO

Los objetivos y medidas de política contempladas en el Plan de Gobierno 2010-2014, se han estructurado de tal manera que sus resultados contribuyan en el mediano plazo al cumplimiento de los 4 objetivos nacionales, 23 metas y 65 indicadores de la Visión de País y Plan de Nación.

El primer gran objetivo hace referencia a la necesidad de lograr avances sustanciales en el proceso de construir una sociedad cohesionada e incluyente, con reducción progresiva y sostenida en el porcentaje de hogares que actualmente viven en condiciones de pobreza extrema y pobreza. Enfrentar con éxito este desafío requiere entre otros factores, menores índices de desigualdad en el acceso a activos productivos y en materia de ingresos, así como la creación de las condiciones y los medios que faciliten a todos los hondureños, y sobre todo a los de menores ingresos, el acceso igualitario a servicios de calidad en materia de educación, salud, formación profesional, seguridad social y servicios básicos.

Mediante el segundo macro objetivo, se busca profundizar la democracia representativa y participativa, haciendo uso, entre otros medios, del plebiscito y el referéndum como formas de participación ciudadana en los temas más trascendentes del país. Asimismo, es fundamental lograr que la población tenga una conciencia más sólida acerca de sus derechos y de la importancia de contar con un sistema de justicia integrado, efectivo y expedito, así como de vivir en un entorno seguro, con niveles reducidos de criminalidad. De manera particular, se procura consolidar el sistema de derechos de propiedad, que todos los ocupantes de tierras tengan un título que los acredite como dueños, que el Estado disponga de cuerpos de seguridad modernos apoyados con sistemas de inteligencia y de integridad, con instituciones sólidas y coordinadas, y, que las Fuerzas Armadas sean garantes efectivos de la Constitución y de la defensa de la soberanía nacional.

En el marco del tercer gran objetivo, se desarrollarán acciones orientadas a consolidar el desarrollo regional como modelo de gestión para el crecimiento económico y social. Esto implica avanzar en la constitución de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) en cada región, como instrumento regulador y normativo para la inversión productiva, el desarrollo social y la inversión en infraestructura, bajo mecanismos coordinados y armonizados entre la institucionalidad del Gobierno Central, los Consejos Regionales de Desarrollo (CRD) y los municipios en cada región. Además, el incremento de la productividad, la creación de mayores oportunidades y la generación de empleos de calidad, requiere que el país adquiera posiciones de liderazgo a nivel centroamericano en materia de servicios de logística y transporte, maquila, turismo y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, así como en procesos de generación de energía limpia, alimentos, minerales y derivados del sector forestal.

Finalmente, el cuarto macro objetivo procura que el Estado de Honduras evolucione en términos de facilitación administrativa y consolidación de la seguridad jurídica para ciudadanos, empresas e inversionistas, mediante la modernización institucional, mayor transparencia y eficiencia en la gestión pública, y avances importantes en los procesos de descentralización a nivel municipal.

Asimismo, existe consenso de que la eficiencia y efectividad de las instituciones públicas, se logrará mediante la implementación del Gobierno Electrónico, para mejorar la gestión y la prestación de servicios, afianzar la institucionalidad democrática, y generar un efecto multiplicador en los niveles de absorción de la Tecnología de Información y Comunicación (TIC) a nivel de país.

Conforme a la Visión de País, mediante el logro de este objetivo, se consolida el modelo de desarrollo nacional sobre la base del desarrollo regional, desde el nivel municipal. En este sentido, el proceso de descentralización debe avanzar sustantivamente, de tal manera que los municipios se constituyen en los gestores para el desarrollo regional, eficientando sus procesos de planificación, inversión, gestión financiera y administrativa, y ejecución de proyectos, propiciando en forma permanente la participación de la población.

Respecto a las metas e indicadores del Plan de Gobierno, la SEPLAN inició a finales del primer trimestre del 2010, un trabajo con las diversas instituciones del Gobierno, dirigido a revisar y validar técnicamente los indicadores del Plan de Nación, con el fin de garantizar un proceso efectivo de evaluación posterior. Estas metas e indicadores constituyen la base para el Sistema de Monitoreo y Evaluación de la Visión de País y Plan de Nación y del Plan de Gobierno 2010-2014. Se incluyeron aquellas metas e indicadores institucionales o sectoriales (intermedios o de progreso) más relevantes o prioritarios que pudiesen mostrar el avance hacia la Visión de País y a la implementación del Plan de Nación. Los indicadores de proceso estarán incluidos en los Planes Operativos Anuales (POA) de cada institución.

• F. MARCO ORIENTADOR DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

El marco presupuestario hace referencia a la Política de Inversión Pública establecida por la Secretaría de Finanzas (SEFIN), entendida la inversión como un factor clave para el desarrollo del país, donde al Gobierno le corresponde un rol activo, promoviendo un clima interno de confianza que genere condiciones atractivas para el desarrollo de la inversión privada, y asegure que la inversión pública, bajo su responsabilidad, se traduzca en un aporte real al desarrollo social y económico del país. En este sentido, el Programa de Inversión Pública es uno de los instrumentos de planificación más importantes del Gobierno, que le permite llevar a la práctica las políticas, planes y programas, enmarcados en la Visión de País, Plan de Nación y Plan de Gobierno.

Por estas razones, el proceso de inversión pública debe responder a las necesidades de la población, por lo que se introducirán cambios fundamentales en todas las etapas del proceso de inversión pública a partir de 2012, reconociendo la importancia de este proceso de inversión en la dinamización de la actividad económica y en la provisión de servicios de calidad para los hondureños(as).

• G. MARCO INSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN

El Sistema Nacional de Planificación para el Desarrollo de Honduras (SINAPLADEH) se define como el conjunto de procesos ejecutados a través de la estructura institucional definida, y sistemas ordenados e integrados, desarrollando normas y procedimientos técnicos y administrativos a los niveles institucional y sectorial, y en los ámbitos nacional, regional, municipal y local. Asimismo contempla la implementación de mecanismos de participación para la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de planes que permitan la eficiencia y transparencia en la asignación y ejecución de recursos, mayor participación en la toma de decisiones, y ordenamiento institucional para el logro de los objetivos y metas de la Visión de País a través del avance sostenido de los indicadores del Plan de Nación.

De igual manera, la Ley concibe como los elementos del SINAPLADEH los siguientes: i) marco jurídico; ii) marco institucional; iii) sistema de monitoreo y evaluación; iv) observatorio de cumplimiento y; v) sistema nacional de integridad.

El SINAPLADEH apunta, entre otros, a los siguientes objetivos: i) institucionalizar el proceso de planificación del desarrollo para el logro de los objetivos, metas, lineamientos estratégicos e indicadores de la Visión de País y Plan de Nación; ii) garantizar a través de los planes de corto, mediano y largo plazo en los niveles nacional, regional, y municipal, el uso adecuado de los recursos nacionales y su efectiva orientación al desarrollo; iii) medir el avance en el desarrollo nacional y regional a través de la integración y eficiencia del Sistema de Monitoreo y Evaluación, y; iv) orientar la cooperación internacional para el desarrollo en función de la Visión de País y Plan de Nación.

El Sistema de Monitoreo y Evaluación, la auditoría social y rendición de cuentas se constituyen en elementos sustanciales del proceso de planificación del desarrollo, destacando el papel que la Ley le asigna al Foro Nacional de Convergencia (FONAC) y al Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).

Finalmente, y como parte de los anexos, se destacan dos trabajos. Primero se presentan, a manera de resumen, los principales aportes del proceso de socialización a nivel de las regiones, del Anteproyecto del Presupuesto 2011 y las prioridades del Plan de Gobierno que a su vez retroalimentaron el presente Plan. Segundo, se presenta una matriz que relaciona los objetivos y metas de la Visión de País con los indicadores del Plan de Nación y los indicadores para cada uno de los años del Plan de Gobierno 2010-2014; en base a esta matriz se dará seguimiento al cumplimiento de las metas por cada una de las instituciones del Gobierno.

CONTEXTO ECONÓMICO, SOCIAL Y POLÍTICO

ASPECTOS MACROECONÓMICOS[37]

En los últimos treinta años, la economía hondureña ha manifestado diversos signos de inestabilidad estructural, reflejados en una tasa promedio anual de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), ligeramente superior a la tasa de crecimiento de la población. La insuficiencia del crecimiento económico de largo plazo, no ha permitido realizar esfuerzos de alto impacto en la disminución de las inequidades sociales y la pobreza.

No obstante, en el período 2000-2008 la actividad económica del país mostró un mejor desempeño, creciendo a una tasa promedio anual de alrededor de 5%, que permitió alcanzar incrementos del PIB per cápita de alrededor de 2.5%. Añadido a lo anterior, se observó una mejora en los principales indicadores macroeconómicos, con tasas de inflación de un dígito, un tipo de cambio fijo desde el 2005, tasas de interés hacia la baja, déficit fiscal en niveles manejables y una mejora en la solidez del sistema financiero.

Durante este período, las variables asociadas al comportamiento del sector externo evolucionaron en forma favorable, reflejando incrementos en las exportaciones, las remesas familiares y la inversión extranjera directa; el saldo de la deuda externa y el servicio de la deuda mostraron disminuciones sustanciales gracias a la iniciativa de condonación de deuda de los organismos internacionales y gobiernos amigos, en el marco del esfuerzo por apoyar el financiamiento de los programas y proyectos de la Estrategia para la Reducción de la Pobreza (ERP).

Este período de desempeño favorable en las variables macroeconómicas no fue aprovechado de manera adecuada para consolidar y robustecer la estructura productiva nacional, ni para lograr avances sustanciales en la reducción de la pobreza y en el mejoramiento de la calidad y la cobertura de los servicios sociales básicos. El manejo inadecuado de la política económica y la crisis financiera y económica internacional, han determinado que el nuevo Gobierno que asume la conducción del país en el 2010, encuentre a Honduras sumida en una grave crisis económica.

Los efectos de esta crisis que impactaron con mayor fuerza en el año 2009, han tenido efectos drásticos en las finanzas públicas, el crecimiento económico y la inversión privada, nacional y extranjera, generando una caída en los ingresos y el empleo, cuyo efecto se estima que perdurará durante los primeros tres años del Plan de Nación, restando capacidad al sector público para actuar como un agente de cambio, e impidiendo la ejecución de reformas estructurales en las finanzas públicas, como también orientar masivamente recursos a la satisfacción de las necesidades de los más pobres.

8Considerando la evolución de las principales variables macroeconómicas durante el 2009, para el 2010 se estima un crecimiento económico en términos reales alrededor de 2.5%-3.5%, un déficit fiscal de la Administración Central en relación al PIB proyectado de -3.4% y un saldo de Reservas Internacionales Netas (RIN) que produce una cobertura mínima igual a 3.0 meses de importación. No obstante, en el corto plazo todavía no se podrá evitar un deterioro de la calidad del gasto público; efecto que implica la necesidad de reformular el marco macroeconómico para los próximos años y crear alternativas innovadoras de financiamiento para no desatender los programas sociales (capítulo IV). Adicionalmente, la utilización de cantidades enormes de recursos hacia fines no presupuestados, en conjunto con la suspensión de desembolsos externos, ha generado grandes compromisos financieros incumplidos con proveedores, municipalidades, contratistas y otros agentes económicos, que afectan la disponibilidad de recursos en el 2010 para hacer frente a las necesidades sociales básicas, incrementadas por la crisis.

Bajo dicho panorama, el Gobierno y la ciudadanía tienen la tarea de racionalizar el uso de los recursos disponibles, asignando fondos a proyectos con mayor rentabilidad social y económica, cancelando programas de poco rendimiento económico y social, reestructurando o cerrando instituciones con exiguo impacto en el bienestar social y revisando la estructura impositiva, para reducir la evasión fiscal y aumentar la progresividad de la escala tributaria.

ASPECTOS SOCIALES, POLÍTICOS Y AMBIENTALES

Pobreza y Desigualdad

De acuerdo a los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), los hogares en situación de pobreza extrema y pobreza fueron para el 2009 de 36.2% y 59.2% respectivamente, la tasa de desempleo abierto fue de 2.9% y el subempleo invisible alcanzaba un 29.8% del total de la Población Económicamente Activa (PEA). A esto se agrega que la desigualdad en la distribución de los ingresos, medida por el coeficiente de Gini, ascendió a 0.55; y que más de la mitad de la PEA está ocupada en actividades no asalariadas. Esto último afecta la calidad de los empleos, ya que conlleva al pago de bajas remuneraciones y a la falta de acceso a los sistemas de previsión social por parte de los trabajadores.

Las tendencias de la población manifiestan que Honduras continuará teniendo por muchos años tasas de crecimiento demográfico superiores al promedio regional, que la sociedad será cada vez más urbana y que la población en edad de trabajar y, por consiguiente la PEA (entre 15 a 64 años), rondará en pocos años casi los dos tercios de la población total. Todo esto implica fuertes presiones para obtener mayores tasas de crecimiento económico, a fin de alcanzar un importante crecimiento del ingreso per cápita y de atender adecuadamente el incremento de la demanda de empleo. Además, el proceso de urbanización implica que solo para mantener los niveles actuales, aunque insatisfactorios, de dotación de infraestructura y servicios urbanos, Honduras deberá duplicar, entre otros, lo siguiente: i) servicios de agua potable y redes de alcantarillado; ii) red de comunicación terrestre; iii) redes de telefonía y telecomunicaciones; iv) escuelas primarias; v) centros de salud, y; vi) instalaciones para alumbrado eléctrico.

Por otro lado, existen otras tendencias poblacionales que afectarán la oferta y calidad de los servicios sociales, tales como la disminución relativa de la población en edad escolar; la disminución paulatina de las tasas de fecundidad y mortalidad infantil y el aumento en la esperanza de vida. Estos cambios, requerirán ciertos reacomodos en los servicios de salud, en las prioridades en materia de educación y en los servicios de atención al adulto mayor.

Finalmente, con relación al tema de la población, el país tiene la oportunidad de aprovechar el "bono" o activo que se deriva de la transición demográfica, hacia un mayor predominio de la población joven (edad plena para lograr mejores índices de productividad). Asimismo, se espera que la tasa de dependencia demográfica sea cada vez menor, lo cual representa cierto alivio a nivel de los hogares y la economía nacional. No obstante, es necesario aclarar que el bono demográfico solo será aprovechable si se dota a la población joven de educación y formación profesional, y se generan empleos de calidad; de no ser así, la mayor oferta de fuerza laboral podría aumentar aún más el empleo informal.

1.1 Productividad, oportunidades y empleo

De acuerdo al Índice Global de Competitividad (IGC) formulado por el Foro Económico Mundial (FEM), la infraestructura de alta calidad es crítica para asegurar el eficiente funcionamiento de la economía y es un factor determinante para la localización de la actividad económica. Esto es así, porque permite la integración del mercado nacional y la conectividad con mercados internacionales.

Debido a la conformación de la matriz energética con alta dependencia de la generación térmica (75%), entre los elementos que más inciden en la productividad y competitividad del país está el costo, disponibilidad y calidad de los insumos energéticos, principalmente de la electricidad y los hidrocarburos. En lo referente al costo, existe una permanente preocupación por el comportamiento alcista del precio del petróleo y sus derivados en los mercados internacionales, que incide directamente sobre el precio de la electricidad en Honduras.

Durante décadas, el país ha realizado importantes inversiones dirigidas a expandir y mejorar la red de infraestructura vial hondureña, lo cual se manifiesta en una tasa promedio de inversión equivalente a 2.9 % del PIB para los últimos 10 años. Pese a ello, la red vial pavimentada y su mantenimiento continuo, es limitada; a lo cual se agregan las pérdidas que en este sector provocan los fenómenos naturales recurrentes.

Con respecto a la infraestructura de puertos, Honduras tiene en Puerto Cortés, el puerto marítimo más importante del Atlántico en la región centroamericana (no incluye Panamá), en el cual se atiende alrededor del 85% del movimiento importador y exportador del país, incluyendo una demanda creciente proveniente de El Salvador y Nicaragua. En relación a lo anterior, se ha identificado la necesidad de realizar inversiones para modernizar y ampliar en el corto plazo la capacidad de Puerto Cortés. Además, la localización y profundidad de Puerto Castilla constituye un activo que debe ser potenciado por el país.

Otro programa de inversión importante, es la ampliación en la cobertura de sistemas de riego en los valles más productivos del país, lo cual tendrá un impacto en el aumento de la productividad agropecuaria.

Sostenibilidad y Vulnerabilidad Ambiental

Honduras cuenta con un territorio en donde convergen variados ecosistemas que la definen como una nación ambiental, cultural y territorialmente diversa, como parte de lo cual destacan: más de 650 kilómetros de faja costera sobre el Caribe; alrededor de 100,000 hectáreas de manglares con una importante riqueza en fauna en el Golfo de Fonseca; más de 2 millones de hectáreas de tierras bajas con alto potencial productivo; la segunda barrera de arrecife coralino más importante del planeta; más de 2 millones de hectáreas de bosques ubicados en 91 áreas protegidas; alrededor de 3.5 millones de hectáreas de bosques productivos; el segundo bosque lluvioso más importante de América; 239 cuerpos de agua continental propios para el desarrollo acuícola; 5 sitios en la lista de humedales de importancia internacional bajo el Convenio sobre Humedales de Importancia Internacional, firmado en Ramsar, Iran; la Biósfera del Río Plátano reconocida por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) como Patrimonio de la Humanidad.

Los valles más extensos y de mayor capacidad productiva se encuentran localizados en el litoral atlántico, articulados con cadenas montañosas de altas pendientes, en donde nacen los principales ríos del país. La faja central del territorio, hasta llegar a la Mosquitia, es predominantemente montañosa con la conformación de valles en condición de altiplanos. Al extremo oriente del país, la Mosquitia se manifiesta como el "territorio plano continuo" más importante del país y zona de reserva biológica con potencial de incalculable valor. La región sur, que desemboca en el Golfo de Fonseca, presenta tierras planas con pendientes menores a 15% que cierran al océano con una extraordinaria conformación de manglares.

El 27% del territorio hondureño (más de 30,000 kilómetros cuadrados) cuenta con un régimen especial de administración derivado de decretos legislativos, acuerdos ejecutivos y resoluciones municipales que les declaran como Áreas Protegidas, Parques Nacionales, Patrimonios Naturales, Patrimonios Culturales (entre otras denominaciones). Las Áreas Protegidas cumplen no solo con propósitos de conservación de la biodiversidad y la vida silvestre, sino también de recarga hídrica de los principales ríos del país por sus características forestales. El Estado ha demostrada una reiterada incapacidad para la protección y manejo efectivo de las áreas protegidas. No obstante, se han venido creando condiciones para un lento, pero progresivo cambio de mentalidad y la formación de una cultura ambiental que hace que, aún hoy en día, mantengamos un potencial de servicio hídrico probablemente único en la región centroamericana.

La oferta global de agua para el país es de 87,000 hectómetros cúbicos por año; no obstante esta disponibilidad es aparente (en la naturaleza), debido a que la falta de infraestructura no permite que se utilice más del 5% de la oferta existente. En consecuencia, a pesar del fuerte potencial, la demanda actual de agua potable no es satisfecha y existe una brecha de 15% a nivel nacional (17% rural, 7% urbano); apenas se tienen bajo riego un total de 90,000 hectáreas (en 2009) que pudieran duplicarse en pocos años; y el aprovechamiento para la generación hidroeléctrica es sustancialmente bajo.

Por otra parte, los efectos del cambio climático en Honduras, al igual que en la mayoría de los países, se manifiestan en el aumento de las temperaturas, variabilidad en el régimen de lluvias (precipitaciones extremas ó sequías extremas) y mayor intensidad en fenómenos meteorológicos; que afectan de manera negativa las condiciones de vida y seguridad de las personas, así como las actividades productivas.

Además, las características biofísicas y topográficas del país, pese a derivar en una abundante riqueza natural, le convierten también en uno de los países más vulnerables del planeta frente a fenómenos climatológicos; exacerbado por los efectos que provocan el aprovechamiento irracional de los recursos naturales.

Desarrollo Democrático y Seguridad Ciudadana

Honduras ha transitado desde 1981 a 2009 por un proceso de perfeccionamiento democrático y de consolidación gradual de sus instituciones. No obstante, los avances en este proceso han sido insuficientes para satisfacer las demandas e intereses de la población, lo que repercute en niveles altos de abstencionismo electoral, que en apenas 7 elecciones desde 1981 a 2005, creció del 21.4% hasta 44.6%. Por otra parte, en la segunda mitad de 2009, la democracia hondureña pasó por una grave crisis, que puso a prueba la calidad y solidez de su democracia y reafirmó la necesidad de construir un mejor sistema democrático, más participativo, representativo e incluyente.

A pesar de que el proceso electoral de 2009 contribuyó a consolidar el sistema político hondureño, no se puede ignorar que las manifestaciones críticas de gobernabilidad y confianza en el sistema democrático experimentadas en los últimos meses, representan la expresión de problemas pendientes de solución. Los problemas propios del régimen democrático hondureño incluyen asuntos inherentes a los atributos y vacíos en la construcción de ciudadanía y además temas referentes a la coherencia del tejido social, económico y político del país.

Por otra parte, Honduras forma parte de la lista de países más violentos de América Latina, con una tasa de 57.9 homicidios por cada 100,000 habitantes (en 2008), y se ubica en la geografía de inseguridad que abarca a México y América Central, impulsada por el crimen organizado y sus redes transnacionales. Debido a esto, la inseguridad, entendida no solo desde el punto de vista físico sino también jurídico, requiere de esfuerzos permanentes, mayor asignación de recursos, mejoras sustanciales de las instituciones operadoras de justicia, un verdadero estado de derecho, y un Poder Judicial independiente y transparente.

Papel del Estado en la Promoción de la Competitividad

La Estrategia Nacional de Competitividad identifica cuatro motores de desarrollo que deben ser impulsados en forma agresiva y sostenida a nivel internacional: i) un nuevo momento de la maquila (esta vez orientada a servicios como Contact Centers y servicios de Back Office); ii) el desarrollo integral del potencial agroalimentario; iii) la promoción del sector forestal como uno de los tres más importantes recursos naturales del país y iv) el desarrollo integral del turismo.

El impulso de esta Estrategia requiere que se defina e implemente un Programa Imagen País, bajo el marco de una alianza pública-privada que implique amplios acuerdos en cuanto a contenido, intensidad, financiamiento y debidamente alineado con los ejes prioritarios de la Estrategia.

El desempeño eficiente del Gobierno en la implementación de programas de apoyo a la competitividad del país, requiere que se fortalezca su capacidad de gerencia y ejecución, de manera que los beneficios de cada programa y acción puedan instrumentarse a nivel local.

Para aumentar la eficiencia de las instituciones y dotarlas con capacidad institucional se requiere trabajar en al menos cuatro elementos: la relevancia y claridad de su mandato, el perfil de sus recursos humanos, el nivel de presupuesto asignado y la existencia de mecanismos de ejecución.

Para consolidar las relaciones de Honduras con la comunidad internacional, se pondrá en marcha un nuevo modelo de servicio exterior enmarcado bajo el concepto de "Diplomacia para el Desarrollo"". Se reformulará la Ley de Servicio al Exterior, en donde se enmarcara la permanente profesionalización y renovación de funcionarios para el servicio exterior, para ello, se iniciara un proceso de modernización y transformación con la implementación de cuatro Diplomados: Diplomado en Política Exterior, Diplomado en Promoción de Inversiones, Diplomado en Cooperación Externa, Diplomado en Asistencia Migratoria y Prestación de Servicios Consulares. Así mismo, se pondrá en marcha un nuevo sistema digital, en donde se orientaran esfuerzos sistemáticos de desarrollo en las áreas de análisis geopolítico, investigación económica y comercial, servicios consulares, promoción de inversiones y organismos internacionales; este sistema de información será el más moderno de Centroamérica.

PROCESOS EN MARCHA RELACIONADOS CON EL PLAN DE GOBIERNO

ESTRATEGIA PARA LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA (ERP)

La ERP, ha sido durante los últimos años, el principal marco de la política social del país, e instrumento orientador de la planificación institucional, sectorial, y en el ámbito municipal. La ERP surge como una meta importante del Plan Maestro para la Reconstrucción y Transformación Nacional (PMRTN) formulado a raíz del impacto del Huracán Mitch y presentado a la comunidad internacional en la Reunión del Grupo Consultivo de Estocolmo en 1999. Esta estrategia fue financiada en gran parte con recursos de la condonación de la deuda externa, en el marco de la Iniciativa de Países Pobres Altamente Endeudados (HIPC, por sus siglas en inglés).

La ERP inicia su formulación en el año 1999 y finaliza su primera versión en el 2001, sobre la base de un proceso de consulta con la Sociedad Civil llevado a cabo entre febrero de 2000 y julio de 2001. Durante los años subsiguientes, la Estrategia fue objeto de varios procesos de revisión y actualización, en los cuales se incorporaron diversos elementos conceptuales, metodológicos y programáticos.

Un nuevo proceso de revisión y actualización de la ERP se llevó a cabo a partir del año 2006, con el objetivo de potenciar una Estrategia más efectiva para alcanzar las metas de reducción de la pobreza extrema y pobreza. Este proceso contó con la participación de la Sociedad Civil, el Gobierno, y la Cooperación Internacional y culminó con la formulación de una Versión Actualizada de la ERP en octubre del 2008, sometida y aprobada en las instancias del Gabinete Social y el Consejo Consultivo de la ERP, en julio de 2008, no así del Consejo de Ministros.

Aunque los procesos de revisión y actualización de la ERP se realizaron en forma periódica, este último proceso tuvo como referente la evaluación de los primeros 6 años de implementación, lo cual puso de manifiesto aspectos tales como la falta de apropiación tanto de las autoridades, como de la población; falta de precisión y concreción del enfoque teórico y metodológico para combatir la pobreza; inadecuada focalización y priorización; falta de alineamiento entre metas globales y la estructura programática, y entre ésta y el Presupuesto General de la Republica; descoordinación en los marcos operativo, institucional y político; y falta de integralidad.

La Versión Actualizada de la ERP desarrolló en su formulación un proceso de corto, mediano y largo plazo; mayor respaldo contextual y conceptual a efecto de fortalecer su integralidad; aportes técnicos en temas específicos por parte de organizaciones de base, foros regionales, organizaciones representativas de los sectores de niñez y juventud, mujer, Micro, Pequeña y Mediana Empresa (MIPYME), Sector Social de la Economía (SSE) y otros. También un mayor desarrollo de metas e indicadores, su integración con el Enfoque de Gerencia Basado en Gestión por Resultados, y la incorporación de la participación ciudadana como elemento transversal y consustancial, particularmente en lo relacionado a la auditoria social.

La ERP en su versión actualizada, redefine su marco conceptual incorporando una nueva visión integral: el Enfoque de Activos complementado con el Enfoque de Medios de Vida. Asimismo, profundiza en la visión hacia el crecimiento Pro Pobre y de Base Amplia, e incorpora aspectos de descentralización y fortalecimiento municipal, desarrollo territorial con amplia participación de los entes locales y regionales, enfoque de derechos y deberes. De igual manera, se plantea una modificación sustantiva de su estructura programática adecuándola a esta visión integral.

En el marco de la Visión de País y del Plan de Nación, la ERP encuentra el espacio apropiado para el logro de sus metas, ya que por una parte se articula con el proceso de planificación del desarrollo, y por otra, avanza hacia un proceso de implementación a nivel regional, sobre el cual, varios esfuerzos se han venido desarrollando, pero en forma aislada de la dimensión nacional.

En esta articulación, cada uno de los objetivos nacionales de la Visión de País retoma los temas centrales que la ERP plantea a nivel de sus áreas estratégicas. En este sentido, el objetivo 1 asume lo considerado en el área de Ampliación de Capacidades y Acumulación de Capital Humano. El objetivo 2 retoma temas considerados en el área estratégica de gestión de riesgos sociales; y por su parte en el objetivo 3 se integran los temas que se plantean en las áreas de creación de oportunidades, participación en el mercado, aumento de la productividad y generación de empleo, y el área de modernización de la infraestructura económica y social.

De la misma forma, esta vinculación se establece en el marco de metas e indicadores de la Visión de País y Plan de Nación, de tal manera que el 76% de los indicadores de la ERP fueron considerados en el Plan de Nación. Los temas que aún no estaban contemplados, han sido retomados en el presente Plan de Gobierno 2010-2014.

ARMONIZACIÓN Y ALINEAMIENTO DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL

La Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) en Honduras es importante para el combate a la pobreza: significa aproximadamente el 85% del Programa de Inversión Pública. El presente Gobierno reconoce los esfuerzos humanos y financieros que se han desplegado en el país para mejorar la efectividad de la ayuda, particularmente después del Huracán Mitch, y al mismo tiempo plantea la necesidad de asumir el liderazgo, institucionalizando procesos formales para la coordinación y armonización de los donantes en el territorio nacional.

En ese sentido, Honduras como signataria de la "Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo" se ha comprometido junto a los países donantes a reducir los costos de transacción, a hacer uso de los instrumentos de financiamiento más apropiados, a movilizar recursos financieros adicionales para el desarrollo (como las inversiones extranjeras, el comercio y los recursos nacionales), a fortalecer la cooperación triangular y la cooperación Sur-Sur; a medir resultados y a tomar las medidas indispensables para centrar la AOD en la población más vulnerable.

Por ello y para mejorar la capacidad transformadora de la ayuda al desarrollo y reducir la fungibilidad de dichos recursos, el Gobierno trabaja en el alineamiento y armonización de la ayuda, de modo que ésta complemente la inversión pública y privada y responda a la Visión de País y Plan de Nación bajo los siguientes objetivos:

• a. Diseñar, consensuar, implementar y monitorear políticas y mecanismos de alineamiento y armonización de la cooperación externa, para afinar la división del trabajo entre donantes, evitar la duplicidad de esfuerzos y optimizar el uso de los recursos.

• b. Alinear los programas y proyectos de la cooperación externa con los objetivos, metas e indicadores de la Visión de País 2010-2038 y el Plan de Nación 2010-2022, y con las políticas, estrategias y objetivos del Gobierno.

• c. Supervisar y monitorear la calidad, eficacia y eficiencia en la ejecución de fondos de la cooperación al desarrollo, bajo los principios de transparencia, mutua responsabilidad y rendición de cuentas.

• d. Aumentar la ejecución de la AOD en la gestión pública mediante una mejor articulación entre las unidades implementadoras de proyectos, la SEPLAN y la SEFIN; así mismo, mejorando la gestión de las organizaciones de la sociedad civil que ejecutan recursos de la AOD bajo co-gestión.

• e. Diseñar e implementar un modelo de gestión desconcentrado y por resultados de la AOD con indicadores de desempeño que permitan monitorear la calidad, la eficacia y la eficiencia en el nivel de ejecución y de avance de programas y proyectos ejecutados bajo los principios de transparencia, mutua responsabilidad y rendición social de cuentas, al formular e implementar el Sistema Integrado de Cooperación Internacional (SICIH).

MARCO ESTRATÉGICO DEL PLAN DE GOBIERNO

VISIÓN DE PAÍS Y PLAN DE NACIÓN

El presente Plan de Gobierno 2010-2014, bajo la responsabilidad del Presidente Constitucional de la República, Licenciado Porfirio Lobo Sosa, se establece como el instrumento de planificación y programación para concretizar los principios orientadores del desarrollo y los objetivos nacionales definidos en la Visión de País 2010-2038 y el Plan de Nación 2010-2022, constituidos en Política de Estado, según el Decreto No.286-2009 del Soberano Congreso Nacional, con el respaldo de los partidos políticos legalmente reconocidos y los diversos sectores nacionales.

La Visión de País es la imagen objetivo de las características sociales, políticas, económicas y ambientales que el país debe alcanzar al año 2038, mediante la ejecución de los sucesivos planes de nación y planes de gobierno, consistentes entre sí y congruentes con las aspiraciones de la sociedad hondureña. Asimismo, el Plan de Nación se define como el conjunto de ejes estratégicos que orientarán obligatoriamente la acción del sector público, a través de varios períodos de Gobierno hasta el año 2022, y de forma indicativa las acciones del sector privado, con el fin último de atender y solventar los desafíos que implica el desarrollo nacional.