La auditoría forense y la lucha frontal contra la corrupción gubernamental en el Perú (página 4)

Corrupción privada: Lo cierto es que la corrupción no es exclusividad del área pública; la corrupción también se puede dar en la esfera de lo privado. En tal sentido, lo importante es dejar claro que lo que diferencia la corrupción pública de la privada no es la ubicación del sujeto que realiza la conducta (un privado puede cometer un acto de corrupción pública, por ejemplo al sobornar a un funcionario público, y eso se denomina corrupción activa). La corrupción privada es aquella que es cometida por privados entre privados.

Corrupción en la vertiente jurídica: En su vertiente jurídica, el acto corrupto contraviene el ordenamiento legal y beneficia en su proyección económica a un círculo restringido de personas, en detrimento del interés general insatisfecho o insuficientemente servido. Respecto del clientelismo, podemos señalar que no deja de ser también una forma de corrupción política. La clientela es una forma de corrupción insidiosa y sistemática y el cauce de otras formas y prácticas ilícitas de variada índole, que pervierte el método de adopción de las decisiones públicas. En el ámbito político, la relación se caracteriza por un intercambio de votos por decisiones administrativas referidas a bienes individuales o colectivos, por ejemplo, puestos de trabajo, pensiones, viviendas o carreteras. Situaciones opuestas a los valores de la democracia, y en especial a la igualdad. El clientelismo es una relación diádica en la cual un agente, en posición de superioridad, utiliza su influencia y sus recursos para dar protección y seguridad a otro agente, que está en una posición de inferioridad, a cambio de servicios, lealtades y apoyos.

La corrupción en la actualidad: la globalización del crimen

La corrupción es un fenómeno interdisciplinario, es decir que puede ser tratado desde distintas perspectivas, de ahí lo complejo de su estudio y de su análisis; en las líneas que siguen intentaremos acercarnos al mundo de la corrupción y al de su vinculación a un fenómeno actual como es la globalización. Lo cierto es que en la actualidad la criminalidad a la cual nos enfrentamos es una "macrocriminalidad"; en tal sentido, entendemos que la respuesta a este fenómeno tiene que ser global y conjunta.

En el camino de la globalización

Desde hace ya algunos años se viene hablando con cierta naturalidad de la globalización, entendiendo este fenómeno como la inexorable integración de los mercados, de los estados-naciones y de las tecnologías a un nivel nunca antes visto, de forma que permite a las personas, a las empresas y a los estados-naciones llegar a los sectores más apartados de una forma más rápida y profunda, tal como nunca antes las personas, las empresas y los países habían llegado. La globalización es un proceso en permanente movimiento. Si pudiera hablarse de ella como un logro, como el resultado de un proceso, la situación social, económica y política habría de caracterizarse por su completa universalidad, por una absoluta generalización que significaría una plena igualdad de oportunidades para todos los habitantes de la "aldea global". Sin embargo, estamos aún muy lejos de llegar a ese punto. Los continuos procesos de integración se manifiestan en torno a diversos núcleos regionales o a determinadas tecnologías. El entendimiento de la globalización como un proceso que evoluciona, y que es parte integrante en la actualidad de los propios convenios internacionales, nos hace pensar por ejemplo en la Convención Interamericana contra la Corrupción. En su Preámbulo, se señala que unos de los medios para combatir la corrupción en nuestros países es crear conciencia y estar convencidos de la gravedad del problema; además, se dice que por causa de la globalización la corrupción trasciende las fronteras, lo cual exige una acción coordinada de los Estados para combatirla eficazmente. Por su parte, la Convención de Lucha contra la Corrupción de las Naciones Unidas, documento novedoso e importante, expresa en su Preámbulo la convicción de que la corrupción ha dejado de ser un problema nacional para convertirse en un problema internacional. Lo cierto es que se ha vuelto un fenómeno transnacional que afecta a todas las sociedades y economías, lo que hace necesaria una mayor cooperación internacional.

La corrupción en el contexto de la globalización

La progresiva interconexión política y económica genera grandes ventajas, pero también acarrea problemas de importancia. En este marco, la corrupción trasciende las fronteras, se internacionaliza y crece de forma paralela a como lo hacen el comercio y la ampliación de los cauces financieros. La internacionalización de las conductas corruptas ha generado, a su vez, una cadena de hipótesis delictivas relacionadas con la transferencia de fondos necesarios para comprar voluntades. De este modo, con frecuencia se utilizan terceros países que sean especialmente condescendientes con el dinero negro -por lo general, paraísos fiscales- para la constitución de fondos ajenos a toda legalidad contable, destinados al pago de sobornos. Producido este previo ocultamiento, se practican tales pagos, iniciándose así el proceso complementario de blanqueo de activos. Con todo, y aunque resulte paradójico, la apertura internacional también puede ayudar a luchar más eficazmente contra la corrupción en cada país, así como obtener mayores espacios de intercambio en todos los niveles de relación, al tiempo que permite identificar con más facilidad los lugares que gozan de niveles más altos de seguridad y transparencia. En la actualidad, en el caso peruano la cooperación por parte de los estados en la apertura de vías para el rastreo y la identificación de las cuentas en los denominados paraísos fiscales viene siendo de mucha utilidad para la recuperación de activos provenientes de la red de corrupción de la década pasada. En este contexto, se ha valorado muy especialmente el gran desarrollo de la revolución informática y, especialmente, del Internet, instrumento que permite a los ciudadanos un fácil acceso a la información, reduciendo con ello el riesgo de concentración de poder y facilitando la democracia participativa. La incorporación de datos relativos a la gestión pública permite a los usuarios conocer mucho más de cerca la administración pública y su funcionamiento, limitando sus potenciales abusos e impidiendo que los funcionarios eliminen las huellas de sus conductas ilícitas. Desde luego, esta es una propuesta de trabajo que se debe considerar dentro del Proyecto de Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción. Por ello, en la era de la globalización, los Estados que se preocupen por sus variables macroeconómicas deberán cuidar sus espacios de corrupción, adoptando medidas para controlarla. Sin embargo, para ello deberán atender a las nuevas realidades tecnológicas que los propios actores de la corrupción también utilizan en esta época.

La corrupción en el sector de las empresas privadas: su actual presencia como respuesta del mundo globalizado. Una ética para un nuevo concepto de empresa:

En la actualidad, la corrupción de las empresas privadas es un fenómeno que se ha convertido en uno de los mayores problemas con los cuales los países tienen que enfrentar. El mundo globalizado en el que nos encontramos nos permite darnos cuenta de la importancia que vienen ganando las empresas multinacionales en el mercado económico y de sus vínculos con la corrupción. La corrupción de funcionarios públicos es explícita e implícitamente ilegal en cualquier país que tenga un sistema legal, y por eso no debería ser una opción abierta para ninguna empresa nacional o extranjera del sector privado. Los directores de las empresas tienen la responsabilidad específica de asegurarse de que la empresa acate las leyes. Muchas empresas, particularmente aquellas que están involucradas en negocios internacionales, tienen sus propios códigos de conducta, que en la mayoría de los casos incluyen cláusulas en contra de la corrupción. Cuando existen estos códigos, es importante que los mismos se hagan cumplir, si no se desea que todas las reglas internas sean vistas como laxas. La aceptación interna de la práctica de sobornar puede conducir a un balance falseado, a falsas declaraciones de impuestos y a "comisiones" para el personal de la empresa. Los códigos de ética vienen cobrando tanta importancia que en la actualidad algunos negocios y organizaciones profesionales tienen códigos de comportamiento para sus miembros, si bien por lo general se presentan más bajo la forma de recomendaciones que como obligaciones. La antinomia entre moral y negocios, presentada generalmente como una afirmación indiscutible, resulta ser, no obstante, más aparente que real, pues toda actividad empresarial encierra determinados valores, como es el hecho de ganar dinero dentro de la legalidad. Es la llamada moral del éxito. Esta nueva ética empresarial, respetuosa de los derechos humanos, sabe conjugar a un tiempo los criterios de inversión y beneficio con los intereses generales. Debe también dar entrada a una "política empresarial orientada al consenso". Ello supone la recíproca comunicación de todos los integrantes de la organización, y la de estos con los destinatarios de la producción. Este proceso, abierto a la sociedad, permite una legitimidad constante de la actividad empresarial. La moralidad en la actividad económica debe constituirse en el primer círculo de prevención de la corrupción. Tanto las normas disciplinarias de la empresa como las exigencias normativas son necesarias, si bien pueden resultar insuficientes si el empresario no asume con independencia algunas pautas éticas y un código deontológico.

Factores que coadyuvan al desarrollo de la corrupción

En líneas generales, podemos señalar que tres son los factores que posibilitan la aparición de actos de corrupción, los mismos que pueden variar de acuerdo a cada realidad. En un primer momento, podemos hablar de factores formales, luego de factores culturales y, por último, de factores materiales. Entre los Factores formales tenemos: La falta de una clara delimitación entre lo público y lo privado; La existencia de un ordenamiento jurídico inadecuado a la realidad nacional; La inoperancia práctica de las instituciones públicas. Los Factores culturales que coadyuvan la corrupción, son de suma importancia, en especial porque a diferencia de otros, deben ser considerados de acuerdo a la realidad sociocultural de cada país, ya que comprenden un "conjunto de actitudes, normas y creencias compartidas por los ciudadanos y que tienen como objeto un fenómeno político, en este caso la corrupción". Además, las condiciones culturales permiten delimitar la extensión de las prácticas corruptas, la probabilidad de su ocurrencia y, en especial, el grado de tolerancia social con que se pueden contar: En especial, la amplia tolerancia social hacia el disfrute de privilegios como consecuencia de una prevalencia del lucro privado frente a la moralidad cívica; La existencia de una cultura de la ilegalidad generalizada, en el sentido de ser una forma de funcionamiento, el cual crea un ambiente corrupto y de tolerancia social; La utilización de la lucha contra la corrupción como tema coyuntural por parte de los grupos partidarios, y la no permanencia de dicha lucha; La no evolución de los sistemas organizativos y normativos, de acuerdo a la evolución de los Estados. Tales sistemas suelen suscitar enfrentamientos y, por ende, la utilización de medios corruptos. Los factores materiales se refieren a situaciones concretas que dan lugar a prácticas corruptas. Concretamente, las brechas existentes entre el orden jurídico y el orden social: La brecha entre los recursos de la administración pública y la dinámica social. Un ejemplo: el Ministerio de Vivienda que recibe dinero de una organización para orientar ciertos recursos exclusivamente hacia ella; La brecha entre la impunidad real y la responsabilidad formal de los funcionarios públicos. Un ejemplo: un deficiente sistema de control público que permite que las medicinas asignadas a un hospital se vendan fuera de este; La brecha entre el poder social efectivo y el acceso formal a la influencia política. Un ejemplo de ello sería un gremio de industriales que entrega sobornos a algunos miembros del Congreso para que aprueben una ley. Entre otros factores de importancia que se debe considerar, tenemos a la impunidad: La baja eficiencia de la administración de justicia ha favorecido la corrupción, ya que al prevalecer la impunidad se genera la percepción de que no solo los delitos contra la administración pública no son sancionados ejemplarmente, sino que se otorga tratamiento jurídico preferencial a ciertos grupos, favoreciendo un clima de inestabilidad política y social. Dicha percepción conduce a la flexibilización de las reglas del juego, donde todo vale, y refuerza los elementos principales para que prosperen los comportamientos corruptos. Así, la baja probabilidad de ser descubierto, el bajo castigo por las actividades corruptas y la ausencia de sanción social para los individuos corruptos, se encuentran estrechamente relacionados. La percepción de los usuarios de los servicios de la administración pública respecto de la impunidad frente a los actos de corrupción es fundamentalmente negativa. Prejuicios como que los responsables nunca son perseguidos, que todos conocen los actos de corrupción y nadie los denuncia, hasta asumir que quienes denuncian los actos de corrupción salen perjudicados, están muy presentes en el imaginario de las personas. Para conseguir el respaldo social y ciudadano, una estrategia de lucha contra la corrupción debe buscar revertir la sensación de impunidad imperante en el país. Para creer, la población necesita de acciones ejemplificadoras. Sin embargo, esta recuperación de la confianza pública no resulta una tarea sencilla, en la medida en que lo recurrente en nuestra historia contemporánea ha sido más bien la no sanción de los delitos ligados al mal uso de los fondos públicos. Los gobiernos deben asumir la lucha contra la impunidad como una política permanente de Estado, y dicha política es condición necesaria para construir, con el conjunto del pueblo, un presente y un futuro de justicia.

La independencia de los jueces y magistrados responsables del control de la corrupción política:

La independencia es la "piedra angular" de cualquier sistema de justicia, que garantiza la decisión imparcial de los conflictos y asegura la separación de la función judicial del poder político. El fundamento de la independencia es la existencia de un sistema social que contenga instancias imparciales de decisión, libres de injerencias, y sin las cuales el regreso a la violencia tribal resurgiría. Su función consiste en crear las condiciones que permitan resolver aquellos conflictos que la propia sociedad no es capaz de solventar con la conciliación y el compromiso. La independencia es incompatible con cualquier tipo de presión y se refiere a todos los órganos, tanto externos como los del propio estamento judicial, por no ser un atributo de los magistrados sino de la función judicial. La independencia no se agota con su sola proclamación constitucional; requiere además, y de manera fundamental, una cultura basada en el respeto de las resoluciones judiciales por parte de todos. También, una autonomía económica que comprenda tanto la proposición de los presupuestos como la gestión de los recursos. La función judicial debe salvaguardar el vínculo entre gobernantes y gobernados, porque la corrupción destruye esa relación. La misión fundamental de los jueces es marginar aquella para preservar esta.

La débil legitimidad institucional:

La débil credibilidad del orden institucional, originada principalmente por su incapacidad de enfrentar eficazmente los problemas sociales, ha venido acentuando la apatía de la sociedad civil. Apatía que se refleja en la debilidad y desorganización de sus interacciones con el Estado, y que da mayores posibilidades a que tengan lugar la arbitrariedad, el abuso de poder , la inequidad, el despilfarro y la falta de transparencia en la toma de decisiones. Y lo peor es que no ha hecho viable la creación de un esquema de cooperación y equilibrio entre individuos, grupos de interés y Estado, con lo cual se ha favorecido el oportunismo y la cooperación. El problema se ha planteado en diversos términos: ausencia de gobernabilidad, pobreza de capital social, debilidad del tejido social. En el caso peruano, el hecho es que existe una baja credibilidad en las instituciones, la cual se acentúa por la ineficacia de estas. Adicionalmente, y ya en el plano ético, existe lamentablemente una bajísima valoración de la honestidad y de la confianza.

El régimen del empleo público:

Otro de los factores que hay que considerar es el régimen del empleo público. En ese sentido, lo importante es la consolidación del pleno desarrollo de los organismos públicos y del personal que en ellos trabaja; así como la creación de condiciones para que las entidades públicas sean organizaciones eficientes, eficaces, participativas, transparentes, honestas y competitivas en el cumplimiento de sus responsabilidades de gobierno y en los servicios que prestan a la sociedad. En el caso peruano, la falta de una carrera pública ha acrecentado los indicadores de corrupción; en tal sentido, el poder abogar por una institución sólida que permita hacer que los deberes del empleado público se cumplan, en donde las funciones se realicen con honestidad, probidad, criterio, eficiencia, laboriosidad y vocación de servicio, es la meta que hay que lograr. Consideramos que esta es una de las puntas del iceberg en el diseño de estrategias mancomunadas que se debe desarrollar en pro del fortalecimiento de la administración pública. La Ley Marco del Empleo Público (Ley 28175), de manera concreta y clara señala como finalidad el establecimiento de los lineamientos generales para promover consolidar y mantener una administración pública moderna, jerárquica, profesional, unitaria, descentralizada y desconcentrada, basada en el respeto al Estado de Derecho, los derechos fundamentales y la dignidad de la persona humana, el desarrollo de los valores morales y éticos y el fortalecimiento de los principios democráticos, para la obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal y el logro de una mejor atención a las personas. El Perú del siglo XXI exige el funcionamiento y la puesta en marcha de una carrera pública que no solo mermará los comportamientos corruptos, sino que nos pondrá en línea de carrera en el desarrollo de una administración pública peruana, mucho más moderna y más competitiva.

La corrupción como enfermedad y como atmósfera viciada: pobreza y corrupción: Pobreza y corrupción suelen caminar de la mano. Sabemos que existe una estrecha relación entre el soborno y la precariedad económica; que, como ya se ha visto, los bajos salarios de los funcionarios pueden servir de base a ciertas prácticas corruptas; que los países en desarrollo se ven sometidos en demasiadas ocasiones al oprobio de la compra y venta de voluntades públicas del más alto nivel, repercutiendo negativamente sobre las grandes variables macroeconómicas. Dado que la corrupción opera como una enfermedad, se la puede concebir como un proceso patológico que se instala en un medio propicio que permite su desarrollo; es decir, la corrupción forma parte de algo que está enquistado y que es difícil de extirpar. Ello no significa, claro está, que no se quiera dar solución a este problema y que no se puedan desarrollar los instrumentos necesarios para proceder a su extirpación.

Los efectos de la corrupción:

Limitado el estudio de la corrupción al ámbito de obtención de decisiones públicas en función de intereses particulares, corresponde ahora determinar cuáles son los efectos que estas conductas generan sobre la sociedad. Como infracciones penales, han sido tradicionalmente consideradas como delitos contra la administración pública. Con todo, la dimensión alcanzada en los últimos tiempos por este fenómeno ha revelado la existencia de otros efectos disfuncionales añadidos que, más allá de planteamientos meramente éticos, deben ser evaluados en su justa medida. El incremento de los flujos comerciales internacionales, los procesos de privatización relacionados con la transición de las economías socialistas o el aumento del peso del Estado en los mercados, son factores que han favorecido el oportunismo entre los servidores públicos, los cuales se han visto tentados a actuar en interés propio.

Efectos políticos: En términos generales, se derivan de la generalización de los procesos de corrupción en el marco de los poderes públicos, y aumentan en la medida en que el Estado condicione su actuación al soborno de los particulares. La corrupción es inherente al poder, en tanto constituye una manifestación de ejercicio desviado del mismo. Con todo, parece innegable que existe una estrecha relación entre la forma de ejercer el poder político y la corrupción. Recordando la clásica máxima de Lord Acton, si es cierto que el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. El sistema democrático es el gran perjudicado de la corrupción, y la esta se desarrolla con más facilidad conforme los controles democráticos se debilitan. En el marco de los sistemas políticos plurales, la corrupción puede perjudicar gravemente el buen funcionamiento de las instituciones públicas. Ciertamente, la conducta aislada de un funcionario supone un desprecio al papel que le ha sido asignado a la administración en cuyo marco actúa, dado que, teniendo capacidad de decisión, opta por ignorar el interés público y la neutralidad que constitucionalmente le ha sido impuesta. En ocasiones, la riqueza oculta acumulada para el pago de sobornos llega a constituir un elemento de "negociación legislativa", destinada a promover la aprobación de normas programáticas, poco precisas, susceptibles de ser luego desarrolladas con facilidad por el poder ejecutivo mediante formas de actuación administrativa tendentes a favorecer a unos pocos. Las connotaciones políticas que puede alcanzar el fenómeno hacen que se generalice el reproche social respecto de los corruptos, manteniéndose durante mucho tiempo el desprestigio, no ya de las personas sino del sistema en su conjunto.

Efectos económicos: Se ha destacado el papel que puede jugar el fenómeno en los países subdesarrollados o en los de economía dirigida, en los que el soborno puede ser el "lubricante" necesario para accionar ciertos mecanismos de progreso. Los ciudadanos precisan servicios públicos, pero no están siendo satisfechos por causa de los criterios de distribución fijados con carácter general por los poderes públicos. En tales casos, el particular emplea el soborno como incentivo que anima al funcionario a realizar una prestación que excede de la regla general. Sin embargo, los efectos favorables que puede generar el soborno a muy corto plazo contrastan con las graves consecuencias que, a juicio de los expertos, produce sobre la economía nacional y, en última instancia, sobre la de los particulares. Porque justamente en un funcionamiento netamente con proyección al futuro, lo que la corrupción hace es alejar la inversión privada, en el entendido de que los "futuros inversionistas" no quieren involucrar "sus dineros" en países con altos índices de corrupción en sus instituciones. La corrupción puede constituir un medio idóneo para determinar la decisión de quienes tienen la potestad para adjudicar la realización de obras o servicios públicos, suprimiendo el libre juego de la oferta y la demanda en perjuicio de la leal competencia y, en última instancia, de los intereses generales.

Efectos sociales: Las consecuencias sociales que acarrea la corrupción es un tema de suma importancia que hay que considerar en el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción, en el sentido de que la corrupción acentúa las diferencias sociales al limitar el papel del Estado como mediador de las demandas de los distintos grupos sociales. Las clases populares o marginales se ven sometidas a un proceso de exclusión social y político, ya que la corrupción los aleja del sistema formal y los obliga a acceder de manera informal a sus medios de subsistencia. En la actualidad la expansión generalizada de la corrupción en las sociedades coadyuva a la crisis de gobernabilidad e institucionalidad del sistema político, siendo secuelas que surgen como resultado de las deformaciones de vicios de cultura política contemporánea y donde la corrupción ocupa un lugar destacado. Podemos señalar que la corrupción contamina la cultura, con el consiguiente deterioro de la calidad de vida.

Su incidencia sobre la esfera de los derechos humanos:

La corrupción es tan antigua como la humanidad. Sin embargo, a medida que ha ganado terreno en las sociedades democráticas, se ha valorado más la incidencia del fenómeno sobre las prerrogativas individuales y sociales de los ciudadanos. La corrupción constituye el paradigma de la desigualdad: a cambio de un soborno, el individuo obtiene un trato privilegiado por parte del Estado, quebrándose con ello las reglas de elemental reciprocidad, del pacto social. Además, el desequilibrio tiende a trasladarse al plano colectivo, afectando en primer término a la acción del Estado en materias tales como la salud, la educación o la cultura, y perjudicando con ello las políticas públicas tendentes a garantizar que la igualdad de los ciudadanos sea real y efectiva, no solo nominal. No se equivocaron, pues, los redactores de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano cuando en agosto de 1789 proclamaron en su Preámbulo la existencia de una relación causal entre "la ignorancia, el olvido y el desprecio de los derechos humanos" y "la corrupción de los gobernantes". Tampoco parece haber errado el Presidente de Transparencia Internacional, Peter Eigen, cuando afirmaba en junio de 2001 que "el virus del SIDA está matando millones de africanos, y en muchos de los países donde el SIDA es más devastador, el problema se ve agravado por el hecho de que los niveles de corrupción se perciben como muy altos. Si bien es imperativo que los países más ricos proporcionen los frutos de la investigación médica a un precio razonable para afrontar esta tragedia humana, es también esencial que los gobiernos corruptos no roben a su propia gente".

La educación y la ética como pilares dentro de la elaboración de un Plan Nacional de Lucha Contra la Corrupción:

Uno de los temas fundamentales en los programas de lucha contra la corrupción es el referido a la educación y a la ética, y cuando hablamos de ambas perspectivas estamos haciendo referencia a lo que denominamos "prevención", en el sentido de dar las herramientas necesarias que nos permitan fortalecer y, en otros casos, crear conciencia de lo que significa en nuestro contexto el manejo y el funcionamiento de la res pública. Tenemos que partir que en el Perú hay ausencia de una ética pública: el reflejo de lo acontecido en el decenio pasado lo ha demostrado, y las encuestas que se han venido haciendo en los diferentes ámbitos institucionales y sociales examinados demuestran fehacientemente la existencia de una gran falta de sentido ético en los espacios públicos. Una serie de comportamientos y de prácticas sociales traslucen un muy débil compromiso con lo público y el bien común, e indican que la acción política ha prescindido del horizonte ético de los valores. La función pública ha sido utilizada para la satisfacción de intereses particulares que afectan los deberes de función, los intereses colectivos y la moral social. A su vez, la cultura administrativa ha sido erosionada por sucesivos gobiernos. La instrumentalización política de las principales instituciones públicas, agravada por la falta de institucionalización de una carrera administrativa, las bajas y/o arbitrarias y desiguales remuneraciones, el inadecuado sistema de captación de personal y la ausencia de un sistema de recompensas y méritos acorde con el desempeño honesto y eficiente, han originado una profunda desmotivación y desmoralización entre los funcionarios públicos. En la esfera pública, la corrupción ha generado una desconfianza generalizada frente a las instituciones estatales. Esta ausencia de credibilidad social es uno de los costos más graves de la corrupción, porque quebranta la relación entre el ciudadano y el Estado y privatiza la vida pública. El individuo o el grupo social toma en sus manos las funciones delegadas al poder público en el momento en que desconfía de la imparcialidad de las instituciones estatales. Asimismo, aparecen sectores sociales profundamente cuestionados por su comportamiento en el espacio público, como la clase política, ciertos estamentos militares y policiales, algunos gremios empresariales y medios de comunicación social. En las últimas décadas, la práctica de la corrupción en el Perú ha avanzado significativamente debido a una serie de razones. En primer lugar, la creciente permeabilidad en amplios sectores de la población, que la consideran como una conducta natural en el uso de las cuotas de poder. En segundo lugar, el sistema de creencias morales y de hábitos de conducta se ha resquebrajado, trastocando los roles sociales. Las sensibilidades frente a la corrupción han oscilado entre la complacencia, la tolerancia y la resignación en gruesos sectores de la población. No hay hábitos y costumbres de honestidad suficientemente asentados y la ley no representa para la ciudadanía la objetivación de valores sociales aceptados. En tercer lugar, el utilitarismo exacerbado, aunado al culto de la viveza, ha generado un fuerte debilitamiento del sentido de lo público y ha conducido a una perspectiva que privatiza el espacio y la función pública. Ello explica la falta de compromiso con una ética pública inspirada en valores ciudadanos. En cuarto lugar, es preciso considerar que la corrupción generalizada se inserta, de un lado, en un proceso de movilidad social a cualquier costo, sin sanción moral y, de otro, en la complicidad de un importante sector de la clase dirigente. En quinto lugar, en la esfera política se percibe el divorcio entre la ética y la gestión pública. La acción política fija sus propios fines que debe perseguir a cualquier precio. La crisis y la devaluación de los partidos políticos ha contribuido a forjar una construcción social que disocia la política de la ética. El poder no se comprende como un medio de servicio. En esta línea de trabajo, la pregunta central gira en torno a cómo imaginar una construcción ética de lo público que conduzca a una estrategia preventiva de combate a la corrupción en el mediano y largo plazo. Podemos entender la ética pública como el conjunto de usos y costumbres que practican los ciudadanos en el espacio público, y considera que estos usos y costumbres deberían ser gratificantes y no perjudiciales para todos los miembros de la sociedad y destinados a fortalecer y no a debilitar el sistema democrático. La meta de la promoción de la ética pública es combatir la actual cultura de corrupción y construir una visión factible de la ética pública que se plasme en una cultura de la honestidad, transparencia y respeto en los diferentes ámbitos, tanto de la función estatal como social en general. Es necesaria la construcción de nuevas formas de relación, costumbres y conductas a partir de valores ciudadanos, es decir, de reglas de juego claras aceptadas por todos. Para ello es indispensable reconocer y aprehender los valores que sustentan la institucionalidad democrática; procurar que las reglas de juego acordadas sean coherentes con ella; y difundir y fortalecer el cumplimiento de las normas acordadas, premiando las conductas probas y sancionando las corruptas. Esta construcción presupone la habilidad de elaborar códigos de ética y de conducta institucionales adecuados. Se debe propiciar que cada colectivo formule su propio código de conducta ética, a partir del reconocimiento y explicitación de los valores que orientan la función pública, las conductas esperadas y las opciones en torno a dilemas éticos que contribuyan a forjar un nuevo sistema de relación con el ciudadano.

Medidas preventivas contra la corrupción

En términos generales, la corrupción es el mal uso público (gubernamental) del poder para conseguir una ventaja ilegítima, generalmente secreta y privada. El término opuesto a corrupción política es transparencia. Por esta razón se puede hablar del nivel de corrupción o transparencia de un estado. Todos los tipos de gobierno son susceptibles a la corrupción. Las formas de corrupción varían, pero las más comunes son el uso ilegítimo de información privilegiada, el tráfico de influencias, el pucherazo, el patrocinio, sobornos, extorsiones, influencias, fraudes, malversación, la prevaricación, el caciquismo, el compadrazgo, la cooptación, el nepotismo y la impunidad. La corrupción facilita a menudo otro tipo de hechos criminales como el tráfico de drogas, lavado de dinero, y la prostitución, que no se restringe a estos crímenes organizados, y no siempre apoya o protege otros crímenes. El concepto de corrupción difiere dependiendo del país o la jurisdicción. Lo cierto es que algunas prácticas políticas pueden ser legales en un lugar e ilegales en otros. En algunos países, la policía y los fiscales deben mantener la discreción sobre a quien arrestan y acusan, y la línea entre discreción y corrupción puede ser difícil de dibujar. En países con fuertes intereses de grupos políticos, las prácticas de corrupción se dan con más facilidad. , meno de la corrupción política es una realidad mundial, su nivel de tolerancia o de combate evidencia la madurez política de cada país. Por esta misma razón existen entidades nacionales e internacionales, pero el oficiales y privadas, con la misión de supervisar el nivel de corrupción administrativa internacional. La corrupción, contrario a lo que podría pensarse inicialmente, no es solo responsabilidad del sector oficial, el estado o el gobierno de turno, sino que incluye muy especialmente al sector privado. En muchos países, como en Latinoamérica, el sector privado tiene una gran influencia estatal y por lo tanto el nivel de corrupción presente en dichos países tiene mucho que ver con la manera en la que comporta el sector privado en conjunto con los sistemas políticos.

El fenómeno de corrupción es un fenómeno mundial, pero el grado de compromiso de una sociedad por erradicarlo demuestra el nivel de madurez política de un país. Efectos en políticas, administración e instituciones. La corrupción plantea un serio desafío de cambio. La corrupción en elecciones y en los cuerpos legislativos aumenta la falta de credibilidad y distorsiona la representación en la creación de nuevas normas; la corrupción en el poder judicial compromete al estado de Derecho; y la corrupción en la administración pública da como resultado la disposición injusta de servicios. En general, la corrupción corroe la capacidad institucional del gobierno en procedimientos, en donde desaparecen recursos, y las oficinas públicas se venden y se compran como moneda diaria.

Uno de los organismos internacionales que monitorea el nivel de corrupción y transparencia en 180 estados del mundo es Transparencia Internacional, con sede en Berlín, que presenta un informe anual de todos los países y les da una puntuación de 1,0 a 10. De acuerdo con el informe del 2007, los países con el más alto nivel de transparencia del mundo y que ocupan el primer puesto con un puntaje de 9,4 son Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda. Por otro lado, los estados con el nivel de transparencia política más bajo del mundo y que ocupan en 2007 los puestos 177 a 179 son Haití con 1,6 de calificación, Iraq con 1,5, y Myanmar (Birmania) y Somalia, ambos con 1,4. Por regiones, el análisis de Transparencia Internacional muestra los siguientes resultados: En Europa occidental el país más transparente lo tiene Finlandia (9,6) y el primero del mundo y el último de la tabla lo ocupa Polonia (3,7). España se posiciona en el puesto 15 con 6,8, mientras Portugal está en el 17 con 6,6. En la Europa oriental el país más transparente es Bulgaria (4,0) seguido de Turquía (3,8) y los últimos son Bielorrusia y Uzbekistán con 2,1 ambos. En el Medio Oriente el primero es Emiratos Árabes Unidos (6,2) seguido de Qatar (6,0) e Israel (5,9). En América el primero lo ocupa Canadá (8,5), y Estados Unidos (7,3) y los últimos son Paraguay (2,6), Colombia (1,9), Venezuela (1,85) y Haití (1,8), que es además el último del mundo. En Asia Pacífico el país más transparente en sus políticas es Nueva Zelanda (9,6), seguido de Singapur (9,4) y Australia (8,7) y los últimos son Myanmar (1,9), Bangladés (2,0) y Camboya (2,1).

El IFAC (2005), a través de la NIA-240, establece que el fraude es el delito más creativo: requiere de las mentes más agudas y podemos decir que es prácticamente imposible de evitar. En el momento en que se descubre el remedio, alguien inventa algo nuevo. Esta norma define el fraude y el error e indica que la responsabilidad de la prevención de los mismos radica en la administración. El auditor deberá planear la auditoría de modo de que exista una expectativa razonable de detectar anomalías importantes resultantes del fraude y el error. Se sugieren procedimientos que deben considerarse cuando el auditor tiene motivos para creer que existe fraude o error. El propósito de la NIA es, establecer normas y proporcionar lineamientos sobre la responsabilidad del auditor de considerar la existencia de fraude o error en una auditoria. Esta NIA también establece la responsabilidad que pueda existir: i) Responsabilidad de la Gerencia: La responsabilidad por la prevención y detección de fraude y error descansa en la gerencia que debe implementar y mantener sistemas de contabilidad adecuados; ii) Responsabilidad del Auditor: El auditor no es y no puede ser responsable de la prevención del fraude o error, sin embargo, el hecho de que se lleve a cabo una auditoria anual, puede servir para contrarrestar fraudes o errores. El auditor debe llevar a cabo la Evaluación del Riesgo: Al planear la auditoria, el auditor debería evaluar el riesgo de distorsión material que el fraude o error pueda producir en los estados financieros, y debería indagar ante la gerencia si existe fraudes o errores significativos que hayan sido descubiertos. Basado en la evaluación del riesgo el auditor debería diseñar procedimientos de auditoria para obtener seguridad razonable que sea detectada las distorsiones producidas por fraude o error material en los EE.FF. Una auditoria esta sujeta al riesgo inevitable de que algunos errores materiales de los estados financieros no sean detectados. El auditor debería considerar el efecto potencial sobre los estados financieros. Si el auditor cree que dicho fraude o error podría tener un efecto de importancia sobre los estados financieros, el auditor debería desarrollar los procedimientos modificados o adicionados apropiados.

Según Cano (2004), el fraude es un engaño hacia un tercero, abuso de confianza, dolo, simulación, etc. El término fraude se refiere al acto intencional de la Administración, personal o terceros, que da como resultado una representación equivocada de los estados financieros, pudiendo implicar: Manipulación, falsificación o alteración de registros o documentos; Malversación de activos; Supresión u omisión de los efectos de ciertas transacciones en los registros o documentos; Registro de transacciones sin sustancia o respaldo; Mala aplicación de políticas contables. Se considera que hay dos tipos de fraudes: el primero de ellos se realiza con la intención financiera clara de malversación de activos de la empresa. El segundo tipo de fraude, es la presentación de información financiera fraudulenta como acto intencionado encaminado a alterar las cuentas anuales. •Los fraudes denominados internos son aquellos organizados por una o varias personas dentro de una institución, con el fin de obtener un beneficio propio. Los fraudes conocidos como externos son aquellos que se efectúan por una o varias personas para obtener un beneficio, utilizando fuentes externas como son: bancos, clientes, proveedores, etc. Se considera que hay fraudes por: Falta de controles adecuados; Poco y mal capacitado personal; Baja / alta rotación de puestos; Documentación confusa; Salarios bajos; Existencia de activos de fácil conversión: bonos, pagares, etc.; Legislación deficiente; Actividades incompatibles entre sí. Es un hecho demostrado que evitar fraudes es responsabilidad de todos los empleados. Por ello, es importante crear una cultura empresarial encaminada a minimizar el riesgo de fraude. Para que exista un fraude debe existir una oportunidad. Esta puede ser provocada por la falta de controles. La respuesta más sencilla contra el fraude es la de mejorar el control administrativo, implementar practicas y políticas de control, analizar los riesgos que motiven a un fraude, tener la mejor gente posible, bien remunerada y motivada.

Según Mantilla (2009), la presentación adecuada de los estados financieros depende de varios factores, entre los que se encuentra la aplicación de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, el ejercicio de un criterio adecuado en la realización de las estimaciones necesarias en aquellas áreas en donde existan incertidumbres y él suficiente desglose de aspectos significativos, además de los elementos básicos, que son la adecuación y validez de las operaciones y saldos. Los errores, se consideran que se producen sin intención, mientras que las irregularidades se producen intencionalmente. Puesto que es más difícil prevenir o detectar las irregularidades que los errores. Las posibles irregularidades que efectúan las operaciones de caja y bancos y de sus saldos pueden clasificarse, desde el punto de vista de su ejecución de la siguiente forma: i) Desfalcos: 1. Interceptación – efectuar cobros antes de que estos se registren (ejemplos: ventas al contado o cobros de cuentas a cobrar no registrados); 2. Sustracciones – Hacerse con una cantidad en efectivo después de haberla registrado (Ejemplo: apoderarse de una cantidad de los cobros registrados pero no depositados, de fondos fijos o cuentas bancarias); 3.- Desviaciones -Hacer que un desembolso que en un principio es legitimo se desvíe de su destino correspondiente; ii) Distorsiones: Modificación de los estados financieros sin obtener ningún activo. Los errores pueden ser consecuencia de fallos matemáticos o administrativos en los registros contables, aplicación errónea de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados o mal interpretación de los hechos existentes. Las irregularidades en los estados financieros pueden ser el resultado de una mal interpretación u omisión deliberadas de los efectos de hechos u operaciones u otros cambios intencionados en los registros contables básicos. Se han identificado los errores más comunes: En la clasificación del activo que no seria material en cuanto a su cantidad, si esta afectada a dos categorías de la planta o el equipo; Error en un principio, un cambio de un principio debe ser evaluado en cuanto a sí: el principio contable adoptado es generalmente aceptado, el método contable por el efecto de cambio esta en conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados. El Error tolerable: se especifica generalmente como un componente de la precisión deseada. El sistema de control debe ser adecuado para detectar errores, así como desfalcos. Se consideran los siguientes tipos de errores: 1. Errores de Omisión: no son intencionales, son errores humanos y los mas numerosos y costosos en la industria, pues contribuyen en mas al gasto o la falta de beneficio. 2. Errores intencionales: son los desfalcos y falsificaciones de registros. 3. El Error de Muestreo.- se produce cuando se utiliza incorrectamente el valor de una variable incluida en la muestra como por ejemplo, cuando se lista un saldo de una cuenta de 87, 65 anotando en su lugar 78, 65.

Medidas detectivas contra la corrupción

Como se detecta un fraude: Existe una infinidad de respuestas a esta pregunta las más comunes son: Observar, probar o revisar los riesgos específicos de control, identificar los más importantes y vigilar constantemente su adecuada administración; Simular operaciones; Revisar constantemente las conciliaciones de saldos con bancos, clientes, etc.; Llevar acabo pruebas de cumplimiento de la eficacia de los controles. El auditor busca la evidencia de auditoría suficiente y competente que le asegure que no se ha producido un fraude o error que tenga efecto material en los estados financieros o que de haberse producido, el efecto del fraude se refleja adecuadamente en los estados financieros o que el error ha sido corregido. La probabilidad de detectar errores es. Por lo general, mayor que la detectar fraudes, puesto que el fraude va comúnmente acompañado de actos específicamente concebidos para ocultar su existencia (Teoría de la Ocultación). Uno de los factores clave para que la actividad del auditor sea exitosa es el desarrollar la habilidad de distinguir situaciones anóma­las, extrañas, inusuales, fuera de lugar, que despierten la sospecha del auditor. En ese momento el auditor habrá detectado una "bandera roja". Los auditores deben tener conciencia de ellas, conocerlas y saber cómo detectarlas. Podemos caracterizar las banderas rojas de la siguiente forma: No necesariamente deben ser significativas, es sólo una alerta que se plantea el auditor ante una situación que percibe extraña o fuera de lugar, pero la acumula­ción de varias pequeñas "banderas rojas" podría sí estar indicando la presencia de irregularidades; No establecen la existencia de irregularidades por sí mismas, pero constituyen un alerta para el auditor; No se deben descartar situaciones por pa­recer demasiado obvias; Cuando se busquen explicaciones para las banderas rojas, el auditor debe comenzar por las más simples, ya que muchas veces la irregularidad se encubre en el terreno de lo obvio, Podemos establecer asimismo una clasifi­cación de "banderas rojas" en: Documentales, Son aquellas que encontramos en docu­mentos, contratos, facturas, corresponden­cias, etc. Personales, Son aquellas que podemos distinguir res­pecto de las personas que pueden traducirse en actitudes o comportamien­tos extraños o inusuales. Del proceso, son banderas rojas que se dan en los pro­cedimientos administrativos en los que se efectúan gastos. Conceptuales, Son aquellas banderas que necesitan del elemento racional para poder hallarlas, son las que no se derivan de la observación directa de los hechos sino que requieren de un proceso de razonamiento por parte del auditor. Luego de valorar y obtener el grado de riesgo correspondiente, aquellos determinados como de "Alto Riesgo", el auditor com­plementa la matriz comentando los sínto­mas o indicadores en que puede haber frau­de y que han sido asociados anteriormente con otros casos. Las banderas rojas no sig­nifican necesariamente fraude, su presencia es una alerta, para el auditor, de la posible existencia de actividades irregulares. La detección de fraudes e irregularidades puede afectar el normal desarrollo de la auditoría, y la facultad de identificar lo que está fuera de lugar dependerá de as­pectos tales como el discernimiento del profesional, su experiencia, conocimien­tos e incluso su intuición. Por ello, debe estar alerta a algunos indicadores de fraude como son: Disminución de rentabilidad; Discrepancia en los registros contables; Variaciones excesivas a los presupues­tos o contratos; Excesiva rotación de personal; Falta de comprobantes; Adquisiciones innecesarias, Directivos que desempeñan funciones de los subalternos; Falta de controles y de evidencia de la auditoría. Este tipo de indicadores debe alertar al auditor sobre la probabilidad de fraude. Si la matriz señala alto riesgo y se presentan este tipo de banderas rojas, el profesional tendrá elementos de juicio suficientes para el enfoque que dará al proceso de auditoría. A continuación señalamos los procedimientos específicos dependiendo del tipo de compromiso en el que se desenvuelve el servicio de la Auditoría Forense:

Procedimientos orientados a determinar operaciones de lavado de dinero:

• Analizar el origen de los depósitos inusuales de dinero en efectivo por montos significativos, por parte de una persona natural o jurídica cuyas actividades habituales no debieran normalmente producir ingresos de este tipo.

• Investigar las transferencias en efectivo de importante sumas de dinero hacia localidades que no tienen relación con el giro del negocio.

• Verificar los depósitos y retiros de montos elevados que exceden en forma importante los ingresos normales de una persona natural o jurídica.

• Evaluar el origen y naturaleza del movimiento que se está realizando en cuentas que estuvieron inactivas por un determinado tiempo.

• Analizar los depósitos efectuados por importes significativos que provengan de cheques endosados de terceros, para verificar si corresponden a operaciones normales.

• Solicitar a los Registros Públicos el movimiento de compra o venta de inmuebles del cliente sin un objetivo claro o evidente o en circunstancias que parecen poco habituales con relación a la actividad normal del cliente.

• Investigar si se realizan operaciones vinculadas con paraísos fiscales o plazas Offshore que no tienen que ver con el giro del negocio.

• Investigar si se realizan operaciones celebradas con personas que se han constituido (personas jurídicas) y/o que han tenido o tienen actividades, negocios u operaciones, en los denominados «países y territorios no cooperantes» en materia de prevención de lavado de activos. La relación o lista de los mismos es elaborada periódicamente por el GAFI (o FATF por sus siglas en inglés).

• Verificar si las garantías otorgadas a los bancos provienen del giro normal del cliente.

• Investigar si las cancelaciones efectuadas en forma anticipada de los préstamos bancarios solicitados se han efectuado con los recursos propios de la empresa.

• Investigar y evaluar el movimiento patrimonial de la persona o empresa.

Procedimientos orientados a detectar sustracción de activos:

• Realizar pruebas cuadradas de las conciliaciones bancarias.

• Revisar la antigüedad de las partidas conciliatorias e investigar si estas obedecen efectivamente a documentaciones que son transitorias.

• Efectuar arqueos de caja en forma inopinada.

• Efectuar arqueos de documentos valorados de la empresa.

• Solicitar confirmaciones de terceros de las principales cuentas del balance.

• Evaluar que las transacciones de compras y ventas relacionadas con mercaderías del giro del negocio, estén de acuerdo a las condiciones de mercado.

• Evaluar los informes de los precios de transferencia que sustentan las ventas de mercaderías o servicios entre empresas vinculadas.

• Evaluar las políticas de descuentos en las ventas si están de acuerdo a las políticas comerciales de la empresa.

• Evaluar las utilizaciones de cuentas inactivas.

• Revisar los cargos a las cuentas de resultados.

• Revisar el programa de cálculos de intereses que se cobran a los clientes.

• Revisar la correspondencia recibida por la empresa y que amerite.

• Verificar si todas las cobranzas son depositadas en forma intacta.

• Inspeccionar los activos fijos.

• Examinar los inventarios.

Procedimientos orientados a la detección del crimen de "cuello blanco":

• Efectuar un análisis de la situación financiera y económica de la empresa que nos permita determinar si las decisiones tomadas por la alta dirección generaron valor o de lo contrario destruyeron valor, la misma que debe ser comparada tanto con los planes estratégicos de la empresa y contrarrestada con la tendencia del sector al que pertenece el negocio.

• Analizar los resultados obtenidos por cada uno de los centros de ingreso de la empresa e incidir sobre las líneas de negocio que originaron pérdidas y destruyeron el valor del negocio de la empresa.

• Preparar indicadores de gestión, tales como ROE, ROA, volumen de negocios, productividad, tipos de ingresos, gastos y determinar si están de acuerdo al sector económico y a los planes estratégicos de la empresa.

• Solicitar las Actas de Directorio y de Junta General de Accionistas para determinar si todos los acuerdos de inversión y de negocio fueron debidamente ejecutadas por las respectivas gerencias.

• Investigar si las gerencias constituyeron empresas «outsourcing» y si éstas prestan servicios a la compañía, con la finalidad de poder determinar si estos servicios están de acuerdo con las necesidades de la compañía y están a precios de mercado.

• Investigar sobre los niveles patrimoniales que han obtenido los gerentes desde su permanencia en la empresa, de manera que se pueda identificar incrementos patrimoniales no justificados.

• Revisar los legajos personales y extraer los nombres de los familiares y de las participaciones que pudieran tener en otras empresas para tomarles en cuenta cuando se revisen compras, proveedores, castigos, préstamos, descuentos otorgados, etc.

• Analizar la evolución de la estructura de los activos para determinar si éstos han crecido y generado valor, debiendo efectuarse, desde la fecha en que se nombró al gerente general y su equipo gerencial.

• Evaluar las provisiones contables determinadas y aprobadas por el Directorio.

• Analizar con detalle las razones de las cuentas de clientes que son castigadas y si estas tienen alguna relación con las gerencias.

• Evaluar los motivos que originan que una empresa o persona tengan participaciones accionarías en otras empresas y efectuar el seguimiento de las rentabilidades obtenidas en dicha participación.

• Verificar si los gerentes tienen préstamos que han sido aprobados por el Directorio.

• Verificar si se han efectuado, con los recursos de la empresa, préstamos a empresas relacionadas con familiares de las gerencias.

• Verificar si los pagos efectuados por compra de inmuebles están de acuerdo con los precios de mercado.

• Verificar si existen facturaciones incluidas en los resultados y que en los próximos días son anuladas, de tal manera que pretenden dar la apariencia de que las metas presupuestales están siendo cumplidas.

• Verificar si los resultados obtenidos en las ventas de activos son reconocidos en el período.

• Verificar si existen acuerdos de recompra que permitan o difieran el reconocimiento de pérdidas para el futuro.

• Verificar si la gerencia adquiere posiciones especulativas ocultas de tipo de cambio, precios de mercaderías (Bolsa de Productos) no autorizadas por el Directorio.

• Verificar que el Activo Subyacente que sustenta la emisión de bonos o Certificados de Titulización, se realice a precio de mercado y que éste sirva de base para su registro contable.

• Verificar las ventas de los activos subyacentes de las titulizaciones y su relación con el valor inicial de registro en el patrimonio fideicometido.

• Verificar que la determinación del cálculo del gasto de las participaciones gerenciales, están de acuerdo a lo aprobado por el Directorio.

• Evaluar los reportes de excepciones aprobadas por la Gerencia y determinar las excepciones son los beneficiarios.

• Evaluar la estructura de comisiones cobradas, estableciendo una relación entre ingresos de tarifas preferenciales y normales.

• Investigar si existe algún tipo de relación entre las empresas beneficiadas por las tarifas, comisiones preferenciales y la gerencias.

Procedimientos orientados a la detección de quiebras fraudulentas de empresas:

• Obtener conocimiento de las razones que han estipulado los accionistas para declarar la quiebra de una empresa.

• Evaluar si se han seguido con todos los requisitos que exige la Ley de Sociedades.

• Analizar los estados financieros de los últimos periodos anteriores a la fecha de insolvencia o de la declaración de quiebra y determinar las posibles razones que han determinado la insolvencia o quiebra de la empresa.

• Determinar qué decisiones tomadas en los últimos periodos originaron que la empresa sea declarada en quiebra.

• Analizar los gastos registrados en los últimos meses de la gestión.

• Determinar si es que existe algún tipo de beneficio oculto que resulta de la quiebra.

Procedimientos orientados en la valuación de empresas:

• Solicitar los Estados Financieros y los parámetros que utilizan para valuar el activo.

• Verificar si éstos se ajustan a los principios de contabilidad generalmente aceptados.

• Solicitar los Estados Financieros Auditados de la empresa.

• Evaluar la evolución de las utilidades de la empresa.

• Verificar si la empresa cotiza en bolsa y cuál es el precio de cotización.

• Preparar un flujo descontado de la empresa que permita establecer su valor y compararlo con los valores patrimoniales y de cotización de la empresa.

Lucha frontal contra la corrupción

Estrategia Integral de Control:

La Contraloría General de la República ha considerado que su accionar y sus objetivos estratégicos institucionales deben estar articulados en una estrategia integral de control, la cual se ha desarrollado con la finalidad, de erradicar o reducir al máximo los niveles de corrupción, a través de la utilización de los enfoques comúnmente tratados por las Entidades Fiscalizadoras Superiores, tales como: control de políticas macro, control de gestión, auditorias financieras y acciones anticorrupción, invirtiéndose para estas últimas el 75% de sus recursos y el 25% restante en las otras orientaciones. Esta estrategia integral dirige sus esfuerzos en materia anticorrupción en tres niveles: a corto plazo, con el fortalecimiento de las acciones anticorrupción a través del afianzamiento de sus funciones en contra de la corrupción; a mediano plazo, con la Medición del Desempeño que implica revisar el ejercicio que tienen las organizaciones, determinado a través de los criterios de eficiencia y de valor por dinero, con el objeto de verificar, si el producto generado por la Organización con el presupuesto asignado beneficia al país; y a largo plazo, con la Prevención para el desarrollo futuro, a fin de evitar problemas ulteriores. Las acciones anticorrupción (detección – investigación) son desarrolladas a través de las siguientes herramientas: Acciones Rápidas, Acciones de Control, Fiscalización de Declaraciones Juradas de Ingresos, Bienes y Rentas, Operativos en cubierto, así como el fortalecimiento de los Órganos de Control Institucional y de las Oficinas Regionales, con el objeto que desarrollen controles autónomos e independientes, permitiéndose una mayor presencia del Sistema Nacional de Control a nivel nacional. La Contraloría General de la República, en el nivel de Prevención de la citada estrategia integral, ha desarrollado específicamente, la Estrategia Preventiva Anticorrupción –EPA-, la cual trata de cubrir una de los componentes de la lucha contra la corrupción, toda vez que ésta implica un conjunto interrelacionado de componentes que tienen que ver con: Prevención; Detección-Investigación; Juzgamiento; y, Sanción. En la actualidad, el proceso institucional de lucha contra la corrupción dirige fundamentalmente sus empeños, a la detección – investigación, al enjuiciamiento y a la sanción de los actos corruptos; sin embargo, urge la necesidad de plantear una estrategia dirigida a la prevención de la corrupción, etapa importantísima del proceso que requiere destinar mayores esfuerzos, pretendiendo realizar e impulsar acciones que apunten a resolver el problema de manera integral. La Contraloría General de la República, a partir de lo desarrollado a nivel estatal como institucional con relación a la lucha contra la corrupción, considera que, resulta necesario involucrarse en la etapa preventiva del proceso, la participación concertada y activa de los diversos sectores del Estado, así como de la sociedad civil y la ciudadanía en general, a fin de emprender una tarea cuya finalidad es la erradicación o reducción de la corrupción de la administración pública y de propiciar cambios en la conducta de los funcionarios públicos y de la ciudadanía frente a ese degradante flagelo. La Contraloría General de la República, teniendo en consideración y sustento los criterios técnicos expuestos y con el propósito de contribuir a lograr la transparencia y honestidad en la administración del Estado, diseña y pone en marcha la Estrategia Preventiva Anticorrupción –EPA.

Control Gubernamental:

La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República Ley Nº 27785, establece un nuevo concepto de Control Gubernamental, que permite el desarrollo de forma más eficaz, oportuno e independiente, afianzando su propósito preventivo y de contribución a la mejora de la gestión pública, constituyéndose en el marco legal apropiado para modernizar el control como un instrumento efectivo de protección de los recursos del Estado definidos por ley, así como de los recursos medioambientales y del patrimonio cultural. El control gubernamental es ejercido a través del control posterior externo e interno (concurrente), enfocando la estrategia integral de control sus esfuerzos a largo plazo, con el control preventivo.

Control Preventivo:

El acotado marco normativo ha establecido expresamente la labor de prevención de este Organismo Superior de Control, ampliándose con ello su ámbito de competencia con el objeto de mejorar la capacidad y eficiencia de las entidades del Estado en la toma de sus decisiones, así como de prevenir la correcta, eficiente y transparente utilización y gestión de los recursos y bienes del Estado y del desarrollo probo y honesto de las funciones y actos de las autoridades, funcionarios y servidores públicos, con la finalidad de disminuir y/o erradicar la corrupción administrativa del Estado. En tal sentido, la Contraloría General de la República puede ejercer el control externo de manera preventiva, en atención al desarrollo de sus roles de supervisión y vigilancia, sin que ello conlleve injerencia en los procesos de dirección y gerencia a cargo de la administración de la entidad o interfiera en el control posterior que corresponda. En concordancia con lo expuesto, la referida normativa ha establecido a este Organismo Superior de Control diversas atribuciones y funciones de contenido preventivo, orientadas a: Formular oportunamente recomendaciones que eviten la comisión de errores en la administración de los recursos del Estado; Incentivar la puesta en marcha del control interno en la administración pública; Promover una cultura de valores éticos; Propiciar la participación de la ciudadanía en el control social; Comprometer a que los actores privados realicen sus transacciones con el Estado de manera transparente y proba; Institucionalizar la lucha contra la corrupción, involucrando a los poderes del Estado.

Estrategia Preventiva Anticorrupción- EPA:

Es la creación y acondicionamiento de un ambiente apropiado, favorable y protegido, dentro del cual las instituciones públicas, la ciudadanía, la sociedad civil, el sector privado empresarial y el Sistema de Control, puedan participar y desenvolverse combinando sus esfuerzos transparente y eficazmente, para la prevención de la corrupción, así como desarrollando mecanismos, metodologías e instrumentos que permitan erradicar o disminuir el flagelo de la corrupción y propiciar cambios en la conducta de la ciudadanía frente a éste, para lograr un Estado moderno y eficiente.

El objetivo del EPA, es constituirse en el blindaje para evitar que la Corrupción penetre en el Estado, el cual se encuentra vigilado por una Ciudadanía Activa, preparada en una Educación en Valores fortalecida para la Función Pública, permitiendo de esta manera el desarrollo de un Estado Moderno y Eficiente.

La ejecución de esta estrategia se desarrolla a través de los siguientes ejes transversales:

• Alianzas estratégicas y trabajo horizontal: Debido a la envergadura y magnitud de la corrupción y por las diversas tareas necesarias para hacerle frente preventivamente, es necesario que las instituciones del Estado, el Sistema de Control, la ciudadanía, la sociedad civil y el sector empresarial estén involucrados, según su especialidad y predisposición, con el objeto de lograr el concurso necesario para proponer e impulsar medidas y acciones preventivas de la corrupción, así como fortalecer el control social responsable.

• Comunicación, difusión y educación: Para formar valores éticos, despertar la conciencia y desalentar los actos de corrupción en los servidores públicos y la ciudadanía.

• Medidas de conductas y procedimientos: Elaboración de lineamientos para hacer mas eficiente y seguro el sistema de contratación del Estado; para precisar y formalizar el compromiso ético y legal del personal integrante de la Administración Pública; para el uso eficiente de los bienes y servicios adquiridos por el Estado, entre otros aspectos.

• Gestión de riesgos: Conjunto de políticas, estrategias, instrumentos y medidas orientadas a impedir, reducir, prever y controlar los riesgos de actos de corrupción o irregularidades.

En esta estrategia han de intervenir actores o agentes del sector público y del privado, ambos actuarán en forma integrada y mancomunada para alcanzar los propósitos de erradicar o reducir los actos de corrupción y de propiciar cambios en la conducta de la ciudadanía frente a este flagelo. En tal sentido, y a fin que dichas competencias tengan efectos sinérgicos en la prevención y lucha contra la corrupción, se ha previsto que formen parte y se interrelacionen dentro de la estrategia preventiva anticorrupción, así como en atención a los criterios de relevancia , capacidad y fuerza se seleccionaron a los siguientes agentes o los actores, sin embargo podrán involucrarse gradualmente otros actores o agentes que resulten necesarios para los fines de ésta:

El Sector Público Ejecutivo: se encarga de la ejecución de las políticas públicas, de la administración del patrimonio público, así como del ejercicio de la función pública, teniendo por ello, la obligación de desarrollar controles para el adecuado ejercicio de la gestión pública, sin embargo, muchas veces estos resultan insuficientes u obsoletos; siendo por tanto un ambiente propenso para la ocurrencia de irregularidades y/o actos de corrupción. Este sector se encuentra comprometido en la estrategia, debido a que, será uno de los escenarios donde se actúe, necesitándose para ello del enfoque integral, tanto interno como externo.

El Sistema de Justicia: está integrado por diversas entidades vinculadas al enjuiciamiento de acciones penales, civiles, constitucionales, la labor judicial fundamentalmente está definida en las etapas de juzgamiento y sanción del proceso institucional anticorrupción, y es en base a estas experiencias que se pueden adoptar acciones para prevenir que vuelvan ocurrir en el futuro.

El Congreso: es una instancia que tiene a su cargo el ejercicio del control político del Estado, su participación en la estrategia es debido a que puede: fortalecer las capacidades institucionales; normar y regular en materia de prevención y lucha contra la corrupción, así como lo señalado en las convenciones internacionales sobre el particular; por un lado, y por otro, fiscalizar, investigar y sancionar a las autoridades políticas a cargo de la administración Estado, y sus experiencias apreciarlas para diseñar y desarrollar medidas preventivas para evitar se repitan en el futuro.