La Constitución de ese entonces legitimó políticamente parte del programa de desarrollo diseñado durante el Gobierno del GRAD Guillermo Rodríguez Lara e introdujo elementos nuevos en la configuración del régimen político. En el área económica es importante resaltar que se incorporó la noción de "sectores estratégicos de la economía" encomendados al manejo del Estado, aspecto que se convertiría mas tarde en uno de los temas de tensión política entre los militares que asociarán esos sectores a un manejo de la seguridad nacional, y los agentes económicos vinculados a lógicas privatizadoras que verán esas actitudes como un freno a las intenciones reformistas de la economía estatal. En el área política, a más de los cambios institucionales mencionados, se pretendió modernizar las prácticas tradicionales de representación mediante un sistema de intermediación entre Estado y sociedad que recaía en las acciones de los nuevos partidos políticos, ya que ellos tenían varias cualidades: ideología y programa político definido, organización y estructura nacional, afiliados participativos y una mentalidad "moderna" con la capacidad de reemplazar las viejas prácticas populistas asociadas a la oligarquía y al faccionalismo regional.
Este tipo de reformas institucionales son parte del proyecto de transición a la democracia del último gobierno de las Fuerzas Armadas para crear un nuevo régimen político. En ésta intencionalidad se presentaron dos factores muy importantes que tendrían repercusión en los años venideros para el desempeño del sistema político. Primero, se consolida la figura del Estado como eje fundamental de la vida social, política y económica del país, situación que ratifica la centralidad del Estado en la generación de sociedad, en el control de las políticas públicas basadas en prácticas asistenciales y redistributivas, y en un modelo de gestión gubernativa que está vinculada dentro del contexto latinoamericano a la noción de matriz estado céntrica.
Segundo, el proyecto de renovación y cambio en las formas de hacer política otorgó a los partidos el monopolio de la representación frente al Estado y con ello volcó nuevamente la mirada al accionar de éstas organizaciones como sustento del sistema político, descalificando otras formas de participación, demanda y movilización. De esa manera, la ley de partidos, expresión del nuevo sistema político, se convirtió en un verdadero filtro que regulaba la participación y acceso a la toma de decisiones sobre la cosa pública, monitoreaba y seleccionaba las demandas sociales de la población, calificaba los procedimientos de ingreso para la conducción estatal y reducía la complejidad social para que la serie de reivindicaciones sociales no rebasaran en ese entonces el orden constitucional inaugurado.
Desde una perspectiva más general, la democracia es asumida como un proyecto nacional que asegurará en el futuro la permanencia de las instituciones; dotará a la ciudadanía de plenos derechos políticos; marcará las rupturas necesarias con los regímenes despóticos anteriores y consolidará a la nación; no obstante, ésta identificación de la nación como comunidad política homogénea, basada en un despliegue simbólico que asocia nacionalidad ecuatoriana a desarrollo y lealtad estatal, reemplaza la forma cultural de la nación por la de comunidad cívica. El sesgo reformista consistió básicamente en la asociación e identificación entre el rol del Estado en una economía planificada y el "destino" de la nación desarrollada en un momento refundacional del país donde se legitimó un tipo de discurso que ha sido calificado como "discurso originario democrático".
No son pocas las voces que han cuestionado el carácter democrático del ordenamiento político que se estableció a partir del retorno constitucional. La primera crítica está relacionada con la naturaleza precaria y la debilidad formal del sistema democrático que no ha sido capaz de establecer reglas claras de juego para todos los actores sociales y políticos. En efecto, si la institucionalización de la democracia es concebida como acuerdos concretos sobre reglas del juego político que procesen el conflicto social, garanticen el pleno ejercicio de los derechos de la ciudadanía, establezca regulaciones institucionales a los sectores económicos y de cabida a la diversidad identitaria y política en términos de participación; entonces la situación del Ecuador se alejaría de ese imaginario democrático.
En países con una débil tradición democrática como el Ecuador, las reglas constitutivas y vinculantes del juego político e institucional no han sido internalizadas plenamente por los distintos actores, generando en esa dinámica muchos ámbitos e instancias informales que se traducen como déficit de legitimidad de las reglas mencionadas y del sistema político en sí mismo. En ese sentido, uno de los problemas que presenta la transición a la democracia es que no resuelve por completo el asunto de los linderos, muchas veces ambiguos, en los que se desenvuelve la formalidad e informalidad de las instituciones. Si asumimos que nuestras sociedades presentan en su cultura y sistema político rasgos clientelares, prebendarios y patrimoniales, fenómenos que varios analistas denominan particularismos, tenemos que aceptar la idea de que esos particularismos coexisten en incómoda tensión con las reglas formales de ese "deber ser" que vendría a ser el complejo institucional democrático. De ahí que las sociedades que contengan particularismos expandidos, persistan en actuar sin rendición de cuentas, toleren partidos que limitan la transparencia de los procesos de representación y elaboración de políticas, pueden verse abocadas a experimentar dos consecuencias; por un lado, sufrir el reaparecimiento de tradicionales prácticas autoritarias derivadas de la debilidad del control institucional de la misma democracia; de otro lado, permitir las influencias de grupos de presión sobre la elaboración e implementación de políticas a favor de los intereses de sectores económicamente poderosos, especialmente en países que transitaron a la democracia con elevados niveles de desigualdad social, exclusión, pobreza y vulnerabilidad estructural.
La segunda crítica se encuentra vinculada con el problema de la representación y los mecanismos de participación política que, en sociedades como la ecuatoriana, tienen que ser ubicados dentro de la vieja contradicción producida entre régimen político democrático y el sistema, y cultura, política autoritaria. Las expresiones de este permanente antagonismo entre régimen democrático -independientemente de que sea catalogado como minimalista o formal- y el sistema político/cultura autoritaria -que puede ser interpretado como premoderno, informal o personalista-, se las observan en los conflictos étnicos y de identidad nacionales no resueltos; en una baja ciudadanización que ha constreñido la noción de sus derechos a los períodos electorales; en una institucionalización estatal débil que no ha sido incapaz de generar mecanismos de inclusión social; en la persistente tensión política derivada del inconcluso problema regional; en la atribución de facultades dirimentes con que han actuado las Fuerzas Armadas en los momentos de crisis; y en las recurrentes prácticas populistas que atraviesa a la mayoría de los partidos políticos.
Sobre este último segmento de los partidos descansa gran parte de la responsabilidad de las tensiones políticas surgidas en torno al problema de la representación y participación, ya que éstos han contribuido con sus acciones para que nuestra democracia sea poco consolidada. En efecto, los partidos políticos no se han regido por conductas y reglas de juego que ellos mismos diseñaron para operar en contextos de modernidad institucional; se han visto superados por distintas formas de representación social y negociación de intereses sectoriales; su liderazgo ha caído en los niveles más permisivos del caudillismo y personalismo que está basado en prácticas intolerantes y excluyentes; y en general, al funcionar instrumentalmente como entidades autoreferentes, no han logrado vincular a la sociedad con el sistema político que era la pretensión original de la refundación o imaginario democrático del país .
Paralelamente a estos factores debe añadirse el peso de las relaciones, redes y estructuras clientelares y corporativas que se han constituido en mecanismos generalizados y "legítimos" de vinculación e intercambio político que, al ir más allá de las coyunturas electorales, han penetrado a la totalidad del sistema político e institucional adaptándolo a sus propias lógicas y condiciones. En ese contexto, la presencia de este tipo de lógicas presenta a cada momento pactos excluyentes, ponen en funcionamiento verdaderos cárteles de insiders contra outsiders, cárteles que restringen la competencia, dificultan el acceso y distribuyen entre los socios los beneficios del poder. Crean, por lo tanto, el peligro de que la democracia se convierta en un proyecto privado de líderes de unos pocos partidos políticos y asociaciones corporativistas que extraen beneficios privados y protegen su posición excluyendo al resto de la sociedad, la cual, a su vez, dada la incapacidad de generar mecanismos participativos alternativos, contribuye para que la democracia sea anémica.
Desde esa perspectiva, la crisis de representación y participación generada por la ineptitud de los partidos políticos para procesar los conflictos de intereses y canalizar las demandas de la población, ha promovido dos efectos perversos. De una parte, ha vuelto a sobrecargar las responsabilidades del poder ejecutivo del Estado, confiriéndole directamente mayores potestades de intermediación e intervención como actor económico, social y político en una sociedad en permanente conflicto como la ecuatoriana, pues los diversos actores sociales, sin recurrir a las mediaciones tradicionales de representación, ejercen presiones al aparato estatal que desde el retorno a la democracia ha visto mermadas sus capacidades de redistribución e integración social, presenta limitaciones para implementar políticas públicas y evidencia fragilidad institucional al no tener respuestas concretas ante las constantes demandas; una suerte de doble perversidad porque el Estado tiene que debatirse entre una imagen de eficiencia tecnoburocrática que no la posee y una figura de ogro filantrópico enunciada hace muchos años por Octavio Paz.
De otra parte, la ausencia de verdaderos mecanismos de representación que reducirían la complejidad social produce un círculo vicioso entre espacios de informalidad y cultura política que se expresa en pactos de grupos disímiles basados en lógicas patrimoniales, de prebendas y personalistas; no obstante, las prácticas de informalidad política no es atribuible solamente a los denominados informales, es el resultado de un particular pacto entre las clases sociales y los grupos segmentales en los que se divide la sociedad ecuatoriana. Por consiguiente, no se establecen las condiciones mínimas para la representación política en contextos democráticos, pues generalmente se niega una ciudadanía plena y activa, dotada de derechos que atribuyan delegación y poder; se reduce el panorama de certidumbre institucional donde deben desenvolverse las normas y procedimientos capaces de delimitar las relaciones entre representados y representantes; y, al existir incapacidad para procesar la diversidad de intereses y demandas generales, se privilegia el conflicto particular de las élites antes que el consenso, la inclusión y la tolerancia como valores constitutivos de una institucionalidad moderna y democrática. En términos generales, la conjunción de estos factores, entre otros, han conspirado contra la posibilidad de construir mecanismos de representación que sean reflejo de las diversidades del país y la generación de adhesiones a la democracia.
El caso de la intervención militar en la administración y control de las aduanas y en otras áreas vitales de la economía, no hace mas que evidenciar la notoria incapacidad de control de los sucesivos gobiernos frente al problema de la corrupción estatal, factor que ha producido situaciones ambiguas y confusas dentro de las entidades militares, ya que éstas han debido asumir responsabilidades por fuera de sus roles tradicionales que les son inherentes. En tal sentido, estas delegaciones y "abusos" de la gobernabilidad civil pueden ser miradas también como una serie de acciones políticas que, amparadas en la buena imagen de las FFAA, han servido para contrarrestar la permanente percepción de la población de que la "clase" política, al poseer atribuciones e influencia en las esferas institucionales de control y gestión estatal, se encuentra impregnada de corrupción pública y privada a través de una serie de procedimientos alejados de lo formalmente establecido por la ley.
Lo curioso es que en este escenario confuso de delegaciones, las FFAA han logrado mantener esa buena imagen a pesar de las críticas y presiones políticas provenientes de los sectores privados de la economía. Una razón que explicaría esta situación proviene de la manera sui generis con que han manejado el concepto de seguridad nacional, acoplándolo a sus propias apreciaciones que les ha permitido desarrollar una institucionalidad autónoma desde los años setenta. En efecto, estas gestiones autónomas en diversos campos de la sociedad se han expresado, no sólo en la intervención en áreas de seguridad tradicionalmente asignadas a los militares, sino en el manejo y participación en una compleja red de empresas en los sectores camaronero, agroindustrial, minería, transporte aéreo y naval, de infraestructura caminera, educativo y del mercado interno. Este "detalle" de incursión en el ámbito empresarial es el que ha generado las mayores oposiciones del sector privado que ven en esta conducta una competencia desleal, pues está sustentada en una política de subsidios que no concuerda con los proyectos de libre mercado, reducción del aparato estatal y privatización que se han tratado de implementar en el país en los últimos quince años. De ahí que, si bien los militares ecuatorianos han pretendido estar alejados formalmente de las presiones del sistema político, su propia concepción de la democracia, de los niveles de participación en áreas del desarrollo y de la economía, asumidas como un asunto de seguridad y de protección a los sectores estratégicos, han abierto precisamente las posibilidades para estar inmersos en el juego político que no lo deseaban explícitamente.
Dentro de ese campo no se puede negar el hecho de que las FFAA, en su interpretación tutelar de la democracia, parten constantemente de la idea de que el sistema político y el Estado son carentes de la capacidad para integrar la sociedad y centralizar su función reguladora. Es por ello que las intervenciones de los militares tienen que ver, en gran parte, con esa incapacidad estatal para hacer predominar los intereses generales sobre los locales; con las limitaciones institucionales y políticas que no han podido resolver problemas históricos como la redistribución de recursos y la riqueza que han influido en la constitución de poderes regionales fuertes que han limitado el proceso de integración del territorio nacional; y, con la persistencia de la fragmentación social producida por los recurrentes conflictos políticos donde las élites tienen mucha responsabilidad en promover condiciones de ingobernabilidad.
En ese contexto, de las iniciales intervenciones catalogadas como "acción cívica" que los militares tenían a principios de los ochenta, han pasado en estos años a un tipo de concepción de "apoyo al desarrollo" que se enmarcan en una estrategia de prevención de conflictos y en una idea de seguridad post guerra fría que implica asumir una noción más de sociedad y menos gubernamental. De ahí que esa concepción societal de las FFAA se haya traducido en un permanente contacto con la población civil a través de diversos programas sociales basados en prácticas de cooptación paternalista y en un despliegue de discursividades ancladas en la invocación de lo nacional como identidad popular; no obstante, la pérdida de sentido de ese concepto tradicional de seguridad nacional y el hecho de asumir institucionalmente determinadas "delegaciones", derivadas de las irresponsabilidades gubernativas que les han conferido nuevos roles, junto a la coordinación de mecanismos de decisión y gestión entre entidades civiles y militares, ha promovido un ambiente de "segurización" del desarrollo que está erosionando el espectro político e institucional del país .
Pero la serie de intervenciones militares en la sociedad ecuatoriana van más allá del manejo de ciertos ámbitos económicos o de su participación en las tareas de desarrollo, pues su desempeño y protagonismo como actores políticos ha sido evidente en las últimas dos crisis constitucionales e institucionales por las que ha atravesado la República.
Escenarios complejos: retos democráticos y roles militares
Las situaciones críticas analizadas anteriormente que por lo general han vulnerado la democracia formal, expresan varias dimensiones que deberán ser pensadas al momento de plantearse sí, efectivamente, los ecuatorianos (as) podremos construir una democracia amplia y representativa que tenga la capacidad de integrar a la población, sostener un desarrollo distributivo, extender la forma ciudadanía con todos sus derechos a los diversos componentes de identidad, establecer mecanismos de control a las presiones corporativas y la corrupción que han destrozado al país, recurrir al diálogo y el consenso para superar las persistentes crisis políticas y mantener un sector militar que no sea utilizado para dirimir las pugnas de intereses de las élites que persisten en legitimarse a través de una cultura política autoritaria, de prebendas, racista y excluyente, vale decir, diseñar y gestionar una sociedad democrática que deje atrás sus anclajes imaginarios.
Un horizonte de esa naturaleza no puede ser asumido sin tomar en cuenta el papel preponderante que han jugado las Fuerzas Armadas en el sistema político y en la democracia mínima que opera hasta el presente en la sociedad nacional. Si bien los militares con sus acciones han salvado en ciertos momentos a la débil institucionalidad estatal, atrapada en ocasiones por lógicas particularistas de gobiernos de turno carentes de representatividad, también han socavado y deslegitimado el mismo concepto democrático a través de sus intervenciones políticas que los condujeron al golpe de Estado; no obstante, la gestión y desempeño democrático en sí mismo tiene que procesar una serie de complejidades sociales, políticas y económicas que afectan a la sociedad en conjunto y a la entidad castrense en particular.
En primer lugar se encuentra el tratamiento de las políticas de la diferencia y del reconocimiento relacionadas con el tenso proceso de construcción de la cultura e identidad nacional. En efecto, una vez acabado el conflicto limítrofe que se mantenía con el Perú y que permitió la firma de los tratados de paz entre ambos países, se abre la posibilidad para el Ecuador de plantearse el reto fundamental de reimaginar la nación sin poner énfasis en un tipo de discurso nacionalista que veía al otro cercano como peligroso, enemigo constante y hostil; de tal manera que, al desaparecer esa dimensión perversa que contiene todo postulado nacionalista de corte escencialista, los ojos políticos se vuelcan a repensar los mecanismos de adscripción cultural, a establecer nuevas pautas de integración social y a debatir sobre una concepción de identidad nacional que supere la noción de nacionalidad homogénea relacionada con la lealtad cívico estatal que ha sido precisamente uno de los pilares ideológicos de las Fuerzas Armadas ecuatorianas.
Las actuales redefiniciones políticas atraviesan dos lógicas distintas, pero cada una de ellas tiene implicaciones directas para el desempeño de la democracia y el papel que debe jugar el Estado en la conducción de la sociedad. De una parte se encuentran las lógicas basadas en demandas de autonomía regional y federalización que, impulsadas desde distintas zonas, actores y gobiernos locales, ven al "Estado central quiteño" como un entramado burocrático lleno de excesos y atribuciones político administrativas, escasamente sensibles a los problemas de la periferia e incapaces de redistribuir los recursos públicos originados en gran parte en las sociedades locales.
En efecto, los últimos años de la década pasada han sido prolíficos en la constitución de "movimientos" regionales que plantean mayores potestades autonómicas al Estado central; sin embargo, muchas de estas acciones colectivas que apelan a una identidad regional distintiva y que exigen un reparto equitativo de las rentas fiscales nacionales, aparecen como una "representación" de las élites locales que mantienen dominadas las instancias públicas y privadas del poder e intermediación, presentan prácticas clientelares y patrimoniales en sus proyectos políticos, y restringen la acción de organizaciones sociales que no comparten ese tipo de análisis y acción.
Dentro de este ámbito es importante señalar que una de las preocupaciones constantes para las Fuerzas Armadas constituyen las movilizaciones políticas sustentadas en una convocatoria de corte identitario localista. Independientemente de que el problema regional pueda ser explicado por la falta de construcción e integración nacional, o desde un análisis instrumental que vería en estos movimientos, la acción calculada de sectores tradicionales que utilizan la manipulación populista para esconder sus verdaderos intereses particulares de poder, lo cierto es que el conflicto regional tiende a expresarse mediante una permanente presión, chantaje y confrontación con el Estado y gobierno central, situación que es vista por los militares como peligrosa para la continuidad de la nación ecuatoriana; de ahí que las demandas autonomistas y federalistas puedan ser asumidas como un asunto de seguridad nacional.
De otra parte se hallan las lógicas de organización política étnica que reivindican frente al Estado central una serie de derechos colectivos y culturales que incluyen pedidos de una nueva territorialización y la aceptación de sus tradiciones jurídicas consuetudinarias. Este tipo de demandas identitarias y autonómicas no son nuevas, pues a partir de 1990 se han levantado una serie de exigencias políticas que cuestionan el carácter unitario de la nacionalidad ecuatoriana; de hecho, ante la amenaza de un conflicto étnico permanente, el estado nacional ha respondido con la implementación de una diversidad de políticas públicas destinadas específicamente a este sector, sin que ello haya eliminado la posibilidad de que el movimiento indígena incorpore prácticas neocorporativas en su accionar político.
En efecto, ante el incremento y radicalización de determinadas posturas étnicas que van más allá del discurso antineoliberal al descalificar de forma sustantiva y global al Estado, el movimiento indígena se ha visto obligado a desplegar una estrategia conflictiva y a veces esquizofrénica que combina presión y negociación, despliegue de grandes acciones de movilización, convocatorias a formas de representación extra institucionales y, a la vez, interlocución con organismos multinacionales para financiar programas sociales para los pueblos indígenas a base de demandas concretas y puntuales que refuercen la eficacia y legitimidad frente a sus propias bases. De esa manera, los indígenas permanecen como uno de los principales actores sociales que ejercen presión constante a un Estado debilitado, con una institucionalidad frágil que es incapaz de responder eficientemente ante el incremento de las reivindicaciones provenientes de las políticas de la diferencia que se agudizan en tiempos de crisis económica e ingobernabilidad.
Todos estos factores identitarios, étnicos y regionales, contribuyen para que las Fuerzas Armadas asuman una postura de cautela frente a las demandas políticas mencionadas. Ven en ellas una serie de lógicas perturbadoras que comprometerían la tradicional vocación estatista, desarrollista e integradora que los ha caracterizado y, más aún, consideran que el mismo Estado podría colapsar como referente de una identidad nacional unificada, sin descartar escenarios de "balcanización" que fracturarían la democracia y desintegrarían al país. Es por ello que la relación que mantenían los militares con los sectores sociales civiles, especialmente con los indígenas, han bajado de perfil al punto de participar en acciones represivas y de mano dura como lo demostraron en el último levantamiento de inicios de año.
Este cambio de percepción sobre sus roles institucionales y su "deber ser" se ha incrementado con la aplicación del "Plan Colombia". A partir del acuerdo firmado a fines de 1999 por el ex presidente Mahuad y su ministro de Defensa con los Estados Unidos, que permite el uso de la base militar de Manta por la Fuerza Aérea de este país para operaciones aéreas de detección, monitoreo, rastreo y control de actividades ilegales y tráfico de narcóticos, se han abierto varios escenarios de tensión y conflicto fronterizo, ya que el país, a más de ser el más vulnerable de la región, está siendo depositario de una serie de consecuencias del conflicto armado colombiano como son los desplazamientos forzosos de la población, la afectación del comercio fronterizo, la presencia de intermediarios cocaleros, los ajustes de cuentas en territorio ecuatoriano por los actores violentos involucrados y las acciones que han tenido que desplegar las FFAA para resguardar la soberanía y territorio nacional como parte de un desafío institucional y operativo que trata de concatenar el concepto de seguridad humana con el de seguridad estatal, aspectos que formarían parte de los nuevos roles que se ha impuesto la entidad castrense.
En estos contextos que de por sí son complejos, se suman las crisis económicas y fiscales que contribuyen a potenciar los conflictos redistributivos en el marco de una democracia limitada, muchas veces manipulada por élites privadas que se han servido del aparato estatal para apropiarse de los escasos recursos públicos disponibles. De esa manera, la imagen que proyecta el Estado es de una institución depredadora, pues se genera una práctica perversa que transfiere indiscriminadamente finanzas de la población ecuatoriana a un sector económico no estatal; por ello, los estados que en momentos de crisis manifiestan tendencias predatorias tienden a deslegitimarse y debilitarse a sí mismos, incluso, poniendo en riesgo su sobrevivencia.
Finalmente, la agudización de las distintas conflictividades y escenarios que he descrito, marcarán por completo el carácter y el tipo de acciones futuras que desplegarán las FFAA dentro de la sociedad nacional. Hay que considerar que la entidad castrense ya no es la misma de hace unos años y que su imagen ha sufrido un deterioro parcial, no sólo por su participación golpista que trajo consecuencias en su organización interna, sino por los cuestionamientos que se realizan desde la opinión pública en estos momentos, producto de las intervenciones poco transparentes en el área de transporte marítimo de combustibles que ocasionó un irresponsable perjuicio ambiental a las islas Galápagos. En todo caso, el manto protector del discurso nacionalista y de la defensa territorial seguirán constituyendo su base de legitimidad a mediano y largo plazo.
En una dimensión similar, los retos democráticos, asumidos como responsabilidad general del país, pero especialmente del sistema político, tendrán que canalizarse hacia la consecución de varios ámbitos positivos que garanticen la gobernabilidad y la coexistencia pacífica en un Estado de derecho pleno. En ese sentido, se requerirán construir espacios políticos e institucionales creíbles que, a más de resolver la pugna redistributiva y la corrupción que tanto daño ha generado, constituyan instancias capaces de procesar las representaciones de las identidades diversas y recuperen la legitimidad en base de la negociación, la tolerancia y el consenso, valores democráticos que aspira poseer la sociedad ecuatoriana en un futuro cercano.
Conclusiones
1. Que el Poder Militar, definido como la expresión del poder nacional que le permite a éste alcanzar y mantener los Objetivos Nacionales Permanentes, no estuvo presente en la revolución del 10-AGO-1809; por lo que no se alcanzó el triunfo pretendido, no existió el valor cuantitativo para enfrentar a un Poder Militar español que se opondría a la conquista de este objetivo nacional, la independencia; y, desde el punto de vista del análisis cualitativo de este fundamento, la carencia de preparación y de convicción de las fuerzas militares. Así se explica entonces la incorporación de las pocas fuerzas destinadas a detener a las que venían de Cuenca y Guayaquil a las filas realistas en Zapotal, así se explica también la derrota y más aún la retirada de las fuerzas revolucionarias con la sola noticia de la llegada de las tropas de Guayaquil, Cuenca y Lima.
Las fuerzas improvisadas reunidas por los patriotas y comandadas por los mismos; no contaron con una "subordinación legal", ya que estas fuerzas no tenían argumentos legal para subordinarse a la Junta Soberana; es así como, habiendo estado inicialmente sujetas a la autoridad de la Real Audiencia, apoyaron luego a los revolucionarios y más tarde se incorporaron al ejército realista en el Zapotal, confirmando de este modo, la carencia absoluta de subordinación. Las fuerzas militares que apoyaron al movimiento revolucionario del 10-AGO-1809 no tenían carácter de permanentes, pues no se sentían integradas a un ancestro nacional y no se proyectaban hacia el futuro, como confirman los hechos analizados.
Las virtudes militares del pueblo son el fundamento del Poder Militar, definido como "Las virtudes de más acentuada significación peculiares a un pueblo". Si analizamos a continuación, los Factores del Poder Militar, definidos como "elementos de menor estabilidad, pero capaces de modificar, valorizar o depreciar el Poder Militar", diremos que la ausencia de una "doctrina militar" no permitió la organización, preparación y empleo de aquel en un apoyo adecuado al movimiento político gestado en Quito, impidiendo su consolidación victoriosa.
La capacidad del alto mando, como factor del Poder Militar en 1809, no tuvo expresión propia, preparación, capacidad, ni calidad de dirección, ya que don Juan de Salinas no fue un líder militar con formación para ejercer autoridad sobre las fuerzas patriotas, a pesar de sus cualidades personales y de su altísimo amor a la libertad.
2. Que en los inicios de la República, el Presidente Vicente Rocafuerte Bejarano, creó el Colegio Militar para instruir y moralizar el ejército, quiso que nunca se reconociesen los ascensos obtenidos en las guerras civiles; que los Congresos tuvieran la facultad de conocer premios y grados a los militares que se hubiesen distinguido en la defensa del orden legal, ya que el interés de los militares revolucionarios era ascender y satisfacer la ambición cubriéndola con el velo de la libertad, de odio y tiranía. "Entre los oficiales revoltosos, se ha hecho moda promover disturbios públicos para adelantar en grados", aseguró Rocafuerte en 1839. Y tuvo ideas justas y precisas sobre la institución militar:
"La profesión de las armas, ha sido la más honrosa en las naciones antiguas y modernas, por las ventajas que proporciona a la sociedad y por los medios que ofrece a las almas privilegiadas de desenvolver las virtudes heroicas que realzan la gloria de la especie humana. La Fuerza Armada, elemento indispensable de todo gobierno para su defensa exterior y seguridad interior, se convierte en instrumento de tiranía cuando no está dirigida por la moral, el saber y el patriotismo… La libertad, según la define el filósofo de Ginebra, es la esclavitud a las leyes; y en la milicia, podemos decir que es la perfecta obediencia de los inferiores a los superiores". Y luego hizo observaciones del más alto interés acerca de la Academia Militar de West Point en los Estados Unidos, "que tanto ha contribuido a la paz interna de la Gran República; esos jóvenes que ponen su gloria en no formar un cuerpo deliberante; no aspira a fueros, privilegios ni distinciones que los separen del resto de la sociedad y retemplan sus armas con los modelos que les ofrece la historia, especialmente la admirable abnegación de Jorge Washington".
2. Que en todo el período de independencia, el Poder Militar realista observó la doctrina militar vigente en la península; en cambio, el Poder Militar patriota operaba siguiendo las prescripciones napoleónicas, mediante batallones de infantería, regimientos de caballería y baterías de artillería, organización que tiene como objetivo la destrucción total del adversario en la batalla.
Es importante analizar, cómo los generales de la independencia aplicaron los mismos principios de la guerra y la misma doctrina militar que los mariscales europeos, así cómo observaron idénticos procedimientos.
Como conclusión final, queda esta lección; solamente un Poder Militar fortalecido es la garantía para mantener la integridad territorial y la soberanía nacional como Objetivo Nacional Permanente.
3. Que los acontecimientos del 21-ENE-2000, En términos generales diremos que, profundizaron el imaginario democrático ecuatoriano, visibilizaron nuevamente su fragilidad institucional, potenciaron aún más los espacios de disputa simbólica de la nación y permitió a las élites políticas mantener hasta ahora un control precario sobre esa institucionalidad democrática caotizada que ellos mismos generaron. Para que ese escenario se cumpla se ha echado mano de una receta conocida: reedición de pactos corporativos que incluyen al mismo movimiento indio, establecer alianzas con la derecha política que expresa los intereses de sectores empresariales costeños y algunos serranos, mantener un bajo perfil de los militares, entregados a sus tareas tradicionales y habituales, reproducir una serie de prácticas patrimoniales y prebendarias desde el Estado, y sostener la dolarización que ha sido asumida como la panacea y el "deber ser" del gobierno actual.
Las vacilaciones del gobierno de Mahuad, entre pactismo y decretismo dejaron percibir una falta de claridad política, lo cual tuvo las dos consecuencias enunciadas por Adam Przeworski: desacreditar las instituciones y debilitar la democracia con la baja de participación. En la medida en que los electores y actores sociales fueron frustrados, favorecieron el ascenso de una acción extraparlamentaria, así como en 1997, con esta diferencia que, en el levantamiento del 21-ENE-2000, surgió una alianza inédita entre indígenas y los mandos medios del ejército.
4. Que el Ecuador afronta su crisis, la más grave de su historia y sigue siendo un país sin soluciones idóneas y que se repite, en realidad, en sus problemas, con dirigentes nacionales "caníbales políticos", que no logran acuerdos, tal vez por falta de liderazgo, más necesario en las horas críticas. Los resultados están a la vista. El país no logra superar sus deficiencias y más bien existen amenazas para volver a lo de siempre, las protestas, los bloqueos, la búsqueda de salidas facilistas, incluyendo cambios en la cúpula militar, y poco efectivas a la hora de los acuerdos, de los sacrificios, de los aportes. Ecuador no está listo para salir del pozo sino que va cayendo cada vez más adentro.
5. Que continuamente, los Gobiernos involucran o tratan de involucrar a las Fuerzas Armadas en labores internas de control, que generalmente las realiza la Policía Nacional. No es que las autoridades militares deban negarse a participar en estas labores, sino que en muchas de las ocasiones los Gobiernos han pretendido utilizan esos legítimos instrumentos constitucionales del Ejecutivo para neutralizar situaciones de índole socio-económicas, en lugar de realizar acciones prioritarias para mantener en paz a la sociedad, como es el proporcionar a la población la satisfacción de sus necesidades de trabajo, estabilidad y protección social. Eliminar el desempleo, la miseria, la ignorancia, esa es una labor del Gobierno y no de Fuerzas Armadas.
Recomendaciones
1. Exigir que los poderes del Estado asuman y tomen decisiones por ellos. El Legislativo, la Función Judicial, el Poder Ejecutivo debieron haber asumido con responsabilidad y con tiempo sus tareas. Los poderes, la población civil deben buscar soluciones claras y concretas al problema de la pobreza, de los indígenas, de la corrupción, que no es problema de una o dos personas sino de todos los ecuatorianos.
2. Los ecuatorianos tienen que buscar soluciones viables y de largo plazo. El acuerdo con el FMI tiene su importancia en el sentido de un apoyo en el campo económico y una garantía hacia el exterior. Pero si no hay una tarea nacional sólida, en todos los frentes, sobre todo en lo económico, el país volverá a sus conflictos permanentes. La búsqueda de soluciones es el imperativo nacional, sin soluciones serias y lógicas, la imagen nacional se seguirá deteriorando, con las graves consecuencias del caso.
3. Si bien es cierto que las Fuerzas Armadas del Ecuador a nivel de la región latinoamericana son las más democráticas y constitucionalistas, dependerá ahora de la capacidad de los civiles la suerte de la Nación, ya que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, se encuentran en ese sector. Se debe hacer un llamado a la reflexión e inculcar que la Institución Militar no está llamada a arbitrar pugnas entre esas funciones, a lo sumo, sugerir determinadas medidas para garantizar los condicionamientos mínimos en los cuales debe sobrevivir la Nación.
4. La disciplina es vital en la Institución armada, esa íntima relación de deberes y derechos, que conforman el esquema jurídico de Fuerzas Armadas, es la argamasa que fragua su estructura. Sin la disciplina no existen los ejércitos, quebrantar esa obligación básica del soldado es desconocer su propia profesión, jerarquía militar y organización del mando. La disciplina es la fuerza moral de la Institución; por lo tanto, es imperativo se continúe cultivando todos los días, por cuanto los militares conocemos que la guerra fundamentalmente depende de las fortalezas y energías morales de los pueblos para defender la heredad de su Nación.
5. No se puede botar a la calle al personal de las Fuerzas Armadas, so pretexto que la delincuencia a sobrepasado el poder disuasivo de la Policía Nacional. Primero debe existir el marco legal constitucional que le permita cumplir a cabalidad con sus nuevas funciones; luego, recibir la formación y el entrenamiento respectivo; así como también dotarles del equipamiento indispensable para las tareas de seguridad ciudadana.
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LECHNER Norbert, 1997. "La reforma del Estado entre modernización y democratización" en: Un estado para la democracia, Instituto de Estudios para la transición democrática; Fundación Friedrich Stiftung; M.A Porrúa (eds), México.
MONCAYO Paco, 1995. Fuerzas Armadas y Sociedad, Universidad Andina Simón Bolivar-Corporación Editora Nacional, Quito.
MONTUFAR César, 2001. "Crisis, iniquidad y el espectro predatorio del Estado ecuatoriano" en: Iconos N° 10, Flacso, Quito.
PACHANO Simón, 1996. Democracia sin sociedad, Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales, Quito.
RAMÍREZ Franklin, 2000. Impugnación regional: Demanda autonómica e identidades regionales y nacionales en el Ecuador post firma de la paz, Tesis de maestría, Flacso, Quito.
Anexos
ANEXO No. 01
Ligeros apuntes sobre los antecedentes del 9 de julio y la actuación del regimiento de Artillería "Bolívar" No.1.
Diario escrito por el Teniente A. Rodríguez sobre el proceso que originó y desencadenó en la "Revolución Juliana", donde jóvenes oficiales organizaron una agrupación para hablar de la desgracia de la patria y de los medios para salvarla.
(Transcripción)
EL EJERCITO A LA NACION
TODO POR LA PATRIA
El Ejército de la República, convencido de que los sagrados intereses del país, no podían continuar a merced de un régimen de gobierno que se encontraba en absoluto divorcio con la voluntad nacional, que prácticamente no tenía dirección e implicaba una desorganización completa; convencido así mismo, de que por el más elemental concepto de dignidad no podía servir de instrumento para mantener un orden de cosas que carecía de títulos legítimos, que no poseía elementos de firmeza y estabilidad, que no reflejaba la opinión pública que se conservaba a pesar de la enorme corriente popular levantada por el abandono de los más esenciales problemas de la vida nacional especialmente respecto de la profunda crisis económica, agravada recientemente de manera que exigía una acción urgente, enérgica e inaplazable, ha resuelto desconocer al actual Gobierno y proceder a organizar una Junta, integrada por elementos de comprobada honorabilidad, que inspiren plena confianza a toda la Nación y que sinteticen las aspiraciones de la hora presente.
El Ejército, movido por los más sanos propósitos, aspira a que este movimiento patriótico sea apoyando con entusiasmo por el Pueblo Ecuatoriano, y, consciente de su fuerza y de sus deberes, garantiza la conservación del orden y el respecto irrestricto de los derechos de todos los ciudadanos.
Quito, a 10 de Julio de 1925
ANEXO No. 02
(Extracto)
A LA NACION
ERA HORA de que el ejército, la única fuerza organizada en el país, en un momento de que este había se convertido en una estratificación de oligarquías que esquilmaban al pueblo y lo reducieran a la miseria moral y económica, tomara la dirección de los destinos nacionales.
EL EJERCITO ECUATORIANO nuevamente se pone de pie y reta a quienes han tomado el país como Hacienda o Industria lucrativa; expulsa de los sitios de administración a todos los que no supieron responder a los dictados del honor y de la moral.
NO QUIERE SOPORTAR el dolor de la ciudadanía que angustiada reclama que se le libren de las medidas de opresión.
EL EJERCITO ECUATORIANO declara que es el último minuto de su prueba de la autoridad política y no quiere entregar a los avatares de los GRANDES POLITICOS las riendas del país mientras haya que ratificar errores.
Y ASI, declara de que hoy en adelante asume la dirección del Gobierno de la República hasta que se encuentre encauzado dentro de las normas permanentes del Orden y de la Paz.
Para esto, llama a la concordia a todos los ecuatorianos, invita a declinar postulados de luchas ideológicas exóticas y exige que la Prensa, las Organizaciones Culturales, los Partidos políticos y todos los hombres inteligentes y honrados, presten el contingente de sus luces, de su consejo, de su labor, desde que el prestigio y el honor de la patria es el imperativo de todos los ECUATORIANOS.
Quito, octubre 23 de 1937
Alberto Enríquez Gallo
General
ENCARGADO DEL MANDO SUPREMO
ANEXO No. 03
(Transcripción)
MEMORANDUM DE PEDIDOS URGENTES PARA LA DEFENSA NACIONAL
La situación militar en nuestra frontera sur occidental entre el Ecuador y el Perú, está resultando día a día más desfavorable y peligrosa para el Ecuador.
El Perú por su parte, ha empleado una gran unidad, el "Agrupamiento de Norte". Esta fuerza peruana desenvuelve en la actualidad una febril actividad de preparación bélica, constituyendo una amenaza permanente para el Ecuador.
En cumplimiento de la TAREA de este Comando Superior y para salvar así la responsabilidad de "Omisiones" que pudieran imputarse a este Comando, presenta a la ilustrada consideración del señor Ministro las sugerencias siguientes:
Estas serían:
Inmediatas (1941); y,
para un próximo futuro (1942)
MEDIDAS INMEDIATAS. (1941)
a) Empréstito interno por lo menos de $ 15"000.000 para las múltiples necesidades del Ejército.
b) Completar las unidades del sur-occidental, elevando sus efectivos al orgánico de movilización.
c) Establecer almacenes de aprovisionamiento para las tropas en las provincias de El Oro y Loja.
d) Proceder a la distribución técnica del material de guerra, equipo, etc., en los centros de movilización.
e) Mejorar la red de enlaces con hilos y sin hilos.
f) Nombrar con carácter urgente un Oficial General o Superior para Adjunto Militar en el Perú y establecer en territorio peruano agentes de espionaje.
g) Realizar con oficiales superiores ecuatorianos viajes de Estado Mayor de reconocimiento y estudio de la frontera.
h) Fabricar el vestuario, equipos y calzado (factible en el país) para cincuenta mil movilizables.
i) Adquirir el material de servicios indispensables para el Ejército.
j) Adquirir el ganado necesario para completar, según el reglamento de dotaciones de paz.
k) Organizar la Escuela de Aviación y la Reserva Aérea con el material de adiestramiento necesario.
l) Organizar la Escuela Naval a bordo de una unidad de guerra.
MEDIDAS PARA UN FUTURO PROXIMO
(1942)
1) Reformar la Ley Orgánica, a fin de que conste la V Zona Militar con sede en Zaruma y con jurisdicción sobre las provincias del El Oro y Loja.
2) Reformar el Orgánico para 1942, por el aumento de la V Zona Militar, con incrementos.
3) Completar los trabajos iniciados en 1941; enlaces, vías de comunicación, centros de movilización, etc.
4) La cobertura debe ser orgánica de la V Zona Militar.
5) Intensificar la preparación de los cuadros de Jefes y Oficiales:
Del Ejército Permanente; Cursos rápidos de información y maniobras con tropas; y
Del Ejército Movilizable; cursos de oficiales, suboficiales y clases de reserva.
6) Maniobras con las guardias nacionales.
7) Envío de oficiales al exterior.
8) Adquisición de los materiales necesarios para los servicios logísticos para el caso de una movilización.
9) Organizar un grupo mixto de aviación comunidades de combate.
10) Organizar una flotilla naval defensiva
Este memorando termina así:
"Vuelvo a insistir ante el señor Ministro en que todos los aspectos expuestos tiene carácter urgente deben ser puestos en práctica en el menor tiempo, ya que el ritmo agresivo del Perú se vuelve peligrosísimo e intolerable, pese a la actitud mediadora de Estados Unidos, Brasil, y Argentina, lo que quiere decir que el Perú busca la guerra como única solución del diferendo que mantiene con nosotros. Por lo tanto, nos corresponde prepararnos para afrontarla poniendo en juego todos nuestros recursos, de lo contrario la nación ecuatoriana, si no desaparece, quedará desmembrada en forma tal que toda la imaginación al respecto no puede acercarse a lo que será la trágica realidad."
El Comandante Superior del Ejército
(f) Francisco Urrutia S.
Coronel
Autor:
Luis Pacheco Maya
Ex Suboficial Primero de la ARE
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